Avner Greif es probablemente conocido por muchos lectores a partir de su trabajo explicando el papel de la cultura común en la reducción de costos de transacción entre los mercaderes del Magreb. Los vínculos familiares entre ellos, de uno u otro lado del Mediterráneo, facilitaban la realización de intercambios basados en la confianza y en el potencial castigo comunitario a quien faltara a su palabra o incumpliera un contrato.
Ahora aparece Greif, de Stanford University en un paper de la Chapman University Chapman University Digital Commons, ESI Working Papers Economic Science Institute, titulado “Political Legitimacy in Historical Political Economy” junto con Jared Rubin, de esa universidad: https://digitalcommons.chapman.edu/esi_working_papers
El tema se refiere a la aceptación voluntaria de normas o su imposición por el poder. Así comienza:
“¿Por qué la gente sigue a las autoridades políticas? El acceso al poder coercitivo es una respuesta. Como señaló Mao Zedong, “el poder surge del cañón de un arma”. Pero gobernar por la fuerza es costoso, y las autoridades que gobiernan solo por la fuerza temen constantemente la revuelta y la desobediencia. Sin embargo, la fuerza no es la única razón por la cual las personas siguen a las autoridades políticas. También se siguen cuando se consideran legítimos. ¿Cómo se considera que las autoridades políticas tienen legitimidad? ¿Qué es exactamente la legitimidad política?
El estudio de la legitimidad política se remonta al menos a Thomas Hobbes (2002 [1651]), quien argumentó en el Leviatán que cualquier gobernante que pueda proporcionar los elementos básicos de seguridad y protección es legítimo y debe ser seguido. En esta concepción, el poder coercitivo engendra legitimidad; mientras el poder coercitivo del estado proporcione seguridad a su pueblo, el gobierno es legítimo. Sin embargo, aunque proporcionar seguridad puede ser lo mínimo que necesita una autoridad para ganar legitimidad, la literatura posterior lo ha considerado en gran medida como insuficiente. David Hume (1985 [1777]) propuso una visión más general de la gobernabilidad legítima, sugiriendo que la legitimidad se basa “solo en la opinión”. De ello se deduce que cualquier cosa que hagan quienes están en el poder para cambiar la opinión a su favor (formar partidos políticos, proporcionar bienes públicos específicos, apelar al nacionalismo o la religión) afecta su legitimidad (Razi 1990; Landis 2018).
Algunos de los gigantes del siglo XX se basaron en las definiciones establecidas por Hobbes y Hume, centrándose en cómo las creencias dan forma a la legitimidad. Famosamente, Max Weber (1964 [1920], p. 382) propuso que la autoridad política se deriva en parte de las creencias en el sistema político mismo: “la base de todo sistema de autoridad, y correspondientemente de todo tipo de disposición a obedecer, es una creencia, una creencia en virtud de la cual se presta prestigio a las personas que ejercen autoridad”. De manera similar, Seymour Martin Lipset (1959, p. 86) escribió que la legitimidad “implica la capacidad de un sistema político para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas o apropiadas para la sociedad”.