Alberdi creía que la renta del Correo era uno de los ingresos del fisco, ahora en realidad da pérdidas

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi sobre el gasto públicos y los recursos del Estado:

Razón tiene el artículo 4 de la Constitución argentina en comprender la renta de correos en el número de las fuentes del Tesoro nacional. Puede ser realmente una fuente de renta y de renta esencialmente nacional.

En su condición actual bien puede ser un gasto público más propiamente que una renta, pero siendo el más reproductivo de los gastos de la Nación, su tendencia necesaria es a convertirse en renta y en renta abundante.

Veamos las condiciones de que depende esa transformación del presente gasto de correos en la renta de correos.

Por su origen y naturaleza es producto de una contribución indirecta establecida sobre un servicio que el Estado toma a su cargo en el interés del orden público, sin que la industria reporte menos ventaja de la unidad y regularidad, que sólo el Estado puede asegurar al transporte de la correspondencia. En vez de ser una excepción al derecho individual de llevar y traer cartas, asegurado con el libre tránsito por la Constitución, es la organización colectiva o pública del uso de ese derecho, en la forma de que nos da un ejemplo la práctica de los países más libres, principiando por los Estados Unidos.

La renta de correos es la más nacional de las rentas, la más peculiar del Tesoro de toda la Nación, por la razón sencilla de que la contribución que le sirve de origen es soportada por todos los puntos del territorio, pues no pagan transporte de cartas los corresponsales que viven dentro de un mismo lugar.

La primera de las condiciones de que depende el aumento de esa renta, es la geografía política que se ha dado la Confederación por su nuevo régimen constitucional en materia de navegación y comercio. La posta, como la aduana, vuelve por ese sistema a las arcas nacionales, que son dueñas de su renta. Así la Constitución ha sido tan sabia como leal, cuando ha dado al Congreso general la facultad privativa de arreglar y establecer las postas y correos generales de la Confederación. (Art. 64, inciso 13.)

El nuevo sistema favorece el desarrollo de esa renta. abriendo contactos nuevos entre la Confederación y los pueblos extranjeros, desbaratando las trabas que alejaban a los pueblos argentinos unos de otros, y creando intereses comunes que hagan indispensable la comunicación de los Argentinos entre sí mismos y con el extranjero puesto en contacto de intereses con el país.

La renta de correos es la más legítima hija de la libertad, y no puede existir donde existe el despotismo. La seguridad religiosa, la inviolabilidad más completa de la correspondencia depositada en la estafeta pública, es la condición que la hace existir en todas partes. Penetrada de este principio tan verdadero en hacienda como en política, la Constitución, art. 18, ha declarado inviolable la correspondencia epistolar y los papeles privados. La ley orgánica, el decreto del gobierno, el abuso de cualquier particular contra el imperio de esa garantía, es un ataque al Tesoro nacional, lo mismo que a la libertad política. En la institución de correos como en las casas de crédito, la puntualidad religiosa es dinero efectivo.

La historia argentina contiene el comentario estadístico de este principio y la confirmación de su verdad práctica. En 1823, bajo la administración de Rivadavia, el servicio de correos costó al Estado 7770 pesos fuertes, y produjo 13.319. En 1824, en que la seguridad individual fué completa en Buenos Aires, el correo costó pesos 12.849, y produjo 14.039. -Desde 1828 empezó la decadencia de esa renta, con la decadencia de las libertades. En los seis años corridos hasta 1833, costó el correo 351.327 pesos papel, y produjo al Estado 111.780, dando lugar a un déficit anual de 40.000 pesos

Bajo la tiranía de Rosas, en que los Argentinos temblaban de comunicarse hasta de palabra, la correspondencia epistolar encontró su mejor garantía en cesar del todo y con ella la renta de correos, que se trocó en gasto exclusivo del gobierno, como el correo mismo tomó el carácter de posta militar para la comunicación exclusiva de los gobiernos y para la propagación de la prensa oficial de Buenos Aires en las provincias. Los pueblos no comunicaban entre sí, porque su aislamiento político y la falta de contacto comercial no les ofrecía materia ni aun de correspondencia no política.”

Buchanan sobre los aportes del Public Choice y en particular sobre la búsqueda de rentas y el lobby

James Buchanan escribió un artículo en 2003 resumiendo las principales contribuciones de la Escuela de la Elección Pública o el análisis económico de la política (Revista Asturiana de Economía – RAE nº 33 2005: Elección pública: génesis y Desarrollo de un programa De investigación). Además de analizar su evolución histórica presenta ciertos “subprogramas”, uno de los cuales es la “búsqueda de rentas”, que vale la pena considerar:

“Uno de los subprogramas que surgió dentro de la elección pública merece un análisis específico, aunque sea necesariamente breve en esta ocasión. Me refiero a la búsqueda de rentas, un subprograma iniciado con un artículo fundamental de Tullock en 1967, y bautizado con este título por Anne Krueger en 1974. Básicamente, la idea central surge del modo natural de pensar del economista, cuya explicación de la interacción depende fundamentalmente de las respuestas previsibles de las personas a incentivos medibles. Si surge una oportunidad que promete generar un valor, las personas invertirán tiempo y recursos para conseguir dicho valor para sí mismos. En sí mismo, el mercado es un sistema de beneficios y pérdidas; los recursos tienden a moverse hacia su uso más valorado, debido a que se puede predecir que las personas responderán positivamente a las oportunidades que prometen beneficios y negativamente a las que amenazan con pérdidas.

La extensión de este postulado motivacional a la parte del valor asignado a través de la política o de la acción colectiva parece algo elemental ahora, pero no se había puesto la atención en sus profundas consecuencias hasta que Tullock planteó explícitamente la conexión: si hay algún valor que se pueda ganar a través de la acción política, las personas invertirán recursos en los esfuerzos destinados a hacerse con dicho valor. Y si este valor toma la forma de una transferencia desde un grupo hacia otros, la inversión es un despilfarro en términos del valor total.

El temprano análisis de Tullock de la búsqueda de rentas se concentró en el monopolio, los aranceles, y el hurto, pero en la práctica se puede alargar la lista indefinidamente. Si al gobierno se le dan poderes para conceder derechos de monopolio o protección arancelaria a un grupo, a expensas del público en general o de perdedores concretos, entonces de ello se sigue que, por así decirlo, los potenciales beneficiarios competirán por el premio. Y, dado que por los supuestos de partida solamente se puede beneficiar un grupo, se despilfarrarán los recursos invertidos por los demás grupos. Dichos recursos se podrían haber utilizado para producir bienes y servicios valiosos.

Una vez que esta idea básica se incorpora en el modo de pensar del observador, gran parte de la política moderna sólo se puede entender interpretándola en el sentido de una actividad basada en la búsqueda de rentas. La política de Estados Unidos consistente en la asignación de fondos públicos para proyectos que benefician a determinadas zonas o grupos es sólo el ejemplo más evidente. Gran parte del crecimiento de las transferencias del gobierno se pueden explicar mejor sobre la base del comportamiento de los agentes políticos, que compiten por el apoyo de las circunscripciones a través de promesas de transferencias discriminatorias.

El subprograma búsqueda de rentas se mantiene activo en diversos ámbitos. ¿Cuánto valor, en términos agregados, se dilapida a través de los esfuerzos destinados a utilizar la acción política para la obtención de beneficios básicamente privados?, ¿cómo se puede distinguir adecuadamente la actividad de búsqueda de rentas, cuya objetivo es lograr ganancias privadas discriminatorias, de aquellas actividades cuyo objetivo es fomentar intereses “públicos” realmente compartidos? No entraré en los detalles de este punto, pero debería quedar claro que la búsqueda de rentas, como subprograma de la elección pública en general, abre muchas vías para la investigación tanto analítica como empírica.”