La eficiencia de la política y la democracia directa: el caso de las consultas populares en Suiza

A fines de Noviembre, los votantes suizos podrán decidir, en una consulta popular, si obligan a su banco central a revertir la venta de oro de sus reservas. Comentaré esto en un post mañana. En este post, el economista Bruno Frey analiza las bondades de la “democracia directa” en ese país (La relación entre la eficiencia y la organización política, Libertas 23):

“La iniciativa es una institución especialmente importante porque les quita a los políticos el poder monopólico para establecer un orden de prioridades en el tratamiento de los temas y hace posible para los que “están afuera” proponer asuntos para la toma de decisiones democrática, incluyendo aquellos que los políticos preferirían no plantear, tales como los que se relacionan con sus ingresos, sus privilegios y su poder discrecional.

El caso de Suiza demuestra que la democracia es realmente efectiva para romper -al menos en parte- la coalición de los políticos contra los votantes. Es preciso tener en cuenta que en las democracias representativas resulta mucho más difícil detectar la existencia de una coalición semejante, porque los costos que los ciudadanos deben pagar para expresar sus distintas preferencias son mucho mayores: o bien deben recurrir a la protesta informal, difícil de organizar y que rara vez adquiere relevancia política, o tienen que esperar a la próxima elección, momento en el cual también les resultará difícil plantear demandas específicas o asuntos sustanciales. Por otra parte, en Suiza los ciudadanos pueden participar regularmente en las decisiones políticas por medio de referenda a nivel federal, cantonal o comunal. Entre 1848 y 1990 hubo, sólo a nivel federal, 147 referenda obligatorios (acerca de asuntos constitucionales), 103 referenda optativos (respecto de leyes) y 104 iniciativas (que fueron instituidas en 1891), y muchos más en los otros niveles (véase, e.g., Hertig, 1984, un informe sobre el sistema de referéndum de Suiza). Específicamente, los votantes tornaron en referenda las siguientes decisiones de los políticos, a las que ya nos hemos referido y que redundaban claramente en beneficio de éstos últimos:

1) En 1918 los ciudadanos adoptaron el sistema de voto proporcional para el parlamento (el Nationalrat), rechazado por los políticos que entonces ejercían el poder. En las elecciones siguientes, el partido radical-democrático perdió no menos del 40 por ciento de sus bancas.

2) Una iniciativa popular tomada en 1946 logró que las leyes federales “urgentes” fueran sometidas a un referéndum obligatorio en el plazo de un año.

3) La propuesta de que Suiza pasara a integrar las Naciones Unidas fue rechazada mediante un referéndum por no menos del 76 por ciento de los votos.

En todos estos casos, los políticos que estaban en una posición de poder en el gobierno y en el parlamento habían tomado formalmente una decisión contraria y habían propuesto formalmente a los ciudadanos que la apoyaran. Sin embargo, los ciudadanos, que no estaban preparados para una determinación favorable a la coalición de los políticos, optaron por reducir el poder de ésta.

Además, los estudios econométricos representativos realizados respecto de Suiza (Pommerehne, 1978, 1990) revelaron que las decisiones políticas sobre la provisión de bienes públicos corresponden más a las preferencias de los votantes cuanto más ampliamente desarrolladas se encuentran las instituciones que regulan la participación política directa. Como los que soportan el costo de las actividades gubernamentales no son los políticos sino los contribuyentes individuales, no es sorprendente que en las comunidades políticas cuyas instituciones de participación democrática directa están particularmente bien desarrolladas, el gasto público es, ceteris paribus, menor.

Los referenda no sólo son útiles para quebrar la coalición de los políticos destruyendo su monopolio sobre las prioridades en el tratamiento de los asuntos, sino también para centrar la discusión política en temas de importancia sustancial. La consecuencia de esto es que los ciudadanos pueden acceder a información libre de cargo.

A menudo la idea del referéndum es rechazada, especialmente por los intelectuales,porque se cree que los ciudadanos carecen de la inteligencia y de la educación suficientes como para tomar una decisión razonable acerca de los asuntos políticos; los que así piensan están de acuerdo en que esa tarea corresponde a una élite. En lo que respecta a Suiza, un experto en ciencias políticas expresa la opinión, generalizada entre los científicos sociales, de que la democracia fundada en el referéndum “reduce la eficiencia de la acción de gobierno y la capacidad de innovar” (Hertig, 1984, pp. 254-255; la traducción me pertenece). Si se consideran las preferencias individuales como la base normativa para la evaluación, esta acusación es inaceptable, porque da por sentado que existe una “voluntad social” independiente, según la cual la “eficiencia” y la “innovación” del gobierno son buenas en sí mismas. Sin embargo, desde el punto de vista individualista, este tipo de actividad tecnocrática muy bien puede ser incompatible con las preferencias de los ciudadanos, y en ese caso la “eficiencia” y la “innovación” son más perjudiciales que beneficiosas. Por supuesto, hay lugar para una élite aun en una democracia directa, sobre todo para ultimar los detalles y evaluar las consecuencias de los diversos asuntos políticos en curso.

¿Una consulta popular para decidir si habrá un casino en nuestro municipio?

Pablo, lector de este blog en Neuquén, plantea un tema interesante para la discusión, y estoy seguro que los alumnos de Derecho, sobre todo, querrán opinar al respecto. Me dice lo siguiente:

“En la ciudad de Centenario, la cual es lindante a la de Neuquén capital se estaría por instalar un casino y diferentes asociaciones plantean juntar firmas y rechazar la instalación del mismo. El argumento que se esgrime es que no es el perfil de ciudad que se busca, porque los casinos fomentan la criminalidad, la prostitución etc, que no dejan o no invierten el dinero en la ciudad y que fomenta la ludopatía y el dispendio. En USA y acá, en Villa la angostura, han llegado a realizar referéndum para elegir si es conveniente tener un casino en la ciudad, sobre todo si esta es chica el peligro que se suele ver es mayor, en algún sentido el miedo se asemeja el existente con la explotación de la minería.”

“Por otro lado uno piensa que un casino no es una actividad ilícita, que la cuestión fiscal está asociada a la capacidad de recaudar del municipio, este tema es difuso por que en algunas ciudades se los acusa de estar en deuda con el fisco. Tampoco creo que es acertada la idea de crear un estado paternalista que vele por las «buenas elecciones de todos».”

Casino

La noticia puede verse aquí: http://www.rionegro.com.ar/diario/el-casino-magic-se-instalara-en-centenario-4410913-9701-nota.aspx

¿Qué opinar al respecto?

En primer lugar quiero señalar algo positivo: que el tema se defina a nivel local (aunque podría cuestionarse porqué tiene que haber licencias especiales para esta actividad, que no se les pida a otras). Imaginen si fuera el estado nacional el que tuviera la atribución de otorgar las licencias para casinos. De esta forma, puede decidir la comunidad local, y hacerlo de dos formas que se analizan en el libro: la voz y la salida. Según la primera, pueden juntar firmas y llamar a una consulta popular para que los vecinos decidan si mayoritariamente quieren el casino o no. Por la segunda, a quienes les desagrade vivir cerca de un casino podrán moverse a otro municipio donde no los haya, y quienes quieran vivir cerca de uno al revés.

En segundo lugar, no quiero opinar acerca de las bondades de tener un casino cerca o no. Puede que haya algo más de recaudación tributaria para el municipio; también que tiente a la gente a ir a jugar en lugar de producir, etc. Anticipo que habrá opiniones sobre la “bondad” o “maldad” de la actividad para lo cual simplemente voy a señalar que no parece ser una actividad que viole los derechos de nadie. La gente va allí voluntariamente y entrega su dinero (o recibe) de la misma forma. Puede que no nos guste dejar el dinero allí pero tenemos la posibilidad de no hacerlo. No es algo que podamos decir de los impuestos: puede que no nos guste como se despilfarran pero no tengo la misma oportunidad que me da el casino: no pagar. Si repudiamos al casino porque nos incita a dejar nuestro dinero allí, al menos habría que decir algo de los impuestos que nos obligan también a dejarlo, muchas veces para algo que no nos sirve ni interesa.

En tercer lugar, puedo entender que haya gente que no quiera saber nada de tener un casino cerca y para ellos debería haber también “municipios libres de casinos” de la misma forma en que yo quisiera municipios con bajos impuestos y amplias libertades.

Por último, algo que personalmente tendría en cuenta para opinar localmente sobre el tema tiene que ver con los fines de esa mayor recaudación que esto promete. Creo que ése sería el punto central a discutir. Por ejemplo: ¿van a eliminar las tasas municipales y financiaremos al municipio con lo que deje el casino? ¿al menos las reducirán? ¿O es que los políticos locales quieren tener más dinero para gastar más? Y en todo caso, ¿en qué están pensando en gastarlo? ¿En algún servicio importante que aún no tenemos en el municipio, o en la mejora de alguno que hoy no funciona porque el dinero no alcanza?

En fin, creo que la respuesta a esas preguntas definiría mi posición en la consulta.

Hace poco puse un post sobre la tribu de los Seminoles en Florida, quienes son los dueños del Hard Rock Café y varios casinos. También propondría que los distintos grupos aborígenes de la zona pudieran poner casino en sus tierras si es que así lo desean.