Países menos corruptos, más liberales, logran mayor vacunación contra Covid, sin imponerla obligatoriamente

Interesante: según Artyom Jelnov de la Universidad Ariel, de Israel y Pavel Jelnov, de la Universidad de Liebniz, la corrupción afecta no solamente la provisión de vacunas contra el Covid-19, sino también su demanda.

En un trabajo publicado titulado “Vaccination Policy and Trust”, GLO Discussion Paper, No. 1003, Global Labor Organization (GLO), Essen; http://hdl.handle.net/10419/248118, concluyen:

“Estudiamos la relación entre confianza y vacunación. Mostramos teóricamente que las tasas de vacunación son más altas en países con gobiernos más transparentes y responsables. El mecanismo que genera este resultado es la menor probabilidad de que un gobierno transparente y responsable promueva una vacuna insegura. La evidencia empírica apoya este resultado. Encontramos que los países percibidos como menos corruptos y más liberales experimentan tasas de vacunación más altas. Además, es menos probable que adopten una política de vacunación obligatoria. Una unidad del Índice de Percepción de la Corrupción (en una escala de 0 a 10) está asociada con una tasa de vacunación superior en un punto porcentual (pp) pero con una probabilidad de vacunación obligatoria inferior en 10 pp. Además, los datos de Google Trends muestran que el interés público en la corrupción está correlacionado con el interés en la vacunación. La idea de nuestro análisis es que la corrupción afecta no solo la oferta sino también la demanda de servicios públicos.”

Aunque al leer las noticias no parezca, somos las especie más cooperadora del planeta

Aunque al leer las noticias no lo parezca, el ser humano es la especia más “cooperadora” que existe. Claro, en las noticias salen casos de violencia, crímenes, corrupción; pero si nos detenemos a pensar un poco, en el día de hoy el 99,99% de las personas salimos a cooperar con otros de una forma u otra.

Angelo Romano, Ali Seyhun Saral y Junhui Wu, de las universades de Leyden, Bologna y la Academia de Ciencias de China respectivamente, publican un artículo en la revista Current Opinion in Psychology, titulado “Direct and indirect reciprocity among individuals and groups”, donde explican los mecanismos de esa cooperación social.

“Una gran cantidad de literatura ha examinado el comportamiento prosocial al observar situaciones en las que las personas pagan un costo monetario para beneficiar a extraños no relacionados (para una revisión de juegos experimentales, consulte Van Dijk y De Dreu [1] y Thielmann et al. [2]). El comportamiento prosocial se puede definir como un acto costoso que confiere beneficios a otras personas [3,4]. La reciprocidad directa e indirecta se consideran dos mecanismos fundamentales que promueven el comportamiento prosocial [5,6]. La reciprocidad directa puede definirse en términos generales como un mecanismo en el que las personas ayudan a quienes las han ayudado en el pasado. La reciprocidad indirecta es el principio que describe la tendencia a ayudar a otros que previamente ayudaron a otra persona, también conocida como reciprocidad indirecta aguas abajo (o ‘pay-it-forward’ después de haber recibido beneficios de otros, también conocida como reciprocidad indirecta aguas arriba) [5 ,6]. En los modelos de reciprocidad directa e indirecta, la experiencia pasada y la información sobre la reputación son extremadamente importantes, ya que se supone que las personas condicionan su comportamiento prosocial al comportamiento y la reputación anteriores de los demás ([7, 8, 9, 10••]). A lo largo de los años, una gran cantidad de investigaciones teóricas y empíricas han esbozado cómo la experiencia pasada y la información sobre la reputación son efectivas para promover el comportamiento prosocial en el laboratorio [11], en entornos de campo [12], a lo largo del desarrollo humano [13•, 14, 15] , y en varias sociedades [16].

Los modelos de reciprocidad directa e indirecta no solo brindan información sobre los mecanismos últimos que promueven la evolución del comportamiento prosocial, sino que también pueden informar los mecanismos psicológicos próximos que pueden gobernar y subyacer al comportamiento prosocial en humanos [17,18]. En esta revisión, nos enfocamos en un conjunto de mecanismos psicológicos relacionados con la reciprocidad directa e indirecta que pueden explicar cómo se comportan las personas en varias situaciones.1 En nuestro marco de reciprocidad, argumentamos que los humanos están equipados con una psicología de reciprocidad compleja que evolucionó para evaluar, hacer cumplir , y condicionan su comportamiento social a las oportunidades presentes y/o futuras para obtener beneficios personales directos o indirectos [17,19]. Proponemos tres mecanismos psicológicos potenciales relacionados con un marco de reciprocidad, preocupación por la reputación (es decir, hasta qué punto las personas se preocupan por las evaluaciones de los demás), expectativas (es decir, creencias sobre si el compañero de interacción de uno se comportará de manera prosocial) y anticipación de futuras interacciones. (es decir, asumir o comprender si uno se encontrará con su compañero de interacción en el futuro). Aunque se ha planteado la hipótesis de que cada mecanismo psicológico desempeña un papel crucial en la promoción del comportamiento prosocial [20,21], estos mecanismos a menudo no se entienden dentro de un marco amplio de reciprocidad.”

Cuando las instituciones han sido cooptadas por el poder, y su resistencia al cambio

Muchos han leído o conocerán el texto de Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail, donde se destaca el papel de las instituciones para explicar el progreso de distintas sociedades, y el estancamiento de otras. Es un tema polémico, en el que ha habido trabajos muy importantes recientemente enfatizando el papel de la cultura, la tecnología, los valores morales. Para Acemoglu & Robinson lo que explica el progreso es la generación, vía acontecimientos específicos, no previstos, de instituciones políticas “inclusivas”, las que luego darían como resultado instituciones económicas “inclusivas” y de allí el progreso.

Ahora, Acemoglu/ junto con Georgey Egorov y Konstantin Sonin, presentan un paper para considerar la persistencia de ciertas instituciones que frenan el progreso. Se titula “Institutional Change and Institutional Persistence”, publicado por el Friedman-Becker Centre de la Universidad de Chicago: https://www.nber.org/papers/w27852#:~:text=We%20further%20study%20the%20strategic,that%20would%20follow%20initial%20reforms.

Allí señalan: “Primero destacamos el tipo más simple de persistencia institucional, lo que llamamos \estasis institucional». Este es un equilibrio institucional inmutable: el mismo el arreglo institucional con el que comenzamos se repite una y otra vez. Hay varias razones para la estasis institucional, pero la más importante es que el poder engendra poder. Es decir, los grupos empoderados por las instituciones actuales se benefician de estas instituciones y así usan su poder para mantenerlo, en el proceso reproduciendo su propio poder sobre las futuras instituciones.”

No obstante, los autores no piensan que eso no cambia. En las conclusiones, plantean nuevamente el tema y su respuesta:

“Usamos este marco primero para aclarar la forma más simple de persistencia institucional, lo que llamamos «estasis institucional», por el cual un conjunto dado de instituciones persisten en el tiempo. Una de las razones más naturales de esto es que «el poder engendra poder», lo que significa que instituciones reproducen el dominio de los grupos actualmente poderosos, que luego podrían elegir para mantener estas instituciones en su lugar.

Enfatizamos que, aunque hay ejemplos de este tipo de estasis y el pensamiento de muchos economistas y politólogos está moldeado por tal dinámica, la estasis institucional es rara; más bien, la mayoría de las instituciones están en un estado constante de flujo. Se proporciona un mejor enfoque por la noción de «cambio dependiente del camino», mediante el cual las instituciones actuales determinan el futuro trayectoria de cambio institucional, tanto por dinámicas internas como porque incluso las pequeñas diferencias pueden causar grandes divergencias en la respuesta a las perturbaciones.”

¿Qué piensan los chinos? No ya los dirigentes, ¿hay gente más o menos «liberal» o no les interesa ser libres?

¿Qué piensan los chinos? El tema no es menor, dado el creciente papel que tiene ese país en el mundo, y ya se sabe bastante lo que piensa su gobierno y cuáles son sus objetivos, pero, ¿qué piensa la gente? En un país donde no hay democracia, elecciones, encuestas, etc, esto es mucho más difícil de conocer.

Ahora, el Center on China’s Economy and Institutions de la Universidad de Stanford ha publicado un breve reporte titulado: “Is there a political “left” or “right” in China? Charting China’s Ideological Spectrum”. Interesante, pero las conclusiones muestran una situación que no ha de ser muy diferente de la que podamos encontrar en otros países: aquellos sectores de la población vinculados con el progreso económico de China se inclinan más por ideas relacionadas con la libertad, mientras que quienes no se inclinan por el autoritarismo o paternalismo. Como muestra la imagen:

La mayoría se encuentra, todavía, en el espectro autoritario-paternalista, pero en muchas circunstancias lo que importa es lo que piensan las elites, y éstas parecen ser más “liberales” política y económicamente. ¿Podrán cambiar el rumbo del país? ¿O aceptarán el autoritarismo en tanto les permita progresar económicamente?

El alto costo de la pandemia que no aparece en las estadísticas: la restricción de las libertades

Kai  A. Konrad y Sven  A.  Simon del Max Planck  Institute  for Tax  Law  and  Public  Finance se preguntan acerca del costo de las medidas tomadas en relación a la pandemia del Covid-19. Todos sabemos el costo económico que estas tuvieron, generando una caída de la actividad económica que recién ahora se llega a recuperar, y no en todos los países.

En un paper titulado “Paternalism  Attitudes  and  the Happiness  Value  of Fundamental  Freedoms”, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816728, investigan cómo la gente ha valorado la restricción de sus libertades individuales, algo que no aparece en ninguna estadísticas. Entre sus conclusiones:

“La mayoría de las constituciones democráticas consideran el derecho humano básico a la integridad física junto con los derechos de libertad fundamental como derechos inalienables. Sin embargo, ninguno de estos derechos es absoluto en el sentido de que anulan todos los demás derechos. Esto se vuelve relevante cuando diferentes derechos humanos fundamentales entran en conflicto entre sí. Los ejemplos pueden incluir tiempos de guerra, catástrofes naturales, terrorismo o, como se estudió en este documento, los efectos adversos de una pandemia. En estas circunstancias, varias ramas del gobierno necesitan intercambiar algunos de los derechos fundamentales en conflicto. Las medidas adoptadas deben ser idóneas, apropiadas y proporcionadas. No se permite que las desventajas de una medida sean desproporcionadas en relación con sus beneficios. Sin embargo, algunas de estas desventajas o costos pueden ser difíciles de medir. Esto hace que las medidas de valor atribuidas a las libertades personales sean interesantes tanto desde una perspectiva epistemológica como desde un punto de vista político.

Proponemos que la contribución a los cambios en la satisfacción con la vida sea tal medida. Mostramos que las restricciones a las libertades personales son costosas en términos de satisfacción con la vida: según lo medido en el primer trimestre de la pandemia de Covid-19 de 2020, representan aproximadamente la mitad de la reducción total en la satisfacción con la vida en comparación con el nivel de satisfacción con la vida antes de la pandemia en Enero de 2020. Este es un efecto grande, cuyo tamaño es comparable a otros eventos importantes en la vida, como el desempleo, el matrimonio o el divorcio. Además, encontramos que las restricciones a las libertades personales tienen un impacto negativo independientemente del cambio general real en la satisfacción con la vida. Por el contrario, los efectos de la crisis en otros dominios de la vida no tienen un efecto tan grande en la satisfacción con la vida de los participantes y encontramos más heterogeneidad en estos dominios. Por ejemplo, mientras que la situación doméstica se deterioró para aquellos con una disminución pronunciada en la satisfacción con la vida, mejoró la satisfacción con la vida para aquellos con un cambio cero o positivo en la satisfacción con la vida. En comparación con el efecto de las restricciones de las libertades personales, los cambios tanto en la situación económica como en la situación de la salud solo tuvieron un pequeño impacto negativo en la satisfacción con la vida en promedio.”

Artículo en Clarín: Corrupción e instituciones

Corrupción e instituciones (clarin.com)

La última edición del índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional no trajo buenas noticias para Argentina. Nuestro país obtuvo una calificación de 38/100, cuatro puntos menos que el año anterior y esto llevó a que cayera 18 posiciones hasta el puesto 96. Estamos junto a Brasil, Indonesia, Lesoto, Serbia y Turquía.

Antes, se solía comentar en tono negativo y se hubiera dicho “estamos más abajo que Kosovo, Etiopía o Tanzania. Lo que tal vez nunca pensamos es que en esos países deben estar diciendo… “estamos cerca de Argentina”. Como si por alguna razón nuestro destino tuviera que ser una mejor posición.

Y es difícil que eso ocurra. Puede ser que temporalmente tengamos algún gobierno menos corrupto y eso nos permita mejorar algunas posiciones: por ejemplo, en 2019 llegamos a tener 45 puntos, en 2015 tuvimos 32. Se ve que ése es nuestro rango. Si queremos mejorar algo más que eso ya no será cuestión solamente de cambiar de gobierno. No hace falta querer compararnos con países que están lejanos, geográfica y culturalmente, hace falta solamente mirar a Uruguay, que tiene 73 puntos y se ubica en el puesto 18; o a Chile, que tiene 67 y está en el puesto 27, pese a ser un país que ha estado convulsionado en los últimos años y espera inaugurar un gobierno claramente diferente al anterior.

Para alcanzar a estos países, no ya a Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda, hace falta algo más: reformas de tipo institucional. Precisamente, el índice de Transparencia Internacional es uno de los que tomamos en cuenta para la elaboración del índice de Calidad Institucional (ICI), publicado por la Red Liberal de América Latina (Relial) y en nuestro país la Fundación Libertad y Progreso. Y existe una clara correlación entre uno índice y el otro. Los tres primeros países del índice de Transparencia Internacional son también los tres primeros en el ICI y vienen ocupando esas posiciones desde que comenzáramos a publica el índice hace unos 15 años.

Esta correlación no es mera coincidencia. Instituciones significa límites al poder, y estos límites implican controles que reducen la posibilidad de corrupción. Cuando el poder está dividido y hay agencias que son claramente independientes del poder de turno, el control es mayor y la corrupción es menor. Esto se aplica especialmente a la justicia. Aquél que quiera y busque obtener un privilegio se vería obligado a corromper a un buen número de personas en distintas posiciones, quienes se controlan entre sí. Esto lo hace más difícil y costoso.

Por otro lado, el nivel de corrupción tiene que ver también con el grado de regulación de la economía. No estoy hablando del tamaño del Estado, ya que países que están en esos primeros puestos tienen estados grandes en relación a su PIB, sino al exceso regulatorio, que no aparece medido en el PIB. Es éste el que da pie a la corrupción. Ejemplo: si para poner un casino o un bingo simplemente necesito una habilitación como la de un kiosco, hay que registrarse, pagar la tasa correspondiente y listo; pero si para hacerlo hay que cumplir cuarenta regulaciones, cada una de ellas tiene un costo (o un precio que permite saltar esa valla) y es una oportunidad para quien tiene que poner el gancho lo haga valer.

Esto significa que, si realmente queremos avanzar en la reducción de la corrupción en el camino de nuestros vecinos, tenemos que cambiar a los gobernantes, por supuesto, garantizar la independencia de la justicia y de agencias como el Banco Central o la Anses, por ejemplo, pero también tenemos que sacarles ese poder de decidir que le da cada una de las regulaciones vigentes, que son muchas. Sin ese poder, no hay que coimear a nadie.

¿Se puede avanzar hacia una mayor descentralización en el marco de un estado unitario?

Descentralización y federalismo en Chile 

Como parte del proceso de reforma constitucional en Chile surge un debate institucional de suma importancia, relacionado con la descentralización y el federalismo. Entre otros temas que puedan considerarse, uno importante es: ¿puede llevarse adelante un proceso de descentralización con un estado central o es necesario avanzar en el camino del federalismo? Libertad y Desarrollo presenta una opinión crítica al respecto:  

“Las primeras propuestas de normas constitucionales en materia de forma de Estado y descentralización (presentadas por una mayoría transversal de convencionales de izquierda) coinciden en mutar desde un Estado unitario hacia uno regional.    

  • Esa forma de Estado (regional) tiene como consecuencia natural la existencia de regiones con autonomía legislativa. En dichas propuestas, esto se materializa mediante el establecimiento de Asambleas Legislativas Regionales.  
  • Consideramos que dicha innovación no es recomendable para nuestro país, ya que incorpora una institucionalidad ajena a nuestra tradición histórica y constitucional, y a nuestras características sociales, culturales, geográficas y demográficas. Asimismo, implicaría un crecimiento de la burocracia estatal (con sus correlativos costos fiscales), sin asegurar beneficios aparejados en términos de descentralización. Por último, abriría la puerta a una dispersión normativa sin precedentes, con una inminente proliferación de contiendas de competencia.”Temas Públicos 1521. 

El trabajo no rechaza la descentralización, por supuesto, sino la reforma hacia la «regionalización” del Estado chileno. La propuesta de LyD es la siguiente:  

“Mantener un Estado unitario (nominal o jurídicamente hablando) en ningún caso significa renunciar a ese anhelo de avanzar hacia un Estado cada vez más descentralizado, tanto en lo político, como en lo administrativo/funcional y en lo fiscal. Es por esto que proponemos complementar el carácter unitario del Estado, con el carácter descentralizado de manera expresa, tal como ocurre en otras constituciones (la colombiana habla de “República unitaria, descentralizada” 18).  En esa línea, la consagración de un Estado unitario y descentralizado debiese complementarse con un mandato para que el Estado sea política, administrativa y fiscalmente descentralizado a través de sus gobiernos subnacionales (gozando estos de autonomía -personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias- y de elección directa de sus autoridades)19. Todo esto representaría una innovación con respecto al articulado actual, permitiendo compatibilizar un Estado que es jurídica y nominalmente unitario, con uno efectivamente descentralizado (sin limitarlo a lo administrativo20). Asimismo, más allá de algunos principios que deben consagrarse a nivel constitucional en esta materia, consideramos relevante que -al regular la forma de Estado- se haga mención expresa al principio de subsidiariedad territorial.” 

https://lyd.org/

Cuando los demagogos y populistas contaminan a todo el sistema institucional

Dan Bernhardt, Stefan Krasa & Mehdi Shadmehr, de las universidades de Illinois, Warwick y North Carolina at Chapel Hill tratan un tema que, para quienes vivimos de esta forma ya por décadas parece ser la reinvención de la pólvora. El paper se titula “Demagogues and the Fragility of Democracy”, publicado por el Quantitative and Analytical Political Economy Research Centre de la Universidad de Warwick: https://econpapers.repec.org/RePEc:wrk:wqapec:05

El punto central es que los líderes políticos demagogos y populistas terminarían “contaminando” a los que en principio no lo son en tanto y en cuanto los votantes son miopes y prefieren las promesas de corto plazo a las instituciones de largo plazo. En sus palabras:

“Nuestro artículo estudia la tensión destacada por Hamilton entre los representantes magnánimos y con visión de futuro que protegen los intereses a largo plazo de los votantes y los demagogos que buscan cargos públicos y satisfacen los deseos a corto plazo de los votantes.1 Caracterizamos los resultados a largo plazo de la democracia en un país poblado por una mayoría miope. Los demagogos y los votantes miopes han sido considerados durante mucho tiempo vicios interrelacionados de los gobiernos republicanos. Por ejemplo, “La [creencia] de Madison sobre la democracia se basaba en [una] sobre el ser humano: el hombre, por naturaleza, prefería seguir su pasión antes que su razón; invariablemente eligió intereses a corto plazo sobre intereses a largo plazo” (Middlekauff (2007), p. 678). De hecho, los investigadores definen a los demagogos por esta característica. Según Guiso et al. (2018), los partidos liderados por demagogos “abogan por políticas a corto plazo mientras ocultan sus costos a largo plazo”.2 Lo que no se comprende bien es cómo los demagogos distorsionan el comportamiento de los partidos con visión de futuro y cómo un país democrático surge confrontación a largo plazo entre demagogos egoístas y partidos socialmente benévolos, pero pragmáticos.”

“Investigamos la susceptibilidad de la democracia a los demagogos, estudiando las tensiones entre los representantes que protegen los intereses a largo plazo de los votantes y los demagogos que satisfacen los deseos a corto plazo de los votantes. Los partidos proponen consumo e inversión. Los votantes basan sus elecciones en el consumo del período actual y en los choques de valencia. Las economías más jóvenes/más pobres y los votantes económicamente desfavorecidos se sienten atraídos por las políticas de demagogia de desinversión, lo que obliga a los representantes con visión de futuro a imitarlos. Esta competencia electoral puede destruir la democracia: si el capital cae por debajo de un nivel crítico, se produce una espiral mortal con la caída de los stocks de capital a partir de entonces. Identificamos cuándo el desarrollo económico mitiga este riesgo y caracterizamos cómo el riesgo de espiral de muerte disminuye a medida que el capital crece.”

Federalismo, división de poderes, límites a la deuda o embargo de bienes estatales en Brasil

  • Descentralización y federalismo en Brasil
     

La división de poderes es uno de los elementos centrales de la calidad institucional y esta puede ser, digamos, horizontal (entre los distintos poderes a cierto nivel de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial) o vertical (entre los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial o estadual y municipal).  

Brasil es un país federal, y estamos viendo en estos momentos una puja que, con algunos bemoles, es un caso del control de poder que una división puede generar, aunque no lo logre en todos los casos. El gobierno nacional ha generado un Régimen de Recuperación Fiscal (RRF) por el que ayudará a los gobiernos estaduales en el pago de sus deudas si estos implementan un plan de reformas, que debe incluir no crear nuevos cargos, ni conceder aumentos, ni aumentar los gastos, y debe privatizar empresas bajo su órbita y otras medidas para reducir sus gastos.  El gobierno nacional ha vetado la propuesta del estado de Rio de Janeiro pese a que el Consejo de Supervisión del RRF la hubiera aprobado, en base a opiniones técnicas del Tesoro Nacional y de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional. El Consejo de Supervisión del RFF está formado por miembros del gobierno nacional, del gobierno de Rio y del Tribunal de Cuentas de la Unión.  

No parece sorprendente que el plan de ajuste presentado por el gobierno de Rio de Janeiro contemplara aumentos de los sueldos de sus empleados y pospusiera el ajuste hasta 2030, el último del programa. El Tesoro señala que no hay ajuste del gasto.  

En fin, son intentos de un gobierno nacional de presionar a un gobierno estadual para que realice reformas que, aparentemente, éste no quiere realizar. Estamos de nuevo en la cuestión de cómo se impone la disciplina en un estado que no quiere tenerla: en este caso viene desde arriba, pero también podría ser que la reclamaran los votantes y, por último, que la imponga en mercado: en Diciembre de 2020 el Estado Federal pagó una deuda de 4,7 billones de reales al BNP Paribas.  

Autores de Public Choice han sugerido reformas institucionales para hacer frente a este problema, tales como la prohibición de tomar endeudamiento o la posibilidad de embargo de los bienes del Estado. Es decir, o que no pueda tomar deuda con ese banco o que luego se haga cargo de que le embarguen sus bienes.  

https://oglobo.globo.com/rio/governo-federal-veta-entrada-do-rio-no-regime-de-recuperacao-fiscal-25356980  

Las «big tech»: ¿monopolios anti-competitivos? ¿sería mejor que estuvieran regulados?

El notable crecimiento de las “big tech” en las últimas décadas ha desatado una discusión acerca de sus posiciones supuestamente monopólicas e intentos en distintos países de regular sus actividades. Ahora bien, una cosa es tener una posición “monopólica” y otra es tener acciones discriminatorias que abusan de esa posición en detrimento de competidores. Estas nuevas big tech tienen ciertas características que no son compatibles con la conducta de una empresa monopolista: por ejemplo, son gratuitas, mientras que un monopolista tradicional aprovecharía esa circunstancia para subir su precios; por otro son muy innovadoras (Microsoft, Amazon y Facebook invirtieron 71.000 millones de dólares en I&D en 2017, sólo detrás de las farmacéuticas), algo que no encontraríamos en un monopolio que no se preocupa de la competencia.

El Institute of Economic Affairs de Londres ha publicado una serie de conferencias sobre el tema con el título The Meaning of Competition in the  Digital Age, https://iea.org.uk/publications/the-meaning-of-competition-in-the-digital-age/

Una de esas conferencias es de Cento Veljanovski con el título “Hayek on Competition and AntiTrust in the Digital Age”, donde analiza las posiciones que tuviera el economista austriaco en relación a la competencia, la información y el conocimiento. En general, el autor cree que Hayek no estaría de acuerdo con una regulación estatal de estas empresas, pero luego comenta:

“Lo que puede haber dado motivo de preocupación a Hayek es la integración vertical de algunas grandes plataformas en línea, como Google y Facebook, que brindan la infraestructura básica de comercio y redes sociales y, al mismo tiempo, compiten directamente con quienes usan su plataforma. Esto provoca un conflicto de intereses fundamental, ya que la plataforma puede favorecer su servicio mientras recopila datos sobre las ventas, los servicios y los usuarios del negocio de su competidor intermedio. Google, por ejemplo, opera el motor de búsqueda a la vez que es un importante proveedor de espacios publicitarios en línea y servicios de búsqueda especializados, como la comparación de compras. Esto crea inevitablemente un conflicto de intereses ya que la plataforma actúa como «árbitro y jugador».”

¿Y si eso fuera así, la solución sería la regulación gubernamental? En el mismo texto Philip Booth presenta distintos casos de regulación privada, tales como las que generan las bolsas de comercio, la Asociación de Swaps y Derivados, las normas contables y hasta Uber, que si bien es una empresa establece regulaciones para la competencia entre los conductores.

El tema, como siempre, no es que esos problemas y conductas no existan, sino si el remedio termina siendo peor que la enfermedad, y convirtiendo “monopolios” privados en monopolios “legales’ contra los que no se puede competir, salvo a beneficio de la política.