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Globalización y democracia: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la libertad individual?

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Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos un artículo de Viktor Vanberg titulado “Globalización, democracia y la soberanía del ciudadano: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la democracia?” donde analiza el impacto que la globalización, vista como un aumento de la competencia entre jurisdicciones, pueda tener como una forma de limitar al poder. Pero creo que el tema no debería plantearse como un fortalecimiento de la «democracia», sino como un fortalecimiento de la libertad, o de la república, como democracia limitada. Así comienza:

“La expansión de los mercados conocida como globalización crea nuevas opciones nuevas avenidas para el comercio de bienes y servicios, como así también nuevas oportunidades para las inversiones de capital y la asignación de los recursos productivos que se pueden desplazar. Es una afirmación común, y no respondida, que la globalización y la competencia que de ella resulta entre las distintas jurisdicciones impone restricciones a las acciones libres de los gobiernos nacionales. La competencia es siempre un problema de accesibilidad a opciones alternativas, y, en la misma medida que la globalización de los mercados crea opciones adicionales para los ciudadanos y para aquellos a los que podemos llamar usuarios jurisdiccionales, la competencia entre jurisdicciones restringen el poder que los gobiernos pueden ejercer sobre ellos. Los gobiernos no pueden impunemente ignorar el mayor rango de opciones que ofrece la globalización a sus ciudadanos y usuarios jurisdiccionales.

El punto en discusión es cómo deben evaluarse estas restricciones del poder del gobierno. El argumento de que la competencia entre jurisdicciones puede servir los intereses comunes de los ciudadanos y que es, por lo tanto, una buena consecuencia, es defendido por autores como Geoffrey Brennan y James M. Buchanan (1988:212 sig.) que ven la vulnerabilidad a la búsqueda de privilegios y rentas cómo una debilidad fundamental en el proceso político de toma de decisiones. De acuerdo al punto de vista de estos pensadores la competencia entre gobiernos puede brindar un remedio potencial al limitar el entorno delos gobiernos a otorgar privilegios, y, por lo tanto, se reducen los incentivos para la búsqueda de renta. El contra argumento, de que la competencia entre jurisdicciones obstruye e inclusive puede impedir la realización de los intereses colectivos de los ciudadanos es defendido por autores como Fritz W. Scharpf (1998) o Hans-Werner Sinn (1994, 1996). Ellos enfatizan los efectos potenciales de incentivos negativos de la competencia entre jurisdicciones, y el peligro de que puede llevar a una “competencia ruinosa entre Estados” (Sinn, 1995:241), con consecuencias indeseables para todas las partes involucradas.

El punto de este artículo es sobre un argumento que se escucha frecuentemente dentro de este contexto, fundamentalmente que los desarrollos que se refieren a la globalización representan una amenaza para la democracia, y que existe un conflicto sistemático entre las fuerzas de la competencia del mercado entre jurisdicciones y los principios de la política democrática. Para examinar este argumento, primero es necesario aclarar que se entiende por principios de política democrática, y qué criterios de performance deberían, en consecuencia, usarse para acceder a una política democrática. Esta cuestión debe aclararse antes de que uno pueda proceder a una discusión con sentido acerca de cómo los efectos de la competencia entre jurisdicciones en política deben evaluarse en términos de los criterios que se postulan.”

Y así concluye:

“… la competencia entre jurisdicciones pueden realizar una contribución valiosa a la “mejora de la democracia” haciendo más difícil que los gobiernos implementen esquemas políticos que benefician a ciertos ciudadanos a costa de otros. En la medida que la movilidad de los propios ciudadanos y de los recursos trasladables favorezca a ciertos grupos privilegiados o a los que tienen las riendas del poder para tomar decisiones políticas, la competencia entre jurisdicciones le ofrece a los ciudadanos y a los usuarios de jurisdicciones una protección contra la explotación.

Con respecto a la capacidad de los gobiernos para actuar en defensa de los intereses comunes de los ciudadanos, la competencia entre jurisdicciones pueden ayudar, en su rol como proceso de descubrimiento, a los gobiernos y a los ciudadanos a resolver el difícil problema de determinar qué características y servicios de la jurisdicción puede ser más eficiente. En este sentido, la competencia entre jurisdicciones puede ayudar a mejorar la democracia. Por otro lado, mi discusión acerca del resentimiento contra la competencia entre jurisdicciones intentó demostrar que no existen indicios obvios de que esta competencia impida o limite a los gobiernos de implementar esquemas que realmente beneficien a todos los ciudadanos. Si, en este sentido, los efectos negativos de la competencia existen, uno debería primero analizar si tales efectos pueden atribuirse a la competencia misma, o, en cambio, son el resultado de las ineficiencias constitucionales a nivel nacional o internacional. Las deficiencias constitucionales a nivel nacional pueden surgir del fracaso en impedir problemas de free-riding debido a los incentivos que tienen los recursos trasladables para conseguir beneficios de los servicios de jurisdicción sin pagar por ellos. Los problemas de este tipo de free-riding deben distinguirse estrictamente del punto que está en el corazón de la competencia entre jurisdicciones, principalmente la posibilidad de salida, un punto que tiene que ver con la disposición de los recursos trasladables de pagar el precio solicitado por los servicios de la jurisdicción, o si prefieren renunciar a estos servicios a favor de opciones alternativas. Las deficiencias constitucionales a nivel internacional pueden deberse al fracaso de encuadrar a la competencia entre jurisdicciones dentro de reglas de juego apropiadas. Hasta que no se exploren las posibilidades de eliminar las deficiencias constitucionales en este nivel es inapropiado recomendar soluciones centralistas.”

La democracia como un proceso de descubrimiento: ¿hacia una ‘economía austriaca’ del proceso político?

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Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

Hayek sobre el liberalismo y la democracia, y una cita de David Hume sobre la importancia de la opinión pública

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Con los alumnos de la UFM vemos principios de filosofía política siguiendo la filosofía de Hayek en su libro “Los fundamentos de la libertad”. Respecto a la democracia y el gobierno mayoritario:

“El egoísmo, desde luego, influye de modo señalado sobre el actuar de los hombres; ahora bien, es la opinión pública la que determina las manifestaciones de tal egoísmo y, en general, todos los negocios humanos.

DAVID HUME

El gobierno mayoritario

La igualdad ante la ley conduce a la exigencia de que todos los hombres tengan también la misma participación en la confección de las leyes. Aunque en este punto concuerden el liberalismo tradicional y el movimiento democrático, sus principales intereses son diferentes. El liberalismo (en el sentido que tuvo la palabra en la Europa del siglo XIX, al que nos adherimos en este capítulo) se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, sean democráticos o no, mientras el demócrata dogmático sólo reconoce un límite al gobierno: la opinión mayoritaria. La diferencia entre los dos ideales aparece más claramente si consideramos sus oponentes. A la democracia se opone el gobierno autoritario; al liberalismo se opone el totalitarismo. Ninguno de los dos sistemas excluye necesariamente al opuesto. Una democracia puede muy bien esgrimir poderes totalitarios, y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales.

La palabra democracia, al igual que la mayoría de los términos utilizados en nuestro campo de estudio, se usa en un sentido más amplio y vago; pero si se emplea estrictamente para describir un método de gobierno, a saber, el de la regla de la mayoría, hace clara referencia a problema distinto del liberalismo. El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley; la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley.

El liberalismo considera conveniente que tan sólo sea ley aquello que acepta la mayoría, pero no cree en la necesaria bondad de todo lo por ella sancionado. Ciertamente, su objetivo consiste en persuadir a la mayoría para que observe ciertos principios. Acepta la regla de la mayoría como un método de decisión, pero no como una autoridad en orden a lo que la decisión debiera ser. Para el demócrata doctrinario, el hecho de que la mayoría quiera algo es razón suficiente para considerarlo bueno, pues, en su opinión, la voluntad de la mayoría determina no sólo lo que es ley, sino lo que es buena ley.

Existe un extenso acuerdo acerca de la anterior diferencia entre el ideal democrático y el ideal liberal. Sin embargo, también hay cierto sector que utiliza la palabra «libertad» en sentido de libertad política, lo que le conduce a identificar liberalismo con democracia.

El concepto de libertad para quienes así opinan en modo alguno puede predeterminar cuál debe ser la actuación de la democracia; por el solo hecho de ser democrática, cualquier institución, por definición, deviene liberal. Parece que tal actitud no pasa de ser un mero juego de palabras. El liberalismo constituye una de las doctrinas referentes al análisis de cuáles sean los objetivos y esfera de acción de los gobernantes, fines y ámbitos entre lo que elegirá la democracia; en cambio, esta última, por ser un método, no indica nada acerca de los objetivos de quienes encarnan el poder público. Aun cuando en la actualidad se utiliza muy a menudo el término «democrático» para describir pretensiones políticas específicas que circunstancialmente son populares y en especial ciertas apetencias igualitarias, no existe necesariamente relación entre democracia y la forma de utilizar los poderes de la mayoría. Para determinar lo que queremos que acepten los otros precisamos de un criterio distinto del de la común opinión de la mayoría, factor irrelevante en el proceso mediante el cual la opinión se forma. La democracia, ciertamente, no da respuesta al interrogante de cómo debería votar un hombre o qué es lo deseable, a menos que demos por sentado, como lo hacen muchos de los demócratas, que la posición social de una persona le enseña a reconocer invariablemente sus verdaderos intereses, y que, por lo tanto, el voto de la mayoría expresa siempre los mejores intereses de tal mayoría.

Tal vez no hay un «análisis económico de la política austriaco», pero no quiere decir que no analizaran los temas

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Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

Democracia y crecimiento económico: ¿la democracia promueve el crecimiento o lo perjudica? Tema sensible

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La relación entre la democracia y el crecimiento económico es discutida desde hace tiempo, al menos en espacios en los que se permiten algunas ideas que parezcan “políticamente incorrectas”, ya que lo correcto sería afirmar de entrada que la democracia promueve el crecimiento, ¿cómo va a ser de otra forma?

Pues bien, un reciente paper, enfocado además en América Latina, trata el tema. Se trata de “Explaining the Erosion of Democracy: Can Economic Growth Hinder Democracy?, V-Dem Working Paper 2017:42; cuyos autores son Anibal Pérez-Liñán de la University of Pittsburgh y David Altman de la Pontifical Catholic University of Chile.

Pérez-Liñán, Anibal and Altman, David, Explaining the Erosion of Democracy: Can Economic Growth Hinder Democracy? (March 2017). V-Dem Working Paper 2017:42. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2929501

Aquí el resumen del paper:

“El crecimiento económico se ha convertido en uno de los leitmotivs por los que académicos y expertos piden una y otra vez evaluar la perfomance democrática en el tiempo. Si bien gran parte de la literatura postula que el crecimiento económico es positivo para la democracia (por ejemplo, Przeworski et al., 2000), para otros estudiosos es una fuerza profundamente desestabilizadora (por ejemplo, Olson, 1963; Huntington, 1968).

Este documento completa estas opiniones contrastantes preguntando si el crecimiento económico puede socavar la competencia democrática. La hipótesis es que la relación entre el crecimiento económico y la competencia partidaria está mediada por la fuerza de las instituciones políticas y la libre expresión. El crecimiento económico promueve la ventaja de la incumbencia. Los gobernantes pueden ampliar artificialmente esta ventaja reduciendo el espacio para la cobertura negativa y las voces disidentes, siempre y cuando tengan espacio político para maniobrar. Apalancamos el crecimiento exógeno de América Latina para probar este argumento.

En las dos últimas décadas, la región experimentó un crecimiento acelerado como resultado de un auge mundial de los productos básicos. Utilizando datos para 18 países latinoamericanos durante este período, mostramos que un crecimiento económico más rápido condujo a aumentos significativos en la ventaja de incumbencia en la legislatura sólo donde la libertad de expresión fue atacada. Nuestros resultados tienen importantes implicaciones para las literaturas sobre democratización, recursos naturales y voto económico.”

Para Maduro, Cristina Kirchner, o Trump: James Buchanan sobre la democracia limitada y la ilimitada

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Con los alumnos de la materia Public Choice, completamos las lecturas con una conferencia de James Buchanan, publicada con el título “Democracia limitada e ilimitada”. Es lo que piensa Maduro en Venezuela o pensaba Cristina Kirchner en Argentina para quien, un 54% de los votos la habilitaba a tomar cualquier medida. Algunos párrafos:

Buchanan

“Al preparar este trabajo sobre el tema señalado en el título, mi primera reacción fue asombrarme de que alguien pudiera sostener seriamente la idea de una «democracia ilimitada» en cualquiera de sus formas o modalidades. En sentido literal, la «democracia ilimitada» presumiblemente permitiría a una mayoría o a una pluralidad de votantes —ya sea a través de plebiscitos, referenda o asambleas elegidas— hacer cualquier cosa, en el momento que se les ocurra y a quienes les plazca.

El significado totalitario de la «democracia ilimitada», definida e interpretada en este sentido, ha sido reconocido por lo menos desde los tiempos de los primeros autores griegos sobre política. Aunque la teoría política ha retrocedido durante nuestra era, especialmente a partir del siglo XVIII, no creo que sea posible, aun en 1981, encontrar a alguien que defienda sinceramente un régimen mayoritario totalmente irrestricto.

El debate critico de nuestro tiempo, para los años 80 y siguientes, no se centra en la conveniencia o inconveniencia de la democracia ilimitada. El debate gira mas bien sobre el tipo y grado de restricciones mínimas que se necesitan para asegurar la viabilidad de una sociedad en la cual los individuos puedan mantener sus libertades individuales y, desde un punto de vista más instrumental, sobre cómo estas limitaciones pueden ponerse en práctica según la mentalidad vigente a fines del siglo XX.”

“En los Estados Unidos celebraremos el bicentenario de nuestra Constitución en 1987. He sugerido que esta década sea consagrada al «diálogo constitucional», el que debe buscar corregir las fallas que han permitido a los gobiernos contemporáneos expandir sus facultades mucho más allá de las fronteras visualizadas por nuestros padres de la patria. Tenemos necesidad urgente de reformas constitucionales, de poner nuevos límites a los alcances excesivos del Leviatán que ha crecido a pesar de la presencia de restricciones procesales.

Permítaseme concluir con un mensaje de esperanza. El proceso de reforma ya ha comenzado; Howard Jarvis escandalizó al mundo en 1978 cuando logró la aprobación en California de la Proposición Nº 13; Ronald Reagan inició todo este proceso mediante su fracasado intento con la Proposición Nº 1 en 1973. Tanto el clima académico como político está mucho más receptivo a las ideas constitucionales en 1981 que durante ningún otro período de mi carrera activa. Este interés no parece limitarse solamente a mi país. El público de Europa, América Latina y Japón ha parecido receptivo a mis propios intentos de persuasión durante los últimos dos años.

El profesor Hayek ha sugerido que las últimas dos décadas de este siglo serán de importancia crítica; opina que si de alguna forma pudiéramos atravesar estas dos décadas sin la pérdida total de las libertades, el comienzo del siglo XXI podría ofrecer brillantes perspectivas. Esta percepción de Hayek se basa en su convicción de que probablemente las generaciones más jóvenes no cometerán los mismos errores intelectuales que sus mayores. Quiero hacer notar que ya han transcurrido dos o tres años desde que Hayek hizo estas observaciones y que hemos avanzado sorprendentemente bien: se ha producido una evolución notable en la opinión pública con respecto a la política. Mis advertencias de precaución dirigidas a los miembros de esta sociedad apuntan en contra de una posible «complacencia electoral». No debemos adormecernos por las victorias electorales temporales de los políticos y de los partidos que comparten nuestros compromisos ideológicos. En un sentido muy real, estas victorias tienden a distraer nuestra atención de los temas más fundamentales como son la imposición de nuevas reglas para limitar la acción del gobierno, reglas que sean operativas al margen de quienes sean los partidos o políticos que ejerzan el poder durante cortos períodos. La permanencia temporal en el poder de aquellos líderes que compartan nuestros compromisos ideológicos puede y debe ser usada positivamente, aprovechando el escaso tiempo disponible para diseñar e implementar nuevas reglas que sean, al menos, elementos cuasi permanentes del tejido social.”

Ahora que parece habrá una nueva mayoría, Hayek dice que debe cuidarse de abusar ese poder

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico II (Escuela Austríaca) vemos a Hayek, no ya como economista sino como filósofo político , hablar sobre la democracia, del Capítulo XII de su libro “Derecho, legislación y libertad”:

Hayek4

OPINIÓN MAYORITARIA Y DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA

Pero la mayoría (de la Asamblea ateniense) gritó que sería monstruoso impedir que el pueblo hiciera lo que deseara… Entonces los pritanos tuvieron miedo y acordaron votar la propuesta, todos excepto Sócrates, hijo de Sofronisco, quien dijo que en ningún caso actuaría de manera contraria a la ley.

JENOFONTE

La creciente desilusión sobre lo democracia

Cuando las actividades del gobierno moderno producen resultados que pocos han querido o previsto, tal situación se considera como característica inevitable de la democracia. Sin embargo, es difícil sostener que tales desarrollos correspondan a los deseos de un grupo de personas fácilmente identificable. Parece claro que el particular proceso que hemos elegido para comprobar lo que llamamos la «voluntad del pueblo» conduce a resultados que poco tienen que ver con algo que merezca calificarse de «voluntad común» de una parte significativa de la población.

En efecto, nos hemos acostumbrado de tal manera a considerar como democrático sólo aquel particular conjunto de instituciones que hoy dominan en todas las democracias occidentales, y en el que la mayoría de una asamblea representativa emana leyes y dirige el gobierno, que consideramos que ésta es la única forma posible de democracia. Como consecuencia, tendemos a no afrontar el hecho de que semejante sistema no sólo ha sido origen de muchos resultados perniciosos, incluso en aquellos países en que en conjunto ha funcionado bien, sino también el que ese sistema se ha revelado inviable en la mayoría de aquellos países cuyas instituciones democráticas no estaban limitadas por fuertes tradiciones relativas a las funciones que debe desempeñar una asamblea representativa. Puesto que justamente creemos en el ideal fundamental de la democracia, nos sentimos generalmente obligados a defender aquellas instituciones que desde hace mucho tiempo han sido consideradas como su encarnación, y tenemos ciertos reparos en criticarlas porque ello podría minar el respeto hacia un ideal que queremos preservar.

Sin embargo, no es ya posible pasar por alto el hecho de que recientemente, a pesar de los continuos pronunciamientos verbales e incluso las demandas de ulterior extensión de la democracia, haya surgido entre personas sensatas una inquietud creciente y una seria preocupación por los resultados que con frecuencia produce. Todo esto no siempre toma esa forma de realismo cínico, característico de algunos pensadores políticos contemporáneos que consideran la democracia simplemente como otra forma de la inevitable lucha en la que se decide «quién tendrá qué, cuándo y cómo». Con todo, no puede negarse que prevalece una profunda desilusión y que surgen dudas sobre el futuro de la democracia, originadas en la creencia de que tales desarrollos que casi nadie aprueba son inevitables. Tal idea fue expuesta hace ya muchos años por Joseph Schumpeter, según el cual un sistema basado en la libertad de mercado está condenado sin remedio, aunque sea el mejor para la mayoría de la gente, mientras que el socialismo, a pesar de no poder mantener sus promesas, está destinado a triunfar.4

Tal parece ser el normal proceder de la democracia, que, tras un primer período glorioso en el que es concebida, y efectivamente opera, como salvaguardia de la libertad personal, en cuanto acepta los límites de un nomos superior, tarde o temprano llega a arrogarse el derecho a decidir cualquier cuestión particular según los acuerdos que adopte la mayoría, listo precisamente es lo que le sucedió a la democracia ateniense a finales del siglo V, como lo demuestra el famoso acontecimiento a que alude la cita que encabeza el presente capítulo; en el siglo siguiente, Demóstenes (y otros) se lamentaron de (367) que «nuestras leyes no son mejores que tantos decretos; más bien, las leyes que regulan la compilación de un decreto son más recientes que los propios decretos».

¿Libertad y/o democracia? O la libertad de los antiguos en comparación a la libertad de los modernos

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En un año electoral vale la pena plantear cuáles son las elecciones básicas a las que deberíamos estar enfrentándonos. Así las comenta David Boaz en su libro The Libertarian Mind: A Manifesto for Freedom:

“Según Aristóteles, los sistemas políticos posibles eran la tiranía, la aristocracia, la oligarquía y la democracia. A mediados del siglo XX a muchos les parecía que las opciones eran el comunismo, el fascismo y el capitalismo democrático. Hoy, todas ellas han perdido el favor de la gente excepto el capitalismo democrático, y muchos intelectuales han asumido la proclamación de Francis Fukuyama sobre el ‘fin de la historia’, queriendo decir que las grandes batallas sobre la ideología han terminado con el triunfo de la democracia y la economía mixta. Sin embargo, en estos momentos en que este libro se publica, el fundamentalismo islámico crece en una región del planeta, y la crisis económica del 2008 llevó a algunos críticos a proclamar el ‘fin del capitalismo’.

Sea lo que sea, el supuesto triunfo de la democracia deja todavía lugar para ideologías en competencia. Aún la identificación de ‘democracia’ como la alternativa occidental al fascismo y el socialismo es problemática. Los libertarios, como el nombre implica, creen que el valor política más importante es la libertad, no la democracia. Muchos lectores modernos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿No son la libertad y la democracia la misma cosa? Por cierto, uno podría sacar esa idea de la enseñanza estándar de la historia norteamericana. Pero veamos: India es la democracia más grande del mundo; sin embargo su compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo es débil y sus ciudadanos están abrumados por una cantidad de regulaciones proteccionistas –felizmente reducidas en los últimos años- que limitan su libertad en todo momento. A través del siglo XX Hong Kong no fue una democracia –sus ciudadanos no tenían el derecho a elegir a sus gobernantes- pero tenían la libertad de elegir y de actuar más amplia del planeta. Existe una conexión entre libertad y democracia, pero no son idénticas. Como dice mi amigo Ross Levatter, si viviéramos en una sociedad en la que las parejas se formaran según la decisión de la mayoría, viviríamos en una democracia, pero no tendríamos mucha libertad.

Gran parte de la confusión proviene de dos diferentes sentidos de la palabra ‘libertad’, una distinción que explorara notablemente el libertario francés Benjamin Constant en el siglo XIX en un ensayo titulado ‘La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos’. Constant destacó que para los escritores griegos antiguos la idea de libertad era la de participar en la vida pública, en tomar decisiones para toda la comunidad. Así, Atenas era una polis libre porque todos los ciudadanos –esto es, todos los hombres libres, adultos y atenienses- podían participar en el proceso de toma de decisiones. Por cierto, Sócrates era libre porque podía participar de la decisión colectiva de ejecutarlo por sus opiniones heréticas. . Sin embargo, el concepto moderno de libertad enfatiza el derecho de los individuos a a elegir su modo de vida, a hablar y orar libremente, a tener propiedad, a dedicarse al comercio, a ser libres del arresto o detención arbitrarias – en palabras de Constant, ‘de ir y venir sin pedir permiso, y sin tener que explicar los motivos’. Un gobierno basado en la participación de los gobernados es una valiosa salvaguardia de los derechos individuales, pero la libertad en sí misma es el derecho a elegir y perseguir proyectos que uno haya elegido.

Para los libertarios, el tema político básico es la relación del individuo con el estado. ¿Qué derechos tienen los individuos (si es que tienen)?¿Qué poderes debería tener el gobierno?¿Qué demandas pueden los individuos realizar unos a otros a través del mecanismo del gobierno?”

“… hay dos formas básicas de organizar la sociedad: coercitivamente, a través de mandatos del gobierno, o voluntariamente, a través de un conjunto de interacciones entre individuos y asociaciones privadas. Todos los distintos ‘ismos’ –monarquía, oligarquía, comunismo, conservadurismo, liberalismo, libertarianismo- se reducen a una sola pregunta: ‘¿Quién tomará la decisión sobre un aspecto particular de tu vida, tú o alguien más?’

 

¿La democracia como proceso de descubrimiento? Una visión ‘austriaca’ de la política

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Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

¿Por qué vota la gente si su voto no define la elección? Me gusta participar, pero no sé para qué

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La Escuela de la Elección Pública, o Análisis Económico de la Política, o Public Choice, comenzó planteando un tema un tema importante: como ningún votante define el resultado de una elección, el incentivo es entonces muy débil como para estar informado. Es decir, mi voto es uno entre millones. Vote o no vote el resultado será el mismo. Se le llama a esto “apatía racional”.

Elecciones

Algunos autores han llevado este argumento incluso más allá (Kaplan, The myth of the Rational Voter; Pincione & Tesón, Discourse Failure), señalando que por esa misma razón, los votantes tampoco gastan mucho de su tiempo en conocer y comprender las principales teorías de las ciencias sociales y terminan adoptando todo tipo de juicios irracionales para explicar la realidad social. Este fenómeno explica también porqué la discusión política no apela a la razón sino a los sentimientos, con eslóganes simples que conmuevan pero no necesariamente que hagan pensar.

Hasta allí todo muy interesante, pero esta teoría se ha enfrentado con un desafío embarazoso. Si es cierto que mi voto no decide una elección, que es uno entre millones y por lo tanto habrá un resultado al margen de mi propio voto, ¿porqué la gente se molesta en ir a votar? En particular en aquellos lugares donde el voto no es obligatorio.

Los académicos de esta Escuela han tratado de resolver la paradoja introduciendo otros factores en las “funciones de utilidad” de la gente. Es decir, han modificado la parte del “beneficio” en el supuesto cálculo de beneficios y costos que realiza todo individuo cuando actúa. . Ya Anthony Downs (An Economic Theory of Democracy, 1957) sugería la existencia de un “sentido de responsabilidad individual” respecto al funcionamiento del sistema político. La gente votaría porque han sido educados en que su participación como votante es una condición necesaria para el buen funcionamiento de la democracia; que una alta participación es un fin en sí mismo. Al hacerlo, participan voluntariamente en la provisión de un “bien público” del cual no participarían si fueran estrictamente ‘homo economicus’.

Brenan & Lomasky (Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference, 1993) planteó que esa conducta era, en verdad, racional. Participar en una elección como votante es una forma “barata” de mostrar compromiso social. Es más, esto explicaría porqué ciertos votantes hasta votan contra lo que parecerían ser sus propios intereses (p. ej., gente pudiente votante por la izquierda o el populismo, que aumentaría sus impuestos). El argumento es el siguiente: si la izquierda o el populismo va a ganar y van a aumentar los impuestos, no es algo que mi propio voto pueda cambiar ya que mi voto no define la elección. Si esto es así, mejor aparezco del lado “progresista” que del lado “reaccionario”.

Ya Buchanan (Individual Choice in Voting and the Market, 1954), planteaba la posibilidad de que la elección de votar diera a las personas un mayor sentido de participación en la toma de decisiones sociales. La moderna economía de la conducta confirma esto, como una demanda por un sentimiento de participación y ser respetado. Este nuevo enfoque postula que los seres humanos estamos motivados por la necesidad de competencia, relación y autonomía. Estas necesidades, juntas, constituyen el deseo de auto-determinación. Parece haber mucha evidencia de la importancia de este proceso, algo que enfatizan en particular Frey & Stutzer (Beyond Outcomes: Measuring Procedural Utility, 2005) en relación a la participación de los votantes en sistemas de democracia directa.

Pero, de todas formas, la conclusión no es muy buena para pensar que la política puede resolver las “fallas” de mercado, porque esto está diciendo que el votante disfruta del procedimiento, pero no necesariamente presta atención del contenido, es decir que toma una decisión en base a un proceso que le hace sentir bien, pero no porque ha hecho un esfuerzo racional para elegir las políticas correctas para resolver esos problemas.