El diario La Nación publica un artículo titulado “El ‘papa negro’ no ve salida a la crisis”, en el cual las declaraciones de Arturo Sosa Abascal, superior general de los Jesuitas, muestran que parece conocer bastante más de economía que nuestro ‘papa blanco’, Francisco. Éste ha planteado los temas desde una perspectiva simplista y repetida: la culpa es de los capitales financieros y su afán de lucro. Sosa Abascal, en cambio (claro, vive en Venezuela, donde las cosas están muy claras y a la vista), presenta algunos comentarios teóricamente mucho más sólidos: http://www.lanacion.com.ar/1948269-el-papa-negro-no-ve-salida-a-la-crisis

Primero van sus comentarios, luego algunos párrafos del libro El Foro y el Bazar sobre la teoría:

«La situación en Venezuela es muy difícil de explicar al que no vive allá y como profesor universitario y analista político siempre tuve que reiterar como una letanía que no se entiende qué pasa en Venezuela si no se recuerda que el país vive de la renta petrolera, que administra con exclusividad el Estado», explicó.

«Entonces sucede algo que pone cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente, el Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado, pero [en el caso de Venezuela], debido a la renta petrolera, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático», indicó.

Ahora la renta petrolera no alcanza y la sociedad venezolana está mal mantenida por un «Estado gigante», algo que provoca «mucho sufrimiento», también dijo. «El modelo político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, basado en un proyecto rentista, ya no se sostiene», afirmó. «Pero algo parecido hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país», agregó.”

Aquí, algo del libro sobre el mismo tema:

Una reconocida causa de “fracaso del Gobierno” es la que resultaría de lo que se ha dado en llamar “la maldición de los recursos naturales”, aludiendo así al caso de países que descubren un importante recurso natural, pero aquello que representaría en otro caso una gran oportunidad termina hundiendo al país en la pobreza e incluso la guerra civil.

El sentido común diría que un país que descubre recursos puede aprovecharlos para crecer, y en verdad así ha sido el caso en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana. Pero en algunas investigaciones empezaron a descubrirse casos donde el crecimiento de países ricos en recursos era menor que aquellos que no los tenían. ¿Cuáles serían las causas de esta maldición?

Una de las primeras explicaciones vinculaba ese fenómeno con la llamada “enfermedad holandesa”: la pérdida de competitividad de una economía derivada de la revaluación de su moneda, a su vez causada por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que llevaba al tipo de cambio del mercado a un nivel muy bajo, para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pudiera competir con las importaciones. El desarrollo de este concepto se atribuye al trabajo de Corden y Neary (1982).

Hasta aquí se trata de explicaciones “económicas” sobre la maldición; luego comenzaron a presentarse otras relacionadas con cuestiones institucionales y en particular “fallas del Gobierno”. Atkinson y Hamilton (2003) analizaron un conjunto de noventa y un países durante dieciséis años y encontraron que los más afectados por la maldición mostraban elevado gasto público y problemas fiscales, habiendo dilapidado las rentas del recurso. Torvik (2002) y Mehlum et al (2006) se centran más enfáticamente en las fallas del Gobierno y señalan que la existencia de la renta de ese recurso desata la competencia por obtenerlas promoviendo esa actividad, en detrimento de la actividad productiva. La búsqueda de rentas se vuelve mucho más rentable. Robinson et al (2006) señalan que al boom generado por el recurso lleva al gobernante a actuar en forma oportunista, tratando de maximizar la posibilidad de su reelección empleando más gente en el sector público. Esto traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo. A esto habría que sumarle más corrupción, compra de votos y clientelismo.

La falla “institucional” lleva a Karl (2007) a señalar que un marco institucional conducente al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es normalmente el resultado de una serie de intercambios de recursos (impuestos) por instituciones. Las limitaciones al poder monopólico otorgado al Gobierno son aceptadas por este, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del Gobierno reciben. Pero si el Gobierno se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir mayores cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo regular de ingresos, los Gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar esos impuestos (el principio de que no habrá impuestos sin representación). Cuando se financian con los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen. En muchos estados petroleros, por ejemplo, la negociación siempre ha sido entre el Gobierno y las empresas petroleras, ya que estas han sido los “contribuyentes”, no entre aquel y los ciudadanos. Esto les da también a estos Gobiernos mucha autonomía respecto al gasto, decidiendo cómo se reparte esta renta. Ross (2001) denomina a este fenómeno “efecto rentístico” y le agrega dos más: el “efecto gasto”, que lleva a un mayor uso de fondos provenientes del recurso en “clientelismo”, y un “efecto sobre la formación de grupos”, ya que el Gobierno utilizará esos fondos para prevenir la formación de grupos sociales independientes del Estado. En conjunto, los tres efectos influyen en el tipo de régimen político y donde predominan generan Gobiernos autoritarios, mientras que aquellos que se financian con impuestos, sobre todo directos, es más probable que sean más democráticos y tengan un mayor control del poder.

En el caso de financiamiento de un Gobierno a base de impuestos, el ciudadano promedio podría estar más alerta respecto al uso de esos fondos, ya que tienen un costo directo sobre su ingreso y patrimonio. En el segundo caso, cuando se financia de la renta del recurso, el ciudadano obtiene el beneficio de una menor presión impositiva directa. Esto también podría generar algún incentivo para imponer algún control, ya que, si el gobernante despilfarra el recurso de la renta, tarde o temprano llegarán los impuestos. No obstante, parecería que este segundo incentivo es más débil que el primero. Es decir: si me cobran impuestos, siento el peso de esa carga directamente, y puede ser que tenga más motivación para controlar el gasto; si no me los cobran y el Gobierno se financia de la renta del recurso, también podría tener un incentivo, ya que podría perder esta baja carga fiscal si el Gobierno despilfarra: pero el primero es un costo directo y actual; el otro una posibilidad futura. El primero es mucho más fuerte que el segundo.

También puede ser que los votantes no piensen en las generaciones siguientes o, conociendo cómo actúan los políticos, quieran obtener la renta ahora y no dejarla en sus manos. Es decir: si ha de haber algún cálculo intergeneracional, los votantes bien pueden pensar que mejor quede en sus manos, y no en las del Gobierno. Así parece que ocurre en Noruega, un país que es un ejemplo de calidad institucional en muchos sentidos, e incluso en el manejo de los recursos naturales. Los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte generaron un efecto como los que aquí han sido comentados, pero el Gobierno de ese país decidió crear un fondo con la renta petrolera, que sería invertido en activos fuera del país, para ser usado por las siguientes generaciones o en situaciones de crisis. El caso es tomado como un ejemplo de que la buena calidad institucional permite un manejo adecuado de un recurso natural y no genera la tan mentada “maldición”. De esta forma, los noruegos no solamente dejan fuera de un determinado Gobierno el atractivo de gastar esa renta, sino que incluso la invierten en el exterior para reducir el impacto del ingreso de divisas; esto es, la “enfermedad holandesa”. No obstante, parece que los noruegos también están insatisfechos con esto; muchos quisieran tener ese dinero en sus manos y ahora (Listhaug 2005), generándose así insatisfacción y un deterioro de la confianza en el sistema político. Lo cierto es que el problema, en un país de alta calidad institucional, muestra las limitaciones que tienen los Gobiernos para saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos y luego actuar de acuerdo con ellas.

El financiamiento mediante las rentas obtenidas de un recurso también significaría un menor incentivo a los votantes para estar informados e incrementaría los problemas de apatía o ignorancia mencionados en el capítulo anterior. Si los votantes no tienen un buen incentivo para informarse y decidir racionalmente, los políticos afrontan incentivos diferentes y les conviene pensar racionalmente cuando las políticas que apoyan o implementan pueden cambiar sus perspectivas electorales. El costo del error puede ser muy alto.