El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile considera en su última publicación un tema polémico, el financiamiento de la política: http://www.lyd.com/temaspublicos/editora/TP1178Financiamientodelapolitica.pdf
Sus dos conclusiones serán discutidas tanto sea por quienes se oponen al financiamiento público y también por aquellos que se oponen a los aportes privados. En resumen, el trabajo concluye:
«Se ha instalado en la agenda pública el tópico de la relación entre dinero y política. El dilema del asunto en cuestión es que la actividad política requiere de fuentes de financiamiento. La experiencia internacional sugiere que los diseños mixtos, es decir, con fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, han permitido una sana conjugación entre los principios de transparencia, participación, autonomía y competencia en el sistema político. Contrario a lo planteado por visiones más maximalistas desde el punto de vista de la regulación, las normativas draconianas no han dado buenos resultados en términos de los principios señalados anteriormente. Como señalan Casas y Zovatto, a partir de este tipo de regulaciones «entre más difícil se haga a los partidos y candidatos recaudar fondos por vías legales, más probable será que recurran a procedimientos oscuros y cuestionables».
Supongo que la mayoría de los alumnos de Derecho apoyarán el financiamiento público y que los lectores más libertarios la rechazarán. Más sorprendente es la opinión sobre los aportes privados y su defensa de la “reserva”:
“Respecto del sistema de donaciones reservadas, en la línea de lo planteado por Valdésiv y Ackerman & Ayresv consideramos que la reserva de la identidad del donante es un instrumento que permite frenar intercambios de carácter corrupto. Tal y como el voto secreto fue la mejor herramienta para hacer de la compra de votos una práctica difícil de verificar para el oferente de clientela, las donaciones reservadas y anónimas permiten a los políticos “desentenderse de una deuda con el donante, alegando incertidumbre respecto a su cuantía o inexistencia (…) para que esta restricción sea efectiva, se requiere impedir que el beneficiario pueda comprobar que un donante le aportó la suma que dice haber aportado”. Aunque parezca contra intuitivo, si el donante efectivamente cuenta con medios verificables de presión hacia el accionar político por la vía de grandes donaciones, la posibilidad de captura será mayor, y como en tantos otros ámbitos de política pública, de eliminarse las donaciones anónimas y reservadas, en aras de perseguir un fin A (en este caso transparencia), se podría maximizar un resultado no esperado B (aumentar la corrupción).
Como segundo punto, y en lo que respecta a la máxima de total transparentación, resulta prudente resguardar el legítimo derecho a la reserva de la preferencia política. El «lado b» de la plena transparencia en materia de fuentes de donación es que puede constituir un desincentivo para donantes particulares que por temor a situaciones de acoso o represalias optan, en definitiva, por reprimir su participación electoral vía fórmulas de financiamiento. Al respecto, la evidencia es concluyente, y demuestra a partir de pruebas experimentales, que la plena divulgación de las fuentes de financiamiento tiene un efecto estadísticamente significativo en la disposición a aportar en una campaña política, acentúandose el efecto, entre los pequeños donantes. En definitiva, frente a la posibilidad de que las donaciones no sean reservadas, la disposición a donar disminuye.
Los enfoques prohibicionistas en materia de financiamiento de la política suelen ser empleados como candados o dispositivos y reducen la incertidumbre por parte de los candidatos incumbentes. Existe basta evidencia en la literatura que indica que el gasto electoral del candidato desafiante tiene un efecto estadísticamente significativo en su performance electoral, situación que no siempre se da a nivel de candidatos incumbentes, quienes al poseer el capital de conocimiento, no requerirían de grandes aportes económicos en sus campañas.
La evidencia en el caso de Chile desarrollada por Agostini y Morales y Piñeiro documenta ventajas importantes de los candidatos incumbentes en cuanto a los retornos electorales de su financiamiento, los cuales incluso, operan como multiplicador del gasto.
Si el diagnóstico generalizado de que nuestro sistema político requiere más competencia es sincero, entonces, el establecimiento de mayores límites al financiamiento de manera directa o indirecta (prohibición de donaciones de empresas o fin a la donaciones reservadas) no parecen ser medidas idóneas por cuanto limitan aún más el margen de acción de los candidatos desafiantes.”