Hace 200 años pocos vivían en democracias (algo) limitadas, hoy millones lo hacen, pero parciales?

Our World in Data hace un análisis comparativo del estado de la democracia en el mundo en una nota titulada “Countries around the world have become much more democratic, but there are large differences between them”, por Bastian Herre. Como dice el título, es optimista, aunque hay muchos países que son parcialmente democráticos. https://ourworldindata.org/democratic-world

“Hace 200 años, todo el mundo carecía de derechos democráticos. Ahora, miles de millones de personas los tienen.

Pero aún existen grandes diferencias en el grado en que los ciudadanos disfrutan de derechos políticos: más claramente entre democracias y no democracias, pero también dentro de estos amplios regímenes políticos.

Para comprender el alcance de los derechos políticos de las personas, no solo debemos mirar si un país está clasificado como una democracia o no. También deberíamos fijarnos en diferencias más pequeñas en lo democráticos que son los países.

¿Qué tan democráticos han sido los países en todo el mundo? ¿Y qué tan grandes son las diferencias entre ellos?

Para responder a estas preguntas, necesitamos información sobre los sistemas políticos de los países en los últimos siglos.”

¿La democracia promueve el crecimiento económico? ¿O son las instituciones, el ‘rule of law’?

Si existe una relación determinante entre la democracia y el crecimiento económico es un tema que se ha prestado a una intensa discusión. Hace tiempo ya Robert Barro, profesor de Economía en Harvard, argumentaba que la democracia no necesariamente promueve el crecimiento económico ya que alienta las promesas populistas de redistribución, sino que el respeto a la ley, o Rule of Law, era lo que desataba el crecimiento. Buen tema para discutir.

Desde una perspectiva opuesta a la anterior, tenemos el trabajo reciente titulado “Which Institutions Rule? Unbundling the Democracy-Growth Nexus”, por Vanessa A. Boese y Markus Eberhardt, de la University of Gothenburg, Varieties of Democracy Institute: Working Paper No. 131. February 2022. https://www.v-dem.net/wp.html

“En las últimas dos décadas, los estudios sobre el impacto causal de las «instituciones» y la «democracia» en la prosperidad económica han ocupado una posición destacada en la literatura sobre el crecimiento entre países y dentro de la economía en general. Si bien este cuerpo de trabajo establece un consenso de que las ‘instituciones gobiernan’ (sobre el comercio y la geografía) y que ‘la democracia genera crecimiento’, lo que ha faltado en el debate es un intento de rastrear sistemáticamente algunos componentes básicos tangibles de estos ‘paquetes’ abstractos. impulsando la relación positiva con el desarrollo económico. En este artículo, adoptamos un concepto global de “democracia liberal”, que cubre las instituciones políticas y económicas subyacentes, que desagregamos utilizando los datos jerárquicos desarrollados por el proyecto Varieties of Democracy. Esbozamos cómo los incentivos y las oportunidades, así como la distribución del poder político creado y moldeado por estas instituciones subyacentes, en combinación con la extensión del mercado, forman de manera endógena un «modelo económico para el crecimiento», que probablemente difiera entre países. Además, el aprendizaje político y la institucionalización implican un efecto de crecimiento no lineal del cambio institucional dentro de los países a lo largo del tiempo. Superamos estos desafíos mediante la adopción de un estimador de efectos de tratamiento heterogéneo que permite tendencias no paralelas en el período previo y la selección endógena en el cambio institucional. Nuestros resultados para cada institución subyacente se presentan como una función del «tiempo en tratamiento» y están condicionados a la evolución de las instituciones «rivales», lo que nos permite interpretarlos como carreras de caballos empíricas. Encontramos que la libertad de expresión, las elecciones limpias y las restricciones legislativas sobre el ejecutivo son los principales impulsores institucionales del desarrollo económico a largo plazo. La erosión de estas instituciones, como se vio recientemente en muchos países, puede poner en peligro el efecto de crecimiento perpetuo de convertirse en una democracia liberal que establezcamos para el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.”

En Occidente todavía están las instituciones democráticas, pero ya no la cultura que las sostiene

Yascha Mounk es un profesor de ciencias políticas en John Hopkins University quien sigue la evolución de la democracia y el impacto en ella de los cambios culturales, las restricciones a la libertad de expresión y la cultura de la cancelación. En su podcast entrevista a Jonathan Sumption, Lord Sumption, quien fuera miembro de la Corte Suprema en el Reino Unido. Según éste, los países de Occidente tienen las instituciones todavía, pero han renegado de la cultura: https://www.persuasion.community/

“Las democracias dependen de dos cosas. Dependen de un marco institucional y dependen de un trasfondo cultural. No suele ser el marco institucional el que falla. Eso todavía está allí. Lo que falla es el trasfondo cultural, que es el deseo de la gente de hacer que funcione, el deseo de la gente de respetar la pluralidad de opiniones, y de aceptar que a veces no pueden salirse con la suya, por importante que sea el tema y por muy bien que piensen. ellos son. En la mayoría de los países que han perdido su estatus democrático, las instituciones todavía están allí, todavía hay elecciones de algún tipo, todavía hay parlamentos, pero en gran medida no tienen sentido porque la cultura que los sustentaba desapareció.”

¿Por qué cree que, en todo el tiempo que han existido las democracias estadounidense y británica, es en este punto cuando estamos viendo un estrés especial en las instituciones?

 

Sumption:  creo que hay varias razones, pero la más importante de ellas es la aversión al riesgo. Esto es, en cierto sentido, un desarrollo perfectamente natural de las sociedades humanas una vez que un mayor número de personas se involucra en los asuntos públicos. Pero durante el último siglo, la gente en Occidente se ha vuelto cada vez más reacia al riesgo. Se han vuelto cada vez más ansiosos de que el Estado los proteja contra riesgos que no son sólo catástrofes externas repentinas, que ocurren una vez en un siglo, sino que son una parte muy importante de los riesgos ordinarios asociados con cualquier tipo de vida en la que hay un riesgo razonable. grado de libertad individual. Riesgos financieros, riesgos de salud, riesgos de seguridad de un tipo u otro. Esperamos un alto grado de protección del estado contra estos riesgos.

 

El problema es que cuando tienes miedo a los riesgos que están asociados con la vida ordinaria, y miras al Estado para que se ocupe de eso, el Estado reaccionará de la única manera que sabe, que es introduciendo la coerción, para poder evitar que usted haga las cosas que dan lugar al riesgo y evitar que todos los demás también las hagan. Entonces se obtiene una situación en la que el estado suprime parte de la vida para suprimir la toma de riesgos, que en realidad es inseparable de cualquier tipo de actividad libre en una democracia.

 

Filosofía política en los autores de la Escuela Austriaca: la democracia

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico, Escuela Austriaca, de Económicas, UBA, terminamos viendo algunos debates dentro de la misma escuela, en particular respecto a posiciones filosófico-políticas. Aquí, del libro «democracia, el dios que fracasó» de Hans Hermann Hoppe, tratando las diferencias y posibles coincidencias entre el conservadurismo y el libertarianismo, una definición del primero:

E! conservador es alguien que reconoce lo originario y natural en
las «interferencias» de lo patológico y lo defiende y sustenta frente a
lo temporáneo y anómalo. Para un conservador, en el contexto de las
humanidades, incluidas las ciencias sociales, las familias (padres, madres,
hijos, nietos) y hogares basados en la propiedad privada y en la
cooperación con los demás miembros de la comunidad, constituyen las
unidades sociales básicas y naturalmente originarias y, como tales, las
más importantes e indispensables. Por otro lado, el hogar familiar representa
también el modelo de orden social en general, pues su ordenación
jerárquica se proyecta sobre la comunidad de familias -aprendices,
sirvientes y amos; vasallos, caballeros, señores feudales e incluso reyesligadas
por un sutil y complejo sistema de relaciones de parentesco; lo
mismo sucede con la ordenación de la jerarquía social -hijos, padres,
sacerdotes, obispos, cardenales, patriarcas o papas y, en última instancia,
el Dios trascendente-o El brazo del poder secular (padres, señores
feudales y reyes) está naturalmente subordinado a la autoridad de la
instancia espiritual suprema (sacerdotes, obispos y, finalmente, Dios).
Si los conservadores o, más concretamente, los conservadores occidentales
de estirpe greco~cristiana, creen en algo, es en la familia, en
las jerarquías sociales y en los principios seculares y espirituales de la
autoridad que, basados justamente en la familia yen las relaciones de
parentesco, las trascienden

Una introducción al Análisis Económico de la Política (Public Choice). Las fallas de la política en los Caps 4 y 5

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA Madrid, vemos una introducción al Análisis Económico de la Política (Public Choice):

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

Globalización y democracia: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la libertad individual?

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos un artículo de Viktor Vanberg titulado “Globalización, democracia y la soberanía del ciudadano: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la democracia?” donde analiza el impacto que la globalización, vista como un aumento de la competencia entre jurisdicciones, pueda tener como una forma de limitar al poder. Pero creo que el tema no debería plantearse como un fortalecimiento de la «democracia», sino como un fortalecimiento de la libertad, o de la república, como democracia limitada. Así comienza:

“La expansión de los mercados conocida como globalización crea nuevas opciones nuevas avenidas para el comercio de bienes y servicios, como así también nuevas oportunidades para las inversiones de capital y la asignación de los recursos productivos que se pueden desplazar. Es una afirmación común, y no respondida, que la globalización y la competencia que de ella resulta entre las distintas jurisdicciones impone restricciones a las acciones libres de los gobiernos nacionales. La competencia es siempre un problema de accesibilidad a opciones alternativas, y, en la misma medida que la globalización de los mercados crea opciones adicionales para los ciudadanos y para aquellos a los que podemos llamar usuarios jurisdiccionales, la competencia entre jurisdicciones restringen el poder que los gobiernos pueden ejercer sobre ellos. Los gobiernos no pueden impunemente ignorar el mayor rango de opciones que ofrece la globalización a sus ciudadanos y usuarios jurisdiccionales.

El punto en discusión es cómo deben evaluarse estas restricciones del poder del gobierno. El argumento de que la competencia entre jurisdicciones puede servir los intereses comunes de los ciudadanos y que es, por lo tanto, una buena consecuencia, es defendido por autores como Geoffrey Brennan y James M. Buchanan (1988:212 sig.) que ven la vulnerabilidad a la búsqueda de privilegios y rentas cómo una debilidad fundamental en el proceso político de toma de decisiones. De acuerdo al punto de vista de estos pensadores la competencia entre gobiernos puede brindar un remedio potencial al limitar el entorno delos gobiernos a otorgar privilegios, y, por lo tanto, se reducen los incentivos para la búsqueda de renta. El contra argumento, de que la competencia entre jurisdicciones obstruye e inclusive puede impedir la realización de los intereses colectivos de los ciudadanos es defendido por autores como Fritz W. Scharpf (1998) o Hans-Werner Sinn (1994, 1996). Ellos enfatizan los efectos potenciales de incentivos negativos de la competencia entre jurisdicciones, y el peligro de que puede llevar a una “competencia ruinosa entre Estados” (Sinn, 1995:241), con consecuencias indeseables para todas las partes involucradas.

El punto de este artículo es sobre un argumento que se escucha frecuentemente dentro de este contexto, fundamentalmente que los desarrollos que se refieren a la globalización representan una amenaza para la democracia, y que existe un conflicto sistemático entre las fuerzas de la competencia del mercado entre jurisdicciones y los principios de la política democrática. Para examinar este argumento, primero es necesario aclarar que se entiende por principios de política democrática, y qué criterios de performance deberían, en consecuencia, usarse para acceder a una política democrática. Esta cuestión debe aclararse antes de que uno pueda proceder a una discusión con sentido acerca de cómo los efectos de la competencia entre jurisdicciones en política deben evaluarse en términos de los criterios que se postulan.”

Y así concluye:

“… la competencia entre jurisdicciones pueden realizar una contribución valiosa a la “mejora de la democracia” haciendo más difícil que los gobiernos implementen esquemas políticos que benefician a ciertos ciudadanos a costa de otros. En la medida que la movilidad de los propios ciudadanos y de los recursos trasladables favorezca a ciertos grupos privilegiados o a los que tienen las riendas del poder para tomar decisiones políticas, la competencia entre jurisdicciones le ofrece a los ciudadanos y a los usuarios de jurisdicciones una protección contra la explotación.

Con respecto a la capacidad de los gobiernos para actuar en defensa de los intereses comunes de los ciudadanos, la competencia entre jurisdicciones pueden ayudar, en su rol como proceso de descubrimiento, a los gobiernos y a los ciudadanos a resolver el difícil problema de determinar qué características y servicios de la jurisdicción puede ser más eficiente. En este sentido, la competencia entre jurisdicciones puede ayudar a mejorar la democracia. Por otro lado, mi discusión acerca del resentimiento contra la competencia entre jurisdicciones intentó demostrar que no existen indicios obvios de que esta competencia impida o limite a los gobiernos de implementar esquemas que realmente beneficien a todos los ciudadanos. Si, en este sentido, los efectos negativos de la competencia existen, uno debería primero analizar si tales efectos pueden atribuirse a la competencia misma, o, en cambio, son el resultado de las ineficiencias constitucionales a nivel nacional o internacional. Las deficiencias constitucionales a nivel nacional pueden surgir del fracaso en impedir problemas de free-riding debido a los incentivos que tienen los recursos trasladables para conseguir beneficios de los servicios de jurisdicción sin pagar por ellos. Los problemas de este tipo de free-riding deben distinguirse estrictamente del punto que está en el corazón de la competencia entre jurisdicciones, principalmente la posibilidad de salida, un punto que tiene que ver con la disposición de los recursos trasladables de pagar el precio solicitado por los servicios de la jurisdicción, o si prefieren renunciar a estos servicios a favor de opciones alternativas. Las deficiencias constitucionales a nivel internacional pueden deberse al fracaso de encuadrar a la competencia entre jurisdicciones dentro de reglas de juego apropiadas. Hasta que no se exploren las posibilidades de eliminar las deficiencias constitucionales en este nivel es inapropiado recomendar soluciones centralistas.”

La democracia como un proceso de descubrimiento: ¿hacia una ‘economía austriaca’ del proceso político?

Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

Hayek sobre el liberalismo y la democracia, y una cita de David Hume sobre la importancia de la opinión pública

Con los alumnos de la UFM vemos principios de filosofía política siguiendo la filosofía de Hayek en su libro “Los fundamentos de la libertad”. Respecto a la democracia y el gobierno mayoritario:

“El egoísmo, desde luego, influye de modo señalado sobre el actuar de los hombres; ahora bien, es la opinión pública la que determina las manifestaciones de tal egoísmo y, en general, todos los negocios humanos.

DAVID HUME

El gobierno mayoritario

La igualdad ante la ley conduce a la exigencia de que todos los hombres tengan también la misma participación en la confección de las leyes. Aunque en este punto concuerden el liberalismo tradicional y el movimiento democrático, sus principales intereses son diferentes. El liberalismo (en el sentido que tuvo la palabra en la Europa del siglo XIX, al que nos adherimos en este capítulo) se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, sean democráticos o no, mientras el demócrata dogmático sólo reconoce un límite al gobierno: la opinión mayoritaria. La diferencia entre los dos ideales aparece más claramente si consideramos sus oponentes. A la democracia se opone el gobierno autoritario; al liberalismo se opone el totalitarismo. Ninguno de los dos sistemas excluye necesariamente al opuesto. Una democracia puede muy bien esgrimir poderes totalitarios, y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales.

La palabra democracia, al igual que la mayoría de los términos utilizados en nuestro campo de estudio, se usa en un sentido más amplio y vago; pero si se emplea estrictamente para describir un método de gobierno, a saber, el de la regla de la mayoría, hace clara referencia a problema distinto del liberalismo. El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley; la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley.

El liberalismo considera conveniente que tan sólo sea ley aquello que acepta la mayoría, pero no cree en la necesaria bondad de todo lo por ella sancionado. Ciertamente, su objetivo consiste en persuadir a la mayoría para que observe ciertos principios. Acepta la regla de la mayoría como un método de decisión, pero no como una autoridad en orden a lo que la decisión debiera ser. Para el demócrata doctrinario, el hecho de que la mayoría quiera algo es razón suficiente para considerarlo bueno, pues, en su opinión, la voluntad de la mayoría determina no sólo lo que es ley, sino lo que es buena ley.

Existe un extenso acuerdo acerca de la anterior diferencia entre el ideal democrático y el ideal liberal. Sin embargo, también hay cierto sector que utiliza la palabra «libertad» en sentido de libertad política, lo que le conduce a identificar liberalismo con democracia.

El concepto de libertad para quienes así opinan en modo alguno puede predeterminar cuál debe ser la actuación de la democracia; por el solo hecho de ser democrática, cualquier institución, por definición, deviene liberal. Parece que tal actitud no pasa de ser un mero juego de palabras. El liberalismo constituye una de las doctrinas referentes al análisis de cuáles sean los objetivos y esfera de acción de los gobernantes, fines y ámbitos entre lo que elegirá la democracia; en cambio, esta última, por ser un método, no indica nada acerca de los objetivos de quienes encarnan el poder público. Aun cuando en la actualidad se utiliza muy a menudo el término «democrático» para describir pretensiones políticas específicas que circunstancialmente son populares y en especial ciertas apetencias igualitarias, no existe necesariamente relación entre democracia y la forma de utilizar los poderes de la mayoría. Para determinar lo que queremos que acepten los otros precisamos de un criterio distinto del de la común opinión de la mayoría, factor irrelevante en el proceso mediante el cual la opinión se forma. La democracia, ciertamente, no da respuesta al interrogante de cómo debería votar un hombre o qué es lo deseable, a menos que demos por sentado, como lo hacen muchos de los demócratas, que la posición social de una persona le enseña a reconocer invariablemente sus verdaderos intereses, y que, por lo tanto, el voto de la mayoría expresa siempre los mejores intereses de tal mayoría.

Tal vez no hay un «análisis económico de la política austriaco», pero no quiere decir que no analizaran los temas

Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

Democracia y crecimiento económico: ¿la democracia promueve el crecimiento o lo perjudica? Tema sensible

La relación entre la democracia y el crecimiento económico es discutida desde hace tiempo, al menos en espacios en los que se permiten algunas ideas que parezcan “políticamente incorrectas”, ya que lo correcto sería afirmar de entrada que la democracia promueve el crecimiento, ¿cómo va a ser de otra forma?

Pues bien, un reciente paper, enfocado además en América Latina, trata el tema. Se trata de “Explaining the Erosion of Democracy: Can Economic Growth Hinder Democracy?, V-Dem Working Paper 2017:42; cuyos autores son Anibal Pérez-Liñán de la University of Pittsburgh y David Altman de la Pontifical Catholic University of Chile.

Pérez-Liñán, Anibal and Altman, David, Explaining the Erosion of Democracy: Can Economic Growth Hinder Democracy? (March 2017). V-Dem Working Paper 2017:42. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2929501

Aquí el resumen del paper:

“El crecimiento económico se ha convertido en uno de los leitmotivs por los que académicos y expertos piden una y otra vez evaluar la perfomance democrática en el tiempo. Si bien gran parte de la literatura postula que el crecimiento económico es positivo para la democracia (por ejemplo, Przeworski et al., 2000), para otros estudiosos es una fuerza profundamente desestabilizadora (por ejemplo, Olson, 1963; Huntington, 1968).

Este documento completa estas opiniones contrastantes preguntando si el crecimiento económico puede socavar la competencia democrática. La hipótesis es que la relación entre el crecimiento económico y la competencia partidaria está mediada por la fuerza de las instituciones políticas y la libre expresión. El crecimiento económico promueve la ventaja de la incumbencia. Los gobernantes pueden ampliar artificialmente esta ventaja reduciendo el espacio para la cobertura negativa y las voces disidentes, siempre y cuando tengan espacio político para maniobrar. Apalancamos el crecimiento exógeno de América Latina para probar este argumento.

En las dos últimas décadas, la región experimentó un crecimiento acelerado como resultado de un auge mundial de los productos básicos. Utilizando datos para 18 países latinoamericanos durante este período, mostramos que un crecimiento económico más rápido condujo a aumentos significativos en la ventaja de incumbencia en la legislatura sólo donde la libertad de expresión fue atacada. Nuestros resultados tienen importantes implicaciones para las literaturas sobre democratización, recursos naturales y voto económico.”