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El diario La Nación publica una noticia con el título “Medio centenar de diputados no presentó ningún proyecto de ley”: http://www.lanacion.com.ar/1923920-medio-centenar-de-diputados-no-presento-ningun-proyecto-de-ley

La noticia es presentada con un cierto tinte negativo, como si no trabajaran o no cumplieran con las promesas realizada. Esto último no sería de extrañar, pero es mucho más discutible que la falta de esa actividad sea algo negativo. Esto, además, trae a colación el tema más difícil de cómo evaluar las actividades de representantes electos.

“LLegaron a sus bancas de la Cámara de Diputados con una ristra de promesas y el compromiso de ser dignos representantes del pueblo que los votó. Sin embargo, transcurridos ya siete meses de tarea parlamentaria desde la renovación de ambas cámaras del Congreso, 51 diputados nacionales, tanto oficialistas como de la oposición -el 20% de un cuerpo de 257 integrantes-, no presentaron hasta ahora ningún proyecto de ley.”

En el Estado hiper-regulador actual, presentar más proyectos de ley no es ninguna contribución, todo lo contrario, estaría acumulando más normas y costos de transacción en la economía, a menos, por supuesto, que fueran proyectos de ley para derogar normas existentes. Pero esto ya lleva a una evaluación cualitativa, y no cuantitativa, de la labor de los legisladores. Un diputado podría presentar un solo proyecto de ley pero éste derogar cientos de normas que traban hoy nuestras acciones o les imponen costos y eso ser mucho más importante que cien proyectos de regular esto o aquello.

El artículo toma como ejemplo, nada menos que a Máximo Kirchner: “Al tope de la lista con cero proyectos de ley presentados aparece el diputado Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner y cabeza de la lista de candidatos por Santa Cruz el año pasado. Kirchner no sólo no propuso ninguna ley hasta ahora; tampoco presentó proyecto de resolución o de declaración alguno, que son iniciativas de tipo declamativo y de redacción más sencilla que una ley.”

Pero, ¿no es mucho mejor que esto sea así? Imaginemos qué hubieran sido sus proyectos: uno para dar marcha atrás con la eliminación del cepo cambiario porque quita al estado de una importante herramienta de política económica, una declaración contra la persecución judicial a su madre y a funcionarios de su gobierno, y así. Mucho mejor es que se quede todo el día jugando a la Play-Station.

Esto plantea el tema más general de cómo evaluar a los representantes electos, tema que ha sido desarrollado en la economía bajo el ámbito de la teoría del agente y el principal, es decir, uno que contrata y otro que es contratado. El contenido central de esta teoría es analizar esas relaciones y cómo alinear los incentivos para que el agente (el contratado, el representante), persiga los objetivo que se planteara el principal (el contratante).

La economía, la administración de empresas y la gestión de recursos humanos ha avanzado mucho en esto, y seguramente hay algo que se puede aprender de eso. En general, los sistemas de incentivos en las organizaciones apuntan a evaluar más los resultados que el esfuerzo. Este artículo busca algún indicador y sugiere que la presentación de proyectos muestra cierto grado de “esfuerzo”, pero como se manifestara antes, lo que importa son los resultados, que son mucho más cualitativos que cuantitativos.

Y hay un punto adicional: ¿quién debería realizar esa evaluación? En las empresas los accionistas son los ‘principales’ y tienen que evaluar a los agentes ‘miembros de los directorios’ que los representan. Luego éstos, a su vez, deben evaluar a los ejecutivos, empleados, etc.

En el caso de la política es fundamental el sistema electoral, ya que son los votantes los que finalmente evalúan a los representantes, pero admitamos que el sistema de representación proporcional con listas no facilita la tarea ya que el votante elige una lista completa y no un representante en particular. En fin, el tema da para mucho y no es éste el ámbito para desarrollarlo. Tan sólo para plantear su importancia.

El capítulo 5 de “El Foro y el Bazar” continúa el análisis económico de la política del capítulo anterior. Ahora, una vez que se ha obtenido un resultado electoral, es decir, una vez que se han revelado las preferencias de los votantes, debemos analizar la información y los incentivos que tienen tanto representantes políticos como funcionarios para perseguir esos objetivos, y no otros:

Una vez que tenemos un resultado, es necesario contar con los incentivos necesarios para que los representantes elegidos y los funcionarios persigan la satisfacción de las preferencias de los votantes, y no otros, o las propias. ¿Cuáles son sus objetivos? En el capítulo anterior vimos que la separación entre la acción que hay que realizar y el resultado que se pretende obtener, que encontramos en la política, actúa como un incentivo débil para que el votante esté informado o verifique si sus ideas son apropiadas incluso para los fines que desea alcanzar. Esto lo lleva a la apatía racional o a la ignorancia.

No sucede lo mismo con los políticos y funcionarios gubernamentales. Su actividad está en relación directa con el resultado que puedan obtener: el costo de sus errores recurrentes puede ser alto, por lo tanto es de esperar que estén informados y motivados para alcanzar su propio interés. En el caso de los políticos, tradicionalmente la visión del Public Choice fue asignarles el objetivo de ser elegidos, o reelegidos, ya que de otra forma no podrían alcanzar ninguno de sus objetivos, cualesquiera que fueren. En cuanto a los funcionarios públicos, repasaremos distintas teorías, que le asignan como objetivos el maximizar el tamaño de la burocracia a su cargo o, por el contrario, minimizar el esfuerzo que debe realizarse.

Los políticos, entonces, tienen incentivos para actuar racionalmente, pero, si los votantes son racionalmente apáticos, están desinformados y se adhieren a teorías erróneas, no tendrán como mínimo incentivos para aclarar sus conceptos. Por el contrario, tratarán de ofrecer lo que los electores buscan. Así, por ejemplo, si bien pueden saber que los salarios no se suben por decreto, sino por incrementos en la productividad del trabajo, si lo primero es lo que la gente cree, concluirán que sus probabilidades de ser electos o reelectos serán mejores afirmando lo primero. Pero bien puede ser que tampoco tengan ese incentivo a conocer cuáles pueden ser los efectos de ciertas políticas: si a los votantes les interesan más sus preferencias políticas que conocer cuáles pueden ser sus consecuencias, entonces tampoco estarán preocupados por eso .

Para Pincione y Tesón (2006, p. 45), el éxito de este tipo de propuestas y definiciones no se debe simplemente a la carga emotiva de las palabras en que se expresan, sino a los costos de comprender y transmitir las complejas teorías económicas que explican fenómenos del tipo “mano invisible”, que, como el calificativo indica, no son fácilmente observables a primera vista y demandan un análisis racional más profundo. El político racional no se expresa racionalmente, sino simbólicamente: incluso si piensa que un salario mínimo perjudica a los pobres, porque genera desempleo al elevarlo por encima del nivel que absorbería a todos los trabajadores que busquen trabajo, su objetivo primario no es ayudar a los pobres en última instancia, sino expresar “simbólicamente” una preocupación por los pobres. Los políticos tienen un incentivo electoral para conocer bien cuáles son las creencias de los votantes, por lo que utilizarán una retórica basada en explicaciones simples y “vívidas” en su competencia por obtener los votos de votantes “racionalmente ignorantes”, aun cuando sepan que esas políticas no llevan a los objetivos proclamados, e incluso sabiendo que tendrán resultados opuestos .