Nueva (y aparentemente) fundamental función del Estado: subsidiar la compra de juguetes en cuotas

Uno de los temas centrales de la política y la economía es qué funciones corresponde realizar al Estado. Las discusiones van desde preferencias políticas determinadas, hasta sofisticados desarrollos de teoría económica. Algunas argumentaciones son sofisticadas, pero hay algunas aplicaciones simples que cuesta explicar, incluso con los argumentos más serios.

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Por ejemplo, esta noticia muestra que ahora el Estado va a subsidiar la compra de juguetes (¡). ¿Es ésta una función del Estado? ¿Tiene éste tantos recursos que puede darse el lujo de subsidiar esto luego de haber cumplido con tantas otras funciones? ¿Sería el mercado incapaz de ofrecer financiamiento de la compra de juguetes? En fin, parece que ciertas ideas, en particular esas ideas keynesianas que sostienen que es la demanda la que impulsa la economía, llegan ya a extremos bastante absurdos. Veamos la noticia:

“En los tres primeros días de funcionamiento del programa Ahora 12 en la semana previa al Día del Niño, se realizaron más de 5000 operaciones por un monto acumulado de $ 7,4 millones y un ticket promedio de $ 1400, según datos de la Secretaría de Comercio. «La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe concentraron más del 80% del monto vendido», señaló un comunicado oficial.” (La Nación, 19/8/16).

Así es como el Ministerio de Producción justifica este programa:

“AHORA 12 es un Programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional. Con AHORA 12, los argentinos pueden comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. (*)

Porque cuando un argentino consume, muchos sostienen su trabajo.

Más de 100.000 comercios tendrán la posibilidad de adherirse al Programa. Los comercios adheridos deberán colocar el cartel identificatorio de AHORA 12 en sus vidrieras (ver información a comercios adheridos).

Apostar al consumo dinamiza la economía. Con la compra de cada argentino, nos beneficiamos los 40 millones.”

En verdad es el Banco Central es que financia el programa:

“El programa de consumo, que rige de jueves a domingos, establece que los negocios adheridos deben pagar un interés del 10% a las tarjetas de crédito para poder operar. A esta carga se suman los impuestos y un recargo del 3% que aplican las empresas emisoras de plásticos por las operaciones. Además, el dinero de la venta se acredita en las cuentas bancarias de los comerciantes después de 48 o de 72 horas. Para ahorrar costos, los comerciantes también pueden pagar un interés del 8% y cobrar el dinero de la venta en 10 días hábiles. Para que el plan funcione, y para que los negocios puedan financiar en 12 meses sin interés, el Gobierno, mediante el Banco Central, subsidia a las tarjetas y a los bancos con reducciones en las exigencias de los encajes, es decir en las inmovilizaciones de dinero como resguardo.” http://www.lagaceta.com.ar/nota/690235/economia/se-haran-cambios-plan-consumo-ahora-12.html

¿Hace falta decir algo? Dicen que el ministro de Producción pasó por clases donde se explica la economía y cómo su motor es la actividad emprendedora llevando adelante la inversión productiva. Si el consumo dinamiza la economía, salgamos todos a gastar, empezando por el Estado mismo y financien, por favor, las cuotas para las compras de todo, empezando por las del supermercado. Es más, ¿por qué doce cuotas? ¿No dinamizaría más la economía si fueran 120 cuotas? ¿O 1200? ¿Qué es lo frena el afán dinamizador de los funcionarios?

Educación estatal y educación privada: en todos los casos la privada supera a la estatal, al mismo nivel

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Todo ese reconocimiento de las falencias de la educación estatal y de los resultados que se obtienen con la planificación estatal de la educación, se produce sin reconocer el papel que cumple el sector privado y los mejores resultados que obtiene.

En el documento “Informe de Revisión Nacional de Educación para Todos (EPT) 2015”  se analiza el estado de la educación en el país y el cumplimiento de compromisos asumidos con la UNESCO en el año 2000, objetivos que incluyen la extensión de la cobertura educacional y el mejoramiento de sus aspectos cualitativos, pero no se menciona el aporte del sector privado. Así, por ejemplo, en cuanto a la educación preescolar se dice: “Los sectores que están proporcionando activamente atención de la primera infancia en nuestros países son el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Inicial, los Centros de Orientación Infantil y Familiar Institucionales, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)y la Cruz Roja” (p. 16).

Ninguna mención se hace a las iniciativas privadas, que se comentarán más abajo. Algo se menciona de pasada sobre la participación de los padres en distintas iniciativas donde el Estado no ha llegado: “Entre las estrategias puestas en marcha por instituciones se mencionan: Ministerio de Educación, liderando la creación del primer currículo oficial orientado a la educación de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años, el funcionamiento de programas no formales como los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACEI) y Educación Inicial en el Hogar (EIH), los cuales ofrecen atención a los niños y niñas que viven en comunidades urbano-marginales, rurales e indígenas donde no existe un jardín de infancia para darles una respuesta educativa, y la educación preescolar formal ofrecida en las dependencias oficiales y particulares a nivel nacional estimulando el desarrollo óptimo de las capacidades físicas, emocionales y mentales de los niños de 4 y 5 años” (p. 17).

En 2005, MEDUCA realizó una evaluación de los resultados académicos con el nombre de SINECA, por medio de la cual se tomaron 99,687 pruebas en todo el país, en los niveles 3º, 6º, 9º y 12º, sobre las materias Español, Inglés, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. El puntaje promedio obtenido fue de 43,2 en Español, 46,8 en Matemática, 48,7 en Ciencias Naturales, 48,3 en Ciencias Sociales y 53,1 en Inglés; sobre cien, con un porcentaje mínimo aceptable de 60 (Informe Sineca, 2007, p. 25).

En todos los casos, los resultados obtenidos en las escuelas privadas superan a los de las escuelas estatales, salvo en el duodécimo grado del Bachillerato en Ciencias. . Como muestra un botón, en Tercer Grado, los resultados en Español fueron de 41 para las privadas y 35 para las estatales; en Matemática: 61 a 50; en Ciencias Naturales: 56 a 46; en Ciencias Sociales: 64 a 53. 

Educación estatal: con semejante estructura burocrática es imposible adaptarse a los cambios

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Esa estructura tampoco es flexible a la hora de reaccionar ante los acelerados cambios que se producen en la sociedad moderna: “En este sentido, el marco legal e institucional afecta la oferta de servicios de formación. Las reglas para la aprobación de nuevas carreras a nivel universitario hacen que el tiempo que transcurre entre la detección de una nueva necesidad y la graduación del primer egresado sea de aproximadamente 7 años ya que la aprobación de una nueva carrera toma de 2 a 4 años. Esta realidad limita significativamente la respuesta que puede darse a las demandas del mercado” (p. 102).

Este es un rasgo característico de la actividad emprendedora que se desarrolla en el ámbito del mercado: la capacidad que tiene el emprendedor de anticipar las necesidades del mañana y asumir el riesgo de llevarlo adelante. El mercado no está exento de “planificación”, ya que los emprendedores son quienes planifican la oferta futura, pero lo hacen en forma descentralizada, en forma de distintos planes que aprovechan el conocimiento disperso y verifican entonces su viabilidad. A diferencia de la política pública, el mercado no somete a toda la población a un ensayo en particular, llevando a todos al éxito o, la mayor parte de las veces, al fracaso; el mercado genera decenas de experimentos de los cuales se aprende y los consumidores seleccionan aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades. Esto es particularmente cierto en el ámbito de la educación actual, cuando la tecnología y los servicios en red están revolucionando las metodologías para la enseñanza.

Un sistema que desde hace décadas hace profesión de fe de su misión en favor de los más pobres y necesitados, no llega a alcanzar esos objetivos después de haber destinado recursos millonarios. Se reconoce, por ejemplo, que estos sectores, particularmente los indígenas, reciben el peor servicio, y no es de extrañar que obtengan los peores resultados. Dice el Plan Estratégico (2014): “Las escuelas indígenas oficiales obtuvieron los resultados más bajos en todas las asignaturas evaluadas”.

¿Subsidios o exenciones? Terminar con el régimen de Tierra del Fuego,…, o extenderlo a todo el país

El cálculo es demasiado simple y puede ser cuestionado de muchas formas. No proviene de ningún estudio profundo sobre el tema sino de una simple mención en un artículo que poco tiene que ver con el asunto. Se trata de un dato que aparece en una nota publicada en La Nación, dirigida principalmente a explicar la visión que tienen algunos empresarios sobre el futuro de las inversiones y los negocios en Argentina: http://www.lanacion.com.ar/1925442-los-secretos-que-llegan-desde-el-hoyo-19

Pero allí, se menciona esto: “Es justamente en Tierra del Fuego donde el gobierno de Macri decidió continuar con los beneficios impositivos de unos $ 14.000 millones. Se trata de unos 13.000 puestos de trabajo que se generan allí a través de 13 plantas. Sin embargo, la matriz productiva está comenzando a cambiar. Si bien se mantienen los equipos de TV, acondicionadores de aire y celulares producidos localmente, hoy se dejaron de fabricar los decodificadores de TV (se liberó la importación) y los equipos de PC y notebooks van camino a la extinción.”

aire acondicionado

Uno podría interpretar esto como que el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos. Desde esa perspectiva, significa que cada trabajo le cuesta un millón anual aproximadamente (si usamos el resto para tomar en cuenta el sueldo anual complementario), o casi 90.000 pesos por mes por puesto de trabajo creado. Casi 6.000 dólares por mes. Está claro que si hubiera tales sueldos, están muy por encima del promedio del resto del país, donde el salario mínimo de un supervisor es de 7756 pesos, o sea unos 517 dólares, aunque no sea un buen referente del salario promedio en el país.

Además, esto da como resultado que los argentinos terminan pagando celulares u otros equipos electrónicos a precios varias veces superiores a los que se consiguen en el mercado internacional.  En tal sentido, parecería ser un negocio para todos, pagarles un sueldo, que tal vez no sería tan alto y que se queden en su casa. El estado gastaría menos, y los demás compraríamos celulares a precios internacionales.

Claro, se dirá que no hay que contar solamente esos puestos de trabajo, ya que se originan otros como resultado de esta actividad. Pero, veamos, los empleos que se generan a partir del consumo que realizan esos trabajadores serían los mismos: ellos van a gastar en supermercados o ir a peluquerías tanto sea que reciban su ingreso de su trabajo subsidiado o de un cheque por no hacer nada. Quedaría la actividad que las industrias generan por adquirir insumos y otros gastos. Estos no son muchos tampoco porque estas empresas simplemente lo que hacen es armar equipos que vienen de afuera, y en algunos casos arman equipos luego que fueron desarmados para ingresar como partes y piezas.

Pero el tema que quier tratar aquí es otro. Tiene que ver con la frase anterior de que “el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos”. Quiero cuestionar esta interpretación, porque el estado no está “poniendo” si se trata de exenciones impositivas, sino que se está absteniendo de “tomar”, como lo hace en el resto del país.

En tal sentido, el reclamo, tal vez, no debería ser que se acaben estas exenciones, sino que se extiendan a todo el resto del territorio.

Educación estatal: si hay problemas (como los hay, y muchos), sigamos hacienda más de lo mismo

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Si hay problemas, sigamos haciendo lo mismo

 Se reconocen los problemas pero se vuelve a insistir en la esperanza de una mejor gestión de un sistema que es, en su naturaleza, ineficiente. Así, por ejemplo, se hace mención a la necesidad de lograr una mejor gestión, moderna. Los objetivos que el Plan Estratégico plantea para el sector son:

•             “En primer lugar, mantener los logros actuales de cobertura y profundizar su alcance. Especialmente se focalizarán acciones sobre los grupos de población que presentan problemas de acceso por razón de su localización geográfica, su identidad étnica o su estrato socioeconómico.

•             En segundo lugar, mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte, asegurando la elevación del nivel académico a todos los ámbitos mediante la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación permanente de docentes y el establecimiento de un sistema de evaluación y supervisión que permita conocer donde se encuentran los déficits en la transmisión y acumulación de conocimiento.

•             En tercer lugar, conseguir la articulación de todo el sistema educativo, de forma que se complementen los distintos ciclos formativos. En este caso, es especialmente importante la relación que debe existir entre la educación básica, la educación superior y la formación técnica-vocacional” (p. 100)

La mención a las mejoras de calidad, la gestión y la articulación son una constante en los análisis sobre la educación estatal, no solamente en Panamá. La calidad es un elemento esencial de este servicio y la capacitación de los docentes es su componente básico, pero el sector público, enfrentado muchas veces con organizaciones sindicales que privilegian el status quo, no logra una gestión eficiente:

“Es necesario lograr una gestión moderna, descentralizada y eficiente. Para ello es indispensable la modernización de los sistemas de administración de recursos humanos, de administración del mantenimiento, de recolección, manejo y seguimiento de la información general y de las estadísticas e indicadores del sistema educativo”.

El problema es, por supuesto, de alta complejidad, ya que nunca es sencillo gestionar una organización con cientos de unidades de servicio y miles de empleados. No lo es tampoco para ninguna empresa privada de magnitud, las cuales se enfrentan incluso al problema de tener su organización dispersa por distintos países, con distintos sistemas jurídicos, monetarios, con distintas culturas y tradiciones. Pero esas grandes organizaciones han comprendido la necesidad de la descentralización, de la delegación de funciones y capacidad de decisión, de la concentración en los objetivos esenciales y la contratación de aquellos que son, en definitiva, auxiliares, para alcanzar ciertos objetivos. Poco o nada de eso se encuentra en un sistema estatal centralizado, jerárquico, cerrado a la competencia y bloqueado a la innovación y el cambio.

Esa estructura centralizada, creada con el objetivo de generar economías de escala y mejorar la organización de la educación a nivel nacional, curiosamente, o tal vez no tanto,  termina sin lograr coordinación entre sus partes: “Cada entidad funciona de manera aislada sin la adecuada coordinación, articulación y vinculación, resultando en duplicidad de acciones, pérdida de recursos, y esfuerzos diluidos” (p. 102).

No es una estructura pequeña: el Ministerio de Educación (MEDUCA) es la agencia estatal con mayor número de empleados, 56.418, una cuarta parte de todos los empleados Públicos.

Por qué un jean se paga en el exterior a u$s 20 y en Argentina a u$s 100. ¿Es un problema de costos?

El diario La Nación trae un interesante artículo sobre el precio de los pantalones jeans en Argentina con el título “Por qué un jean en el exterior se consigue a u$s 20 y en la Argentina cuesta $ (pesos) 1500”: http://www.lanacion.com.ar/1923766-por-que-vestirse-es-tan-caro-los-costos-ocultos-de-la-ropa-en-la-argentina

Para aclarar el título a los lectores de otros países, el precio local en dólares sería de u$s 100.

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Y el comentario final que quiero hacer al respecto es una visión inversa del problema a cómo lo trata el informe de la UADE que el artículo comenta: el precio local es así de alto porque la importación está cerrada.

Si ésta estuviera abierta el precio local no sería diferente del precio internacional, y los costos tenderían también a igualarse, o los recursos que se utilizan ahora para producirlos se dedicarían a otra cosa.

El informe, y el artículo, dan a entender que son los costos los que determinan los precios, por eso buscan estudiar cuánto corresponde a cada ítem. Por ejemplo, “el costo de producción de una prenda, que comprende la materia prima, la fabricación y el margen del confeccionista, suele representar entre el 20 y el 25% del precio final del producto”. Supuestamente esto incluye el costo de la mano de obra.

El ‘costo comercial’ incluiría el “costo del alquiler, la comisión inmobiliaria y las expensas, junto con cuestiones financieras (aranceles por utilización de tarjetas o los costos de las promociones bancarias) representan entre el 20 y el 25% del precio de venta al público. A su vez, otro 20% corresponde a los costos operativos y el desarrollo de la marca, con ítems como el diseño y desarrollo de producto, la publicidad y la implementación de acciones de marketing.”

Por último, “el esquema impositivo es otro rubro de peso. Según estimaciones de la UADE, un 27% del monto que paga el consumidor final por su prenda corresponde a impuestos, entre los que se incluye el 21% de alícuota del IVA (Impuesto al Valor Agregado)”.

Sin embargo es al revés, es porque el precio de un jean importado es superior a u$s 100, o infinito si es que está prohibido su ingreso, que el empresario hace su cálculo económico y contrata esos otros recursos ‘no transables’ que se benefician también de la protección, de estos productos y de todos los demás (o sea que son caros para todos los productos), a precios que son también diferentes a los precios internacionales. La competencia interna no logra reducir los precios porque todos se enfrentan a costos de servicios e impuestos similares. Y eso no va a cambiar con el arancel o la prohibición de por medio. Es decir, que la prohibición protege no solo a los fabricantes de jeans sino también, indirectamente, a todos los demás en la ‘cadena de valor’.

Todo, por supuesto, a costa del consumidor, quien paga todo eso. Y más a costas del consumidor pobre, quien podría comprar otras cosas si gastara tan solo $20 en un jean (le quedarían $80 disponibles).

La salida no llegará porque alguna vez se reducirán los costos y así bajará el precio de los jeans. Vendrá del otro lado, por la presión que ejerza la mayor competencia, que obligará a todos a ser más eficientes.

Tómese nota que no necesariamente estoy proponiendo la eutanasia de la producción y los servicios locales. Como bien propone Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, esa apertura puede ser gradual para permitirles acomodarse. Pero tiene que estar claro desde el principio que esquilmar a los consumidores dejará de ser una alternativa posible.

Educación: el énfasis de las políticas Públicas está en la cantidad, no en la calidad de sus resultados

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

El énfasis de las políticas públicas dirigidas hacia la educación ha estado siempre sesgado hacia la cantidad y no la calidad, siendo ésta la realmente importante para la construcción de lo que se denomina “capital humano”. Más que las tasas de cobertura, de asistencia o los años de escolaridad, lo que verdaderamente hay que medir y considerar son los conocimientos y las habilidades incorporadas en el proceso educativo. Eric A. Hanushek, de Stanford University y    Ludger Woessmann, de la Universidad de Munich señalan, por ejemplo, que la diferencia de resultados alcanzados por los países asiáticos respecto a los latinoamericanos se explica más por los niveles de educación alcanzados en lectura y matemática que por los años de asistencia a la escuela (Hanushek & Woessmann, 2015).

La mención a mejoras en la matrícula de la educación preescolar y pre-media se corresponde con los datos oficiales, como se verá más adelante. La ausencia de mención en ese párrafo de la educación primaria se debe a que la matriculación ha caído en este nivel, sobre el cual se reconoce, además, una caída de su calidad:

“Sin embargo, a pesar de importantes avances, Panamá no ha logrado superar las deficiencias en la calidad de la educación primaria. Se requiere particularmente fortalecer la enseñanza de las asignaturas de español y matemáticas, básicas para la adquisición de conocimientos, que son las materias en las cuales los alumnos de primaria muestran las mayores deficiencias” (p. 97).

En cuanto a la Educación Pre-Media y Media dice: “En los niveles de pre-media y media, en el lado positivo vemos que, de acuerdo a la medición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (Informa sobre el Desarrollo Humano 2013), el 62,1% de la población ha completado la escuela secundaria… No obstante, al igual que en el nivel anterior, la calidad de la educación es un problema grave, particularmente en las materias básicas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y es especialmente preocupante el bajo dominio de los estudiantes en los ámbitos de la lectura, la escritura y la comprensión. La baja calidad de la educación impartida en el nivel primario, resulta en una base muy débil para los aprendizajes en este nivel” (p. 98).

El Banco Mundial (2012) confirma esto:

“El importante logro de Panamá en cuanto a años de educación no se refleja en la calidad de los graduados. El logro educativo de Panamá es cercano al promedio de los países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); no obstante, la calidad de la educación en el país según la medición del PISA de 2009 está 150 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Las estimaciones indican que un año de escolaridad debería aumentar el puntaje del PISA en 50 puntos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la calidad, los años de escolaridad en Panamá no estarían cerca de los 11 sino de los 8” (p. 30) .

Los síntomas de la educación estatal son evidentes. En el nivel de enseñanza superior, por ejemplo, donde el costo por alumno universitario es el doble del costo promedio por estudiante en los demás niveles, la realidad es que “la mayor parte del presupuesto está destinado a gastos de operación, con menos del 10% disponible para gastos de inversión” (p. 98) .

La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada, en Panamá y A. Latina

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

“Muchos creen, y entre ellos buena parte de los dirigentes políticos, que el sector privado cumple un papel menor en el ámbito de la educación ya que suponen que ésta se ocupa principalmente de atender a las élites o a las clases medias, pero no a los pobres. Quienes afirman preocuparse por la provisión de la educación para los pobres, centran toda su atención, como trataremos de mostrar en estas páginas, en las políticas públicas, en la acción del Estado y en la gestión de las escuelas estatales, y prestan poca atención a la acción voluntaria, permitiendo tan solo un pequeño espacio para el papel de la educación “privada”, la cual es también “pública”, ya que se dirige a atender las necesidades del “público” tanto como la educación estatal.

Aunque se acepta a regañadientes que la calidad de la educación privada para las elites es superior a la que puede obtenerse en las escuelas estatales, esto no se extiende a las escuelas privadas que proveen servicios para las clases medias o los más pobres. Se presume que la principal preocupación de éstas es el lucro y no la satisfacción de los padres y alumnos aunque sea esto, en definitiva, lo que luego garantiza la rentabilidad necesaria para seguir operando. Por eso, cuando se piensa en esta educación se demanda una puntillosa regulación y supervisión, que termina ahogando la actividad.

Esta subestimación de la capacidad del sector privado, consciente o no, aparece en los principales documentos públicos referidos al área. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 considera las prioridades estratégicas del país, entre las cuales destaca, correctamente, como motores de la economía panameña a la logística y el transporte, la agricultura y el turismo y como objetivos la dotación de agua potable a toda la población durante las 24 horas del día y la eliminación de las letrinas de más de 300 mil hogares para mejorar la calidad de vida de más de un millón de panameños (p. 3). Y a continuación:

“Otra de las prioridades de la actual administración dentro del plan de acción gubernamental es crear un sistema educativo de excelencia con educación bilingüe de calidad en todas las escuelas públicas, incrementando la beca universal, fortaleciendo la educación vocacional, dando impulso a los sectores de mayor crecimiento…”

La mención a las escuelas “públicas” (o más bien estatales) es correcta ya que son las que se encuentran bajo la administración directa del Estado, pero, como trataremos de mostrar en este trabajo, la nación panameña es atendida en términos de educación tanto por el sector estatal como por el sector privado.

Y pese al énfasis en la educación estatal, compartido por sucesivos gobiernos durante décadas, los resultados siguen siendo desalentadores tal como el mismo Estado reconoce. Dice el Plan Estratégico: “En Panamá, pese al aumento en el gasto en educación en los últimos años, las debilidades en materia educativa y desarrollo del capital humano persisten y constituyen uno de los más importantes limitantes para la equidad, la competitividad y el pleno desarrollo productivo y social del país” (p. 95).

Se reconocen ciertos avances cuantitativos pero de baja calidad: “Panamá muestra avances recientes en materia educativa, particularmente en cobertura de la educación preescolar, pre-media, mejorando los niveles de permanencia en el sistema de la población en edad escolar. Sin embargo, los aspectos relacionados con la calidad educativa y la igualdad de oportunidades no han llegado a los mismos resultados” (p. 96).”

Juan B. Alberdi sobre la Aduana. Es como el cabello, hay que cortarlo para que venga más abundante

Con los alumnos de Derecho, UBA, leemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico…, cuando habla sobre la Aduana y los aranceles al comercio exterior:

Alberdi 3

“Siendo la aduana argentina, tal como su Constitución la establece, un derecho o contribución, y de ningún modo un medio de protección, ni de exclusión, ¿cómo deberá reglarse esta contribución para que sea abundante? – La Constitución misma lo resuelve: – aumentando la población y dando extensión a la libertad de comercio.

A propósito de lo primero, ha dicho la Constitución, art. 25: – «El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes».

Como la libertad de entrar, circular y salir del país está asegurada a las personas por el art. 14 de la Constitución, no hay duda que la disposición del art. 25, que dejo citado, se refiere a la libre entrada de los objetos que traen los inmigrados para aplicar al laborío de la tierra, a la mejora de las industrias, al cultivo y propagación de las artes y ciencias. Según esto, las leyes de aduana reglamentarias del art. 25 deben eximir de todo impuesto las máquinas y utensilios para labrar la tierra, los instrumentos que traen alguna innovación útil en los métodos de industria fabril conocidos en el país; los que conducen a entablar las industrias desconocidas, las semillas, los libros, las imprentas, los instrumentos de física experimental y de ciencias exactas.

Pero, ¿hay un solo objeto de los que interna en estos países la Europa civilizada, que no conduzca a la mejora práctica de nuestra sociedad de un modo más o menos directo? – Si las cosas en sí mismas, si los productos de la civilización traen en su propia condición aventajada un principio de enseñanza y de mejora, ¿no es verdad que las leyes fiscales que gravan con un impuesto su internación, gravan la civilización misma de estos países llamados a mejorar por la acción viva de las cosas de la Europa? – Tal es realmente el carácter y resultado de la contribución de aduanas: es un gravamen fiscal impuesto sobre la cultura de estos países, aunque exigido por la necesidad de recursos para cubrir los gastos de su administración pública. Luego su tendencia natural y constante debe ser a disminuir su peso como impuesto; es decir, a dar ensanche a la libertad de comercio, establecida por la Constitución como fuente de rentas privadas, de progreso y bienestar general; pues, siendo la renta pública de aduana simple deducción de la renta particular obtenida en la producción de la industria mercantil, se sigue que el medio natural de agrandar la renta de aduana es agrandar las rentas del comercio, es decir, disminuir el impuesto de aduana.

Síguese de aquí que el medio más lógico y seguro de aumentar el producto de la contribución de aduana es rebajar el valor de la contribución, disminuir el impuesto en cuanto sea posible. En ningún punto la teoría económica ha recibido una confirmación más victoriosa de la experiencia de todos los países, que en la regla que prefiere muchos pocos a pocos muchos.

Si el impuesto bajo es tan fecundo en resultados con referencia a las aduanas, su total supresión por un término perentorio podría servir. de un estimulante tan enérgico, que en cortos años colocase a la Confederación a la par de Montevideo y de Buenos Airesa , en el valor de su comercio directo con la Europa. La aduana es como el cabello en ciertas circunstancias: es preciso cortarla enteramente para que venga más abundante. – Los grandes hoteles suelen ofrecer gratis Un banquete de inauguración al público, que más tarde indemniza a las mil maravillas el adelanto recibido bajo el color de una largueza. En el banquete de la riqueza de las naciones jóvenes, los millones por impuestos no percibidos, que aparecen arrojados a la calle, son adelantos para la adquisición de rentas futuras.”

El planificador socialista, como ahora el regulador, no tendría precios para tomar decisiones eficientes

Con los alumnos de Económicas en la UBA leemos a Mises sobre el cálculo económico en el Sistema socialista: http://www.hacer.org/pdf/rev10_vonmises.pdf

Recordemos que en ese Sistema no habría «precios» en el sentido económico ya que estos surgen de intercambios libres de derechos de propiedad, eliminados en el socialismo. Habría unos ciertos números definidos por los planificadores. Mises escribía esto a los pocos años de la Revolución Rusa (1922). Así comenta los problemas que enfrentarían:

Mises1

«Tratemos de imaginar la posición de una comunidad socialista. Habrá cientos de miles de establecimientos que trabajan continuamente. Una minoría de éstos producirá bienes listos para el consumo. La mayoría producirá bienes de capital y productos semimanufacturados. Todos estos establecimientos estarán estrechamente relacionados entre sí. Cada bien pasará por una serie de establecimientos antes de estar listo para el consumo. Sin embargo, la administración económica no tendrá realmente una dirección en medio de la presión de tantos procesos diferentes. No tendrá manera de asegurarse si tal o cual parte del trabajo es realmente necesaria, o si no se estará gastando demasiado material para completar su fabricación. ¿Cómo podría descubrir cuál de los dos procesos es más satisfactorio?

Cuando más, podría comparar la cantidad de productos entregados, pero sólo en contados casos podría comparar los gastos incurridos en su producción. Sabría exactamente, o creería saberlo, qué es lo que está tratando de producir. Por lo tanto, tendría que obtener los resultados deseados con el gasto mínimo. Pero para lograrlo tendría que sacar cálculos, y esos cálculos tendrían que ser cálculos del valor. No podrían ser tan sólo «técnicos», ni podrían ser cálculos sobre el valor-uso de los bienes y servicios. Esto es tan obvio que no necesita pruebas adicionales.

Bajo un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la escala de valores es el resultado de las acciones de cada miembro independiente de la sociedad. Todos hacen un doble papel en ella, primero como consumidores y segundo como productores. Como consumidor, el individuo establece el valor de bienes listos para el consumo. Como productor, orienta los bienes de producción hacia aquellos usos que rendirán más. Es así como los bienes de un orden más elevado también se gradúan en forma apropiada a las condiciones existentes de producción y de la demanda dentro de la sociedad.

El juego de estos dos procesos garantiza que el principio económico sea observado tanto en el consumo como en la producción. Y en esta forma surge el sistema exactamente graduado que permite a todos enmarcar su demanda dentro de las líneas económicas.

Bajo el socialismo, todo esto no ocurre. La administración económica puede establecer exactamente qué bienes son más urgentemente necesarios, pero eso es sólo parte del problema. La otra mitad, la evaluación de los medios de producción, no se soluciona. Puede averiguar exactamente el valor de la totalidad de tales instrumentos. Obviamente, ése es igual al valor de las satisfacciones que pueden darse. Si se calcula la pérdida en que se incurriría al retirarlos, también se podría averiguar el valor de instrumentos únicos de producción. Pero no puede asimilarlos a un denominador común de precios, como podría ser bajo un sistema de libertad económica y de precios en dinero.

No es necesario que el socialismo prescinda totalmente del dinero. Es posible concebir arreglos que permitan el empleo del dinero para el intercambio de bienes de consumo. Pero desde el momento en que los diversos factores de producción (incluyendo el trabajo) no pudieran expresarse en dinero, el dinero no jugaría ningún papel en los cálculos económicos

Supongamos, por ejemplo, que la comunidad de países socialistas estuviera planeando un nuevo ferrocarril. ¿Sería ese nuevo ferrocarril realmente conveniente? Si lo fuera, ¿cuánto terreno debería servir? Bajo el sistema de propiedad privada podríamos decidir esas interrogantes por medio de cálculos en dinero. La nueva red de ferrocarril abarataría el transporte de determinados artículos, y en base a ello podríamos calcular si la diferencia en los cargos de transporte justificaría los gastos de construcción y funcionamiento del ferrocarril. Un cálculo así sólo podría hacerse en dinero. No podríamos hacerlo comparando gastos y ahorros en especies. Es absolutamente imposible reducir a unidades corrientes las cantidades de trabajo especializado y no especializado, el hierro, carbón, materiales de construcción, maquinaria y todas las demás cosas que exige el mantenimiento de un ferrocarril, por lo cual es imposible también reducirlos a unidades de cálculo económico. Sólo podremos trazar planes económicos cuando todo aquello que acabamos de enumerar pueda ser asimilado a dinero. Es cierto que los cálculos de dinero no son completos. Es cierto que presentan grandes deficiencias, pero no contamos con nada mejor para reemplazarlos, y, bajo condiciones monetarias seguras, satisfacen todos los objetivos prácticos. Si los dejamos de lado, el cálculo económico se hace absolutamente imposible.

No queremos decir con esto que la comunidad socialista se encontraría totalmente desorientada. Tomaría decisiones a favor o en contra de la empresa propuesta y dictaría una orden. Pero, en el mejor de los casos, esa decisión se basaría tan sólo en vagas evaluaciones. No podría basarse en cálculos exactos de valor.»