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Antes de discutir una reforma de impuestos, Juan B. Alberdi sobre la creación y destino de los fondos del Tesoro

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Con los alumnos de la UBA Derecho continuamos viendo a Juan Bautista Alberdi, quien ahora trata cómo se debería manejar el Tesoro Público:

Alberdi 2

“El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.

¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? ¿Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos? ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? – La Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario: consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? – Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución. y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución.. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte.

Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder.

Ella constituye la principal y más importante tradición de la revolución de Mayo contra el gobierno de España.

En el acta del 25 de Mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la. nueva junta, depositaria del Poder ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. (Artículo 9 dé dicha acta).

Los Estados Unidos de Norte-América debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En la Gran Bretaña fué siempre de la Cámara de los comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si sólo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés (Cámara de los comunes) residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo.

Sin que en América existieran esas causas, los Estados Unidos reservaron esa prerrogativa a la Cámara de diputados, presumida siempre más cercana del pueblo por el origen de su elección directa, que no el Senado elegido por las legislaturas de Estado. El hecho es que la Constitución argentina ha seguido el mismo ejemplo en ese punto.

Al Congreso pertenece. según su artículo 4, el poder de imponer contribuciones, y de decretar empréstitos y operaciones de crédito para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Nación.”

Artículo en el Cronista sobre la reforma impositiva: «Lo mismo de siempre: ¿nuevos tributos o menos gasto?»

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Artículo en El Cronista

LA HISTORIA DE SIEMPRE: ¿NUEVOS TRIBUTOS O MENOS GASTO?

Muchos analistas han señalado la importancia del discurso pronunciado por el presidente Mauricio Macri el pasado lunes 30 de Octubre, esperado con ansiedad luego del triunfo electoral de Cambiemos. Ese día, el presidente presentó y desarrolló ciertos conceptos que, en general, los economistas reconocen y apoyan: el excesivo nivel del gasto público, el abuso de ciertos privilegios que el estado otorga, la necesidad de reducción del gasto, los límites al endeudamiento, la excesiva presión fiscal que perjudica la productividad y destruye empleos, la falta de competencia y otros.

No solamente señaló los problemas, sino que reiteró el camino del gradualismo, ahora llamado de reforma permanente, gradual pero continua. Pocos días después se conocieron los lineamientos generales de una reforma impositiva que se supone el Congreso tratará en breve.

Y toda la discusión saltó a los detalles: si se grava la renta financiera, cómo se ajustarían las jubilaciones, si ahora empiezan a pagar impuestos internos el vino o las embarcaciones. Esa letra chica desata, por supuesto, todo tipo de resistencias de parte de quienes se ven afectados. Son los inconvenientes que muy probablemente el gobierno ya anticipaba y que pueden resultar en negociaciones, cambios o demoras respecto a los proyectos originales. Nada nuevo hasta aquí.

Pero en este proceso de discusión hay un paso que se ha salteado y que ya no se discute, lamentablemente. Desde los objetivos fijados por el presidente a los instrumentos desarrollados por su ministro hay más de un camino, no solo el que ahora se conoce.

En la presentación de la reforma impositiva el ministro Nicolás Dujovne ha dicho que su propuesta tendrá un costo fiscal de 1.5 puntos de PBI. Esto sería lo que caería la recaudación fiscal al final de su implementación. Pero el camino por el cual se busca alcanzar ese objetivo no es el único posible. Es más, hay otros que podrían alcanzar ese mismo resultado, como así también los objetivos que se planteara Mauricio Macri.

Porque una reducción de la presión fiscal de 1.5 puntos del PBI es un resultado neto, ya que algunos impuestos se reducen y otros se crean o aumentan. El ministro no ha presentado ese dato por lo que pueden darse varias alternativas: que las reducciones de impuestos signifiquen una recaudación menor de 2 puntos del PBI y los nuevos impuestos una nueva recaudación de 0.5 puntos; o que las reducciones sean de 4 puntos del PBI y los nuevos impuestos ingresos por 2.5 puntos, y así otras posibilidades. En todos esos casos la reducción neta es de 1.5 puntos.

A simple vista, hay distintas alternativas posibles. Pero estas incluso van más allá, y es una pena que no se están ni siquiera mencionando. La más obvia es reducir el gasto. Es decir, siguiendo los ejemplos anteriores se podría reducir impuestos por 2 puntos y el gasto por un 0,5; o reducir impuestos por 4 puntos y el gasto en 2.5 puntos. El resultado neto sería el mismo que ahora se presenta.

¿Por qué no está esta alternativa en la mesa de discusión? Tal vez se piense que la reducción del gasto público genera costos políticos, pero también los tienen los nuevos impuestos. Tal vez los afectados por nuevos impuestos sean menos en número o estén menos organizados para resistir que los que se benefician del gasto. Puede ser, pero los primeros se quejan desde posiciones productivas (son productores de vinos, por ejemplo), mientras que los cientos de empleados de la Biblioteca del Congreso no podrían seguramente decir lo mismo, según propias palabras del presidente.

En definitiva, si la lamentable situación fiscal del país significa que se van a tener que pisar algunos callos, antes de discutir nuevos impuestos o alícuotas deberíamos bajar el gasto ya mismo y solo después, bastante después, considerar algún nuevo impuesto.

Y esto se ajustaría a lo expresado por el presidente, ¿o no?

 

Procesos exitosos de reforma estatal: el caso del desmantelamiento de bases militares en los Estados Unidos

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

¿Proceso de reforma? / Los miembros del Congreso entienden que el favoritismo económico es un juego de dilema de prisionero. Y cuando las apuestas han sido lo suficientemente altas, han encontrado formas de cooperar para evitar los costos. Un ejemplo que a menudo se propone como un modelo para una amplia reforma del proceso es el sistema de Realineación y Cierre de Bases (BRAC).

Después del final de la Guerra Fría, se reconoció ampliamente que Estados Unidos tenía un gran y costoso excedente de instalaciones militares domésticas a la luz de las nuevas necesidades de defensa de la nación. Pero era políticamente difícil cerrar esas bases porque los congresistas locales bloquearían la legislación que ponía en peligro sus distritos. En esencia, la defensa nacional se había convertido en un programa de empleo para empleados civiles y contratistas, con pocos beneficios y un costo considerable para el público estadounidense en general.

Para terminar con este estancamiento, el Congreso tomó en gran medida las decisiones de cierre de base de las manos de los legisladores. En virtud de la legislación de 1990, delegaron en una comisión de cierre de bases la tarea políticamente difícil de identificar instalaciones militares que pudieran ser cerradas con poco riesgo para la defensa militar. Decenas de instalaciones fueron posteriormente cerradas como resultado de cuatro rondas BRAC sucesivas.

El éxito aparente del proceso BRAC dependía de dos ingeniosas disposiciones del estatuto autorizante. Primero, la Casa Blanca y el Congreso debían aceptar o rechazar en su totalidad las listas de las instalaciones de la Comisión de cierre de bases. No había oportunidad para los legisladores individuales de salvar «sus» bases. El medicamento tenía que ser tragado entero o no tragado en absoluto, a la vista del público. En segundo lugar, el Congreso podría rechazar la lista completa de los cierres de bases propuestas sólo si aprobaba una resolución de rechazo dentro de los 45 días después de que la Casa Blanca haya aprobado la lista. Debido a que la comisión BRAC recopiló y envió estratégicamente pequeñas listas de bases innecesarias, sólo una pequeña minoría de distritos congresionales se opondría a cada ronda BRAC, mientras que el resto del Congreso y la Casa Blanca se beneficiarían de los ahorros. Como resultado, el Congreso nunca rechazó una lista BRAC.

Desafortunadamente, el proceso BRAC no parece ser adaptable a muchas otras deliberaciones del Congreso, incluyendo la regulación. De hecho, puede ser un éxito único en su tipo. Ha habido otros intentos en tales comisiones independientes, pero el Congreso nunca ha dado a ninguno de ellos el poder que dio a la comisión BRAC. Bajo la mayoría de las circunstancias, el Congreso no cederá tal poder porque hacerlo eliminaría el centro de la vida en el Congreso: logrolling.

E incluso BRAC no ha tenido tanto éxito como sugiere la narración anterior. Aunque el Congreso nunca ha rechazado una lista BRAC, tampoco ha considerado muchas listas. El sistema se desmoronó después de la lista de 1995, porque los miembros de la comisión querían centrar su atención en las muchas bases de Texas y California. Clinton pudo haber sido un halcón del presupuesto que aprobó la lista de cierre de 1995, pero él no quiso poner en peligro sus posibilidades de la reelección en esos estados. Como resultado, inventó maneras de bloquear tener que considerar una lista subsecuente. Desde entonces, los legisladores de Washington también evitaron la compilación de listas que afectarían significativamente a California y Texas, resultando en sólo una ronda adicional de BRAC, en 2005. Más allá de eso, los defensores de mantener las bases abiertas comenzaron a cambiar sus esfuerzos de los legisladores a los miembros del comité BRAC, En esencia, la reinstitución del juego.

Si no se puede evitar el favoritismo económico, tal vez el Congreso podría al menos encontrar una manera menos costosa de distribuir la generosidad a sus beneficiarios. Por ejemplo, en lugar de regular los mercados, el gobierno podría dar subsidios directos a los intereses especiales actualmente favorecidos por la regulación, pero a cambio los economistas diseñarían las subvenciones de una manera que redujera las distorsiones del mercado causadas por la regulación.”

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

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Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

Alberdi sobre el gasto público: “Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

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Con los alumnos de la UBA Derecho completamos la lectura de Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi, con la lectura del Capítulo VII: Objetos del Gasto Público según la Constitución Argentina. Algunos párrafos seleccionados:

“El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el «constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad»; en una palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta el conservar su Constitución, y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo.

Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado y malversado. Para ellos se destina el Tesoro público, que los habitantes del país contribuyen a formar con el servicio de sus rentas privadas y sudor. Ellos son el límite de las cargas que la Constitución impone a los habitantes de la Nación en el interés de su provecho común y general.

Encerrado en ese límite el Tesoro nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo; y quien le distrae de él, comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Hay cobardía, a más de latrocinio, en toda defraudación ejercida contra el Estado; ella es el egoísmo llevado hasta la bajeza, porque no es el Estado, en último caso, el que soporta el robo, sino. el amigo, el compatriota del defraudador, que tienen que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador.”

“Teniendo cada provincia su gobierno propio, revestido del poder no delegado por la Constitución al gobierno general, cada una tiene a su cargo el gasto de su gobierno local; cada una lo hace a expensas de su Tesoro de provincia, reservado justamente para ese destino. Según eso, en el gobierno argentino, por regla general, todo gasto es local o provincial; el gasto general, esencialmente excepcional y limitado, se contrae únicamente a los objetos y servicios declarados por la Constitución, como una delegación que las provincias hacen a la Confederación, o Estado general. Este sistema, que se diría entablado en utilidad de la Confederación, ha sido reclamado y defendido por cada una de las provincias que la forman. (Constitución argentina, parte 2a, título 2°, y pactos preexistentes invocados en su preámbulo.)”

“Felizmente la Constitución federal argentina exige pocos empleados para el servicio del gobierno general, compuesto de poderes excepcionales y poco numerosos. – La policía, que forma una gran parte del gasto interior en los gobiernos unitarios, está reservada a los gobiernos provinciales por la Constitución argentina. Igual atribución les hace del servicio y sostén de los establecimientos de beneficencia.

En cuanto al gasto exigido por’ las obras públicas para promover el bienestar general, también es carga que la Constitución reparte entre el gobierno interior de la Nación y el de cada una de las provincias confederadas. (Art. 104.)”

“Los caminos, puentes, muelles y otras obras de esa utilidad pueden ser entregados temporalmente para su explotación a las empresas privadas que tomen a su cargo el construirlos.”

“Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

“Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público, que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, co-modidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y más completa. – A ese gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscriciones voluntarias levantadas entre el vecindario.

Ese gasto es obra exclusiva del espíritu público, es decir, de la disposición y aptitud de los habitantes para unir sus esfuerzos y prestarlos, sin más coacción que el deseo del bienestar común, sin más mira que realizarlo. Los pueblos educados en servidumbre no tienen idea de esta contribución sin ley, que el patriotismo se impone a sí mismo, como el esclavo que todo lo hace para su amo y por su mandato no tiene idea del celo generoso.

La Inglaterra, los Estados Unidos deben la mitad de sus mejoras de orden local a esa contribución que el país paga sin que se lo exija la ley, nada más que por el placer de existir bien y de un modo digno del pueblo que sabe estimarse y respetarse hasta en su decoro externo, hasta en el aire distinguido y brillante de esas habitaciones colectivas para su mansión, que se denominan ciudades.”

Alberdi: en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido el país

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Con los alumnos de la UBA Derecho leemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, ahora sobre el “destino” de los fondos del Tesoro, es decir, el tema central de nuestras preocupaciones económicas actuales, el gasto público:

“AUTORIDAD Y REQUISITOS QUE EN EL INTERES DE LA LIBERTAD INTERVIENEN EN LA CREACION Y DESTINO DE LOS FONDOS DEL TESORO, SEGUN LA CONSTITUCION ARGENTINA

El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.

¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? ¿Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos? ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? – La Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario: consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? – Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución. y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución.. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte.

Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder.

Ella constituye la principal y más importante tradición de la revolución de Mayo contra el gobierno de España.

En el acta del 25 de Mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la. nueva junta, depositaria del Poder ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. (Artículo 9 dé dicha acta).

Los Estados Unidos de Norte-América debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En la Gran Bretaña fué siempre de la Cámara de los comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si sólo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés (Cámara de los comunes) residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo.”

¿Impulsa el gasto público al crecimiento de la economía? Un estudio de Libertad y Desarrollo dice que no

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La idea que el gasto público puede impulsar el crecimiento de la economía es muy común. El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica un estudio al respecto, disponible aquí: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1303GASTOFISCALYCRECIMIENTODELPIB.pdf

Algunas de sus conclusiones:

“EFECTOS DEL GASTO FISCAL EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO: EVIDENCIA

Hay una serie de trabajos que analizan el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico. Al realizar una recopilación de estudios empíricos recientes se observa que la mayor parte ellos se basan en la experiencia de países desarrollados, debido principalmente a la mayor disponibilidad de información. Sin embargo, se encontró también evidencia para países en desarrollo, dando cuenta que, por las diferentes características de los mismos, el impacto del gasto fiscal podría tener diferentes resultados en términos de dirección y magnitud.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan cuenta que el efecto de un incremento del gasto fiscal depende de varios factores: en primer lugar, existe una diferencia de efectos en economías desarrolladas versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría ser negativo. En segundo lugar, es importante el régimen cambiario, puesto que aquellas economías con tipo de cambio flexible no presentan efectos en el producto. Tercero, la apertura comercial también determina el efecto en el crecimiento del producto de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar negativamente, al menos en tramos de deuda mayores al 60% del PIB.

Chile es un país en vías de desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran apertura comercial y con un nivel de deuda que está creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, podría generar precisamente el efecto contrario.

Veamos qué dice la evidencia local al respecto. El trabajo de Cerda et. al (2005) utiliza la metodología de VAR estructural (SVAR) con datos para Chile para el período 1986-2001. Sus estimaciones muestran que un shock de gasto fiscal tiene un efecto negativo en el PIB sólo durante el primer trimestre, con una magnitud pequeña (-0,3%). Luego, los efectos sobre el PIB no son significativos. Es decir, no se registra evidencia que la política fiscal expansiva sea reactivadora del crecimiento económico. Siguiendo el trabajo de Cerda (2005), realizamos una nueva estimación, con datos que cubren entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 2016. A partir del modelo SVAR estimado, el siguiente gráfico presenta la función impulso respuesta para un incremento (shock) del crecimiento del gasto público de 1 punto porcentual.

El resultado salta a la vista: el impacto del incremento del gasto fiscal es cero en el crecimiento del producto, lo que refuta la idea que podría ayudar a reimpulsar el aletargado dinamismo que exhibe actualmente nuestra economía.”

Alberdi sobre los «consumos». En verdad sobre el gasto privado y público, y en especial sobre éste

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Con los alumnos de la  UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico, sobre el “consumo”. En verdad, está hablando sobre el gasto. Trata en dos páginas el consumo privado, para luego pasar de lleno a analizar el gasto público. Así comienza:

“PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSTITUCION EN MATERIA DE CONSUMOS

La riqueza, tan penosamente elaborada por el hombre con el sudor de su frente, tiene por objeto y fin satisfacer las necesidades de su ser. Esta aplicación a su destino natural recibe en la economía el nombre de consumo. Según esto, consumir la riqueza, es ejercer el derecho más precioso que tenga el hombre a su respecto, porque no es más que alimentar y desenvolver su existencia física y moral. La Constitución Argentina no podía dejar sin garantías especiales este derecho esencial del hombre en sociedad.

Pero esas garantías residen en los mismos principios que la Constitución asegura en favor de la producción y distribución de la riqueza. Esos principios son siempre la libertad, igualdad, propiedad y seguridad, que hemos visto al frente de las funciones económicas de la producción y distribución. En la Constitución argentina, como en el orden natural de los hechos económicos de que esa Constitución es expresión fiel, esas garantías acompañan a la riqueza desde que se produce hasta que desaparece en servicio de las necesidades del hombre. -Libertad en los consumos, como en la pro-ducción y distribución de las riquezas: he aquí el sistema de la Constitución argentina, que no es más que la sanción de las leyes naturales que rigen el fenómeno de los consumos.

En efecto, en el consumo, lo mismo que en su producción y distribución, la riqueza tiene leyes de conservación y desarrollo que le son propias, y que el hombre conoce y observa por el instinto de su conservación misma. – Ese instinto le enseña a consumir sin empobrecer, lo cual constituye la economía, que no es sino el juicio en los gastos. De modo que el arte de gastar forma parte del arte de enriquecer, y parte tan esencial, que ha dado su nombre a toda la ciencia de la riqueza, que se deja llamar economía. – Así también la política económica, es decir, la política de los gastos y consumos, el sistema de rentas, viene a ser tan importante ramo de la ciencia de la riqueza, que el vulgo tiene disculpa, aunque no razón, para confundirla con el plan de hacienda o riqueza fiscal.

Si el hombre sabe gastar por el mismo instinto de conservación que le enseña a producir y enriquecer, ¿qué apoyo exige de la ley a este respecto? – En el gasto privado, el de su abstención completa; un apoyo negativo que no le estorbe, que no le restrinja su libertad de gastar o consumir, de que su juicio propio y el instinto de su cons8rvación son los mejores legisladores. En el gasto público, todo el apoyo que exige de la ley, es que ella intervenga sólo para impedir que se distraiga de su verdadero destino, que es el bien general; para impedir que exceda este objeto, y para cuidar que el impuesto levantado para sufragarlo no atropelle la libertad, ni esterilice la riqueza.

Tal es el sistema que la Constitución argentina establece en favor de la riqueza por sus disposiciones relativas a su consumo, función tan esencial al progreso y desarrollo de aquélla.”

En la Asamblea (Congreso) de Venezuela, en un momento (negativamente) histórico, sobre controles y gasto

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En la Asamblea de Venezuela, que el gobierno y su corte buscaron o buscan proscribir. El medio periodístico Analítica, comenta. No es exactamente lo que dije, pero, en fin, tampoco se aleja demasiado: http://www.analitica.com/economia/martin-krause-venezuela-es-el-ejemplo-de-una-economia-maniatada-por-los-controles/

Martín Krause: Venezuela es el ejemplo de una economía maniatada por los controles

El azar, pero también la intensificación de la crisis política y económica de la Venezuela actual, hizo que Martín Krause, profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires y académico asociado del Cato Institute, conversara en un foro acerca de los abusos del gasto público y la economía en el derecho en la sede de la Asamblea Nacional, un día después de que la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictara una sentencia que anulaba al Parlamento.

“Es un momento negativamente histórico para este país y espero poder volver en un día positivo”, dijo Krause antes de iniciar su exposición en uno de los salones de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, en la que se podía percibía cierto desconcierto por la medida que ejecutó la noche previa el TSJ.

Krause, que vino al país invitado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), tanteó el panorama económico nacional no desde un abordaje simplemente teórico, sino que quiso comprobar en la dimensión real, desde la calle, conversando con taxistas, con la gente y mediante la observación, por qué Venezuela tiene el peor desempeño económico en la región.

Por eso ante la pregunta referida en torno a cuál sería la distorsión más llamativa de la economía nacional, Krause no dudó en responder que anomalía económica más preponderante es el control de cambio existente en el país.

“Tres tipos de cambio es algo que no tiene ningún sentido. Es una mentira, además, que se hable de un dólar cuyo valor es de diez bolívares, cuando todo el mundo sabe que el dólar verdadero es el que cuesta tres mil bolívares porque es el que se usa para todo. ¿Quién puede tener un dólar a diez bolívares?, ¿quién puede vender un dólar a 700 bolívares cuando sabe que el valor real es el de 3 mil bolívares?. Esa es la mayor distorsión que pude ver, entre otras”, cuestionó.

El impacto económico de la política

Krause es el creador del Índice de calidad , un estudio que, entre otras cosas, se enfoca en la evaluación de las instituciones que promueven el crecimiento económico.

“La sociedad n puede soportar niveles del gasto público por encima de determinados límites. Hay incentivos que no contribuyen limitar el gasto público y eso genera una tendencia al endeudamiento de los países”, explicó.

Tal y como sucedido en Venezuela en al menos los últimos 15 años, el académico destacó que en la economía se generan ciclos políticos presupuestarios, como en los periodos electorales en los que se incrementan los niveles de gasto público, seguidos de ajustes poselectorales en los inicio de los mandatos gubernamentales.

De acuerdo con Krause, limitar el gasto público en los países de la región pasa por limitar el déficit fiscal, que debería ser 3% del PIB como norma. Limitar el crecimiento del sector público, pues el gasto público no puede crecer más de lo que crecerá la economía.

Cuatro elementos son fundamentales para lograr frenar el crecimiento desmedido del gasto púbico, cuatro aspectos ausentes en el caso venezolano: limitar la capacidad de endeudamiento del Estado; limitar la emisión de moneda y el financiamiento del sector público por parte del BCV; descentralizar los niveles del gasto y mantener una disciplina fiscal descentralizada.

El sistema de gobierno centralizado, como sucede en Venezuela de forma exacerbada, condena a las inversiones, de acuerdo con Krause.

El caso venezolano

El académico argentino comparó la crisis economía de Venezuela con la caída de una bomba neutrónica: “Las máquinas están, las estructuras están, las edificaciones se mantienen, pero lo que hace falta es que todo eso arranque de una vez por todas y comience la producción, pero para eso es necesario liberar las fuerzas productivas, desmontar los controles y generar confianza”.

De acuerdo con Krause, es inminente aplicar una política de shock rápido, el desmantelamiento de los controles de cambio y un proceso de financiamiento mediante ayuda internacional.

“Venezuela es un ejemplo típico de economía maniatada por los controles, que necesita con un urgencia liberarse de las ataduras para poder iniciar un proceso de ajustes que le permitan mejorar las condiciones de todos en el país”.

Los ingredientes que requiere la receta de la recuperación en el caso venezolano, aseguró, son los mismos que aplicaron los países con economías en recesión con gobiernos que acumulaban empresas con altos niveles de improductividad y que se transformaron en un peso excesivo.

La autonomía del Banco Central de Venezuela es clave, puntualizó Krause, así como la importancia de la estabilidad del signo monetario para generar confianza en las inversiones.

“Está clara la necesidad de que se pueda iniciar una política de shock, que permita desmantelar los controles de cambio. En el pasado, los países que padecieron situaciones parecidas y que lograron aplicar los ajustes de forma rápida, pudieron salir de la crisis y del rezago mucho más rápido, no así aquellos países que postergaron y retrasaron los cambios”.

Según Krause, en una eventual transición política, el gobierno deberá llevar a cabo un proceso de evaluación de las empresas en manos del Estado, que fueron expropiadas y que representan una carga.

Dolarización

Ante una situación económica en donde la depreciación de la moneda nacional es una constante, sobre todo en los últimos años, un reciente estudio de la firma Datin Corp señala que 62% de la población venezolana apoyaría una decisión del Ejecutivo que convirtiera el dólar en la moneda.

Krause advirtió que, de entrada, en un proceso de dolarización el Ejecutivo debe estar mucho más atento a los niveles de gasto público. “Tenés que cuidarte de que el gasto público no se eleve demasiado”.

De acuerdo con Krause, en una dolarización de la economía las tasas de interés impactan los precios internos y éstos tienden a subir en dólares.
“Eso hace que la economía se vuelva poco competitiva, adicionalmente llega un punto en que es inminente la devaluación de la moneda, entre otras cosas el default, y todo lo malo. Esos sistemas cierran la canilla de la emisión monetaria, pero no del gasto público”.

Tamaño del Estado, felicidad y nivel de inteligencia: ¿cuánto más alto el IQ más eficiente? ¿Y los incentivos?¿Y la moral?

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Los economistas suelen explorar el mundo vinculando distintos “datos estilizados”, como suelen decir, o, simplificando, estadísticas. Esto los lleva muchas veces a buscar relaciones entre fenómenos sin prestar la debida atención a la explicación lógica que pueda existir entre dos variables y, más importante aún, su causalidad. Es decir, dos variables pueden estar relacionadas, se puede evaluar eso a través de sofisticadas regresiones, pero eso no nos resuelve la gran duda de cuál determina a cuál.

Así es que aparecen cosas como ésta, un paper del profesor de Princeton Raufhon Salahodjaev, titulado “Government size, intelligence and life satisfaction”, disponible aquí: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76902/1/MPRA_paper_76902.pdf

El título ya dice todo, se trata de la relación que pueda existir entre el tamaño del estado, la inteligencia y la satisfacción en la vida. Dice al resumen:

“Estudios reciente muestran que factores sicológicos, como la capacidad cognitiva, juegan un papel importante en la modelización empírica de la satisfacción con la vida 6y sugieren que la inteligencia es representativa del capital político e intelectual. Estos artículos, sin embargo, solamente exploran el efecto directo de la inteligencia en el bienestar subjetivo. En este estudio conjeturamos que el capital intelectual es un mecanismo a través del cual el tamaño de la burocracia impacta en la satisfacción con la vida. Utilizando datos de 147 países, encontramos que la interacción entre el IQ de un país y el tamaño del estado es positiva y significativa, sugiriendo que el tamaño del estado aumenta la satisfacción con la vida más en los países con alto IQ y menos en los países con menores niveles de capacidad cognitiva”.

¿Y cuál sería la explicación de esa relación? Así lo comenta:

“Tomando en cuenta que el funcionamiento eficiente de las instituciones de gobierno ‘depende de un público que pueda procesar información compleja y participar activamente en política’, podemos anticipar que el efecto del sector público en la satisfacción con la vida depende del nivel de inteligencia. Más aún, la investigación muestra que la inteligencia promedio de la elite gobernante se relaciona positivamente con el éxito económico, los estándares morales en el gobierno y las prioridades del gasto público  (Simonton, 1985, 2006a,b). Por ejemplo, gobiernos en países con IQs más altos dedican más recursos al gasto militar (Salahodjaev, 2016), ratifican tratados internacionales sobre el ambiente más a menudo  (Obydenkova & Salahodjaev, 2016), y es más probable que inviertan en salud (Lv & Xu, 2016) y muestren mayor preocupación por la población menos privilegiada (Salahodjaev & Azam, 2015).”

En definitiva, el argumento del autor es que cuanto más inteligentes serán los políticos y burócratas, más eficientes serán los servicios del estado….

Uhm!!! ¿Y los incentivos de políticos y funcionarios? Tal vez si son más inteligentes lo son para perseguir mejor sus propios objetivos, que no son estrictamente los de los votantes. En otras palabras, pueden ser más inteligentes para robar…

Me parece que falta Public Choice en el análisis.

¿Y qué pasa con los valores y la cultura que predominan en una determinada sociedad? Pueden ser inteligentes pero tener pésimos valores. ¿Acaso mide eso el IQ?