Son las instituciones, no los efectos de la enfermedad holandesa y la “maldición de los recursos naturales”

Muy interesante trabajo publicado por el Cato como Policy Analysis, titulado “Curse or Blessing? How Institutions Determine Sucess in Resource-Rich Economies”: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/curse-or-blessing-how-institutions-determine-success-resource-rich

Muy importante, además, en el caso argentino porque los estatistas de siempre han presentado la teoría de la “enfermedad holandesa” como una de las razones para cerrar la economía y subsidiar a ciertos sectores. Aquí las conclusiones de este informe:

“Los propios recursos naturales no son la raíz de los problemas que enfrentan muchas economías exportadoras de minerales. Es posible construir una economía moderna y próspera que derive una parte significativa de los ingresos de la venta de minerales.

En los países exportadores de recursos con mejores instituciones y mayores niveles de libertad económica, tanto el ingreso real per cápita como el nivel de desarrollo humano son más altos, las personas viven más tiempo y hay más inversión y más derechos civiles. La mayor libertad económica se correlaciona con menores niveles de delincuencia, corrupción y analfabetismo.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo social en muchas economías de recursos es la búsqueda de rentas. No es una característica única de las economías de recursos, pero parece tener un efecto particularmente fuerte sobre ellas y producir deficiencias institucionales.

Tanto la enfermedad holandesa como el efecto de la volatilidad de los precios de los productos básicos son ante todo problemas institucionales y no puramente económicos. Ambos se convierten en problemas en circunstancias específicas, que suelen asociarse con la falta de instituciones fuertes y transparentes.

Si se implementan correctamente con el nivel adecuado de autodisciplina, los fondos de estabilización pueden ser una herramienta de política económica útil para las economías de recursos. Si se trata de una forma óptima de administrar los ingresos del gobierno sigue siendo una cuestión abierta.

La innovación es uno de los principales impulsores del crecimiento y el desarrollo social. La revolución del esquisto es en esencia un avance tecnológico del más alto calibre que ayudó a socavar un prejuicio común contra las industrias extractivas como insuficientemente innovador.

No es casualidad que en algunos de los países más económicamente libres del mundo, como los Estados Unidos, el Canadá, los Estados Unidos, los Estados Unidos, el Canadá, los Estados Unidos, Y Australia. La combinación de derechos de propiedad seguros, regulación transparente y eficiente, un régimen tributario favorable y una burocracia mínima lo hicieron posible.

Las compañías petroleras privadas generalmente se desempeñan más eficientemente que las empresas estatales: el ingreso promedio neto por barril de las seis mayores compañías petroleras privadas es de aproximadamente 60 a 85 por ciento más alto (dependiendo del año) que el de las seis principales empresas estatales compañías petroleras.

Bajo ciertas condiciones, y dentro del marco de políticas adecuado, algunas corporaciones estatales consiguen resultados impresionantes (por ejemplo, Statoil de Noruega y Petronas de Malasia). Lo que importa es la forma en que se organiza una empresa en particular y, lo que es más importante, el entorno institucional en el que opera.

Cinco exportadores de petróleo experimentaron un crecimiento positivo del PIB durante el colapso del precio del petróleo en los años ochenta. Esos países son Omán, Indonesia, Noruega, Malasia y Canadá. Sus ejemplos demuestran que las instituciones económicas fuertes pueden ayudar a superar la tormenta de los bajos precios de las materias primas.

Una mayor participación gubernamental en las economías de recursos no aumenta el crecimiento. En conjunto, genera un rendimiento negativo por la expulsión de la inversión privada, fomentando la búsqueda de rentas y la corrupción, y disminuyendo la productividad general.

Un país exportador de minerales puede ponerse al día en su desarrollo económico si refuerza sus instituciones. Incluso con mejoras relativamente pequeñas, los resultados son positivos y bastante significativos.”

La figura del emprendedor, curiosamente olvidada en la economía estática, basada en equilibrios que éste rompe

Con los alumnos de la materia Proceso Económico, de la UFM, vemos al final el papel del emprendedor en la economía con un artículo de Israel Kirzner. Aquí va un breve comentario sobre temas que trata:

“Es importante en este punto que veamos cuál es la función del emprendedor, y la diferencia que esta función tiene con la del capitalista. En muchos casos ambas funciones son cumplidas por la misma persona, pero es necesario comprender que estamos hablando de dos cosas distintas, ya que muchas veces sucede que alguien tiene una “idea” brillante y es otro el que pone el capital para llevarla adelante. La función empresarial es la primera.

En tal sentido, la función del empresa no es la de “economizar” como lo hace cualquier participante del mercado en el modelo de equilibrio. En ese caso, toda la actividad económica es la de asignar recursos escasos a fines múltiples, y todo lo que se requiere es la capacidad de hacerlo en la forma más “eficiente” posible. Pero esto parece más una cuestión de ingenieros que de emprendedores.

Sin duda que hace falta desarrollar los métodos más eficientes posibles y ésta será una tarea de todo emprendedor, pero su contribución principal no es ésa, para eso contrata a un buen ingeniero, su función es la “creatividad”, es la tarea de identificar los fines y los medios. Una vez que éstos se conocen, entra en acción el ingeniero para lograr la eficiencia. El consumidor tiene unos fines dados para su consumo y trata de gastar su ingreso de la forma más eficiente posible; el propietario de recursos trata de obtener de ellos el mejor resultado.

La función empresarial, como tal, no demanda del emprendedor que tenga medios sino que reconozca las oportunidades: los productores pueden haber vendido a precios inferiores a los que podrían haber obtenido o los mismos recursos utilizados podrían haberlo sido en forma distinta para obtener productos que los consumidores necesitan en forma más urgente o intensa. Los compradores pueden haber pagado precios más altos de los que se podrían obtener.

Esto significa que hay dos tipos de funciones empresariales, las que se relacionan con al funcionamiento del mercado como fue explicado antes: una es la empresarial pura; otra es la maximizadora. Pueden estar en la misma persona o ser algunas personas empresarios puros y otros maximizadores. Los maximizadores son aquellos que conociendo las discrepancias que existen en el mercado debido al cambio de las variables subyacentes, buscan aprovecharlas en forma eficiente; los empresarios puros son los que “descubren” esas diferencias y las hacen evidentes. Como se dijera, estas funciones pueden estar presentes en la misma persona, o en personas diferentes, o en la misma persona pero en proporciones muy distintas: existe aquél que tiene ideas geniales pero luego es incapaz de llevarlas a la práctica en forma eficiente al tiempo que existe quien no es creativo pero es ordenado y sabe cómo organizar los procesos necesario para llevar adelante el emprendimiento.

Todo emprendedor deberá preguntarse cuál es su principal característica, de la misma forma que deberá evaluar las fortalezas y debilidades que tengan quienes colaboren para determinar en qué grado poseen una u otra de las características mencionadas.

También implica esto una diferencia entre un “productor” y un “emprendedor”. Puede haber muchos “productores” que no necesariamente desarrollan una “función empresarial” ya que no están innovando, no están alertas a los cambios en el mercado, se limitan simplemente a recibir los cambios que han generado los emprendedores y responder a ellos en la forma más eficiente posible. El emprendedor es el motor del mercado, es el que detecta los cambios e inicia el camino: el productor, como tal, no necesariamente cumple esa función sino la de continuar por el camino que ya ha sido trazado.

Donald Trump abandona el Tratado de París sobre el cambio climático, pero parece que el Tratado no cambiaba mucho

Luis Ignacio Gómez, quien dirige el Master en Economía y Medio Ambiente de la UFM, escribe sobre la reciente decisión:

¿SIRVEN PARA ALGO LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL CLIMA?

escrito por Luis I. Gómez 6 junio, 2017
 

¡Menudo espectáculo! Donald Trump decide abandonar el Tratado de París sobre Protección del Clima y parece que el mundo se viene abajo. En realidad, y en lo que a “protección del clima” se refiere, NO CAMBIA NADA.

Entre tanto lamento, declaración altisonante y llamamientos apocalípticos volvemos a perder el foco sobre la esencia del asunto: el Tratado de París, igual que todas las políticas de “protección del clima” hasta la fecha inventadas, no sirve para nada. Su única función era la de proporcionar un marco no vinculante para que todos pudiesen darse golpecitos en el hombro con un “mira qué buenos somos”. Explíquenme, por favor, qué se acordó en París, qué medidas para procurar la supervivencia de la especie humana o su entrono. Cada estado puede sugerir “algo” que quiere hacer en el futuro para salvar el clima. Por sus resultados (la evaluación no ha de ser objetiva, ni externa, cada país puede hacer la suya) serán valorados los empeños. Pero si las “intencionadas contribuciones a nivel nacional” (intended nationally determined contributions INDCs) no logran alcanzarse por alguna razón, no pasa nada: simplemente no funcionó. Los acuerdos de París NI SON VINCULANTES, NI SON AMBICIOSOS.

Pero nada ni nadie puede poner en duda la misión salvífica de los nuevos padres del planeta. Y si se les pregunta por resultados, nos dicen que tranquilos, que empezaremos a verlos a partir de 2030. Usted lo puede creer (acto de fe) o no, es su problema. Los políticos que hoy juran el éxito de sus medidas y descalifican despiadadamente a quien osa apartarse de la doctrina imperante ya no estarán en 20 años para verificarlo, y los que estén, podrán presumir de haber sido unos héroes intentándolo durante décadas.

El Tratado de París no sólo no sirve para nada, cuesta tal cantidad de dinero que calificarlo de derroche es casi condescendiente. Björn Lomborg ya nos hizo las cuentas (y todavía nadie le ha llevado la contraria!):  Aplicando TODAS las medidas anunciadas por TODOS los países hasta el 2030, y PROLONGÁNDOLAS hasta el 2100, lograríamos reducir el Calentamiento Global en 0.17°C.  Resulta que en el MIT otros científicos se ponen a hacer las mismas cuentas, y el resultado que alcanzan es prácticamente idéntico: sin París, en 2100 la temperatura subiría 3,9°C (lo cual ya se me antoja ciertamente exagerado) y con París, 3,7°C.  Y todo por el módico precio de 100 billones de dólares: 100.000.000.000.000 $

Si el Cambio Climático es la amenaza que casi todos dicen que es, el Tratado de París no es más que una manera particularmente elegante de enterrar la cabeza en la arena.

Y es que no falta literatura que muestra la vacuidad de ciertas políticas de “salvamiento climático”. Ted Nordhaus und Jessica Lovering se pusieron un dia a investigar sobre los efectos positivos de las medidas aprobadas en Kyoto… y apenas encontraron alguno:

Tras revisar los datos de evolución de llamada “Carbon Intensity of Energy” en la mayoría de los países, vemos cómo ésta apenas ha disminuído 0,2 puntos desde la firma del acuerdo de Kyoto. Ellos concluyen:

It is impossible to say what emissions would have been in the absence of such measures and clearly, a range of actions to shift to cleaner energy sources have been motivated at least in part by climate concern and cognizance that some national and international action to significantly constrain emissions may be forthcoming. But if results to date are any guide, real progress on decarbonization primarily depends upon specific domestic energy, industrial, and innovation policies, not emissions targets and timetables or international agreements intended to legally constrain national emissions.

Pues eso, que menos lobos, caperucita.

Alberdi sobre el gasto público: “Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

Con los alumnos de la UBA Derecho completamos la lectura de Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi, con la lectura del Capítulo VII: Objetos del Gasto Público según la Constitución Argentina. Algunos párrafos seleccionados:

“El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”; en una palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta el conservar su Constitución, y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo.

Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado y malversado. Para ellos se destina el Tesoro público, que los habitantes del país contribuyen a formar con el servicio de sus rentas privadas y sudor. Ellos son el límite de las cargas que la Constitución impone a los habitantes de la Nación en el interés de su provecho común y general.

Encerrado en ese límite el Tesoro nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo; y quien le distrae de él, comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Hay cobardía, a más de latrocinio, en toda defraudación ejercida contra el Estado; ella es el egoísmo llevado hasta la bajeza, porque no es el Estado, en último caso, el que soporta el robo, sino. el amigo, el compatriota del defraudador, que tienen que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador.”

“Teniendo cada provincia su gobierno propio, revestido del poder no delegado por la Constitución al gobierno general, cada una tiene a su cargo el gasto de su gobierno local; cada una lo hace a expensas de su Tesoro de provincia, reservado justamente para ese destino. Según eso, en el gobierno argentino, por regla general, todo gasto es local o provincial; el gasto general, esencialmente excepcional y limitado, se contrae únicamente a los objetos y servicios declarados por la Constitución, como una delegación que las provincias hacen a la Confederación, o Estado general. Este sistema, que se diría entablado en utilidad de la Confederación, ha sido reclamado y defendido por cada una de las provincias que la forman. (Constitución argentina, parte 2a, título 2°, y pactos preexistentes invocados en su preámbulo.)”

“Felizmente la Constitución federal argentina exige pocos empleados para el servicio del gobierno general, compuesto de poderes excepcionales y poco numerosos. – La policía, que forma una gran parte del gasto interior en los gobiernos unitarios, está reservada a los gobiernos provinciales por la Constitución argentina. Igual atribución les hace del servicio y sostén de los establecimientos de beneficencia.

En cuanto al gasto exigido por’ las obras públicas para promover el bienestar general, también es carga que la Constitución reparte entre el gobierno interior de la Nación y el de cada una de las provincias confederadas. (Art. 104.)”

“Los caminos, puentes, muelles y otras obras de esa utilidad pueden ser entregados temporalmente para su explotación a las empresas privadas que tomen a su cargo el construirlos.”

“Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

“Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público, que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, co-modidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y más completa. – A ese gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscriciones voluntarias levantadas entre el vecindario.

Ese gasto es obra exclusiva del espíritu público, es decir, de la disposición y aptitud de los habitantes para unir sus esfuerzos y prestarlos, sin más coacción que el deseo del bienestar común, sin más mira que realizarlo. Los pueblos educados en servidumbre no tienen idea de esta contribución sin ley, que el patriotismo se impone a sí mismo, como el esclavo que todo lo hace para su amo y por su mandato no tiene idea del celo generoso.

La Inglaterra, los Estados Unidos deben la mitad de sus mejoras de orden local a esa contribución que el país paga sin que se lo exija la ley, nada más que por el placer de existir bien y de un modo digno del pueblo que sabe estimarse y respetarse hasta en su decoro externo, hasta en el aire distinguido y brillante de esas habitaciones colectivas para su mansión, que se denominan ciudades.”

En tiempos de definición de candidatos en primarias, Gordon Tullock sobre la matemática de los sistemas electorales

En estos momentos de definiciones de alianzas y candidatos, con los alumnos de la materia Public Choice vemos a Gordon Tullock sobre sistemas electorales y escrutinios de elecciones:

Tullock

“La democracia ha tenido un serio problema desde hace ya un largo período. Un poco antes de la Revolución Francesa, Condorcet, un matemático distinguido y miembro de la Academia Francesa, descubrió un problema matemático en el proceso de votación. Al comienzo de la década de 1950, Keneth Arrow, quien luego se convirtió en Premio Nobel, en parte por este trabajo, formuló una demostración general en orden a que todos los procesos de votación están sujetos a este muy severo problema.

El Imperio Romano fue en general un gobierno muy exitoso, pero tenía lo que hoy consideraríamos una forma muy grotesca para tomar ciertas decisiones importantes. Mataban un buey, observaban detenidamente su hígado y de acuerdo a esta inspección cuidadosa decidían lo que pensaban que los dioses querían que ellos hicieran. Hoy diríamos que no estaban recibiendo orientación de parte de los dioses; pueden haber sido engañados por sus sacerdotes, lo que tal vez ocurrió aun con la mejor de las intenciones. Por otra parte, pueden haber estado recibiendo una serie de resultados al azar.

Las matemáticas, según pronto les explicaré brevemente, plantean la posibilidad real de que el acto de votar, que es la base de toda estructura democrática, sea de la misma índole, ya que no es algo producido por la voluntad del pueblo o que sume las preferencias, sino que es simplemente un generador de sucesos al azar. No estoy diciendo que podamos demostrar que es así, sino que en este momento no hay forma de probar lo contrario; por cierto, el trabajo matemático realizado indica que es así.

Habiendo presentado esta demostración como una especie de advertencia a todos ustedes en contra de poner atención al resto de mi charla, procederé ahora a hablar acerca de problemas prácticos al diseñar una Constitución. Si todos ustedes, una vez escuchada la demostración, se paran y se van, no estaré en posición de reclamar.

Cuadro 1

Votante 1: A B C

Votante 2: B C A

Votante 3: C A B

Déjenme comenzar con el Cuadro 1: tenemos un cuerpo de votantes compuesto por 3 personas que son el señor 1, el señor 2 y el señor 3, y ellos están escogiendo entre las alternativas A, B y C, y cada uno de ellos tiene el orden de preferencia que he mostrado, o sea, el señor 1 prefiere a A sobre B y a B sobre C. Preguntémonos qué pasaría si votaran sobre el asunto. El procedimiento habitual en la mayoría de las legislaturas, cuando hay más de dos alternativas, es agruparlas de a pares. Por ejemplo, pongamos a A contra B y luego a la alternativa ganadora contra C. Al observar este caso, vemos que el señor 1 votaría por A, el señor 2 votaría por B y el señor 3 votaría por A, resultando en que A tiene más votos que B. A continuación se toma el ganador en contra de la alternativa C; en este caso, el señor 1 votará por A, el señor 2 por C y el señor 3 por C; por lo tanto, C le gana a A. Esta es la forma en que característicamente se detiene el proceso en las legislaturas comunes.

Pero supongamos que somos escépticos y en vez de decir que como C gana a A y A gana a B, C le debe ganar a B. Al observar cuidadosamente vemos que el señor 1 votaría por B, el señor 2 votaría por B y el señor 3 votaría por C. En otras palabras, no hay una sola proposición que pueda ganar si las consideramos todas, ya que una de estas tres proposiciones será derrotada por una de las otras. Esto se llama un ciclo de votación.

Cuando se tiene dicho tipo de ordenamiento de las preferencias estamos ante la desafortunada circunstancia de que el resultado queda completamente determinado por el orden de la votación. Desgraciadamente, cualquiera sea el orden por el cual se sometan a votación, el asunto no mejora nada, ya que dicha votación sólo reproduce el mismo problema.

Así no hay salida. Parecería, sin embargo, que estoy recurriendo a mucha simetría en este diagrama, ejemplificando una situación muy improbable. La razón por la que apelo a esta simetría es porque tengo sólo 3 votantes, ya que si se tiene un número grande de votantes no es necesaria tanta simetría. Por ejemplo, si se supone que hay 100 votantes como el señor 1 y 100 votantes como el señor 2, ocurrirá el mismo fenómeno.

Las investigaciones de carácter matemático acerca de la frecuencia de los ciclos en el mundo real han resultado ser extremadamente difíciles. Yo comencé con eso, programando un computador; generé una gran cantidad de individuos en la memoria del equipo, les di órdenes de preferencia, los hice votar y conté los ciclos. Ese método se ha repetido después en una forma mucho más complicada y sofisticada y se han desarrollado numerosas técnicas matemáticas, todas las cuales inducen a creer que los ciclos son en realidad muy comunes. Sin embargo, debo decir que realmente no lo sabemos.”

Caps 4 y 5: las fallas de la política comienzan a verse cuando se cuestiona la figura del dictador benevolente

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

El salario es más bajo en los países pobres no por el capitalismo, todo lo contrario, por la falta de capital

Con los alumnos de la materia Proceso Económico de la UFM, nutricionistas y médicos, vemos ahora a Gabriel Zanotti sobre el trabajo:

“El trabajo no se vende o se compra; más bien se “alquila”, porque uno es siempre dueño de su trabajo. Ahora bien, se intercambia en el mercado, y en ese sentido (decimos en ese sentido) hay una oferta y demanda de trabajo. El “precio” del trabajo es el salario. Y ese salario va a estar en relación a su productividad marginal.

De igual modo que en la clase dos hablamos de la relación “bienes/dinero”, ahora debemos comparar la relación “trabajo/capital”. El capital, como dijimos, son herramientas que aumentan la productividad del trabajo. Y esos factores de producción “producidos” (esas herramientas) implican, para su producción, los otros dos factores, esto es, naturaleza (recursos naturales) + trabajo. (Acuérdense que si Robinson quería una herramienta que aumentar su productividad al recoger frutas, debía “hacerla”, con su trabajo y los recursos naturales de los que disponía).

Hace falta toda la creatividad del ser humano para “transformar” la naturaleza y, por medio del ahorro, producir esos bienes de capital sin los cuales (¡y no nos damos cuenta!) nuestra vida no sería mejor que en la época de las cavernas. Ahora bien: si el capital es naturaleza + trabajo, podemos deducir que, a medida que aumenta el factor capital, el trabajo, en relación al capital, se hace más escaso. Más demandado. Y, por consiguiente, aumenta su valor en el mercado, esto es, su productividad marginal. Y si aumenta su valor, lo que aumenta es el salario (ya real, esto es, lo que podemos adquirir con determinado salario, ya nominal, esto es, la cifra que representa el salario). O sea que a medida que aumenta la tasa de capital, el salario real es mayor. Al contrario, si la tasa de capital baja, el salario real será menor, porque el trabajo, en relación al capital y las inversiones, será mayor. O sea, en ese caso hay más oferta de trabajo y el salario tiende a bajar.

Todo esto es fundamental. Se relaciona con todo lo que vimos la clase anterior sobre el desarrollo y las inversiones. Esto nos explica por qué en los países desarrollados el salario real es mayor y en los subdesarrollados, dramáticamente menor. La demanda de trabajo y su productividad marginal es mayor en los países “desarrollados”. En los países subdesarrollados el salario es menor no por lo que explica el marxismo que aún es ideología dominante, a saber, que el salario en esos países es menor y la pobreza es mayor porque el capitalismo salvaje explota a los obreros. Al contrario, no es capitalismo, sino falta de capital, lo que produce esos salarios dramáticamente bajos.

Pero, además, observemos algo interesante. La cantidad de trabajo, en relación al capital, casi siempre va a tender a aumentar. Si bien en los países desarrollados la tasa de natalidad es menor (y no es que eso esté bien) no se puede, para aumentar el salario, eliminar a las personas (aunque a veces se hace indirectamente, con barreras a la inmigración). Si estamos viendo que cuando el trabajo se hace más escaso, el salario aumenta, sería inmoral concluir que para aumentar el salario debemos eliminar a la mitad de la población. La población, en general, aumenta. Es más, de no mediar otros factores culturales y sociológicos, en general cuando el nivel de vida es mayor, aumenta. Por eso a los economistas Austríacos nunca les preocuparon las políticas antinatalistas tan en boga hoy en día. Lo que les preocupó, como bien Mises señaló, es cómo aumentar la tasa de capital a un ritmo mayor que el de la población, lo cual es lo único que puede aumentar el salario real. Para lo cual es necesario todo eso de lo que hablábamos la vez pasada: ahorro, inversión, muy bajos impuestos, mercado libre, estabilidad jurídica y política…. Condiciones tan difíciles de lograr y tan fáciles de destruir.

Por eso los asesores de las Naciones Unidas, al recomendar políticas antinatalistas, están muy mal asesorados económicamente. Libérense todas las fronteras, haya libre circulación de capital y trabajo, mercado libre y ese capitalismo que tanto odian, y no se tendrían que preocupar jamás por la tasa de población.”

La teoría de la regulación y el problema del cálculo económico en el socialismo. El mismo problema del conocimento

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos los Caps. 2 y 3 de El Foro y El Bazar donde se analizan las distintas políticas públicas sugeridas para resolver problemas de ‘fallas de mercado’ y sus propuestas de solución. Consideramos allí los aportes de la “teoría de la regulación’, y la extensión a ese campo del fracaso del cálculo económico en el socialismo:

 Y pese a lo interesante de todas estas teorías, que describen los procesos políticos que llevan a la implementación de regulaciones y al “control” del ente regulador por los mismos intereses que supuestamente han de ser regulados, lo cierto es que existe un problema todavía mayor: la posibilidad misma de que el regulador pueda cumplir con la tarea que se le ha encomendado.

Pese a la relativa novedad de todas estas cuestiones (los trabajos de Stigler, Peltzman y Posner pertenecen a la década de los años 70), lo cierto es que la cuestión básica por considerar ya había sido tratada en la década del 20 cuando Ludwig von Mises (1881-1973) demostró la imposibilidad teórica de realizar la planificación en una economía socialista. Y si bien los argumentos de Mises se refieren a la planificación socialista y no a la regulación, se pueden extender  a esta misma circunstancia con las salvedades del caso.

Para von Mises (1949), el elemento fundamental del socialismo era la propiedad colectiva de los medios de producción; de esto se desprende que no existe un mercado para esos factores, ya que sin propiedad privada no puede haber intercambios entre sus legítimos propietarios, y sin intercambios no puede haber relaciones relativas entre factores, esto es, precios. Ésta es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la propiedad del espectro electromagnético, las frecuencias por las que se transmiten señales de radio, televisión o telefonía celular entre otras cosas. Este es un “medio de producción” de propiedad estatal. Mises señaló, en su momento, la dificultad intrínseca de la planificación, ya que ante la ausencia de precios los planificadores no tienen términos de referencia sobre la importancia económica relativa de cada bien o servicio para un uso alternativo. En nuestro caso, el uso de una frecuencia radioeléctrica para transmisión de radio FM o telefonía celular no puede ser valorado económicamente porque no existen precios como para poder hacerlo.

Según Mises, los planificadores socialistas no pueden saber si la asignación de un recurso para un determinado fin es más o menos deseable que la de otro. No es de extrañar que en la realidad los funcionarios de los burós planificadores en los países socialistas tomaran como referencia los precios de las economías de mercado. No obstante ello, como los precios varían constantemente reflejando las preferencias de los consumidores o las disponibilidades de la oferta, la planificación nunca podía modificarse para copiar la modificación instantánea que el mercado provee. Finalmente, las malasignaciones explican el colapso del sistema. En el caso de las regulaciones, el planificador utilizará otros criterios para la asignación, muchas veces “políticos” y, por cierto, conflictivos. 

El proceso competitivo del mercado es necesario, por un lado, para movilizar el conocimiento disponible, y por otro, para generar el descubrimiento de nuevas oportunidades que hasta entonces no se hayan descubierto. La intervención gubernamental, entonces, interfiere en este proceso de descubrimiento. 

 

En definitiva, la acción del ente regulador interfiere con el proceso de mercado, y como no le es posible obtener la información necesaria para cumplir su tarea, debe depender para ello de lo que le provean los mismos sectores regulados. Termina así siendo cautivo de sus propios intereses. Por otro lado, desvía la atención de los emprendedores hacia su propio interés e impide el descubrimiento de nuevas oportunidades en beneficio de los consumidores.

Tomemos el caso del monopolio natural. Si en determinado momento hay un solo proveedor de servicios de comunicaciones y no existen restricciones para el ingreso de competidores, esto significa que el mencionado proveedor satisface las necesidades de la mejor forma posible. El mecanismo de descubrimiento de nuevas oportunidades (nuevas tecnologías, nuevos servicios) se encuentra en funcionamiento y cualquier descuido del proveedor al ofrecer la última tecnología o precios adecuados será aprovechado por otros para hacerlo y minar así su condición monopólica.

Se arguye contra ello que los costos de ingreso son muy elevados en este sector. Pero lo cierto es que estos costos existen en todas las actividades, y esto no ha frenado la competencia en ellas. Por el contrario, los mismos costos de ingreso elevados desatan la creatividad para estudiar su reducción. Por otra parte, con el avance tecnológico y la eliminación de las áreas monopólicas, la competencia puede ser inmediata.

Elinor Ostrom sobre los órdenes policéntricos, las soluciones comunitarias a la gestión de recursos en propiedad común

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, UBA Económicas, llegamos a autores prácticamente contemporáneos. En este caso leemos la conferencia de aceptación del Premio Nobel por parte de la única mujer en ganarlo, Elinor Ostrom, quien reseña sus aportes a la ciencia y, entre otras cosas, comenta:

“Los supuestos clásicos de individuos racionales que enfrentan dicotomías de formas de organización y de bienes ocultan los esfuerzos potencialmente productivos de individuos y grupos por organizarse y resolver dilemas sociales como la sobreexplotación de recursos de uso común y la participación sub-óptima en la provisión de bienes públicos locales. Los modelos clásicos se han utilizado para representar a los participantes (en el juego del dilema del prisionero y en otros dilemas sociales), como siempre atrapados en situaciones en las que carecen de capacidades de cambiar la estructura del juego por sí mismos. De hecho, este paso analítico representó un movimiento regresivo en las teorías de análisis de la condición humana. Ya sea que los individuos en una situación determinada tengan o no capacidades para transformar las variables externas que afectan su propia situación, se trata de condiciones empíricas que varían dramáticamente de una situación a otra, más que de una lógica universal. Si bien los jueces mantienen intencionalmente a los prisioneros separados de modo que no puedan comunicarse, los usuarios de un recurso de uso común no se encuentran tan limitados.

Cuando el análisis percibe a los seres humanos cuya conducta modela como atrapados en situaciones perversas, se asume también que otros seres humanos ajenos a los involucrados —académicos y funcionarios públicos— son capaces de analizar la situación, pueden establecer las causas de los resultados contraproductivos, y ubicar los cambios en las reglas en uso que permitirían a los participantes mejorar sus resultados. Se espera entonces que funcionarios externos impongan un conjunto de reglas óptimas a los individuos involucrados en situaciones concretas. Se asume que el momento del cambio debe originarse desde el exterior, más que como resultado de la autorreflexión y la creatividad de quienes están involucrados en una situación de acción, para reestructurar sus propios patrones de interacción. Como ha comentado Susgen:

La mayor parte de la teoría económica moderna describe al mundo como si estuviera presidido por un gobierno (y, significativamente, no por gobiernos) y mira al mundo a través de los ojos de ese gobierno. Supone que el gobierno tiene la responsabilidad, el deseo y el poder de reestructurar la sociedad en cualquier forma que maximice el bienestar social. Actuando como la Caballería de Estados Unidos en una buena película sobre la Conquista del Oeste de Norteamérica, el gobierno está siempre alerta para acudir a resolver cualquier “falla” de mercado y el trabajo del economista es asesorarlo sobre cuándo y cómo hacerlo. En contraste, se considera que los individuos tienen escasa o ninguna capacidad para resolver los problemas colectivos presentes entre ellos. Esta perspectiva crea una visión distorsionada de importantes cuestiones económicas y políticas (Sugden, 1986: 3; énfasis en el original).

La imagen de Hardin sobre los usuarios de un recurso de uso común (1968) —un pastizal abierto a todos, atrapados en una tragedia inexorable de sobreexplotación y destrucción— ha sido ampliamente aceptada porque resulta consistente con la predicción de no cooperación del “dilema del prisionero” y otros juegos de dilemas sociales. Esta imagen capturó la atención de académicos y políticos alrededor del mundo y muchos presumieron que el conjunto de los recursos de uso común no era poseído por nadie. Se pensó que los funcionarios gubernamentales tenían que imponer nuevas variables externas (como nuevas políticas) para prevenir la destrucción por parte de los usuarios, que no podían hacer más que destruir los recursos de los que dependía su propio futuro (así como nuestros futuros).”

Alberdi: en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido el país

Con los alumnos de la UBA Derecho leemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, ahora sobre el “destino” de los fondos del Tesoro, es decir, el tema central de nuestras preocupaciones económicas actuales, el gasto público:

“AUTORIDAD Y REQUISITOS QUE EN EL INTERES DE LA LIBERTAD INTERVIENEN EN LA CREACION Y DESTINO DE LOS FONDOS DEL TESORO, SEGUN LA CONSTITUCION ARGENTINA

El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.

¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? ¿Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos? ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? – La Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario: consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? – Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución. y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución.. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte.

Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder.

Ella constituye la principal y más importante tradición de la revolución de Mayo contra el gobierno de España.

En el acta del 25 de Mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la. nueva junta, depositaria del Poder ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. (Artículo 9 dé dicha acta).

Los Estados Unidos de Norte-América debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En la Gran Bretaña fué siempre de la Cámara de los comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si sólo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés (Cámara de los comunes) residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo.”