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En el Discussion Paper No. 176 titulado “Trust, Violence, and Coca”, July 2022, Melissa Rubio-Ramos, de la Universidad de Colonia, Alemania, considera el efecto de la violencia en la cooperación social tomando en consideración a Colombia, que ahora ha elegido un presidente que proviene, precisamente, de un grupo guerrillero. El paper no trata sobre este tema coyuntural sino sobre lo siguiente:

“Los conflictos tienen efectos devastadores en el desarrollo económico. Cada año, aproximadamente el 10 % del PIB mundial se gasta en abordar y contener la violencia (IEP, 2019). Además de sus costos directos para la sociedad a través de la destrucción del capital físico y humano, los conflictos también pueden conducir a la desintegración social y política (Collier et al., 2009, Rohner et al., 2013b). También es más probable que ocurran en los países en desarrollo donde, en ausencia de instituciones sólidas, el capital social es crucial para el desarrollo económico. De hecho, un número creciente de estudios muestra que el capital social, medido por la confianza, la participación en organizaciones comunitarias y la cooperación, no solo brinda apoyo en situaciones adversas, sino que también garantiza una provisión más eficiente de bienes públicos, mejores resultados en términos de capacidad fiscal. , la gobernanza, el comercio y la rápida difusión del conocimiento.2 Sin embargo, los efectos de la violencia relacionada con los conflictos en el capital social se han descrito como «los menos comprendidos de todos los impactos de la guerra» (Bauer et al., 2016) y la evidencia es mezclado. Algunos estudios documentan que la exposición a la violencia socava la confianza (Rohner et al., 2013a Cassar et al., 2013),3 mientras que otro grupo de artículos argumenta que la violencia mejora la cooperación local (Bellows & Miguel, 2009; Voors et al., 2012, Bauer y otros (2016)). Sigue siendo un enigma por qué hay casos de efectos negativos y positivos de la violencia en el capital social. Colombia ofrece un escenario ideal para estudiar esta cuestión por varias razones. Primero, este país tiene uno de los niveles más altos de violencia a nivel mundial. Para el período de análisis, la tasa de homicidios fue de 25 por cada 100.000 habitantes. Además, existe una variación sustancial en la violencia a lo largo del tiempo y en todo el país (UNODC, 2009).4 Segundo, Colombia ha recopilado datos sobre medidas de capital social durante tiempos de conflicto, mientras que la mayor parte de la evidencia actualmente disponible se basa en entornos posteriores al conflicto. En tercer lugar, los grupos armados dependen en gran medida de la producción de coca para financiar su lucha, de modo que los impactos exógenos en el mercado colombiano de la coca pueden utilizarse para identificar el efecto de la violencia en el capital social. Estas fuentes exógenas de variación están dadas por la variación transversal de las condiciones ecológicas para el cultivo de coca y los choques en otros países productores de coca. Por lo tanto, puedo combinar datos ricos sobre conflictos con diferentes medidas de capital social, con efectos fijos de ubicación. Finalmente, el conflicto colombiano no está impulsado por polarizaciones basadas en características identificables, como la religión o la etnia, sino que ofrece un escenario unificado, donde es posible distinguir entre enfrentamientos donde los perpetradores pueden o no ser identificados. De hecho, este es un conflicto sin divisiones visiblemente marcadas, y los grupos armados no siempre visten uniformes ni portan armas. En muchos casos, visten ropa de civil, lo que dificulta diferenciar quién pertenece a un grupo armado. Argumento que esta característica particular del conflicto permite estudiar los efectos aparentemente contradictorios del conflicto sobre el capital social presentados en la literatura.”

https://www.econtribute.de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONtribute_176_2022.pdf

El actual gobierno argentino se propuesto que el país vuelva a ser parte de la comunidad internacional de naciones. Es necesario recordar que gobiernos anteriores hicieron todo lo posible en el sentido contrario: declararon el default de la deuda soberana, repudiaron el cumplimiento de tratados bilaterales de inversión, acumularon demandas por incumplimiento de las reglas de la OMC y buscaron aliados entre los peores vecinos del planeta, como Venezuela o Irán.

Este retorno es claramente aprobado por la población argentina, la que no quiere sentirse como un pendenciero global, sino que pretende ser al menos un ciudadano global correcto. Lo que no parece muy claro es si están al tanto de los costos que esto implicará, de los esfuerzos que el país deberá realizar para alcanzar ese objetivo.

He aquí un ejemplo: Argentina quiere pertenecer a la OCDE, que es algo así como un club de países desarrollados para compartir políticas públicas y reducir barreras o compatibilizar regulaciones relacionadas con inversiones, servicios, intercambios y otras normas que puedan afectar las relaciones entre los países miembros.

Pero como en muchos clubes, el ingreso tiene un costo; muchas veces hay que pagar o es necesario ser presentado por algunos que ya son miembros o hay que acreditar una determinada condición. Da la sensación de que en Argentina se avala la intención de pertenecer a grupos como éste, pero hay poca discusión sobre los requisitos necesarios para la membresía.

En estos días, algunas noticias por otra parte del continente dan una muestra de lo que esto puede significar. Un caso interesante para seguir es el de Colombia, país que también quiere ser miembro de la OCDE y ha iniciado el proceso de admisión un poco antes. Colombia se encuentra varios escalones por encima de Argentina en cuanto a libertad económica se refiere y le lleva a Argentina 34 puestos en el Índice de Calidad Institucional, ha mejorado 145 posiciones desde 2007. En el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation se encuentra en el puesto 42, mientras que Argentina está 144.

No obstante, Colombia no tiene el camino fácil. Por un lado, ha estatizado alguna empresa de servicios públicos, enfrenta demandas en la OMC por los requisitos de certificación de origen de los productos importados que sean catalogados como de riesgo “medio” o “alto” y, en algo que Argentina aún está peor, ha sido señalado como un país que no tiene una protección de la propiedad intelectual apropiada: http://thehill.com/opinion/international/359996-colombia-must-enact-reforms-before-joining-rest-of-world-on-the-economy

No hay un control de la piratería y hay ciertas intervenciones en el mercado de productos farmacéuticos que parecen no cumplir con las normas internacionales. El documento que presenta el camino para el acceso de a la OCDE (Roadmap for the Accession of Colombia to the OECD Convention) del año 2013, reclama el seguimiento de las mejores prácticas en políticas de ciencia y tecnología, lo que incluye la protección de los derechos de propiedad intelectual, desarrolladas por el Comité respectivo.

La OECD tiene además un consejo consultivo empresario que se llama The Business and Industry Advisory Committee, que presenta recomendaciones a la organización y, al respecto, llama la atención que si bien ha mejorado algo las normas sobre la declaración de interés público de un determinado producto farmacéutico, que sería el primer paso para el otorgamiento de una licencia compulsiva (que elimina el efecto de una patente y permite copiar un producto patentado), con lo que el Ministerio de Salud buscaría reducir precios en el mercado, otras normas todavía mantienen abierta la posibilidad de intervenir en los precios de los productos. Al mismo tiempo, alguna agencia gubernamental (INVIMA) ha negado la protección de los datos que sustentan las investigaciones y pruebas de productos patentados, motivo por el cual el país está recibiendo reclamos de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en los tratados sobre la materia (TRIPS).

En fin, se trata solamente de un ejemplo, de lo que puede esperar más adelante a la Argentina en este mismo camino que Colombia ya está recorriendo, partiendo de una situación que es peor a la de ese país en algunos aspectos. Y dadas las resistencias que aquí se generan cuando se afectan los intereses de algunos grupos locales que han crecido al amparo de alguna protección o privilegio, más vale que, si persisten en el objetivo de integrarse a la OECD, vayan removiendo los obstáculos que ya están allí delante.