¿Qué es lo que verificamos con estadísticas y econometría? ¿Hipótesis generales o particulares?

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico II (Escuela Austriaca), vemos a un autor poco considerado entre los autores austriacos, Fritz Machlup. Aquí de su artículo “El problema de la verificación en Economía”, Revista Libertas 40 (Mayo 2004)

“Cada uno de nosotros ha estado últimamente tan ocupado con el análisis estadístico de curvas de demanda, de funciones de ahorro, consumo e inversión, de elasticidades y propensiones, que una descripción de estas y similares investigaciones no es realmente necesaria. El problema con la verificación de hipótesis empíricas basadas en análisis estadísticos y econométricos es que la sucesión de estimados sobre la base de nuevos datos ha sido siempre seriamente divergente. Por supuesto, esas variaciones en el tiempo entre las relaciones numéricas no son realmente sorprendentes. Pocos de nosotros han esperado que esas relaciones sean constantes o incluso aproximadamente estables. Así, cuando nuevos datos y nuevos cómputos arrojan estimados revisados de parámetros económicos, no existe manera de decir si las hipótesis previas eran incorrectas o si las cosas han cambiado.

El hecho que las relaciones numéricas descriptas por las hipótesis empíricas pueden estar sujetas a cambios impredecibles altera esencialmente su carácter. Las hipótesis que están estrictamente limitadas al tiempo y al espacio no son “generales” sino “especiales,” o también llamadas proposiciones históricas. Si las relaciones medidas o estimadas en nuestra investigación empírica no son universales sino históricas, el problema de la verificación es completamente diferente. Tan diferente que de acuerdo a las intenciones expresadas en la introducción no deberíamos estar interesados en ellas. Pues nuestro propósito fue discutir la verificación de generalizaciones, no de eventos o circunstancias confinadas a particulares tiempos y lugares. Si todas las proposiciones de la economía fuesen de este tipo, el dictado de la vieja escuela histórica, que la economía no puede contar con “leyes generales” o con una “teoría general,” sería plenamente justificado.

Si una hipótesis acerca de una relación numérica entre dos o más variables fue formulada sobre la base de datos estadísticos cubriendo un período particular, y luego es comparada con datos de un período diferente, esa comparación podría contarse como verificación sólo si la hipótesis hubiese sido formulada como una de carácter universal, es decir, si la relación medida o estimada hubiese sido considerada como constante. En la ausencia de tales expectativas, el test por un “acierto” continuo (entre hipótesis y nuevos dato) es simplemente una comparación entre dos situaciones históricas, un intento de encontrar si las particulares relaciones eran estables o cambiantes. Una verificación genuina de hipótesis previamente formuladas acerca de un período dado requiere de una comparación con datos adicionales del mismo período, para así evaluar si las observaciones previas y su descripción numérica fueron o no precisas. En breve, una proposición histórica sólo puede ser verificada por nuevos datos acerca de la situación histórica a la cual refiere. Esto es así también para proposiciones geográficas y comparaciones entre distintas áreas.

Sin embargo, aunque las “estructuras” cambiantes estimadas por la econometría y la estadística no son más que proposiciones históricas, pueden existir límites en sus variaciones. Por ejemplo, seguramente podemos generalizar que la propensión marginal a consumir no puede ser en el largo plazo mayor que la unidad, o que la elasticidad de la demanda para ciertos tipos de exportación de cierto tipo de países no será en el largo plazo menor que la unidad. Proposiciones sobre límites definitivos en la variación de proposiciones especiales o históricas son de nuevo hipótesis generales. Estas no son estrictamente empíricas sino universales, en el sentido de ser deducibles de generalizaciones de alto nivel en el sistema teórico de la economía. Los varios estimados sucesivos de estructuras cambiantes pueden ser considerados como verificaciones de hipótesis generales, de acuerdo a las cuales ciertos parámetros o coeficientes deben estar dentro de ciertos límites. Debido a que estos límites son usualmente bastante amplios, la verificación no será por supuesto de la rigurosa manera en que lo es en las ciencias físicas, con sus constantes numéricas y estrechos márgenes de error.

Pero ni esto ni ninguna otra cosa que se ha dicho en este artículo debería ser interpretado como un intento de desanimar el testeo empírico en economía. Por el contrario, la conciencia de los límites de la verificación debería tanto prevenir de las desilusiones como presentar desafíos al trabajador empírico. Él debe ponerse a la altura de ellos, y proceder con inteligencia y fervor mediante cualquiera de las técnicas que se hallen disponibles.”

B. Frey: El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado (en verdad, su ausencia)

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

Grido: en un país sometido a crisis y controles, emprendedores que se expanden por el continente

Los alumnos de UCEMA en la materia Empresas y Negocios Internacionales realizan un trabajo analizando la estrategia de alguna empresa argentina en ese campo. Hay casos muy interesantes. En éste, Ramiro Gravina comenta el de Grido. Aparentemente no es una empresa que reciba subsidios. Es más, fue perseguida en 2012 por la AFIP, acusada de evadir impuestos. Algunos párrafos:

“Este trabajo busca analizar y entender las estrategias de expansión comercial de la heladería Grido en los distintos países de América del sur. Es interesante remarcar que después del Malbec, el helado es el producto de alto valor agregado que la Argentina logra colocar en el exterior. Grido es una empresa Argentina que fabrica y distribuye helados en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Actualmente es el fabricante de helados más grande de Latinoamérica y la quinta a nivel mundial, produciendo alrededor de 60 millones de kilos de helado por año.

Grido

Grido es una empresa cordobesa que nació en el año 2000 en medio de una fuerte crisis económica. Fue fundada ya que sus creadores, los hermanos Santiago, vieron que no habían muchas heladerías que ofrecieran un producto barato, al alcance de todos. Datos mostraban que en el año de su apertura (2000) el consumo per cápita de helado por año era de 3.5kg mientras que en países de Europa y Norteamérica era de 16 kg por año. Grido decía que esto se debía a los altos precios del mercado local, a la escasa variedad de productos, al hecho que solo abrían en verano y a que solo había heladerías en zonas céntricas. Es ahí donde Grido encontró su espacio para desarrollar su estrategia basada en el sistema de franquicias: Heladerías “de barrio”, al alcance de todos, abiertas todo el año, ofreciendo una gran cantidad de variedades y a precios accesibles.

Al cabo de un año, la empresa cordobesa ya contaba con 50 franquicias, toda en la provincia de Córdoba. Para el año 2003, las franquicias ya eran 140 y estaban presentes en Córdoba, La Rioja, Santa Fe y San Juan. Ese mismo año, Grido abre su propio laboratorio de calidad ya que su helado se caracterizaba por ser sano y saludable. En el año 2004 nace el “súper gridito” el primer helado nutritivo para niños ya que contiene hierro, calcio, zinc y vitaminas A y D3. El año 2004 la empresa terminó con 230 franquicias en 10 provincias de Argentina.

En 2006, la empresa muda su fábrica al polo industrial de Córdoba para abrir una fábrica que actualmente posee 12.000 mts2. Ese mismo año, la empresa decide abrir en Chile. Para el año 2007, la empresa contaba con 480 franquicias en 20 provincias. Bajo sus ideales de calidad y producto saludable, en 2009 invierten en mejoras de calidad. Esta inversión les permite concentrar la leche fluida, evitando el agregado de leche en polvo a sus helados, aumentando así la calidad de sus productos. La empresa siempre invirtió en tecnología de punta en su fábrica, y es por eso que en 2011 tenía la capacidad para producir 24.000 litros de helado y la capacidad para abastecer a 970 franquicias desde esa fábrica. En el año 2012, Grido llega a su tercer destino. Primero fue Argentina, después Chile y ahora Uruguay.

En 2014, la empresa cordobesa decía ampliar sus horizontes y lanzan una línea de pizzas congeladas bajo los mismos estándares que los helados: precios bajos y buena calidad. Para el año 2015, el consumo de helados per cápita se había duplicado a 7 kg y Grido no parara ya que aún ve oportunidad de crecimiento en el mercado. Ese mismo año, Grido llega a Paraguay en busca de ampliar las fronteras. Hoy en día, la empresa cuenta con 1.400 franquicias en Argentina, 65 en Uruguay, 15 en Paraguay y 50 en Chile. Los objetivos a mediano plazo son entrar en Brasil, Perú y Bolivia.

Grido logró en 15 años de vida convertirse en la empresa heladera mas grande de Latinoamérica y la quinta a nivel mundial. Para lograr esto, fue fundamental tener una estrategia y una misión clara: ser una heladería de “barrio” con precios bajos. Bajo esta forma de ver el negocio, fue ampliando sus horizontes, primero dentro de Argentina y después en los países limítrofes.”

Según un trabajo de INTAL/Latinobarómetro los latinoamericanos quieren libre comercio e inversiones

Con los alumnos de UCEMA vemos un trabajo desarrollado por INTAL/BID y Latinobarómetro, donde se analizan las ideas de los latinoamericanos en distintos aspectos vinculados con el crecimiento económico, la integración al mundo y la apertura de sus economías hacia las inversiones externas y el comercio internacional. En este mundo globalizado bien podría uno suponer que los latinoamericanos más bien recelan o temen esa apertura. Después de todo, los Chávez de esta región han planteado un escenario horrible de la globalización, de la cual parecería ser lo mejor alejarse. Pero, notablemente, no es lo que los latinoamericanos piensan.

Cuando se les pregunta, ¿cuáles temas de la siguiente lista cree que tienen que ver con la integración de América Latina?, el 56% dijo “Libre comercio”, el 41% “Diálogo político”, el 34% “Movilidad de las personas”, trabajadores de un país a otro” y 32% “Promoción de las inversiones nacionales y extranjeras”. En general, parece que la gente entiende que integración significa mayor libertad para la movilidad de factores: bienes, trabajo y capitales.

En Paraguay es donde más se relaciona a la integración con libre comercio y Brasil donde menos se hace este vínculo. En tanto que las respuestas para “Diálogo político” varían entre 31% y 63%, siendo Venezuela el país donde la integración se vincula más al diálogo político, mientras que Argentina y Perú tienen los registros más bajos. En Venezuela también tiene muy alto vínculo el libre comercio.

“En el total regional, el 77% de los latinoamericanos está de acuerdo con la integración económica, mientras que 16% se mostró en desacuerdo y 7% prefirió no responder.”

En cuanto al intercambio de bienes, los venezolanos, claro, están desesperados por tener un comercio más libre e integrado: “En relación al intercambio de bienes y servicios, la proporción de latinoamericanos que lo aprueba se mantuvo estable respecto a la medición de 2015 y alcanza el 69% en el total regional. Sin embargo, a nivel país hubo variaciones que fueron compensadas en el agregado. El acuerdo con el intercambio subió en los países con mayor aprobación: en Venezuela pasó del 72% al 89%, en Paraguay del 59% al 88% y en Nicaragua del 71% al 84%. En contrapartida, hubo retrocesos significativos en Brasil, pasando de 78% el año pasado a 71% en 2016; en Perú, cayendo de 69% a 59%; y en República Dominicana, retrocediendo de 85% a 77%.”

En cuanto a la inversión extranjera: “¿Cómo consideran los latinoamericanos la llegada de esos capitales? ¿Creen que la inversión externa es beneficiosa o perjudicial para el desarrollo? Al igual que ocurre con la integración, los índices de apoyo son muy elevados. El 71% de los latinoamericanos considera que es beneficiosa, mientras que 15% cree que es perjudicial.”

Otro dato donde parece que el “relato” chavista no ha calado muy hondo. Cuando se pregunta una opinión sobre la participación del capital extranjero en distintos sectores, Venezuela aparece primero o entre los primeros en casi todos ellos. Por ejemplo, los venezolanos favorecen el capital extranjero en la industria agrícola, químicos y medicamentos, servicios de energía y agua, industria automotriz, minería, industria electrónica, telecomunicaciones y electrodomésticos.

Eficiencia y productividad

“La brecha de infraestructura es uno de los mayores obstáculos para que América Latina incremente su productividad. La región invierte apenas 3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en áreas fundamentales para la eficiencia y la competitividad externa, como el transporte, la energía y las comunicaciones, la mitad de la inversión que hacen los países de la OCDE.

Además, el costo logístico representa para una pyme europea el 8% de su producto final, mientras que en América Latina puede incluso superar el 40%. En tanto que para los productos perecederos, cada día de retaso adicional reduce las exportaciones en 7%.

¿Somos los latinoamericanos conscientes del papel que juega la infraestructura para el desarrollo económico? El 43% de la población reconoce que se trata de un tema relevante, siendo mayor el reconocimiento en Uruguay (50%), Costa Rica (49%) y Argentina (48%).”

Pero parece que no queremos pagarla:

“Reconocer la importancia de un problema no implica necesariamente estar dispuestos a afrontar el costo de resolverlo. La disposición a pagar por mejorar la infraestructura en América Latina sigue siendo baja y se mantiene en los niveles de 2015, en un promedio regional de 3,8 puntos en una escala de 1 a 10. Brasil con un promedio de 2,9 en las respuestas fue el país que menos disposición mostró, mientras que Nicaragua con 5,2 fue el de mayor disposición.”

Puede ser porque pensemos que esto lo tiene que pagar otro, vaya a saber quién. Pero también podría ser, aunque tal vez es ser muy optimista, que quisieran que lo pague el inversor privado.

En fin, hay más cosas en el informe, pero en general las opiniones no están mal. Tal vez vamos aprendiendo algo.

Alberdi sobre la deuda pública: la Confederación tenía recursos para pagarla, ¿y ahora hasta cuándo?

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi sobre la deuda pública:

“¿Qué condiciones necesita poseer el gobierno que toma prestado, para infundir esa confianza en el valor de sus títulos de obligación? ¿El gobierno de la Confederación Argentina reúne esas condiciones?

El gobierno que toma prestado no necesita tener fondos disponibles para reembolsar más tarde la totalidad de su deuda. Le bastará tener el necesario para pagar los intereses o renta puntualmente. Este interés o renta forma todo el precio de la deuda del Estado. No importa que la deuda sea perpetua cuando el deudor tiene vida inmortal en la tierra, es dueño de un vasto territorio y dispone de rentas públicas, que inevitablemente tienen que ser más ricas y abundantes de año en año. Al tenedor de los títulos o efectos del gobierno poco le importa que éste no reembolse su valor nominal, si hay otras personas dispuestas a tomárselos por ese valor. Para que haya compradores de esos títulos, basta que el interés o renta estipulados en ellos se pague puntualmente, lo cual depende, en el crédito público como en el crédito privado, que el gobierno deudor tenga con qué pagar los intereses y respeto a la puntualidad de sus promesas. Necesita, a más de ser puntual y fiel en sus promesas, tener seguridad de ser estable y de que sus obligaciones serán respetadas por sus sucesores.

Todas estas condiciones en que estriba el crédito público, asisten al gobierno de la Confederación Argentina, y le hacen capaz del ejercicio de este recurso del modo más efectivo. Hemos demostrado que tiene fuentes abundantes y positivas de renta pública; luego tiene lo suficiente para el pago de los intereses de su deuda. Posee inmensas tierras públicas, que han adquirido valor real por el nuevo régimen político; luego es capaz de amortizar gradualmente el capital de su deuda.

Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan, que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. El gobierno argentino acaba de dar una prueba de que comprende esta verdad en toda su latitud, cambiando la organización que había ensayado por error para su crédito público, por otra que le restablece a sus bases más normales y más firmes.

La estabilidad y subsistencia de los compromisos de crédito contraído por el gobierno es garantía que acompaña a los del gobierno actual de la Confederación Argentina, por ser constitucional y enteramente legítima su existencia, lo cual hace que sea la Nación misma, más bien que el gobierno, que la sirve de intermedio, quien se obliga por los actos legislativos del Congreso que la representa, y a cuya autoridad ha dejado la facultad de contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Confederación, por el art. 64,. inciso 3 de su Constitución federal. Y como ese mismo Congreso vota anualmente por ley la forma en que ha de invertir los valores obtenidos a préstamo como todos los que sirven al gasto público, la Constitución, que esto determina, da en ello una nueva garantía a los prestamistas, de que la inversión útil, moderada y tal vez reproductiva de los fondos prestados, se hará de un modo que asegure el pago de su renta y sostenga el valor de sus capitales escritos. De este modo el gobierno constitucional y responsable contribuye, por el hecho mismo de existir, a ensanchar las riquezas del Estado.

En cuanto a la estabilidad del gobierno, es decir, a la paz y al mantenimiento del orden, en que reposa el edificio del crédito y de toda la industria, jamás la Confederación ha tenido garantías comparables a las que hoy aseguran su tranquilidad.

La paz es firme y estable hoy día, porque hay un gobierno nacional que cuide de mantenerla. Ese gobierno ha faltado enteramente por espacio de treinta años, en que las provincias vivieron aisladas unas de otras y destituidas de gobierno interior común. En la ausencia total del gobierno interior, la paz no podía existir por sí sola en las provincias del Plata, como no existiría en los condados de Inglaterra, si faltase el gobierno general del Reino Unido, cuyo principal atributo es sostenerla.

El gobierno será estable porque tiene elementos reales de poder, lo cual no sucedía en el tiempo en que las provincias privadas del comercio directo por la clausura de sus ríos, en vano tenían el derecho abstracto de gobernarse a sí mismas como Nación independiente y soberana; las rentas, en que consiste el poder de hecho, quedaban en manos de la provincia que tenía el privilegio exclusivo de la aduana exterior.

El comercio directo a que deben las provincias el goce de sus medios materiales de gobierno es estable para siempre, porque descansa en la libre navegación de los ríos, en cuyas márgenes están los puertos de las provincias, abiertos a ese comercio directo de la Europa, por tratados internacionales de duración indefinida.”

A los turistas nos cobran más caro, se aprovechan de nuestra ignorancia: algunos asumen ese costo

Con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca, vemos a Murray Rothbard en “Monopolio y competencia”. En este caso sobre la posibilidad de precios diferentes en el mercado para bienes homogéneos:

Rothbard

“Un fenómeno que a veces aparece, sin embargo, es el de los precios multiformes. (Por supuesto, debemos contemplar el caso de un bien realmente homogéneo; de otro modo, no habría más que precios diferentes para bienes distintos.) Siendo así, ¿cómo pueden aparecer los precios multiformes?, y ¿acaso tiene de algún modo sentido atribuirles violación de las normas o de la ética, dentro de una sociedad de mercado libre?

Tenemos que empezar por separar los bienes en dos especies: los que pueden revenderse y los que no tienen esa cualidad. A la segunda categoría corresponden todos los servicios de carácter intangible, los que son consumidos directamente o se desgastan en el proceso de producción; en cualquier caso, esos mismos bienes no pueden ser revendidos por el primer adquirente. Los servicios no revendibles comprenden también el uso locativo de un bien tangible, ya que en ese caso, el bien en sí no se compra, sino que se adquieren sus servicios conjuntos durante un período. Puede servir como ejemplo el “alquiler” de espacio dentro de un camión fletero.

Ocupémonos primero de los bienes revendibles. ¿Cuándo puede haber precios multiformes para tales bienes?

Claro está que es condición necesaria la ignorancia por parte de algún vendedor o comprador. El precio de mercado de cierta clase de acero puede, por ejemplo, ser de una onza de oro por tonelada; pero un vendedor, únicamente por ignorancia, puede seguir vendiéndolo a media onza de oro por tonelada.

¿Qué ocurrirá? En primer lugar, alguna persona despierta le comprará el acero al vendedor desinformado y lo revenderá al precio de mercado, estableciendo así la efectiva uniformidad. En segundo lugar, se presentarán otros compradores que ofrecerán más que el primer interesado para aprovechar la ocasión, con lo cual informarán al vendedor acerca de su precio bajo. Por último, el vendedor que persiste en su ignorancia no podrá continuar comerciando durante mucho más tiempo. (Por supuesto, puede ocurrir que el vendedor tenga vehemente inclinación a vender acero por debajo del precio de mercado en virtud de motivos “filantrópicos”.) Pero si persiste, su acción se traduce sencillamente en comprar algo que para él es un bien de consumo: la filantropía, cuyo precio paga al recibir menores ingresos. Procede así como consumidor y no como empresario, tal como ocurriría si contratara a un pariente inepto a expensas de disminuir sus ganancias. Por ende, no se trataría de un ejemplo de auténtica fijación multiforme de precios, para cuyo caso el bien tiene siempre que ser homogéneo.

Tampoco el comprador se encuentra en situación diferente. Si el comprador es un ignorante y continúa adquiriendo acero a dos onzas de oro la tonelada, cuando el precio de mercado es de una onza de oro, algún otro vendedor pronto disipará el error al ofrecerle en venta el acero por mucho menos. En caso de que no haya más que un solo vendedor, el comprador que adquiere más barato puede aún revender con ganancia al comprador que tenga un precio más alto. Y un comprador que persista en su ignorancia también quedará eliminado de los negocios.

No hay más que un único caso en el que existiría la posibilidad de establecer un precio multiforme para un bien susceptible de ser revendido: el de aquel adquirido por sus consumidores, sus últimos compradores. Mientras que los compradores que no adquieren para consumir habrán de estar alerta con respecto a las diferencias en los precios, y uno de ellos puede revender un bien a otro, al que le cobra un precio más alto, en cambio los consumidores definitivos no contemplan habitualmente la posibilidad de revender lo que compran. Un caso clásico se presenta cuando los turistas americanos van a un bazar oriental.

El turista no tiene ni tiempo ni inclinación para un estudio cuidadoso de los mercados de consumo, y, en consecuencia, todo turista ignora el precio corriente de cualquier bien.

Por lo tanto, el vendedor está en condiciones de aislar a cada comprador, cobrando mayores precios a los compradores más interesados, precios menos elevados a los que no demuestren tanto interés, y totalmente bajos a los compradores marginales, siempre por el mismo bien.

De esa manera, el vendedor alcanza un objetivo vedado en general a todos sus colegas: sacarles algo más que el “excedente del consumidor” a los compradores. En este caso se cumplen las dos condiciones: los consumidores ignoran el precio corriente y no entran al mercado para revender.

¿Acaso –como a menudo se imputa– los precios multiformes distorsionan la estructura de la producción y son hasta cierto punto algo contrario a la moral o abusivos? ¿En qué afectan a la moral? Como siempre, el vendedor se propone aumentar todo lo posible sus ganancias dentro de un intercambio voluntario y, ciertamente, no puede ser responsabilizado por la ignorancia del comprador. Si los compradores no se toman la molestia de obtener información sobre la situación del mercado, se hallan, entonces, dispuestos a que parte de su excedente psíquico resulte aprovechado en su regateo por el vendedor.

Tampoco se trata de un acto irracional por parte del comprador. Su manera de proceder nos indica que prefiere permanecer en la ignorancia antes que hacer el esfuerzo o pagar la información referente a la situación del mercado. La adquisición de conocimientos, en cualquier terreno que sea, requiere tiempo y esfuerzo, y con frecuencia cuesta dinero, por lo que es perfectamente razonable que una persona, no importa el mercado de que se trate, prefiera correr riesgos en materia de precios, utilizando sus escasos recursos en otra dirección. La elección es absolutamente clara en el caso del turista en vacaciones, pero también es posible en cualquier otro mercado. El turista impaciente que prefiere pagar más caro y no gastar tiempo y dinero en averiguaciones sobre el mercado, y el compañero suyo que dedica varios días a un estudio intensivo del mercado de bazares, proceden de acuerdo con sus preferencias y la praxeología no puede considerar más racional al segundo que al primero. Además, no hay manera de medir los excedentes del consumidor, ganados o perdidos en el caso de ambos turistas. En consecuencia, debemos aceptar que el establecimiento de precios multiformes, en el caso de bienes revendibles, no distorsiona en absoluto la distribución de los factores productivos; por el contrario, es compatible con ella y, en el caso del turista, es la única manera de fijar precios compatibles con la satisfacción de las preferencias del consumidor.”

¿Por qué crece el estado? Gordon Tullock analiza y propone distintas teorías, y pueden ser todas…

Con los alumnos de Public Choice vimos a Gordon Tullock en un artículo donde se pregunta por qué crece el estado. Analiza distintas teorías:

Tullock
“En primer lugar, se suele creer que de un modo u otro la democracia lleva al desarrollo del gobierno porque los políticos estiman que los gastos son una buena manera de comprar votos. Desde el punto de vista teórico, siempre me ha parecido que esto es un poco difícil de entender, porque parecería que la reducción de los impuestos sería una mejor forma de obtener votos. Sea como fuere, resulta claro que hasta 1930 los políticos no estaban haciendo esto en gran escala.

Puesto que es evidente que los Estados Unidos eran tan democraticos (y sus políticos tan interesados en los sobornos) antes de 1930 como lo fueron después, parecería que hay que descartar esta teoría. A modo de digresión, tal vez debería decir que los gobiernos dictatoriales parecen desarrollarse tan rápido como los democráticos, lo cual también plantea cuestiones acerca de esta teoría en particular.

La segunda teoría, que goza de gran popularidad y que no es coherente con esta serie, es la rachet theory, que sostiene simplemente que cada vez que el gobierno se desarrolla de manera muy acentuada a través de una guerra o, posiblemente, una gran depresión, la disminución de los gastos después de la guerra no es suficiente como para hacer que el nivel básico de gastos retorne a lo normal. Como es obvio, esto no constituye una explicación del largo período de estabilidad a pesar de algunas crisis muy grandes que implicaron importantes aumentos en los gastos gubernamentales. El gobierno sólo mostró signos de desarrollo después de 1930. Incluso entonces, aunque después de la segunda guerra mundial los desembolsos gubernamentales fueron mayores de lo que habían sido antes, y después de la guerra de Corea, mayores que en 1949, la curva ascendente básica no parece haber sido muy afectada por estas dos rachets. Esto continuó después de 1953.

Otra teoría, propuesta a fines del siglo xix por un economista alemán y denominada «ley de Wagner» en su nombre, dice simplemente que la sociedad moderna, la industrialización, la urbanización, etcétera, provocan el desarrollo del gobierno. Si pudiera explicarse así el desarrollo del gobierno alemán en la década de » 1880, habría que deducir a partir de esas cifras que los Estados Unidos en la década de 1920 estaban menos industrializados, adelantados, etc., que Alemania en la de 1880, lo cual es evidentemente absurdo. Y así, nuevamente, tenemos una teoría ampliamente difundida a la que contradicen los datos disponibles. La última teoría general es la de la enfermedad de Baumol. Baumol ha señalado, o por lo menos ha supuesto, que el gobierno es esencialmente una industria de servicios, y que es difícil lograr eficiencia en esas áreas. La mejora de la eficiencia en el resto de la economía significa que los salarios se elevan y que la demanda general de todos los bienes, incluso los del gobierno, crece de tal modo que los gastos de éste aumentan más rápidamente que los del sector privado.”

Luego propone otras: el crecimiento del servicio civil en el estado, Keynes y Bismark. Aquí sobre estos dos últimos:

La segunda posibilidad es lo que podríamos llamar una hipótesis keynesiana, y es que durante el florecimiento de la economía keynesiana, aproximadamente desde 1937 hasta, quizás, unos diez años atrás, el desarrollo gubernamental se vio favorecido por varias corrientes intelectuales. Claro que el problema es que Keynes no estaba particularmente a favor del desarrollo del gobierno. Discutió la necesidad de financiar el déficit en ciertas circunstancias, de ahí el libro Déficits, de Buchanan, Rowley y Tollison, pero no apremió de manera específica a los gobiernos más importantes.

Por supuesto, podría decirse que Keynes, de hecho, sugirió que las varias expansiones experimentadas por el gobierno eran un modo de producir déficit, pero no era éste el tema principal de su argumentación. Sea como fuere, no era más que un estudiante cuando comenzó el desarrollo de Inglaterra (fig. 2).

Una tercera explicación posible es la introducción del impuesto a los réditos en 1914, lo cual supone una demora bastante considerable aunque, por cierto, es posible. Sin embargo, hay una dificultad básica, y es que el desarrollo gubernamental en otros países no puede atribuirse a nuestro régimen impositivo. Más aun, algunos de ellos implementaron muy poco el impuesto a los réditos.

Durante las presentaciones previas de este trabajo, algunos sugirieron que un factor causal podía haber sido el abandono del patrón oro. En los Estados Unidos ocurre mucho más tarde, con la administración Nixon. En otros países se plantea el mismo problema temporal.

La última explicación posible, y que asimismo sólo puede ser puesta a prueba considerando otros países, es el bismarckismo. El príncipe de Bismarck fue el inventor del estado benefactor en Ale-mania, y de allí se extendió a otros países. Desde el punto de vista de la prueba, Alemania es un país poco conveniente, ya que no existen estadísticas comparables durante un lapso suficientemente prolongado. El gobierno central apenas se formó en la década de 1870, y después sufrió cambios drásticos debido a la guerra, la revolución y el régimen nazi.

La tesis bismarckiana resulta particularmente adecuada para explicar el continuado crecimiento del gobierno, puesto que en su mayor parte se debe a transferencias, y no a un aumento estructural.”

Si los productores de café queman su producto para restringir la oferta: ¿es conducta antisocial?

Con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca, vemos a Murray Rothbard en “Monopolio y competencia”. En este caso sobre la destrucción de producción de los carteles:

Rothbard

“… ¿acaso no es un acto monopolístico la restricción de la producción, y tal restricción no constituye un acto antisocial demostrable? Empecemos por examinar el caso en que aquel acto aparece en su peor aspecto posible: la destrucción material de parte de un producto, ejecutada por un cartel. Se lleva a cabo para sacar ventajas de una curva de demanda no elástica y con el fin de elevar el precio y obtener mayor beneficio monetario para todo el grupo. Podemos observar, por ejemplo, el caso de un cartel de café que destruye grandes cantidades de ese producto quemándolo.

En primer lugar, tales actos seguramente ocurrirán con muy poca frecuencia. La destrucción material del producto se observa como un acto sumamente ruinoso, hasta para un cartel; resulta obvio que los factores de producción invertidos por los cultivadores para producir café se han gastado en vano. Advertimos que la producción total del café, en sí misma, ha probado ser un error, y el acto de quemarlo sólo es consecuencia y reflejo de tal error. Con todo, debido a la incertidumbre del futuro, a menudo se cometen errores. El hombre podría esforzarse trabajando e invirtiendo durante años en la producción de un bien que, por último, interese poco o nada a los consumidores. Por ejemplo, si el gusto de los consumidores hubiera variado tanto que ninguna persona se interesara por el café, fuese cual fuere su precio, otra vez habría que destruirlo, habiendo cartel o no.

Por cierto, el error es algo infortunado, pero no puede considerárselo como antisocial ni contrario a la moral; nadie se dedica deliberadamente a incurrir en error. Es evidente que si el café fuera un bien no perecedero, el cartel no lo destruiría, sino que lo almacenaría para venderlo gradualmente en el futuro a los consumidores, con lo cual sacaría provecho del “excedente”. En una economía de giro uniforme, (equilibrio) en la que los errores, por definición, están excluidos, no podría haber destrucción de bienes, ya que las existencias, en cantidad óptima para conseguir ingresos monetarios, se producirían con anticipación. La producción de café sería menor desde el comienzo. El despilfarro superfluo está en la producción excesiva de café, a expensas de otros bienes que hubieran podido producirse. El despilfarro no está en el hecho actual de que el café sea quemado. Después de disminuir su producción, los demás factores que se hubieran dedicado a sembrar y cosechar café quedan en disponibilidad; la tierra, el trabajo, etcétera, pasarán a empleos diferentes y más productivos. Cierto que el excedente de factores específicos permanecerá sin uso; pero tal es siempre la suerte que corren los factores específicos, cuando la realidad de la demanda de los consumidores no justifica que se los utilice en la producción. Por ejemplo, si se produce una súbita contracción en la demanda consumidora de un bien dado, hasta el punto de que no resulte remunerativo el trabajo con determinadas maquinarias especializadas, esa “capacidad ociosa” no constituye un desperdicio desde el punto de vista social, sino que más bien es algo socialmente útil. Queda demostrado que fue un error haber producido esas máquinas, y ahora, cuando están listas, resulta que emplearlas es menos beneficioso que trabajar en otras tierras, con otras maquinarias, para producir algo diferente. En consecuencia, el procedimiento económico está en dejar ociosas aquellas maquinarias, o tal vez en transformar el material de que están construidas para dedicarlo a otros usos. Por supuesto, en una economía libre de todo error no se producen en exceso alguno los bienes de capital específicos.

Supóngase, por ejemplo, que antes de iniciar sus actividades el cartel de café, se estuviera utilizando, para producir 100 millones de libras al año, una cantidad X de trabajo e Y de tierra, y, sin embargo, el cartel de café determinara que la producción más remunerativa es de 60 millones de libras, reduciendo la producción anual a esa cifra. Habría sido absurdo, por supuesto, continuar con una producción excesiva de 100 millones de libras, para luego quemar 40 millones. Pero, ¿qué ocurre ahora con el exceso de tierra y de trabajo? Esos factores se trasladan a la producción de otra cosa, digamos, 10 millones de libras de caucho y 50.000 horas a la prestación de servicios de guías para la selva, etcétera. ¿Quién puede decir que la segunda estructura de producción, la segunda aplicación de los factores, sea menos “justa” que la primera? En verdad, podríamos decir que es más justa, puesto que la nueva aplicación de los factores habrá de resultar más provechosa y, de ahí, más productora de valor para los consumidores. En el sentido del valor, la producción total habrá quedado, pues, expandida, y no contraída. No podríamos decir, evidentemente, que la producción en conjunto se haya restringido, pues la de los bienes restantes, fuera del café, ha aumentado, y la única comparación posible entre la disminución de un bien y el aumento del otro tiene que efectuarse en estos amplios términos de valoración. En realidad, el traslado de factores a la producción de caucho y al servicio de guías no restringe más la de café que lo que un anterior traslado de factores a la producción de café habría restringido la de caucho y el servicio indicados.

Todo el concepto de “restringir la producción” es, pues, una falacia cuando se aplica al mercado libre. En el mundo real, de escasez en cuanto a recursos, comparados con las finalidades posibles, toda producción implica elegir y colocar los factores al servicio de aquellas finalidades a las que se atribuya más valor. En suma, la producción de todo es siempre y necesariamente “restringida”. Tal “restricción” es una simple consecuencia de la escasez universal de factores y de la decreciente utilidad marginal de todo producto dado. Luego, es absurdo hablar en absoluto de “restricción”.

Vincent Ostrom y el federalismo: órdenes policéntricos, donde el poder está disperso, no concentrado

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos a Vincent Ostrom, quien profesor de ciencias políticas y también marido de Elinor Ostrom, la única mujer galardonada con el premio Nobel en Economía, sobre un tema en el cual se especializara: el federalismo. Aquí, de su artículo “Consideraciones Constitucionales con particular referencia a los Sistemas Federales”, Revista Libertas IV: 7 (Octubre 1987):

“Madison (sin fecha: 337-338) resumió los principios constitucionales que se aplican a un sistema republicano de gobierno:

«Al constituir un gobierno que ha de ser administrado por hombres que regirán los destinos de otros hombres, la gran dificultad reside en que debemos darle la posibilidad de controlar a los gobernados y, en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo. No hay duda de que el principal control depende del pueblo, pero la experiencia ha enseñado a los hombres la necesidad de tomar precauciones auxiliares.

Esta política de suplir, por medio de intereses opuestos y rivales, la falta de mejores motivos, podría rastrearse a lo largo de todo el manejo de los asuntos humanos, tanto públicos como privados. Tal política puede observarse particularmente en las distribuciones subordinadas del poder, cuyo objetivo consiste siempre en dividir y disponer los diversos cargos de manera que cada uno de ellos pueda controlar a los demás; en otras palabras, que los intereses privados de cada individuo vigilen y controlen los derechos públicos. Estas prudentes disposiciones son requisitos importantes para la distribución de los supremos poderes del Estado».

Los intereses opuestos y rivales de Madison se basan en el mismo presupuesto enunciado por Montesquieu (1966: Libro XI) cuando afirma que el poder debe ser usado para controlar al poder.

De acuerdo con esta concepción, ningún individuo o grupo de individuos gobierna la sociedad. Por el contrario, el gobierno depende de la concurrencia de diversos grupos que toman las decisiones. Pueden establecerse normas, y éstas pueden ser puestas en vigor, pero nadie ejerce privilegios ilimitados. Todo el mundo tiene acceso a prerrogativas que pueden utilizarse para recusar el inadecuado ejercicio de la autoridad por parte de cualquier funcionario o grupo de funcionarios. Este sistema, organizado sobre la base de intereses opuestos y rivales, depende decisivamente del conocimiento compartido que pueda tener el pueblo acerca de los estándares de valor fundamentales que se utilizan para establecer distinciones esenciales respecto del adecuado ejercicio de las funciones gubernamentales. Cuando surgen conflictos, las diversas estructuras de decisión proveen múltiples remedios para solucionarlos y transformarlos en relaciones mutuamente fecundas y productivas. La estructuración de esos intereses opuestos y rivales puede ser el preludio de un estancamiento o de un desacuerdo insuperable, a menos que se utilicen métodos de resolución de conflictos destinados a crear o restablecer comunidades de relaciones mutuamente fecundas. La implantación de un gobierno de este tipo debe tener necesariamente un alto costo. La utilización de intereses opuestos y rivales como principio básico de organización implica la aparición de altos niveles de conflicto; la retórica asociada con éstos dará una engañosa idea de desorden. Sin embargo, el conflicto se va diluyendo cuando los individuos se esfuerzan por encontrar los remedios que están disponibles en las diversas estructuras de decisión. Proporcional-mente, mucho tiempo y esfuerzo se dedicarán a la deliberación y a la toma de decisiones pública. El secreto será difícil de lograr incluso en áreas esenciales relacionadas con la seguridad nacional. El ejercicio de las prerrogativas de la función pública estará sujeto al escrutinio de la ciudadanía. Los procesos de gobierno deberán subordinarse a la dirección y al control de aquellos que se comprometen a ajustarse a los estándares de comportamiento y desempeño inherentes a un sistema de gobierno constitucional. La ciudadanía podría considerarse, entonces, como una suerte de unión compartida de asociaciones cívicas moralmente obligadas a defender y respetar los estándares de corrección, justicia y libertad en comunidades de relaciones mutuamente productivas. Los métodos basados en las Eidgenossenschaften podrían considerarse entonces como una alternativa de los métodos de Herrschaft, donde la Herrschaft es monopolizada por un centro único de autoridad o soberanía.”

Thaler & Sunstein: ¿dónde está el énfasis? ¿es paternalismo «libertario» o «paternalismo» libertario?

La revista Regulation, del Cato Institute, trae un interesante artículo de John Hasnas, profesor de ética de Georgetown University sobre el tema del llamado “paternalismo libertario”, surgido a partir de la publicación del libro Nudge, de Richard Thaler y Cass Sunstein. El artículo, cuyo título tiene difícil traducción, se titula: Some noodging about nudging: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2016/6/regulation-v39n2-2.pdf

Tomaremos a la palabra noodge como ‘molestia’, ‘estorbo’, y a la palabra nudge como ‘empuje’, ‘envión’. Quiere decir que el título supuestamente tiene la intención de ‘molestar’ o criticar, el concepto de ‘envión o empuje’.

“Mi primera ‘molestia’ es preguntar si el énfasis está en el adjetivo – paternalismo libertario o en el sustantivo- paternalismo libertario-.

En el primer caso, entonces la expresión se refiere a la práctica de la creación de condiciones predeterminadas de toma de decisiones diseñadas para ayudar a las personas a mejor darse cuenta de sus propios fines – determinados de forma autónoma, es decir, su propia concepción del bienestar personal. En segundo caso, el término se referiría a la práctica de crear por defecto de toma de decisiones, condiciones diseñadas para que sea más probable que los individuos actúen con el fin de promover una determinada forma externa de bienestar personal, es decir, una concepción del bienestar determinado por los que hacen el empuje.

El paternalismo libertario es un programa diseñado para ayudar a las personas a superar los sesgos cognitivos que interfieren con su capacidad para darse cuenta de sus propios fines. Como tal, sería emplear el tipo de arquitectura de las decisiones que un individuo estaría dispuesto a aceptar, si no en realidad a diseñar por sí mismo, si él o ella fuera consciente de la dinámica psicológica. El ejemplo clásico de esto es Ulises quien se ató al mástil de su barco para poder escuchar las canciones de las sirenas sin ser atraídos a su destino.

El paternalismo libertario, en cambio, implica un tipo de arquitectura de elección que un individuo podría considerar con indiferencia u hostilidad. En los casos en los que la concepción de lo que es bueno para los estimuladores se corresponde con la propia concepción del sujeto de lo que es bueno para sí mismo, no hay ningún problema. Pero si el sujeto es indiferente hacia la concepción del nudger del bien o tiene una concepción que está en desacuerdo con la de la nudger, el sujeto no puede recibir bien al empujón.

Un ejemplo de este tipo de empujones podría ser la forma en que mi padre ponía a los cigarrillos de mi madre en lugares inconvenientes y luego se «olvidaba» de recoger nuevos paquetes en su camino a casa del trabajo cuando mi madre, que no tenía ningún deseo real de dejar de fumar, estaba embarazada.

Thaler y Sunstein emplean con frecuencia un idioma que sugiere que abogan por el paternalismo libertario. Por ejemplo, afirman que «a nuestro entender, una política es ‘paternalista’ si trata de influir en las decisiones de una manera que hará que los selectores estén mejor, a juzgar por sí mismos «y que» siempre y cuando la gente no pueda elegir perfectamente, algunas alteraciones en la arquitectura de elección podrían mejorar sus vidas  (juzgadas por sus propias preferencias, no las de algún burócrata). Ellos mismos, invocan el ejemplo de Ulises y las sirenas en la explicación de la naturaleza de los empujones.