Las tareas originalmente asignadas al estado eran las vinculadas con la seguridad, tanto interna como externa, las que pueden ser explicadas en términos de bienes públicos, también las relaciones exteriores y la provisión de justicia, pero el espectro es ahora mayor incluyendo, entre otros, la promoción de productos de un país en el exterior, el desarrollo del arte y la cultura local, la ayuda a los carenciados y la promoción del deporte.

Pero la administración estatal de servicios se enfrenta a problemas de incentivos que le impiden alcanzar la eficiencia. En el sector público los incentivos de la administración son más débiles. Los buenos administradores no se pueden llevar parte de las ganancias, tampoco sufren las pérdidas. Sus incentivos son más débiles que los del sector privado y esto, sumado a la estabilidad de la que normalmente gozan en sus puestos, lleva a mayores niveles de ineficiencia. Estos se expresan normalmente en estructuras burocráticas pesadas, resistentes a los cambios y proclives a la corrupción. Los representantes políticos, por otra parte, están sujetos a premios y castigos que expresan los votantes en el momento de votar, pero son necesariamente de corto plazo, dada la necesaria renovación de los mandatos.

El Estado, además, provee necesariamente una sola cantidad del bien público. Es decir, cuando lo provee lo hace para todos, lo que no permite que se satisfagan preferencias diversas. Por ejemplo, el Estado provee un servicio de seguridad en la forma de policía y financia esto con el cobro de impuestos. Algunos podrían desear más policía y menos crimen, y estar dispuestos a pagar más impuestos por ello; otros podrían desear menos y gastar menos. Los que deseen más seguridad terminan contratándola en el mercado; los que desean menos no tienen forma de evitarlo, al menos legalmente, ya que podrían volverse evasores. En el mercado, cada uno decide la cantidad y calidad que quiere obtener sujeto a su restricción presupuestaria.

Esa lección elemental aparece hoy evidente en el caso de la salud en Canadá. Allí existe un “Sistema Nacional de Salud” administrado por el Estado, el cual suele ser mencionado como modelo por muchos médicos y políticos locales. No obstante, tal vez el lector recuerde haber visto la película “Las Invasiones Bárbaras”, donde lo que allí aparecía no era muy diferente de un hospital cualquiera en América Latina (Esmail y Walker, 2004).

Pues como en el sistema estatal no hay “precios”, lo que la economía nos enseña es que cuando no hay precios, o se acercan a cero para los usuarios, entonces la demanda se expande. Por supuesto que la no existencia de precios no significa que el sistema sea gratuito, alguien tiene que pagar los costos, y en este caso ese alguien es el gobierno. Pero para todos, incluso para el gobierno de Canadá, los recursos son escasos, sobre todo comparados con una demanda exacerbada por lo poco o nada que paga el consumidor. A ese exceso de demanda sobre oferta le queda sólo un camino: ajustar por cantidad, habrá tan sólo tantos consumidores satisfechos como la oferta pueda atender, y el resto deberá esperar.

Al respecto, el informe mencionado muestra que el tiempo de espera promedio desde que el paciente es atendido por un médico clínico hasta el tratamiento para 12 especialidades y 10 provincias estudiadas es de 17,9 semanas, un poco más que las 17,7 semanas de 2003. Esta espera se compone de dos períodos diferentes. El primero es la derivación del médico clínico a la consulta con el especialista, la que alcanza las 8,4 semanas en promedio. El segundo es el tiempo entre la consulta con el especialista y el tratamiento, cuya espera es de 9,5 semanas.

Por supuesto que aquellas situaciones más graves tienen períodos de espera menores, no es lo mismo en cada especialidad. Así, por ejemplo, las de menor espera para ambos períodos juntos son: oncología (5,6 semanas), radiación oncológica (7,8 semanas) y cirugía general (9,9 semanas). Las esperas más largas se dan en cirugía ortopédica (37,9 semanas), cirugía plástica (35,8 semanas) y tratamiento oftalmológico (28,7 semanas). Los autores realizan también una comparación entre estos tiempos de espera y lo que los especialistas consideran que sería un tiempo “razonable”. Tomando en cuenta todas las especialidades concluyen que el tiempo de espera excede la razonable en un 88%.

Además de estas esperas, los pacientes deberían igualmente esperar cierta clase de tecnologías para diagnóstico, tales como tomografía computada, resonancia magnética y ultrasonido. La espera promedio para la primera es de 5,2 semanas, para la segunda de 12, 6 y para la tercera de 3,1 semanas. En cuanto a la cantidad de procedimientos que la gente estaba esperando al 30 de Junio de 2004, la cifra es de 815.663. Finalmente, los autores comentan que el sueño de un sistema de salud igualitario tampoco se estaría cumpliendo, ya que personajes famosos o conectados políticamente podrían eludir las listas de espera para cirugía cardiovascular, que los residentes suburbanos y rurales no tienen el mismo acceso, la igual que los de menores ingresos. Pero aún si fuera un sistema igualitario, estaría igualando a todos en la espera.