La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf
HACIA UNA FUTURA REFORMA
¿Pueden lograrse liberalizaciones adicionales en un futuro próximo? Los reformadores han sugerido tres estrategias para impulsar una nueva desregulación: la reforma electoral, la reforma del proceso y la educación. Consideramos cada uno de ellos a continuación.
¿Reforma electoral? Muchos defensores de la desregulación han argumentado que una reforma adicional sólo puede lograrse a través del sistema político: elegir a políticos más pro-libres del mercado a Washington ya las capitales de los estados. El nuevo Congreso controlado por los republicanos y la administración Trump parecen ejemplificar este enfoque. La plataforma del Candidato Trump incluyó el voto audaz de revertir el «75%» de las regulaciones federales, y la desregulación ha sido una promesa de campaña republicana estándar por décadas. El Presidente Trump ya ha ordenado que la emisión de cualquier nueva regulación federal vaya acompañada de la derogación de dos reglamentos y que el costo de cumplir con las regulaciones federales se congelará para el próximo año para que el costo incremental de las nuevas regulaciones sea compensado por el costo regulatorio Reducciones en otros lugares. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso han comenzado a utilizar la Ley de Revisión del Congreso (CRA), que raramente se ha disparado, para revocar los reglamentos emitidos en los últimos meses de la administración Obama. (Ver «La medianoche de ajuste de Obama», página 5.)
Pero más allá de las acciones de la CRA, no está claro qué pasos concretos tomará la nueva administración y los legisladores del Congreso -o incluso lo que significa revocar el «75% de la regulación federal» o dos reglamentaciones antiguas para una nueva. Aunque muchas de las buenas ideas de reforma regulatoria han sido sugeridas por los think tanks de DC, investigadores universitarios de políticas y empleados del comité de Capitol Hill, ninguno ha sido públicamente abrazado como iniciativas importantes del Congreso o de la Casa Blanca Trump, Años noventa Es justo preguntarse si los votos de desregulación de los políticos son más atmosféricos que objetivos políticos reales.
Además, no está claro si tendrán un verdadero apoyo electoral para una acción audaz. Los votantes pueden decir que apoyan la «desregulación», pero su comportamiento de voto sugiere que realmente están desinteresados en la regulación o aceptan la antigua hipótesis de interés público de que los reguladores gubernamentales invariablemente benefician al público. Además, suelen recompensar a los políticos por inclinar el mercado en beneficio de ciertos intereses especiales.
En demasiados casos, si un miembro del Congreso despreciaba la reglamentación y otros favores económicos en general, sólo tendría éxito en privar a los intereses especiales en su distrito de los beneficios de «jugar» al mercado, y de «logrolling» Asegurar el apoyo de los colegas del Congreso a las políticas importantes para sus electores. Como resultado, sus electores tendrían que soportar cargas reguladoras más pesadas y pagar impuestos y precios más altos, mientras que los legisladores de otros distritos otorgarían a sus electores los beneficios de los programas gubernamentales y acuerdos de logrolling.
Cualquier legislador que quiera ser reelegido (que es prácticamente todos ellos) se da cuenta de que una posición de principios contra el favoritismo económico costará sus votos y el apoyo financiero necesario para la reelección. Un legislador que promete votar en contra de favores económicos y luego lo hace no puede contar con la reelección a menos que sus electores estén de alguna manera obligados a reelegirla si se apega a esa promesa. Los legisladores reformistas están atrapados en el juego del «dilema del prisionero»: son seguros sólo mientras se mantengan unidos y mantengan una posición de mayoría indiscutible en la legislatura. Pero si esa mayoría se rompe, los beneficios van a los desertores, mientras que los no desertores serán castigados. Esta toma de conciencia afecta a muchos políticos reformistas.
Algunos reformadores electorales han sugerido a los funcionarios de limitar el mandato para interrumpir este juego reduciendo las presiones de la reelección. Pero mientras un legislador tenga la oportunidad de ser reelegido incluso una vez, o pasar a otra oficina electa, habrá tentación de abandonar la promesa y buscar el apoyo de intereses especiales. Además, los constituyentes que imponen límites a sus funcionarios electos se ponen en desventaja frente a distritos vecinos que no adoptan límites. Nuevamente, estos constituyentes se privarían de favores económicos pero todavía pagarían los impuestos y los precios más altos que financian los favores del gobierno que fluirán en otra parte.
¿Qué sucede si los límites de mandato se impusieron constitucionalmente en toda una legislatura? Eso no eliminaría el problema subyacente del interés propio de los constituyentes. En vez de volver a nombrar a los mismos políticos para la reelección, las organizaciones del partido encontrarían candidatos que lucharían fielmente para continuar entregando los favores económicos perseguidos por sus precursores que salen. Los legisladores específicos podrían cambiar, pero los juegos políticos y económicos continuarán.”