Los diez principales problemas ambientales. El de la minería es un problema de derechos de propiedad

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la minería:

Para la Fundación:

Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos.

Informe ICI 2012:

La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator, los estándares ambientales de la CFI, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres .

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

Matan a los rinocerontes por los cuernos, pero hay «propietarios» que los cuidan y reproducen

Luego de una serie de posts sobre temas ambientales en América Latina, aquí va un interesante artículo sobre los rinocerontes en Sudáfrica y los derechos de propiedad, por Timothy Taylor, publicado por PERC: http://perc.org/articles/property-rights-and-rhinos

Rinoceronte negro

Algunos párrafos:

En Sudáfrica se encuentra el 75% de la población de rinocerontes negros y el 96% de los blancos. Debe haber algunas lecciones para los conservacionistas detrás de estas estadísticas. Michael ‘t Sas-Rolfes cuenta la historia en “Salvando a los Rinocerontes Africanos: Un éxito del mercado”, publicado como un caso de estudio por PERC (Property and Environment Research Center).

La historia no es solo sobre mercados. En 1900, los rinocerontes blancos habían sido cazados casi hasta ser extinguidos, quedaban unos 20 en una reserva en Sudáfrica. La población se recuperó algo pero lentamente y a mediados del siglo XX había suficientes como para comenzar a relocalizar grupos reproductores en los parques nacionales de Sudáfrica, como también en las reservas privadas de caza. En 1968 se autorizó la primera caza legal del rinoceronte blanco.

En los años 1980s, dice Sas-Rolfes, sucedió algo extraño. En 1982 la Junta de Parques de Natal estableció un precio de lista para el rinoceronte blanco de 1.000 Rands sudafricanos, pero el precio promedio pagado por un cazador ese año era de 6.000 Rands. Las reservas privadas de caza rápidamente aprovecharon esta oportunidad de arbitraje. La Junta de Parques de Natal comenzó a subastar sus rinocerontes. En 1989, los vendía por 49.000 Rands, pero el precio promedio para el cazador había subido a 92.000 Rands. Había serias dudas de que este fuera un buen sistema para criar y cazar rinocerontes desde una perspectiva ambiental amplia.

Pero en 1991 entran en escena los derechos de propiedad.

Antes de ese momento, toda la fauna salvaje de Sudáfrica era considerada por la ley como res nullius o propiedad sin dueño. Para obtener los beneficios de la propiedad de un animal salvaje tenía que ser cazado o domesticado. Esto creó un incentivo para recolectar, no para proteger, valiosas especies salvajes –ya que aun si un productor pagaba por un rinoceronte no podía reclamar compensación si su propiedad la mataba un cazador furtivo. Reconociendo los problemas asociados con el principio de res nullius, la comisión redactó una nueva legislación: La Ley de Robo de Especies de 1991. Esta política permitió la propiedad privada de cualquier animal salvaje que pudiera ser identificado de alguna forma, como una etiqueta. Los efectos combinados de los precios de mercado a través de subastas y la creación de derechos de propiedad más firmes cambiaron los incentivos de los productores privados. Ahora tenía sentido criar rinocerontes más que matarlos apenas los recibían.

Para entender el efecto de los derechos de propiedad en la conservación veamos la diferencia de poblaciones entre rinocerontes negros y blancos. Comparemos la cantidad de rinocerontes blancos con los negros , que viven en países sin fuertes instituciones de mercado y sin derechos de propiedad como Kenia, Tanzania y Zambia. En 1960 había unos 100.000 rinocerontes negros en África, pero a principios de 1990 la caza furtiva los había reducido a 2.500. Los únicos rinocerontes que quedan están en países con fuertes instituciones de mercado, como Sudáfrica o Namibia o en zonas intensamente protegidas.

Existe una fuerte demanda por el cuerno de los rinocerontes y especialmente desde 2008 estos enfrentan el riesgo de la caza furtiva. Así lo describe un experto del grupo Save the Rhino:

“Además de las zonas intensamente protegidas –que implica protectores costosos y no totalmente incorruptibles- y la existencia de reservas privadas de caza, la otra opción es buscar minar el mercado negro del cuerno de rinoceronte con un mercado legal. Otras opciones más controvertidas que discuten en Save the Rhinos incluyen sacarles los cuernos para que sean menos atractivos a los cazadores furtivos y tal vez, permitir la venta legal de estos cuernos, para reducir los precios pagados a los furtivos. Los cuernos están hechos de queratina, sustancia similar a la de las uñas y el pelo, y el cuerno podría sacarse cada año o dos: tal vez más que competir con el mercado ilegal haría más fácil para los furtivos venderlos ilegalmente. En definitiva, dado que Sudáfrica es donde más rinocerontes hay, supongo que tomará una decisión en base a alguna de estas opciones”.

Los diez principales problemas ambientales. Ahora la energía, ¿a qué precio?

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Petróleo

Veamos ahora el tema de la energía:

Para la Fundación:

El viento costero y patagónico, la luz solar y el agua son recursos naturales aún desaprovechados. «El modelo vigente y su tendencia nos alejan de poder diversificar la matriz energética», dicen los autores del informe. En 2012 (el último período para el que obtuvieron datos), las pequeñas centrales hidroeléctricas activas aportaron 92 MW y las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, 118 MW (ese año, España obtuvo 21.288 MW del viento). El uso de la energía tampoco es tan eficiente en los hogares, la industria y el alumbrado público (sólo la ciudad y la provincia de Buenos Aires poseen un plan de reemplazo de las luces de las calles con lámparas de alta eficiencia).

SOLUCIÓN: Ampliar el uso de las etiquetas de eficiencia energética más allá de los electrodomésticos, instalar atenuadores de potencia en el sistema de alumbrado público del país, educar a la población en el consumo responsable y promover la coproducción industrial de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible.

Informe ICI 2012:

El impacto ambiental del consumo de energía se debe al uso de la leña a nivel doméstico, al uso de combustibles fósiles a nivel urbano por parte de los vehículos de transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero, a nivel global. El desarrollo de energía hidroeléctrica, si bien es renovable, genera también impactos ecológicos, causando inundaciones de terrenos. El potencial solar, hidroeléctrico y eólico, o de biocombustibles no compite todavía en costos con los combustibles fósiles, los Estados subsidian a algunos en lugar de desregular, reducir cargas e impuestos para que estas nuevas tecnologías prosperen. Precios subsidiados generan un consumo mayor de energía, visibles particularmente en los países productores de petróleo como México, Venezuela y Ecuador. En el caso del primero los subsidios a la gasolina alcanzan la cifra de 10.000 millones de dólares, al diesel unos 3.600 millones. También se subsidia el precio de la electricidad con el mismo resultado de un mayor consumo.

El subsidio a energías renovables, como la producción de biocombustibles, no necesariamente reduce la emisión de CO2 ni genera un menor consumo de electricidad, sobre todo cuando sus tarifas también son subsidiadas por el Estado, y desplaza también la cobertura vegetal existente, bosques o la producción de cosechas con destino a la producción de alimentos. No reduce el consumo de combustibles fósiles.

Los 10 principales problemas ambientales. Hoy: la disposición de residuos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los residuos:

trash

Para la Fundación:

Existen más de 3000 basurales a cielo abierto, donde conviven residuos domiciliarios e industriales. Están en más del 70% de los municipios con menos de 10.000 habitantes y el 50% de los de más de 100.000 habitantes. Esta «tradición» argentina de no organizar la disposición de los desechos ni fomentar la separación y el reciclaje de los residuos (el 40% es potencialmente reutilizable) aumenta la contaminación del aire, el suelo y el agua con un alto riesgo sanitario.

SOLUCIÓN: Fomentar la separación de los residuos y el reciclado de materiales, identificar a los grandes generadores de desechos, aplicar la ley de gestión de residuos domiciliarios y eliminar los basurales a cielo abierto.

Informe ICI 2012:

Los residuos sólidos se han incrementado en gran volumen como consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la producción per cápita (sobre todo plásticos y materia orgánica). Los gobiernos han dejado en manos de empresas privadas la recolección pero se han quedado con la responsabilidad de la disposición final y no han permitido que surjan incentivos para la generación de menor cantidad de residuos y de mejor calidad. En algunos casos colocan contenedores que permiten una calificación, pero como no hay mayores incentivos que la conciencia (no muy firme como se ve abajo), buena parte de la clasificación para el reciclado la realizan recolectores informales, quienes cumplen una gran función, aunque con poco orden y organización. Los desechos orgánicos no se consideran materia prima de alto valor y no son recuperados por los recicladores informales. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en basureros ilegales.

El precio del servicio de recolección no refleja los costos de la disposición final de los distintos productos, ni discrimina por cantidad. Suele estar vinculado con el valor de la propiedad, pero éste no es un buen indicador de la cantidad y calidad de basura que se genera. De esta forma el consumidor no envía señales a los productores para que mejoren la capacidad de reciclado de los envases.

Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se lleva a depósitos abiertos o a rellenos sanitarios, no recubiertos, sin protección de aguas freáticas, ni sistemas de tratamiento.

Los diez grandes problemas ambientales. Ahora: la pesca comercial

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la pesca comercial:

Pesca comercial

Para la Fundación:

No se controla el cumplimiento de la veda de pesca de la merluza común, una especie con «síntomas de exceso de explotación», según admite la Sayds. La Merluccius hubbsi, la merluza de cola, la anchoíta y la caballa son las principales especies de pesca comercial (en 2011 se extrajeron 700.000 toneladas y se exportó por 1300 millones de dólares). Salvo la anchoíta, que está subexplotada, las otras especies, más el calamar, el langostino y la vieira, demandan medidas de conservación.

SOLUCIÓN: Elaborar un inventario nacional de las especies de valor comercial, revisar el estado de sus poblaciones, proyectar la captura aceptable por jurisdicciones y prohibir el uso de técnicas de pesca indiscriminada.

Informe ICI 2012:

La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años. En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).