El dilema “shock o gradualismo”: Catena Zapata y una oportunidad para fijar posición sobre el tema

No conozco a Nicolás Catena Zapata, a quien entrevista La Nación con un título ya bien interesante, “Toda acción proteccionista es dañina porque invita al contagio”: http://www.lanacion.com.ar/1983716-toda-accion-proteccionista-es-danina-porque-invita-al-contagio

Ha de ser una persona más que interesante ya que combina su actividad empresarial, siendo propietario de una de las mejores bodegas argentinas, con interés académico (según la nota en la teoría de la competencia).

Pero voy a tomar sus comentarios aquí, para fijar una posición respecto al debate que se viene desarrollando en la Argentina entre economistas, en relación a la necesidad de actuar drásticamente (shock) o gradualmente. La mayoría de mis amigos economistas, a quienes respeto mucho, son partidarios del shock y señalan los inconvenientes del gradualismo que actualmente aplica el gobierno de Macri.

Le preguntan a Catena:

“-El debate de shock o gradualismo está instalado entre propios y ajenos del gobierno nacional. ¿Cree que es correcto el camino tomado hasta ahora?

-Una política de shock hubiera implicado eliminar rápidamente el déficit fiscal disminuyendo erogaciones. Mi impresión es que el Poder Ejecutivo no recibió de sus votantes un mandato tan drástico. El mandato fue gradualismo en el sinceramiento de tarifas, disminución de subsidios y achicamiento del sector público. Y eso es lo que se está haciendo. Por ello esta discusión la veo hoy como un tema, diríamos académico.”

Comparto esa opinión. Una cosa es lo deseable, otra cosa es lo posible.

Si vamos a lo deseable, mi posición es que deseo el anarco-capitalismo como utopía sobre el tipo de sociedad en la que me gustaría vivir. Una sociedad sin estado, y con muchas agencias voluntarias bridando todo tipo de servicios. Nótese que no se trataría de una sociedad así para todos, sino solamente para quienes, como yo, la prefirieran. Los socialistas, por ejemplo, podrían vivir en su propio entorno socialista, donde todo sería del estado y se expropiarían unos a otros. Digamos que cada cual podría explorar su propia utopía dentro del marco de una “mega-utopía” en la cual hay de todo y compartimos solamente el principio que cada uno es libre de salir de una utopía que no le guste, como lo planteara Robert Nozick en “Anarquía, Estado y Utopía”.

Si me preguntan si esto es posible, la respuesta es que obviamente no, pero como decía Borges, habrá un mundo futuro en el cual podrá suceder.

Ahora bien, en el debate “shock o gradualismo” es muy probable que la mejor respuesta hubiera sido el shock, ya que, si bien ocasiona un cierto costo a corto plazo, la recuperación sería más rápida. Estoy de acuerdo con eso. Es más, estoy de acuerdo también en que el gradualismo no solamente puede ser una peor solución, sino que incluso puede llegar a fracasar y hacernos regresar a todos a lo peor del populismo.

Pero incluso estando de acuerdo en que no sea lo mejor, no veo que el shock fuera posible. Como dice Catena, el mandato fue gradualismo, en buena medida por algo que muchos analistas comparten: no hubo una crisis como la hiperinflación de 1989 o el default del 2001 como para que la gente estuviera dispuesta a soportar cirugía mayor.

Para ésta, es necesario que la opinión pública, que en última instancia determina el rumbo de la sociedad (así ya lo decía David Hume), sienta que no hay otra alternativa que operar. Ese sentimiento puede provenir del sufrimiento directo que impone la crisis o debería, en ausencia de ésta, provenir de la comprensión que la gente tenga de la situación difícil, aunque no caótica, en que la economía se encuentra.

Y lo cierto es que por más que alertemos sobre el déficit fiscal y el endeudamiento, la pesada carga impositiva que ahoga la rentabilidad de la inversión o la revaluación del peso que genera el endeudamiento externo, la gente siente un cierto dolor de estómago, pero no cree que tenga apendicitis aguda.

¿Es posible que sin hacer el shock todo fracase? Sí, es posible. En tal caso se presentará la crisis que hace cambiar de lado a la opinión pública. Pero nada garantiza hacia dónde iría ese cambio. Después de la hiper fue hacia las privatizaciones y la apertura; después del default fue hacia el kirchnerismo. Creo que adónde se dirija en las actuales circunstancias, y si es que ocurre, dependerá de a quién se asigne la responsabilidad: ¿sería una crisis el resultado final de 12 años kirchneristas o producto de las medidas del actual gobierno? A medida que pasa el tiempo se diluirá en la opinión pública la primera y crecerá la segunda, pero nada está dicho.

En ese sentido, más que discutir shock o gradualismo, tal vez sería mejor discutir cuál debería ser ese camino si la situación se presenta: así la discusión entre avanzar hacia una república con una economía abierta o regresar al populismo sería el debate central, y en ese están, en general, de acuerdo, tanto gradualistas como shockeadores.

Guerra entre vecinos en Canadá, montañas de estiércol y otro caso para analizar el Teorema de Coase

Hace unos días publiqué un post con la noticia de que Leo Messi había comprado la casa de su vecino para resolver un problema de externalidades negativas (ruidos molestos), en lo que consideraba era una muy buena aplicación del Teorema de Coase. Ahora el profesor Fredy Abed, de la UFM, a quien agradezco que siempre me invita a sus clases, me hace llegar otro ejemplo, con otro final…

La noticia se titula “Una pareja canadiense coloca una montaña de estiércol frente a la casa de sus vecinos”, disponible aquí: http://as.com/epik/2017/02/03/portada/1486121186_176786.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob

Como muestra la foto, ha de ser una clara externalidad negativa para el vecino (los Gallant). Pero también es importante señalar que ese mismo olor sería, no ya una externalidad por ser auto-infligido, pero tendría al menos una valoración positiva para los emisores (llamados Murray), como medio para molestar a quienes enfrentan.

Como cuenta la historia, en este caso la enemistad era muy fuerte y actuaba como un alto costo de transacción para llegar a una resolución negociada, a la Coase. Como las negociaciones ya no son posibles ahora el juez decide a quien asignar el derecho de propiedad: ¿tiene el vecino derecho a un aire limpio, o tiene el otro derecho a originar en su propiedad malos olores que llegan a la casa del vecino?

No toda emisión al vecino va a ser considerada una externalidad, ya que es costumbre, al menos por aquí, que puedo hacer un asado y algo de humo y olor llegarán a la casa de al lado, pero nuestras costumbres dirían que esto ha superado el límite, donde quiera que esté.

Según la nota, el juez decidió a favor del vecino “receptor” y condenó al otro a pagar una indemnización de $15.000 por “acosar usando estiércol”.

En fin, tal vez es una cuestión de lenguaje, pero el verdadero fundamento de esa decisión es que ha considerado que los Gallant tenían un derecho (de propiedad) al aire limpio. Esos olores “invadían” su propiedad sin tener derecho a hacerlo.

¿Cuál podría ser el fundamento de tal decisión? Pues entiendo que podría ser una visión “lockeana” del derecho. Es decir, los Gallant tenían su casa y la disfrutaban y habían generado un derecho de posesión sobre un aire limpio. Nótese que una solución a la “Posner” hubiera demandado que el juez hiciera un análisis de beneficios y costos para determinar a quien asignar el derecho de forma más eficiente, pero no sería nada fácil hacer ese cálculo en estas circunstancias en las que habría que evaluar, entre otras cosas, el odio que se tienen unos a otros. La solución a lo Locke (el primer ocupante) no solamente es más sencilla para decidir sino que también termina siendo “eficiente”.

El efecto Tiebout: entrada y salida que genera competencia institucional entre estados que son monopolios

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la materia Economía e Instituciones, vemos el capítulo del libro sobre Competencia Institucional y Globalización. Aquí una parte del texto:

La economía de mercado es altamente eficiente cuando sus participantes pueden iniciar o terminar relaciones de producción e intercambio entre sí. En otros términos, pueden “entrar” o “salir” de esas relaciones. Si un determinado bien o servicio ofrecido por un productor es considerado “peor” en comparación con otros producidos por otros productores, el consumidor simplemente ejerce su opción de “salida” y elige alguno de los otros proveedores.

Este mecanismo de la competencia, que traslada ganancias a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, garantiza la existencia de los bienes y servicios deseados, y los recursos hacia ese tipo de producción son atraídos por los mayores niveles de ganancia. Los productores se sienten presionados siempre por la competencia para lograr ser más eficientes. Esta es básicamente la lógica del mercado como la desarrolló Adam Smith.

Este enfoque fue ampliado por primera vez por Charles Tiebout (1956) al análisis de la eficiencia de los gobiernos locales, asimilando el consumidor al votante, que de la misma forma que, de acuerdo con sus necesidades, elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio, elige también la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos” (p. 183). Según Tiebout, a nivel del gobierno central, las preferencias del consumidor-votante están dadas y el gobierno trata de ajustarse a ellas; mientras que, en el ámbito de los gobiernos locales, estos tienen sus ingresos y gastos más o menos fijados y el consumidor-votante se traslada al gobierno local que mejor satisfaga su juego de preferencias. Cuanto mayor sea el número de comunidades y mayor la diferencia entre ellas, más se acercará el consumidor a su posición preferida, como sucede en el mercado.

Pero el mismo argumento de Tiebout puede extenderse a la competencia entre distintos estados “nacionales”, en la medida que la migración y el flujo de capitales, ideas y tecnologías sean posibles. Los gobiernos centrales estarían, entonces, sujetos también a la competencia de otros gobiernos nacionales en la provisión de servicios, algo que las corrientes migratorias parecen confirmar.

Así, la opción de “salida” reemplaza a la prueba del mercado de la preferencia para comprar un determinado bien o servicio, lo que garantiza entonces que cada localidad tendría el sistema de ingresos y gastos que refleja los deseos de sus residentes (p. 185). Es decir: como el mercado alcanza la “eficiencia”, la competencia entre gobiernos locales también la alcanza a ese nivel de gobierno. Tiebout parafrasea a Samuelson diciendo que “cada individuo, tratando, como comprador competitivo, de alcanzar los mayores niveles de indiferencia, dados precios e impuestos, será guiado como por una mano invisible a la gran solución del óptimo social”.

Los autores de la Escuela de la Elección Pública (public choice) o la “economía política constitucional”, que ya hemos visto, no suponen el carácter benevolente del gobierno y presentan el mismo argumento de Tiebout, pero con un enfoque diferente. Según ellos, la lógica del análisis de Adam Smith es la misma que la de los Papeles Federalistas. En ambos casos contienen el supuesto de que los individuos, incluyendo a los funcionarios del gobierno, actúan en pos de su propio interés y tratarán de utilizar el poder gubernamental en ese sentido, a no ser que se vean restringidos por la posibilidad de que la gente pueda buscar protección, o preferir a otros funcionarios de otros niveles o regiones.

Así, distintos autores  destacan que, dada la posibilidad que ofrece la opción de “salida”, el proceso de competencia entre los gobiernos locales limitaría las posibilidades de tales gobiernos de abusar de sus ciudadanos y empresas. Y destaca Buchanan que no es necesario que esa opción sea ejercida por una gran parte de la población, sino que los efectos se sentirían igual con que una proporción relativamente pequeña lo hiciera. Incluso los ciudadanos y empresas que nunca considerarían trasladarse serían protegidos por la reconocida existencia de aquellos que marginalmente están dispuestos a hacerlo. En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso e ineficiencia, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales: del primero, porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno; de los segundos, porque existe la posibilidad de movilizarse.

Buchanan señala, además, que incluso si los ciudadanos y las empresas no están dispuestos a ejercer la opción de “salida”, la existencia de pequeñas unidades de jurisdicción gubernamental mejora la otra opción, la de “voz”: es decir expresar su opinión mediante los mecanismos democráticos de gobierno, ya que un voto resulta más decisivo en un electorado de cien que en uno de mil o de un millón. Además, es más fácil organizar un pequeño grupo —que puede resultar en una coalición ganadora— en una jurisdicción pequeña.

Y aunque no se utilizara la opción de “salida”, existiría la de “salida virtual”, que es la observación de cómo se manejan las cosas en otras jurisdicciones y los efectos que esto pueda tener en el proceso político interno. Por ejemplo, en la caída del socialismo, si bien la salida de ciudadanos fue importante, especialmente en el caso de Alemania, la observación de las economías, la cultura y la política en los países occidentales por los ciudadanos de Europa Central y Oriental cumplió un papel destacado en las revoluciones de 1989-1991.

Por otro lado, la “salida” no tendría que ser necesariamente física; no requeriría el traslado físico del individuo o la empresa para garantizar la competencia. Ribstein y Kobayashi (1997) afirman que la existencia de distintos sistemas legales en un estado federal origina una competencia potencial entre ellos, en tanto en cuanto las personas y empresas puedan elegir la jurisdicción legal de su relación contractual. Esto es evidente en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales, donde las partes eligen en muchos casos la autoridad judicial a la que se someterán en caso de disidencias con respecto al cumplimiento del contrato; pero también sucede entre Estados siendo un ejemplo de esto el establecimiento legal de las empresas en los Estados Unidos, las que eligen los estados que les otorgan mejores sistemas legales, no siendo estos los mismos en que tales empresas tienen su sede central y sin siquiera tener operaciones en tales estados.

Controlando al Leviatán: consideraciones económicas respecto a los beneficios de la separación de poderes

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la materia Economía e Instituciones, vemos el capítulo del libro sobre Limitaciones al Oportunismo Político, donde analizo algunos conceptos económicos vinculados con la separación de poderes:

Hemos visto que los mercados son imperfectos, lo mismo que la política, en cuanto instrumento que puede no solamente no solucionar los problemas que el mercado vaya presentando, sino empeorarlos incluso. Hay una forma de controlar cualquier abuso de poder en el mercado: la competencia. Si algún producto o servicio no resulta como se promete, o simplemente si pensamos que hay otro mejor, podemos cambiar de proveedor. Ninguno nos tiene atrapados, a menos que tuviera el monopolio y no contáramos con otros productos o servicios sustitutos.

Pero el Estado es, por definición, un monopolio. ¿Cómo controlamos el poder que le hemos otorgado?[1]. La respuesta clásica y, en parte, vigente en muchas repúblicas modernas, es la que desarrollaran Locke[2], Montesquieu y otros: limitación y división del poder. La división del poder tiene en objeto que ningún individuo o grupo en particular lo concentre. Esta división se produce por medio de la división “horizontal” de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), como también una división “vertical” del poder, sobre todo a través del federalismo y la descentralización, tema que veremos en el capítulo 14.

La limitación se busca por vía de la existencia de normas constitucionales de protección de los derechos individuales que los excluyen de eventuales decisiones mayoritarias (Bill of Rights), la revisión judicial de los actos gubernamentales, la renovación de mandatos y otros.

La separación de poderes ha sido un tema desarrollado especialmente por la ciencia política. ¿Cuál es la visión de la economía al respecto? Pues se asocia al concepto de competencia, por un lado, y al de costos de transacción por otro. En relación con el primero, la división del poder sujeta a los distintos actores a un cierto grado de competencia entre unos y otros, tanto por recursos —este es típicamente el caso de la competencia entre gobiernos nacionales con provincias o estados subnacionales— como por áreas y poder de decisión. Esta competencia puede actuar como un freno, aunque también si termina en un “cartel” como un motor del crecimiento del gasto público y el endeudamiento. Por otro lado, la democracia, como un mecanismo para la selección y renovación pacífica de los gobernantes con base en la preferencia de cierta mayoría, contiene también elementos de competencia, aunque se trata de la competencia para obtener cierto grado de monopolio.

En cuanto a los costos de transacción, cuando se trata de transacciones voluntarias, se ven favorecidas si esos costos son bajos. Pero si se trata de transacciones que tienen como objetivo obtener algún tipo de privilegio, entonces es mejor que los costos de esa transacción sean altos. La separación y división de poderes aumenta los costos de hacer lobby. En una sociedad donde todo el poder está concentrado en una persona, sea un rey, un dictador o un gobernante electo con poder absoluto, tan solo hace falta “convencer” o “sobornar” a esa persona, teniendo en cuenta que puede haber dos clases de acciones para buscar influencias: legales e ilegales. Pero en una sociedad donde el poder se encuentra dividido y disperso, el costo del lobby es mucho mayor: puede ser necesario convencer a funcionarios o agentes del Ejecutivo, a legisladores, y eventualmente enfrentar el cuestionamiento judicial de la norma.

[1]. Comenta Madison: “Se escuchan quejas por doquier de nuestros ciudadanos más virtuosos y considerados, que nuestros gobiernos son muy poco estables; que el bien público no es considerado en los conflictos entre partidos rivales; y que se toman a menudo medidas, no según las reglas de justicia y los derechos del partido minoritario, sino por la fuerza superior de una abrumadora e interesada mayoría”. (2001).

 

[2]. La visión clásica en la materia es desarrollada inicialmente por John Locke (1988) que, refiriéndose a la monarquía absoluta, señalaba: “… que la Monarquía siendo simple, y muy obvia a los Hombres…., no es en absoluto extraño que no se ocuparan mucho en pensar métodos para limitar cualquier exorbitancia de aquellos a quienes le había delegado autoridad sobre sí mismos, y de balancear en Poder del Gobierno, colocando diversas partes en diferentes manos” (p. 338).

 

Pesca: la regulación está desde hace casi 20 años, es mucho mejor que lo actual, pero no se aplica todavía

Un interesante estudio sobre la pesca en la Argentina, por Ignacio Carciofi, recoge un tema relacionado con los derechos de propiedad en los recursos pesqueros y la asignación de cuotas individuales. El tema lo he tratado en el Cap. 15 de El Foro y el Bazar, con una visión muy cercana a la del autor, quien en su introducción señala:

“A fines de la década del 90 Argentina adoptó un modelo de manejo pesquero basado en cuotas individuales y transferibles de captura  (CITC). Desde el punto de vista de su concepción, dicho sistema de cuotas es valorado positivamente por la literatura especializada en la materia. Paradójicamente, la implementación práctica de este esquema regulatorio, describió un largo proceso de marchas y contramarchas. Las demoras en la aplicación de una regulación efectiva obligaron a la sanción de un régimen de emergencia pesquera a principios del año 2000 que dispuso una reducción severa de las capturas, especialmente de la Merluza Hubbsi o Merluza Argentina.

Transcurridos casi quince años desde la decisión inicial, recién a partir de los últimos tres años habría indicios    firmes de su implementación a  partir de la Resolución Nº1 del Consejo Federal Pesquero (CFP) de enero del 2013 que sintetiza en un texto ordenado las disposiciones previas y su lectura revela el conjunto de la arquitectura de regulación  aplicable. Esta nota se concentra en los aspectos conceptuales y argumenta que las CITCs, si son aplicadas de manera adecuada, pueden ser una herramienta           para un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.”

El trabajo está disponible aquí: http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/sde41.pdf?medium=EmailMarketing&Source=DualMail&Campaing=cece260117

Al respecto, parte de lo que digo en el libro:

Un sistema de cuotas transferibles consta, en primer lugar, de un límite general de captura de una determinada especie en cierta región. Esta cuota se establece según un criterio científico, para permitir la explotación, pero al mismo tiempo garantizar su preservación; es decir: la cuota total ideal sería aquella que permite la mayor captura, sin reducir las posibilidades de explotación futura. Una vez establecida, se divide la cuota y se asignan “derechos de pesca”: algo así como un derecho de propiedad sobre la pesca de una determinada cantidad. Estos derechos son necesarios para que los pescadores puedan capturar la especie, hasta el límite que su cuota particular establece; también pueden ser transferidos mediante compra, venta o alquiler. Se ha identificado ya la existencia de 121 pesquerías administradas con sistemas de cuotas transferibles (Costello et al, p. 1629), que mostraban un porcentaje igual a la mitad de “colapsadas” respecto a las que no eran administradas con estos sistemas, reflejando que no solamente permitirían una mejor protección del recurso, sino que también estarían logrando recuperar algunas, ya que las cuotas se suelen aplicar cuando es evidente el colapso.

Los precios que surgen de esas transferencias generan importante información respecto de las condiciones actuales y futuras de la especie y su valoración por los consumidores. Uno de los ejemplos más exitosos de esta política pública es Nueva Zelandia. Allí, el ministerio respectivo inicia todos los años una serie de consultas para evaluar la información relacionada con el posible stock de las especies que se han de capturar, incluyendo tanto a pescadores comerciales como a no comerciales, en particular maoríes. Las cuotas se definen como un porcentaje sobre la cuota total y, lo mismo que los derechos de emisión, pueden asignarse inicialmente en forma gratuita, reconociendo los porcentajes de captura que cada pescador alcanzara hasta el momento o vendiéndolos en subasta.

Incluso hay experiencias que muestran una combinación del sistema de cuotas transferibles con el manejo comunitario. Es el caso de The Challenger Scallop Enhancement Company, una organización autónoma y autoregulada que administra la pesquería más importante de vieiras en el país (Arbuckle 2000).

¿Conviene realmente no pagar en un lugar donde no volveré? ¿En el último juego de una serie repetida?

De Antony de Jasay, “La antinomia del contractualismo”, publicado en Libertas 23 (Octubre de 1995): se ha aceptado que en juego de tipo Dilema del Prisionero, los jugadores tienen incentivos a no cooperar, pero distinto sería si son juegos repetidos. A lo cual algunos contestaron que se cooperaría en todas las jugadas menos en la última, y así sucesivamente hasta llegar a la primera. ¿por qué no sería así?

“El paso siguiente en la refutación de la supuesta amenaza a la ejecución deparada por la expectativa del “último contrato” consiste en considerar cuándo un contrato es realmente el último. Supongamos un contrato en el cual A es la primera parte actora y B la segunda; si a A le resulta ventajoso pagar costos de ejecución que exceden el valor del contrato, en vista de la mayor utilidad neta (menor costo de ejecución) que este exceso le asegurará en el siguiente contrato, le convendrá incurrir en el exceso aun cuando no haya un contrato futuro con B, mientras lo haya con C o D. Por razones simétricas, a B no le conviene incumplir el contrato e incurrir en costos de resistencia hasta alcanzar el valor de éste, aunque se trate de su último contrato con A, mientras aspire a concluir otro con E o F. La “inclinación” en favor del cumplimiento y/o en detrimento de la resistencia continúa hasta el último contrato entre dos partes y sigue más allá de él, siempre que una de las partes tenga la expectativa de un nuevo contrato con una tercera parte y exista una probabilidad significativa de que la mejor estrategia de esta tercera parte se vea influida por las estrategias adoptadas por las otras dos partes en el contrato precedente.

Supongamos que un viajero llega a un puerto exótico y lo engañan, le venden objetos falsificados y un mozo insolente le cobra un precio excesivo por la comida que le sirve. El viajero, a falta de otra manera de recuperar lo que es suyo, se va sin dejar propina. Cabe el interrogante de si lo habría hecho en el caso de que lo hubieran tratado mejor. De cualquier modo, él no prestará dinero a los nativos ni éstos le venderán mercaderías a crédito. Para todos, el contrato con él es un “último contrato”; no volverá nunca, y si lo hiciera algún día, no podría decir con quién ha tratado la primera vez; él sabe que es así, todos saben que lo sabe y si no lo supiera debería saberlo. Sin embargo, si actúa como si no lo supiera y participa en “últimos contratos” en los cuales a la otra parte no le interesa demasiado actuar correctamente, esto se debe a que al viajero no le importa tanto que el contrato sea correcto o a que no cuenta con información alguna ni puede obtenerla fácilmente, y la otra parte tiene poco que perder si la obtiene. De esto se deriva el Teorema del Viajero de Paso: uno de los que suscriben un “último contrato” es un viajero de paso y ninguna de las partes tiene mucho que arriesgar. A menos que se den ambas condiciones, es improbable que un contrato sea el “último” en el sentido que esta palabra tiene dentro de la teoría de los juegos.

Cuando las partes tienen la expectativa de un nuevo convenio o esperan tratar con alguien que a su vez haya tratado, o pueda hacerlo aún, con la otra parte, o esté vinculado a ella por lazos de parentesco, amistad, solidaridad o posible reciprocidad, o que tenga acceso a las mismas fuentes de información y se entere de las mismas murmuraciones locales y de las mismas noticias respecto de los negocios, cuando, en resumen, las partes viven en una sociedad real, es muy improbable que un contrato entre ellas funcione de acuerdo con la pura lógica de esa abstracción que es el “último contrato”. Ésta puede desempeñar un papel importante en la “gran sociedad” de Hayek, con su “orden extendido”, y en el “gran grupo” cuyos miembros, anónimos, actúan en forma aislada, sin que los demás sepan nada de ellos (aunque no resulta claro cómo podrían encontrar, en ese caso, alguien que quisiera tratar con ellos sin conocerlos). Rara vez puede darse entre personas que tienen nombres, viven en lugares determinados, se ganan la vida con ocupaciones particulares, tienen un pasado y aspiran a tener cierta clase de futuro.

Alguien que tiene un nombre, vive en un lugar, trabaja en algo y forma parte de la sociedad lo pensará dos veces antes de considerar las promesas recíprocas tal como el dilema del prisionero de una única jugada dice que debe hacerlo. Tendrá que reflexionar muy cuidadosamente sobre sus asuntos y atar todos los cabos sueltos antes de dejar de cumplir un contrato como si fuera el último en que va a intervenir. Al sentirse tentado, pensará en la famosa respuesta dada por Hobbes, e impropia de él, al “Tonto” bastante hobbesiano que piensa que la razón puede dictar el incumplimiento de una promesa y la contumacia: “Por lo tanto, el que quebrantare su Convenio, y consecuentemente declarare que a su juicio le asiste razón para hacerlo, no podrá ser recibido en sociedad alguna, cuyos miembros se unen en procura de la Paz y la Defensa, como no sea por error de quienes le recibieron; y cuando fuera recibido, no podrá ser retenido por ellos, sin que vean el peligro del error que han cometido” (Hobbes, 1651, 1985, p. 205).”

Leo Messi confirma el Teorema de Coase: gracias Leo por los goles y por ayudarnos a presentar la teoría

Hace unos días publiqué aquí parte del libro donde se analiza el famoso “Teorema de Coase” y la solución propuesta para resolver problemas de externalidades negativas a través de la definición precisa del derecho de propiedad y luego la negociación entre las partes, en tanto los costos de transacción sean menores que los beneficios de ‘internalizar’ las externalidades.

No podía sospechar entonces que apareciera un ejemplo del teorema nada menos que de la mano de Leonel Messi. Así es, la noticia cuenta que Leo compró una casa en Castelldefels, un lugar a 30 km de Barcelona al que decidió mudarse para poder vivir tranquilo (no ha de ser fácil hacerlo en el medio de una ciudad como Barcelona, donde no podría salir a la calle sin verse acosado). Aquí la nota: http://www.lanacion.com.ar/1982799-la-confesion-de-un-companero-de-lionel-messi-leo-compro-la-casa-de-su-vecino-porque-hacia-mucho-ruido

Messi junto a su familia

Parece que tenía un vecino ruidoso y que la externalidad era negativa (molesta). Nótese que eso es algo subjetivo, tal como lo es el valor, ya que también podría haber sido una externalidad positiva si, por ejemplo, el vecino hubiera puesto una música que fuera del agrado de los Messi y en los momentos y con el volumen que ellos disfruten.

Pero está claro que era negativa. El teorema de Coase dice que en cuestiones de externalidades la solución proviene de definir claramente el derecho de propiedad. En este caso, se ve que el vecino tenía el derecho a emitir esos ruidos, o que, lo que también se posible, no lo tenía pero el estado no actuaba para resolver el problema.

En la práctica, al no obtener una solución, Leo ha asumido (consciente o inconscientemente) que el vecino actuaba como si tuviera un derecho, y en la práctica lo tenía. Entonces, la solución del teorema de Coase es clara: negociar y comprar ese derecho.

Esa negociación podría haber adquirido muchas formas:

  1. Podría haberle pedido que, por favor, no hagan ruido (y tal vez lo hicieron).
  2. Podría haber ofrecido un pago a cambio del valorado silencio
  3. Los lectores seguramente podrán imaginar otras alternativas, pero siempre han de ser no violentas, fruto de un acuerdo entre las partes.
  4. O lo que finalmente ocurrió, Leo compró el derecho del vecino directamente comprando la casa

Probablemente sea ésta última la solución más cara, pero no por eso este tipo de soluciones estarían fuera del alcance de cualquiera. Hace un tiempo hicimos una investigación con marcos Hidding Ohlson en La Cava, San Isidro, para averiguar cómo resolvían los habitantes de ese barrio marginal los problemas de externalidades negativas, y en un 90% lo hacían conversando con el vecino (el otro diez era algo violento).

En fin, gracias Leo por los goles y por este ejemplo para presentar la teoría.

De cuando la izquierda intelectual se enamoró del populismo: para Torcuato di Tella era el único camino

Con los alumnos de la UFM estamos hacienda un curso sobre las ideas políticas y económicas en América Latina. Ahora leemos a Torcuato Di Tella en un artículo titulado “Populismo y Reforma en América Latina”, publicado en la revista Desarrollo Económico en 1965.

“En América Latina, como en la mayoría de las actuales zonas en desarrollo, los mecanismos de la reforma no pueden ser iguales a los que funcionaron en el contexto europeo. Para ponerlo brevemente, en Europa la reforma fue producida primero por un partido liberal, basado en las clases medias, y luego por un movimiento obrero centrado en los sindicatos. Aun cuando hubo algunas desviaciones con respecto a esa pauta, en términos generales el orden de sucesión se mantuvo. Durante la primera etapa el partido liberal (o alguno equivalente) cont6 con el apoyo de las clases medias y los obreros que en gran medida aún no se habían organizado.

Durante la segunda etapa, las clases medias, en su mayoría, dejaron de oponerse al orden establecido. La prosperidad las había vuelto conservadoras, mientras que los obreros desarrollaron su propia fuerza organizativa y buscaron expresi6n en partidos con orientación de clase y en su mayoría financiados por la clase. De esta suerte se resquebraja la coalición liberal. La división política según líneas de clase no significa revoluci6n, sin embargo, porque los niveles de vida más altos y la mayor movilidad social llegaron también a las masas urbanas. La clase obrera, con orientaciones ideológicas que varían desde un sindicalismo moderado hasta el comunismo, adopta en la práctica una perspectiva política reformista y gradualista. Pero esta orientación gradualista no significa el fin del conflicto de clases en política. Aun cuando la línea divisoria es algo borrosa, el partido reformista es un partido obrero, que s61o recibe una ayuda menor por parte de las clases medias y los intelectuales. El grueso del sostén económico y de la fuerza organizativa proviene de la clase obrera.

Ahora bien, este esquema no puede funcionar en absoluto en las zonas subdesarrolladas del mundo. En lugar del liberalismo o el obrerismo hallamos una variedad de movimientos políticos que, a falta de un término más adecuado, han sido a menudo designados con el concepto múltiple de “populismo”. El termino es bastante desdeñoso, en tanto implica la connotación de algo desagradable, algo desordenado y brutal, algo de una índole que no es dable hallar en el socialismo o el comunismo, por mucho que puedan desagradar estas ideologías. Además, el populismo tiene un dejo de improvisación e irresponsabilidad, y por su naturaleza se supone que no ha de perdurar mucho. Debe asimismo añadirse que el termino ha sido acuñado por ideólogos tanto de la derecha como de la izquierda.”

Y concluye:

“Probablemente a esta altura se ha hecho bastante claro que el populismo es el único vehículo disponible para quienes se interesan en la reforma (o en la revolución) en América Latina.

La otra alternativa seria esperar a que la sociedad esté suficientemente desarrollada, por obra de otras fuerzas, y sumarse entonces al partido obrero, organizado y con conciencia de clase que presumiblemente surgirla en esas circunstancias. Pero es difícil esperar tanto. La causa liberal, por otra parte, no es muy atractiva, porque en la etapa subdesarrollada no es posible, y cuando se llega al desarrollo deja de ser reformista.

El problema, para quienes profesan valores más universalistas, es como adaptarse a las ásperas realidades del populismo. No es tarea fácil. El rechazo, en nombre de esos valores universalistas, es tan inútil como la aceptación no critica. Y, por cierto, tan ricamente recompensado por las partes interesadas, sea de dentro o de fue a de las fronteras de América Latina. Lo que se precisa, especialmente para los grupos intelectuales, es mantener vinculaciones y participar en tareas comunes, con el movimiento populista, sin perder la propia identidad y capacidad crítica. La dificultad estriba en que en general el movimiento populista exige lealtades más completas de sus aliados. Y el intelectual difícilmente puede darlas sin perder su condición de tal. El buscar y experimentar las formas de esta interrelación es una de las tareas más importantes, y apenas comenzada, para poder hacer un éxito del proceso de reforma social en América Latina.”

Eduardo Galeano y Las venas abiertas de América Latina. Esas ideas nos llevan a especializarnos en perder

Ya había escrito un par de veces sobre Eduardo Galeano. Uno sobre el individualismo y una posición similar a la de Borges: http://bazar.ufm.edu/eduardo-galeano-escribio-sobre-los-fueguitos-vision-individualista-como-la-de-jorge-luis-borges/

Otros sobre sus propias opiniones sobre el libro “Las venas abiertas de América Latina”: http://bazar.ufm.edu/galeano-las-venas-abiertas-es-pesadisima-y-la-escribi-sin-conocer-suficiente-economia-y-politica/

Ahora vemos con los alumnos de la UFM su texto entre los que impactaran las ideas en América Latina.

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar v le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones Este va no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores; y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, «hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización…» Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no sólo funcionan para el mercado externo dominante; proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. «Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países… Es que nosotros no damos concesiones», advertía, allá por 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro: «Un país –decía- es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido». Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia, como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a lo sumo, una sub -América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación.

Es América Latina, la región de las venas abiertas.”

Como siempre en esta visión, alguna maldición nos ha caído por la que nos eligen para explotarnos. ¿Por qué a nosotros? Respecto a los beneficios de la división internacional del trabajo parece que Galeano está en lo cierto. No sabía mucho de economía.

El mundo de la globalización es un mundo que ofrece oportunidades. Pueden aprovecharse o no, pero no estamos condenados a perder.

Soluciones institucionales a supuestas “fallas de mercado”. La provisión voluntaria de faros, comenta Coase

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la material Economía e Instituciones, vemos la provisión voluntaria de bienes públicos, del capítulos “Soluciones Institucionales”:

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .