Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).
Va uno sobre los problemas de propiedad de los indígenas:
Hernando de Soto, autor del Misterio del capital, fue el año pasado a la selva peruana a recabar información para su próximo libro La Amazonía no es Avatar y se enteró de un árbol de caoba que fue vendido por tres kilos de azúcar (alrededor de 3 dólares). Una pena, indica De Soto, puesto que si el dueño de ese caoba lo hubiese podido vender en Callao (el puerto de Lima) ese árbol hubiese sido comprado hasta por 12.000 dólares. Más frustrante es que en California ese mismo árbol se hubiese vendido en 50.000 dólares.
Ayer se cumplieron 20 años desde el primer levantamiento indígena en Ecuador y lo lamentable es que gran parte de ellos siguen en una situación como la del indígena peruano que vendió un caoba en 3 dólares. Esto en gran parte se debe a políticos oportunistas que prosperan del mito de que los indígenas son como los nativos de Pandora en la película Avatar, mito que De Soto resume así: los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental resulta de la entrega de derechos de propiedad.
Las investigaciones del equipo de De Soto en la Amazonía peruana han revelado que 80 por ciento de los indígenas que todavía viven en la selva no quieren que sus hijos sigan viviendo en comunidades aisladas. 7 de cada 10 indígenas peruanos son pobres y 5 de cada 10 viven en pobreza extrema, siendo la expectativa de vida en las áreas indígenas 20 años menor que en el resto del país. En esas áreas, además, la mortalidad infantil es el doble, 50% de los niños indígenas sufren de malnutrición y 40% de anemia. En casi todas las comunidades se han encontrado mapas, leyes comunales y certificados de posesión emitidos por ellos sobre casas, tierras, áreas de caza y de transacciones comerciales por lo que los indígenas sí parecen querer hacer negocios. La degradación ambiental principalmente se encuentra en zonas sin derechos de propiedad sólidos.
De Soto asevera que las comunidades indígenas no controlan sus territorios a pesar de la titularización de tierras por parte del Estado peruano. Por ejemplo, el Estado peruano en lugar de crear una sola ley para los indígenas de la Amazonía, ha creado alrededor de 5.000 sistemas legales soberanos que no están estandarizados.
“Al no compartir los mismos estándares con otras comunidades, ni con el resto de Perú o del mundo, ellos viven en una especie de apartheid económico estéril”, dice De Soto. Sospecho que la situación de los indígenas en la sierra rural y en la Amazonía ecuatoriana se encuentran en un apartheid similar.
Un apartheid que desde hace mucho tiempo los movimientos indígenas deberían haber demandado que se elimine. En cambio, ayer se cumplieron 20 años de dirigentes políticos que, a nombre de los indígenas, suelen pedir dádivas al Estado. 20 años que nunca se les ocurrió pedirle al Estado derechos de propiedad sólidos para los que dicen representar, incluso sobre los recursos que están en el subsuelo de sus tierras.