Salud pública: de la provision de un ‘bien público’, a la imposición de una agenda política (I)

Posted on 17 febrero, 2016 por Martin Krause

En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Los peligros de la ‘Salud pública’

Pierre Lemieux

Pierre Lemieux es economista afiliado con el Departamento de Ciencias de la gestión de la Université du Québec en Outaouais. Su último libro es «¿Quien necesita puestos de trabajo? Difusión de la pobreza o aumentar el bienestar «(Palgrave Macmillan, 2014).

“Hasta finales de siglo XIX, la salud pública era en gran medida con lo que los economistas llaman «bienes públicos». Un bien público es algo cuyo consumo es no rival (el consumo por un individuo no reduce el consumo de otro) y no excluyente (ningún consumidor, incluyendo free riders, puede ser excluido). La defensa nacional es el ejemplo más común: es difícil para un ejército proteger sólo algunas casas que pagan un «cargo en la defensa privado. Del mismo modo, el saneamiento básico y control de las epidemias de enfermedades infecciosas o la resistencia a los antibióticos pueden ser ejemplos de bienes públicos porque beneficia la salud de todo el mundo una vez que están disponibles.

La salud pública, sin embargo, ha sido tentada siempre por corrientes autoritarias. En el XIX y principios del siglo XX, la «higiene pública» se convirtió en «higiene racial» e «higiene social». Un desarrollo paralelo fue el movimiento eugenésico, que tuvo como objetivo evitar que nacieran personas que se consideraban «no aptas» de aprobar por sus defectos genéticos y a veces simplemente eliminando esas personas en conjunto.

En América, salud pública y eugenesia florecieron durante la Era progresista. Aunque los dos movimientos no eran idénticos, tenían muchas similitudes y había compartido promotores. El fundador de la U.S. Food and Drug Administration, Harvey Wiley, figuraba entre los partidarios de un cirujano de Chicago que, en la última década de 1910, «permitió o aceleró la muerte de al menos seis niños que diagnosticó como eugénicamente defectuosos,» según el historiador de la Universidad de Michigan Martin Pernick. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de 1927 sosteniendo la involuntaria esterilización eugenésica invocó un caso de la vacunación obligatoria de 1905. Justicia Oliver Wendell Holmes explicó, «el principio que sustenta la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio como para cubrir el corte de las trompas del Falopio.»

Lo que antes era una preocupación por los bienes públicos se ha transformado en una cruzada social con una agenda política.

En 1920, Charles Edward Amory Winslow, profesor de salud pública de la Universidad de Yale, definió la salud como «el desarrollo de la maquinaria social para asegurar a todos un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud». En su Constitución de 1946, la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró, «salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

El profesor de la Universidad de Illinois en Chicago Bernard Turnock, autor de un libro de texto actual en salud pública, reconoce «el amplio y creciente alcance del campo». El dominio tradicional de interés de salud pública incluye biología, medio ambiente, estilo de vida y organización de servicios de salud», escribe. La última versión de la enciclopedia de Stanford de la filosofía abre su artículo sobre la salud pública mediante la identificación de agencias de salud pública federal, incluyendo el centro para el Control de las enfermedades y la FDA, así como la Agencia de protección ambiental y la «Agencia de protección de consumidores» (los autores probablemente significan la Comisión de seguridad de productos de consumo o Buró de protección de la Comisión Federal de comercio del consumidor).

Salud pública abarca ahora las enfermedades no transmisibles y «epidemias de estilo de vida,» como el uso de tabaco y alcohol, así como la obesidad, cuestiones que están muy lejos del interés público. También se encuentran muchas condiciones o formas de comportamiento, como montar en moto, coche, posesión de armas de fuego, participar en «abuso de sustancias,» tener acceso imperfecto a la atención médica, ser pobre y así sucesivamente. Salud pública significa atención a la salud y todo lo que está relacionado con la salud.

Por otra parte, «justicia social» se ha convertido en una característica esencial de salud pública: «Justicia Social», escribe Turnock, «es la base de la salud pública».

Justicia privada en entornos voluntarios: el caso de Perú, Chicago y los «punteros» políticos

Posted on 26 enero, 2016 por Martin Krause

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Para analizar las soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos es interesante investigar un entorno donde, básicamente, el estado no está presente. Tal el caso de los barrios informales. Antes vimos el caso de La Cava, ahora Perú, Chicago y los “punteros” en Argentina:

En algunos casos las organizaciones informales administran justicia, básicamente sobre temas relacionados con la propiedad o el crimen. En este segundo caso, de Soto et al (1987, p. 30) relata el procedimiento, que permite la presencia tanto de la víctima como del acusado, testigos y jurados, en contraste con el sistema judicial formal en Perú donde no hay jurados. Las penalidades incluyen golpizas o el destierro que se acompaña con la pérdida de la propiedad. Si hay resistencia o la expulsión fracasa se permite que un nuevo habitante ocupe el espacio libre del predio del criminal reduciendo su derecho de propiedad informal. Para los homicidios el criminal es entregado a la policía o puede ser “linchado”, particularmente por la violación de menores.

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la propiedad, el sistema judicial peruano nunca se ocupó mucho de resolver disputas y se trasladaban a las autoridades administrativas, que también estaban abarrotadas y eventualmente aceptaban las decisiones de las organizaciones informales. Los Jueces de Paz son usualmente solicitados para mediar pero no resuelven las disputas siguiendo la ley formal sino las normas extra-legales.

Los líderes de las organizaciones informales actúan como jueces de primera instancia y las Asambleas como segunda instancia en cuestiones de delimitación de la propiedad y los contratos de venta o alquiler.

Resulta importante destacar que las organizaciones informales que administran justicia sobre cuestiones de propiedad se encuentran en un entorno competitivo: sus líderes son removidos si no cumplen con las expectativas de los ocupantes tanto sea en cuanto a vínculos con las autoridades formales como la provisión de bienes públicos o la administración de justicia. De Soto et al también comentan que no tienen remordimiento alguno para cambiar de líderes sin tomar en cuenta su alineamiento político o ideológico (p. 28); una visión compartida por Cravino (2009, p. 163) sobre las “villas miseria” de Buenos Aires, quien encuentra que los “delegados” toman decisiones e incluso imponen medidas de control de la “vida cotidiana (cómo construyen, si hacen ruido, si tienen conflictos con otros vecinos, etc)”. Ese entorno competitivo reduce los problemas de agencia y alinea las decisiones de los jueces más estrechamente con los valores de los ocupantes.

Zarazaga (2010a) ha investigado el papel que cumplen los llamados “punteros” en Argentina, activos en los barrios informales que prosperan encontrando y asegurando votos para ciertos líderes políticos a cambio de servicios de todo tipo. El “puntero” es un residente de larga data quien puede conseguir planes sociales, alimentos, o materiales de construcción a cambio de votos el día de la elección. Los intendentes de estos distritos construyen una red jerárquica con estos “punteros” para lograr el control político y ser relectos. La mayoría de los intendentes de los suburbios de Buenos Aires, donde se enfoca la investigación de Zarazaga, han sido relectos muchas veces. Pero si bien el voto es la recompensa para el político, el puntero puede quedarse con una parte del salario de los residentes o incluso con favores sexuales. Lo importante para nuestras consideraciones es que se trata de un intercambio basado en la conveniencia y vacío de un contenido político real. El papel del “puntero” se basa en la reputación para conseguir los bienes y sabe muy bien cuáles son las necesidades específicas de cada uno y mantendrá su posición en tanto continúe entregándolos y esté disponible en cualquier momento del día. De otra forma son abandonados y removidos sin remordimiento.

Como parte de su investigación Zarazaga (2010b) entrevistó a 120 “punteros” en diferentes villas de Buenos Aires, 92% de los cuales tenían un promedio de 24 años de actividades sociales y políticas allí, 94% conocían la composición y necesidades específicas de cada familia a la que entregaban bienes y servicios, 92% conocía también las preferencias políticas del grupo. La reputación se obtiene “resolviendo problemas”, lo que incluye la resolución de disputas.

En Maquis Park, Chicago, Ill., Venkatesh (2006, p. 4) informa sobre servicios similares: “Big Cat (líder de la banda local) no solamente ayudaba a Marlene a controlar a los miembros jóvenes de la banda; también le daba dinero para fiestas del club de chicos de la cuadra, y miembros de su banda patrullaban el vecindario tarde a la noche porque la presencia de la policía era muy escasa”. Y en relación al papel de las iglesias: “El Pastor Wilkins pertenece a ese pequeño grupo de seis a diez sacerdotes (el número cambia con el tiempo) quienes son el primer punto de contacto por incumplimiento de contratos y disputas sociales entre sombríos negociantes –bandas callejeras, prostitutas y ladrones entre ellos. Estos pastores y ministros recuperan objetos robados, arreglan una relación rota entre la prostituta y su proxeneta, y evita que las batallas entre bandas callejeras terminen en una guerra. Un ministro estimó que, entre 1989 y 1995 ganó aproximadamente 10.000 dólares por esos servicios” (p. 258).

Soluciones voluntarias para problemas de externalidades y bienes públicos: el caso de La Cava

Posted on 25 enero, 2016 por Martin Krause

Con los alumnos de Economía e Instituciones, en OMMA Madrid, vemos ahora las posibles soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos, en el Capítulo 8 del libro El Foro y el Bazar. Allí presento un ejemplo basado en una investigación que realizáramos con Marcos Hidding Ohlson en el barrio de La Cava, San Isidro.

En presencia de costos de transacción, las negociaciones sobre los efectos de externalidades negativas son costosas y las soluciones voluntarias pueden fracasar. Esto ha llevado a muchos economistas a descartar este tipo de soluciones analizando estas situaciones como un observador externo que evalúa cuán elevados estos costos son.

Sin embargo, para los economistas austríacos los costos son subjetivos también e inherentes al individuo actuante. La valoración se hace evidente solamente como “preferencia revelada” en la acción. Por lo tanto, no es mucho lo que un observador externo puede decir excepto que si la transacción se ha realizado debe asumirse que las partes pensaron que “llevaría a un incremento en el valor de la producción”, y si no, que los costos subjetivos eran superiores a los beneficios subjetivos.

En un estudio de campo realizado en un barrio informal de los suburbios de Buenos Aires donde no existe una definición formal de derechos de propiedad en las viviendas, encontramos una gran número de soluciones informales (Hidding Ohlson & Krause, 2010).

San Isidro es una localidad a 30 kilómetros al norte del lugar donde fuera fundada la ciudad de Buenos Aires, una zona límite entre las áreas ocupadas, o más bien, transitadas por las tribus Guaraníes y Querandíes. Juan de Garay, su fundador, distribuyó parcelas en la costa norte del Río de la Plata entre sus hombres, hasta un poco más allá de San Isidro. Sólo dos siglos después comenzó a crecer un pequeño pueblo con ese nombre, el del santo patrono de Madrid, que completara su desarrollo gracias a la inmigración que se originara con el despegue económico de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.

Las extensas propiedades fueron parceladas y originaron un centro urbano, por un lado, y unos barrios residenciales con parcelas mayores y casas llamado Lomas de San Isidro. La Cava es un barrio informal, creado principalmente sobre tierras públicas, vecino al barrio residencial. En 1946 la empresa estatal de agua, Obras Sanitarias, solicitó este terreno al gobierno para utilizar su tierra roja como filtro de agua y para la fabricación de ladrillos, generando un pozo o “cava”, que le diera su nombre. La excavación llegó pronto hasta la napa de agua y el proyecto fue abandonado. El pozo fue rellenado parcialmente y comenzó a ser ocupado. Diferentes censos estiman la ocupación entre 1700 y 2100 viviendas y entre 8 y 11 mil habitantes, aunque alcanzó un número superior en el pasado.

En La Cava, solamente el 16% de los encuestados manifestó poseer un título de propiedad sobre su vivienda. Entre los restantes, el 17% dijo poseer un documento informal, consistente usualmente en una factura informal de compra/venta. En total, el 84% dijo no tener documentación formal. En promedio han habitado en la misma casa por 15 años, lo que muestra una baja rotación. Cuando se les preguntó cómo obtuvieron la vivienda, el 37% dijo haberla comprado mientras que el 26% la construyó. En muchos casos, crecieron como anexos de la casa de familia; el 6% dijo haber recibido la vivienda del gobierno.

Preguntamos a los habitantes de La Cava cómo resolvían los problemas que pudieran tener con vecinos cuando había algún conflicto relacionado con la coexistencia, tal como externalidades negativas. Por ejemplo, ¿qué sucede si un vecino escucha música a un volumen muy alto, o emite humos y olores desagradables? ¿Qué sucedía si existían problemas en cuanto a la delimitación de las viviendas o límites poco claros entre una y otra, o se construía un segundo piso bloqueando la luz o dañando la propiedad vecina? Las casas son precarias, pequeñas y muy contiguas y estas posibilidades son reales.

Confirmando las conclusiones desde una interpretación subjetiva del Teorema de Coase, el 76% manifestó que resolvían estos problemas hablando con el vecino. Preferían no tener intermediarios, ni del barrio ni de fuera de él, y buscaban evitar la violencia. Sólo en casos extremos acudían a ella, conscientes de que no pueden acudir a la justicia y que nunca se sabe cuando termina. Además, cuando la gente vive tan cerca entre sí, mantener una buena relación con los vecinos es un activo importante. Los casos que no se resuelven se relacionan con la naturaleza, usualmente violenta, del vecino, por lo que en esos casos prefieren asumir el costo de la externalidad antes que intentar una solución negociada.

Bienes públicos que justifican la provisión estatal, ahora «globales». Con Star Wars llegarían los «galácticos».

Posted on 15 enero, 2016 por Martin Krause

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos el Cap. 2 del libro El Foro y el Bazar, sobre la teoría de las fallas de mercado. Luego de presentar brevemente las imperfecciones de la competencia, externalidades y bienes públicos, vemos algo sobre “bienes públicos globales”:

El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el planeta plantea, para algunos autores, no sólo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al, 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo y que sus beneficios sean “cuasi universales en términos de países (cubriendo más de un grupo de países), pueblos (llegando a varios, preferiblemente todos, grupos poblacionales) y generaciones (extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras). En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros e impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplos la paz, ya que “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes sobre el grado de colectividad de la defensa, ahora se suman también en esta categoría la provisión de ley y orden y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas, es decir son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul et al, plantean el caso del consumo de una comida nutritiva que a primera vista parece ser un bien privado pero que también brinda beneficios públicos ya que mejora la salud y ésta la posibilidad de adquirir habilidades que permitan un trabajo productivo, lo que beneficiaría no solamente a la familia sino a la sociedad en su conjunto pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad parece que esto fuera inevitable. La discusión no es que tengan o no tengan algún tipo de impacto sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo siendo que las valoraciones son subjetivas y si el estado es el único capaz de proveerlos. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos incluyendo, según Kaul et al, las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas y también de la extensión de actividades riesgosas como el abuso de drogas y el tabaquismo.

Un programa de alivio de la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población también contribuyera a la prevención de conflictos o la paz internacional o redujera el deterioro ambiental o mejorara las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONGs internacionales serían las que proveen este tipo de bienes públicos globales (Martin, 1999).

Pero si todo bien o servicio que tenga efectos hacia terceros justificara con esa circunstancia su provisión estatal o a través de organismos internacionales financiados por estados y, en última instancia, contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, tal el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a la provisión vía decisiones políticas y no de los consumidores en los mercados.

Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que una vez producida su costo de reproducción es mas bien bajo, y esto lleva a este autor a pensar que serán “sub-producidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido, una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el tema desde Adam Smith en “La Riqueza de las Naciones” hasta la gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso si luego cuando un país se desarrolla, por ejemplo siguiendo las enseñanzas de Adam Smith, éste o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos, una vez que dicen cómo se desarrolla un país nadie parece que les va a pagar por eso, entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proveerlas.

En verdad, nada de eso sucede en la realidad. Todo lo contrario, existe un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico, un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas sin luego no pueden cobrar por ellas? Es que existen gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje de las ventas de sus libros, es invitado a conferencias donde recibe honorarios y viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el premio Nobel lo que le garantiza no solamente un premio suculento sino un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como debería saber el mismo Stiglitz que lo ha recibido.

La teoría del Contrato Social como justificación de la existencia del estado: ¿el opio de los pueblos?

Posted on 12 agosto, 2015 por Martin Krause

Con los alumnos de la materia “Public Choice” consideramos nada menos que la teoría que justifica la existencia del estado como resultado de un Contrato Social, teoría por todos conocida y, además, fundamento básico de autores centrales en esta escuela, como James Buchanan. Vemos para ello el artículo de Anthony de Jasay, “La antinomia del contractualismo”, donde analiza las nuevas justificaciones de esta teoría, basadas ahora en Teoría de los Juegos o de la decisión. Buchanan respetaba mucho a de Jasay, pero éste no ahorra críticas con la teoría. Algunos párrafos y conclusiones:

“¿Puede ser razonable querer que exista el estado? ¿O querer que no exista? Cada generación se ha preguntado, de manera siempre renovada y a menudo con cierto apasionamiento, por qué las sociedades necesitan el estado y, si lo necesitan, qué tipo de estado se ajusta a sus requerimientos. Tal vez es extraño que haya sido así, si se considera que las sociedades y los estados viven en gran manera como hermanos siameses, o por lo menos así los percibimos. Al respecto, es revelador el modo como usamos las dos palabras: una sociedad no podría ser plenamente madura y completa, ni merecería el nombre de sociedad, si no tuviera un estado propio. Probablemente es válido inferir que si, pese a todo, seguimos cuestionando la necesidad de la relación entre ambos y buscando justificaciones para ella, esto se debe a la incomodidad que sentimos ante dos de sus atributos que parecen ser antagónicos. Uno de ellos es el hecho de que nos obliga, a veces con mucha severidad, a hacer aquello que no haríamos por nuestra propia voluntad y a abstenernos de lo que sí haríamos gustosamente. Y no lo hace hasta un límite moral netamente demarcado, sino que no toma en cuenta la mayoría de nuestras posibles elecciones. Sobre todo, se queda con la mayor parte de los recursos que el individuo posee por haberlos ganado y los usa para fines que no son los que éste habría escogido por sí mismo; y lo hace así porque de otro modo la comunidad no estaría dispuesta a gastar su dinero de esa manera. El otro es que todo esto parece ser, aunque no sea demasiado claro el porqué, legítimo: el estado gravita sobre nosotros con nuestro consentimiento y no deberíamos desear, razonablemente, que fuese de otro modo.

Una y otra vez, las sucesivas versiones del contrato social han tratado de conciliar los términos de esta oposición, cuya aceptación en el caso del individuo equivale a una actitud masoquista y en lo que respecta a la coexistencia dentro del grupo es un dilema. Con todo, la incomodidad persiste y se renuevan permanentemente las explicaciones y justificaciones acerca del estado en formas cada vez más sofisticadas y elegantes; últimamente, la teoría del juego y de la decisión ha arrojado cierta luz sobre el tema.”

Y algo de sus conclusiones:

“Con todo lo dicho nos hemos referido a la mayor parte de lo que se necesita para reconocer nuestra propia capacidad, muy descuidada, desdeñada y desaprovechada, de evitar los dilemas sociales (no de “resolverlos”) mediante acuerdos obligatorios. Los arreglos racionales colectivos se pueden lograr, en el caso que valga la pena el esfuerzo, sin necesidad de estados ni de constituciones establecidas con la intención de obligarlos a que estén a nuestro servicio. Todo el orden social posee propiedades auto-correctivas que, como los músculos, se desarrollan con el uso y se atrofian con el desuso. En último análisis, le han sido impartidas por las propiedades auto-correctivas de la convención compleja que defiende la observancia de los contratos. Los estados son una imposición, a veces útil, a veces agobiante, siempre costosa, nunca legítima y nunca necesaria para la existencia de acuerdos obligatorios. Si lo fueran, resulta difícil concebir cómo podría ser creado el estado, “como si” fuera mediante un acuerdo, antes de que éste exista. Las teorías que al sostener su legitimidad quedan atrapadas con aparente facilidad en trampas lógicas de este tipo sólo pueden ser redimidas, si es posible que lo sean, por sus propiedades apaciguadoras, como si fuesen un opio secular para el pueblo.”

Más bienes públicos provistos voluntariamente: desde información para navegantes hasta corsarios

Posted on 16 junio, 2015 por Martin Krause

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos distintas “Soluciones Institucionales” a los problemas de acción colectiva que plantea la provisión de bienes denominados “públicos”. Allí presento el caso de los faros analizado por Coase y también su provisión totalmente voluntaria en el Río de la Plata. Pero no son los únicos ejemplos. Van otros:

Larry Sechrest (2004) amplía el análisis de Coase, encontrando otra serie de ejemplos en la historia marítima. La vida en el mar antes de los vapores, la radio y el radar era muy similar a la vida en las “fronteras”, donde los “servicios” públicos eran raros o inexistentes y su provisión quedaba en manos de particulares. Uno de los ejemplos que presenta es la historia de los corsarios, que bien podrían ser definidos como emprendedores que proveían servicios de defensa (y de ataque, en verdad), motivados por ganancias, una práctica que persistió durante setecientos años. Esta figura se originó en la restitución por una pérdida ocasionada a un ciudadano por otro de otro país. Este solicitaba y recibía una autorización para capturar barcos de la otra bandera. La primera fue otorgada en Toscana en el siglo XII y en Inglaterra en 1243. Hubo guerras en las que participaron de corsarios. En la de Independencia de Estados Unidos los ingleses comisionaron unos setecientos y los independentistas unos ochocientos.

El autor también presenta la historia de la provisión de información para los navegantes, que en el caso de los Estados Unidos fue elaborada y publicada por Nathaniel Bowdicht en el famoso libro American Practical Navigator, una edición muy completa de lo que hoy son las “cartas de navegación”, publicadas por las autoridades costeras de distintos países. Algo similar podría decirse de la información sobre los barcos y el famoso Lloyd’s Register, con información detallada sobre cada barco, completada luego para los barcos norteamericanos por el American and Foreign Shipping, y para el resto de los barcos europeos por el Bureau Veritas. En la práctica, lo que habían establecido era un sistema global de monitoreo a través de 1,500 agentes en puertos de todo el mundo. De ese modo rastreaban el paradero de cada barco y publicaban la información en el Lloyd’s List, el registro más completo de información sobre movimiento de barcos en el mundo.

Adicionalmente se desarrollaron en el ámbito marítimo una serie de normas y costumbres para facilitar la comunicación entre barcos, la información sobre sus paraderos y la ayuda entre ellos, en las que no intervino ningún organismo gubernamental o internacional. Según la teoría de Samuelson, ninguno de estos servicios hubiera sido provisto en cantidad suficiente debido a la existencia de free riders o “colados” del esfuerzo ajeno. Sin embargo, la historia muestra que no es así; que hubo faros y muchos más servicios marítimos provistos voluntariamente. Así que la provisión estatal de servicios públicos ha de buscar otra luz que los guíe, si es que la hay.

Reservas naturales: otro caso de provision privada de un «bien público». ¿No es que no era posible?

Posted on 9 mayo, 2015 por Martin Krause

Justo cuando estamos viendo con las alumnos de Derecho en la UBA el tema de los “bienes públicos” y si la única alternativa es su provisión pública, se publica este muy interesante editorial en La Nación sobre las reservas naturales privadas: http://www.lanacion.com.ar/1789280-la-importancia-de-las-reservas-naturales-privadas

La teoría predominante sostiene que, dada la imposibilidad de excluir a quienes no pagan, tendríamos al incentivo a ser usuarios gratuitos, o ‘free riders’, por lo que ningún particular estaría interesado en proveer estos bienes. Por otro lado, como el consumo de unos no reduce el posible consumo de otros, no tendría tampoco sentido excluir a nadie. La initiciativa privada no estaría interesada en este tipo de bienes.

El editorial comenta una iniciativa de la Fundación Vida Silvestre “cuya idea central es articular e impulsar este movimiento en el país en conjunto con propietarios de reservas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta temática” y destaca que esta institución ha creado la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas: http://reservasprivadas.org.ar/

“Vida Silvestre junto con Asociación Aves Argentinas, Asociación Conservación Argentina, Asociación Conservación Patagónica, Asociación Protágonos – Ecología Humana, Fundación BIORed, Fundación para la Conservación y Estudio de la Biodiversidad, Fundación Ecologista Verde, Fundación Hábitat & Desarrollo, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Fundación Huellas para un Futuro, Fundación Naturaleza para el Futuro, Fundación Patagonia Natural, Fundación Proyungas, Fundación Temaikèn, The Nature Conservancy y Fundación Yuchán llevan adelante la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que cuenta ya con 60 reservas integrantes distribuidas en 15 provincias del país. Entre todos sus miembros está trabajando para proteger más de 188.000 hectáreas de propiedad privada de la Argentina.”

¿Qué es una Reserva Natural Privada? Así lo explica la Red en su página web:

“Un área protegida privada o una reserva natural privada es una porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada, manejada para la conservación de la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores naturales.

Puede ser de propiedad de, y estar gestionada por, personas físicas, familias, empresas, clubes, universidades, cooperativas u organizaciones de la sociedad civil. A su vez, puede contar o no con reconocimiento formal del gobierno.

Las reservas naturales privadas nacen del interés y la voluntad de sus propietarios por proteger los recursos naturales que albergan sus tierras. Son una herramienta de gran potencial para complementar la superficie protegida por el Estado, que en la Argentina, actualmente alcanza solo el 7,7% de la superficie continental. También pueden generar importantes aportes a una estrategia nacional o regional de desarrollo sustentable.”

¿Por qué harían esto los propietarios si tan sólo les interesara obtener la mayor rentabilidad de su recurso? Es que como la gente ahora valora la naturaleza de una forma en que no lo hacía antes, muy probablemente porque tenía otras necesidades más imperiosas para satisfacer, el “mercado” reacciona ante ese cambio y ofrece a los consumidores lo que estos están dispuestos a pagar, tanto sea como turistas como consumidores de productos naturales o ecológicos.

Dice la Red:

“En la mayoría de los casos, los privados que crean reservas en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad productiva que desarrollan de manera sustentable; en general el turismo, pero también ganadería y explotaciones forestales entre otras.

De esta manera, realizan un valioso aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas.”

En definitiva, las reservas naturales privadas están proveyendo un “bien público” que, según la teoría predominante, solo podría ser provisto por el Estado. Pero como tantos otros ejemplos: los faros, la radio, la televisión, las redes sociales o los buscadores en Internet, surgen otros mecanismos para su provisión que no requieren del aporte compulsivo.

¿Qué es el «bienestar general»? ¿Es el ‘óptimo de Pareto’? ¿TIene éxito el estado donde el Mercado falla?

Posted on 28 abril, 2015 por Martin Krause

Los alumnos de la materia “Applied Economics” de SMC leen los dos primeros capítulos del libro “El Foro y el Bazar”. Claro, la materia es “economía aplicada” pero se encuentran allí con un problema que es, en verdad, de naturaleza casi filosófica.

Se trata de definir qué es una “sociedad” y si puede hablarse de algo como el “bienestar común”, que guíe la toma de decisiones colectivas. En ese sentido, me parece que el Derecho ha avanzado poco y presenta definiciones muy poco precisas. En un post reciente, una alumna presentaba una definición de “servicio público” así: “un servicio se considera público cuando su finalidad es atender una necesidad de la sociedad en su conjunto”. Parecería de allí derivarse una definición de “bienestar común” como aquél en que la sociedad mejor satisface sus necesidades en conjunto.

Pero es inevitable preguntar: ¿qué significa satisfacer una necesidad en conjunto? La “sociedad” no existe como un ser aparte de los miembros que la componen, por lo que se hace necesario definir qué significa eso de “en conjunto”. ¿Quiere decir todos, una cierta mayoría? ¿Y cómo sabemos cuál es esa necesidad de la sociedad en su conjunto? En general, veo que los alumnos de Derecho llegan con una visión “normativa” del asunto: es lo que el Estado “debería” hacer, claro, si los políticos fueran ángeles. Pero no hay una pregunta profunda y una explicación concreta de lo que “es” tal como el bienestar general.

En ese sentido, la economía parece haber avanzado un poco más y, al menos, haber presentado una definición que permite avanzar algo en la discusión. Se trata del “óptimo de Pareto”. En términos simples, una situación es más ‘eficiente’ que otra si algunos han podido mejorar su situación, sin que empeore la situación de los demás. Y se alcanzaría un óptimo cuando ya no puedan algunos mejorar su situación, sin empeorar la situación de los demás. Ese óptimo podría ser el “bienestar general” del que hablan los alumnos de Derecho.

No parece una definición muy precisa pero, al menos, los economistas han precisado algo: que ese óptimo se alcanza en el punto de equilibrio, donde se cruzan las curvas de oferta y de demanda, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Dicho de otra forma: cuando se ha agotado todas las oportunidades de intercambio, los bienes o servicios han quedado en manos de quienes más los valoran y se ha alcanzado el máximo de superávit de los demandantes y de los oferentes. Ambas partes en los intercambios han ganado…, sin que empeore la situación de los demás.

Ahora bien, a partir de esta definición la economía ha seguido dos caminos que llevan luego a conclusiones “aplicadas” bien distintas: por un lado, la mayoría de los economistas entiende que los mercados no alcanzan ese punto óptimo debido a la existencia de todo tipo de “fallas”, y de allí saltan a proponer que el Estado y la política sean los que van a superarlas, acercando la posición al óptimo. Por otro, autores como Mises o Hayek quienes señalan que el modelo ideal de los mercados en equilibrio es útil solamente para entender cómo la realidad no es, para remover de a poco algunos de sus supuestos y acercarnos al funcionamiento real de los mercados. Uno de ellos es el supuesto del conocimiento perfecto por parte de todos los participantes en el mercado, que es imperfecto y se encuentra disperso entre todos sus participantes. Desde ese punto de vista, el mercado por cierto que es imperfecto porque no hay nada “perfecto” en un mundo de limitaciones pero el mercado es un extraordinario mecanismo para transmitir y aprovechar ese conocimiento limitado y disperso y, en todo caso, hay que remover las barreras para que pueda cumplir esa función adecuadamente.

Por último, que las llamadas “fallas de mercado” (competencia imperfecta, externalidades, bienes públicos, información asimétrica, etc.) existan no implica que la política las vaya a solucionar mejor de los arreglos institucionales que las mismas sociedades desarrollan para hacerles frente. Es decir, no hay una única solución (política) sino que nos encontramos en un entorno de análisis comparativo de marcos institucionales diferentes, donde pocas veces la política supera a los arreglos de tipo voluntario, comunitario o cooperativo.

Cantidad de acciones voluntarias para superar al Ébola, no es la primera vez, pasó en Buenos Aires

Posted on 9 marzo, 2015 por Martin Krause

Una de las clases con alumnos de la UFM trataba sobre el texto relacionado con bienes públicos globales mencionado en un post anterior. Cuando tratamos los temas de salud global consideramos la lucha contra el ébola y el papel de los organismos Internacionales. Es bastante probable que esa epidemia pase antes de que hagan algo, a no ser que contemos las reuniones Internacionales que organizan: http://www.rpp.com.pe/2015-03-03-la-comunidad-internacional-se-une-en-la-lucha-contra-el-ebola-noticia_774235.html

Mientras tanto, probablemente los voluntarios y las organizaciones voluntarias han hecho más que los mismos gobiernos. No es la primera vez, comenté el caso de la lucha contra la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871:

Uno de los casos más dramáticos y recordados es el de la epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires desde enero a junio de 1871. Un resumen de sus consecuencias: «De unos 190.000 habitantes murieron 14.000, se colmaron todos los hospitales, se habilitaron lazaretos provisorios, se despobló la ciudad, emigró el gobierno nacional, se decretó feriado en todos los ministerios y oficinas públicas, cerraron los bancos, las escuelas, las iglesias, los comercios. Las calles quedaron desiertas, huérfanas de gente y de vehículos. En una ciudad donde el índice normal de fallecimientos diarios no llegaba a veinte, hubo momentos en que murieron más de 500 personas por día, y de acuerdo al doctor José Penna -que hace autoridad en la materia- los dos tercios de la población habrían sufrido la enfermedad, en una u otra forma».

«En el tres de abril era tan formidable el descalabro, que la capital argentina presentaba el aspecto de una ciudad semi-abandonada en la que sólo quedaban 60.000 personas, es decir menos del tercio de la población normal, cifra que algunos rebajan aun más, a 45.000. Para terminar, aquélla fue la única ocasión en que las autoridades aconsejaron oficialmente el éxodo: pasajes gratis, casillas de emergencia y vagones de ferrocarril como viviendas provisorias en San Martín, Merlo, Moreno. Nunca, ni antes ni después en los cuatro siglos de historia porteña, se recurrió a este extremo heroico: abandonar Buenos Aires, convertida en un escenario de terror sólo habitado por enfermos, imposibilitados y unos pocos valientes que se quedaron para ayudar a sus semejantes.»24

En esa oportunidad, los ciudadanos tomaron la tarea de luchar contra el flagelo con sus propias manos. Podrá decirse que no existía en ese entonces una estructura de «salud pública» como la que se montó después (aunque el Consejo de Higiene Pública existía desde 1852), pero lo cierto es que nadie estaba preparado para una cosa semejante (recién en 1881 el cubano Carlos Finlay presentó la teoría de que la enfermedad era transmitida por un mosquito y en 1900 una comisión norteamericana comprobó la veracidad de esto), y la iniciativa individual de los ciudadanos creó una organización que fue muy útil, pero que no se perpetuó luego cuando el peligro había dejado de existir. Comenta Scenna en otra obra:25 «Aquel lo de marzo, en casa de Carriego se decidió convocar al pueblo en la plaza de la Victoria, escaparate nacional, escenario obligado de todas las horas de emergencia argentinas, y proceder allí al nombramiento de una Comisión Popular de Salud Pública que tomara en sus manos la guerra contra el flagelo que asolaba Buenos Aires. Se cambiaron ideas, se adelantaron nombres y finalmente se confeccionó una lista con carácter de Comisión Provisoria. La misma fue conformada y aprobada en el mitin popular. Estaba compuesta por: A. Muñiz, J. C. Gómez, Manuel Bilbao, Francisco Uzal, H. Varela, E. Carriego, Carlos A. Paz, M. Billinghurst, F. López Torres, E. Onrubia, M. G. Argerich, B. Cittadini, Antonio Gigli, L. Walls, E. Ebelot, B. de Irigoyen, C. Guido Spano, L. V. Mansilla, B. Mitre y Vedia, A. Ramella, J. C. Paz, E. Armstrong, G. Nessler, A. d’Amonte, J.

M. Entilo, J. M. Lagos, J. Roque Pérez, M. Behety, A. del Valle, A. Korn, D. César y M. Mulhalli».

Comenta Scenna (1974, p. 239): «El mismo día en que se constituyó la Comisión Popular el gobernador Castro emitió una proclama para dar la bienvenida al organismo voluntario, pero de paso recordaba al pueblo que ya existían instituciones oficiales que trabajaban con celo y dedicación en la lucha contra el mal, así como que el gobierno provincial estaba seriamente empeñado en superar el difícil trance. Era levantar la guardia ante la extraña y espontánea Comisión Popular […]».

La Comisión Popular desarrolló sus actividades con el aporte voluntario de los ciudadanos. Veamos su primer manifiesto, citado por Scenna:

» ¡Habitantes de Buenos Aires ! La Comisión de Salubridad os pide vuestro óbolo para llevar a cabo nuestra obra de caridad. Dádnoslo, y pronto, porque el tiempo urge y cada hora que pasa nos arrebata algunos hermanos que la caridad bien dirigida habría podido salvar. Que todos contribuyan con su poco y tendremos mucho. No hace menos el pobre que da un peso, que el rico que da millares, y ambos tienen derecho a la gratitud de los que reciben el beneficio».

«Si el primer problema que debió encarar la Comisión Popular fue el de la asistencia médica, el segundo -no menos urgente- fue recaudar fondos para solventar los crecientes gastos en medicamentos y elementos de asistencia, cuya demanda rebalsaba la capacidad económica de la Comisión. Se inició entonces una amplia colecta, se recurrió especialmente al bolsillo de los pudientes. Las redacciones de los diarios se convirtieron en receptorías, aparte de la acción directa de los miembros de la Comisión Popular y los aportes que llegaban espontáneamente. El primero de ellos, el primer óbolo depositado en ayuda de los enfermos indigentes, fue el de los franciscanos. El 16 de marzo, tres días después de constituir la Comisión Popular, se recibió una nota de los frailes que adjuntaba la suma de $ 5.000 y ponía a disposición de la flamante entidad lo producido por

la alcancía San Roque por el tiempo que durara la epidemia.»

«En general la colecta fue bien recibida y el dinero entró en las arcas de la Comisión a simple pedido. Entre los suscriptores se contaron el gobierno nacional y el provincial, con $ 200.000 cada uno. Los bancos, las grandes empresas, el comercio mayorista también entregaron donaciones, se llegó a recaudar en total la elevada suma de $ 3.700.000 que fue la base principal de acción de la Comisión Popular. Los particulares, ricos y pobres, también dieron su parte.» (P. 273. )

«El 15 de mayo terminó el asueto de los empleados nacionales y provinciales, con lo cual la animación de los tiempos normales se retomó

sensiblemente. Desde fines de abril mucha gente había regresado a la ciudad para volver a habitar sus hogares. Los trenes comenzaban a circular normalmente, los tranvías traqueteaban de nuevo por las calles, los coches particulares rodaban otra vez de nuevo por el empedrado, el bullicio, el viejo bullicio de Buenos Aires, volvía por sus fueros. Eran muchos los muertos, pocas las familias sin luto, pero cuando el luto se extiende a casi 200.000 personas, la solidaridad del dolor diluye su fuerza. Además, tras los espantosos meses pasados había ansias de vivir, de respirar, de volver a las rutinas de siempre, al abrigo tranquilo y seguro de la vida diaria. Y ese espanto vivido generó a su vez una inagotable sed de olvido. El 11 de mayo la Comisión Popular decidió convocar a asamblea general en la que se propondría su propia disolución.» (P. 413.)

«Así concluyó su efímera existencia la más extraña, la más peculiar de las comisiones populares que jamás vieran los anales de Buenos Aires. Durante más de dos meses peleó sin tregua por organizar una defensa, por auxiliar a los enfermos, por aliviar el alud de penurias que cayó sobre la ciudad. Supo galvanizar voluntades cuando el desaliento y la desorientación amenazaban con desembocar en el caos.

Hizo de todo y estuvo en todo. No todo lo hizo bien, pero el balance final es favorable. Fue un dique contra el pánico más que contra la fiebre amarilla. Llevó a muchos desesperados el convencimiento de que la solidaridad no es una entelequia y que en medio de la estampida había un grupo de hombres cabales que se quedaban, sin ninguna obligación y con el simple propósito de ayudar al prójimo. Allí reside su mayor mérito.» (P. 414.)

24Scenna, Miguel Ángel, » Diario de la Gran Epidemia: fiebre amarilla en Buenos Aires», Todo es Historia N° 8, Buenos Aires (diciembre de 1967): 10.

25Scenna, Miguel Ángel, Cuando murió Buenos Aires: 1871, Ediciones La Bastilla, Buenos Aires, 1974, p. 233.

Se viene: «Bienes Públicos Globales» y algún «estado» global que sería necesario para proveerlos

Posted on 27 febrero, 2015 por Martin Krause

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Con los alumnos de Epri en la UFM (Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales) estaremos viendo el tema de los “bienes públicos globales”. Para ello, leerán el resumen del texto de Kaul, Grunberg & Stern, “Global Public Goods”, publicado por la ONU. Este resumen trae un delirante prólogo a la edición española por el ex presidente de Costa Rica, donde trata el tema del perdón de la deuda a los países pobres como una gran medida para fomentar su desarrollo, tema que poco tiene que ver con el contenido del libro: http://web.undp.org/globalpublicgoods/Spanish/Spsum.pdf

Más interesante es el tratamiento del concepto de “bien público” llevado al ámbito global. Los autores terminan concluyendo en la necesidad de algo así como un “estado global” que los provea (no es casualidad que el tema interese a los burócratas de la ONU):

“Al aplicar el concepto de bienes públicos mundiales, procuramos encontrar bienes que arrojen beneficios allende las fronteras, las generaciones y los grupos de población. Todos los bienes públicos, sean estos locales, nacionales o mundiales, tienden a padecer de insuficiencia en su oferta. La razón de ello es, precisamente, que son de índole pública. Para los protagonistas individuales, con frecuencia la mejor estrategia y más racional es dejar que los demás proporcionen el bien y luego disfrutar de él de manera gratuita. En el plano internacional, el problema de la acción colectiva se agrava por la discrepancia entre efectos externos que tienen un alcance cada vez más internacional, y el hecho de que la principal unidad de formulación de política sigue siendo el estado nación.

Nuestra tesis es que los disturbios actuales ponen de manifiesto un grave déficit en la provisión de bienes públicos mundiales.”

Critico este concepto en el Capítulo 2 del libro “El Foro y el Bazar”. Algunos párrafos:

“El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el planeta plantea, para algunos autores, no sólo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al, 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo y que sus beneficios sean “cuasi universales en términos de países (cubriendo más de un grupo de países), pueblos (llegando a varios, preferiblemente todos, grupos poblacionales) y generaciones (extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras). En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

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