Rizzo discute a Calabresi & Melamed: calcular costos y beneficios es imposible, mejor la responsabilidad estricta

Con los alumnos de Law & Economics del Master en Environmental Entrepreneurship de la UFM completamos el análisis del trabajo de Calabresi y Melamed con el de Mario Rizzo “Law amid Flux: The Economics of Negligence and Strict Liability in Tort”, The Journal of Legal Studies, 1980:

“Tradicionalmente, las nociones no económicas de la negligencia se basan generalmente en conceptos tan intrínsecamente vagos como la falta de ‘debido cuidado’ o la ausencia de un nivel de cuidado que hubiera tomado una ‘persona razonable’. El enfoque basado en la eficiencia económica intenta lograr que este concepto sea más riguroso. La negligencia puede definirse en términos económicos como la conducta del individuo maximizador de utilidad cuando no tiene que hacerse cargo de los costos sociales de su accionar. Para que esta definición sea operativa, debe poder medir, con cierta justeza tolerable, los costos sociales relevantes. Esta no es una tarea sencilla; y si nuestra tesis es correcta, es fundamentalmente imposible. La no-negligencia se refiere a la conducta que hubiera tomado un agente racional si hubiera sido responsable de todos los costos sociales de su conducta. Esta formulación muestra claramente la naturaleza contrafáctica de las predicciones necesarias. Así, el tipo de evidencia que iluminaría estas hipótesis contrafácticas es, al menos, indirecta.

El enfoque basado en la eficiencia no solamente requiere que las hipótesis sobre la negligencia del acusado sean verificadas, sino también una investigación acerca de la negligencia (contribuyente) del demandante. Sin embargo, si la doctrina de la negligencia compartida ha de interpretarse como una defensa de quien pudiera evitar el daño al menor costo, nuestra tarea no estaría completa todavía. Si encontramos que tanto el demandante como el demandado han sido negligentes, debemos determinar cuál de las partes podría haber evitado el accidente al menor costo. Por lo tanto, somos llevado a comparar dos hipótesis contrafácticas: si se exigiera a A asumir todos los costos sociales de su conducta, habría evitado el accidente a un costo de X; y si B fuera responsable de esos costos sociales lo habría evitado a un costo de Y. Ahora bien, si X es menor que Y, el principio de la eficiencia implica que A debería ser responsable del daño producido por el accidente. La cuestión no es comparar lo que ha sucedido, sino especular acerca de los que podría haber sucedido en dos mundos alternativos, y entonces comparar los resultados.

En términos puramente formales, la reformulación de la ley de negligencia en base a la eficiencia parece ser más precisa, pero la precisión operativa de este enfoque descansa en la facilidad con que puedan determinarse las reales contrapartes  de las categorías teóricas. Incluso un teórico tan comprometido con la eficiencia como Harold Demsetz ha admitido recientemente que ‘es tan difícil conocer cuáles son las consideraciones de eficiencia subyacentes…’. Por lo tanto, si la promesa de agregar más precisión al concepto de negligencia ha de cumplirse, debe haber algún método para probar las hipótesis relevantes.”

Rizzo afirma que, en ese sentido, es más eficiente la tradicional norma de la responsabilidad estricta. Concluye:

“Un análisis más formal de la forma en que la regla de la responsabilidad estricta mejora la certidumbre sería, sin duda, valioso. Pero parece claro que dado que el paradigma del ‘cálculo de costos’ simplemente una ilusión, la única base sobre la que puede compararse la ‘eficiencia’ de los sistemas es a un nivel fundamentalmente institucional. La cuestión central es, entonces: ¿qué marco legal provee un entorno más estable para que los individuos persigan sus propios fines en armonía entre sí? Irónicamente, es precisamente porque vivimos en un mundo dinámico donde la información que los reguladores necesitan no está disponible, que la respuesta debe ser el viejo y estático sistema de la responsabilidad estricta.”

Más sobre la economía del bienestar, el superávit del consumidor, el tabaquismo y las advertencias publicitarias

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Durante décadas, la literatura de salud pública ignoró el método económico y consideró el tabaquismo como una enfermedad involuntaria que sólo tenía costos y ningún beneficio. Contrariamente a la economía del bienestar ya los análisis de costo-beneficio, la teoría y la promoción de la salud pública se basaron en las preferencias de quienes realizan la investigación y la promoción. En sus declaraciones de política pública, la investigación en salud pública era casi científica. Esto no es sorprendente porque la salud pública contemporánea es más un movimiento político que un campo científico de estudio. (Ver “Los peligros de la salud pública”, otoño de 2015.)

A partir de la década de 1980, varios economistas mostraron que la investigación en salud pública sobre los costos y beneficios del tabaquismo era metodológicamente errónea. Los investigadores en salud pública no tuvieron en cuenta los beneficios subjetivos de los fumadores. Confundían los costos privados y externos, suponiendo que la productividad de un fumador pertenece a la “sociedad”. Confundían costos reales y meros traslados. Cometían muchos otros errores elementales. En un artículo del British Journal of Addiction de 1989, los economistas A. Markandya y D.W. Pearce escribió: “La conclusión primordial sobre la literatura empírica debe ser que las diversas estimaciones producidas generalmente carecen de fundamento en una teoría adecuada del costo social”. Muchos otros economistas mostraron que, con una contabilidad adecuada de los costos, no había un costo externo neto de fumar. La demostración fue devastadora, o debería haber sido.

En la década de 1990, el Banco Mundial vino al rescate del movimiento antitabaco. Esta organización reunió a un grupo de economistas que comenzaron a hacer el análisis costo-beneficio en su cabeza. Afirmaron que los fumadores no tenían el excedente del consumidor que creían tener porque carecían de información completa sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo y porque eran adictos al tabaco. Su argumento era irregular, pero se podría argumentar que fue una gran mejora sobre el desierto metodológico de la defensa de la salud pública. (Véase “La economía del tabaco del Banco Mundial”, otoño de 2001.)

Sin embargo, los economistas del Banco Mundial fueron prudentes. “Los fumadores claramente reciben beneficios del tabaquismo”, admitió un cuarteto de autores que incluía al conocido economista Frank Chaloupka en un libro de 2000 patrocinado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, “de lo contrario no pagarían por hacerlo”. Kenneth Warner, profesor del Departamento de Gestión y Política de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y otro economista externo del Banco Mundial, escribió que “el tabaco produce utilidad para algunos miembros de la sociedad” y “esto La utilidad merece el reconocimiento (y tal vez algún respeto) en la planificación de una política de control óptima “.

Nueve “economistas prominentes”

Esta prudencia pronto fue rechazada. Una vez descubierto el truco del excedente de los cultivos, los economistas dirigistas y los activistas de salud pública se convirtieron rápidamente en adictos a esta nicotina metodológica. Ellos eran asistidos por el elitismo del campo en desarrollo de la economía conductual, que tiende a rechazar el valor normativo de las preferencias individuales.

Hoy, los economistas revisionistas y sus nuevos ventiladores de la salud pública abiertamente demandan que el análisis estándar del coste-beneficio no se aplica al tabaco. Los fumadores mal informados y adictos no pueden tomar decisiones racionales y prácticamente no tienen excedentes de consumo, afirman. Por ejemplo, nueve economistas, presentándose como “un grupo de economistas prominentes”, hicieron este argumento en un artículo de Control del Tabaco de 2014. Criticaron a la FDA por tomar el análisis de costo-beneficio demasiado en serio cuando evaluó los beneficios sociales y los costos de las advertencias gráficas (antes de que su mandato fuera anulado por un tribunal).

Los “economistas prominentes” rechazaron los “supuestos de la teoría económica tradicional” y declararon que “casi todo el” placer perdido “del uso del tabaco, tal como se representa por el excedente del consumidor medido convencionalmente, no debería ser incluido como costo en los análisis de la FDA Económico de sus reglamentos sobre el tabaco “. Es breve, escribieron,” nos parece inapropiado medir el área bajo una curva de demanda para definir el bienestar “.

El control del tabaco es una criatura interesante en sí mismo. A pesar de todas las campanas y silbidos de una revista revisada por pares, se parece más a un órgano activista del movimiento contra el tabaquismo. Kenneth Warner, uno de los economistas raros asociados con el control del tabaco y el presidente de su consejo editorial, fue uno de los firmantes del artículo. Tanto Warner como Chaloupka ejemplifican a los economistas que han descartado el excedente del consumidor al tratar con el tabaco.

Antes del artículo sobre el control del tabaco de 2014, la FDA no era un portaestandarte del análisis de costo-beneficio ni un brillante defensor del excedente del consumidor. Su análisis de costo-beneficio de 2011 -el criticado en el artículo de los nueve economistas- reconoció que “el concepto de excedente del consumidor es una herramienta básica de la economía del bienestar”. Esta herramienta no podía ser rechazada si se realizaba un “análisis completo y objetivo” A realizarse de acuerdo con las directrices federales. Sin embargo, sugirió recortar el 50% del excedente del consumidor de los fumadores, frente al 75% propugnado por el Banco Mundial y el artículo sobre el control del tabaco.

Las manipulaciones de la FDA y los nueve economistas son bastante complicadas y desordenadas. El “análisis de costo-beneficio” del gobierno australiano hizo todo más fácil simplemente rechazando el excedente del consumidor por completo. Invocando a los “economistas prominentes”, un resumen de dos páginas en el informe concluye que “la pérdida del excedente del consumidor no es una consideración apropiada con respecto a las intervenciones de control del tabaco” porque fumar no representa la “verdadera preferencia” de los fumadores.”

Esta modificación ad hoc a la metodología económica estándar viola las propias reglas del gobierno australiano para el análisis de costo-beneficio, que no mencionan ninguna posibilidad de incluso reducir el excedente del consumidor. Por el contrario, su Manual de Análisis de Costo-Beneficio claramente afirma: “Un principio básico es que los bienes valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos”. Pero cuando usted quiere absolutamente probar algo, incluso los principios básicos no deben ser obstáculos.”

Regulaciones sobre los cigarrillos: buen caso para analizar la economía del bienestar y el cálculo de costos y beneficios

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Análisis de costo-beneficio es la aplicación práctica de la economía del bienestar, un campo de la teoría económica. Proporciona un método para evaluar las políticas, programas y proyectos del gobierno de acuerdo con su contribución al “bienestar social”, es decir, a la utilidad o bienestar de todos los individuos en la sociedad. Rescindir los costos sociales de la política de sus beneficios sociales da el cambio en el bienestar social.

La economía del bienestar y el análisis de costo-beneficio están en el lado normativo de la economía. Lo que debe hacerse es la pregunta. En vez de importar una noción externa de lo que es moral o bueno, tradicionalmente los economistas han usado preferencias individuales como criterio último. Las preferencias individuales constituyen el fundamento de la metodología costo-beneficio: todos los costos y beneficios se definen desde el punto de vista de las preferencias subjetivas de los individuos involucrados.

Los costos sociales son el costo total de los recursos reales (mano de obra y capital) utilizados en el proyecto o la política bajo consideración. Se hacen de costos privados (o internalizados) y costos externos. Los costos internalizados son soportados por las partes dispuestas en una transacción y esas partes tienen un amplio incentivo para considerar los costos al decidir si deben operar. Del mismo modo, las partes consideran naturalmente los beneficios internalizados. Los costos externos, también llamados externalidades negativas, son costos reales que se trasladan a terceros no dispuestos; Un ejemplo clásico es la contaminación. Del mismo modo y simétricamente, los beneficios sociales son la suma de los beneficios privados para los individuos y de los beneficios externos generados por terceros.

La principal fuente de beneficios privados es el “excedente del consumidor”, definido como la diferencia entre lo que los individuos estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio (o actividad) y el precio que pagan efectivamente. Técnicamente, es el área bajo la curva de demanda menos gastos de consumo. Es el beneficio neto que obtienen los consumidores. Como economista del bienestar y experto en costo-beneficio E.J. Mishan escribió: “El superávit del consumidor es el concepto más crucial en la medición de los beneficios sociales en cualquier cálculo social costo-beneficio”.

El significado normativo del excedente del consumidor proviene de que se basa enteramente en las preferencias individuales, es decir, en cada individuo que evalúa lo que es bueno o malo para sí mismo. Una nota importante: estamos hablando, por supuesto, de las preferencias de los adultos. Por definición, los niños necesitan tutores obligatorios; Los adultos no. Así es como los niños y los adultos se distinguen legalmente en una sociedad libre. Sólo en una filosofía en el polo opuesto de la economía normativa estándar podría el estado reclamar la paternidad sobre los ciudadanos adultos.

Según la economía del bienestar, la intervención del gobierno se requiere si y sólo si las externalidades están presentes; De lo contrario, los mercados libres maximizan automáticamente el bienestar social. Cuando el gobierno considera intervenir, el análisis costo-beneficio trata de determinar si la intervención resultará en más (mayor) beneficios que (aumento) de los costos.

En el caso de la política de control del tabaco, el análisis estándar costo-beneficio equipararía el costo social de la política al costo real de implementación (costos de cumplimiento y cumplimiento privado), más la pérdida en el excedente del consumidor de los fumadores. Los beneficios de la política incluirían cualquier posible aumento del excedente del consumidor de no fumadores, por ejemplo, a través de la reducción de la absorción involuntaria del humo de segunda mano (suponiendo que hay algún daño mensurable e inevitable allí).

Los costos de la atención de la salud de fumar sería una cuestión para cada fumador a considerar cuando él trae su demanda de tabaco para el mercado. La salud y la productividad del fumador adulto le pertenecen, por lo que su decisión de fumar implica sólo costos privados, que (en su evaluación) son inferiores a los beneficios subjetivos que obtiene al fumar. Obsérvese que los gastos de salud subsidiados no son un costo real, sino simplemente una transferencia, que en el caso del tabaquismo va de los fumadores a los no fumadores, ya que los primeros mueren más jóvenes y recaudan menos en las pensiones públicas.”