Capítulo 9: Gasto público, competencia y división de poderes. Federalismo y descentralización

Dijimos antes que las personas tratan de satisfacer algunas de sus necesidades a través de los mercados y otras por medio de la política. La combinación de ambas formas da origen a las políticas económicas y a las políticas públicas. Así pues, tales formas constituyen una combinación de decisiones en los mercados y en la política, que determinan la mayor o menor probabilidad de que las necesidades sean satisfechas.

La competencia en los mercados convierte al consumidor en soberano, porque puede elegir entre distintos oferentes de un bien o servicio, sin quedar comprometido con ninguno de ellos, a menos que así lo decida él mismo. La competencia entre oferentes los “disciplina” y limita su poder, pues tienen que ganarse la aprobación del consumidor. Algo similar sucede en la política cuando el poder está dividido: distintos “poderes” compiten entre sí, como vimos en el capítulo anterior. Ese principio de competencia está detrás del conocido principio de la división de poderes, a la que podemos considerar como una división “horizontal”, entre poderes iguales —la tradicional es entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial—. El gran aporte de los “Federalistas” ha sido agregar una dimensión más: la división vertical de poderes entre un gobierno nacional y otros gobiernos subnacionales y locales.

La estructura institucional afecta tanto al diseño y a la ejecución de las políticas económicas como de las políticas públicas, siendo la mala calidad en ambos casos una fuente de inestabilidad que termina perjudicando el desempeño económico, la calidad de vida y las oportunidades de progreso de sus habitantes.

La ciencia económica se divide tradicionalmente en microeconomía y macroeconomía, una división, por cierto, que no deja de ser polémica. La macroeconomía aplicada es “política económica”, la microeconomía aplicada es “política pública”. La primera se refiere a una serie de medidas “políticas” que se toman y terminan influyendo en las variables fundamentales para el desempeño de la economía: tipo de cambio, tasas de interés, precios, salarios. La segunda se relaciona con las medidas “políticas” que también se toman y terminan influyendo en algún mercado en particular: laboral, salud, transporte, medio ambiente, telecomunicaciones, educación.

Un aspecto determinante para la calidad de las políticas es el nivel al que serán decididas y la arquitectura de la organización que habrá de aplicarlas. Esto hace referencia al grado de descentralización de la estructura del Estado. La descentralización permite el ensayo de distintas alternativas y no somete a toda la población a una política que, aunque en algunos casos puede ser exitosa, si fracasa perjudica a todos. Las políticas descentralizadas permiten comparar y establecer cuáles funcionan y cuáles no.

Al margen de las distintas políticas que pueden aplicarse con un gobierno u otro, ¿cómo habrán de distribuirse las distintas funciones del Estado entre los diferentes niveles de gobierno? ¿Con base en qué criterio de distribución?

La estructura establecida tendrá un papel importante en la calidad de las políticas que eventualmente se apliquen. En este sentido, y como vimos en la clase anterior, el criterio principal que hay que considerar es el nivel de centralización o descentralización de funciones. Ahora bien, sería interesante poder contar con algunos criterios objetivos que permitan definir el nivel al que pertenece determinada función.

Hay distintas teorías con las que se intenta desarrollar precisamente eso, con mayor o menor suerte. En este capítulo veremos las teorías predominantes sobre la asignación de funciones a distintos niveles de gobierno y ejerceremos también el juicio crítico para estimular la discusión. Como ellas en buena medida terminan alentando un cierto grado de centralización, se presentarán argumentos que favorecen un mayor grado de descentralización.

Veremos las razones por las que pueda ser necesaria una mayor centralización, para evitar los problemas fiscales que terminan ocasionando crisis macroeconómicas, y también cómo la descentralización puede generar una cierta “disciplina de mercado”, debido a la movilidad de los recursos y las “sanciones” que pueden establecer los mercados ante una mala administración de recursos. Por último, analizaremos si esto tiene algún impacto en el tamaño del Estado.

Alberdi sobre la distribución de la riqueza, los beneficios y renta de la tierra

Con los alumnos de Derecho, UBA, vemos a Alberdi sobre la distribución de la riqueza, y en este caso en particular sobre los beneficios y rentas de la tierra. En la colonia, toda la tierra es del soberano, y parece haberse heredado ese principio, al menos para lo que denomina «tierras despobladas». Pero, ¿no deberían ser de quien las ocupe? SI ya estaban ocupadas por indígenas, pues de ellos, y si no, de quien llegara a ocuparlas y a «mezclar su trabajo con el recurso»:
Alberdi 3

“Los legisladores no deben olvidar que hay leyes que quitan a la tierra su poder productivo, y la esterilizan en manos de sus poseedores. Tales son las que no dejan al detentador actual un interés suficiente para sacrificar el presente al porvenir. Por consiguiente, ellas deben tomar por base indeclinable de toda sanción agraria la siguiente regla: «Importa rechazar o derogar toda ley que quite a los detentadores de la tierra el deseo de sacrificar el presente al porvenir, y de trabajar en la mejora del suelo».

A este número pertenecen las leyes españolas que nos legó el antiguo régimen sobre mayorazgos, fideicomisos, sustituciones, cuartas falcidia y trebeliánica, derecho de retracto, etc., etc., legislación de origen romano alterada y exagerada por el feudalismo en la España de la edad media, y basada toda en los privilegios y pasiones aristocráticas de las familias patricias de Roma y nobiliarias de España. Tales leyes enredan la propiedad territorial en un dédalo de dificultades, que traban la libertad de su circulación, y la inmovilizan en cierto modo, sustrayéndola al comercio civil, dejándola estéril para la producción nacional.

Haciendo incompleto, restringiendo, limitando el derecho de propiedad, esa legislación se opone abiertamente a los art. 14 y 17 de la Constitución argentina, que garantiza a todo habitante el derecho de usar y disponer de su propiedad y su completa inviolabilidad. Por su tendencia aristocrática, esa legislación se opone al art. 16 de la Constitución, que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, y declara a todos iguales ante la ley; y al art. 1, que adopta la forma republicana de gobierno.

Toda ley que quita al poseedor o detentador actual el estímulo de la propiedad completa y absoluta, le vuelve indolente porque nada le deja que excite su actividad; le hace perezoso por la incertidumbre en que deja su propiedad o tenencia; le hace devastador y dispendioso, formándole un interés en consumir lo que debe arrebatarle el sucesor impuesto.

Felizmente nuestros Congresos republicanos han derogado antes de ahora la mayor parte de esa legislación, pero todavía queda en pie una porción considerable, esperando el hacha de la reforma civil, decretada por el art. 24 de la Constitución federal de 1853.

En el interés de las pasiones republicanas, más que de las convicciones económicas, esa legislación ha sido retocada sólo en lo tocante al derecho de sucesión. Así los mayorazgos, fideicomisos y vinculaciones fueron abolidos por constituciones y leyes dadas antes de ahora. Una ley de la Asamblea general de 13 de agosto de 1813 prohibió la fundación de mayorazgos en el territorio de las Provincias Unidas, no sólo sobre la generalidad de los bienes, sino sobre las mejoras de tercio y quinto; como asimismo cualquiera otra especie de vinculación, que no teniendo un objeto religioso o de piedad, trasmita las propiedades a los sucesores con la facultad de enajenarlas. Esa ley fundamental es comentario de la moderna, que la ratifica en ese punto.

He dicho que sólo fue retocada esa parte de la legislación feudal que afecta a la tierra, pues rigen todavía en la República Argentina contra el espíritu de su moderna Constitución las leyes del título 5°, partida 6a, sobre sustituciones, y las del título 11 y 12, de la misma partida, sobre fideicomisos.

Además de eso, conservan toda su vigencia en nuestro país las leyes españolas que, sin reglar el derecho hereditario, tienen relación estrecha con otros medios civiles que gobiernan la distribución de la tierra y la renta de sus servicios productivos. Tales son las leyes que autorizan el retracto, y que mantienen dudoso y oscuro el derecho de impensas y mejoras, cuando no declarado en favor del propietario, a expensas del cultivador arrendatario.

En el interés de la población y del bienestar y prosperidad de la República Argentina, propósitos supremos de su Constitución vigente, la ley orgánica, inspirada en esas miras, debe reglar el sistema del arrendamiento territorial, de modo que sirva para colocar la tierra al alcance de los inmigrantes y nuevos pobladores.

Conviene reorganizar el arrendamiento territorial en provecho del arrendatario, y no del propietario ocioso y explotador, al revés de nuestro actual sistema de origen romano-feudal, ineconómico y estéril, que sacrifica el trabajo, la población y la riqueza al ascendiente de los señores de la tierra.

Deben ser bases económicas del nuevo sistema de locación territorial, según los principios arriba sentados:

La posibilidad de arrendamientos por término ilimitado,

La extinción y prohibición del derecho de alcabala, que estorba la adquisición fácil de la tierra al inmigrante, atraído por el aliciente de su adquisición.

En el silencio de los convenios o contratos, la ley debe adjudicar al arrendatario el derecho de impensas y mejoras, porque éste es el medio de infundirle el deseo de sacrificar el presente al porvenir, y de trabajar en la mejora del suelo.

Los derechos reales o privilegios y las hipotecas tácitas que las leyes actuales de origen feudal regalan al señor o dueño de la tierra contra el cultivador arrendatario, son leyes que rodean de alarma en el corazón de este útil soldado de la producción el deseo de sacrificar el presente al porvenir.”

El debate del siglo XX: Keynes y Hayek sobre el ciclo económico, auge, depresión y expectativas

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I en Económicas de la UBA vemos el debate “Hayek-Keynes” sobre las crisis y el ciclo económico. Comenzamos con el capítulo 22 de la Teoría General de Keynes, titulado “Notas sobre el ciclo económico” y luego vemos también un artículo de Hayek. Aquí van algunos párrafos que explican la visión de Keynes y otros donde hace referencia a la discusión, aunque en ningún momento menciona con quién está discutiendo, pero se puede inferir con quién.

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“…encontraremos que las fluctuaciones en la propensión a consumir, en la curva de preferencia por la liquidez y en la eficacia marginal del capital han desempeñado su parte (en los ciclos). Pero sugiero que el carácter esencial del ciclo económico y, especialmente, la regularidad de la secuencia de tiempo y de la duración que justifica el que lo llamemos ciclo, se debe sobre todo a cómo fluctúa la eficacia marginal del capital.”

“Las últimas etapas del auge se caracterizan por las esperanzas optimistas respecto al rendimiento futuro de los bienes de capital, lo bastante fuertes para equilibrar su abundancia creciente y sus costos ascendentes de producción y, probablemente también, un alta en la tasa de interés. Es propio de los mercados de inversión organizados que, cuando el desencanto se cierne sobre uno demasiado optimista y con demanda sobrecargada, se derrumben con fuerza violenta, y aún catastrófica bajo la influencia de compradores altamente ignorantes de lo que compran y de los especuladores, que están más interesados en las previsiones acerca del próximo desplazamiento de la opinión del mercado, que en una estimación razonable del futuro rendimiento de los bienes de capital.”….

“De este modo, con mercados organizados y sujetos a las influencias actuales, la estimación que hace el mercado de la eficacia marginal del capital puede sufrir fluctuaciones tan enormemente amplias que no quepa neutralizarlas lo bastante por fluctuaciones correspondientes en la tasa de interés. Además, como hemos visto antes, los movimientos consiguientes en el mercado de valores pueden deprimir la propensión a consumir precisamente cuando es más necesaria. Por tanto, en condiciones de laissez-faire, quizá sea improbable evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología de la inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de inversión no puede dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares.”

Hasta allí, una muy breve exposición de su análisis y propuesta de solución. Ahora breves párrafos sobre el debate. Así comienza la sección inmediata al párrafo anterior:

“Puede parecer que el análisis precedente está de acuerdo con el punto de vista de quienes sostienen que la sobreinversión es la característica del auge, que el único remedio posible para la siguiente depresión es el evadirla, y que, si bien, por las razones dadas antes, ésta no puede impedirse por medio de una baja tasa de interés, el auge puede evitarse por otra alta. Ciertamente tiene fuerza el argumento de que una alta tasa de interés es mucho más efectiva contra un auge que otra baja contra una depresión.

Pero inferir estas conclusiones de lo anterior llevaría a una mala interpretación de mi análisis; y a mi modo de ver, supondría un error. Porque el término sobreinversión es ambiguo. Se puede referir a las inversiones que se destinan a desanimar las previsiones que las incitaron o para las cuales no hay lugar en circunstancias de intensa desocupación; o puede indicar un estado de cosas en el que cada clase de bienes de capital sea tan abundante que no haya inversión nueva que prometa aun en condiciones de ocupación plena, ganar en el curso de su duración más que su costo de reposición. Es solamente en el último estado de cosas donde hay sobreinversión, estrictamente hablando, en el sentido de que cualquier inversión posterior será sólo un puro desperdicio de recursos:….

…’El remedio del auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja!, porque ésta puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar los auges y conservarlos así en semi-depresiones permanentes sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi-auge continuo.”

“El auge que está destinado a terminar en depresión se produce, en consecuencia, por la combinación de dos cosas: una tasa de interés que, con previsiones correctas, sería demasiado alta para la ocupación plena, y una situación desacertada de previsiones que, mientras dura, impide que esta tasa sea un obstáculo real. El auge es una situación tal que el exceso de optimismo triunfa sobre una tasa de interés cuya altura excesiva se comprendería si se juzga con serenidad.”

Artículo en InfoBAE, el título original era «Terrible éxito en la negociación de la deuda: otra vez sopa»

https://www.infobae.com/opinion/2020/05/22/deuda-algunas-ideas-para-evitar-que-la-historia-se-siga-repitiendo/

Deuda: algunas ideas para evitar que la historia se siga repitiendo

Estamos por vivir uno de esos sucesos de los que pocos son capaces como este país. Seguramente será todo un éxito. Así lo verá el Gobierno tanto sea que se arregle con los bonistas o se caiga en default. Si es el primer caso, se presentará el éxito de la prudencia y las oportunidades que ahora se abren a este país; si es por el segundo, será la lucha épica contra los capitales financieros y los buitres.

De una u otra forma, historia repetida, y ninguna señal de que nada cambie para que no se llegue a situaciones como estas en el futuro. Desde que comenzó este proceso, el debate se ciñe al acierto o desacierto del proceso de negociación, a la estrategia “académica” que lleva el Gobierno apoyada por Nobels y economistas, si más dura o más negociadora, etcétera. Pero nada más allá.

Y muy probablemente tampoco habrá otras referencias que no sean el comentario sobre el resultado alcanzado y su impacto a corto plazo en la economía argentina. Está bien, no es que eso no sea importante, pero no estaría mal por una vez mirar un poco más allá de los próximos meses o de la próxima elección.

Al respecto, ¿qué podría hacerse para evitar caer en de nuevo en esto? El ideal sería, por supuesto, que tanto políticos como votantes tuviéramos un rapto de lucidez que impusiera un rechazo al elevado gasto público, al déficit fiscal y al endeudamiento tal como ahora se observa, por ejemplo, respecto a las posibilidades tener un gobierno militar. Imaginen si existiera un repudio tan generalizado a la deuda como lo es a la violación de derechos humanos. Esa lección está aprendida, pero la del gasto, déficit y deuda no.

Claro, si eso fuera parte de las profundas convicciones de la gente, se trasladaría a los resultados electorales y no haría falta mucho más, solamente estar alertas para que los votantes no estén distraídos ante intentos políticos de esconder gastos y deudas en cuentas especiales, fuera de presupuesto, etcétera, algo que suele ocurrir.

Para hacer ese control más firme, un consenso de ese tipo podría expresarse en un marco institucional que imponga duros límites al endeudamiento estatal. Estos límites pueden ser de dos tipos. Como en el caso del Tratado de Maastricht, se puede establecer un tope al endeudamiento total, en este caso del 60% del PIB. El otro puede ser como el que existe en los Estados Unidos, donde el Congreso establece un límite sobre el monto total de la deuda permitida —esto es una cantidad de dólares, no un porcentaje sobre el PIB—, techo que, cuando se alcanza, no puede ser superado: el Gobierno no puede emitir más deuda, a menos que sea modificado por el Congreso.

No obstante, la imagen siguiente es bastante clara respecto a la capacidad de este mecanismo para imponer algún tipo de límite, cuando la voluntad política y el control de los votantes no existen:

Otra forma de restringir el endeudamiento se refiere a su proceso de aprobación, por ejemplo, la que demanda que toda emisión de deuda sea aprobada por los votantes en un referéndum o por mayorías parlamentarias especiales, hasta llegar a la prohibición constitucional absoluta. Otra alternativa, aplicada por algunos gobiernos regionales en España, es limitar el plazo del endeudamiento de tal forma que se permita solamente el de corto plazo, lo que significa que la deuda debe ser cancelada dentro del propio ejercicio presupuestario. En los Estados Unidos 21 estados demandan la aprobación por referendo y 12 por mayorías especiales, que pueden estar conformadas por tres quintos o cuatro quintos de los representantes.

No obstante, los gobiernos buscan, y muchas veces encuentran, diversos caminos para eludir esas restricciones, como, por ejemplo, canalizar el endeudamiento por agencias estatales especiales que no están sujetas a ese tipo de control. ¿Sería efectivo un límite a través del voto popular emitido en referendo? Se puede argumentar que los votantes estarían predispuestos a aprobar el endeudamiento, porque disfrutarían del gasto ahora y lo terminarían pagando futuros votantes. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no actúan de esa forma y tienden a rechazar el endeudamiento.

Los Estados que tienen más de un control muestran menores niveles de endeudamiento, siendo el referendo popular mediante el voto el que mayor éxito muestra, junto con la prohibición total.

En el caso argentino parece que habría que acumular todo tipo de controles. No solamente límites al endeudamiento, sino también al aumento del gasto público, al aumento de los impuestos, a la existencia de déficit fiscal. En este campo somos como Anthony Hopkins actuando de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, todo candado o jaula es poco.

Curiosamente, lo que tiene efecto para frenar el endeudamiento en seco es el default. Allí se cierran las canillas de facto. Por supuesto, a un alto costo. Los controles mencionados no son gratuitos, pero las expectativas que generan son exactamente opuestas a las del default. Es la diferencia entre costos que te hunden y costos que podrías pagar con gusto para subir y salir del pozo.

El autor es profesor de Economía en la UBA y UCEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso

Artículo en Clarín: Las contradicciones del populismo proteccionista. Ahora son buenas las importaciones

https://www.clarin.com/opinion/contradicciones-populismo-proteccionista_0_thW27DuHI.html

Flujo del comercio exterior global en tiempos de coronavirus, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). 19/5/2020

 

  • 20/05/2020 – 21:11

Ya sabemos que la pandemia del Covid-19 ha desatado todo tipo de cambios, muchos de los cuales esperamos que sean pasajeros, aunque algunos serán permanentes. La ansiedad de la gente ha llevado a una hiperactividad de los gobiernos, ya sea por ansiedad para ofrecer respuestas, temor al impacto político de un fracaso o aprovechando la oportunidad para concentrar poder.

Con una visión cortoplacista y local, muchos de ellos han reaccionado haciendo eco a un sentimiento dramático. En un estilo tipo “sálvese quien pueda” han dado prioridad a señales de que están haciendo algo importante por los votantes locales, siendo que lo mejor sería exactamente lo contrario. Esto es particularmente notorio en el área del comercio internacional de insumos médicos. Curiosamente, el afán “proteccionista” ahora se ha dado vuelta y los gobiernos imponen barreras a las exportaciones de esos productos y las reducen para las importaciones.

Muchos lo han hecho, no solamente el gobierno argentino, pero éste ya en Marzo decretó que una serie de insumos médicos requerirían autorización para poder ser exportados, la que se amplió hace pocos días (Decreto 405/2020) incorporando otros 39 insumos que ahora necesitarán un permiso especial de exportación del Ministerio de Desarrollo Productivo, con la intervención del Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, el gobierno argentino abrió las importaciones y redujo las barreras para la importación de insumos, en un acelerado aprendizaje de las bondades del libre comercio.

Revirtiendo la tradicional visión mercantilista del populismo, ahora resulta que las exportaciones son malas y las importaciones son buenas. Las razones de este cambio son simples y claras: se quiere evitar el desabastecimiento de esos productos. La realidad es que no se va a evitar ya que todos parecen estar haciendo lo mismo: ¿qué importaciones libres voy a tener si los demás también prohíben sus exportaciones? Y si nos quejamos al respecto nos dirán que eso mismo hacemos nosotros.

Antes que la desacreditada Organización Mundial de la Salud, pareciera que algo más práctico podría hacer la Organización Mundial del Comercio para lograr un acuerdo de urgencia, dadas las circunstancias, y evitar este tipo de medidas que perjudican a todos.

Este es, precisamente, el punto de una reciente declaración firmada por 31 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, “sobre la importancia de la colaboración, la apertura comercial y la innovación en la lucha contra el Covid-19”. Allí se llama a los países a eliminar los aranceles a suministros médicos y medicamentos, a rechazar las prohibiciones a las exportaciones, a reducir los trámites burocráticos aduaneros, a permitir el libre flujo de información sanitaria entre países, a mantener la transparencia en la recolección e intercambios de información epidemiológica, a aumentar la cooperación con otros países para acelerar la aprobación de medicamentos y a apoyar la innovación, incluyendo los derechos de propiedad intelectual.

Respecto a este último punto, el gobierno argentino ha presentado con orgullo un fruto de esa innovación, en el caso del test rápido desarrollado por científicos de institutos y un laboratorio local, pero a los pocos días el ministro de Salud, en sentido contrario, manifestó que la Argentina tendría una “inflexible” postura en la OMS, para que no rijan las patentes en cuanto se descubran algunas vacunas contra la enfermedad. ¿La opinión sería la misma si el laboratorio que la descubriera fuera argentino?

Se sabe que hay más de 140 proyectos de desarrollo de vacunas en todo el mundo y es probable que se obtenga más de una. Seguramente, tanto los laboratorios como los gobiernos de todo el mundo querrán que esas vacunas se difundan masivamente. Es más, los mismos laboratorios que obtengan patentes saben que no tendrán la capacidad productiva para hacer frente a lo que será su demanda, pero también que necesitan recuperar el dinero invertido en su desarrollo.

Salir a pelear con esas empresas, más si no están en el país, es un éxito seguro para quienes ven a la política como nosotros contra otros, pero cambiar las reglas de juego una vez que se ha obtenido el resultado sería el equivalente de decirles a esos mismos políticos que si bien han ganado la última elección, en verdad los cargos van a ser adjudicados por sorteo. ¿Estarían de acuerdo?

A diferencia de toda la actividad gubernamental de corto plazo, la declaración antes mencionada enfatiza un punto muy importante: que esa apertura y cooperación internacional sea permanente, que sea parte de un marco institucional global basado en la cooperación, el intercambio de información, de bienes y de tecnologías. Sin barreras que sirven para alentar el espíritu de tribu, pero nos hacen perder los beneficios de la “aldea global”.

Martín Krause es Profesor de Economía, UBA; Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso.

Artículo en La Prensa: La Sigen descubre la rueda. Sobre los precios máximos y el desabastecimiento

http://www.laprensa.com.ar/488971-La-Sigen-descubre-la-rueda.note.aspx

La Sindicatura General de la Nación es “el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno”.

Acaba de descubrir la pólvora, esto es, que los controles de precios, en tanto y en cuanto funcionen, lo que consiguen es generar desabastecimiento. Así, en un informe que diera a conocer el 8 de Mayo afirma: “En el marco de la segunda fase del Control de Comercialización Online desarrollado sobre grandes cadenas de supermercados, la Sindicatura General de la Nación relevó faltantes superiores al 49 por ciento sobre una muestra de 234 productos incluidos en el Listado de Precios Máximos.” Continúa: “De este modo, y de acuerdo al primer relevamiento efectuado por Sigen hace dos semanas en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la falta de stock se agrava y alcanza a más productos.”

Concluye el comunicado de la Sigen que el “Síndico General de la Nación Carlos Montero, lamentó «tener que volver a observar abusos que van en detrimento de toda la comunidad, con empresas que comercializan por encima de los precios máximos del Gobierno y, peor aún, ni siquiera reflejan existencia de muchos de estos productos».

En verdad, lo que tendría que haber lamentado el Síndico General es que otras áreas de su gobierno implementen políticas destinadas al fracaso y a los resultados que precisamente ha descubierto.
Existen tres situaciones posibles en cuanto a la implementación de controles de precios.

La primera de ellas es que los precios establecidos sean superiores a los que se encuentran en el mercado. En este caso, la medida no tendría efecto económico, en tanto no hubiera una espiral inflacionaria que modificara esta situación en el futuro.

La segunda es que los precios fijados por resoluciones sean iguales a los que se pueden encontrar en el mercado, en cuyo caso no tendrían ningún efecto, ni tampoco ningún beneficio o daño, siempre con la misma salvedad respecto a la evolución futura de los precios.

La tercera, es que se fijen precios que se encuentran por debajo de los precios de mercado. Ésta, seguramente, sea la situación en que están pensando los dirigentes políticos, y ésta es, precisamente, la que genera los peores resultados, tales como los mencionados en el informe. Porque esos precios generan dos efectos, al menos: por un lado, aumentan la cantidad demandada de los productos, a precios más bajos la gente compra más y/o reemplaza productos sustitutos por estos que están controlados; por otro, restringe la cantidad ofrecida porque su producción no genera rentabilidad sino pérdidas.

El resultado inevitable es una brecha entre la cantidad ofrecida y la demanda que llamamos desabastecimiento.

Tenemos mucha experiencia en esto, ha sucedido con todos los controles de precios en nuestra historia. Y no solamente eso, en un interesante texto (que se puede conseguir porque no tiene un precio controlado), Robert Shuettinger y Eamonn Butler “4000 años de controles de precios y salarios” (varias ediciones, pero hay una de Barbarroja Ediciones en 2016), muestran el mismo resultado en todos los infructuosos intentos realizados en 40 siglos. Aquí ya sabemos que los productos cambian en sus cantidades, en su calidad, y si ninguna de esas cosas es posible, directamente desaparecen.

La resolución de la Secretaría de Comercio Interior que establece el control de precios (100/2020) considera que actúa en virtud del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.”

¿Será esta medida en protección de nuestros intereses económicos? Pero, ¿cómo podemos interpretar que protege nuestros intereses económicos si hace desaparecer a los productos que necesitamos de los comercios? Encuentran sobreprecios en los principales supermercados, pero tanto el desabastecimiento como los precios son mayores en pequeños supermercados o comercios.

La resolución también “intima” a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos…, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida.”

Pero como esto no ha dado resultado lo que parece quedar por delante es aquello que Hayek llamaba “camino de servidumbre”, más controles, regulaciones, eventualmente expropiaciones o, finalmente, la cárcel para aquellos productores que no acaten las normas. O dar marcha atrás y dejar que los productores llenen las góndolas, y entender que quien aumenta los precios es el mismo gobierno emitiendo una moneda que pierde valor día a día. Y eliminar las barreras para una mayor competencia.

En definitiva, tal vez no corresponde decir que la Sigen descubrió la pólvora, dados los años de fracasos de estas políticas, más bien descubrió la rueda.

Instituciones como límites al poder y al oportunismo político: al abuso fiscal y monetario

Con los alumnos de la materia Economía Polítca de la UBA Derecho vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

Límites al endeudamiento

Estos límites pueden ser de dos tipos. Como en el caso del Tratado de Maastricht, se puede establecer un tope al endeudamiento total, en este caso del 60% del PIB. Tendrá que incluir, por supuesto, algún mecanismo de control y sanciones por incumplimiento. El otro puede ser como el que existe en los Estados Unidos, donde el Congreso establece un límite sobre el monto total de la deuda permitida —esto es una cantidad de dólares, no un porcentaje sobre el PIB—, techo que, cuando se alcanza, no puede ser superado: el Gobierno no puede emitir más deuda, a menos que sea modificado por el Congreso.

No obstante, la imagen siguiente es bastante clara respecto a la capacidad de este mecanismo para imponer algún tipo de límite, cuando la voluntad política y el control de los votantes no existen (Boaz 2011):

Otra forma de restringir el endeudamiento se refiere a su proceso de aprobación, entre los que se encuentra la que demanda que toda emisión de deuda sea aprobada por los votantes en un referéndum o por mayorías parlamentarias especiales, hasta llegar a la prohibición constitucional absoluta (Kiewiet y Szakaly 1996). Otra alternativa, aplicada por algunos gobiernos regionales en España, es limitar el plazo del endeudamiento de tal forma que se permita solamente el de corto plazo, lo que significa que la deuda debe ser cancelada dentro del propio ejercicio presupuestario. Kiewiet y Szakaly (1996), consideran que entre los estados en los Estados Unidos, veintiuno demandan la aprobación por referendo y doce por mayorías especiales, que pueden estar conformadas por tres quintos o cuatro quintos de los representantes.

No obstante, estos autores estiman que los gobiernos buscan, y muchas veces encuentran, diversos caminos para eludir esas restricciones, como, por ejemplo canalizar el endeudamiento por agencias estatales especiales que no están sujetas a ese tipo de control. ¿Sería efectivo un límite a través del voto popular emitido en referendo? Se puede argumentar que los votantes estarían predispuestos a aprobar el endeudamiento, porque disfrutarían del gasto ahora y lo terminarían pagando futuros votantes. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no actúan de esa forma y tienden a rechazar el endeudamiento.

Los Estados que tienen más de un control muestran menores niveles de endeudamiento, siendo el referendo popular mediante el voto el que mayor éxito muestra, junto con la prohibición total.

La planificación económica en el socialismo: Lenin la propone, Mises la critica.

Con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico I, vemos a Lenin sobre la planificación económica en el socialismo en un artículo de 1919 titulado “La política y la economía en la dictadura del proletariado”, y luego un artículo de Mises de un año después sobre la planificación y el cálculo económico en el socialismo.

Dice Lenin:
El trabajo está mancomunado en Rusia a la manera comunista por cuanto, primero, está abolida la propiedad privada sobre los medios de producción y, segundo, porque el Poder proletario del Estado organiza en escala nacional la gran producción en las tierras y empresas estatales, distribuye la mano de obra entre las diferentes ramas de la economía y entre las empresas, distribuye entre los trabajadores inmensas cantidades de artículos de consumo pertenecientes al Estado.

Dice Mises:

Las tentativas de los bolcheviques rusos de hacer del Socialismo algo de la vida real y no un simple programa de partido, no se han enfrentado con el problema del cálculo económico bajo el Socialismo porque las Repúblicas Soviéticas existen en un mundo que crea precios en dinero para todos los medios de producción. Los gobernantes de las Repúblicas Soviéticas basan en esos precios los cálculos de acuerdo a los cuales toman sus decisiones. Si no fuera por esos precios, sus acciones carecerían de objetivos y de planificación. Sólo pueden calcular, llevar libros de contaduría y hacer planes si tienen como referencia ese sistema de precios. Su posición es la misma que la del estado y de las municipalidades socialistas de otros países: no ha surgido aún para ellos el problema del cálculo económico socialista.

Las empresas estatales y municipales calculan en base a los precios de los medios de producción y de bienes de consumo que crea el mercado. Pero sería precipitado deducir que porque existen empresas estatales y municipales, es posible el cálculo económico socialista.

Sabemos que las empresas socialistas de un solo rubro deproducción resultan únicamente porque reciben ayuda de su entorno no socialista. El estado y las municipalidades pueden mantener sus empresas propias porque los impuestos pagados por las empresas capitalistas cubren sus pérdidas. En la misma forma, Rusia ya se habría derrumbado si no hubiera sido apoyada financieramente por los países capitalistas. Pero mucho más importante que esta ayuda material prestada por la economía capitalista a las empresas socialistas es la asistencia mental. Sin las bases para el cálculo que el Capitalismo pone a disposición del Socialismo bajo la forma de precios de mercado, las empresas socialistas no podrían mantenerse, ni siquiera en rubros únicos de producción o en países individuales.

Los escritores socialistas podrán seguir publicando libros acerca de la decadencia del Capitalismo y el advenimiento del milenio socialista; podrán describir los males del Capitalismo en tonos dramáticos y compararlos con tentadores informes de las bendiciones de una sociedad socialista. Sus escritos podrán  seguir impresionando a los insensatos, pero todo eso no cambiará el destino de la idea socialista. El intento de reformar al mundo en tal sentido podría destruir la civilización, pero nunca lograría establecer una comunidad socialista que resultara exitosa.

Alberdi: «la Constitución ha preferido la distribución libre a la reglamentaria», para proteger el fin social de la riqueza

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi, quien luego de haber tratado el marco institucional de la producción libre se dirige a considerar la distribución de sus resultados:

“No se podría concebir libertad de una especie para producir Un valor, y libertad de otra especie para aprovechar del valor producido. El principio de igualdad, v. g., que reconoce en todos el derecho al trabajo, o, lo que es igual, a producir valor, no podría desconocer el mismo derecho aprovechar de la utilidad correspondiente a su parte de producción. El derecho al trabajo, v. g., está tan ligado al derecho al producto o resultado del trabajo, que no son más que un solo derecho considerado bajo dos aspectos. Sólo la iniquidad ha podido admitir el uno y desconocer el otro; sólo ella ha desconocido el derecho al trabajo, para disputar el de optar a sus provechos.

La justicia natural, regla común de los hechos morales, económicos y políticos de que consta la humana sociedad, la justicia divide y distribuye los beneficios de todo producto entre los agentes o fuerzas que concurren a su producción. Dar utilidades a los unos y excluir de ellas a los otros, sería contrario a la moral cristiana, que haciendo de todos el deber del trabajo, ha dado a todos el derecho a vivir de su producto.

La Constitución argentina ha hecho de esta parte de la política económica el objeto predilecto de sus garantías. Ella vio que dar garantías en favor del provecho que corresponde a los servicios del capital, del trabajo y de la. tierra en la producción de las riquezas, era no solamente el medio de conseguir el bienestar de los habitantes del país, que la Constitución comprende entre sus propósitos supremos, sino también el verdadero medio de fomentar su producción, cuyo estímulo no es otro que el deseo de alcanzar ese provecho, necesario a la satisfacción de las necesidades del hombre y al sostén de su existencia de un modo digno de su noble naturaleza.

Reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu, de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida; porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de otra. Ella ha dado garantías protectoras de este fin social de la riqueza, sin desconocer que el orden social descansa en las bases de la libertad, igualdad, propiedad, seguridad, etc.

Ella ha querido que las riquezas, que son obra del trabajo combinado de todos los servicios productores, redunden en el bienestar y mejora de todos los que asisten a su producción, por medio de sus respectivos servicios; es decir, de la mayoría de la sociedad, en que reside la nación, no de una porción privilegiada de ella. No haya esclavos, ha dicho en esa virtud; es decir, no haya hombre-máquina, hombre-tierra, hombre-capital, que teniendo hambre gane el pan con su sudor para satisfacer el hambre de otro. Ella ha hecho un crimen de esa torpeza tan ofensiva a la riqueza del país, como a la moral del Evangelio. No haya extranjeros, ha dicho; no haya excluidos en el banquete de la riqueza nacional, haciendo del suelo argentino la patria de todo el mundo para lo que es formar riqueza y disfrutarla en su provecho propio.

Para proteger mejor el fin social de la riqueza, ha preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equitativamente cuanto menos se ingiere el Estado en imponer le reglas.

Así la Constitución argentina, en vez de inventar despóticamente reglas y principios de distribución para las riquezas, las ha tomado de las leyes naturales que gobiernan este fenómeno de la economía social, subordinado a las leyes normales que rigen la existencia del hombre en la tierra.”

Karl Marx: valor-trabajo, plusvalía, capital. Böhm-Bawerk critica su libro, que casi nadie ha leído

Con los alumnos de la UBA Económicas vemos a Eugen von Böhm-Bawerk en una discusión central con Marx sobre la Teoría del Valor. BB lanza sus críticas a las bases teóricas de la teoría del valor-trabajo en varios escritos. Pero no deja de analizar porqué esas teorías erróneas terminaron por tener tanta aceptación. Así comienza:


“La buena suerte de Karl Marx como autor

Como autor, Marx fue un hombre de envidiable ventura. Su obra no se puede clasificar entre los libros fáciles de leer o de comprender. La mayoría de los libros de este tipo –aun aquellos con una dialéctica más asequible y una ilación matemática más liviana— habrían encontrado completamente obstaculizado el camino hacia la popularidad. Pero, contrariamente, Marx se ha transformado en el apóstol de un amplio círculo de lectores, incluyendo a aquellos que, por norma, no leen libros difíciles. Más aún, la fuerza y la claridad de su razonamiento no eran tales como para convencer a nadie. Al revés, hombres calificados como los pensadores más serios y valiosos de nuestra ciencia, por ejemplo Karl Knies, han afirmado, desde un comienzo, mediante argumentos imposibles de pasar por alto, que la enseñanza de Marx estaba repleta, de principio a fin, de toda clase de contradicciones, tanto de lógica como de hechos. Podría fácilmente haber sucedido que la obra de Marx no hubiera encontrado partidarios ni entre el público común —que no podía entender su difícil dialéctica— ni entre los especialistas, que sí la comprendían, pero captaban demasiado bien sus limitaciones. Sin embargo, en la práctica, ha sucedido lo contrario.

Tampoco ha sido perjudicial para su influencia el hecho de que la obra de Marx haya permanecido como una estructura incompleta durante su vida. Generalmente, y con razón, desconfiamos de los primeros volúmenes, no proyectados a nuevos temas. Los principios universales pueden describirse seductoramente en las «Secciones Generales» de un libro, pero sólo se pueden corroborar si realmente poseen la fuerza de convicción que les atribuye su creador cuando, en la elaboración del sistema, se confrontan con todos los hechos minuciosamente. En la historia de la ciencia, muchas veces se ha dado el caso de que un primer volumen, promisorio y respetable, no ha sido continuado en un segundo volumen simplemente porque, bajo el propio análisis investigador del autor, los nuevos principios no soportan la prueba de las situaciones concretas. Pero la obra de Karl Marx no ha sufrido estos contratiempos. La gran masa de sus seguidores, basándose en la fuerza de su primer libro, tenía una fe ciega en sus obras aún no escritas.

Circunstancias que contribuyeron al éxito de Marx

Esta confianza, por una parte, fue sometida a una severa e inusual comprobación. Marx había expresado, en su primer libro, que todo el valor de las mercancías se basaba en el trabajo involucrado en ellas y que en virtud de esta «ley del valor» deberían intercambiarse en proporción a la cantidad de trabajo en ellas invertido; que, además, la rentabilidad o plusvalía ganada por el capitalista era el fruto de la explotación del trabajador; que, sin embargo, el monto de la plusvalía no estaba en proporción al monto total del capital invertido por el capitalista, sino sólo al monto de la parte «variable» —esto es, a aquella parte del capital pagado en sueldos y salarios—, mientras que el «capital constante», el capital empleado en la adquisición de los medios de producción, no aumentaba la plusvalía. En la vida diaria, sin embargo, la rentabilidad del capital está en proporción al capital total invertido; y, principalmente por esto, las mercancías no se intercambian de hecho en proporción a la cantidad de trabajo invertido en ellas. En este punto, por lo tanto, había una contradicción entre teoría y práctica que escasamente admitía una explicación satisfactoria. Pero esta contradicción manifiesta tampoco escapó al análisis de Marx. Con respecto a ella, el autor dice: «Esta ley (esta ley, a saber, establece que la plusvalía está en proporción sólo con la parte variable del capital) contradice claramente toda la experiencia prima facie». Pero al mismo tiempo declara que la contradicción es sólo aparente y su solución requiere juntar muchos cabos sueltos, postergándose para los siguientes volúmenes de su obra. La crítica especializada pensó que podía anticiparse con relativa certeza que Marx nunca cumpliría su compromiso, ya que, como era difícil probarla, la contradicción era insoluble.

Sus argumentos, sin embargo, no produjeron ninguna impresión en el conjunto de sus seguidores. Su simple promesa excedía todas las refutaciones lógicas. La larga demora de Marx para cumplir con su promesa de resolver la paradoja La inquietud fue mayor aún cuando en el segundo volumen de la obra de Marx, que se publicó después de la muerte del maestro, no aparece ningún intento por lograr la anunciada solución (que, de acuerdo al plan completo de toda la obra, se reservaba para el tercer volumen), y tampoco existía el menor indicio sobre el rumbo que Marx tomaría en la búsqueda de una respuesta. Pero el prólogo del editor, Friedrich Engels, no sólo reafirmaba que la solución estaba en el manuscrito dejado por Marx, sino que también incluía un abierto desafío, dirigido principalmente a los seguidores de Rodbertus, para que, en la etapa previa a la aparición del tercer volumen, intentaran con sus propios recursos solucionar el siguiente problema: «cómo puede y debe ser creada una tasa promedio equitativa de rentabilidad sin contraponerse a la ley de valor, sino en virtud de ella».

Respuesta insólita a la propuesta de Engels de presolucionar la paradoja de Marx

Considero que uno de los tributos más impactantes que pudo recibir Marx como pensador fue que el desafío no lo recogió únicamente el grupo al que estaba dirigido, sino que muchísimas otras personas provenientes de diferentes círculos. No sólo los seguidores de Rodbertus, sino que hombres de la misma línea de Marx, e incluso economistas no adheridos a ninguno de estos líderes de la escuela socialista, aun los que Marx llamó probablemente «economistas comunes y corrientes», se enfrentaron en el intento de penetrar la posible trama teórica de Marx, cubierta aún por un velo de misterio. Entre 1885 (año en que apareció el segundo volumen de «El Capital» de Marx) y 1894 (publicación del tercer volumen) se desarrolló un concurso ordinario de premios en ensayo sobre «la tasa promedio de rentabilidad y su relación con la ley de valor».

De acuerdo con el punto de vista de Engels —ya fallecido al igual que Marx— planteado en su crítica a estos concursos ensayísticos, nadie logró resolver el problema ni obtener el premio.

La «solución» de Marx publicada finalmente en 1894, con 27 años de retraso

Finalmente, después de una larga demora en la conclusión del sistema de Marx, el tema ha llegado a una etapa en la cual es posible establecer una decisión definitiva. De la simple promesa de una solución, cada uno podía pensar como quisiera. Eran incomensurables los argumentos. Incluso las refutaciones acertadas frente a los intentos de solución hechos por sus opositores, aun cuando estos autores afirmaron haberlas concebido y realizado en el espíritu de la teoría de Marx, no fueron aceptadas por los partidarios de Marx, ya que éstos siempre podían apelar a la precaria conformidad del prometido original. Pero, finalmente, éste ha sido publicado y ha proporcionado, después de 30 años de lucha, un campo de discusión sólido, escrupuloso y bien definido, donde ambos bandos pueden adoptar una posición y luchar por sus ideas, en vez de, por un lado, contentarse con la esperanza de futuras revelaciones y, por el otro, pasarse de una interpretación falsa a otra, a la manera de Proteo.”