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Alberdi sobre el financiamiento del gasto con deuda y su preocupación por que un gobierno dejara de pagarla

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Con los alumnos de la UBA Derecho, vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, tratar el tema del “crédito público”, o sea, de la deuda.

Dice:

“Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan, que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. El gobierno argentino acaba de dar una prueba de que comprende esta verdad en toda su latitud, cambiando la organización que había ensayado por error para su crédito público, por otra que le restablece a sus bases más normales y más firmes.

La estabilidad y subsistencia de los compromisos de crédito contraído por el gobierno es garantía que acompaña a los del gobierno actual de la Confederación Argentina, por ser constitucional y enteramente legítima su existencia, lo cual hace que sea la Nación misma, más bien que el gobierno, que la sirve de intermedio, quien se obliga por los actos legislativos del Congreso que la representa, y a cuya autoridad ha dejado la facultad de contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Confederación, por el art. 64,. inciso 3 de su Constitución federal. Y como ese mismo Congreso vota anualmente por ley la forma en que ha de invertir los valores obtenidos a préstamo como todos los que sirven al gasto público, la Constitución, que esto determina, da en ello una nueva garantía a los prestamistas, de que la inversión útil, moderada y tal vez reproductiva de los fondos prestados, se hará de un modo que asegure el pago de su renta y sostenga el valor de sus capitales escritos. De este modo el gobierno constitucional y responsable contribuye, por el hecho mismo de existir, a ensanchar las riquezas del Estado.

En cuanto a la estabilidad del gobierno, es decir, a la paz y al mantenimiento del orden, en que reposa el edificio del crédito y de toda la industria, jamás la Confederación ha tenido garantías comparables a las que hoy aseguran su tranquilidad.

La paz es firme y estable hoy día, porque hay un gobierno nacional que cuide de mantenerla. Ese gobierno ha faltado enteramente por espacio de treinta años, en que las provincias vivieron aisladas unas de otras y destituidas de gobierno interior común. En la ausencia total del gobierno interior, la paz no podía existir por sí sola en las provincias del Plata, como no existiría en los condados de Inglaterra, si faltase el gobierno general del Reino Unido, cuyo principal atributo es sostenerla.

El gobierno será estable porque tiene elementos reales de poder, lo cual no sucedía en el tiempo en que las provincias privadas del comercio directo por la clausura de sus ríos, en vano tenían el derecho abstracto de gobernarse a sí mismas como Nación independiente y soberana; las rentas, en que consiste el poder de hecho, quedaban en manos de la provincia que tenía el privilegio exclusivo de la aduana exterior.

El comercio directo a que deben las provincias el goce de sus medios materiales de gobierno es estable para siempre, porque descansa en la libre navegación de los ríos, en cuyas márgenes están los puertos de las provincias, abiertos a ese comercio directo de la Europa, por tratados internacionales de duración indefinida.”

Alberdi sobre los «consumos». En verdad sobre el gasto privado y público, y en especial sobre éste

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Con los alumnos de la  UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico, sobre el “consumo”. En verdad, está hablando sobre el gasto. Trata en dos páginas el consumo privado, para luego pasar de lleno a analizar el gasto público. Así comienza:

“PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSTITUCION EN MATERIA DE CONSUMOS

La riqueza, tan penosamente elaborada por el hombre con el sudor de su frente, tiene por objeto y fin satisfacer las necesidades de su ser. Esta aplicación a su destino natural recibe en la economía el nombre de consumo. Según esto, consumir la riqueza, es ejercer el derecho más precioso que tenga el hombre a su respecto, porque no es más que alimentar y desenvolver su existencia física y moral. La Constitución Argentina no podía dejar sin garantías especiales este derecho esencial del hombre en sociedad.

Pero esas garantías residen en los mismos principios que la Constitución asegura en favor de la producción y distribución de la riqueza. Esos principios son siempre la libertad, igualdad, propiedad y seguridad, que hemos visto al frente de las funciones económicas de la producción y distribución. En la Constitución argentina, como en el orden natural de los hechos económicos de que esa Constitución es expresión fiel, esas garantías acompañan a la riqueza desde que se produce hasta que desaparece en servicio de las necesidades del hombre. -Libertad en los consumos, como en la pro-ducción y distribución de las riquezas: he aquí el sistema de la Constitución argentina, que no es más que la sanción de las leyes naturales que rigen el fenómeno de los consumos.

En efecto, en el consumo, lo mismo que en su producción y distribución, la riqueza tiene leyes de conservación y desarrollo que le son propias, y que el hombre conoce y observa por el instinto de su conservación misma. – Ese instinto le enseña a consumir sin empobrecer, lo cual constituye la economía, que no es sino el juicio en los gastos. De modo que el arte de gastar forma parte del arte de enriquecer, y parte tan esencial, que ha dado su nombre a toda la ciencia de la riqueza, que se deja llamar economía. – Así también la política económica, es decir, la política de los gastos y consumos, el sistema de rentas, viene a ser tan importante ramo de la ciencia de la riqueza, que el vulgo tiene disculpa, aunque no razón, para confundirla con el plan de hacienda o riqueza fiscal.

Si el hombre sabe gastar por el mismo instinto de conservación que le enseña a producir y enriquecer, ¿qué apoyo exige de la ley a este respecto? – En el gasto privado, el de su abstención completa; un apoyo negativo que no le estorbe, que no le restrinja su libertad de gastar o consumir, de que su juicio propio y el instinto de su cons8rvación son los mejores legisladores. En el gasto público, todo el apoyo que exige de la ley, es que ella intervenga sólo para impedir que se distraiga de su verdadero destino, que es el bien general; para impedir que exceda este objeto, y para cuidar que el impuesto levantado para sufragarlo no atropelle la libertad, ni esterilice la riqueza.

Tal es el sistema que la Constitución argentina establece en favor de la riqueza por sus disposiciones relativas a su consumo, función tan esencial al progreso y desarrollo de aquélla.”

Alberdi comenta las disposiciones de la Constitución sobre el capital, dice que no necesita protección especial

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi en Sistema Económico y Rentístico hablando del interés o renta de los capitales:

Disposiciones de la Constitución que se refieren al interés o renta de los capitales y a sus beneficios.

  • I

Los capitales son la civilización argentina, según su Constitución. – Medios que ésta emplea para atraerlos.

Los capitales no son el dinero precisamente; son los valores aplicados a la producción, sea cual fuere el objeto en que consistan. Para pasar de una mano a otra, se con vierten ordinariamente en dinero, en cuyo caso el dinero sólo hace de instrumento del cambio o traslación de los capitales, pero no constituye el capital propiamente dicho.

Los capitales pueden trasformarse y convertirse en muelles, en buques de vapor, en ferrocarriles, puentes, pozos artesianos, canales, fábricas, máquinas de vapor y de todo género para beneficiar metales y acelerar la producción agrícola, así como pueden consistir en dinero y mantenerse ocupados en hacer circular otros capitales por su intermedio.

Bajo cualquiera de estas formas o trasformaciones que se consideren los capitales en la Confederación Argentina, ellos constituyen la vida, el progreso y la civilización material de ese país.

La Constitución federal argentina es la primera en Sud-América que, habiendo comprendido el rol económico de ese agente de prosperidad en la civilización de estos países, ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros.

Esa mira alta y sabia está expresada por el art. 64, inciso 16 de la Constitución Federal, que atribuye al Congreso el poder obligatorio en cierto modo de: «Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración del país, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo».

El art. 104 de la Constitución, comprendiendo que los capitales son una necesidad de cada provincia, al paso que de toda la Confederación, atribuye aquellas mismas facultades a los gobiernos de provincia, sirviéndose de las mismas expresiones.

Se ve que la Constitución considera como cosas conducentes a la prosperidad del país la industria, la inmigración, los ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales. Y como todas estas cosas conducentes a la prosperidad no son más que trasformaciones del capital, la Constitución cuida de colocar a la cabeza de esas cosas y al frente de los medios de promover las la importación de capitales extranjeros.

Ella señala como medio de provocar esta importación de capitales, la sanción de leyes protectoras de este fin y las concesiones temporales’ de privilegios y recompensas de estímulo.

Toca a las leyes orgánicas, de la Constitución satisfacer y servir su pensamiento de atraer capitales extranjeros, empleando para ello los medios de protección y de estímulo más eficaces que reconozca la ciencia económica, y que la Constitución misma haga admisibles por sus principios fun-damentales de derecho económico.

No debiendo las leyes orgánicas emplear otros medios de proteger la venida de los capitales que los medios indicados por la Constitución misma, importa tener presente cuáles son esos medios designados por la Constitución, como base fundamental de toda ley que tenga relación con los capitales considerados en su principio de conservación y de aumento, y en sus medios de acción y de aplicación a la producción de sus beneficios.

Esos medios de protección, esos principios de estímulo, no son otros que la libertad, la seguridad, la igualdad, asegurados a todos los que, habitantes o ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales.

La Constitución los establece por sus artículos 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27 y 28, tantas veces citados y trascritos en el curso de este libro.

Según esto, proteger el capital por los medios designados por la Constitución, es dejarle su amplia y entera libertad de acción y de aplicación, es darle seguridad para su principal y para sus beneficios e intereses: es colocarle bajo el amparo de la igualdad contra los privilegios y monopolios de todo género. La ley, nueva o antigua, que saliendo de esos principios somete la condición de los capitales a otras reglas económicas que no sean ésas, quebranta la Constitución, aleja los capitales, y atrasa y embrutece al país.

Veamos cuáles son los medios prácticos que puedan emplear las leyes relativas al capital, para hacer efectivos en su protección y provecho los principios de libertad, seguridad, igualdad, consagrados por la Constitución.

El capital es demasiado poderoso por sí mismo para que necesite protección pecuniaria de parte de la ley. Ahora veremos que lo que la Constitución llama recompensas y privilegios de estímulo para atraer los capitales, son un verdadero seguro con que la Nación paga el riesgo que corren los capitales que vienen a establecerse en servicio de su civilización en medio de los infinitos peligros que son inherentes al desierto, al atraso del país y a la ineficacia de las leyes y de las autoridades nacientes para proteger el derecho privado.

El capital es demasiado perspicaz para que necesite que la ley se encargue de formarle sus ganancias, o de señalarle los empleos más lucrativos y ventajosos para su incremento.

El capital no quiere más apoyo de la ley que el que le da la Constitución.

La Constitución Argentina protege el capital con la libertad ilimitada en la tasa del interés y en sus aplicaciones.-Naturaleza económica del interés y orígenes de su alza y baja. – Leyes contrarias a la Constitución en este punto vital.

La libertad protege el capital de muchos modos; pero hay dos principalmente en que ella se identifica con sus beneficios, a saber: 1° la tasa de sus provechos e intereses; 29 las aplicaciones y empleos industriales del capital.

La Constitución Argentina garantiza a los capitales su libertad completa en la tasa de sus beneficios y en la forma de sus aplicaciones.

Alberdi sobre la distribución de la riqueza. Habla de la distribución ‘natural’, no de la ‘redistribución’ política

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico sobre la distribución de la riqueza, un tema tan discutido en estos días:

“No se podría concebir libertad de una especie para producir Un valor, y libertad de otra especie para aprovechar del valor producido. El principio de igualdad, v. g., que reconoce en todos el derecho al trabajo, o, lo que es igual, a producir valor, no podría desconocer el mismo derecho aprovechar de la utilidad correspondiente a su parte de producción. El derecho al trabajo, v. g., está tan ligado al derecho al producto o resultado del trabajo, que no son más que un solo derecho considerado bajo dos aspectos. Sólo la iniquidad ha podido admitir el uno y desconocer el otro; sólo ella ha desconocido el derecho al trabajo, para disputar el de optar a sus provechos.

La justicia natural, regla común de los hechos morales, económicos y políticos de que consta la humana sociedad, la justicia divide y distribuye los beneficios de todo producto entre los agentes o fuerzas que concurren a su producción. Dar utilidades a los unos y excluir de ellas a los otros, sería contrario a la moral cristiana, que haciendo de todos el deber del trabajo, ha dado a todos el derecho a vivir de su producto.

La Constitución argentina ha hecho de esta parte de la política económica el objeto predilecto de sus garantías. Ella vio que dar garantías en favor del provecho que corresponde a los servicios del capital, del trabajo y de la. tierra en la producción de las riquezas, era no solamente el medio de conseguir el bienestar de los habitantes del país, que la Constitución comprende entre sus propósitos supremos, sino también el verdadero medio de fomentar su producción, cuyo estímulo no es otro que el deseo de alcanzar ese provecho, necesario a la satisfacción de las necesidades del hombre y al sostén de su existencia de un modo digno de su noble naturaleza.

Reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu, de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida; porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de otra. Ella ha dado garantías protectoras de este fin social de la riqueza, sin desconocer que el orden social descansa en las bases de la libertad, igualdad, propiedad, seguridad, etc.

Ella ha querido que las riquezas, que son obra del trabajo combinado de todos los servicios productores, redunden en el bienestar y mejora de todos los que asisten a su producción, por medio de sus respectivos servicios; es decir, de la mayoría de la sociedad, en que reside la nación, no de una porción privilegiada de ella. No haya esclavos, ha dicho en esa virtud; es decir, no haya hombre-máquina, hombre-tierra, hombre-capital, que teniendo hambre gane el pan con su sudor para satisfacer el hambre de otro. Ella ha hecho un crimen de esa torpeza tan ofensiva a la riqueza del país, como a la moral del Evangelio. No haya extranjeros, ha dicho; no haya excluidos en el banquete de la riqueza nacional, haciendo del suelo argentino la patria de todo el mundo para lo que es formar riqueza y disfrutarla en su provecho propio.

Para proteger mejor el fin social de la riqueza, ha preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equitativamente cuanto menos se ingiere el Estado en imponer le reglas.”

Lo que se ve y lo que no se ve: Frederic Bastiat, el caso del vidrio roto y la pregunta si eso activa la economía

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Frederic Bastiat (1801-1850) fue un gran divulgador y polemista. Sus trabajos, por supuesto, no son ‘académicos’, pero eso no implica que no estén basados en ideas que lo son. En un post anterior, por ejemplo, se presentaba la llamada “ley de Say”. Los alumnos de Económicas van a leer una breve colección de sus artículos con el título de “Lo que se ve y lo que no se ve”:  http://www.hacer.org/pdf/seve.pdf

Bastiat

Es particularmente importante para los estudiantes de Economía ya que se trata de aprender las consecuencias de las acciones humanas más allá de sus efectos inmediatos. Por ejemplo, y en relación a lo que analizara Say, esto dice Bastiat en un artículo titulado “El cristal roto”:

“¿Ha sido usted alguna vez testigo de la cólera de un buen burgués Juan Buenhombre, cuando su terrible hijo acaba de romper un cristal de una ventana? Si alguna vez ha asistido a este espectáculo, seguramente habrá podido constatar que todos los asistentes, así fueran éstos treinta, parecen haberse puesto de acuerdo para ofrecer al propietario siempre el mismo consuelo: « La desdicha sirve para algo. Tales accidentes hacen funcionar la industria. Todo el mundo tiene que vivir. ¿Qué sería de los cristaleros, si nunca se rompieran cristales?

Mas, hay en esta fórmula de condolencia toda una teoría, que es bueno sorprender en flagrante delito, en este caso muy simple, dado que es exactamente la misma que, por desgracia, dirige la mayor parte de nuestras instituciones económicas. Suponiendo que haya que gastar seis francos para reparar el destrozo, si se quiere decir que el accidente hace llegar a la industria cristalera, que ayuda a dicha industria en seis francos, estoy de acuerdo, de ninguna manera lo contesto, razonamos justamente. El cristalero vendrá, hará la reparación, cobrará seis francos, se frotará las manos y bendecirá de todo corazón al terrible niño. Esto es lo que se ve.

Pero si, por deducción, se llega a la conclusión, como a menudo ocurre, que es bueno romper cristales, que esto hace circular el dinero, que ayuda a la industria en general, estoy obligado a gritar: ¡Alto ahí! Vuestra teoría se detiene en lo que se ve, no tiene en cuenta lo que no se ve.

No se ve que, puesto que nuestro burgués a gastado seis francos en una cosa, no podrá gastarlos en otra. No se ve que si él no hubiera tenido que reemplazar el cristal, habría reemplazado, por ejemplo, sus gastados zapatos o habría añadido un nuevo libro a su biblioteca. O sea, hubiera hecho de esos seis francos un uso que no efectuará.

Hagamos las cuentas para la industria en general. Estando el cristal roto, la industria cristalera es favorecida con seis francos; esto es lo que se ve. Si el cristal no se hubiera roto, la industria zapatera (o cualquier otra) habría sido favorecida con seis francos. Esto es lo que no se ve.

Y si tomamos en consideración lo que no se ve que es un efecto negativo, tanto como lo que se ve, que es un efecto positivo, se comprende que no hay ningún interés para la industria en general, o para el conjunto del trabajo nacional, en que los cristales se rompan o no.

Hagamos ahora las cuentas de Juan Buenhombre. En la primera hipótesis, la del cristal roto, él gasta seis francos, y disfruta, ni más ni menos que antes, de un cristal. En la segunda, en la que el accidente no llega a producirse, habría gastado seis francos en calzado y disfrutaría de un par de buenos zapatos y un cristal.

O sea, que como Juan Buenhombre forma parte de la sociedad, hay que concluir que, considerada en su conjunto, y hecho todo el balance de sus trabajos y sus disfrutes, la sociedad ha perdido el valor de un cristal roto. Por donde, generalizando, llegamos a esta sorprendente conclusión: « la sociedad pierde el valor de los objetos destruidos inútilmente, » — y a este aforismo que pondrá los pelos de punta a los proteccionistas: «Romper, rasgar, disipar no es promover el trabajo nacional, » o más brevemente: « destrucción no es igual a beneficio. »

¿Qué dirá usted, Moniteur Industriel, que dirán ustedes, seguidores de este buen Sr. De Saint-Chamans, que ha calculado con tantísima precisión lo que la industria ganaría en el incendio de París, por todas las casas que habría que reconstruir? Me molesta haber perturbado sus ingeniosos cálculos, tanto más porque ha introducido el espíritu de éstos en nuestra legislación. Pero le ruego que los empiece de nuevo, esta vez teniendo en cuenta lo que no se ve al lado de lo que se ve. Es preciso que el lector se esfuerce en constatar que no hay solamente dos personajes, sino tres, en el pequeño drama que he puesto a su disposición. Uno, Juan Buenhombre, representa el Consumidor, obligado por el destrozo a un disfrute en lugar de a dos. El otro, en la figura del Cristalero, nos muestra el Productor para el que el accidente beneficia a su industria. El tercero es el zapatero, (o cualquier otro industrial) para el que el trabajo se ve reducido por la misma causa. Es este tercer personaje que se deja siempre en la penumbra y que, personificando lo que no se ve, es un elemento necesario en el problema. Es él quien enseguida nos enseñará que no es menos absurdo el ver un beneficio en una restricción, que no es sino una destrucción parcial. — Vaya también al fondo de todos los argumentos que se hacen en su favor, y no encontrará que otra forma de formular el dicho popular: «¿Que sería de los cristaleros, si nunca se rompieran cristales?”

En la Asamblea (Congreso) de Venezuela, en un momento (negativamente) histórico, sobre controles y gasto

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En la Asamblea de Venezuela, que el gobierno y su corte buscaron o buscan proscribir. El medio periodístico Analítica, comenta. No es exactamente lo que dije, pero, en fin, tampoco se aleja demasiado: http://www.analitica.com/economia/martin-krause-venezuela-es-el-ejemplo-de-una-economia-maniatada-por-los-controles/

Martín Krause: Venezuela es el ejemplo de una economía maniatada por los controles

El azar, pero también la intensificación de la crisis política y económica de la Venezuela actual, hizo que Martín Krause, profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires y académico asociado del Cato Institute, conversara en un foro acerca de los abusos del gasto público y la economía en el derecho en la sede de la Asamblea Nacional, un día después de que la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictara una sentencia que anulaba al Parlamento.

“Es un momento negativamente histórico para este país y espero poder volver en un día positivo”, dijo Krause antes de iniciar su exposición en uno de los salones de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, en la que se podía percibía cierto desconcierto por la medida que ejecutó la noche previa el TSJ.

Krause, que vino al país invitado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), tanteó el panorama económico nacional no desde un abordaje simplemente teórico, sino que quiso comprobar en la dimensión real, desde la calle, conversando con taxistas, con la gente y mediante la observación, por qué Venezuela tiene el peor desempeño económico en la región.

Por eso ante la pregunta referida en torno a cuál sería la distorsión más llamativa de la economía nacional, Krause no dudó en responder que anomalía económica más preponderante es el control de cambio existente en el país.

“Tres tipos de cambio es algo que no tiene ningún sentido. Es una mentira, además, que se hable de un dólar cuyo valor es de diez bolívares, cuando todo el mundo sabe que el dólar verdadero es el que cuesta tres mil bolívares porque es el que se usa para todo. ¿Quién puede tener un dólar a diez bolívares?, ¿quién puede vender un dólar a 700 bolívares cuando sabe que el valor real es el de 3 mil bolívares?. Esa es la mayor distorsión que pude ver, entre otras”, cuestionó.

El impacto económico de la política

Krause es el creador del Índice de calidad , un estudio que, entre otras cosas, se enfoca en la evaluación de las instituciones que promueven el crecimiento económico.

“La sociedad n puede soportar niveles del gasto público por encima de determinados límites. Hay incentivos que no contribuyen limitar el gasto público y eso genera una tendencia al endeudamiento de los países”, explicó.

Tal y como sucedido en Venezuela en al menos los últimos 15 años, el académico destacó que en la economía se generan ciclos políticos presupuestarios, como en los periodos electorales en los que se incrementan los niveles de gasto público, seguidos de ajustes poselectorales en los inicio de los mandatos gubernamentales.

De acuerdo con Krause, limitar el gasto público en los países de la región pasa por limitar el déficit fiscal, que debería ser 3% del PIB como norma. Limitar el crecimiento del sector público, pues el gasto público no puede crecer más de lo que crecerá la economía.

Cuatro elementos son fundamentales para lograr frenar el crecimiento desmedido del gasto púbico, cuatro aspectos ausentes en el caso venezolano: limitar la capacidad de endeudamiento del Estado; limitar la emisión de moneda y el financiamiento del sector público por parte del BCV; descentralizar los niveles del gasto y mantener una disciplina fiscal descentralizada.

El sistema de gobierno centralizado, como sucede en Venezuela de forma exacerbada, condena a las inversiones, de acuerdo con Krause.

El caso venezolano

El académico argentino comparó la crisis economía de Venezuela con la caída de una bomba neutrónica: “Las máquinas están, las estructuras están, las edificaciones se mantienen, pero lo que hace falta es que todo eso arranque de una vez por todas y comience la producción, pero para eso es necesario liberar las fuerzas productivas, desmontar los controles y generar confianza”.

De acuerdo con Krause, es inminente aplicar una política de shock rápido, el desmantelamiento de los controles de cambio y un proceso de financiamiento mediante ayuda internacional.

“Venezuela es un ejemplo típico de economía maniatada por los controles, que necesita con un urgencia liberarse de las ataduras para poder iniciar un proceso de ajustes que le permitan mejorar las condiciones de todos en el país”.

Los ingredientes que requiere la receta de la recuperación en el caso venezolano, aseguró, son los mismos que aplicaron los países con economías en recesión con gobiernos que acumulaban empresas con altos niveles de improductividad y que se transformaron en un peso excesivo.

La autonomía del Banco Central de Venezuela es clave, puntualizó Krause, así como la importancia de la estabilidad del signo monetario para generar confianza en las inversiones.

“Está clara la necesidad de que se pueda iniciar una política de shock, que permita desmantelar los controles de cambio. En el pasado, los países que padecieron situaciones parecidas y que lograron aplicar los ajustes de forma rápida, pudieron salir de la crisis y del rezago mucho más rápido, no así aquellos países que postergaron y retrasaron los cambios”.

Según Krause, en una eventual transición política, el gobierno deberá llevar a cabo un proceso de evaluación de las empresas en manos del Estado, que fueron expropiadas y que representan una carga.

Dolarización

Ante una situación económica en donde la depreciación de la moneda nacional es una constante, sobre todo en los últimos años, un reciente estudio de la firma Datin Corp señala que 62% de la población venezolana apoyaría una decisión del Ejecutivo que convirtiera el dólar en la moneda.

Krause advirtió que, de entrada, en un proceso de dolarización el Ejecutivo debe estar mucho más atento a los niveles de gasto público. “Tenés que cuidarte de que el gasto público no se eleve demasiado”.

De acuerdo con Krause, en una dolarización de la economía las tasas de interés impactan los precios internos y éstos tienden a subir en dólares.
“Eso hace que la economía se vuelva poco competitiva, adicionalmente llega un punto en que es inminente la devaluación de la moneda, entre otras cosas el default, y todo lo malo. Esos sistemas cierran la canilla de la emisión monetaria, pero no del gasto público”.

Democracia y crecimiento económico: ¿la democracia promueve el crecimiento o lo perjudica? Tema sensible

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La relación entre la democracia y el crecimiento económico es discutida desde hace tiempo, al menos en espacios en los que se permiten algunas ideas que parezcan “políticamente incorrectas”, ya que lo correcto sería afirmar de entrada que la democracia promueve el crecimiento, ¿cómo va a ser de otra forma?

Pues bien, un reciente paper, enfocado además en América Latina, trata el tema. Se trata de “Explaining the Erosion of Democracy: Can Economic Growth Hinder Democracy?, V-Dem Working Paper 2017:42; cuyos autores son Anibal Pérez-Liñán de la University of Pittsburgh y David Altman de la Pontifical Catholic University of Chile.

Pérez-Liñán, Anibal and Altman, David, Explaining the Erosion of Democracy: Can Economic Growth Hinder Democracy? (March 2017). V-Dem Working Paper 2017:42. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2929501

Aquí el resumen del paper:

“El crecimiento económico se ha convertido en uno de los leitmotivs por los que académicos y expertos piden una y otra vez evaluar la perfomance democrática en el tiempo. Si bien gran parte de la literatura postula que el crecimiento económico es positivo para la democracia (por ejemplo, Przeworski et al., 2000), para otros estudiosos es una fuerza profundamente desestabilizadora (por ejemplo, Olson, 1963; Huntington, 1968).

Este documento completa estas opiniones contrastantes preguntando si el crecimiento económico puede socavar la competencia democrática. La hipótesis es que la relación entre el crecimiento económico y la competencia partidaria está mediada por la fuerza de las instituciones políticas y la libre expresión. El crecimiento económico promueve la ventaja de la incumbencia. Los gobernantes pueden ampliar artificialmente esta ventaja reduciendo el espacio para la cobertura negativa y las voces disidentes, siempre y cuando tengan espacio político para maniobrar. Apalancamos el crecimiento exógeno de América Latina para probar este argumento.

En las dos últimas décadas, la región experimentó un crecimiento acelerado como resultado de un auge mundial de los productos básicos. Utilizando datos para 18 países latinoamericanos durante este período, mostramos que un crecimiento económico más rápido condujo a aumentos significativos en la ventaja de incumbencia en la legislatura sólo donde la libertad de expresión fue atacada. Nuestros resultados tienen importantes implicaciones para las literaturas sobre democratización, recursos naturales y voto económico.”

¿Shock o gradualismo? un debate nuestro de todos los días en la experiencia de los países que fueran comunistas

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¿Shock o gradualismo? En un informe publicado por el Cato Institute se analizan las experiencias de los ex-países comunistas. El trabajo se titula “25 años de reformas en Países Excomunistas: Reformas rápidas y generales llevaron a mayor crecimiento y más libertad económica”, disponible acá: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/25-years-reforms-ex-communist-countries-fast-extensive-reforms-led

Este es su resumen:

“La transición del socialismo a la economía de mercado produjo una división entre los que abogaban por reformas rápidas o de gran alcance y aquellos que abogaban por un enfoque gradual. Han transcurrido más de 25 años desde la caída del Muro de Berlín en 1989, proporcionando amplios datos empíricos para probar esos enfoques. La evidencia muestra que los reformadores tempranos y rápidos superaron ampliamente a los reformadores graduales, tanto en medidas económicas como el PIB per cápita, como en indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

Un argumento clave para el gradualismo era que las reformas demasiado rápidas causaban gran dolor social. En realidad, los reformadores rápidos experimentaron recesiones más cortas y se recuperaron mucho antes que los reformadores graduales. De hecho, una medida mucho más amplia del bienestar, el Índice de Desarrollo Humano, apunta a la misma conclusión: los costos sociales de la transición en los países que se reforman rápidamente son más bajos.

Además, los partidarios del gradualismo argumentaron que el desarrollo institucional debía preceder a la liberalización del mercado, aumentando así la eficacia de este último. En un sentido estricto, es imposible desmentir este argumento, pues ningún país postcomunista siguió esa secuencia de acontecimientos. En todos los países postcomunistas, el desarrollo institucional estuvo muy por detrás de las reformas económicas. Esperar el desarrollo institucional antes de implementar las reformas económicas podría fácilmente convertirse en una receta para que no se realicen reformas.

Sin embargo, después de 25 años, los reformadores rápidos terminaron con mejores instituciones que los reformadores graduales. Este resultado es consistente con la hipótesis de que las élites políticas que estaban comprometidas con la liberalización económica también estaban comprometidas con el desarrollo institucional subsiguiente. Por el contrario, las élites políticas que abogaban por reformas graduales a menudo lo hacían para extraer las rentas máximas de la economía. Una consecuencia extrema del gradualismo fue la formación de clases oligárquicas.

Cuando se trata de la velocidad y profundidad de las reformas, la posición relativa de los países ha permanecido prácticamente inalterada. La mayoría de los países que avanzaron temprano aún están más lejos.”

Parece que desde el punto de vista de la política económica no quedan dudas. Las limitaciones están más en la situación política y lo que esta permita en un determinado momento, que en las bondades de uno u otro enfoque.

¿Relevante para las reformas pro-mercado en muchos países? La confianza promueve y facilita las negociaciones

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Nicclas Bergren y Christian Bjørnskov presentan un paper que puede tener relevancia para algunos países de la región, particularmente Argentina. Se titula “The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions”: http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1152.pdf

Algo de su introducción:

“Desde principios de los ochenta, se ha formado un consenso entre economistas e Instituciones de que las políticas económicas básicas son determinantes centrales en el crecimiento y desarrollo (Aron, 2000, Rodrik et al., 2004, Acemoglu et al., 2005). Por lo tanto, si uno se preocupa por las tasas de crecimiento, la pregunta es cómo hacer el diseño e implementar con éxito reformas que incrementen el crecimiento  sean más probables y otras que puedan disminuirlo menos probable. Evidentemente, hay obstáculos a la reforma, a menudo es difícil de alcanzar acuerdos entre los responsables políticos en presencia de divergencias de preferencias y características del entorno político. Pero como las reformas pueden ser buenas o malas para el crecimiento, algunos obstáculos al acuerdo pueden ser vistos como malos y otros como buenos. ¿Hay una manera de reducir el poder de los obstáculos, mientras que aumente la potencia de los últimos?

Ese es el tema de este estudio. Para responder a esta pregunta, nos basamos en ideas que comenzaron a ser redescubiertas por economistas y políticos durante la década de los noventa, con el fin de que la cultura y los valores sociales son factores importantes detrás de las instituciones y los resultados económicos (Knack Y Keefer, 1997; Uslaner, 2002; Guiso et al., 2006; Algan y Cahuc, 2014; Alesina y Giuliano, 2015; Gorodnichenko y Roland, próximamente). No menos importante, una característica de la cultura, la confianza social, se ha demostrado que es importante. Por «confianza social» se entiende una actitud hacia personas que no se conocen o lo hacen muy poco: se basa en una expectativa de que otros – la gente en general – hará bien por ti en la interacción social y no te explotarán.

Por lo tanto, nos sumamos a una creciente literatura que investiga cómo ciertos rasgos de la política influyen en la probabilidad de una reforma institucional y política, y cómo la confianza puede interactuar con estas características para hacer las reformas más o menos probables.

Para que se lleven a cabo reformas, es necesario un acuerdo sustancial entre los encargados de formular las políticas, y dado que la confianza implica la expectativa de que otros no se comportarán de manera oportunista, es de esperar que la confianza mejore las posibilidades de que se produzcan reformas. Por ejemplo, Boix y Posner (1998) plantean la hipótesis de que la confianza social alivia los problemas de coordinación asociados con el consenso. Si los políticos y los grupos políticos potencialmente adversarios comparten una visión, se puede negociar una reforma en la que algunos socios obtengan una promesa en las futuras negociaciones si perciben que ellos o su núcleo electoral pueden perder con la reforma en cuestión. Un cierto nivel de confianza permite, por tanto, la interconexión inter-temporal, que a su vez permite un acuerdo «aquí y ahora» para hacer algo.

Nuestra contribución consiste en analizar cómo cinco tipos de obstáculos potenciales al acuerdo: ideología, fraccionalización ideológica, gobierno de coalición, gobierno de minorías y la inestabilidad representacional – afectan la probabilidad de reforma y cómo la confianza influye en sus efectos. Definimos reforma institucional y política como un cambio sustancial en una de las dos áreas del índice de Libertad Económica del Mundo: la calidad del Sistema (un indicador institucional) y el ámbito de la regulación (un indicador de política).

Es importante destacar que separamos las reformas que aumentan la libertad económica (es decir, mejoran el sistema legal o reducen el alcance de la regulación) de las reformas que lo disminuyen. Esta distinción es una innovación en la literatura. Como tal, nos centramos en el amplio margen, es decir, si tales reformas sustanciales pueden ocurrir o no, y no en la forma o alcance de la reforma.

Nuestro análisis empírico revela, como era de esperar, que los diversos obstáculos como el tipo de reforma, tanto de liberalización como desliberación, hacen las reformas menos probables. Sin embargo, surge un patrón interesante: un doble rol de la confianza social, en la medida en que, al interactuar con los diferentes obstáculos, facilita ciertas reformas -las de liberalización – sino que hace a los demás – reformas que reducen la liberalización del mercado – más difíciles. En otras palabras, la confianza social no es neutra en términos de contenido de la reforma – parece que tanto promueve como protege instituciones y políticas pro-mercado.

¿Porque? Se podría haber esperado, sobre la base de la literatura anterior, que la confianza hace cualquier reforma más probable. Nuestra hipótesis de por qué esto no es así es que la confianza social no sólo facilita el acuerdo en general entre los responsables políticos, que es lo importante para esperar que estimule la reforma, sino que también implica confianza en los actores del mercado. De hecho, Aghion et al. (2010) encuentran que las personas que confían en la gente en general tienen más probabilidades de asociar la economía de mercado con resultados favorables. Por esta razón, sugerimos que personas con alta confianza social estarán inclinadas a acordar reformas pro-mercado y a rechazar reformas anti-mercado”

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El impacto de la Escuela de Chicago en Chile. Sí, empezó con Pinochet, pero abarcó incluso a opositores

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Con los alumnos del curso sobre Ideas Políticas y Económicas en América Latina vemos un artículo de Francisco Rosende donde comenta el impacto de las ideas de la Escuela de Chicago en Chile, y en otros países de la región. http://fppchile.org/wp-content/uploads/2015/12/ideas-instituciones-y-lideres_poirtada.pdf

Aquí su introducción:

“A partir de mediados de los 70 se inició en la economía chilena un profundo proceso de transformaciones, el que dio impulso a un progreso sostenido de ésta en las décadas posteriores. Este proceso de reformas tuvo lugar en el contexto de un prolongado y severo estancamiento de la actividad productiva, junto con importantes desequilibrios fiscales, los que amenazaban con desatar una hiperinflación. El papel protagónico que alcanzó en el diseño e implementación de dichas reformas un importante grupo de economistas, que realizó estudios de postgrado en la Universidad de Chicago, ha llevado a una frecuente asociación del proceso de reformas y estabilización aplicado en Chile, con las lecciones que emergen de la investigación y planteamientos de quienes han sido las principales figuras del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago en las últimas décadas, los que se han identificado como la “Escuela de Chicago”3.

De la experiencia de transformación económica iniciada en Chile a partir de mediados de los 70 surgen una serie de temas e interrogantes, los que le otorgan un especial atractivo a ésta. Por un lado, es interesante examinar cuáles fueron los factores que llevaron a una presencia tan marcada de economistas entrenados en la Universidad de Chicago en el diseño e implementación de las políticas que cambiaron radicalmente el rumbo de la economía chilena. En particular, es razonable esperar que para observadores externos de dicho episodio sea en alguna medida contradictorio, o al menos sorprendente, el comprobar que un gobierno militar estuviese dispuesto a implementar y sostener un conjunto de políticas dirigidas a liberalizar la economía, tras décadas de creciente intervención del Estado en ésta. Esto nos lleva a examinar cómo se gestó la influencia de los economistas de Chicago y en qué medida esta ha persistido tras el término del gobierno militar, ocurrido en marzo de 1990.

Por otro lado, es interesante recordar que la presencia protagónica de economistas entrenados en la Universidad de Chicago no se limitó al caso chileno en los 70. En efecto, en Argentina y Uruguay se iniciaron en dicho período procesos dirigidos a resolver importantes desequilibrios macroeconómicos y promover una mayor apertura de las correspondientes economías. Si bien la extensión y claridad de la agenda de liberalización de dichas economías fue bastante más acotada que lo que se planteó en Chile, parece razonable sostener que la dirección de dichos procesos era parecida. Sin embargo, tras la crisis de la deuda externa de comienzos de los 80, la que golpeó con fuerza a las economías latinoamericanas- en su mayoría expuestas a una peligrosa combinación de alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y fijación del nivel (o trayectoria) del tipo de cambio- los movimientos hacia una mayor liberalización y apertura impulsada en Argentina y Uruguay fueron abandonados, mientras que en Chile – tras un breve período, en el que se designaron autoridades económicas con una visión fuertemente crítica del proceso de reformas iniciado en la década  previa – finalmente se terminó intensificando la agenda de política económica asociada con el “Enfoque de Chicago”. Las diferencias en la trayectoria seguida por las economías mencionadas es ciertamente un aspecto interesante de analizar. En especial, en lo que se refiere a la identificación de las causas que llevaron a distintos grados de influencia de los economistas de Chicago en cada caso. Si bien el análisis de las particularidades de cada economía excede el propósito del presente documento, aventuraremos alguna interpretación para las causas que hicieron más resistente el proceso chileno en relación a lo observado en Argentina y Uruguay.”