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Para avanzar en la desregulación la última esperanza son los votantes,¿y qué hacemos con los políticos y legisladores?

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“¿Es la educación la única esperanza? / La educación de los futuros políticos puede conducir a una regulación más racional, si no menos reguladora. La profesión legal provee a los jueces que interpretan leyes y regulaciones, así como una fracción saludable de legisladores, reguladores, y su personal. Como resultado de la subida del movimiento de la ley y de la economía en la universidad de Chicago, las facultades permanentes de todas las escuelas de ley de la élite ahora incluyen a economistas. Uno no puede graduarse de una escuela superior de derecho sin tener algún entrenamiento en cómo funcionan los mercados, cuán robustas son sus características de eficiencia y cómo los esfuerzos para regularlas a menudo tienen resultados perversos.

Pero la última y mejor esperanza para la desregulación descansa en las futuras generaciones de votantes. Obtienen los legisladores y las leyes que exigen. Es fácil para los votantes exigir regulación -o acatarla- porque la mayoría de los votantes no entienden sus efectos: precios más altos, impuestos más altos y menos libertad. Los estudiantes de hoy son los votantes del mañana, y debemos fomentar esa comprensión en ellos. Cuanto más se exponen a los conocimientos sobre los beneficios de los mercados libres y los costos de la regulación, y cuanto más ven estas lecciones en sus vidas cotidianas (por ejemplo, Uber, Airbnb, camiones de alimentos, microembruaje y microdestilado) Probablemente votarán por políticos que favorezcan la intervención del gobierno en los mercados, o al menos así lo esperamos.

Sin duda, este esfuerzo educativo está en conflicto con la visión de interés público del gobierno y los mercados que ha sido popular en los campus universitarios y en el público por lo menos durante 100 años. Muchos creen que este punto de vista no puede ser revertido. Pero, ¿qué otra estrategia ofrece más promesa?

Si una mayoría de ciudadanos cree que es bueno y no problemático exigir favores económicos del gobierno, entonces los políticos acomodarán esas demandas. No hay balas mágicas institucionales que puedan detenerlas.

CONCLUSIÓN

La teoría de interés público de la regulación afirma que los mercados a menudo no funcionan bien. Es decir, los mercados supuestamente no son eficientes y los consumidores no reciben una sacudida justa. Bajo esta teoría, la intervención reguladora en los mercados por parte del gobierno, si está diseñada inteligentemente, puede hacer que los mercados sean más eficientes y justos.

Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a investigar las regulaciones del mundo real para medir estos beneficios, estaban desilusionados. Pocos beneficios públicos fueron encontrados, pero hubo un montón de beneficios de interés especial, así como ganancias para los políticos, y un montón de pérdida de peso muerto. Más alentador, los investigadores descubrieron que la mayoría de los mercados regulados no tenían fallas de mercado en primer lugar, y por lo tanto sería más eficiente si se eliminaran las regulaciones. Y para aquellos mercados que tienen fallas, la regulación a menudo no ha mejorado la eficiencia.

En lugar de beneficiar al público, la intervención reguladora generalmente redistribuye de algunas empresas a otras y de algunos consumidores a otras, e impone costos netos en el proceso.

Dado los muchos desafíos económicos a los que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI, estas redistribuciones pesarán cada vez más sobre el bienestar público.

LECTURAS

■ “A Somewhat Better Connection,” by Robert W. Crandall. Regulation 25:2 (Summer 2002), 22–28.

■ “Banking Approaches the Modern Era,” by Charles W. Calomiris. Regulation 25:2 (Summer 2002), 14–20.

■ Government Failure vs. Market Failure: Microeconomics Policy Research and Government Performance, by Clifford Winston. AEI–Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2006.

■ “Lessons Learned and Forgotten,” by Richard L. Gordon. Regulation 25:2 (Summer 2002), 46–50.

■ “Moving Ahead,” by Thomas Gale Moore. Regulation 25:2 (Spring 2002), 6–13.

■ “Retrospective Review in Four States,” by Stuart Shapiro, Debra BorieHoltz, and Ian Markey. Regulation 39:1 (Spring 2016), 32–35.

■ “The Motivations behind Banking Reform,” by Randall S. Kroszner. Regulation 24:2 (Summer 2001), 36–41.

■ “When Law and Economics Was a Dangerous Subject,” by Nicola Giocoli. Regulation 38:4 (Winter 2015–2016), 32–38.

Mises sobre el cálculo económico en el socialismo. Venezuela muestra que igual va con el socialismo del siglo XXI

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Con los alumnos de Económicas en la UBA leemos a Mises sobre el cálculo económico en el Sistema socialista: http://www.hacer.org/pdf/rev10_vonmises.pdf

Recordemos que en ese Sistema no habría «precios» en el sentido económico ya que estos surgen de intercambios libres de derechos de propiedad, eliminados en el socialismo. Habría unos ciertos números definidos por los planificadores. Mises escribía esto a los pocos años de la Revolución Rusa (1922). Así comenta los problemas que enfrentarían:

Mises1

«Tratemos de imaginar la posición de una comunidad socialista. Habrá cientos de miles de establecimientos que trabajan continuamente. Una minoría de éstos producirá bienes listos para el consumo. La mayoría producirá bienes de capital y productos semimanufacturados. Todos estos establecimientos estarán estrechamente relacionados entre sí. Cada bien pasará por una serie de establecimientos antes de estar listo para el consumo. Sin embargo, la administración económica no tendrá realmente una dirección en medio de la presión de tantos procesos diferentes. No tendrá manera de asegurarse si tal o cual parte del trabajo es realmente necesaria, o si no se estará gastando demasiado material para completar su fabricación. ¿Cómo podría descubrir cuál de los dos procesos es más satisfactorio?

Cuando más, podría comparar la cantidad de productos entregados, pero sólo en contados casos podría comparar los gastos incurridos en su producción. Sabría exactamente, o creería saberlo, qué es lo que está tratando de producir. Por lo tanto, tendría que obtener los resultados deseados con el gasto mínimo. Pero para lograrlo tendría que sacar cálculos, y esos cálculos tendrían que ser cálculos del valor. No podrían ser tan sólo «técnicos», ni podrían ser cálculos sobre el valor-uso de los bienes y servicios. Esto es tan obvio que no necesita pruebas adicionales.

Bajo un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la escala de valores es el resultado de las acciones de cada miembro independiente de la sociedad. Todos hacen un doble papel en ella, primero como consumidores y segundo como productores. Como consumidor, el individuo establece el valor de bienes listos para el consumo. Como productor, orienta los bienes de producción hacia aquellos usos que rendirán más. Es así como los bienes de un orden más elevado también se gradúan en forma apropiada a las condiciones existentes de producción y de la demanda dentro de la sociedad.

El juego de estos dos procesos garantiza que el principio económico sea observado tanto en el consumo como en la producción. Y en esta forma surge el sistema exactamente graduado que permite a todos enmarcar su demanda dentro de las líneas económicas.

Bajo el socialismo, todo esto no ocurre. La administración económica puede establecer exactamente qué bienes son más urgentemente necesarios, pero eso es sólo parte del problema. La otra mitad, la evaluación de los medios de producción, no se soluciona. Puede averiguar exactamente el valor de la totalidad de tales instrumentos. Obviamente, ése es igual al valor de las satisfacciones que pueden darse. Si se calcula la pérdida en que se incurriría al retirarlos, también se podría averiguar el valor de instrumentos únicos de producción. Pero no puede asimilarlos a un denominador común de precios, como podría ser bajo un sistema de libertad económica y de precios en dinero.

No es necesario que el socialismo prescinda totalmente del dinero. Es posible concebir arreglos que permitan el empleo del dinero para el intercambio de bienes de consumo. Pero desde el momento en que los diversos factores de producción (incluyendo el trabajo) no pudieran expresarse en dinero, el dinero no jugaría ningún papel en los cálculos económicos

Supongamos, por ejemplo, que la comunidad de países socialistas estuviera planeando un nuevo ferrocarril. ¿Sería ese nuevo ferrocarril realmente conveniente? Si lo fuera, ¿cuánto terreno debería servir? Bajo el sistema de propiedad privada podríamos decidir esas interrogantes por medio de cálculos en dinero. La nueva red de ferrocarril abarataría el transporte de determinados artículos, y en base a ello podríamos calcular si la diferencia en los cargos de transporte justificaría los gastos de construcción y funcionamiento del ferrocarril. Un cálculo así sólo podría hacerse en dinero. No podríamos hacerlo comparando gastos y ahorros en especies. Es absolutamente imposible reducir a unidades corrientes las cantidades de trabajo especializado y no especializado, el hierro, carbón, materiales de construcción, maquinaria y todas las demás cosas que exige el mantenimiento de un ferrocarril, por lo cual es imposible también reducirlos a unidades de cálculo económico. Sólo podremos trazar planes económicos cuando todo aquello que acabamos de enumerar pueda ser asimilado a dinero. Es cierto que los cálculos de dinero no son completos. Es cierto que presentan grandes deficiencias, pero no contamos con nada mejor para reemplazarlos, y, bajo condiciones monetarias seguras, satisfacen todos los objetivos prácticos. Si los dejamos de lado, el cálculo económico se hace absolutamente imposible.

No queremos decir con esto que la comunidad socialista se encontraría totalmente desorientada. Tomaría decisiones a favor o en contra de la empresa propuesta y dictaría una orden. Pero, en el mejor de los casos, esa decisión se basaría tan sólo en vagas evaluaciones. No podría basarse en cálculos exactos de valor.»

Procesos exitosos de reforma estatal: el caso del desmantelamiento de bases militares en los Estados Unidos

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

¿Proceso de reforma? / Los miembros del Congreso entienden que el favoritismo económico es un juego de dilema de prisionero. Y cuando las apuestas han sido lo suficientemente altas, han encontrado formas de cooperar para evitar los costos. Un ejemplo que a menudo se propone como un modelo para una amplia reforma del proceso es el sistema de Realineación y Cierre de Bases (BRAC).

Después del final de la Guerra Fría, se reconoció ampliamente que Estados Unidos tenía un gran y costoso excedente de instalaciones militares domésticas a la luz de las nuevas necesidades de defensa de la nación. Pero era políticamente difícil cerrar esas bases porque los congresistas locales bloquearían la legislación que ponía en peligro sus distritos. En esencia, la defensa nacional se había convertido en un programa de empleo para empleados civiles y contratistas, con pocos beneficios y un costo considerable para el público estadounidense en general.

Para terminar con este estancamiento, el Congreso tomó en gran medida las decisiones de cierre de base de las manos de los legisladores. En virtud de la legislación de 1990, delegaron en una comisión de cierre de bases la tarea políticamente difícil de identificar instalaciones militares que pudieran ser cerradas con poco riesgo para la defensa militar. Decenas de instalaciones fueron posteriormente cerradas como resultado de cuatro rondas BRAC sucesivas.

El éxito aparente del proceso BRAC dependía de dos ingeniosas disposiciones del estatuto autorizante. Primero, la Casa Blanca y el Congreso debían aceptar o rechazar en su totalidad las listas de las instalaciones de la Comisión de cierre de bases. No había oportunidad para los legisladores individuales de salvar «sus» bases. El medicamento tenía que ser tragado entero o no tragado en absoluto, a la vista del público. En segundo lugar, el Congreso podría rechazar la lista completa de los cierres de bases propuestas sólo si aprobaba una resolución de rechazo dentro de los 45 días después de que la Casa Blanca haya aprobado la lista. Debido a que la comisión BRAC recopiló y envió estratégicamente pequeñas listas de bases innecesarias, sólo una pequeña minoría de distritos congresionales se opondría a cada ronda BRAC, mientras que el resto del Congreso y la Casa Blanca se beneficiarían de los ahorros. Como resultado, el Congreso nunca rechazó una lista BRAC.

Desafortunadamente, el proceso BRAC no parece ser adaptable a muchas otras deliberaciones del Congreso, incluyendo la regulación. De hecho, puede ser un éxito único en su tipo. Ha habido otros intentos en tales comisiones independientes, pero el Congreso nunca ha dado a ninguno de ellos el poder que dio a la comisión BRAC. Bajo la mayoría de las circunstancias, el Congreso no cederá tal poder porque hacerlo eliminaría el centro de la vida en el Congreso: logrolling.

E incluso BRAC no ha tenido tanto éxito como sugiere la narración anterior. Aunque el Congreso nunca ha rechazado una lista BRAC, tampoco ha considerado muchas listas. El sistema se desmoronó después de la lista de 1995, porque los miembros de la comisión querían centrar su atención en las muchas bases de Texas y California. Clinton pudo haber sido un halcón del presupuesto que aprobó la lista de cierre de 1995, pero él no quiso poner en peligro sus posibilidades de la reelección en esos estados. Como resultado, inventó maneras de bloquear tener que considerar una lista subsecuente. Desde entonces, los legisladores de Washington también evitaron la compilación de listas que afectarían significativamente a California y Texas, resultando en sólo una ronda adicional de BRAC, en 2005. Más allá de eso, los defensores de mantener las bases abiertas comenzaron a cambiar sus esfuerzos de los legisladores a los miembros del comité BRAC, En esencia, la reinstitución del juego.

Si no se puede evitar el favoritismo económico, tal vez el Congreso podría al menos encontrar una manera menos costosa de distribuir la generosidad a sus beneficiarios. Por ejemplo, en lugar de regular los mercados, el gobierno podría dar subsidios directos a los intereses especiales actualmente favorecidos por la regulación, pero a cambio los economistas diseñarían las subvenciones de una manera que redujera las distorsiones del mercado causadas por la regulación.”

¿Es necesaria una reforma política para que luego sea posible una desregulación de la economía? El caso de Estados Unidos

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

HACIA UNA FUTURA REFORMA

¿Pueden lograrse liberalizaciones adicionales en un futuro próximo? Los reformadores han sugerido tres estrategias para impulsar una nueva desregulación: la reforma electoral, la reforma del proceso y la educación. Consideramos cada uno de ellos a continuación.

¿Reforma electoral? Muchos defensores de la desregulación han argumentado que una reforma adicional sólo puede lograrse a través del sistema político: elegir a políticos más pro-libres del mercado a Washington ya las capitales de los estados. El nuevo Congreso controlado por los republicanos y la administración Trump parecen ejemplificar este enfoque. La plataforma del Candidato Trump incluyó el voto audaz de revertir el «75%» de las regulaciones federales, y la desregulación ha sido una promesa de campaña republicana estándar por décadas. El Presidente Trump ya ha ordenado que la emisión de cualquier nueva regulación federal vaya acompañada de la derogación de dos reglamentos y que el costo de cumplir con las regulaciones federales se congelará para el próximo año para que el costo incremental de las nuevas regulaciones sea compensado por el costo regulatorio Reducciones en otros lugares. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso han comenzado a utilizar la Ley de Revisión del Congreso (CRA), que raramente se ha disparado, para revocar los reglamentos emitidos en los últimos meses de la administración Obama. (Ver «La medianoche de ajuste de Obama», página 5.)

Pero más allá de las acciones de la CRA, no está claro qué pasos concretos tomará la nueva administración y los legisladores del Congreso -o incluso lo que significa revocar el «75% de la regulación federal» o dos reglamentaciones antiguas para una nueva. Aunque muchas de las buenas ideas de reforma regulatoria han sido sugeridas por los think tanks de DC, investigadores universitarios de políticas y empleados del comité de Capitol Hill, ninguno ha sido públicamente abrazado como iniciativas importantes del Congreso o de la Casa Blanca Trump, Años noventa Es justo preguntarse si los votos de desregulación de los políticos son más atmosféricos que objetivos políticos reales.

Además, no está claro si tendrán un verdadero apoyo electoral para una acción audaz. Los votantes pueden decir que apoyan la «desregulación», pero su comportamiento de voto sugiere que realmente están desinteresados ​​en la regulación o aceptan la antigua hipótesis de interés público de que los reguladores gubernamentales invariablemente benefician al público. Además, suelen recompensar a los políticos por inclinar el mercado en beneficio de ciertos intereses especiales.

En demasiados casos, si un miembro del Congreso despreciaba la reglamentación y otros favores económicos en general, sólo tendría éxito en privar a los intereses especiales en su distrito de los beneficios de «jugar» al mercado, y de «logrolling» Asegurar el apoyo de los colegas del Congreso a las políticas importantes para sus electores. Como resultado, sus electores tendrían que soportar cargas reguladoras más pesadas y pagar impuestos y precios más altos, mientras que los legisladores de otros distritos otorgarían a sus electores los beneficios de los programas gubernamentales y acuerdos de logrolling.

Cualquier legislador que quiera ser reelegido (que es prácticamente todos ellos) se da cuenta de que una posición de principios contra el favoritismo económico costará sus votos y el apoyo financiero necesario para la reelección. Un legislador que promete votar en contra de favores económicos y luego lo hace no puede contar con la reelección a menos que sus electores estén de alguna manera obligados a reelegirla si se apega a esa promesa. Los legisladores reformistas están atrapados en el juego del «dilema del prisionero»: son seguros sólo mientras se mantengan unidos y mantengan una posición de mayoría indiscutible en la legislatura. Pero si esa mayoría se rompe, los beneficios van a los desertores, mientras que los no desertores serán castigados. Esta toma de conciencia afecta a muchos políticos reformistas.

Algunos reformadores electorales han sugerido a los funcionarios de limitar el mandato para interrumpir este juego reduciendo las presiones de la reelección. Pero mientras un legislador tenga la oportunidad de ser reelegido incluso una vez, o pasar a otra oficina electa, habrá tentación de abandonar la promesa y buscar el apoyo de intereses especiales. Además, los constituyentes que imponen límites a sus funcionarios electos se ponen en desventaja frente a distritos vecinos que no adoptan límites. Nuevamente, estos constituyentes se privarían de favores económicos pero todavía pagarían los impuestos y los precios más altos que financian los favores del gobierno que fluirán en otra parte.

¿Qué sucede si los límites de mandato se impusieron constitucionalmente en toda una legislatura? Eso no eliminaría el problema subyacente del interés propio de los constituyentes. En vez de volver a nombrar a los mismos políticos para la reelección, las organizaciones del partido encontrarían candidatos que lucharían fielmente para continuar entregando los favores económicos perseguidos por sus precursores que salen. Los legisladores específicos podrían cambiar, pero los juegos políticos y económicos continuarán.”

Manuel Ayau sobre el intervencionismo, siguiendo a Mises sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo

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Con los alumnos de Proceso Económico II de la UFM vemos a su fundador, Manuel Ayau, sobre el intervencionismo:
“¿Debe el hombre estar al servido del Estado, o debe el Estado estar al servido del hombre? Durante la mayor parte del siglo XX, dos sistemas dominantes, el socialismo y el capitalismo, dieron respuestas distintas a esta pregunta, y la mayoría de los pueblos democráticos buscaron un tercer camino, una ruta intermedia entre el socialismo y el capitalismo.

Así cobró nueva vigencia la filosofía mercantilista, que floreció en Europa a partir del siglo XVI, y que asigna al Estado la función de coordinar la actividad económica de la sociedad.

Las concesiones monopolísticas, los impuestos discriminatorios, el fomento a determinadas actividades, la acumulación de reservas monetarias, los controles de precios, salarios e intereses, la reforma agraria y otros mecanismos se han usado, en diferentes épocas y lugares, para encauzar los esfuerzos de los individuos hada los fines predeterminados por el Estado mercantilista.

El credo mercantilista no presupone el sometimiento del individuo al Estado, ni la abolición explícita del derecho de propiedad, pero asigna al Estado la función de dirigir la economía hada los objetivos que el propio Estado identifica con el «bien común». Invariablemente, el «bien común» implica que unos se enriquecen a expensas de otros.

En la segunda mitad del siglo XX, renombrados especialistas de los países ricos han diseñado docenas de modelos económicos, y los países pobres han servido de laboratorios de experimentación. No podrían esos modelos ensayarse en los países ricos, porque sus leyes garantizan a los ciudadanos ciertos derechos que no pueden ser cercenados en aras de un experimento.

Los países pobres, en cambio, se caracterizan por la fragilidad de sus instituciones. Y como la ayuda extranjera suele estar condicionada a la obediencia de los gobiernos que la reciben, muchas naciones soberanas pero pobres modifican sus Constituciones y sus leyes para acomo-dar los experimentos.

La mejor prueba de que todos los modelos económicos ensayados han fracasado, la encontramos en el corto ciclo de vida de esos modelos. A intervalos de aproxima-damente veinte años, un modelo económico es anunciado con fanfarrea como la panacea de los problemas de los pueblos pobres. La implementación, a menudo apoyada financieramente por la comunidad internacional, tarda entre cinco y diez años.

Cuando aparecen los primeros síntomas de fracaso, los defensores del modelo los atribuyen a circunstancias fortuitas y transitorias. A medida que la secuela de pobreza se agranda, los funcionarios de los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales se renuevan. Un buen día, la nueva generación de burócratas decreta que el modelo «se agotó» y que ha llegado el momento de ensayar un nuevo modelo.

Entre 1960 y 1980, las naciones soberanas de América Central, sedientas de ayuda extranjera, sirvieron de laboratorio de experimentación para el modelo de sustitución de importaciones, que dio vida al Mercado Común Centroamericano. Acto seguido nos embarcamos en el modelo de fomento a las exportaciones reforzado, en uno u otro país centroamericano, por otros modelos subalternos o paralelos como la reforma agraria, la microempresa, la reconversión industrial, el fortalecimiento del movimiento sindical, el ecoturismo… todos ellos generosamente financiados desde el extranjero.

La economía de mercado es el sistema de organización social que surge espontáneamente cuando nadie impone por la fuerza un modelo económico.”

Curiosamente, fueron los políticos de centro izquierda quienes comenzaron las desregulaciones en los años 80s

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

LOS POLICYMAKERS ABRAZAN LA DEREGULACIÓN (A VECES)

De acuerdo con la teoría económica de la regulación, el cambio de política se produce como resultado de los incentivos de las autoridades. Las investigaciones que demuestran que los mercados específicos funcionan bien sin regulación y que la regulación existente perjudica el bienestar público no es, por sí misma, un incentivo suficiente para la desregulación. La última parte del siglo XX proporcionó incentivos más efectivos para el cambio de políticas -en algunos casos.

A partir de la década de 1960 (si no antes), Estados Unidos enfrentó una revitalizada competencia económica de países que habían reconstruido sus capacidades industriales tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la economía estadounidense estaba luchando bajo las crecientes cargas fiscales de los programas de la Gran Sociedad y la Guerra de Vietnam, así como la creciente inflación de los esfuerzos de la Reserva Federal para estimular la economía. Esas luchas contribuyeron a la «Estagflación» de finales de los años sesenta y setenta, ya que los episodios de alto desempleo y la inflación de dos dígitos provocaron demandas políticas de cambio de políticas que mejorarían la eficiencia económica.

Los movimientos iniciales hacia la liberalización de algunos mercados se hicieron tan pronto como la administración de John F. Kennedy y más adelante en la administración de Gerald Ford. Pero el movimiento de desregulación realmente despegó en la segunda mitad de los años setenta. Como se señaló anteriormente, el senador Ted Kennedy, con la ayuda del asesor del comité, Stephen Breyer, aprovechó la investigación económica indicando que la desregulación de ciertas partes del sector del transporte reduciría los precios sin provocar las sombrías consecuencias que los reguladores habían pronosticado. Para los legisladores que estaban luchando con la estanflación, la oportunidad de bajar los precios y estimular la economía simplemente reduciendo la intervención del gobierno fue atractiva.

EL SIGLO XXI

El impulso para la liberalización del mercado se revirtió en el nuevo siglo. Ningún cambio de política en los últimos 16 años parecería calificar como una importante desregulación, mientras que iniciativas tales como la Ley de PATRIOTA de los Estados Unidos de 2001, Ley de Gobernanza Corporativa Sarbanes-Oxley, 2002 y leyes agrícolas subsecuentes, Ley de Asistencia Asequible, 2010 La ley de regulación financiera de Dodd-Frank y las regulaciones de «neutralidad neta» de la Comisión Federal de Comunicaciones de 2015 han ampliado la intervención federal en los mercados y añadido decenas de miles de páginas al Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos.

Al igual que el período desregulatorio anterior, esta nueva era puede atribuirse en parte a los acontecimientos externos, es decir, a los acontecimientos de noticias importantes. Los ataques terroristas de 2001 a Al Qaeda en Nueva York y Washington y los escándalos contables de 2001-2002 motivaron la Ley PATRIOT y la Ley Sarbanes-Oxley, respectivamente, mientras que la crisis financiera de 2007-2008 y la consiguiente recesión propulsaron a Dodd-Frank.

Esta pérdida de impulso desregulador es desafortunada ya que hay muchos beneficios públicos que se obtendrán de una mayor liberalización -como se documenta regularmente en las páginas del Reglamento. Algunos de estos beneficios perdidos han adquirido atención pública y política en los últimos años; por ejemplo, el uso de la tierra (por ejemplo, zonificación relajante y restricciones de construcción), atención médica (por ejemplo, flexibilización de los requisitos de aprobación de medicamentos) y licencias ocupacionales Reduciendo la formación y los requisitos de licencia), pero la reforma continúa lentamente, si es que se produce.”

Avances y retrocesos de la desregulación en los Estados Unidos: electricidad, banca, salud y seguridad, medio ambiente

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“Electricidad / La evolución de la industria eléctrica en la primera mitad del siglo XX dio lugar a proveedores de monopolio con grandes instalaciones de generación de pequeñas regiones. Los responsables políticos adoptaron la regulación tarifaria de estos monopolios naturales con la justificación de que reduciría las tarifas de electricidad y aumentaría el acceso y consumo de los consumidores en relación con el laissez faire.

Sin embargo, la investigación encontró que la regulación de la tasa de las empresas de energía no había bajado las tasas. En cambio, había tendido a la industria de la energía hacia el aumento de la generación para satisfacer la demanda pico no subestimada, haciendo que el sistema propenso a los costos de capital excesivos. Los servicios públicos sobre-construyeron sus plantas de energía -especialmente instalaciones nucleares- y pasaron el costo a los consumidores, con la aprobación de los reguladores.

Banca / Históricamente, la regulación bancaria en los Estados Unidos benefició al gobierno proporcionándole ingresos y benefició a los bancos protegiéndolos de la competencia. En la historia temprana de los Estados Unidos, los estados concedieron a los bancos poder de mercado sobre pequeñas áreas geográficas a cambio de evaluar los fuertes impuestos y tarifas, que los bancos pasaron a sus clientes. Los estados prohibieron la banca a nivel nacional y la banca de «rama» estatal severamente limitada, aunque la bifurcación y la banca interestatal hubieran sido una gran conveniencia para los depositantes y una bendición para los negocios y los prestatarios. Además, habrían protegido a los bancos contra los colapsos de bancos regionales como los ocurridos en los años previos a la Gran Depresión y los primeros años de la Depresión.

La regulación bancaria de la era de la depresión (el seguro de depósitos obligatorio administrado por el gobierno y la separación de la banca comercial de la banca de inversión) combatió esos colapsos, pero las políticas ayudaron principalmente a las empresas en lugar de a los consumidores. El hito de la Ley Bancaria de 1933 fue un clásico compromiso de logro en el cual los partidarios populistas de pequeños bancos rurales ganaron el seguro de depósito federal (a través de las objeciones del Presidente Franklin Roosevelt, del Tesoro, de la Fed y de la American Bankers Association) Las actividades bancarias de los bancos comerciales, que en ese momento eran interpretados como los grandes villanos de la Depresión. El legado de la regulación bancaria ha sido un sistema bancario inmensamente fragmentado cuyos costos son excesivos.

Salud y seguridad / Las personas creen comúnmente que la ola de regulaciones federales de salud y seguridad que comenzó en los años 70 ha hecho a los trabajadores estadounidenses más seguros. El soporte prima facie para esto es dado por datos de accidente; Desde la década de 1970, los accidentes industriales de todo tipo han disminuido. Pero ese apoyo se erosiona a medida que se amplía el alcance de los datos: las tasas de accidentes disminuyeron durante décadas por delante de los reglamentos de los años setenta. No hubo otro cambio a la baja en las tasas de accidentes después de la creación de agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

La larga duración de los índices de accidentes cada vez más bajos indica que las «fuerzas seculares», y no la regulación, han sido el contribuyente más importante a las mejoras de seguridad durante el siglo pasado. La seguridad es un bien normal y, a medida que aumenta la renta real de las personas, consumirán más. Así como los estándares de vida estadounidenses subieron en el siglo 20, los trabajadores exigieron lugares de trabajo más seguros, insistiendo en pagar más a cambio de tomar riesgos. Los empleadores respondieron proporcionando más seguridad.

Esto subraya otra revelación de los investigadores que estudian las fallas del mercado: el mercado parece ser mucho menos vulnerable al fracaso de lo que los políticos habían asumido. La existencia de un riesgo para la salud, por ejemplo, no implica necesariamente la necesidad de medidas regulatorias. A través de las fuerzas normales del mercado, los trabajadores reciben una compensación salarial suficiente para hacerlos dispuestos a asumir el riesgo, o los empleadores reducen el riesgo para reducir la prima salarial. Como resultado, el riesgo para la salud se internaliza en la decisión del mercado.

Muchas personas no saben que en la primavera de 1970 el Senado del Estado de California, citando preocupaciones ambientales, votó a favor de la prohibición del motor de combustión interna en 1975. Esta idea utópica, que recibió apoyo aparentemente improbable de los United Auto Workers No llegan a buen término debido a su impracticabilidad, aunque algunos políticos de Golden State todavía apoyan la idea.

La Ley Federal de Aire Limpio refleja el mismo pensamiento utópico. Para los contaminantes convencionales, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos debe preparar un documento cada cinco años que «refleje con precisión los últimos conocimientos científicos» sobre los efectos de la exposición en la salud. A continuación, debe establecer un estándar que es «necesario para proteger la salud pública …, lo que permite un adecuado margen de seguridad» para garantizar «la ausencia de efectos adversos sobre la salud de una muestra estadísticamente relacionada de las personas en grupos sensibles». Dictaminó en 2001 en Whitman v. American Trucking Association que la Clean Air Act «impide inequívocamente las consideraciones de costos del proceso de» establecimiento de la contaminación «. Así, las decisiones de la EPA sobre los contaminantes convencionales se refieren a los beneficios de la reducción de emisiones, -cualquiera que sean los costos, incluso si son muy inferiores a los beneficios- porque eso es exactamente lo que la ley ordena a la EPA hacer.

La Ley de Aire Limpio no se ha enmendado desde 1990. A falta de cambios estatutarios, las normas utópicas de «costo-no-materia» de calidad del aire seguirán siendo un problema serio.”

El impulso académico por la desregulación en Estados Unidos y el caso de los trenes, las aerolíneas y los teléfonos

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

EL IMPULSO ACADÉMICO PARA LA DESREGULACIÓN

A mediados del siglo XX, mientras los legisladores continuaban ampliando la regulación federal, economistas y académicos legales en los campus universitarios y en Washington comenzaron a cuestionar las justificaciones tradicionales del «fracaso del mercado» para estas políticas, así como el supuesto de que la intervención gubernamental beneficia al bienestar público. Dos avances impulsaron este movimiento: el avance de la tecnología informática y la mayor disponibilidad de datos de ciencias sociales permitió a los investigadores probar las afirmaciones sobre el fracaso del mercado y los resultados de la intervención gubernamental. .

Apareció una nueva teoría económica de la regulación que postula que estas políticas son suministros de los proveedores de políticas que redistribuyen los beneficios de algunos consumidores y proveedores a otros en un esfuerzo por aumentar el apoyo político de los políticos. A diferencia de la tradicional teoría del «interés público» de la regulación que sostiene que los responsables de la formulación de políticas son actores altruistas que mejoran fiablemente el bienestar público, la teoría económica postula que las políticas se elaboran para aumentar el apoyo político de los políticos electos, los presupuestos de las agencias burocráticas, prestigio. Esta conducta auto-interesada no es el resultado de la malevolencia del diseñador de políticas sino de los incentivos que enfrentan; Aquellos que se comportan de esta manera tienden a retener y expandir su autoridad. Están inclinados a seguir regulando y adoptando otras intervenciones de política interna hasta que no puedan lograr nuevos logros políticos netos.

Con esta opinión discutible cínica de la intervención del gobierno en la mente, los investigadores de la política reevaluaron los reglamentos históricos de las décadas anteriores. Sus hallazgos fueron decepcionantes.

Ferrocarriles / La reglamentación de los ferrocarriles aumentó en última instancia los precios de los productos manufacturados de transporte marítimo y reorientó los ingresos resultantes a la concesión de subsidios a los productos a granel ya los envíos agrícolas. Eso hizo que los agricultores y mineros del Medio Oeste feliz y protegido los ferrocarriles financieramente (al menos por un tiempo), pero perjudicó el bienestar en general, distorsionando el costo de los productos manufacturados, reduciendo el acceso de los consumidores a ellos. Debido a que los beneficiarios reconocían su ganancia mientras que el público en general no estaba al tanto de sus pérdidas bajo los reglamentos, los encargados de formular políticas fueron recompensados ​​en la red por esta intervención.

Además, el flete en las rutas de alta densidad y de larga distancia entre ciudades tenía un precio por encima del costo, con los ingresos utilizados para subsidiar las rutas rurales de corta distancia y baja densidad. Una vez más, esto hizo felices algunos intereses especiales, pero perjudicó el bienestar en general porque el mayor costo de transporte de mercancías entre los centros urbanos distorsionaba los mercados.

Este arreglo fue amenazado por el aumento del camión en la era de la depresión. Los encargados de formular políticas respondieron no por la desregulación de los ferrocarriles, sino por la introducción de regulaciones similares en el transporte por carretera en 1935, creando otra red de subsidios cruzados. Una vez más, estos políticos fueron recompensados ​​por los beneficiarios, mientras que los costos fueron en gran medida ocultos al público.

La regulación de aerolíneas / aerolíneas también creó una estructura tarifaria que gravaba de facto las rutas de alta densidad y de larga distancia con el fin de subvencionar rutas de corta distancia de baja densidad valoradas por intereses especiales. Los reguladores lo justificaron alegando que era necesario proporcionar viajes aéreos seguros y necesarios. Pero las investigaciones sobre los mercados de viajes aéreos intraestatales en Texas y California -que eran lo suficientemente grandes para estar bien desarrolladas pero escapaban de la regulación federal porque no cruzaban las líneas estatales- revelaron tarifas mucho más bajas y una operación eficiente sin sacrificar la seguridad del viajero.

En el mercado nacional, por el contrario, los vuelos eran mucho más costosos por milla de pasajeros. Sin embargo, esas tarifas más altas no proporcionaron ningún beneficio a las aerolíneas, ya que gastaron gran parte de los ingresos obtenidos en la competencia sin precios en servicio: bebidas gratis, vuelos espaciosos, asistentes de vuelo útiles (y atractivos), etc.

La regulación de tarifas por teléfono / teléfono restringió la entrada y creó subsidios cruzados de larga distancia al servicio local. Antes del desarrollo de las comunicaciones de microondas, el servicio de larga distancia se proporcionó a través de costoso cable coaxial. Como resultado, ese servicio fue utilizado predominantemente por los llamadores más ricos que pagaban tarifas muy por encima de los costos marginales, proporcionando ingresos para las subvenciones cruzadas. Pero a medida que el servicio de microondas se expandió y los hogares de clase media se hicieron más móviles, tanto el costo como la justificación «progresiva» de los subsidios cruzados crecieron cada vez más, debido a la entrada competitiva en servicios de larga distancia. En 1981, las llamadas interestatales eran el 8% del total de minutos, pero estaban pagando el 27% de los costos de telefonía local. Estas tarifas distorsionadas atrajeron a competidores que, cuando fueron bloqueados por las regulaciones y AT & T, finalmente obligaron al Departamento de Justicia a presentar una demanda antimonopolio que puso fin al monopolio regulado de AT & T / Bell System.”

Una revisión sobre el desarrollo de la teoría y las políticas públicas regulatorias durante los últimos cuarenta años

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“EL CRECIMIENTO DE LA REGULACIÓN FEDERAL

La visión común de la regulación en los Estados Unidos es que, para su primer siglo o así, el país aceptó el laissez faire; Hubo poca intervención del gobierno en las decisiones privadas del libre mercado. Esto no es completamente cierto; Los gobiernos estatales eran reguladores activos en algunos sectores, especialmente en la banca. Sin embargo, es generalmente correcto decir que la regulación federal fue limitada hasta los años que siguieron a la guerra civil, y se amplió grandemente durante y después del New Deal.

Los responsables de la formulación de políticas normalmente justifican estas intervenciones como necesarias para combatir las «fallas del mercado», situaciones en las que, a su juicio, las interacciones del mercado no producen resultados aceptablemente «eficientes». Estos fracasos incluyen el poder de mercado (un comprador o vendedor, o una colección de compradores o vendedores, domina un mercado y manipula la oferta y los precios, como los monopolios y los cárteles), externalidades negativas (situaciones en que algunos de los costos de una transacción son involuntariamente soportados por no participantes En la transacción, un ejemplo es la contaminación), fallas de información (una parte en una transacción tiene una ventaja informativa sobre otras partes que distorsiona el mercado) y problemas de bienes públicos (un proveedor no puede excluir a los que no pagan, Equitación «sobre los pagos de otros y el bien que se presta como resultado, ejemplos incluyen algunos aspectos de los servicios de bomberos y policía y defensa nacional). Cada uno de estos casos resulta en menos transacciones que en un mercado sin tales fallas, lo que significa ineficiencia y pérdida de bienestar.

Una serie de regulaciones federales y políticas domésticas relacionadas a principios de la era post-Guerra Civil involucraron ferrocarriles. Los encargados de formular políticas creían que la amenaza de la competencia futura en rutas específicas disuadiría a las empresas ferroviarias de hacer costosas inversiones de capital necesarias para atender a las zonas menos pobladas. También les preocupa que los ferrocarriles no puedan reunir suficientes derechos de paso para sus redes ferroviarias. Para ayudar con este último problema, los legisladores ampliaron los poderes federales y estatales del dominio eminente para asegurar esos derechos de tierras para el uso de los ferrocarriles. Posteriormente, los responsables políticos adoptaron una regulación de tarifas para evitar que los ferrocarriles abusaran de su poder de mercado sobre rutas específicas de baja densidad y también requirieran la aprobación federal para que los ferrocarriles abandonaran líneas en estas áreas que ya no querían operar.

Las décadas siguientes vieron intervenciones gubernamentales similares en otras industrias que incluían tecnología madura, incluyendo telefonía, energía, radiodifusión, camiones y aviación de pasajeros, así como esfuerzos generales para combatir el poder de mercado (es decir, «rebajar la confianza»). Finalmente, a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 se observaron más intervenciones federales en los precios minoristas, la mano de obra y la seguridad en las carreteras, así como un amplio impulso a la salud, la seguridad y la regulación ambiental.”

Voto con los pies: además de la consulta popular la semana pasada, ya emigraron dos millones de venezolanos

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Relial, la Red Liberal de América Latina, ha publicado una nueva edición de su revista “Mirada Liberal”, disponible aquí: http://relial.org/biblioteca/libro/migracion-y-libertades-2017

Este número está dedicado al tema de las migraciones. Entre otros interesantes artículos, y dada la situación dramática que se vive en estos días, copio el artículo de María Teresa Romero sobre Venezuela:

“El actual gobierno de Nicolás Maduro –como el anterior de Hugo Chávez– se ha negado a publicar estadísticas, pero entre los registros de inmigrantes de otros países y los de varios estudios de expertos en la materia, en 2015 eran unos dos millones de venezolanos los que habían abandonado Venezuela desde que el denominado Socialismo del Siglo XXI llegó al país, en 1999; una migración semiforzada ante las cada vez más deterioradas condiciones políticas, económicas y sociales nacionales.

Sin embargo, ya se está hablando de cifras mucho mayores. Sólo en los Estados Unidos, se dice que la cifra actual de venezolanos legales e ilegales para este 2017 llegó al millón y medio. En 2015, sólo los residenciados legalmente en ese país se estimaban en unos 260,000; una cantidad ya entonces contrastante con la de 1980 que no pasaba de 33,000 inmigrantes. También en 2015 se produjeron casi 20,000 movimientos migratorios hacia España, un 53% más que en 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Colombia, un reciente artículo del diario El Tiempo, señala lo siguiente: “Pese a que la oficina de Migración de Colombia tiene reportados 40,000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60,000 irregularmente, una investigación liderada del sociólogo y experto en migración venezolana Iván De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), revela que son 900,000 los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1.8% de nuestra población), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país”. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-lamigracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872

Según el sociólogo Tomás Páez de la Universidad Central de Venezuela, autor de uno de los pocos estudios confiables sobre el tema titulado La voz de la diáspora venezolana, la emigración masiva producida en el país hasta el 2015 “implica al 6 o 7% de la población, y de manera indirecta no menos de la mitad de la población, entre familiares y amigos, tiene a alguien fuera de Venezuela” http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-30/venezuela-emigracion-maduro-chavez-diaspora-petroleo_1252510/

En todo caso, cifras considerables, sin precedentes en la historia venezolana y que aumenta cada día en más de 90 países del mundo y de forma alarmante debido a sus impactos más negativos que positivos, no sólo para la sociedad venezolana, sino para el continente americano y en general para todos los países receptores de esta nueva ola migratoria.

La dispar situación de vida del migrante

Es cierto, como señalan numerosos expertos, que la mayoría de los migrantes venezolanos han sido jóvenes profesionales de clase media, altamente formados con estudios universitarios, que han logrado insertarse bien en el mercado laboral de los países de acogida. Pero en la   medida que la crisis política, económica, y humanitaria se incrementa en Venezuela, con niveles de inflación y de inseguridad jurídica y personal de los peores del mundo, emigran al exterior más connacionales de las clases bajas y de todas las edades, buena parte de ellos de forma ilegal. Ello ha declinado ostensiblemente las condiciones de vida de la denominada diáspora de origen venezolano, que en muchos casos están padeciendo grandes necesidades de trabajo y salud.

En la ciudad de Miami en los EE.UU, por ejemplo, la creciente cantidad de familias que han llegado entre 2016 y 2017 desde Venezuela buscando asilo político o quedándose en el país como ilegales -muchas de ellas durmiendo en automóviles y debajo de puentes-, ha hecho que las autoridades migratorias, policiales y otras del gobierno tomen medidas, y que varias asociaciones de venezolanos se organicen para protegerlos. Ya en éste y otros países están evaluando leyes de atención especial para migrantes venezolanos, como se hizo anteriormente con los migrantes cubanos.

En Curazao y otras islas caribeñas vecinas a Venezuela, las autoridades aseguran, aunque sin dar números precisos, que es un hecho que en el último año se ha incrementado de manera preocupante el número de migrantes venezolanos que llegan a las islas para quedarse a vivir en forma ilegal. Llegan por aire y tierra, como turistas e incluso escondidos en balsas pesqueras. Varios reportajes periodísticos de cadenas televisivas, como la mexicana-estadounidense Telemundo, han confirmado en forma audiovisual estos hechos.

Uno de los sectores de migrantes más afectados ha sido el de las mujeres. A la vecina Colombia, por ejemplo, llegan diariamente mujeres embarazadas y en condiciones de pobreza. “Tanto así que solo en los dos primeros meses de este año, ya han sido atendidas 82 mujeres de ese país en la clínica Rafael Calvo, de Cartagena”. http://blogs.eltiempo.com/campamento-de-los-mojados/2017/03/29/embarazadas-pobres-e-inmigrantes-una-travesiade-venezuela-a-colombia/

Pero también en ese país y en muchos otros viven venezolanas en condición de prostitución. Así, en el último informe de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, se establece:

“Se observa un incremento de mujeres procedentes de Venezuela para ejercer la prostitución en Panamá, lo que debe analizarse más exhaustivamente para verificar las condiciones en las que llegan al país y si la actividad realizada responde a una decisión personal o es fruto de haber sido captada por alguna red de trata”. http://elestimulo.com/climax/venezuela-exporta-prostitutas-a-panama/

Otro sector fuertemente afectado es el de la tercera edad y el de jubilados y pensionados que, debido a la crisis nacional y las medidas del gobierno de Nicolás Maduro, hace más de un año no reciben ningún tipo de ingreso desde Venezuela. La situación deplorable en que viven ha producido varias manifestaciones públicas dentro y fuera del país, así como iniciativas para tratar de solventar la situación con los gobiernos, partidos y grupos de la sociedad civil de los países receptores. Recientemente en España, por ejemplo, la muy dinámica Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid, logró que el Partido Popular, el Grupo Popular y Grupo Ciudadanos españoles aprobaran una iniciativa de apoyo financiero para paliar la situación.

Impactos más negativos que positivos

Sin duda, el resultado de esta migración masiva es que Venezuela está sufriendo una pérdida significativa de capital humano, en especial en materia de talento profesional y mano de obra calificada, lo que significa un descenso de población en edad de trabajar. La revista The Economist señaló en 2015 que nuestro país, junto a Serbia, había alcanzado el segundo lugar en la “fuga de cerebros” del mundo. Ello genera innumerables efectos negativos para el desarrollo político, económico, y sociocultural venezolano e, inclusive, en el ámbito familiar, ya que muchas familias han quedado desintegradas. También hay repercusiones negativas para los países recipientes de esa migración, derivando en cambios de políticas migratorias, de seguridad y salud, entre otras, así como en sentimientos nacionalistas antiinmigración. Si en Venezuela continúa profundizándose la dictadura y el estancamiento económico, podría generarse una imparable ola migratoria. En 2016, ya la ONU alertó sobre esta posibilidad.

Pero esta movilidad también ha traído consigo efectos positivos, como mayor conocimiento, inversión y aprendizaje e integración socio-cultural. Son muchas las empresas venezolanas grandes que han debido trasladarse a los países vecinos para seguir operando, y son numerosos los pequeños empresarios que han surgido a causa de la diáspora venezolana, todo lo cual está generando empleos y nuevos productos que favorecen a los demás países, que ojalá retornen al país.”