El nuevo gobierno argentino se enfrenta a un problema, generado arteramente por el gobierno anterior. Éste, para disimular la escasez de reservas en el Banco Central como resultado del llamado ‘cepo cambiario’, vendió contratos futuros para la compra de dólares a un precio que, tanto los que vendían como los que compraban, sabían que iba a estar muy alejado de la realidad al momento en que deban hacerse efectivos.

Para nuestros lectores de otros países no hace falta entrar en detalles, pero digamos que el Banco Central vendía dólares futuros a 10 pesos cuando todo el mundo sabía que una devaluación era inevitable y que a su vencimiento el dólar se podría cotizar en alrededor de 15 pesos. Es decir, comprar a 10 y en unos meses luego poder vender a 15. Esta operación se hizo a la vista de todos e incluso cumpliendo requisitos contractuales legales. No obstante, el nuevo ministro de Economía, y otros, presentaron una demanda judicial contra el entonces presidente del Banco Central acusándolo de estar vendiendo dólares a un precio incluso más bajo al que se compraban futuros en Nueva York.

Esta demanda está en curso y el nuevo ministro se enfrenta con el problema de qué hacer, dado que los dólares que se vendieron en principio no existen, es decir, el Banco Central no tiene cómo pagarlos.

Seguramente tiene varias opciones por delante, que estarán siendo estudiadas en estos días, pero a los libertarios nos plantea un dilema que quisiera presentar aquí, enfrentando dos posiciones respecto a la actitud que debe tener el estado en sus contratos.

Primera posición: el respeto del derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos es una ley básica y fundamental de toda sociedad liberal. Es más, la función del estado es, precisamente, verificar el cumplimiento de estas leyes, y no podría, entonces, él mismo violarlas. Esta visión, se basa en una famosa frase de David Hume acerca de los principios básicos de una sociedad abierta:

“Where possession has no stability, there must be perpetual war. Where property is not transferred by consent, there can be no commerce. Where promises are not observed, there can be no leagues nor alliance.”

Segunda posición: puede verse en esta cita de Murray Rothbard: “… la transacción de la deuda pública es muy distinta de la de la deuda privada. En lugar de un acreedor con una baja preferencia temporal intercambiando dinero por un pagaré de un deudor con alta preferencia temporal, el gobierno recibe ahora dinero de los acreedores, sabiendo ambas partes que el dinero que se devuelva no vendrá de los bolsillos de políticos y burócratas, sino de las carteras saqueadas de los contribuyentes indefensos, los súbditos del estado. El gobierno obtiene el dinero por coacción fiscal y los acreedores públicos, lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción.”

Rothbard propone repudiar la deuda:

“Aparte del argumento de la moralidad o santidad del contrato contra el repudio que ya hemos explicado, el argumento económico habitual es que ese repudio es desastroso porque quién en su sano juicio volvería a prestar a un gobierno repudiante. Pero el contraargumento eficaz se ha considerado raras veces: ¿por qué debería inyectarse más capital privado en las ratoneras del gobierno? Es precisamente la eliminación de futuros créditos públicos lo que constituye uno de los principales argumentos para el repudio, pues significa secar beneficiosamente un canal de destrucción inútil de los ahorros de la gente. Lo que queremos son ahorros abundantes e inversión en empresas privadas y un gobierno delgado austero, de bajo presupuesto, mínimo. El pueblo y la economía solo pueden hacerse grandes y poderosos cuando el gobierno es frugal y enclenque.”

“Pero si este plan se considera demasiado draconiano, ¿por qué no tratar al gobierno federal como se trata a cualquier bancarrota privada (olvidando el Capítulo 11)? El gobierno es una organización, así que ¿por qué no liquidar los activos de la organización y pagar a los acreedores (los tenedores de bonos públicos) una porción a prorrata de dichos activos? La solución no costaría nada al contribuyente y asimismo le libraría de 200.000 millones de dólares en pagos anuales de intereses. Se obligaría al gobierno de Estados Unidos a regurgitar estos activos, venderlos en subasta y pagar a los acreedores de acuerdo con ello.

Qué activos del gobierno? Hay una gran cantidad de activos, de la Tennessee Valley Authority a los parques nacionales a distintas estructuras como Correos. Las enormes oficinas de la CIA en Langley, Virginia, deberían generar un buen lugar para edificar chalets para todos los trabajadores dentro de la circunvalación. Tal vez podríamos echar a las naciones Unidas de las Estados Unidos, reclamar los terrenos y edificios y venderlos para casas de lujo para las celebridades del East End. Otro descubrimiento de este proceso sería una privatización masiva del terreno socializado en el Oeste de Estados Unidos y también del resto del país. La combinación de repudio y privatización llegaría reducir la carga fiscal, estableciendo una sensatez fiscal y desocializando Estados Unidos.”

En fin, ¿qué opinan los lectores?