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Una revisión sobre el desarrollo de la teoría y las políticas públicas regulatorias durante los últimos cuarenta años

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“EL CRECIMIENTO DE LA REGULACIÓN FEDERAL

La visión común de la regulación en los Estados Unidos es que, para su primer siglo o así, el país aceptó el laissez faire; Hubo poca intervención del gobierno en las decisiones privadas del libre mercado. Esto no es completamente cierto; Los gobiernos estatales eran reguladores activos en algunos sectores, especialmente en la banca. Sin embargo, es generalmente correcto decir que la regulación federal fue limitada hasta los años que siguieron a la guerra civil, y se amplió grandemente durante y después del New Deal.

Los responsables de la formulación de políticas normalmente justifican estas intervenciones como necesarias para combatir las «fallas del mercado», situaciones en las que, a su juicio, las interacciones del mercado no producen resultados aceptablemente «eficientes». Estos fracasos incluyen el poder de mercado (un comprador o vendedor, o una colección de compradores o vendedores, domina un mercado y manipula la oferta y los precios, como los monopolios y los cárteles), externalidades negativas (situaciones en que algunos de los costos de una transacción son involuntariamente soportados por no participantes En la transacción, un ejemplo es la contaminación), fallas de información (una parte en una transacción tiene una ventaja informativa sobre otras partes que distorsiona el mercado) y problemas de bienes públicos (un proveedor no puede excluir a los que no pagan, Equitación «sobre los pagos de otros y el bien que se presta como resultado, ejemplos incluyen algunos aspectos de los servicios de bomberos y policía y defensa nacional). Cada uno de estos casos resulta en menos transacciones que en un mercado sin tales fallas, lo que significa ineficiencia y pérdida de bienestar.

Una serie de regulaciones federales y políticas domésticas relacionadas a principios de la era post-Guerra Civil involucraron ferrocarriles. Los encargados de formular políticas creían que la amenaza de la competencia futura en rutas específicas disuadiría a las empresas ferroviarias de hacer costosas inversiones de capital necesarias para atender a las zonas menos pobladas. También les preocupa que los ferrocarriles no puedan reunir suficientes derechos de paso para sus redes ferroviarias. Para ayudar con este último problema, los legisladores ampliaron los poderes federales y estatales del dominio eminente para asegurar esos derechos de tierras para el uso de los ferrocarriles. Posteriormente, los responsables políticos adoptaron una regulación de tarifas para evitar que los ferrocarriles abusaran de su poder de mercado sobre rutas específicas de baja densidad y también requirieran la aprobación federal para que los ferrocarriles abandonaran líneas en estas áreas que ya no querían operar.

Las décadas siguientes vieron intervenciones gubernamentales similares en otras industrias que incluían tecnología madura, incluyendo telefonía, energía, radiodifusión, camiones y aviación de pasajeros, así como esfuerzos generales para combatir el poder de mercado (es decir, «rebajar la confianza»). Finalmente, a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 se observaron más intervenciones federales en los precios minoristas, la mano de obra y la seguridad en las carreteras, así como un amplio impulso a la salud, la seguridad y la regulación ambiental.”

Voto con los pies: además de la consulta popular la semana pasada, ya emigraron dos millones de venezolanos

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Relial, la Red Liberal de América Latina, ha publicado una nueva edición de su revista “Mirada Liberal”, disponible aquí: http://relial.org/biblioteca/libro/migracion-y-libertades-2017

Este número está dedicado al tema de las migraciones. Entre otros interesantes artículos, y dada la situación dramática que se vive en estos días, copio el artículo de María Teresa Romero sobre Venezuela:

“El actual gobierno de Nicolás Maduro –como el anterior de Hugo Chávez– se ha negado a publicar estadísticas, pero entre los registros de inmigrantes de otros países y los de varios estudios de expertos en la materia, en 2015 eran unos dos millones de venezolanos los que habían abandonado Venezuela desde que el denominado Socialismo del Siglo XXI llegó al país, en 1999; una migración semiforzada ante las cada vez más deterioradas condiciones políticas, económicas y sociales nacionales.

Sin embargo, ya se está hablando de cifras mucho mayores. Sólo en los Estados Unidos, se dice que la cifra actual de venezolanos legales e ilegales para este 2017 llegó al millón y medio. En 2015, sólo los residenciados legalmente en ese país se estimaban en unos 260,000; una cantidad ya entonces contrastante con la de 1980 que no pasaba de 33,000 inmigrantes. También en 2015 se produjeron casi 20,000 movimientos migratorios hacia España, un 53% más que en 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Colombia, un reciente artículo del diario El Tiempo, señala lo siguiente: “Pese a que la oficina de Migración de Colombia tiene reportados 40,000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60,000 irregularmente, una investigación liderada del sociólogo y experto en migración venezolana Iván De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), revela que son 900,000 los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1.8% de nuestra población), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país”. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-lamigracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872

Según el sociólogo Tomás Páez de la Universidad Central de Venezuela, autor de uno de los pocos estudios confiables sobre el tema titulado La voz de la diáspora venezolana, la emigración masiva producida en el país hasta el 2015 “implica al 6 o 7% de la población, y de manera indirecta no menos de la mitad de la población, entre familiares y amigos, tiene a alguien fuera de Venezuela” http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-30/venezuela-emigracion-maduro-chavez-diaspora-petroleo_1252510/

En todo caso, cifras considerables, sin precedentes en la historia venezolana y que aumenta cada día en más de 90 países del mundo y de forma alarmante debido a sus impactos más negativos que positivos, no sólo para la sociedad venezolana, sino para el continente americano y en general para todos los países receptores de esta nueva ola migratoria.

La dispar situación de vida del migrante

Es cierto, como señalan numerosos expertos, que la mayoría de los migrantes venezolanos han sido jóvenes profesionales de clase media, altamente formados con estudios universitarios, que han logrado insertarse bien en el mercado laboral de los países de acogida. Pero en la   medida que la crisis política, económica, y humanitaria se incrementa en Venezuela, con niveles de inflación y de inseguridad jurídica y personal de los peores del mundo, emigran al exterior más connacionales de las clases bajas y de todas las edades, buena parte de ellos de forma ilegal. Ello ha declinado ostensiblemente las condiciones de vida de la denominada diáspora de origen venezolano, que en muchos casos están padeciendo grandes necesidades de trabajo y salud.

En la ciudad de Miami en los EE.UU, por ejemplo, la creciente cantidad de familias que han llegado entre 2016 y 2017 desde Venezuela buscando asilo político o quedándose en el país como ilegales -muchas de ellas durmiendo en automóviles y debajo de puentes-, ha hecho que las autoridades migratorias, policiales y otras del gobierno tomen medidas, y que varias asociaciones de venezolanos se organicen para protegerlos. Ya en éste y otros países están evaluando leyes de atención especial para migrantes venezolanos, como se hizo anteriormente con los migrantes cubanos.

En Curazao y otras islas caribeñas vecinas a Venezuela, las autoridades aseguran, aunque sin dar números precisos, que es un hecho que en el último año se ha incrementado de manera preocupante el número de migrantes venezolanos que llegan a las islas para quedarse a vivir en forma ilegal. Llegan por aire y tierra, como turistas e incluso escondidos en balsas pesqueras. Varios reportajes periodísticos de cadenas televisivas, como la mexicana-estadounidense Telemundo, han confirmado en forma audiovisual estos hechos.

Uno de los sectores de migrantes más afectados ha sido el de las mujeres. A la vecina Colombia, por ejemplo, llegan diariamente mujeres embarazadas y en condiciones de pobreza. “Tanto así que solo en los dos primeros meses de este año, ya han sido atendidas 82 mujeres de ese país en la clínica Rafael Calvo, de Cartagena”. http://blogs.eltiempo.com/campamento-de-los-mojados/2017/03/29/embarazadas-pobres-e-inmigrantes-una-travesiade-venezuela-a-colombia/

Pero también en ese país y en muchos otros viven venezolanas en condición de prostitución. Así, en el último informe de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, se establece:

“Se observa un incremento de mujeres procedentes de Venezuela para ejercer la prostitución en Panamá, lo que debe analizarse más exhaustivamente para verificar las condiciones en las que llegan al país y si la actividad realizada responde a una decisión personal o es fruto de haber sido captada por alguna red de trata”. http://elestimulo.com/climax/venezuela-exporta-prostitutas-a-panama/

Otro sector fuertemente afectado es el de la tercera edad y el de jubilados y pensionados que, debido a la crisis nacional y las medidas del gobierno de Nicolás Maduro, hace más de un año no reciben ningún tipo de ingreso desde Venezuela. La situación deplorable en que viven ha producido varias manifestaciones públicas dentro y fuera del país, así como iniciativas para tratar de solventar la situación con los gobiernos, partidos y grupos de la sociedad civil de los países receptores. Recientemente en España, por ejemplo, la muy dinámica Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid, logró que el Partido Popular, el Grupo Popular y Grupo Ciudadanos españoles aprobaran una iniciativa de apoyo financiero para paliar la situación.

Impactos más negativos que positivos

Sin duda, el resultado de esta migración masiva es que Venezuela está sufriendo una pérdida significativa de capital humano, en especial en materia de talento profesional y mano de obra calificada, lo que significa un descenso de población en edad de trabajar. La revista The Economist señaló en 2015 que nuestro país, junto a Serbia, había alcanzado el segundo lugar en la “fuga de cerebros” del mundo. Ello genera innumerables efectos negativos para el desarrollo político, económico, y sociocultural venezolano e, inclusive, en el ámbito familiar, ya que muchas familias han quedado desintegradas. También hay repercusiones negativas para los países recipientes de esa migración, derivando en cambios de políticas migratorias, de seguridad y salud, entre otras, así como en sentimientos nacionalistas antiinmigración. Si en Venezuela continúa profundizándose la dictadura y el estancamiento económico, podría generarse una imparable ola migratoria. En 2016, ya la ONU alertó sobre esta posibilidad.

Pero esta movilidad también ha traído consigo efectos positivos, como mayor conocimiento, inversión y aprendizaje e integración socio-cultural. Son muchas las empresas venezolanas grandes que han debido trasladarse a los países vecinos para seguir operando, y son numerosos los pequeños empresarios que han surgido a causa de la diáspora venezolana, todo lo cual está generando empleos y nuevos productos que favorecen a los demás países, que ojalá retornen al país.”

Funciones del Estado: Mises analiza el tema y al mismo tiempo critica dura y polémicamente al derecho natural

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Con los alumnos de la materia Proceso Económico II, de la UFM, todos nutricionistas o médicos, vemos al papel del Estado en la sociedad y la economía. Para ello, y entre otras cosas, leemos a Ludwig von Mises en su obra “La Acción Humana”, quien dice:

“El estado y el gobierno no son fines, sino medios. Sólo el sádico disfruta haciendo daño a los demás. Recurren, por el contrario, las autoridades a la fuerza y a la coacción únicamente para implantar y mantener específica organización social. La amplitud de la esfera en que la violencia estatal haya de aplicarse, así como cuáles sean las normas que la fuerza pública deba hacer respetar, vienen exclusivamente determinadas por el sistema social que en definitiva se quiera adoptar. No teniendo el estado otra misión más que la de permitir la pacífica pervivencia de la correspondiente organización social, resulta evidente que la determinación de las legítimas funciones sociales dependerá de cuáles sean los cometidos encomendados al aparato gubernamental. Para poder enjuiciar la legislación y las medidas adoptadas al objeto de que la misma se respete, forzoso es previamente examinar si tanto aquélla como ésta resultan idóneas para mantener el sistema social deseado.

Sólo a la luz de preexistente ordenamiento cabe enjuiciar la justicia o injusticia de específica actuación. Son muchos los que suponen hállase predeterminado y tajantemente separado, desde el albor de los siglos, lo bueno de lo malo. Jueces y legisladores, al sentar la ley, lo que debían procurar —pensaron algunos— es establecer qué sea, a la luz de una justicia inmutable, lo recto y lo equitativo. Frente a tal filosofía, que aboga por invariable conservadurismo, por el mantenimiento de las antiguas y veneradas instituciones y costumbres, alzáronse los partidarios del derecho natural. Las leyes positivas deben contrastarse con una ley «superior», o sea con la ley natural. A la luz de tal hipotético y arbitrario derecho natural pretenden aquéllos calificar de justas o injustas las instituciones y las normas reglamentarias. Es bueno el legislador —piensan— cuando sus normas positivas coinciden con los preceptos de las leyes naturales.

Tiempo ha quedaron definitivamente patentizados los errores que tales filosofías encierran. Quien no está por ellas cegado advierte la petición de principio que implica el apelar a la justicia precisamente ante la ley nueva. De lege ferenda no cabe hablar de justicia ni de injusticia. Sólo de lege lata cobran sentido tales conceptos, a los cuales únicamente cabe   acudir al enjuiciar, a la luz de la norma legal ya promulgada, específico o individualizado supuesto. Cuando se trata de variar el existente ordenamiento legal, de reformar o derogar vigentes ordenaciones o de decretar normas nuevas, vano es lucubrar en torno a la injusticia; lo único que cabe ponderar es la utilidad o conveniencia social de tales dictados. Forzoso es referirse a específica organización social para que cobre sentido el concepto de justicia. No es la justicia la que nos señala qué sistema social debamos adoptar; es, por el contrario, el orden en definitiva preferido el que nos indicará cuáles actos son buenos y cuáles recusables. No hay ni bien ni mal fuera del nexo social. Interés alguno encerrarían los conceptos de justicia e injusticia para el individuo que llevara una vida totalmente autárquica y aislada. Tal actor sólo distinguiría entre aquello que le favorecía y aquello que le perjudicaba. La idea de justicia, únicamente al surgir la cooperación social, cobra sentido.”

La volatilidad de los precios de las materias primas, afecta a ciertos países. ¿Cómo hacen las empresas para que no las afecte?

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Muy interesante trabajo publicado por el Cato como Policy Analysis, titulado “Curse or Blessing? How Institutions Determine Sucess in Resource-Rich Economies”: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/curse-or-blessing-how-institutions-determine-success-resource-rich

Muy importante, además, en el caso argentino porque los estatistas de siempre han presentado la teoría de la “enfermedad holandesa” como una de las razones para cerrar la economía y subsidiar a ciertos sectores. Uno de los argumentos presentados en el trabajo sostiene que, si bien es cierto que ciertos países tienen una importante dependencia de algún recurso natural y eso los expone a sus vaivenes, las empresas que producen esos recursos naturales están más expuestas aún, y no parece haberles ido mal. Es decir, una empresa petrolera está expuesta en un ciento por ciento a las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Los gobiernos deberían aprender de las empresas, deberían tomar nota de cómo hacen para hacer frente a los vaivenes de precios (hedging, reducción de costos, etc.). Y respecto a un tema algo relacionado, he aquí dos cuadros que muestran comparativamente la rentabilidad de las empresas petroleras privadas y las empresas petroleras estatales:

Alberdi sobre el gasto público: “Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

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Con los alumnos de la UBA Derecho completamos la lectura de Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi, con la lectura del Capítulo VII: Objetos del Gasto Público según la Constitución Argentina. Algunos párrafos seleccionados:

“El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el «constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad»; en una palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta el conservar su Constitución, y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo.

Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado y malversado. Para ellos se destina el Tesoro público, que los habitantes del país contribuyen a formar con el servicio de sus rentas privadas y sudor. Ellos son el límite de las cargas que la Constitución impone a los habitantes de la Nación en el interés de su provecho común y general.

Encerrado en ese límite el Tesoro nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo; y quien le distrae de él, comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Hay cobardía, a más de latrocinio, en toda defraudación ejercida contra el Estado; ella es el egoísmo llevado hasta la bajeza, porque no es el Estado, en último caso, el que soporta el robo, sino. el amigo, el compatriota del defraudador, que tienen que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador.”

“Teniendo cada provincia su gobierno propio, revestido del poder no delegado por la Constitución al gobierno general, cada una tiene a su cargo el gasto de su gobierno local; cada una lo hace a expensas de su Tesoro de provincia, reservado justamente para ese destino. Según eso, en el gobierno argentino, por regla general, todo gasto es local o provincial; el gasto general, esencialmente excepcional y limitado, se contrae únicamente a los objetos y servicios declarados por la Constitución, como una delegación que las provincias hacen a la Confederación, o Estado general. Este sistema, que se diría entablado en utilidad de la Confederación, ha sido reclamado y defendido por cada una de las provincias que la forman. (Constitución argentina, parte 2a, título 2°, y pactos preexistentes invocados en su preámbulo.)”

“Felizmente la Constitución federal argentina exige pocos empleados para el servicio del gobierno general, compuesto de poderes excepcionales y poco numerosos. – La policía, que forma una gran parte del gasto interior en los gobiernos unitarios, está reservada a los gobiernos provinciales por la Constitución argentina. Igual atribución les hace del servicio y sostén de los establecimientos de beneficencia.

En cuanto al gasto exigido por’ las obras públicas para promover el bienestar general, también es carga que la Constitución reparte entre el gobierno interior de la Nación y el de cada una de las provincias confederadas. (Art. 104.)”

“Los caminos, puentes, muelles y otras obras de esa utilidad pueden ser entregados temporalmente para su explotación a las empresas privadas que tomen a su cargo el construirlos.”

“Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

“Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público, que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, co-modidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y más completa. – A ese gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscriciones voluntarias levantadas entre el vecindario.

Ese gasto es obra exclusiva del espíritu público, es decir, de la disposición y aptitud de los habitantes para unir sus esfuerzos y prestarlos, sin más coacción que el deseo del bienestar común, sin más mira que realizarlo. Los pueblos educados en servidumbre no tienen idea de esta contribución sin ley, que el patriotismo se impone a sí mismo, como el esclavo que todo lo hace para su amo y por su mandato no tiene idea del celo generoso.

La Inglaterra, los Estados Unidos deben la mitad de sus mejoras de orden local a esa contribución que el país paga sin que se lo exija la ley, nada más que por el placer de existir bien y de un modo digno del pueblo que sabe estimarse y respetarse hasta en su decoro externo, hasta en el aire distinguido y brillante de esas habitaciones colectivas para su mansión, que se denominan ciudades.”

La teoría de la regulación y el problema del cálculo económico en el socialismo. El mismo problema del conocimento

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Con los alumnos de OMMA Madrid vemos los Caps. 2 y 3 de El Foro y El Bazar donde se analizan las distintas políticas públicas sugeridas para resolver problemas de ‘fallas de mercado’ y sus propuestas de solución. Consideramos allí los aportes de la “teoría de la regulación’, y la extensión a ese campo del fracaso del cálculo económico en el socialismo:

 Y pese a lo interesante de todas estas teorías, que describen los procesos políticos que llevan a la implementación de regulaciones y al “control” del ente regulador por los mismos intereses que supuestamente han de ser regulados, lo cierto es que existe un problema todavía mayor: la posibilidad misma de que el regulador pueda cumplir con la tarea que se le ha encomendado.

Pese a la relativa novedad de todas estas cuestiones (los trabajos de Stigler, Peltzman y Posner pertenecen a la década de los años 70), lo cierto es que la cuestión básica por considerar ya había sido tratada en la década del 20 cuando Ludwig von Mises (1881-1973) demostró la imposibilidad teórica de realizar la planificación en una economía socialista. Y si bien los argumentos de Mises se refieren a la planificación socialista y no a la regulación, se pueden extender  a esta misma circunstancia con las salvedades del caso.

Para von Mises (1949), el elemento fundamental del socialismo era la propiedad colectiva de los medios de producción; de esto se desprende que no existe un mercado para esos factores, ya que sin propiedad privada no puede haber intercambios entre sus legítimos propietarios, y sin intercambios no puede haber relaciones relativas entre factores, esto es, precios. Ésta es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la propiedad del espectro electromagnético, las frecuencias por las que se transmiten señales de radio, televisión o telefonía celular entre otras cosas. Este es un «medio de producción» de propiedad estatal. Mises señaló, en su momento, la dificultad intrínseca de la planificación, ya que ante la ausencia de precios los planificadores no tienen términos de referencia sobre la importancia económica relativa de cada bien o servicio para un uso alternativo. En nuestro caso, el uso de una frecuencia radioeléctrica para transmisión de radio FM o telefonía celular no puede ser valorado económicamente porque no existen precios como para poder hacerlo.

Según Mises, los planificadores socialistas no pueden saber si la asignación de un recurso para un determinado fin es más o menos deseable que la de otro. No es de extrañar que en la realidad los funcionarios de los burós planificadores en los países socialistas tomaran como referencia los precios de las economías de mercado. No obstante ello, como los precios varían constantemente reflejando las preferencias de los consumidores o las disponibilidades de la oferta, la planificación nunca podía modificarse para copiar la modificación instantánea que el mercado provee. Finalmente, las malasignaciones explican el colapso del sistema. En el caso de las regulaciones, el planificador utilizará otros criterios para la asignación, muchas veces “políticos” y, por cierto, conflictivos. 

El proceso competitivo del mercado es necesario, por un lado, para movilizar el conocimiento disponible, y por otro, para generar el descubrimiento de nuevas oportunidades que hasta entonces no se hayan descubierto. La intervención gubernamental, entonces, interfiere en este proceso de descubrimiento. 

 

En definitiva, la acción del ente regulador interfiere con el proceso de mercado, y como no le es posible obtener la información necesaria para cumplir su tarea, debe depender para ello de lo que le provean los mismos sectores regulados. Termina así siendo cautivo de sus propios intereses. Por otro lado, desvía la atención de los emprendedores hacia su propio interés e impide el descubrimiento de nuevas oportunidades en beneficio de los consumidores.

Tomemos el caso del monopolio natural. Si en determinado momento hay un solo proveedor de servicios de comunicaciones y no existen restricciones para el ingreso de competidores, esto significa que el mencionado proveedor satisface las necesidades de la mejor forma posible. El mecanismo de descubrimiento de nuevas oportunidades (nuevas tecnologías, nuevos servicios) se encuentra en funcionamiento y cualquier descuido del proveedor al ofrecer la última tecnología o precios adecuados será aprovechado por otros para hacerlo y minar así su condición monopólica.

Se arguye contra ello que los costos de ingreso son muy elevados en este sector. Pero lo cierto es que estos costos existen en todas las actividades, y esto no ha frenado la competencia en ellas. Por el contrario, los mismos costos de ingreso elevados desatan la creatividad para estudiar su reducción. Por otra parte, con el avance tecnológico y la eliminación de las áreas monopólicas, la competencia puede ser inmediata.

Alberdi: en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido el país

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Con los alumnos de la UBA Derecho leemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, ahora sobre el “destino” de los fondos del Tesoro, es decir, el tema central de nuestras preocupaciones económicas actuales, el gasto público:

“AUTORIDAD Y REQUISITOS QUE EN EL INTERES DE LA LIBERTAD INTERVIENEN EN LA CREACION Y DESTINO DE LOS FONDOS DEL TESORO, SEGUN LA CONSTITUCION ARGENTINA

El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.

¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? ¿Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos? ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? – La Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario: consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? – Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución. y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución.. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte.

Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder.

Ella constituye la principal y más importante tradición de la revolución de Mayo contra el gobierno de España.

En el acta del 25 de Mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la. nueva junta, depositaria del Poder ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. (Artículo 9 dé dicha acta).

Los Estados Unidos de Norte-América debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En la Gran Bretaña fué siempre de la Cámara de los comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si sólo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés (Cámara de los comunes) residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo.”

¿Impulsa el gasto público al crecimiento de la economía? Un estudio de Libertad y Desarrollo dice que no

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La idea que el gasto público puede impulsar el crecimiento de la economía es muy común. El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica un estudio al respecto, disponible aquí: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1303GASTOFISCALYCRECIMIENTODELPIB.pdf

Algunas de sus conclusiones:

“EFECTOS DEL GASTO FISCAL EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO: EVIDENCIA

Hay una serie de trabajos que analizan el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico. Al realizar una recopilación de estudios empíricos recientes se observa que la mayor parte ellos se basan en la experiencia de países desarrollados, debido principalmente a la mayor disponibilidad de información. Sin embargo, se encontró también evidencia para países en desarrollo, dando cuenta que, por las diferentes características de los mismos, el impacto del gasto fiscal podría tener diferentes resultados en términos de dirección y magnitud.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan cuenta que el efecto de un incremento del gasto fiscal depende de varios factores: en primer lugar, existe una diferencia de efectos en economías desarrolladas versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría ser negativo. En segundo lugar, es importante el régimen cambiario, puesto que aquellas economías con tipo de cambio flexible no presentan efectos en el producto. Tercero, la apertura comercial también determina el efecto en el crecimiento del producto de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar negativamente, al menos en tramos de deuda mayores al 60% del PIB.

Chile es un país en vías de desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran apertura comercial y con un nivel de deuda que está creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, podría generar precisamente el efecto contrario.

Veamos qué dice la evidencia local al respecto. El trabajo de Cerda et. al (2005) utiliza la metodología de VAR estructural (SVAR) con datos para Chile para el período 1986-2001. Sus estimaciones muestran que un shock de gasto fiscal tiene un efecto negativo en el PIB sólo durante el primer trimestre, con una magnitud pequeña (-0,3%). Luego, los efectos sobre el PIB no son significativos. Es decir, no se registra evidencia que la política fiscal expansiva sea reactivadora del crecimiento económico. Siguiendo el trabajo de Cerda (2005), realizamos una nueva estimación, con datos que cubren entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 2016. A partir del modelo SVAR estimado, el siguiente gráfico presenta la función impulso respuesta para un incremento (shock) del crecimiento del gasto público de 1 punto porcentual.

El resultado salta a la vista: el impacto del incremento del gasto fiscal es cero en el crecimiento del producto, lo que refuta la idea que podría ayudar a reimpulsar el aletargado dinamismo que exhibe actualmente nuestra economía.”

Megaproyectos de obras públicas: todos exceden su presupuesto y su tiempo previsto, una y otra vez

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En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, Bent Flyvbjerg analiza los “megaproyectos” de obras públicas, que tanto parecen gustar a los políticos y a los votantes. Al respecto, dice:

“Los datos de rendimiento de los megaproyectos hablan su propio idioma. Nueve de cada diez proyectos de este tipo tienen exceso de costos. Los excesos de hasta el 50 por ciento en términos reales son comunes, más del 50 por ciento no es infrecuente. El exceso de costes del túnel del Canal de la Mancha, el túnel ferroviario submarino más largo de Europa, que conecta el Reino Unido y Francia, fue del 80 por ciento en términos reales. Para el Big Dig de Boston, el 220 por ciento. El Sydney Opera House, 1.400 por ciento. Del mismo modo, los déficit de beneficios de hasta el 50 por ciento también son comunes, y por encima del 50 por ciento no es infrecuente.

Como ejemplo, considere el Túnel del Canal en más detalle. Este proyecto fue originalmente promovido como altamente beneficioso tanto económica como financieramente. De hecho, los costos fueron un 80 por ciento sobre el presupuesto para la construcción, como se mencionó anteriormente, y 140 por ciento para la financiación. Los ingresos han sido la mitad de los previstos. La tasa interna de rendimiento de la inversión es negativa, con una pérdida total para la economía británica de 17.800 millones de dólares. Por lo tanto, el Túnel del Canal de la Mancha disminuye la economía en lugar de aumentarla. Esto es difícil de creer cuando se utiliza el servicio, que es rápido, conveniente y competitivo con los modos alternativos de viaje. Pero, de hecho, cada pasajero está fuertemente subvencionado. No por el contribuyente esta vez, sino por los muchos inversionistas privados que perdieron su dinero cuando Eurotunnel, la empresa que construyó y abrió el canal, fue insolvente y se reestructuró financieramente. Esto lleva a casa un punto importante: un megaproyecto puede ser un éxito tecnológico, pero un fracaso financiero, y muchos lo son. Una evaluación económica y financiera ex post del Túnel del Canal de la Mancha, que comparaba sistemáticamente los costos reales y los previstos, concluyó que «la economía británica habría sido mejor si el túnel nunca hubiera sido construido».

Si la evidencia indica que aproximadamente uno de cada diez megaproyectos está dentro del presupuesto, uno de cada diez está dentro del cronograma y uno de cada diez entrega los beneficios prometidos, entonces aproximadamente uno de cada mil proyectos es un éxito, definido como objetivo Para los tres. Incluso si los números estuvieran equivocados por un factor de dos, la tasa de éxito todavía sería deprimente. Esto sirve para ilustrar lo que puede llamarse la «ley de hierro de los megaproyectos»: sobre el presupuesto, con el tiempo, una y otra vez.”

Los megaproyectos de obras públicas: atractivos para los políticos porque también atraen a los votantes

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En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, Bent Flyvbjerg analiza los “megaproyectos” de obras públicas, que tanto parecen gustar a los políticos y a los votantes. Al respecto, dice:

“LOS CUATRO SUBLIMES

¿Por qué los megaproyectos son tan atractivos para los tomadores de decisiones? La respuesta puede encontrarse en los llamados «cuatro sublimes» de la gestión de megaproyectos. Karen Trapenberg Frick introdujo por primera vez el término al estudio de megaproyectos, describiendo lo sublime tecnológico que los ingenieros y tecnólogos de éxtasis logran al construir proyectos grandes e innovadores, como el edificio más alto o el puente más largo.

Propuse tres sublimes adicionales, empezando por el «sublime político», que es el rapto que los políticos obtienen de construir monumentos para sí mismos y sus causas. Los megaproyectos son tangibles, atraen la atención y dan un aire de proactividad a sus promotores. Por otra parte, son imanes de los medios, que apela a los políticos que parecen gozar de pocas cosas mejores que la visibilidad que consiguen de megaproyectos que comienzan – excepto quizás el corte de la cinta de uno en la compañía de los miembros de la realeza o de los presidentes, que es probable ser atraídos por la importancia histórica única de estos proyectos. Este es el tipo de exposición pública que ayuda a que los políticos sean reelegidos. Por lo tanto, los buscan activamente.

A continuación está el «sublime económico», que es la delicia que los empresarios y los sindicatos obtienen de hacer mucho dinero y empleos de los megaproyectos. Por último, el «sublime estético» es el placer de los diseñadores y las personas que aprecian el buen diseño de construir, usar y mirar algo muy grande y especialmente hermoso, como el Golden Gate Bridge de San Francisco o la Ópera de Sydney.

En su conjunto, los cuatro sublimes aseguran la existencia de fuertes coaliciones de actores que se benefician de megaproyectos y que por lo tanto trabajarán para más proyectos de este tipo. Pero, de hecho, la entrega de megaproyectos convencionales – infraestructura y otros – es altamente problemática con un registro de desempeño triste en términos de costos y beneficios reales. Las siguientes características de los megaproyectos son típicamente pasadas por alto o ignoradas cuando los cuatro sublimes están en juego:

  1. Los megaproyectos son inherentemente riesgosos debido a horizontes de planificación largos e interfaces complejas.
  2. A menudo los proyectos son dirigidos por planificadores y gerentes sin experiencia profunda en el dominio que cambian a lo largo de los largos ciclos de proyectos que se aplican a los megaproyectos, dejando el liderazgo débil.
  3. La toma de decisiones, la planificación y la gestión son típicamente procesos de múltiples actores que involucran a múltiples partes interesadas, públicas y privadas, con intereses en conflicto.
  4. La tecnología y los diseños son a menudo no estándar, lo que lleva a un «sesgo de singularidad» entre los planificadores y gerentes, que tienden a ver sus proyectos como singulares, lo que impide el aprendizaje de otros proyectos.
  5. Frecuentemente hay un compromiso excesivo a un cierto concepto de proyecto en una etapa temprana, que resulta en «bloqueo» o «captura», dejando el análisis alternativo débil o ausente, y conduce a un compromiso escalonado en etapas posteriores.
  6. Debido a las grandes sumas de dinero involucradas, los problemas de los agentes principales y el comportamiento de búsqueda de rentas son comunes, al igual que el sesgo de optimismo.
  7. El alcance del proyecto o el nivel de ambición normalmente cambian significativamente con el tiempo.
  8. La entrega es una actividad de alto riesgo e impredecible, con sobreexposición a los llamados «cisnes negros», es decir, eventos extremos con resultados masivamente negativos. Los gerentes tienden a ignorar esto, tratando los proyectos como si existieran en gran medida en un mundo newtoniano determinista de causa, efecto y control.
  9. La evidencia estadística muestra que tal complejidad y sucesos no planificados son a menudo desconocidos, dejando las contingencias presupuestarias y temporales inadecuadas.
  10. Como consecuencia, la desinformación sobre costos, horarios, beneficios y riesgos es la norma durante el desarrollo del proyecto y la toma de decisiones. El resultado son los excesos de costos, los retrasos y los déficit de beneficios que socavan la viabilidad del proyecto durante la ejecución y las operaciones del proyecto.”