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Trump vs Clinton: ¿quien tendría una mejor política económica? Encuesta a 72 economistas

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Al margen de los otros temas, como los correos electrónicos de Hillary o el muro de Trump, ¿cuál de los dos tendría una mejor política económica? Relativamente, por supuesto, ya que ambos han dicho soberbias tonteras (en particular sobre el comercio internacional). La consultora FocusEconomics, con sede en Barcelona, realizó una encuesta entre economistas, quienes abrumadoramente dicen que son mejores las propuestas de Hillary. ¿Será así? Veamos el comunicado:

“Una nueva encuesta realizada por FocusEconomics publicada el martes muestra que la mayoría de los 72 expertos macroeconómicos internacionales encuestados cree que la economía EE.UU. está sufriendo debido a la incertidumbre política. De cara al futuro, los economistas de las principales instituciones de todo el mundo piensan que la economía de EE.UU. crecerá más rápido bajo el plan de Hillary Clinton, tanto en el corto y medio plazo. En general, el amplio consenso entre los economistas es que Clinton puede gestionar la economía mucho mejor que Donald Trump.

La mayoría de los economistas encuestados creen que la incertidumbre relacionada con las elecciones está obstaculizando la actividad económica EE.UU.. Mientras que cualquier elección estimula cierta incertidumbre, el 60% de quienes respondieron a la encuesta sugieren que el ciclo económico actual es particularmente inusual en su comportamiento.

«Los analistas ven que la incertidumbre actual sobre la reforma tributaria, la salud y el medio ambiente político general frenan la inversión y deterioran las perspectivas de crecimiento en 2016», dijo Ricardo Aceves, economista principal para Estados Unidos en FocusEconomics. Los analistas han recortado sus previsiones de crecimiento del PIB de los EE.UU. a lo largo de este año y ahora esperar un crecimiento del 1,6% en 2016, lo que está por debajo de 2,5% a principios del año.

En cuanto a las distintas políticas propuestas por cada candidato, los expertos en economía encuestados calificaron a Clinton como superior a Trump en todas las áreas. Clinton recibió la puntuación más alta por su política de inmigración, seguida de las políticas monetarias y de energía. La candidata demócrata recibió notas más bajas en la reforma tributaria y el gasto público. Por otro lado, Trump obtuvo las más altas calificaciones de sus políticas energéticas y de salario mínimo, mientras que obtuvo las notas más bajas para la inmigración y el comercio exterior.

«Con el fin de mantener la economía en movimiento, los analistas valoran el plan económico global de Clinton más que el de Trump, por una mejor comprensión de la economía, y creo que su más probable que designe a un buen equipo económico», señaló Aceves.

En cuanto al el mejor equipo económico, los economistas prefieren claramente a Clinton: en un 75% a aproximadamente contra el 6%, piensan que el candidato demócrata será rodeado por el mejor equipo de asesores de política económica y que va a hacer nombramientos más prudentes a la Reserva Federal.

La mayoría de los expertos en economía encuestados piensa que bajo el plan de Clinton la economía EE.UU. crecerá más rápido, tanto en el corto y medio plazo, con el aumento de las tasas de interés de forma moderada. «El estímulo pasará a través de la educación, el gasto en infraestructura, la inmigración y los salarios mínimos», dijo Gregory Daco, economista jefe en EE.UU. Oxford Economics.

Mientras tanto, se espera que las políticas fiscales de Trump sean altamente estimulantes inicialmente, pero sus otras políticas tienden a ser inflacionarias y dado que la economía se acerca al pleno empleo, la reacción de la Fed probablemente será más fuerte. Los analistas también consideran a las políticas comerciales de Trump como altamente perjudiciales tanto en el país como en el extranjero. Bajo el plan económico propuesto por Trump, «en el corto plazo habría gran estímulo fiscal, que incluye recortes de impuestos, y fortalecería el crecimiento. Pero en el largo plazo, una combinación de proteccionismo y una brecha fiscal que no cede dañaría la confianza en la economía «, comentó Tim Cooper, economista global IMC Investigación.

La Encuesta de Elecciones de Estados Unidos FocusEconomics, publicada el martes, se llevó a cabo del 12 al 19 septiembre entre los economistas jefes y economistas de alto nivel de las principales instituciones económicas internacionales y locales en todo el mundo.

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En un año electoral (Argentina, Guatemala, España), no está mal ver algo de «Elección Pública»

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Con los alumnos de la materia “Public Choice”, de la Maestría en Política Económica del SMC comenzamos el análisis de esta disciplina con una presentación de su más importante autor, James Buchanan, quien explica el contenido de este “programa de investigación” en un artículo titulado “Elección Pública: Génesis y Desarrollo de un Programa de Investigación”, publicado en castellano en la Revista Asturiana de Economía RAE Nº 33, 2005. El tema vale la pena, no solamente para los alumnos sino en momentos de plena campaña electoral y proximidad de elecciones en varios países de habla hispana (Argentina, Guatemala, España, por ejemplo). Algunos párrafos:

Buchanan

“Mi subtítulo caracteriza a la elección pública como un programa de investigación en vez de como una disciplina o incluso como una subdisciplina (la definición lakatosiana parece que cuadra muy bien). Un programa de investigación exige aceptar un centro firme de supuestos que imponen límites al dominio de la investigación científica, a la vez que, simultáneamente, la protegen de críticas en esencia irrelevantes. El centro firme de la elección pública se puede resumir en tres supuestos: (1) individualismo metodológico, (2) elección racional, y (3) política-como-intercambio. Los dos primeros bloques de esta construcción científica son los que le dan forma a la economía más básica y generan pocas críticas desde el frente de los economistas, aunque sean centrales en los ataques de los no economistas a esta empresa en su conjunto. El tercer elemento del centro firme es menos familiar y lo trataré de una forma más completa posteriormente.

Desde una perspectiva cronológica, este programa de investigación se vincula a medio siglo, durante el cual se ha creado, desarrollado y madurado. Aunque hubo precursores, algunos de los cuales se incluirán en el relato que sigue, podemos fechar los orígenes de la elección pública a mediados del siglo XX. Y, en sí mismo, este hecho es de gran interés.

Visto retrospectivamente, desde la ventajosa posición de 2003, el “hueco” existente en la explicación científica para el que surgió la elección pública parecía ser tan grande que el desarrollo del programa da la impresión de haber sido inevitable.

Al salir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, incluso en las democracias occidentales, estaban asignando entre un tercio y un medio de su producto total a través de instituciones políticas de tipo colectivo en vez de a través de los mercados. A pesar de ello, los economistas estaban dedicando sus esfuerzos de manera casi exclusiva a explicaciones-interpretaciones del sector de mercado. No se le dedicaba atención a la toma de decisiones políticas de tipo colectivo. Los profesionales de la ciencia política no lo hacían mejor. No habían desarrollado bases explicativas, no contaban con teoría, por así decirlo, de las que se pudieran deducir hipótesis falsables en términos operativos.

Así pues, el sector politizado de las interacciones sociales estaba, en su conjunto, “pidiendo a gritos” modelos explicativos diseñados para contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observaba. Mi propia e insignificante primera aportación al tema (Buchanan, 1949) fue poco más que un llamamiento dirigido a aquellos economistas que estudiaban los impuestos y los gastos en el sentido de que prestaran alguna atención a los modelos de políticas que se suponía estaban vigentes. Y, con la excepción del importante, pero olvidado, trabajo de Howard Bowen (1943), incluso aquéllos que habían realizado las contribuciones seminales reconocidas no parecían apreciar el hecho de que estaban entrando en territorio desconocido.”

Se vienen las elecciones y se vino el «ciclo politico presupuestario»: este año, de $100.000 millones

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El diario La Nación trae este domingo un importante artículo titulado “Empapelados: una apuesta electoral de $100.000 millones” donde principalmente comenta la jugada del gobierno para expandir la demanda en vísperas de las elecciones, y así obtener el resultado favorable del “voto oficialista porque estoy consumiendo mucho”: http://www.lanacion.com.ar/1807580-empapelados-una-apuesta-electoral-de-100000-millones

El tema es desarrollado en el libro en el marco de lo que se llama “ciclo político presupuestario”:

“El ciclo político presupuestario se refiere a la manipulación de los instrumentos de política económica a la vista de las próximas elecciones. Este fenómeno ha sido estudiado durante un largo tiempo (Kalecki 1943; Nordhaus 1975; Hibbs 1977), habiendo dado origen a dos versiones: según la primera, los políticos generan un ciclo político de crecimiento del gasto público antes de las elecciones, para generar un auge del consumo y mejorar sus posibilidades de ser reelegidos; según la segunda, el ciclo se produce porque distintos partidos políticos tienen diferentes preferencias de gasto y la alteración en el poder da lugar a que durante un periodo crezca un cierto tipo de gastos y durante otro uno diferente. Frey y Schneider (1978a, 1978b) combinan ambas, señalando que el partido en el poder aumenta el gasto previamente a la elección y lo hace, obviamente, con aquel gasto que prefiere. Lo mismo el partido alternante.

Solía pensarse que esto ocurría sobre todo en los países con democracias inestables, poco consolidadas, e incluso más bien débiles. Alt y Lassen (2005) muestran que ocurre en todas partes, sobre todo donde no se ve. Los trabajos más recientes sobre la materia tendían a descartar que estas manipulaciones fiscales ocurrieran en los principales países industriales, ya que en ellos los votantes podían controlar y evaluar mejor el proceso de políticas fiscales. Sin embargo, los autores han señalado que la existencia de estos ciclos depende mucho de la transparencia de las instituciones presupuestarias y también de la polarización de los partidos políticos.

La transparencia fiscal permite a los votantes observar o inferir las causas y consecuencias de la política fiscal gubernamental, ya sea directamente o a través de los medios. La capacidad de separar aquellas políticas oportunistas de otras con otras motivaciones depende de la naturaleza del proceso de decisiones electorales y de la información que tengan disponible.

Según varios economistas que han estudiado este fenómeno, los políticos buscan su relección, ya sea para obtener rentas propias o para implementar sus políticas preferidas. Los votantes no pueden observar fácilmente la capacidad del gobernante o el nivel de endeudamiento, por lo que los políticos van a tender a endeudarse y tener déficits para aparecer más competentes ante los votantes.

Si los votantes pudieran separar esto, podrían darse cuenta y señalar su opinión en el momento de votar. Los autores elaboraron un indicador de transparencia y de control fiscal, basado en cuatro categorías: procedimientos más transparentes, un lenguaje claro y no arbitrario, mayor número de justificaciones respecto de cada gasto, algún control independiente en relación con todo lo expresado antes.

Con base a ese índice de transparencia, los autores investigaron si los ciclos políticos presupuestarios difieren entre países con alta o baja transparencia. Sus resultados muestran que el déficit fiscal en los primeros es, en promedio, del 3.01% del PIB en un año no electoral, comparado con un 3.05% en uno de elecciones. En los países con poca transparencia fiscal serían menores, pero con un ciclo político más definido: 2.62% del PIB sin elecciones y 3.32% con ellas.

Según los autores, las cosas no cambian mucho en los países con mucha transparencia fiscal, porque los votantes se dan cuenta de la conducta oportunista de los gobernantes y tienden a sancionarla en las urnas.

Abrams y Butkiewicz (2011) analizaron las grabaciones de las conversaciones entre el presidente norteamericano Richard Nixon y funcionarios como el Secretario del Tesoro (Conally) o el presidente de la Reserva Federal. Estos muestran con claridad la motivación existente detrás de lo que aquí se ha llamado “ciclo político presupuestario”. Según los autores, Nixon sabía muy bien las consecuencias inflacionarias de una política monetaria expansiva, no obstante lo cual utilizó todo tipo de maniobras para presionar al presidente de la Reserva Federal a bajar las tasas de interés, amenazándolo con no renovar su mandato o buscando un nuevo miembro para el directorio de la institución monetaria que fuera partidario de la expansión, con la mira puesta en las siguientes elecciones de 1972 .

 

La ignorancia de los votantes: tal vez sería mejor ministro de Economía un comerciante de La Matanza

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Hemos visto reiteradas veces, tanto sea en las materias de Public Choice como en las clases de la UBA Derecho, el problema de la falta de incentivos que tienen los votantes para estar informados. La diferencia esencial con las decisiones que esas mismas personas toman en el mercado es que en éste reciben directamente las consecuencias de sus decisiones, mientras que en la política un voto no define el resultado, por lo que uno no necesariamente recibe el resultado (positivo o negativo) de su propia elección.

Tomemos el caso de un comerciante de La Matanza: seguramente conoce bastante bien a sus proveedores, los productos que ofrecen, su costo, a cuánto los puede vender, etc. Sus decisiones en ese campo definen los resultados que obtendrá. Veamos lo que conoce sobre la política.

En una muy interesante columna publicada en La Nación con el título de “Viaje al corazón del pueblo argentino”, Jorge Fernández Díaz comenta:

“Scioli tiene cara de bueno, Massa es joven, Macri sabe y Cristina es una mujer inteligente. Ésta es la caracterización política que hace un comerciante de clase media de La Matanza en un focus group al que asisto en silencio. El hombre parece derrotado. Asegura tener guardado en su casa un revólver Smith & Wesson calibre 32 por si vienen a asaltarlo, y a la vez le parece que es muy difícil bajar los niveles de inseguridad. No puede irse de vacaciones porque el año fue muy malo, pero no hace de la inflación un drama. Piensa que sería bueno cambiar, pero quiere que se haga con prudencia porque la cosa está delicada y tiene miedo, y trata de no seguir las informaciones del atril ni de los noticieros porque le resultan aburridas. Una mujer, a su lado, habla de los ojos de Macri y menciona el hecho de que está enamorado. Alguien me cuenta después un caso de las neurociencias. Una vez un puñado de científicos hizo una prueba en Australia: llevaron cien fotos de ciudadanos norteamericanos y les pidieron a un grupo de personas que eligiera las veinte mejores. La selección que hicieron correspondía exactamente con los candidatos que acababan de ser elegidos en los últimos comicios legislativos de los Estados Unidos. Muchas veces la cara determina el voto.” http://www.lanacion.com.ar/1740664-viaje-al-corazon-del-pueblo-argentino

No descarto que la cara diga algo. Después de todo cualquiera de nosotros establece una semblanza de una persona a la que recién conoce en cuestión de minutos. A veces es equivocada, pero muchas veces no. Sin embargo, esto a lo sumo nos puede dar una idea de su personalidad, lo cual no es poco para elegir un gobernante, ya que se necesita una cierta personalidad para llevar adelante los problemas de estado. Pero es como ocuparse de la forma y no del contenido.

Porque, se puede decir que “Macri sabe” o que “Cristina es inteligente”, pero ¿cuál es el conocimiento que tienen? Tal vez son ideas que nos llevan directamente al fracaso. Suele decirse del ministro Kiciloff también que es inteligente (en verdad, el que medianamente no lo es no llega a esas alturas), que obtuvo x medalla en la UBA. Pero si inteligente significa que conoce muy bien a Marx y Keynes y tiene toda la voluntad de llevar adelante las enseñanzas de ambos, mejor sería tener de ministro al comerciante de La Matanza, quien seguramente conoce bien que no se puede gastar de más, que hay que mantener las cuentas en orden y que nunca pudo generarse ingresos emitiendo dinero o promesas de pago.

Digamos entonces que todos son inteligentes y que todos saben, el problema es “lo que saben”. Y que los votantes, como el del ejemplo, son “racionalmente apáticos”, es decir, que no invierten demasiado tiempo para estar informados sobre cuestiones en las cuales luego su decisión está lejos de determinar el resultado ya que su voto es una gota de agua en el océano.

Al menos, para los alumnos que vieron Public Choice lo que encuentra Fernández Díaz no debería sorprenderlos y, es más, pueden incluso presentar una explicación de porqué eso sucede.

Sobre el financiamiento de la política: si no se puede controlar, ¿hay que empezar por ahí?

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Los alumnos de la materia Public Choice, leen a Thomas Mann, director del Programa de Gobierno de la Brookings Institution respecto al financiamiento de las campañas y, en particular, el caso de Italia, tal vez parecido a otros países latinoamericanos:

Votar

“—Italia es un caso que hace volver a la cordura a los reformadores del financiamiento de campañas electorales. Cualquiera que se proponga establecer nuevos reglamentos debiera familiarizarse con la experiencia de países como Italia para comprender que las reglas del financiamiento político no podrán terminar por sí solas con la corrupción, ni aumentar la competencia, ni devolver la legitimidad al sistema político. Recordemos que en 1974 el gobierno italiano aprobó una serie de regulaciones al financiamiento político que resultaron ser una burla. Éstas incluían el financiamiento público de los partidos políticos, restricciones a las donaciones individuales y al gasto electoral total, y publicidad obligatoria de quién donó cuánto a quién. Nadie acató las dos últimas. Pero sí se cumplió el financiamiento público, que vino a agregar un poco más de dinero al ‘botín’ a repartirse.

En particular, permitió satisfacer la demanda de los socialistas, ya que Craxi se transformó en un participante clave que pudo exigir su parte del botín. Si observamos la experiencia italiana, nos damos cuenta de que la única esperanza de cambio llega cuando suceden hechos mucho más dramáticos.

Ciertamente, no sólo se requirió el esfuerzo de los magistrados italianos, la llamada operación ‘manos limpias’, sino también un cambio en el sistema electoral —la substitución de un estricto sistema de representación proporcional por un sistema en que el 75% de los escaños se elige en distritos uninominales— para lograr que un sistema corrupto, clientelístico, que había operado durante décadas, pusiera en marcha una serie de fuerzas que están comenzando a producir un patrón de competencia entre las dos principales alianzas.

Por consiguiente, lo que se puede rescatar de la experiencia italiana es que los reglamentos del financiamiento político han tenido un efecto relativamente pequeño en la configuración de la democracia italiana y en el desempeño del gobierno. Las prácticas de financiamiento político incentivaban la corrupción, pero las regulaciones impuestas para reformar el sistema lo empeoraron en vez de mejorarlo. Fue una burla de reforma. Mis conclusiones son: primero, no siempre hay que comenzar por cambiar las reglas del financiamiento de las campañas cuando se está tratando de lograr objetivos más amplios en una democracia. Es más importante comenzar por la independencia de la prensa, el fortalecimiento del poder judicial, la integridad del servicio público, el régimen de sueldos de los funcionarios públicos, el sistema constitucional y el sistema electoral. Mi segunda conclusión es que las reglas y reglamentos del financiamiento político deben redactarse con pleno conocimiento del modo en que actúan realmente los distintos actores involucrados. Es decir, hay que ser pragmáticos y es necesario tener un conjunto de reglas y un aparataje administrativo que sea capaz de hacerlas cumplir, de lo contrario sólo se empeora aún más la situación.”

 

El financiamiento de la política: ¿estatal o privada?;¿es mejor que ésta sea pública o reservada?

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El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile considera en su última publicación un tema polémico, el financiamiento de la política: http://www.lyd.com/temaspublicos/editora/TP1178Financiamientodelapolitica.pdf

Sus dos conclusiones serán discutidas tanto sea por quienes se oponen al financiamiento público y también por aquellos que se oponen a los aportes privados. En resumen, el trabajo concluye:

«Se ha instalado en la agenda pública el tópico de la relación entre dinero y política. El dilema del asunto en cuestión es que la actividad política requiere de fuentes de financiamiento. La experiencia internacional sugiere que los diseños mixtos, es decir, con fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, han permitido una sana conjugación entre los principios de transparencia, participación, autonomía y competencia en el sistema político. Contrario a lo planteado por visiones más maximalistas desde el punto de vista de la regulación, las normativas draconianas no han dado buenos resultados en términos de los principios señalados anteriormente. Como señalan Casas y Zovatto, a partir de este tipo de regulaciones «entre más difícil se haga a los partidos y candidatos recaudar fondos por vías legales, más probable será que recurran a procedimientos oscuros y cuestionables».

Supongo que la mayoría de los alumnos de Derecho apoyarán el financiamiento público y que los lectores más libertarios la rechazarán. Más sorprendente es la opinión sobre los aportes privados y su defensa de la “reserva”:

“Respecto del sistema de donaciones reservadas, en la línea de lo planteado por Valdésiv y Ackerman & Ayresv consideramos que la reserva de la identidad del donante es un instrumento que permite frenar intercambios de carácter corrupto. Tal y como el voto secreto fue la mejor herramienta para hacer de la compra de votos una práctica difícil de verificar para el oferente de clientela, las donaciones reservadas y anónimas permiten a los políticos “desentenderse de una deuda con el donante, alegando incertidumbre respecto a su cuantía o inexistencia (…) para que esta restricción sea efectiva, se requiere impedir que el beneficiario pueda comprobar que un donante le aportó la suma que dice haber aportado”. Aunque parezca contra intuitivo, si el donante efectivamente cuenta con medios verificables de presión hacia el accionar político por la vía de grandes donaciones, la posibilidad de captura será mayor, y como en tantos otros ámbitos de política pública, de eliminarse las donaciones anónimas y reservadas, en aras de perseguir un fin A (en este caso transparencia), se podría maximizar un resultado no esperado B (aumentar la corrupción).

Como segundo punto, y en lo que respecta a la máxima de total transparentación, resulta prudente resguardar el legítimo derecho a la reserva de la preferencia política. El «lado b» de la plena transparencia en materia de fuentes de donación es que puede constituir un desincentivo para donantes particulares que por temor a situaciones de acoso o represalias optan, en definitiva, por reprimir su participación electoral vía fórmulas de financiamiento. Al respecto, la evidencia es concluyente, y demuestra a partir de pruebas experimentales, que la plena divulgación de las fuentes de financiamiento tiene un efecto estadísticamente significativo en la disposición a aportar en una campaña política, acentúandose el efecto, entre los pequeños donantes. En definitiva, frente a la posibilidad de que las donaciones no sean reservadas, la disposición a donar disminuye.

Los enfoques prohibicionistas en materia de financiamiento de la política suelen ser empleados como candados o dispositivos y reducen la incertidumbre por parte de los candidatos incumbentes. Existe basta evidencia en la literatura que indica que el gasto electoral del candidato desafiante tiene un efecto estadísticamente significativo en su performance electoral, situación que no siempre se da a nivel de candidatos incumbentes, quienes al poseer el capital de conocimiento, no requerirían de grandes aportes económicos en sus campañas.

La evidencia en el caso de Chile desarrollada por Agostini y Morales y Piñeiro documenta ventajas importantes de los candidatos incumbentes en cuanto a los retornos electorales de su financiamiento, los cuales incluso, operan como multiplicador del gasto.

Si el diagnóstico generalizado de que nuestro sistema político requiere más competencia es sincero, entonces, el establecimiento de mayores límites al financiamiento de manera directa o indirecta (prohibición de donaciones de empresas o fin a la donaciones reservadas) no parecen ser medidas idóneas por cuanto limitan aún más el margen de acción de los candidatos desafiantes.”