Emilio Coni: cuando Buenos Aires era caritativo y previsor, las asociaciones de ayuda mutua «voluntaria» proliferaban

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Coni realiza una clasificación de las sociedades de socorros mutuos como “sociedades de seguro contra las enfermedades”, porque “por lo común aquel que se afilia a una sociedad de socorros mutuos, sea ésta de mucha o poca importancia, lo hace con el decidido propósito de asegurarse, durante un período de tiempo no superior a un máximo fijado contra los perjuicios que le puede irrogar una enfermedad”.

Para que tengamos una idea de los servicios que prestaban el autor (1918, op. cit., p. 549) menciona los fines principales, expresados en sus estatutos:

  • Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en los casos de enfermedad o de las consecuencias de ésta y, también para que se les permita hacer frente a las necesidades de la vida en la ancianidad.
  • Constituir cajas de ahorros y seguros mutuos, teniendo en vista muy especialmente los casos de accidentes, fallecimiento, viudedad y orfandad.
  • Propender al bien común, compatible con su base fundamental, es decir, el «socorro mutuo», pudiendo establecer y organizar al efecto las instituciones económicas conducentes a este fin.
  • Fundar escuelas, procurar el mejoramiento moral intelectual y material de sus asociados, con exclusión terminante de todo debate relacionado con la política o la religión.
  • Celebrar las glorias o los aniversarios patrios de las diversas colectividades, España, Francia, Italia etc., según la nacionalidad de la mayoría de los componentes de cada sociedad,

 

En Buenos Aires existían entonces 214 sociedades de socorros mutuos con 255.534 socios. En todo el país se clasificaban como sigue:

 

172 sociedades argentinas con                                    65.188 socios

181 sociedades cosmopolitas con                             150.004 socios

463 sociedades italianas con                                     166.086 socios

250 sociedades españolas con                                   110.040 socios

92 sociedades francesas con                                       12.311 socios

44 sociedades de diversas nacionalidades                    4.008 socios

(alemanas, austro-húngaras, belgas, escandinavas, otomanas, portuguesas, rusas, suizas y uruguayas)

La fundación de estas sociedades había seguido esta progresión:

 

Periodo                                                          cantidad

1854-1870                                                           41

1871-1880                                                        107

1881-1890                                                         220

1891-1900                                                         275

1901-1913                                                         559

Public Choice: la política sin romanticismos, los políticos responden a incentivos, el principal acceder y aumentar su poder

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En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

Vemos, y criticamos, la teoría de las fallas de mercado, y el análisis de Coase sobre el derecho de propiedad o los faros

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El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el mundo, plantea, para algunos autores, no solo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo, y que sus beneficios sean “cuasi universales” en términos de países —cubriendo más de un grupo de países—, pueblos —llegando a varios, preferiblemente todos—, grupos poblacionales y generaciones —extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras, o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales, sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras—. En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros y públicos impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplo la paz, ya que, “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes el grado de colectividad de la defensa; ahora se suman también en esta categoría la provisión de la ley y el orden, y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros, serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas: es decir, son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul y otros plantean el caso del consumo de una comida nutritiva, que a primera vista parece ser un bien privado, pero que también brinda beneficios públicos, ya que mejora la salud y con ella la posibilidad de adquirir habilidades para desempeñar un trabajo productivo, lo cual beneficiaría no solamente a la familia, sino también a la sociedad en su conjunto, pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad, parece que esto es inevitable. La discusión no es que produzcan o no produzcan algún tipo de impacto, sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo, siendo que las valoraciones son subjetivas, y si el Estado es el único capaz de proporcionar determinados bienes. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos, incluyendo, según Kaul y otros, las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas, y también del incremento de actividades riesgosas, como el abuso de las drogas y el tabaquismo.

Un programa para aliviar la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población contribuyera también a prevenir conflictos, o a fortalecer la paz internacional, o a reducir el deterioro ambiental, o a mejorar las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONG internacionales serían las que proporcionan este tipo de bienes públicos globales (Martin 1999).

Pero si se pudiera justificar la existencia de cualquier bien o servicio con efectos para terceros por el hecho de ser proporcionado por el Estado, o a través de organismos internacionales financiados por los Estados, o en última instancia por contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, como en el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a ser proporcionados mediante decisiones políticas, y no por la decisión de los consumidores tomadas en el mercado.

Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que, una vez producidas, su costo de reproducción es mas bien bajo. Esto lleva a dicho autor a pensar que serán “subproducidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido: una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el mismo, desde Adam Smith en La riqueza de las naciones hasta una gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso, si luego, cuando un país se desarrolla —siguiendo, por ejemplo, las enseñanzas de Adam Smith— este o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos: una vez que dicen cómo se desarrolla un país, nadie parece que les va a pagar por ello; entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proporcionarlas.

Nada de eso sucede en la realidad, sino todo lo contrario: hay un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico; un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas, si luego no pueden cobrar por ellas? Existe una gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje por las ventas de sus libros; es invitado a conferencias donde recibe honorarios, viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el Premio Nobel, que, además de ser un premio suculento, le garantiza un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como sabe muy bien el mismo Stiglitz, que lo ha recibido[1].

[1]. “Gran parte del conocimiento que se necesita para el desarrollo exitoso no es patentable; no es el conocimiento que subyace en nuevos productos o procesos. Más bien, es conocimiento fundamental: cómo organizar empresas, cómo organizar sociedades, cómo vivir vidas más saludables de forma que ayudan al medio ambiente. Es conocimiento que afecta la fertilidad y el conocimiento acerca del diseño de políticas económicas que promueven el crecimiento económico” (Stiglitz 1999, p. 318). “Las ideas presentadas hasta aquí dejan en claro que ese conocimiento es un bien público, y sin un apoyo público activo, habrá una sub-provisión de ese bien. Las instituciones internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumplen un papel especial en la producción y diseminación de este conocimiento” (p. 319).

Capítulo 1: individualismo metodológico, órdenes espontáneos, derechos de propiedad, contratos, sistema de precios

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Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones, de OMMA Madrid, vemos el Capítulo 1 de “El Foro y el Bazar” que introduce, en forma breve, las contribuciones fundamentales de la economía para entender el accionar de las personas en sociedad: individualismo metodológico, subjetividad del valor y órdenes espontáneos. Acá, respecto a este último tema:

Los fenómenos sociales son complejos. Algunos los llaman sistemas, aunque tal vez sea preferible utilizar la palabra orden. Los hay de dos tipos: construidos y espontáneos. Toda sociedad es un orden, ya que, si no lo fuera, la supervivencia sería imposible, pues dependemos de los demás para satisfacer la mayoría de nuestras necesidades. Un orden permite coordinar las acciones de los individuos, cada uno de los cuales persigue intereses propios, y será un orden superior en tanto permita un mayor grado de coordinación de estas acciones.

El orden creado o construido, al que Hayek pone el nombre de taxis (Hayek 2006, p. 60), sería un orden dirigido, como una organización, aunque se debe tener en cuenta que incluso toda organización tienen algún componente de espontaneidad. La empresa creada por un emprendedor puede responder a su diseño inicialmente, pero luego quien la conduce solo en términos generales decide hasta los mínimos aspectos de su conformación. Por otro lado, el orden espontáneo lleva el nombre de cosmos, resultado de la evolución.

Los órdenes construidos son relativamente simples, se limitan a la capacidad de quien los ha creado, son observables a simple vista y persiguen los fines de quien los crea. Los espontáneos, por el contrario, pueden ser mucho más complejos, no se observan fácilmente y tampoco tienen un objetivo en particular, por más que sean útiles. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Los idiomas que conocemos actualmente son resultado de largos procesos evolutivos, de extrema utilidad para comunicarnos y para coordinar nuestros planes, y al mismo tiempo complejos y sutiles, mucho más que los intentos de idiomas creados como el esperanto. Se van modificando, además, a medida que se utilizan, y a pesar de alguna que otra autoridad que quisiera tener un control mayor, pero termina a la zaga del lenguaje que realmente utiliza la gente. Muchos idiomas no tienen una “academia” —sí el español—, pero de todas formas la evolución de este idioma depende más de las palabras que usa y deja de usar la gente que de las definiciones de la Real Academia de la Lengua. El orden social es extremadamente complejo, porque cada uno de los participantes tiene movimiento propio .

La complejidad de un orden está determinada por la cantidad de elementos que lo componen, las relaciones que estos tienen entre sí, y la regularidad de los mismos. Solamente cuando se trata de pocos elementos, con limitadas relaciones y una alta regularidad, podremos hacer alguna predicción con alguna certeza de que se cumplirá. Cuando los elementos son muchos y la regularidad alta, podremos tener también algún grado de certeza, pero solamente para predecir ciertas tendencias, no un resultado específico. Cuando los elementos son muchos y la regularidad baja, esa capacidad de predicción es prácticamente inexistente. Esas regularidades serán las que estudiaremos aquí.

Los órdenes espontáneos funcionan incluso cuando las reglas que permiten su funcionamiento no son conocidas. El ejemplo más importante de orden espontáneo en economía es la metáfora de Smith sobre la mano invisible, para describir el funcionamiento de los mercados y el sistema de precios. Gran parte de los que participan en los mercados desconocen las conclusiones de la ley de la demanda o la ley de la oferta, de la utilidad marginal, no obstante lo cual participan intensamente en el mercado y mediante el mismo coordinan sus acciones con las de los demás, trátese bien de otros productores o bien de consumidores.

Este gran orden espontáneo que es el mercado desafía con frecuencia la capacidad de comprensión de muchos que presienten alguna “mano visible” dictando los destinos de cierto mercado o de toda una economía. Pero eso no es posible. Sí lo es, sobre todo para el que cuenta con el poder público, distorsionar el funcionamiento del orden espontáneo con normas que traban o impiden su normal desempeño, o lo desvían a un punto distinto de aquel al que los demás hubieran preferido alcanzar.

Hay ciertas normas, resultado de procesos evolutivos, que permiten una mayor y mejor coordinación de las acciones individuales y con las que, por lo tanto, se obtienen mejores resultados en la satisfacción de las necesidades humanas. Permiten acercarse al “equilibrio” como un resultado final en el que todas las acciones han sido coordinadas.

North & Thomas y un tema central: ¿porqué explotó el crecimiento económico en Occidente y no en otro lado?

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Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid comenzamos viendo el ya clásico artículo de Douglass C. North y Robert P. Thomas “Una teoría económica del crecimiento del mundo occidental”, (Revista Libertas VI: 10 (Mayo 1989). Allí, los autores elaboran una teoría sobre el cambio institucional. North recibiría luego el premio Nobel por sus contribuciones en este campo, pero en alguna medida cambió su visión más adelante, particularmente en su libro “Understanding the process of economic change”, donde, en vez de presentar a los cambios en los precios relativos y la población como determinantes de esos cambios hace más hincapié en la evolución de los valores e ideas. Pero aquí, algunos párrafos de este trabajo:

North

“En este artículo nos proponemos ofrecer una nueva explicación del crecimiento económico del mundo occidental. Si bien el modelo que presentamos tiene implicaciones igualmente importantes para el estudio del desarrollo económico contemporáneo, centraremos nuestra atención en la historia económica de las naciones que formaron el núcleo del Atlántico Norte entre los años 1100 y 1800. En pocas palabras, postulamos que los cambios en los precios relativos de los productos y los factores de producción, inducidos inicialmente por la presión demográfica malthusiana, y los cambios en la dimensión de los mercados, dieron lugar a una serie de cambios fundamentales que canalizaron los incentivos hacia tipos de actividades económicas tendientes a incrementar la productividad. En el siglo XVIII estas innovaciones institucionales y los cambios concomitantes en los derechos de propiedad introdujeron en el sistema cambios en la tasa de productividad, los cuales permitieron al hombre de Occidente escapar finalmente al ciclo malthusiano. La llamada «revolución industrial» es, simplemente, una manifestación ulterior de una actividad innovadora que refleja esta reorientación de los incentivos económicos.”

…

“Las instituciones económicas y, específicamente, los derechos de propiedad son considerados en general por los economistas como parámetros, pero para el estudio de largo plazo del crecimiento económico son, evidentemente, variables, sujetas históricamente a cambios fundamentales. La naturaleza de las instituciones económicas existentes canaliza el comportamiento de los individuos dentro del sistema y determina, en el curso del proceso, si conducirá al crecimiento, al estancamiento o al deterioro económico.

Antes de avanzar en este análisis, debemos dar una definición. Resulta difícil asignar un significado preciso al término «institución», puesto que el lenguaje común lo ha utilizado en formas diversas para referirse a una organización (por ejemplo, un banco), a las normas legales que rigen las relaciones económicas entre la gente (la propiedad privada), a una persona o un cargo (un rey o un monarca), y a veces a un documento específico (la Carta Magna). Para nuestros fines, definiremos una «institución» o una disposición institucional (que es, en realidad, un término más descriptivo) como un ordenamiento entre unidades económicas que determina y especifica la forma en que -estas unidades pueden cooperar o competir.

Como en el caso más conocido de la introducción de un nuevo producto o un nuevo proceso, las instituciones económicas son objeto de innovaciones porque a los miembros o grupos de la sociedad les resulta aparentemente provechoso hacerse cargo de los costos necesarios para llevar a cabo tales cambios. El innovador procura obtener algún beneficio imposible de conseguir con los antiguos ordenamientos. El requisito básico para introducir innovaciones en una institución o un producto es que las ganancias que se espera obtener excedan los presuntos costos de la empresa; sólo cuando se cumple este requisito cabe esperar que se intente modificar la estructura de las instituciones y los derechos de propiedad existentes en el seno de la sociedad. Examinaremos sucesivamente la naturaleza de las ganancias potenciales y de los costos potenciales de tal innovación y exploraremos luego las fuerzas económicas que alterarían la relación de dichos costos y ganancias a lo largo del tiempo.”

Cuando no había piqueteros que demandaran ayuda social como un derecho, los argentinos se ayudaban entre sí

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Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

Un destacado autor, Emilio Coni, escribe (1918, p. 544):

“La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista y cooperativista, puede ser considerada en éste, como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna. En efecto, están vinculados por la mutualidad y la cooperación 593.172 de sus habitantes”.

“La mutualidad se ocupa especialmente de los seguros contra los enfermos y contra la invalidez por enfermedad crónica o por vejez; de los seguros contra los accidentes de trabajo y sobre la vida. En todos estos casos, el capital que aporta el socio a la institución mediante las cuotas periódicas, no goza de un interés material, en efectivo, porque todas las utilidades líquidas pasan al fondo de reserva de la misma institución”. “En una sociedad mutualista, el capital se forma generalmente mediante cuotas periódicas, o bien los socios no desembolsan cuota alguna, pero se declaran solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones que contrae la institución”.

El temprano desarrollo de estas organizaciones voluntarias, o de mercado, para reivindicar sus verdaderas características, es evidenciado por el mismo Coni (1918, op. cit., p. 547):

“En la Capital Federal la sociedad de socorros mutuos más antigua existente es ‘L’Union et Secours Mutuels’, fundada el año 1854; siguióle, en 1856, la sociedad ‘San Crispín’, denominada así porque el núcleo principal de sus fundadores pertenecía al gremio de operarios en la industria de calzado cuyo patrono es San Crispín. En 1857 se fundan la ‘Tipográfica Bonaerense’, ‘La Catalana’ y la hoy poderosa ‘Asociación Española de Socorros Mutuos’; en 1858 la ‘Unione e Benevolenza’, la ‘nonna’ de las sociedades italianas; en 1859 la ‘Francaise’; en 1861 la ‘Nazionale Italiana’, etc., etc.”. “Las mutualidades en ejercicio el 31 de diciembre de 1916 eran 1.205. De éstas, 1.202 son suciedades de socorros mutuos, y 3 sociedades de rentas y de seguros sobre la vida”.

El socorro mutuo floreció sobre todo en las comunidades de inmigrantes. No es de extrañar, el traslado a un país lejano había quebrado los lazos familiares con los que se contara durante siglos. Por mucho tiempo, en sociedades básicamente agrícolas, la relación familiar proveía un cierto seguro: los padres cuidaban de sus hijos cuando éstos no podían mantenerse por sí mismos y luego éstos hacían lo propio con sus padres. La emigración, tanto a las ciudades como al extranjero aunque mucho más en este caso,  rompe este vínculo y surge entonces una solución voluntaria para cubrir ese vacío. Evidentemente, la forma más sencilla de agruparse es alrededor de aquellos elementos que el grupo tenga en común, y en este caso era principalmente el origen nacional, también el lugar de trabajo o la profesión.

Resulta sumamente ilustrador mencionar las mutuales fundadas en los primeros años de este siglo en Buenos Aires: Club Sindical de Empleados, Sanatorio Mutualista para Empleados de Correos y Telégrafos, Sociedad Mutua de Obreros de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, Asociación Mutualista Argentina, Sociedad Mutual de Funcionarios y Empleados Judiciales, Ordenanzas Unidos, Sociedad de Socorros Mutuos entre Empleados de Ferrocarriles, Unione Alessandrina, Asociación Mutual de Empleados Públicos, Asociación Mariano Moreno, Banco de Seguros Mutualistas, Cantinas Maternales, Asociación Escolar Mutualista, Fédération des Mutualités Francaises en Argentine, Federazione delle Associazioni Italiane, Associazione Italiana di Mutualitá ed Istruzione, fusión de las siguientes sociedades de socorros mutuos: Camilo Benso, C. di Cavour, Fratellanza Militare, Giuseppe Garibaldi, La Patriottica, Le Italiane al Plata, Margherita di Savoia, Trionfo Ligure, Unione e Benevolenza, Unione Italiana al Plata.

Pobreza sin paternalismo, y cómo la gente hacía frente a las necesidades y los riesgos de encontrarse en ella

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La ayuda mutua

 

La definición del Diccionario de la Real Academia Española sobre “pobreza” no es muy lograda. Son estas cinco acepciones:

  1. Cualidad de pobre
  2. Falta, escasez
  3. Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario, de la hacen voto público los religiosos el día de su profesión.
  4. Escaso haber de la gente pobre
  5. Falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza de ánimo.

 

Descartemos para el enfoque de este trabajo las alternativas 3 y 5 y nos quedan definiciones asociadas con la escasez. Esto es desafortunado porque la escasez existe en este mundo para todos, aún los más ricos, aunque más no sea la limitación que impone el tiempo. Es necesario, entonces, definir esa escasez más estrechamente: ¿escasez de qué en particular?

El tema no es menor, porque la definición de pobreza ha cambiado en el tiempo, y es ahora básicamente diferente en los países desarrollados de los que no lo están. En los primeros se ha extendido una visión de pobreza “relativa” que los condena a nunca superarla ya que más bien se trata de la diferencia entre los más ricos y los más pobres sin importar el nivel de vida de estos últimos (Niemietz, 2011). En los países pobres o en desarrollo se mantiene la definición como la falta de acceso a ciertos bienes y servicios que se consideran esenciales. Ésta no es una canasta fija, esas necesidades básicas van cambiando, no son las mismas ahora que las de hace cincuenta años pero hay algunas que lo eran antes y lo son también hoy. Entre ellas se encuentran bienes y servicios para la atención de la salud y la previsión para el futuro. Si bien qué se incluye en cada uno de ellos ha cambiado las necesidades siguen presentes, y lo que queremos ver aquí es que cualquiera que fueran en su momento, cuál era el mecanismo por medio del cual eran provistas.

Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

continuará

Carlos Díaz Alejandro sobre las oportunidades de empleo en la Argentina de 1860 a 1930: con movilidad y sin desempleo

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Continuamos con la generación de emprendimientos y empleos como el mejor camino para superar la pobreza, y lo que ocurría en Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Más allá de la anécdota, algunos investigadores han analizado la situación del mercado laboral durante esos años:

“En la segunda mitad del siglo pasado, la mayor parte del mercado de trabajo argentino se integró con rapidez al régimen capitalista; a los trabajadores se los empleaba y despedía por meras razones económicas, pero la mano de obra a su vez podía desplazarse con libertad dentro del país y salir o entrar de él sin ninguna traba. Por otra parte, a pesar de alguna que otra desocupación cíclica, de 1860 a 1930 la Argentina en general se caracteriza por una economía con plena ocupación, en la que el desempleo temporal tenía fácil remedio: el regreso a la patria o el traslado a otros países escasos de mano de obra, como Estados Unidos” (Díaz Alejandro, 1970, p. 39).

Respecto de los niveles de remuneración de los trabajadores en un mercado desregulado, continúa Díaz Alejandro en la obra citada:

“Los datos sobre salarios de 1900 a 1930 son más abundantes. Los salarios reales en la pampa eran, al parecer, superiores a los de algunas ciudades europeas. Una comparación entre las tasas de salarios por hora correspondientes al lapso 1911-14 en Buenos Aires, París y Marsella respecto de siete categorías diferentes muestra que las tasas salariales de Buenos Aires eran superiores a las de Marsella en todas las categorías (alrededor de un 80%), y superiores a casi todas las de París (alrededor del 25%). Un informe de 1921 del Departamento Británico de Comercio de Ultramar afirmaba que los salarios argentinos antes de la Primera Guerra Mundial eran superiores a los de los países europeos, aunque no habían ido creciendo al mismo ritmo”. Y concluye el mismo autor que “para atraer a los inmigrantes, los salarios reales de la Argentina tenían que ser superiores, por lo menos en el margen, a los de Italia y España, y hasta competitivos con los de otros países de inmigración, por más que los factores culturales dieran a la Argentina una ventaja innegable en cuanto a los inmigrantes latinos. Los salarios, así como el tiempo libre y las condiciones de trabajo, también propendían a mejorar, según parece, a un ritmo más acelerado que el del producto interno per cápita”.

No había programas sociales, no había legislación laboral, pero eran numerosas las oportunidades de empleo y para desarrollar la capacidad creativa y productiva. Este proceso comenzó a revertirse a comienzos del siglo XX, y cien años después nos encontramos con una legislación laboral frondosa que llena varios tomos, un ministerio especial, un fuero específico en la justicia, largos períodos con elevado desempleo y un porcentaje de empleo informal que supera el 35%. La legislación laboral no solamente no ha servido para proteger el empleo sino que además ha obligado que un buen número de ellos se encuentre en la informalidad, el mercado los ha generado a pesar de todas las trabas y barreras.

Se insiste hoy en generar empleos por medio de políticas públicas, las que logran hacerlo a un alto costo y destruyendo empleos en otros lados; y no se permite que la libertad de contratación vuelva a generar las oportunidades de antaño.

 

Artículo en el Cronista: Reglas o discreción y la independencia del Banco Central

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https://www.cronista.com/columnistas/Reglas-o-discrecion-y-la-independencia-del-Banco-Central-20180116-0042.html

El anuncio reciente sobre las modificaciones a los objetivos de inflación que busca alcanzar el Banco Central dio pie a un intenso debate sobre la política monetaria que lleva adelante el Gobierno. La conferencia en la cual esas medidas fueron anunciadas mostró también claramente el funcionamiento del marco institucional de esta política.

Desde hace décadas que en este último campo predominan dos temas, usualmente relacionados: reglas versus discrecionalidad, y la independencia del Banco Central. ¿Qué es lo que mostraron estos últimos anuncios? Que supuestamente existe una regla (objetivos de inflación), pero que esta se modifica a discreción; y que la independencia del BCRA es limitada a los instrumentos para alcanzar metas que le fija el Ejecutivo.

Los temas están interrelacionados porque una regla tiene que ser creíble, y buena parte de esa credibilidad se basa en la independencia de quien la va a intentar cumplir sin recibir presiones políticas. Por supuesto que esas presiones son ahora mejores de lo que eran hace un par de años, ya que todos parecen entender el origen del problema (el déficit fiscal y su financiamiento); mientras que antes no solamente no había independencia ni reglas sino que las autoridades económicas y monetarias creían que la inflación no era un fenómeno monetario, y demostraban lo opuesto con los resultados de sus políticas.

En un trabajo muy reciente, uno de los más reconocidos autores en esta materia, John B. Taylor, autor de la ahora famosa «Taylor rule», analiza las ventajas de ambas cosas, reglas e independencia («Rules versus discretion: Assessing the debate over the conduct of monetary policy»; NBER Working Paper 24149, Diciembre 2017): «Al otorgar independencia a una agencia gubernamental en una democracia, se necesita asegurar que la agencia tenga un propósito bien definido y clara rendición de cuentas. Cuando los bancos centrales se alejan de ser instituciones con fines limitados y se convierten en instituciones independientes de múltiple propósito, escapan los controles necesarios de un sistema democrático. Esto puede llevar a intervenciones inapropiadas que no hayan sido aprobadas por el proceso legislativo o el voto de la gente. También puede llevar a un pobre desempeño económico. La investigación muestra que la independencia del banco central es necesaria para una buena política monetaria y, por ende, un buen desempeño económico, pero no es suficiente».

En nuestro caso, no tenemos independencia y hacemos de las reglas discreción. La institucionalidad es débil, incluso pese a que estas reglas discrecionales sean mejores que las anteriores.

Tal vez la salida de este atolladero sea, no ya discutir que regla no vamos a cumplir, o que independencia no vamos a tener, sino una regla que imponga la gente, los usuarios, no la política. Me refiero a la libre competencia de monedas. Es lo que existía antes de que los bancos centrales reclamaran su monopolio y resurgió como propuesta luego de los trabajos del premio Nobel F. A. Hayek y otros economistas; y avanza en la práctica con las criptomonedas y la globalización financiera.

Sería ampliar lo que ya somos, un país bimonetario, con pesos y dólares, y bien podría adaptarse al gradualismo actual. La creciente competencia (para lo cual habría que ampliar la elección de moneda en todo tipo de pagos, aun de y al Estado) significaría una regla de la cual el Central no podría escapar y lo forzaría a hacer buena letra.

Somos una sociedad que no cumple muchas reglas. Cada cual quiere tener la propia. Curiosamente, en este campo eso podría hacerse. El peso cumple (o no) una regla, el dólar cumple otra, el Bitcoin también.

Comenta Hayek en la obra donde presenta el tema (Desnacionalización del dinero, 1978): «No hace tanto tiempo, en 1960, yo mismo argumentaba que privar a los gobiernos de su control sobre la política monetaria no sólo sería impracticable, sino que, aun en el caso de que fuera posible, sería indeseable. Esta opinión se basaba en la tácita presunción común de que debe existir en cada país un solo y uniforme tipo de dinero. Ni siquiera consideraba la posibilidad de una verdadera competencia entre monedas dentro de un determinado país o territorio. Si sólo se permite una clase de dinero, es probable que el monopolio de su emisión deba estar bajo el control del gobierno. La circulación concurrente de diversas monedas puede resultar a veces inconveniente, pero un detenido análisis de sus efectos indica que las ventajas superan de tal forma a los inconvenientes, que, comparativamente, éstos apenas cuentan, aunque la falta de familiaridad con la nueva situación los haga parecer mayores de lo que serían en realidad».

Con repasar los resultados históricos del BCRA (Milei los describe en «El dinero y esa atroz locura llamada Banco Central») quedan claros los beneficios de una mayor competencia.

La innovación social en Argentina: cuando se creaban miles de empleos sin que existiera ninguna legislación laboral

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En el caso argentino la legislación laboral a fines del siglo XIX consistía solamente en algunos artículos del Código Civil redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sársfield, sancionado el 25 de septiembre de 1869. En él se respetaba la libertad de contratación y se aludía tangencialmente al contrato de trabajo como una forma más de arreglo contractual libre y voluntario en el contexto de las normas generales tratadas en el Código. En el artículo 1.623 se trataba el asunto de esta manera: “La locación de servicios es un contrato consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las partes debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones de este código sobre las ‘Obligaciones de Hacer’”.

La terminología ‘locación de servicios’ era una tradición de origen románico que aún se mantenía para el tratamiento legal en materia laboral. Un reconocido tratadista argentino, partidario de la legislación laboral que luego sobrevino, comenta el Código de esta forma: “Hoy este contrato, al que Vélez dedicó tan sólo 6 de los 4.015 artículos del Código, está regulado por una legislación vasta y riquísima del derecho laboral. Más aun: en la gran mayoría de los casos el contrato directo e individual ha sido reemplazado por los contratos colectivos de trabajo, a los cuales deben ajustarse empleadores y trabajadores y en los que se fija minuciosamente los derechos y deberes de las partes, horario de trabajo, remuneraciones, ascensos, indemnizaciones, despido, etcétera. Ordinariamente la autonomía de los contratantes se limita a prestar el consentimiento para establecer la relación laboral; todo lo demás está regido por los contratos colectivos o las leyes especiales” (Borda, 1974, p. 11).

Durante esos años de vigencia de «seis artículos» y de amplias libertades la Argentina protagonizó una epopeya pocas veces vista hasta entonces y pocas veces igualada después. La inmigración que recibió, la que era tomada como uno de los índices elocuentes de prosperidad, sucedió antes de “la legislación vasta y riquísima” a que alude Borda. Juan A. Alsina (1900) muestra cifras del período 1877-1897. En esos veinte años llegaron al país 1.356.130 inmigrantes, de los cuales más de la mitad de Italia y el resto en orden de importancia de España, Francia, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, Rusia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Estados Unidos y Suecia.

Estas son algunas de las cartas que enviaban a sus parientes los recién llegados describiendo su situación en la Argentina sin regulaciones laborales (Wolf y Patriarca, 1991, p.32):

“De Girolamo Bonesso, en Colonia Esperanza (1888):

Aquí, del más rico al más pobre, todos viven de carne, pan y ministra todos los días, y los días de fiesta todos beben alegremente y hasta el más pobre tiene cincuenta liras en el bolsillo. Nadie se descubre delante de los ricos y se puede hablar con cualquiera. Son muy afables y respetuosos, y tienen mejor corazón que ciertos canallas de Italia. A mi parecer es bueno emigrar”.

“De Vittorio Petrei, en Jesús María (1878):

Nosotros estamos seguros de ganar dinero y no hay que tener miedo a dejar la polenta, que aquí se come buena carne, buen pan y buenas palomas. Los señorones de allá decían que en América se encuentran bestias feroces; las bestias están en Italia y son esos señores”.

 

Anécdotas, tal vez, que no deben dejar olvidar los incontables sacrificios que debieron superar todos los que llegaron a esta tierra de oportunidad.