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El apartheid hacia las poblaciones indígenas: tienen débiles derechos de propiedad sobre su tierra

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Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los problemas de propiedad de los indígenas:

Hernando de Soto, autor del Misterio del capital, fue el año pasado a la selva peruana a recabar información para su próximo libro La Amazonía no es Avatar y se enteró de un árbol de caoba que fue vendido por tres kilos de azúcar (alrededor de 3 dólares). Una pena, indica De Soto, puesto que si el dueño de ese caoba lo hubiese podido vender en Callao (el puerto de Lima) ese árbol hubiese sido comprado hasta por 12.000 dólares. Más frustrante es que en California ese mismo árbol se hubiese vendido en 50.000 dólares.

Ayer se cumplieron 20 años desde el primer levantamiento indígena en Ecuador y lo lamentable es que gran parte de ellos siguen en una situación como la del indígena peruano que vendió un caoba en 3 dólares. Esto en gran parte se debe a políticos oportunistas que prosperan del mito de que los indígenas son como los nativos de Pandora en la película Avatar, mito que De Soto resume así: los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental resulta de la entrega de derechos de propiedad.

Las investigaciones del equipo de De Soto en la Amazonía peruana han revelado que 80 por ciento de los indígenas que todavía viven en la selva no quieren que sus hijos sigan viviendo en comunidades aisladas. 7 de cada 10 indígenas peruanos son pobres y 5 de cada 10 viven en pobreza extrema, siendo la expectativa de vida en las áreas indígenas 20 años menor que en el resto del país. En esas áreas, además, la mortalidad infantil es el doble, 50% de los niños indígenas sufren de malnutrición y 40% de anemia. En casi todas las comunidades se han encontrado mapas, leyes comunales y certificados de posesión emitidos por ellos sobre casas, tierras, áreas de caza y de transacciones comerciales por lo que los indígenas sí parecen querer hacer negocios. La degradación ambiental principalmente se encuentra en zonas sin derechos de propiedad sólidos.

De Soto asevera que las comunidades indígenas no controlan sus territorios a pesar de la titularización de tierras por parte del Estado peruano. Por ejemplo, el Estado peruano en lugar de crear una sola ley para los indígenas de la Amazonía, ha creado alrededor de 5.000 sistemas legales soberanos que no están estandarizados.

“Al no compartir los mismos estándares con otras comunidades, ni con el resto de Perú o del mundo, ellos viven en una especie de apartheid económico estéril”, dice De Soto. Sospecho que la situación de los indígenas en la sierra rural y en la Amazonía ecuatoriana se encuentran en un apartheid similar.

Un apartheid que desde hace mucho tiempo los movimientos indígenas deberían haber demandado que se elimine. En cambio, ayer se cumplieron 20 años de dirigentes políticos que, a nombre de los indígenas, suelen pedir dádivas al Estado. 20 años que nunca se les ocurrió pedirle al Estado derechos de propiedad sólidos para los que dicen representar, incluso sobre los recursos que están en el subsuelo de sus tierras.

 

Discriminar tiene un costo, pero también resulta que la diversidad aumenta los beneficios

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Hay muchos argumentos en contra de la discriminación, tanto sea de sexo como de raza, y también muchas propuestas para regular o compensar las diferencias de trato que se encuentran en la sociedad. Desde el punto de vista económico, la visión ha sido que discriminar tiene un costo ya que se termina contratando gente, por ejemplo, no en base a su potencial rendimiento sino en virtud de causas (sexo, raza) que no tienen que ver con ello.

Ahora, un estudio de la consultora McKinsey sostiene algo más: no solamente hay un costo, sino que la diversidad genera mayores ganancias. No extraña entonces que nos encontremos cada vez más con empresas diversificadas, que se parecen más a una reunión de un organismo internacional que otra cosa. Aquí el estudio: http://www.mckinsey.com/Insights/Organization/Why_diversity_matters?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1501

La investigación responde a esta pregunta: ¿Cuál es la posibilidad de que las empresas que se encuentran en el 25% de mayor diversidad tengan mejores resultados que las que están en el 25% con menos diversidad?

Respuesta: 15% en cuanto a la diversidad de género, y 35% en cuanto a la diversidad étnica.

Diversified talent

Comenta el informe:

“Si bien correlación no es igual a causación (mayor diversidad de género y étnica en el liderazgo corporativo no se traslada automáticamente en mayores ganancias), la correlación indica que cuando las empresas se comprometen a una mayor diversidad en su liderazgo, son más exitosas. Las empresas más diversificadas, creemos, pueden captar mejor a los mejores talentos y mejorar su orientación hacia los clientes, la satisfacción de los empleados y la toma de decisiones, y todo ello lleva a un círculo virtuoso de mayores retornos. Esto, a su vez, sugiere que otras clases de diversidad –por ejemplo en edad, orientación sexual y experiencia (tales como una mentalidad global y apertura cultural)-, también es probable que brinden una mayor nivel de ventaja competitiva para atraer y retener esos talentos diversos.”

Si el Papa Francisco va a reformar la Curia, le serviría leer «Public Choice» sobre la burocracia

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El Papa Francisco no es solamente el padre de la Iglesia, de todos los católicos, sino que le toca también ser jefe de un gobierno. Como tal, se ha encontrado con los problemas que plantea toda burocracia, un tema seriamente analizado ya por la Escuela de “Public Choice”. William F. Shughart II es Director de Investigaciones del Independen Institute y profesor de Public Choice en Utah State University. Esto escribe sobre el tema: http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=5287

Papa2

“Hace unas semanas, justo antes de Navidad, el Papa Francisco presentó a los miembros de la curia romana –el gobierno central, por así decirlo, de la Iglesia Católica- un análisis de las formas en las que la “debilidad, mal funcionamiento y falta de conducta” han infectado a la santa organización. Su diagnóstico, detallado en un comunicado de prensa del 22 de Diciembre, sugiere que el Papa no intuyó que sentarse en la silla de San Pedro lo involucraría de inmediato en un curso de Public Choice sobre burocracia.

Las burocracias son organizaciones que no viven o mueren por su desempeño en un mercado competitivo. Pero esto no significa que quienes forman parte de ellas, ya sean religiosos o no, no estén motivados por su propio interés. Como cualquiera que haya solicitado una nueva licencia de conductor, visitado un correo, solicitado un permiso de construcción, completado un formulario de impuestos o registrado a un hijo en una escuela pública sabe, la visión ‘progresista’ de un servicio civil profesional ha resultado en empleados que están sujetos a reglas, dudan en tomar decisiones o asumir responsabilidades, y resisten adoptar innovaciones que ahorrarían tiempo y dinero.

No debería sorprender que el mundo pontificio funciona en forma similar. La Iglesia Católica ha sido descripta como la primera corporación multinacional. El Papa Francisco supervisa una serie de organizaciones –congregaciones, tribunales, consejos, sínodos de obispos- cada uno de los cuales cumple con funciones administrativas o servicios diferentes. En vista a toda esta complejidad (y la ausencia de señales de mercado), ¿cómo deberían tomarse decisiones sobre el uso de los recursos del Vaticano?

Los académicos de Public Choice han dado respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, Gordon Tullock, quien fuera profesor de George Mason University, enfatizó la importancia que los burócratas dan a obtener el favor de sus supervisores. Ellos mantienen sus empleos (y son promovidos) haciendo que sus jefes se vean bien. William Niskanen, otro pionero en este tema, subrayó el deseo del burócrata de maximizar el tamaño y presupuesto de su agencia. Como es difícil medir si el burócrata efectivamente alcanza sus objetivos, en especial cuando se refieren a la caridad y la educación, la tendencia es a enfocarse en lo que sí se ve –el número de ‘clientes’ que reciben beneficios o el presupuesto necesario para atenderlos.

Ambos enfoques se resumen en la idea que el objetivo primario de cualquier burócrata es la supervivencia. La crítica del Papa Francisco sugiere que este instinto es obvio aun dentro de la curia. La primera crítica en la lista del Papa Francisco fue “la debilidad de considerarse uno inmoral, inmune o indispensable’. El pontífice es astuto observando esta conducta, pero erra en el diagnóstico como una debilidad. El deseo de sobrevivir está en el corazón de cualquier organismo saludable. El animal que no come no durará mucho, y el burócrata que no puede convencer a sus superiores de que los servicios de su agencia son ‘indispensables’ desaparecerá bien rápido. El objetivo de sobrevivir lleva a otra debilidad señalada por el Papa, ‘la debilidad de deificar a los líderes…, con la esperanza de recibir su benevolencia’.

Francisco también señaló una ‘enfermedad de Alzheimer espiritual, o más bien un olvido de la historia de salvación, o la historia personal del Señor, del ‘primer amor’. El ‘Alzheimer espiritual’ suena como la acumulación de funciones, un efecto colateral predecible del instinto de supervivencia. Ocurre cuando unidades burocráticas asumen responsabilidades adicionales para asegurar su continua relevancia y financiamiento.

‘La enfermedad de la excesiva planificación y funcionalismo’, otra de las mencionadas por Francisco, es otra consecuencia predecible del instinto de supervivencia burocrático. En las organizaciones jerárquicas, la implementación de planes requiere a menudo el apoyo de superiores (quienes requieren el apoyo de sus superiores). Esta clase de razonamiento lleva rápidamente a una actitud reconocida por Adam Smith, padre de la economía moderna, como una característica del ‘hombre del sistema…. que parece imaginar que puede ordenar a los distintos miembros de la gran sociedad con la facilidad con que una mano mueve las piezas de ajedrez en el tablero’.

Dado que la mayoría de la curia parece haber adoptado esta mentalidad, no sorprende que el Papa Francisco encuentre frustrantes a sus colegas. Tal vez su mensaje es menos una condena de la curia que una lección sobre los peligros y limitaciones de una organización burocrática.

El Papa Francisco es producto del clima político sudamericano afectado por la ‘teología de la liberación’. Es feliz al poner autoridad en manos burocráticas para promover causas política, incluyendo esfuerzos con el ‘cambio climático’ y la ‘desigualdad de ingresos’, que son apreciados por la izquierda. Sin embargo, si es serio respecto a la reforma de la curia, como parece serlo, podría utilizar más de la literatura de Public Choice sobre la burocracia y el proceso político en general.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Suecia, modelo de Estado Benefactor, pero, ¿cuál?, ha cambiado mucho desde los 90s

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En el debate sobre la “justicia social”, muchos tienen como ejemplo a los países nórdicos y, en especial, a Suecia. Sin embargo, tienen en mente una Suecia que no existe ya, que cambió mucho a partir de los años 90. Así lo explica Mauricio Rojas, profesor adjunto de Historia en la Universidad de Lund, quien fuera parlamentario por el Partido Liberal de Suecia desde 2002 hasta 2008 (dado el nombre poco sueco, Mauricio es de origen chileno, lo cual muestra también el grado de apertura mental que tiene ese país), en una publicación del Instituto Cato: http://www.elcato.org/crisis-europea-y-el-modelo-del-estado-de-bienestar-lecciones-de-un-modelo-evitar

“Suecia experimentó, a partir de los años 60, un crecimiento sin precedentes de su sector público. En apenas dos décadas, entre 1960 y 1980, el gasto público se duplicó, pasando del 30% del PIB al 60%. A su vez, el empleo público casi se triplicó y la carga tributaria pasó del 28 al 46% del PIB. El impuesto marginal para las rentas más altas llegó en 1979 al 87%, para estabilizarse en los años 80 en torno al 85%. Al mismo tiempo, aumentaban los subsidios de todo tipo, llegándose a situaciones donde trabajar podía implicar un detrimento económico. Este desarrollo tuvo una serie de consecuencias inevitables, particularmente manifestadas en un fuerte deterioro del incentivo a trabajar y al emprendimiento. Sin embargo, lo más sensible de este desarrollo fue la vulnerabilidad creciente de un sistema fiscal que hacía promesas cada vez más generosas a su población basado en aquello que en sueco se llama glädjekalkyl, es decir, “cálculos alegres”, basados en la premisa de que los buenos tiempos y el pleno empleo durarían eternamente. Esto creó una dinámica populista, donde gobernantes y gobernados se dejaban llevar por el sendero de las promesas fáciles, creando una ilusión de seguridad frente a la indefensión o la falta de trabajo que solo podía ser mantenida mientras las situaciones de indefensión o carencia laboral fuesen excepcionales.”

“En Suecia la ilusión populista se quebró dramáticamente a comienzos de los 90, cuando el pleno empleo, que había durado casi cinco décadas, se transformó en un alto nivel de desempleo. Este cambio fue producto, como acostumbra a ser en estos casos, de una recesión internacional que puso en evidencia las debilidades acumuladas de las viejas industrias suecas de exportación ante la presencia de nuevos competidores. Esto desencadenó un brusco aumento de la cesantía — que pasó del 2 al 12% en tres años— que llevó el gasto público a sobrepasar el 70% del PIB en 1973 mientras la recaudación fiscal caía. Ello puso en evidencia el bluff del Estado de bienestar: sus promesas de seguridad frente a eventuales situaciones de carencia o indefensión no pudieron cumplirse justamente cuando más se necesitaban. La seguridad prometida se esfumó cuando el exceso de gasto dio origen a un insostenible déficit fiscal que llegó a superar el 10% del PIB conduciendo a la caída estrepitosa del viejo y tan afamado “modelo sueco”.

A partir de entonces se abre un notable proceso de reducción del tamaño del Estado, desregulación, cooperación público-privada y privatización que ha transformado a Suecia en la economía de la UE-15 que mejor ha resistido a los problemas actuales. Así, el país que encabezó la marcha hacia la debacle del Estado de bienestar tradicional encabeza hoy el camino hacia su modernización, disminuyendo su tamaño y con ello su vulnerabilidad, rompiendo los monopolios públicos a través de la libertad de empresa y de elección ciudadana, limitando y condicionando los subsidios de todo tipo, y tratando de restablecer, mediante rebajas tributarias, los incentivos al trabajo y al emprendimiento.

Crisis de alguna manera parecidas, si bien menos severas, a la de Suecia afectaron a Alemania, Dinamarca, Finlandia u Holanda, obligando a estos países a moderar y hacer algo más dinámicos sus grandes Estados así como a alivianar su carga regulatoria (especialmente en lo referente al mercado de trabajo) y tributaria. No fueron en sí mismas reformas de suficiente calado como para poder revertir las tendencias al estancamiento anteriormente señaladas, pero les han permitido a estas sociedades enfrentar la actual situación de crisis en condiciones mucho mejores que las del sur de Europa.”

 

Como el «auto argentino» Ecuador no se queda atrás: Andino, el auto divino, que te deja a medio camino

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Todo gobierno estatista tiene el sueño del auto propio. Increíble historia sobre el “auto ecuatoriano”. Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Auto Andino

“El proteccionismo cuesta porque destruye la división internacional del trabajo. Nos devuelve a la precaria situación de Robinson Crusoe que vivía en una absoluta autarquía económica, con su inherente pobreza.

Recientemente, el subsecretario de Industrias Intermedias, Diego Egas, anunció que en el 2014 el Gobierno busca sustituir $ 120 millones en importaciones de partes para autos con producción nacional. Según Egas, solo el 17% de los componentes de los vehículos ensamblados es fabricado en el país. Esto es así a pesar de que la industria automotriz lleva décadas siendo protegida y privando a los consumidores ecuatorianos de autos más asequibles. Egas agregó que se espera reducir $ 2.000 millones en importaciones de componentes para autos en el 2017 y que para el 2018 se espera tener un carro armado con 100% de partes nacionales, que se podría llamar “el montubio”. No importa que lo del primer auto ecuatoriano se intentó y fracasó durante la dictadura de Rodríguez Lara, ¿recuerdan el Andino?

Probablemente se lo recuerda más por ser parte de un sinnúmero de bromas que por su utilidad y popularidad entre los consumidores ecuatorianos (“Andino, el auto divino, que te deja a medio camino”). En enero del 2012, diario La Hora encontró el primer ejemplar del Andino, cuyo dueño, Antonio Ricaurte, conserva como “una… pieza de museo” y cuenta que lo “salvó” de acabar en una chatarrería tras un remate público en 1976. Y eso que la mayoría de sus componentes eran importados, imagínense lo que habría sido si hubiesen pretendido fabricar el 100% de sus componentes, que es lo que se propone el Gobierno ahora con el “montubio”.

También se reportó hace pocos días en este diario los problemas que están teniendo las jugueterías grandes del país para sustituir el 25% de sus importaciones con juguetes nacionales. Lo de imponer “lo nuestro” en las jugueterías puede resultar en una oferta nacional que difícilmente logre ganarse el favor de los más pequeños, considerando que seguirán disponibles los juguetes importados –aunque tal vez a un precio mayor y con menor variedad–.

El proteccionismo cuesta porque destruye la división internacional del trabajo. Nos devuelve a la precaria situación de Robinson Crusoe que vivía en una absoluta autarquía económica, con su inherente pobreza. Por supuesto que Islandia podría producir banano, pero tendría que utilizar invernaderos y saldría de ahí tal vez el banano más caro del mundo. Pero es precisamente la realización de que más barato sale importar ciertos productos que producirlos uno mismo lo que nos lleva de manera espontánea a participar de la cooperación social internacional que es el libre comercio.

Quienes buscan lograr un carro hecho con componentes 100% nacionales ignoran la realidad de un mundo globalizado. No se trata de dudar de que los ecuatorianos seamos capaces de crear un auto de calidad internacional, puede ser que sí, en realidad no lo sé, ni creo que las autoridades que formulan la política industrial puedan saberlo. Se trata de qué tan caro saldría ese carro y si los recursos destinados a construirlo no fuesen mejor destinados a otro propósito. Tampoco se trata de que los niños se dediquen a jugar exclusivamente con juguetes importados, es más bien una cuestión de justicia y libertad: ¿por qué el Estado ha de utilizar los recursos de todos para subsidiar empresas particulares y restringir las opciones disponibles a los niños?

 

En el Super Bowl del gasto público y la deuda, los «Políticos» le ganan a los «Contribuyentes»

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Los norteamericanos dan mucha importancia al discurso presidencial durante la inauguración de las sesiones anuales del Congreso. Este discurso se ha dado en llamar “Estado de la Unión”, donde el presidente evalúa la situación y perspectivas del país. John Goodman analiza ese discurso para el Independent Institute: http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=5284

Casa Blanca

Algunos párrafos:

‘La sombra de la crisis ha pasado’, nos dijo el presidente Obama el martes por la noche. ‘El Estado de la Unión es sólido’, agregó. Pero, ¿lo es realmente?

Si usted hubiera acumulado una deuda más de 20 veces el monto de su ingreso familiar, ¿diría que sus finanzas domésticas están en buena forma? Bueno, ahí es donde se encuentra este país. En casi una docena de programas sociales (‘entitlements’: se refiere a programas en los cuales se genera un derecho a recibir un beneficio), hemos hecho promesas que no hemos podido pagar. En el proceso, estamos dejando una enorme carga financiera a nuestros hijos y nietos.

¿Y qué es lo que el presidente propuso hacer con este problema? Básicamente dejarlo como está y agregarle algo más. Como comentó David Jackson: “Citando el legado de los programas de Seguridad Social, Medicare y ayuda universitaria, Obama le dijo al Congreso controlado por Republicanos que ‘la economía de la clase media funciona’ y ‘estas políticas continuarán funcionando en tanto la política no se entrometa con ellas’.

La nueva oferta incluye:

… nuevos créditos fiscales para el cuidado de la infancia, y programas para incluir dos años gratuitos en las universidades, bajas tasas de interés en los seguros hipotecarios y nuevos requerimientos para las licencias por enfermedad.

Básicamente, hay dos tipos de deuda –la que usted escucha mencionar y la que no. La primera es deuda nacional en poder del público en la forma de bonos gubernamentales. El último número de esta es algo mayor a los $13 billones. La segunda es la diferencia entre promesas realizadas a largo plazo –para pensiones, gastos de salud e incapacidad- y el ingreso que esperamos para financiar esas promesas en la forma de impuestos, primas, etc. Este segundo tipo de deuda es enorme. El economista de Boston University, Laurence Kotlikoff la estima es unos asombrosos $210 billones. Escribe Kotlikoff:

‘La brecha fiscal –la diferencia entre las obligaciones financieras proyectadas de nuestro gobierno y el valor presente de todos los ingresos fiscales previstos- es, efectivamente, nuestra tarjeta de crédito nacional. Eliminarla requeriría un aumento inmediato y permanente del 59% en los impuestos nacionales. También podría ser un recorte permanente del 38% en el gasto público. Cuanto más esperemos, mayor será el problema. Si, por ejemplo, no hacemos nada por 20 años, el aumento de los impuestos nacionales llegaría al 70%, o el recorte de gastos requerido al 43%.’

Además, para resolver el problema fiscal, el aumento del 59% en impuestos debería colocarse en un banco e invertirse –no gastarse en otras cosas como el subsidio a los estudios universitarios- hasta el día en que lleguen las cuentas. Esto demandaría un nivel de disciplina que ningún presidente o Congreso antes a podido lograr.”

 

Argentina dio marcha atrás con la reforma de las pensiones. ¿Se perdió el tren en el andén otra vez?

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Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre las reformas a los sistemas de pensiones en Latinoamérica:

Las principales economías del mundo desarrollado se esmeran en ilustrar el fracaso de los sistemas previsionales de reparto, aproximándose a su bancarrota. Un estudio publicado en 2009 estimaba que la deuda pública implícita promedio —esto es, la deuda pública más las obligaciones no financiadas de los sistemas de seguridad social— para 25 países de la Unión Europea era de 434% de su PIB1 y según un estudio de 2011 la deuda implícita de EE.UU. era de 412% del PIB (esta última cifra incluye también obligaciones no financiadas de programas como Medicare y Medicaid). De no realizarse una reforma integral de los sistemas de seguridad social, sus gobiernos tendrán que incumplir las promesas, ya sea recortando beneficios, prolongando forzosamente la vida laboral de sus trabajadores, o una combinación de estas y otras medidas.

Mientras tanto, durante las últimas tres décadas cuatro países latinoamericanos —Chile, Colombia, México y Perú— han realizado profundas reformas a sus sistemas, transitando desde un sistema de reparto hacia uno de capitalización individual. Un estudio reciente2 analiza el impacto estas reformas sobre el desarrollo económico de estos países.

Respecto al mercado laboral, el estudio muestra que los derechos de propiedad de los trabajadores sobre sus cuentas individuales para su jubilación y la directa relación entre sus aportes y beneficios resultó en que los trabajadores dejen de percibir al ahorro para su jubilación como un impuesto, estimulándolos a ahorrar. El mayor ahorro permitió que se incrementen las inversiones en hipotecas y proyectos de infraestructura.

El crecimiento de los fondos de pensiones profundizó los mercados de capitales en estos países. La profundización financiera, medida con algunas variantes según la economía, aumentó en Chile desde 46% en 1981 a 276% del PIB en 2011; en Colombia, de 45% a mediados de los 90 a 137% del PIB en 2010; en México, de 42,6% en 2001 a 64,8% del PIB en 2012; y en Perú, de 26% en 1993 a 99% del PIB en 2009. Este progreso no se puede atribuir exclusivamente a la reforma de pensiones, pero el hecho de que los fondos de pensiones son los principales inversores en los bonos de empresas indica que sí han contribuido de manera importante.

El estudio calcula que la reforma de pensiones agregó 0,37% al crecimiento anual del PIB chileno entre 1981-2011; 0,58% al colombiano entre 2006-2010; 0,31% al mexicano entre 1998-2012; y 0,33% al peruano entre 1993-2011.

Chile, el país pionero en esta reforma, puede jactarse de un sistema de pensiones que entre 1981 y 2012 logró un retorno sobre sus inversiones de 8,6% (por encima de la inflación y a pesar de la crisis financiera de 2008-2009).3 Además, este sistema logró una tasa de reemplazo —esto es, la pensión como porcentaje del salario promedio durante los 10 últimos años de la vida laboral— de 87% para los hombres y 58% para las mujeres que cotizaban al menos 10 años (esta oscila alrededor del 69% en los países de la OCDE).4 Es importante notar que 73% del ahorro acumulado en estos 32 años se debe a la rentabilidad de las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones.5

Aquí, como en otras partes del mundo desarrollado, seguimos asumiendo que los políticos cuidarán mejor de los ahorros de los trabajadores que los mismos trabajadores.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 15 de noviembre de 2013.

Referencias:

  1. Gokhale, Jagadeesh. “Measuring The Unfunded Obligations of European Countries”. National Center for Policy Analysis. Policy Analysis No. 319. Enero de 2009.
  2. “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica: Experiencias de Colombia, México, Chile y Perú”. Estudio realizado por SURA Asset Management y publicado por la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP). Agosto de 2013.
  3. Errázuriz, Guillermo Arthur. “El sistema de pensiones en Chile a 32 años de su creación”. Presentación preparada para seminario sobre pensiones organizado por Fundación Vidanova Fondo de Pensiones en octubre de 2013.
  4. “AFP: Estudio ubica tasas de reemplazo en 87% para los hombres y 58% para las mujeres”. La Tercera. 2 de septiembre de 2013.
  5. Errázuriz, Guillermo Arthur. “El sistema de pensiones en Chile a 32 años de su creación”.

Una crítica liberal a las políticas económicas de los años 90: el caso de Costa Rica

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Las políticas económicas de los años 90 han sido condenadas con epíteto de “neoliberales”, pero resulta que los “liberales” han sido críticos de muchos aspectos de esas políticas. He aquí un ejemplo. Juan Carlos Hidalgo, Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute analiza el caso de Costa Rica, donde estuvimos en estos días en un seminario organizado por ese instituto: http://www.elcato.org/crecimiento-economico-sin-reduccion-de-pobreza-el-caso-de-costa-rica

El Informe se titula “Crecimiento económico sin reducción de pobreza: el caso de Costa Rica”:
“A principios de los años ochenta, Costa Rica, al igual que gran parte de América Latina, sufrió su peor crisis económica en décadas. Entre 1980 y 1982 la economía se contrajo en un 9,4%, y en 1982 la inflación promedio alcanzó un 90,1%. En solo dos años la proporción de la población viviendo debajo de la línea de pobreza se disparó en más de 20 puntos porcentuales a un 54%. Múltiples factores causaron esta crisis, incluyendo el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones — un modelo proteccionista que buscaba reemplazar las importaciones industriales con productos domésticos. A través de los años, este modelo incentivó la creación de numerosas e ineficientes empresas estatales, cuya creciente carga financiera colapsó al Estado. Para 1980, el gasto público ascendía al 54% del producto interno bruto (PIB).

El país también se enfrentaba a un grave deterioro de los términos de intercambio, al dispararse el precio del petróleo al mismo tiempo que se desplomaba el precio de los pocos productos de exportación (principalmente café, azúcar, carne y banano). Al tiempo que la inversión extranjera directa dejó de llegar, el déficit de cuenta corriente se disparó en 1980 hasta un 12,6% del PIB. El entonces presidente Rodrigo Carazo (1978-1982) decidió recurrir al financiamiento externo para mantener el tipo de cambio fijo. La deuda externa de Costa Rica se cuadruplicó durante su mandato. Sin embargo, un aumento en las tasas de interés internacionales agravó la situación al subir el costo de financiamiento del Estado. En lugar de reducir el gasto público y deshacerse de empresas estatales onerosas, Carazo eligió hacerle frente a las deterioradas finanzas estatales mediante la impresión de dinero. Eventualmente, el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda. La inflación aumentó vertiginosamente, enviando a cientos de miles de costarricenses a la pobreza.

Gobiernos subsiguientes implementaron reformas orientadas a la transición del sistema de sustitución de importaciones, que había estado en vigor desde la década de los sesenta, hacia un modelo orientado a la exportación. Una de esas reformas políticas clave fue la introducción de un régimen cambiario basado en minidevaluaciones diarias del colón, la moneda nacional. La meta original era proporcionar mayor seguridad a los exportadores para sus inversiones mediante la estabilización del tipo de cambio real. Sin embargo, a partir de 1999 el sistema de minidevaluaciones sirvió para aumentar cada vez más la competitividad del sector exportador mediante la subvaluación de la moneda nacional, reduciendo el precio de los bienes de exportación. Este sistema de minidevaluaciones también impulsó el sector turístico, que se ha convertido en la industria más importante de Costa Rica.

En la década de los noventa, Costa Rica implementó reformas adicionales: estableció zonas francas en las cuales las empresas gozan de un régimen libre de impuestos, siempre y cuando su producción fuera con fines de exportación únicamente. Gracias a estos y otros incentivos, en 1997 Intel eligió a Costa Rica como sede de una de sus plantas de microchips. Poco después, los semiconductores y accesorios informáticos reemplazarían al banano y al café como los principales productos de exportación del país. En la década de los 2000 otras compañías tecnológicas, farmacéuticas y de servicios siguieron su ejemplo invirtiendo en zonas francas costarricenses.

A mediados de la década de los noventa, Costa Rica también comenzó a negociar acuerdos de libre comercio, cuyo objetivo principal era abrir nuevos mercados para sus exportaciones. El país ahora cuenta con acuerdos de libre comercio con México, Chile, Perú, Panamá, el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), la Comunidad del Caribe, la República Dominicana, EE.UU., Canadá, China, Singapur y la Unión Europea. Pronto entrarán en vigencia acuerdos con Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). Como resultado de estas reformas, el valor de las exportaciones como porcentaje del PIB pasó de 27% en 1985 a 49% en 2007 — el año anterior a la crisis global financiera. (La cifra se redujo notablemente después de la crisis y equivalía al 37% del PIB en 2012).1

A finales de los ochenta y durante la década de los noventa la economía costarricense también acometió reformas estructurales importantes: la mayoría de las empresas estatales fueron privatizadas, aunque el Estado mantuvo sus monopolios en electricidad, telecomunicaciones, refinamiento y distribución de petróleo, seguros y producción de alcohol.2 A los bancos privados se les permitió operar cuentas corrientes, pero el Estado mantuvo la propiedad de los cuatro bancos más grandes. Los aranceles sobre muchos bienes de consumo fueron eliminados o recortados significativamente: mientras que en 1985 la tasa promedio arancelaria era del 55%, en el 2000 fue sólo del 5,4%— donde permanece hasta el día de hoy.3

Estas reformas contribuyeron a una mejora significativa de Costa Rica en cuanto a libertad económica. El país pasó del puesto 62 en 1985 (entre 109 países) en el índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, al puesto 23 en 2005 (entre 123 países).4 La economía creció en promedio 4,7% anual desde 1987, una de los tasas más rápidas de América Latina.

El déficit social del modelo

A pesar de la liberalización económica y las robustas tasas de crecimiento, Costa Rica no ha sido capaz de reducir significativamente el nivel de pobreza en los últimos 20 años. La proporción de familias viviendo por debajo de la línea de pobreza cayó, a principios de los noventa, a un 20%, pero desde entonces se ha mantenido relativamente estable con algunos altos y bajos. En 2013 la tasa de pobreza era de 20,7%5 (ver Figura 1). De forma preocupante, la desigualdad aumentó en la última década; Costa Rica fue uno de tres países de América Latina donde esto ocurrió desde el año 2000. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Índice de Gini de Costa Rica, una medición de desigualdad, subió de 0,47 en el 2000 a 0,50 en el 2011.6

El pobre desempeño de Costa Rica en los indicadores sociales se da a pesar de tener una gran cantidad de programas destinados a la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en 2010 el gobierno gastó 2,2% del PIB en 44 programas antipobreza,7 y esta cifra no incluye otros programas sociales de gran tamaño como la seguridad social y el seguro médico. Según la CEPAL, el gasto social de Costa Rica se encuentra entre los más altos de América Latina como porcentaje del PIB.8 Hay algo definitivamente mal en un modelo económico que genera buen crecimiento pero es incapaz de disminuir la pobreza.

En realidad, el modelo económico de Costa Rica se encuentra en gran medida basado en un sistema mercantilista que está sesgado en favor de ciertos sectores de la economía. Una mirada a tres políticas económicas importantes hace esto evidente.

El proteccionismo les sirve si es un privilegio. Si todos estamos protegidos, nos perjudica a todos

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En una conferencia dictada en el Faculty Club de la New York University (Aspects of American Foreign Trade Policy, 15/3/1943), Mises comenta la actividad empresarial bajo el proteccionismo:

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“Es un error creer que los intereses de todos los industriales, en relación al proteccionismo, son uniformes.”

“Ningún fabricante puede beneficiarse de una tarifa que impone aranceles de importación iguales para todos los bienes importados. Lo que gana vendiendo su producto es absorbido por los mayores precios que tiene que pagar por su equipamiento, los productos manufacturados y las materias primas, y los mayores precios de los bienes de consumo. Es cierto que algunas ramas de la producción se pueden expandir mientras que otras se reducirían con el libre comercio. Pero, por otro lado, algunas ramas que se expandirían con el libre comercio, tienen que reducirse. El resultado –una caída de las importaciones y la correspondiente caída de las exportaciones- no favorece a nadie. Por el contrario, toda la nación sufre debido a que la productividad promedio del capital y el trabajo caen, ya que deben fabricarse productos en lugares que son menos aptos para esos propósitos”. (No es difícil de imaginar lo que Mises diría de que se importen teléfonos celulares de Asia, se desarmen en algún puerto de Uruguay, se lleven así desarmados hasta Tierra del Fuego donde se los vuelve a armar para que se vendan en Buenos Aires, por ejemplo).

“Si se otorga protección solamente a ciertas ramas de la industria, los intereses a corto plazo de quienes ya han invertido en esta rama son favorecidos. Pero en el largo plazo, perderán esa ventaja por la competencia de nuevas fábricas.”

“No es cierto que sea una ventaja para una nación reemplazar importaciones por productos locales. Con el presente estado de la tecnología, sería posible que Gran Bretaña o Canadá prohibieran la importación de uvas y café y los cultivaran en invernaderos. Cualquiera diría que esto es una locura. Pero difiere solamente en grado, no en principio, de otros esquemas proteccionistas. Al igual que la forma más barata para los británicos de obtener café y uvas es que ellos mismos fabriquen telas para exportación (el viejo ejemplo de David Ricardo), la forma más barata que los norteamericanos obtengan bordados a mano es exportando autos y lapiceras.” (o películas de Hollywood).

“La popularidad del proteccionismo se debe al error de que pueden reducirse las importaciones sin una correspondiente restricción a las exportaciones”. (preguntemos a las automotrices locales).

“Si abstraemos las inversiones extranjeras, tenemos que comprender que las importaciones, los gastos de turistas en el exterior, y los servicios recibidos de otros países significan que el bienestar material de un país está mejorando y que la nación es suficientemente rica para pagar con exportaciones lo que quiere comprar en el exterior.”

“No es cierto que las importaciones crean desempleo interno o un menor nivel de vida local. Como las importaciones tienen que pagarse con exportaciones, no restringen el volumen de producción local. El libre comercio canaliza la producción a aquellas líneas en las cuales el retorno neto es mayor. Una América de libre comercio, por ejemplo, importaría manteles de China y los pagaría exportando autos.” (hoy los ejemplos serían diferentes)