La segunda conferencia, de un total de tres, acerca de las teorías que podrían justificar la posibilidad de la cooperación voluntaria sostenible, sin coerción:
La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf
HACIA UNA FUTURA REFORMA
¿Pueden lograrse liberalizaciones adicionales en un futuro próximo? Los reformadores han sugerido tres estrategias para impulsar una nueva desregulación: la reforma electoral, la reforma del proceso y la educación. Consideramos cada uno de ellos a continuación.
¿Reforma electoral? Muchos defensores de la desregulación han argumentado que una reforma adicional sólo puede lograrse a través del sistema político: elegir a políticos más pro-libres del mercado a Washington ya las capitales de los estados. El nuevo Congreso controlado por los republicanos y la administración Trump parecen ejemplificar este enfoque. La plataforma del Candidato Trump incluyó el voto audaz de revertir el “75%” de las regulaciones federales, y la desregulación ha sido una promesa de campaña republicana estándar por décadas. El Presidente Trump ya ha ordenado que la emisión de cualquier nueva regulación federal vaya acompañada de la derogación de dos reglamentos y que el costo de cumplir con las regulaciones federales se congelará para el próximo año para que el costo incremental de las nuevas regulaciones sea compensado por el costo regulatorio Reducciones en otros lugares. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso han comenzado a utilizar la Ley de Revisión del Congreso (CRA), que raramente se ha disparado, para revocar los reglamentos emitidos en los últimos meses de la administración Obama. (Ver “La medianoche de ajuste de Obama”, página 5.)
Pero más allá de las acciones de la CRA, no está claro qué pasos concretos tomará la nueva administración y los legisladores del Congreso -o incluso lo que significa revocar el “75% de la regulación federal” o dos reglamentaciones antiguas para una nueva. Aunque muchas de las buenas ideas de reforma regulatoria han sido sugeridas por los think tanks de DC, investigadores universitarios de políticas y empleados del comité de Capitol Hill, ninguno ha sido públicamente abrazado como iniciativas importantes del Congreso o de la Casa Blanca Trump, Años noventa Es justo preguntarse si los votos de desregulación de los políticos son más atmosféricos que objetivos políticos reales.
Además, no está claro si tendrán un verdadero apoyo electoral para una acción audaz. Los votantes pueden decir que apoyan la “desregulación”, pero su comportamiento de voto sugiere que realmente están desinteresados en la regulación o aceptan la antigua hipótesis de interés público de que los reguladores gubernamentales invariablemente benefician al público. Además, suelen recompensar a los políticos por inclinar el mercado en beneficio de ciertos intereses especiales.
En demasiados casos, si un miembro del Congreso despreciaba la reglamentación y otros favores económicos en general, sólo tendría éxito en privar a los intereses especiales en su distrito de los beneficios de “jugar” al mercado, y de “logrolling” Asegurar el apoyo de los colegas del Congreso a las políticas importantes para sus electores. Como resultado, sus electores tendrían que soportar cargas reguladoras más pesadas y pagar impuestos y precios más altos, mientras que los legisladores de otros distritos otorgarían a sus electores los beneficios de los programas gubernamentales y acuerdos de logrolling.
Cualquier legislador que quiera ser reelegido (que es prácticamente todos ellos) se da cuenta de que una posición de principios contra el favoritismo económico costará sus votos y el apoyo financiero necesario para la reelección. Un legislador que promete votar en contra de favores económicos y luego lo hace no puede contar con la reelección a menos que sus electores estén de alguna manera obligados a reelegirla si se apega a esa promesa. Los legisladores reformistas están atrapados en el juego del “dilema del prisionero”: son seguros sólo mientras se mantengan unidos y mantengan una posición de mayoría indiscutible en la legislatura. Pero si esa mayoría se rompe, los beneficios van a los desertores, mientras que los no desertores serán castigados. Esta toma de conciencia afecta a muchos políticos reformistas.
Algunos reformadores electorales han sugerido a los funcionarios de limitar el mandato para interrumpir este juego reduciendo las presiones de la reelección. Pero mientras un legislador tenga la oportunidad de ser reelegido incluso una vez, o pasar a otra oficina electa, habrá tentación de abandonar la promesa y buscar el apoyo de intereses especiales. Además, los constituyentes que imponen límites a sus funcionarios electos se ponen en desventaja frente a distritos vecinos que no adoptan límites. Nuevamente, estos constituyentes se privarían de favores económicos pero todavía pagarían los impuestos y los precios más altos que financian los favores del gobierno que fluirán en otra parte.
¿Qué sucede si los límites de mandato se impusieron constitucionalmente en toda una legislatura? Eso no eliminaría el problema subyacente del interés propio de los constituyentes. En vez de volver a nombrar a los mismos políticos para la reelección, las organizaciones del partido encontrarían candidatos que lucharían fielmente para continuar entregando los favores económicos perseguidos por sus precursores que salen. Los legisladores específicos podrían cambiar, pero los juegos políticos y económicos continuarán.”
Con los alumnos de Proceso Económico II de la UFM vemos a su fundador, Manuel Ayau, sobre el intervencionismo:
“¿Debe el hombre estar al servido del Estado, o debe el Estado estar al servido del hombre? Durante la mayor parte del siglo XX, dos sistemas dominantes, el socialismo y el capitalismo, dieron respuestas distintas a esta pregunta, y la mayoría de los pueblos democráticos buscaron un tercer camino, una ruta intermedia entre el socialismo y el capitalismo.
Así cobró nueva vigencia la filosofía mercantilista, que floreció en Europa a partir del siglo XVI, y que asigna al Estado la función de coordinar la actividad económica de la sociedad.
Las concesiones monopolísticas, los impuestos discriminatorios, el fomento a determinadas actividades, la acumulación de reservas monetarias, los controles de precios, salarios e intereses, la reforma agraria y otros mecanismos se han usado, en diferentes épocas y lugares, para encauzar los esfuerzos de los individuos hada los fines predeterminados por el Estado mercantilista.
El credo mercantilista no presupone el sometimiento del individuo al Estado, ni la abolición explícita del derecho de propiedad, pero asigna al Estado la función de dirigir la economía hada los objetivos que el propio Estado identifica con el “bien común”. Invariablemente, el “bien común” implica que unos se enriquecen a expensas de otros.
En la segunda mitad del siglo XX, renombrados especialistas de los países ricos han diseñado docenas de modelos económicos, y los países pobres han servido de laboratorios de experimentación. No podrían esos modelos ensayarse en los países ricos, porque sus leyes garantizan a los ciudadanos ciertos derechos que no pueden ser cercenados en aras de un experimento.
Los países pobres, en cambio, se caracterizan por la fragilidad de sus instituciones. Y como la ayuda extranjera suele estar condicionada a la obediencia de los gobiernos que la reciben, muchas naciones soberanas pero pobres modifican sus Constituciones y sus leyes para acomo-dar los experimentos.
La mejor prueba de que todos los modelos económicos ensayados han fracasado, la encontramos en el corto ciclo de vida de esos modelos. A intervalos de aproxima-damente veinte años, un modelo económico es anunciado con fanfarrea como la panacea de los problemas de los pueblos pobres. La implementación, a menudo apoyada financieramente por la comunidad internacional, tarda entre cinco y diez años.
Cuando aparecen los primeros síntomas de fracaso, los defensores del modelo los atribuyen a circunstancias fortuitas y transitorias. A medida que la secuela de pobreza se agranda, los funcionarios de los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales se renuevan. Un buen día, la nueva generación de burócratas decreta que el modelo “se agotó” y que ha llegado el momento de ensayar un nuevo modelo.
Entre 1960 y 1980, las naciones soberanas de América Central, sedientas de ayuda extranjera, sirvieron de laboratorio de experimentación para el modelo de sustitución de importaciones, que dio vida al Mercado Común Centroamericano. Acto seguido nos embarcamos en el modelo de fomento a las exportaciones reforzado, en uno u otro país centroamericano, por otros modelos subalternos o paralelos como la reforma agraria, la microempresa, la reconversión industrial, el fortalecimiento del movimiento sindical, el ecoturismo… todos ellos generosamente financiados desde el extranjero.
La economía de mercado es el sistema de organización social que surge espontáneamente cuando nadie impone por la fuerza un modelo económico.”
Con los alumnos de UCEMA vemos a David Ricardo en el Capítulo 7 de su gran obra “On the principles of Political Economy and Taxation”. Aquí presenta una de sus grandes contribuciones a la economía, tal vez la más importante: la teoría de las ventajas relativas y su visión sobre el libre comercio:
“Bajo el sistema de comercio perfectamente libre, cada país naturalmente dedica su capital y su trabajo a tales tareas que son más beneficiosas para cada uno. Esta búsqueda de la ventaja individual está admirablemente conectada con el bien común en su conjunto. Al estimular a la industria, contemplando la innovación, y utilizando de la forma más eficaz los poderes dados por la naturaleza, distribuye el trabajo más efectiva y económicamente; mientras que al incrementar el conjunto de producciones, difunde el beneficio general, y el intercambio entre las sociedades civilizadas de todo el mundo. Es este principio el que determina que el vino se produzca en Francia y Portugal, que el maíz se produzca en América y en Polonia, y que las herramientas y otros bienes se produzcan en Inglaterra.”
Y aquí presenta su ya famosa teoría:
“En un mismo país, las ganancias están, en general, siempre en el mismo nivel; o difieren solamente porque el empleo de capital puede ser más seguro o más atractivo. No es así entre países diferentes. SI las ganancias de capital en Yorkshire excedieran aquellas del capital empleado en Londres, el capital se movería rápidamente de Londres a Yorkshire, y se alcanzaría la perfecta igualdad de ganancias; pero si como consecuencia de la menor tasa de producción en las tierras de Inglaterra, por el aumento de capital y población, los salarios subieran y las ganancias cayeran, no resultaría de ellos que el capital y la población necesariamente se moverían de Inglaterra a Holanda, o España o Rusia, donde las ganancias serían mayores.
Si Portugal no tuviera conexión comercial con otros países, en lugar de emplear gran parte de su capital e industria en la producción de vinos, con los cuales compraría para su propio uso las telas y las herramientas de otros países, estaría obligada a dedicar parte de ese capital a la manufactura de esos productos, que obtendría probablemente de inferior calidad como también cantidad.
Puede ser la circunstancia, que producir la tela en Inglaterra requiera el trabajo de 100 hombres por un año; y se intentara producir vino, requeriría el trabajo de 120 hombres por el mismo período. Inglaterra, entonces, encontraría en su interés importar vinos, y comprarlos con la exportación de telas.
Producir vinos en Portugal puede requerir solamente el trabajo de 80 hombres por un año, y producir la tela en ese país puede requerir el trabajo de 90 hombre durante ese mismo tiempo. Sería, por lo tanto satisfactorio que exportara vinos a cambio de telas. Este intercambio puede incluso tener lugar, más allá de que el producto importado desde Portugal pueda producirse con menos trabajo que en Inglaterra. Aunque podría fabricar las telas con el trabajo de 90 hombres, los importaría desde un país donde se requiera el trabajo de 100 hombres producirlo, porque le sería más ventajoso emplear su capital en la producción de vinos, por los que podría obtener más telas desde Inglaterra de las que podría producir desviando parte de su capital de los cultivos de vinos a la manufactura de telas.”
Con los alumnos de la UBA Derecho comenzamos a ver el libro de Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”. En su introducción, Alberdi analiza las distintas escuelas económicas y a cual pertenece la Constitución:
“Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas:
1° Las fuerzas o agentes productores, que son el trabajo, la tierra y el capital.
2° El modo de aplicación de esas fuerzas, que tienen tres fases, la agricultura, el comercio y la industria fabril.
3° Y, por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas.
Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión, que ha dividido los sistemas económicos: – En e1 interés de la sociedad, ¿vale más la libertad que la regla, o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo a su entera libertad, o vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diere gana, o conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio, o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres, o algunos deben ser excluidos y prohibidos, con miras protectoras?
He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad.
Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.
La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.
A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.
Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.
Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.
La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.
En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. “Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.” Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.
A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.”
Gabriel Villalobos es un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, quien escribe este comentario en el portal Criptonoticias: https://criptonoticias.com/ Lo reproduzco porque hace referencia a Argentina. La noticia completa está en: https://criptonoticias.com/adopcion/peso-digital-lleva-pesos-argentinos-blockchain-bitcoin/#axzz4pwi7emIa
A muchos nos cuesta todavía entender bien todo esto, pero está claro que sigue avanzando.
“Hace pocos meses se dio a conocer una iniciativa de origen argentino que propone fusionar la seguridad y rapidez de los bancos, con la comodidad del dinero en efectivo, creando un criptoactivo de fácil acceso que cuenta con las ventajas de la blockchain.
‘Peso digital’ es una plataforma aún en período de prueba en Argentina, cuyo propósito es el de innovar los sistemas de pago de su país, agilizando los trámites que se realicen y disminuyendo los costos de transacción entre redes de pago. Para ello, su propuesta es, básicamente, convertir los pesos argentinos en pesos digitales que puedan manejarse a través de la blockchain.
Pagar y cobrar dentro de una misma red suele ser fácil. Pero muchas veces tenemos que movernos de una red a otra. Si retiramos efectivo del cajero automático para recargar la SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) en un kiosco estamos pasando por al menos 3 redes. Para que podamos movernos entre redes cada una tiene que entablar una relación especial con cada una de las otras, eso cuesta, por eso moverse entre redes suele ser caro y lento.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la ‘Cámara del Peso Digital’, que se encarga de emitir los pesos necesarios a pedido personal. Con esta institución, se pueden convertir pesos comunes a pesos digitales, y viceversa, generando así un movimiento de capital cíclico: entran pesos a la Cámara y salen criptodivisas equivalentes a esos pesos, que son respaldadas en un 100% con pesos argentinos de cuentas bancarias o LEBAC (Letras del Banco Central).
De igual forma la CPD (Cámara del Peso Digital) no interviene en las transacciones, su trabajo es funcionar, sólo en principio, como intermediario entre sus usuarios y la blockchain capaz de alojar los ‘pesos digitales’. Estos se emiten en la blockchain de Bitcoin utilizando ‘Open Assets’, un protocolo que permite la emisión y transferencia de activos. Así que los pesos digitales son monedas coloreadas (activos creados sobre la blockchain de Bitcoin) equivalentes a los pesos argentinos, pero manejables en el mundo digital.
Las operaciones a través de Peso Digital son descentralizadas y privadas, asegurando la integridad de los activos, ya que estos se registran en la confiable cadena de bloques de Bitcoin y están resguardados de cualquier hurto, aun si se pierde o daña el dispositivo en el que se almacena la cartera donde se administran. Cada cuenta posee una firma digital (una llave privada) con la cual el dueño de los pesos podrá acceder a ellos y recuperarlos en caso de perder su dispositivo, por lo que es importante resguardarla.
Adicionalmente, la transparencia de la blockchain permite rastrear los fondos y ver todas las cuentas y sus movimientos en tiempo real, aunque no estén ligadas directamente con la identidad de los dueños.
Un ladrón necesitaría hacerse con la firma digital de tu cuenta auto-gestionada, por eso hay que guardarla de forma segura. (Pero) A diferencia de los robos de efectivo, los pesos digitales dejan registros que permiten seguir el dinero robado y pueden ayudar a dar con el maleante.
Peso Digital
Para recibir los ‘pesos digitales’ se debe tener una cartera de CoinPrism y conectar una cuenta bancaria propia con la red bancaria de Peso Digital. Por el momento, se requiere tener al menos unas pocas fracciones de bitcoins para pagar las comisiones de la red, que generalmente son muy bajas; sin embargo, la Cámara ha afirmado que se encuentran trabajando para que esto cambie en el futuro y las comisiones se puedan pagar con pesos digitales en lugar de con BTC.
Cabe destacar que a la fecha no hay negocios afiliados, por lo que los pesos digitales aún no se aceptan ni por comercios ni por profesionales. El proyecto se encuentra en sus estadios más tempranos y está en proceso de difusión; por ello desde su página invitan:
Las empresas actuales y las futuras pueden sumarse sin pedir permiso, y así mejorar el acceso al crédito, al ahorro, agilizar los pagos y lograr la inclusión financiera de todas las personas.
Peso Digital
Durante su fase de prueba, no obstante, la Cámara ha advertido que sólo está emitiendo un máximo de 500 pesos al mes por persona, mientras que los datos de cuenta y la dirección para entrar se deben pedir en su lista de correo.
Esta iniciativa se suma a una buena lista de cambios financieros ocurridos en el país suramericano.
Recientemente la AFIP (La Administración Federal de Ingresos Públicos) argentina puso en marcha el decreto de “Efectivo cero”, que consiste en no aceptar más dinero efectivo para el pago de impuestos. El pago se hará vía Internet o por transferencias de débito/crédito. El objetivo del decreto es el de innovar mediante la facilitación y rapidez el proceso de pago de impuestos en el país. Por su parte, en caso de ser exitoso, el proyecto de ‘Peso Digital’ podría ser integrado por la banca argentina para lograr mejores resultados en las actividades financieras.
Argentina ha demostrado ser uno de los países más entusiastas del ecosistema Bitcoin. En lo que va de año CryptoMKT extendió sus servicios de compra/venta de ether a los usuarios argentinos, se celebró con gran aceptación el ‘Bitcoinday’, evento dedicado a la discusión y el debate de la importancia de Bitcoin en el campo de la innovación y negocios; e incluso una cafetería ubicada en la ciudad turística de Bariloche incluyó a bitcoin entre sus opciones pago. Por ello, la iniciativa de Peso Digital puede llegar a ser muy bien recibida.
Asimismo, es importante señalar que el proyecto es de código abierto, por lo que todos pueden verlo y/o apoyar a su mejoría a través de GitHub.
La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf
LOS POLICYMAKERS ABRAZAN LA DEREGULACIÓN (A VECES)
De acuerdo con la teoría económica de la regulación, el cambio de política se produce como resultado de los incentivos de las autoridades. Las investigaciones que demuestran que los mercados específicos funcionan bien sin regulación y que la regulación existente perjudica el bienestar público no es, por sí misma, un incentivo suficiente para la desregulación. La última parte del siglo XX proporcionó incentivos más efectivos para el cambio de políticas -en algunos casos.
A partir de la década de 1960 (si no antes), Estados Unidos enfrentó una revitalizada competencia económica de países que habían reconstruido sus capacidades industriales tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la economía estadounidense estaba luchando bajo las crecientes cargas fiscales de los programas de la Gran Sociedad y la Guerra de Vietnam, así como la creciente inflación de los esfuerzos de la Reserva Federal para estimular la economía. Esas luchas contribuyeron a la “Estagflación” de finales de los años sesenta y setenta, ya que los episodios de alto desempleo y la inflación de dos dígitos provocaron demandas políticas de cambio de políticas que mejorarían la eficiencia económica.
Los movimientos iniciales hacia la liberalización de algunos mercados se hicieron tan pronto como la administración de John F. Kennedy y más adelante en la administración de Gerald Ford. Pero el movimiento de desregulación realmente despegó en la segunda mitad de los años setenta. Como se señaló anteriormente, el senador Ted Kennedy, con la ayuda del asesor del comité, Stephen Breyer, aprovechó la investigación económica indicando que la desregulación de ciertas partes del sector del transporte reduciría los precios sin provocar las sombrías consecuencias que los reguladores habían pronosticado. Para los legisladores que estaban luchando con la estanflación, la oportunidad de bajar los precios y estimular la economía simplemente reduciendo la intervención del gobierno fue atractiva.
EL SIGLO XXI
El impulso para la liberalización del mercado se revirtió en el nuevo siglo. Ningún cambio de política en los últimos 16 años parecería calificar como una importante desregulación, mientras que iniciativas tales como la Ley de PATRIOTA de los Estados Unidos de 2001, Ley de Gobernanza Corporativa Sarbanes-Oxley, 2002 y leyes agrícolas subsecuentes, Ley de Asistencia Asequible, 2010 La ley de regulación financiera de Dodd-Frank y las regulaciones de “neutralidad neta” de la Comisión Federal de Comunicaciones de 2015 han ampliado la intervención federal en los mercados y añadido decenas de miles de páginas al Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos.
Al igual que el período desregulatorio anterior, esta nueva era puede atribuirse en parte a los acontecimientos externos, es decir, a los acontecimientos de noticias importantes. Los ataques terroristas de 2001 a Al Qaeda en Nueva York y Washington y los escándalos contables de 2001-2002 motivaron la Ley PATRIOT y la Ley Sarbanes-Oxley, respectivamente, mientras que la crisis financiera de 2007-2008 y la consiguiente recesión propulsaron a Dodd-Frank.
Esta pérdida de impulso desregulador es desafortunada ya que hay muchos beneficios públicos que se obtendrán de una mayor liberalización -como se documenta regularmente en las páginas del Reglamento. Algunos de estos beneficios perdidos han adquirido atención pública y política en los últimos años; por ejemplo, el uso de la tierra (por ejemplo, zonificación relajante y restricciones de construcción), atención médica (por ejemplo, flexibilización de los requisitos de aprobación de medicamentos) y licencias ocupacionales Reduciendo la formación y los requisitos de licencia), pero la reforma continúa lentamente, si es que se produce.”
La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf
“Electricidad / La evolución de la industria eléctrica en la primera mitad del siglo XX dio lugar a proveedores de monopolio con grandes instalaciones de generación de pequeñas regiones. Los responsables políticos adoptaron la regulación tarifaria de estos monopolios naturales con la justificación de que reduciría las tarifas de electricidad y aumentaría el acceso y consumo de los consumidores en relación con el laissez faire.
Sin embargo, la investigación encontró que la regulación de la tasa de las empresas de energía no había bajado las tasas. En cambio, había tendido a la industria de la energía hacia el aumento de la generación para satisfacer la demanda pico no subestimada, haciendo que el sistema propenso a los costos de capital excesivos. Los servicios públicos sobre-construyeron sus plantas de energía -especialmente instalaciones nucleares- y pasaron el costo a los consumidores, con la aprobación de los reguladores.
Banca / Históricamente, la regulación bancaria en los Estados Unidos benefició al gobierno proporcionándole ingresos y benefició a los bancos protegiéndolos de la competencia. En la historia temprana de los Estados Unidos, los estados concedieron a los bancos poder de mercado sobre pequeñas áreas geográficas a cambio de evaluar los fuertes impuestos y tarifas, que los bancos pasaron a sus clientes. Los estados prohibieron la banca a nivel nacional y la banca de “rama” estatal severamente limitada, aunque la bifurcación y la banca interestatal hubieran sido una gran conveniencia para los depositantes y una bendición para los negocios y los prestatarios. Además, habrían protegido a los bancos contra los colapsos de bancos regionales como los ocurridos en los años previos a la Gran Depresión y los primeros años de la Depresión.
La regulación bancaria de la era de la depresión (el seguro de depósitos obligatorio administrado por el gobierno y la separación de la banca comercial de la banca de inversión) combatió esos colapsos, pero las políticas ayudaron principalmente a las empresas en lugar de a los consumidores. El hito de la Ley Bancaria de 1933 fue un clásico compromiso de logro en el cual los partidarios populistas de pequeños bancos rurales ganaron el seguro de depósito federal (a través de las objeciones del Presidente Franklin Roosevelt, del Tesoro, de la Fed y de la American Bankers Association) Las actividades bancarias de los bancos comerciales, que en ese momento eran interpretados como los grandes villanos de la Depresión. El legado de la regulación bancaria ha sido un sistema bancario inmensamente fragmentado cuyos costos son excesivos.
Salud y seguridad / Las personas creen comúnmente que la ola de regulaciones federales de salud y seguridad que comenzó en los años 70 ha hecho a los trabajadores estadounidenses más seguros. El soporte prima facie para esto es dado por datos de accidente; Desde la década de 1970, los accidentes industriales de todo tipo han disminuido. Pero ese apoyo se erosiona a medida que se amplía el alcance de los datos: las tasas de accidentes disminuyeron durante décadas por delante de los reglamentos de los años setenta. No hubo otro cambio a la baja en las tasas de accidentes después de la creación de agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
La larga duración de los índices de accidentes cada vez más bajos indica que las “fuerzas seculares”, y no la regulación, han sido el contribuyente más importante a las mejoras de seguridad durante el siglo pasado. La seguridad es un bien normal y, a medida que aumenta la renta real de las personas, consumirán más. Así como los estándares de vida estadounidenses subieron en el siglo 20, los trabajadores exigieron lugares de trabajo más seguros, insistiendo en pagar más a cambio de tomar riesgos. Los empleadores respondieron proporcionando más seguridad.
Esto subraya otra revelación de los investigadores que estudian las fallas del mercado: el mercado parece ser mucho menos vulnerable al fracaso de lo que los políticos habían asumido. La existencia de un riesgo para la salud, por ejemplo, no implica necesariamente la necesidad de medidas regulatorias. A través de las fuerzas normales del mercado, los trabajadores reciben una compensación salarial suficiente para hacerlos dispuestos a asumir el riesgo, o los empleadores reducen el riesgo para reducir la prima salarial. Como resultado, el riesgo para la salud se internaliza en la decisión del mercado.
Muchas personas no saben que en la primavera de 1970 el Senado del Estado de California, citando preocupaciones ambientales, votó a favor de la prohibición del motor de combustión interna en 1975. Esta idea utópica, que recibió apoyo aparentemente improbable de los United Auto Workers No llegan a buen término debido a su impracticabilidad, aunque algunos políticos de Golden State todavía apoyan la idea.
La Ley Federal de Aire Limpio refleja el mismo pensamiento utópico. Para los contaminantes convencionales, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos debe preparar un documento cada cinco años que “refleje con precisión los últimos conocimientos científicos” sobre los efectos de la exposición en la salud. A continuación, debe establecer un estándar que es “necesario para proteger la salud pública …, lo que permite un adecuado margen de seguridad” para garantizar “la ausencia de efectos adversos sobre la salud de una muestra estadísticamente relacionada de las personas en grupos sensibles”. Dictaminó en 2001 en Whitman v. American Trucking Association que la Clean Air Act “impide inequívocamente las consideraciones de costos del proceso de” establecimiento de la contaminación “. Así, las decisiones de la EPA sobre los contaminantes convencionales se refieren a los beneficios de la reducción de emisiones, -cualquiera que sean los costos, incluso si son muy inferiores a los beneficios- porque eso es exactamente lo que la ley ordena a la EPA hacer.
La Ley de Aire Limpio no se ha enmendado desde 1990. A falta de cambios estatutarios, las normas utópicas de “costo-no-materia” de calidad del aire seguirán siendo un problema serio.”
Con los alumnos de UCEMA vemos a Adam Smith y su famoso texto “La Riqueza de las Naciones”: Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book IV, Chapter 1 y 2, “On the Principle of the Commercial or Mercantile System” y “Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home”. Disponible en: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN12.html#B.IV; http://www.econlib.org/library/Smith/smWN13.html#firstpage-bar
Si tuviera que elegir las dos páginas más memorables y relevantes que se hayan escrito en toda la historia del pensamiento económico creo que elegiría las del Libro IV, Capítulo II.
Hay tantas cosas en esas páginas que tal vez ningún otro texto haya podido aportar tantos temas como los que allí aparecen en algunos pocos párrafos. Para empezar, la famosa frase sobre la “mano invisible”, explicando que existe allí un “orden espontáneo” que lleva a que las acciones individuales motivadas aunque sea por el interés personal, terminan contribuyendo a un fin que no era parte de su intención. Persiguiendo su propio interés (que puede incluir la preocupación por el bienestar de otros), promueve más el bien de la sociedad que si se lo hubiera propuesto. Ya con eso sólo, por supuesto, ha pasado a la historia.
El tema va más allá que una mera metáfora sobre una “mano invisible”. Carlos Rodriguez Braun señala con muy buen criterio que en verdad es engañosa porque no hay allí ninguna mano, ni siquiera invisible, sino que son los incentivos de cada uno por los que para obtener lo que queremos tenemos que ofrecer a los demás algo que ellos necesiten y valoren. Pero es la magia de que allí, en el mercado, se ordenan las acciones de todos de una forma que termina beneficiándonos como no lo podríamos hacer si actuáramos con esa intención (por ejemplo, planificando la economía hacia un supuesto bienestar general).
Esta es una de las contribuciones más importantes que se hayan realizado a las ciencias sociales: la existencia de ciertos órdenes espontáneos donde las partes componentes se acomodan a sí mismas y no hay nadie que las acomode en un cierto lugar. Esos órdenes espontáneos incluyen además de los mercados, al lenguaje, la moral, la moneda y otros.
En el párrafo siguiente plantea la cuestión del conocimiento local, algo que luego Hayek profundizaría en su artículo “El uso del conocimiento en la sociedad”. Allí dice, precisamente, que cada individuo “en su situación local” juzgará mucho mejor cómo invertir su capital que cualquier “político o legislador”.
“El político que se asignara esa tarea no solamente se estaría cargando a sí mismo con algo innecesario y cuya decisión no podría confiarse …, sino que además sería muy arriesgado otorgar esa decisión a alguno que fuera tan loco o presuntuoso que pensara que puede tomarla.”
“Si podemos proveernos algo de afuera más barato pagando con el producto de nuestra propia actividad, sería ridículo no hacerlo. El trabajo no se aplica a la mejor ventaja cuando se dirige a algo que es más barato comprarlo que producirlo.”
La idea de que la lógica de la familia no es distinta de la lógica del “reino” es fundamental, sobre todo en estos tiempos donde aplicamos un razonamiento y un accionar a nivel individual pero se nos dice que a nivel agregado es todo lo contrario.
En fin, el capítulo da para más, pero tan solo estas dos páginas traen todos estos temas. Con uno sólo de ellos hubiera sido suficiente como para hacer historia. Es como un álbum de música que pone cuatro o cinco temas en el número uno. Si hay algún caso de esos, ya está en la historia grande.