David Ricardo tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la teoría económica y los alumnos de UCEMA ahora tienen que leer el Capítulo 7 de su Tratado de Economía Política: “Sobre el comercio exterior”. En él aparece, tal vez, su principal contribución a la ciencia, la llamada “teoría de las ventajas comparativas”, que luego Mises extiende mucho más allá con el nombre de “ley de asociación”, para explicar los beneficios de la división del trabajo.

No obstante, Murray Rothbard sostiene que Ricardo apenas le dedica unos tres párrafos a la ley, y sugiere que tal vez hayan sido puestos allí por James Mill, quien revisara el trabajo de Ricardo antes de su publicación. En fin, el mismo Rothbard comenta el principal aporte de Ricardo: http://www.miseshispano.org/2012/04/la-ley-ricardiana-de-la-ventaja-comparativa/

“Incluso los críticos más hostiles del sistema ricardiano han concedido que David Ricardo al menos hizo una contribución vital al pensamiento económico y la defensa de la libertad de comercio: la ley de la ventaja comparativa. Al destacar la gran importancia de la interacción voluntaria de la división internacional del trabajo, los librecambistas del siglo XVIII, incluyendo a Adam Smith, basaron sus doctrinas en la ley de la “ventaja absoluta”. Es decir, que los países deberían especializarse en lo que sean más eficientes y luego intercambiar esos productos, pues en ese casos se beneficiarán las personas en ambos países. Es un caso relativamente fácil de argumentar. Hace falta poca persuasión para darse cuenta de que Estados Unidos no debería dedicarse a cultivar plátanos (o, por decirlo en términos simples de microeconomía, las personas y empresas de Estados Unidos no deberían preocuparse por hacerlo), sino más bien producir otra cosa (por ejemplo, trigo, bienes manufacturados) e intercambiarla por plátanos cultivados en Honduras. A pesar de todo, hay unos pocos cultivadores de plátanos en EEUU que reclaman un arancel protector. ¿Pero qué pasa si el caso no es clarísimo y las empresas de acero y semiconductores reclaman esa protección?

La ley de la ventaja comparativa se ocupa de esos casos difíciles y es por tanto indispensable para la defensa del libre comercio. Demuestra que incluso si, por ejemplo, el País A es más eficiente que el País B produciendo ambos productos X e Y, merecerá la pena al País A especializarse en producir X, en lo que el mejor produciendo, y comprar todo el producto Y a B, aunque es mejor produciéndolo pero no tiene tan gran ventaja comparativa como fabricando el producto X. En otras palabras, cada país debería producir no solo aquello en lo que tenga una ventaja absoluta en producir, sino en lo que es mejor, o al menos en lo que no es peor, es decir, en lo que tenga una ventaja comparativa en producir.

Así que si el gobierno del País A impone un arancel proteccionista a la importaciones del producto Y y mantiene por la fuerza un sector que fabrique dicho producto, este privilegio especial dañaría a los consumidores en el País A además de dañar evidentemente a la gente en el País B. Pues el País A, así como para el resto del mundo, pierde la ventaja de especializarse en la producción de aquello en lo que es mejor, ya que muchos de sus recursos escasos se ligan obligatoria e ineficientemente a la producción del producto Y. La ley de la ventaja comparativa destaca el importante hecho de que un arancel proteccionista en el País A produce daños a los sectores eficientes y a los consumidores en ese país, así como en el País B y el resto del mundo.

Otra implicación de la ley de la ventaja comparativa es que ningún país o región de la tierra quedaría fuera de la división internacional del trabajo bajo el libre comercio. Pues la ley significa que incluso si un país está en tan mal estado que no tiene ninguna ventaja absoluta en producir nada, sigue mereciendo la pena a sus socios comerciales, los pueblos de otros países, permitirle producir aquello en lo que sea menos malo.

De esta manera, los ciudadanos de todos los países se benefician del comercio internacional. Ningún país es tan pobre o ineficiente como para quedar fuera del comercio internacional y todos se benefician de que los países se especialicen en lo que son mejores o menos malos: en otras palabras, en aquello en lo que tengan una ventaja comparativa.”

Ya hemos mencionado en estas páginas, en más de una oportunidad, el debate sobre la causa de la inflación. He visto en estos días una opinión y un dato que dan mucha claridad a esta discusión. La opinión es del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja. El dato es del economista José Luis Espert.

Primero la entrevista: http://www.lanacion.com.ar/1692137-daniel-funes-de-rioja-el-gobierno-debe-intervenir-mas-fuerte-en-las-paritarias

“-Usted es titular de Copal, Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias. Déjeme provocarlo: «Funes de Rioja pertenece al club de los formadores de precios».

-(Imperturbable) No es cierto. La industria de alimentos y bebidas no forma precios. Hay muchos componentes que están arriba en la cadena. Hay que ver el impacto de la materia prima, la logística, los impuestos, los salarios…

-Graciela Bevacqua, ex Indec, dice que los alimentos subieron más del 50% en 12 meses.

-Bueno, hay factores que perturban. Cae piedra o granizo sobre el tomate, y subió el tomate. Entonces, cuidado con las simplificaciones. Me parece que esto es como decir quién tiene la culpa de la inflación. Y yo contestaría «Fuenteovejuna, señor».

-Pero Fuenteovejuna es todos y es nadie. En este juego del Gran Bonete, nadie es culpable de la inflación. El Gobierno no se hace cargo, los empresarios tampoco…

-Sí, pero son todos los eslabones de la cadena.Desde la política macro hacia los costos energéticos o de la logística.”

Dada la primer pregunta, parece que la teoría que Funes de Rioja presenta es la de “inflación de costos”, esto es, que lo que genera el aumento de los precios es el aumento de los costos. Esta idea se refuerza en el comentario final cuando señala que “son todos los eslabones de la cadena”, y, ¿tal vez en un gesto de diplomacia?, engloba tanto a los costos (energéticos, de logística), con la política macro.

Pero, ¿acaso los costos no son precios también? Solo que no son precios de bienes de consumo sino precios de bienes intermedios, material primas, mano de obra. ¿Qué es lo que hace que esos precios aumenten entonces? ¿Cómo es la relación entre la política macro y los costos/precios?

Bueno, la entrevista sigue por otros temas y no trata este punto que es central. ¿Por qué aumentan los costos? ¿Hay algún villano al final de las cadenas, que tal como un maremoto genera una sacudida que luego se transmite por kilómetros hasta llegar a los precios de consumo?

José Luis Espert señala cuál es esa causa última con un dato tan claro como contundente. En una nota muy escueta señala:

“Enero de 1943-Marzo de 2013 (70 años) = 831 meses = 831 datos.

Emisión monetaria promedio mensual (cualquier definición de dinero que tomes) = 3.97%.

Inflación = 3.96%

Devaluación = 3.65%.

Emisión=inflación=devaluación.

O sea, a la larga, inflarás y devaluarás lo que emitas de dinero”.

Correlacionar dos variables no demuestra causalidad. Para eso hace falta una teoría. Esa teoría está implícita en la nota de Espert, ha sido ya presentada y comentada en este blog o, para ir a sus comienzos, por David Hume hace más de 250 años.

Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico tuvieron que leer a Juan Bautista Alberdi, parte del “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”, donde explica el contenido económico de la Constitución sancionada en 1853. Esto dice en la Introducción sobre la libertad económica y la generación de riqueza:

Nuestra revolución abrazó la libertad económica, porque ella es el manantial que la ciencia reconoce a la riqueza de las naciones; porque la libertad convenía esencialmente a las necesidades de la desierta República Argentina, que debe atraer con ella la población, los capitales, las industrias de que carece hasta hoy con riesgo de su independencia y libertad, expuestas siempre a perderse para el país, en el mismo escollo en que España perdió su señorío: – en la miseria y pobreza.

En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza.

La riqueza, es hija del trabajo, del capital y de la tierra; y como estas fuerzas, consideradas como instrumentos de producción, no son más que facultades que el hombre pone en ejercicio para crear los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza, la riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades de que se halla dotado para llenar su destino en el mundo.

En este sentido, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro; que no le haga sombra. Asegurar una entera libertad al uso de las facultades productivas del hombre; no excluir de esa libertad a ninguno, lo que constituye la igualdad civil a de todos los habitantes; proteger y asegurar a cada uno los resultados y frutos de su industria: he ahí toda la obra de la ley en la creación de la riqueza. Toda la gloria de Adam Smith, el Hornero de la verdadera economía, descansa en haber demostrado lo que otros habían sentido, – que el trabajo libre es el principio vital de las riquezas.

La libertad del trabajo, en este sentido, envuelve la de sus medios de acción, la tierra y el capital y todo el círculo de su triple empleo -la agricultura, el comercio, las manufacturas,- que no son más que variedades del trabajo.

Según esto, organizar el trabajo no es más que organizar la libertad; organizarlo en todos sus ramos, es organizar la libertad agrícola, la libertad de comercio, la libertad fabril. Esta organización es negativa en su mayor parte; consiste en la abstención reducida a sistema, en decretos paralelos de los del viejo sistema prohibitivo. que lleven el precepto de dejar hacer a todos los puntos en que los otros hacían por sí, o impedían hacer.

Pero la riqueza no nace por nacer: tiene por objeto satisfacer las necesidades del hombre, que la forma. Así es que luego que existe, ocurre averiguar cómo se reparte o distribuye entre los que han concurrido a producirla. Para esto es producida; y si el productor no percibe la parte que corresponde a su colaboración, deja de colaborar en lo sucesivo, o trabaja débilmente, la riqueza decae y con ella la prosperidad de la Nación. Luego es preciso que se cumpla la ley natural, que hace a cada productor dueño de la utilidad o provecho correspondiente al servicio de su trabajo, de su capital o de su tierra, en la producción de la riqueza común y partible.

Estamos viendo con los alumnos de Derecho una introducción al análisis de la política. Una de las primeras premisas que este análisis cuestiona es el supuesto de que el objetivo de un político es el interés general, a diferencia de cualquiera de nosotros en el mercado donde perseguimos el interés personal (lo cual no descarta que incluya ocuparnos e interesarnos por otros).

Una teoría tiene que servirnos para comprender mejor la realidad, y ese supuesto, que persiguen el interés general, no nos permite comprender situaciones como las descriptas en esta nota, donde se informa que un funcionario habría designado a 22 familiares, amigos y allegados en distintos puestos gubernamentales. ¿Podemos entender esto asumiendo la búsqueda del interés general?

http://www.lanacion.com.ar/1685653-liuzzi-nombro-en-el-gobierno-a-22-familiares-amigos-y-allegados

La economía asumió ese supuesto bajo el nombre de “dictador benevolente”. Esto es lo que dice el libro:

En toda sociedad hace falta un mecanismo que permita que se expresen las preferencias de los individuos y luego señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para que lo cumpla. En el caso de los bienes públicos es la política; es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las agrega y envía una señal a los oferentes (en este caso las distintas agencias estatales) para satisfacerlas. Como veremos, éste también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquella famosa frase de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas, y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor,  por el momento, pero que éste no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas expectativas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular (mejor salud, educación o nivel de vida), aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías, o las dictaduras.

Por mucho tiempo buena parte de los economistas se concentraron en comprender y analizar el funcionamiento de los mercados y olvidaron analizar el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos, los gobiernos. Analizaban los mercados asumiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común” sin consideración por el beneficio propio; coincidiendo en esto con buen parte de las ciencias políticas y jurídicas . Posee el monopolio de la coerción, tal como define al Estado la ciencia política, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política” en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad en grado satisfactorio.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún, ¿cómo explicar entonces cuando los gobernantes aplican políticas que los favorecen a ellos mismos en detrimento de los votantes/contribuyentes?

Decidieron, entonces, asumir que al igual que el individuo en el mercado, quien persigue su propio interés, no el de otros, en la política sucede lo mismo. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith lleva a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. En el Estado, ¿sucede lo mismo? En particular en el Estado democrático, porque se supone que gobiernos tiránicos o autoritarios desde ya que no dan prioridad a los intereses de sus gobernados.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico la visión que se obtiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. ¿Existe un mecanismo entonces, similar a la “mano invisible” en el mercado que guíe las acciones de los políticos hacia conseguir o contribuir a los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos, de ahí que también se lo llame análisis económico de la política.

Pero no son los incentivos el único problema que se presenta en el supuesto del dictador benevolente, también está el problema de la información, similar al planteado por Mises y Hayek en relación a la planificación económica aunque originalmente presente en un autor anterior .

Estos dos cuestionamientos plantean entonces dos principales problemas para el funcionamiento de la política como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente: un problema de información relacionado a la formación de las preferencias y su “revelamiento”, los medios y procedimientos para satisfacerlas y un problema de incentivos, por los que las acciones de los representantes deben dirigirse a ese objetivo.

Una norma evolutiva, se convierte en una norma general en tanto es aceptada por todos los miembros de una sociedad y esto permite coordinar sus acciones. Puede decirse que las personas han llegado a un “consenso” respecto de la norma. Buchanan llamaría a esto un “contrato” social. En algún punto la barrera que separa  el concepto de consenso y el de contrato se vuelve borrosa, sobre todo cuando se interpreta la palabra contrato en sentido informal, o sea, no escrito.

Tomemos un conocido ejemplo que comenta Buchanan (2009, p. 47). Se trata de los indios “montanas”, en la península de Labrador, actual territorio de Canadá, ejemplo mencionado por Demsetz (1987) para explicar el origen de los derechos de propiedad privada. Con los alumnos de Applied Economics vimos el artículo de Demsetz, disponible acá: http://www.eumed.net/cursecon/textos/Demsetz_teoria-derechos-propiedad.pdf

Esta población aprovechaba la piel de los castores, sobre los que existía un derecho colectivo basado en el control del territorio por parte de la tribu. Es decir, la tribu reclamaba y defendía el derecho de propiedad sobre cierto territorio, dentro del cual se encontraban los castores pero cualquier miembro de la tribu podía cazarlos, no así los “extranjeros”. Con la llegada de los europeos se inició el comercio de estas pieles y se originó la conocida “tragedia de la propiedad común”: cada miembro de esa sociedad tenia un incentivo a cazarlos y vender su piel pero nadie lo tenia para limitarse y permitir su reproducción. Como resultado de esto se hubiera producido el colapso  y la extinción si no fuera que desarrollaron derechos de propiedad “privada”  asignándose distintas parcelas entre sí, generando con ello el incentivo a proteger un activo valioso.

Buchanan llama a la aceptación de esta norma por parte de los Montanas un “contrato”. Hayek llamaría a esto, probablemente, como el resultado de un proceso evolutivo, incluso no consciente. Tal vez la diferencia entre estos autores se encuentre en el grado de “raciocinio” que asignan a estos actores. Para Hayek, estarían motivados por su interés personal y la comprensión del problema de depredación que enfrentaban, pero no de la generación de un “contrato” o la introducción de una nueva institución. Los individuos de Buchanan serian más racionalistas[1].

Cómo se produjo realmente el acuerdo no lo sabemos[2]. Podemos especular acerca de las posibilidades:

1. Una autoridad de la tribu impuso la nueva norma (esto significa también que fue aceptada por el resto, ya que fue cumplida).
2. Esa misma autoridad propuso la norma y fue aceptada por el resto o por un grupo representativo del resto.
3. Los miembros de la tribu o sus representantes se reunieron en asamblea, debatieron y adoptaron la nueva norma. Alguno propuso asignar derechos en forma privada.
4. Unos, al ver que los castores mas cercanos a su propio lugar estaban desapareciendo comenzaron a vigilar la zona y controlar su caza y los demás lo aceptaron, haciendo lo propio en sus lugares cercanos.
5. Algún grupo pequeño o apartado de la tribu se manejaba ya con su propio entorno como si fuera “privado” y los demás vieron que allí no había problemas de depredación.
6. Un sentido de posesión de los castores ya existía y  cuando deviene la escasez se activa. Dada la primitiva existencia de la posesión, como vimos en el Cap. 1, incluso presente en los animales y ancestros del ser humano, la familia o un grupo de familias podrían ocupar una zona y poseerla pero no preocuparse por limitar el acceso a los castores ya que no eran escasos. Cualquiera podía cazarlos aunque supieran que eran de la “zona de A”. Ahora que con escasos, A formaliza la posesión e impide la caza depredadora.

Las tres primeras alternativas se asocian con la visión contractualista, las otras tres con la evolucionista. Queda en manos de los historiadores determinar si fueron unas u otras, o tal vez otras diferentes. Tanto en una como en otra, sin embargo, existe al menos un individuo que tiene la idea, que lleva adelante la propuesta. Puede ser el líder o simplemente alguien que tiene la idea y la propone, o el primero que decide ejercer su derecho preexistente.

A éstos, a los que consciente o inconscientemente quieren producir cambios, los llamaremos empresarios institucionales. Éste es particularmente el caso con los autores  que sostienen explícitamente el origen de las instituciones vía actos creativos deliberados, particularmente de un “contrato social”, como Thomas Hobbes, J.J. Rousseau y entre los modernos John Rawls y James Buchanan[3].

Ahora bien, el primer problema que debemos considerar con esta figura, teniendo en cuenta el análisis de los bienes públicos desarrollado hasta aquí es cómo explicar esta función, cuando el carácter “público” de la innovación institucional dice que prevalecería el incentivo a ser “free rider” o usuario gratuito del esfuerzo de otros en tal sentido, teniendo en cuenta que, dentro de cierta sociedad, no se me puede excluir de los efectos de esos cambios.[4]