Es más que conocida ya la discusión sobre los bienes públicos y el ejemplo de los faros como el de un tipo de servicio que no podría ser provisto privadamente debido a que no se puede excluir a quienes no pagan y que el consumo de unos no reduce el de otros. Estaré presentando un paper en el próximo Congreso de Economía Austriaca de Rosario sobre este tema en relación a boyas y balizas: http://escuelaaustriaca.org/esp/inicio_esp.php
Va algo introductorio sobre el tema del cap. 7 del libro:
Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, en un peñasco de rocas a 20 kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro pero Trinity House consideró que era imposible, pero en 1692 un emprendedor, Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House por el que se comprometía a construirlo compartiendo las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley quien negoció un mejor trato: recibiría todas las ganancias en los primeros cinco años y luego los repartiría por igual con Trinity House por 50 años. Construyó una torre primero y luego la reemplazó por otra finalizada en 1699 pero una gran tormenta en 1703 lo destruyó y se cobró las vidas de Winstanley y algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.
Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo fue en mejores términos: una concesión por 99 años con una renta anual de 100 libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755 cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos 50 años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo de nuevo para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, quien completó una nueva estructura de piedra en 1759 operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una nueva estructura por Trinity House.
Según Coase un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de 42 faros en manos de Trinity House, 3 concesionados por ella a individuos, 7 concesionados por la Corona a individuos particulares, 4 en manos de propietarios bajo distintos permisos, un total de 56 de los cuales 14 estaban en manos privadas bajo distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos terminó consiguiendo el monopolio de los faros, todos pasaron a su órbita.
En una directa respuesta a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye que “… los economistas no deberían utilizar a los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero este trabajo no intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento”.
Encontrarlos no será sencillo, sobre todo teniendo en cuenta las objeciones que señala, por ejemplo, Hoppe (1993, p. 5): “Aun el análisis más superficial no dejaría de señalar que utilizar el mencionado criterio de no exclusión, más que presentar una solución sensible, lo pondría a uno en problemas. Si bien a primera vista parece que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado califican ciertamente como bienes públicos, por cierto que no resulta obvio cuántos de esos bienes que son provistos por los estados caen bajo la definición de bienes públicos. Ferrocarriles, servicios postales, teléfonos, calles y otros parecen ser bienes cuyo uso puede ser restringido a las personas que los financian y parecen, por lo tanto, ser bienes privados. Y lo mismo parece ser en el caso de ese bien multidimensional llamado ‘seguridad’: todo para lo que podría obtenerse un seguro debería calificar como un bien privado. Sin embargo, esto no es suficiente. De la misma forma en que muchos de los bienes provistos por el estado parecen ser bienes privados, muchos bienes producidos privadamente parecen caer en la categoría de bienes públicos. Claramente, mis vecinos se beneficiarían de mi prolijo jardín de rosas – disfrutarían la vista del mismo sin tener que ayudarme con él. Lo mismo sucede con todo tipo de mejoras que podría realizar en mi propiedad las que mejorarían también el valor de las propiedades vecinas. Aun aquellos que no ponen dinero en su sombrero se benefician de la actuación de un músico callejero. Aquellos pasajeros en el ómnibus que no me ayudaron a comprarlo se benefician de mi desodorante. Y todo el que alguna vez se encuentre conmigo se beneficiaría de mis esfuerzos, realizados sin su apoyo financiero, de convertirme en la persona más sociable. Ahora bien, ¿tienen todos estos bienes –jardines de flores, mejoras en las propiedades, música en la calle, desodorantes, mejoras personales- siendo que claramente parecen poseer las características de bienes públicos, que ser provistos por el estado o con asistencia del mismo?”
