Juan de Mariana, un jesuita de la Escuela de Salamanca quien ya tenía claro el origen monetario de la inflación en el siglo XVI

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, Económicas, UBA, terminamos de considerar los aportes de los escolásticos, con el análisis que, sobre Juan de Mariana, hace Lucas Beltrán en “El Padre Juan de Mariana”, publicado originalmente en la revista Ilustración Liberal. Van unos párrafos:

“Para nosotros, el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón es una defensa de la propiedad privada, de la democracia política, de los presupuestos equilibrados y de la moneda sana de valor estable, que resulta ventajosa para todas las clases sociales. Si no conociéramos ninguna otra obra del autor, no dudaríamos en calificarle de economista liberal. ¿Cómo compaginar estas cuatro imágenes del jesuita de Toledo, a primera vista tan dispares?

En primer lugar, no todas las ideas contenidas en ellas son, en rigor, contradictorias. Por otra parte, es posible que la mente del Padre Mariana, que, en definitiva, se interesaba fundamentalmente por los problemas teológicos y religiosos en general, no estuviera, en cuanto a los económicos y sociales, perfectamente clara. Además, es posible que pensara en términos de lo que los modernos economistas llaman segundos óptimos y terceros óptimos, es decir, que prefiriera una cierta solución de los problemas económicos y sociales, pero que en caso de imposibilidad de ésta aceptara una segunda solución como la mejor entre las posibles y que no hubiera creído necesario explicar con precisión este orden de preferencias o que no lo hubiera logrado. Finalmente, sería posible que en la larga existencia del Padre Mariana sus ideas hubieran ido cambiando. Tal vez el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón ha de ser considerado como el pensamiento maduro y definitivo del autor, pues es uno de los últimos libros que publicó.

En él Mariana empieza preguntándose si el rey es dueño de los bienes particulares de sus vasallos y contesta rotundamente que no. El autor acude a su distinción entre rey y tirano, a la que tanta afición manifiesta: «El tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia.»

De aquí deduce que el rey no puede exigir impuestos sin el consentimiento del pueblo, pues el impuesto significa la apropiación de una parte del patrimonio de los súbditos; para que tal apropiación sea legítima es preciso que los súbditos estén de acuerdo con ella. Tampoco puede el rey crear monopolios estatales, que serían un medio disimulado de exigir impuestos; en el lenguaje del autor, «si no es lícito poner pecho, tampoco lo será hacer esta manera de estanques sin voluntad de aquellos en cuyo perjuicio redundan».

Y tampoco puede el rey obtener ingresos rebajando el contenido metálico de las monedas. Los monarcas de la Casa de Austria acudieron reiteradamente a este antiguo recurso tantas veces utilizado en todos los tiempos y todos los Estados. En España, en tiempo del Padre Mariana, la rebaja se hizo sobre todo en las llamadas monedas de vellón; éstas eran de una aleación de plata y cobre y hasta fines del siglo XV fueron perfectamente respetables; en los siglos XVI, XVII y XVIII su contenido de plata fue reducido reiteradamente hasta que finalmente las monedas de vellón se hicieron sólo de cobre y funcionaron como moneda fraccionaria de las piezas de oro y plata. También el contenido de metal noble de éstas fue reducido en algunas ocasiones, pero menos que en el caso de las monedas de vellón, que constituyen el tema del tratadito de Mariana.

Éste ve la cuestión con tanta claridad como un economista moderno: se da cuenta de que la reducción del contenido de metal noble de las monedas y el aumento de la cantidad de éstas es una forma de inflación (aunque no usa esta palabra, entonces desconocida) y que la inflación produce fatalmente elevación de precios: «que si baja el dinero del valor legal, suben todas las mercadurías sin remedio, a la misma proporción que abajaron la moneda, y todo se sale a una cuenta».

Mariana ve que la inflación es un impuesto que recae sobre los que antes de ella tenían dinero, que ahora han de comprar las cosas más caras. Al argumento de que esto se puede evitar poniendo precios de tasa a las mercancías, contesta que la experiencia nos muestra que las tasas han sido siempre ineficaces. Siendo la inflación un impuesto, requerirá en todo caso el consentimiento del pueblo, pero aun con este consentimiento será siempre un impuesto dañoso y desorganizador de la vida económica: «este arbitrio nuevo de la moneda de vellón, que si se hace sin acuerdo del reino es ilícito y malo, si con él, lo tengo por errado y en muchas maneras perjudicial».

Alberdi explica que las libertades «cívicas» que protege la Constitución tienen también un contenido económico

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Con los alumnos de la Facultad de Derecho, UBA, vemos a Juan Bautista Alberdi explicar que las libertades cívicas que la Constitución protege tienen también un contenido económico:

“Todo reglamento que es pretexto

de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo.

El derecho al trabajo y de ejercer toda industria lícita, es una libertad que abraza todos los medios de la producción humana, sin más excepción que la industria ilícita o criminal, es decir, la industria atentatoria de la libertad de otro y del derecho de tercero. Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada.

La libertad o derecho de petición, es una salvaguardia de la producción económica, pues ella ofrece el camino de obtener la ejecución de la ley, que protege el capital, la tierra y el trabajo, sin cuya seguridad la riqueza carece de estímulo y la producción de objeto.

La libertad o derecho de locomoción es un auxilio de tal modo indispensable al ejercicio de toda industria y a la producción de toda riqueza, que sin ella o con las trabas puestas a su ejercicio, es imposible concebir la práctica del comercio, v. g., que es la producción o aumento del valor de las cosas por su traslación del punto de su producción al de su consumo; y no es menos difícil concebir producción agrícola o fabril, donde falta el derecho de darle la circulación, que le sirve de pábulo y de estímulo.

La libertad de publicar por la prensa importa esencialmente a la producción económica, ya se considere como medio de ejercer la industria literaria o intelectual, o bien como garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas. La experiencia acredita que nunca es abundante la producción de la riqueza, en donde no hay libertad de delatar y de combatir por la prensa los errores y abusos que embarazan la industria; y, sobre todo, de dar a luz todas las verdades con que las ciencias físicas y exactas contribuyen a extender y perfeccionar los medios de producción.

La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos, pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio.

La libertad de asociación aplicada a la industria, es uno de los resortes más poderosos que reconozca la producción económica moderna; y en la República Argentina es garantía del único medio de satisfacer la necesidad que ese país tiene de emprender la construcción de ferrocarriles, de promover la inmigración europea, de poner establecimientos de crédito privado, mediante la acción de capitales asociados o unidos, para obrar en el interés de esos fines y objetos.

La libertad de asociación supone el ejercicio de las otras libertades económicas; pues si el crédito, si el trabajo, si el uso de la propiedad, si la locomoción no son del todo libres, ¿para qué ha de servir la libertad de asociación en materia industrial?

El derecho de profesar libremente su culto, es una garantía que importa a la producción de la riqueza argentina, tanto como a su progreso moral y religioso. La República Argentina no tendrá inmigración, población ni brazos, siempre que exija de los inmigrantes disidentes, que son los más aptos para la industria, el sacrificio inmoral del altar en que han sido educados, como si la religión aprendida en la edad madura tuviese poder alguno y fuese capaz de reemplazar la que se ha mamado con la leche.

La libertad de enseñar y aprender se relaciona fuertemente con la producción de la riqueza, ya se considere la primera como industria productiva, ya se miren ambas como medio de perfeccionar y de extender la educación industrial, o como derogación de las rancias leyes sobre maestrías y contratos de aprendizaje. En este sentido las leyes restrictivas de la libertad de enseñar y aprender, a la par que ofensivas a la Constitución que las consagra, serían opuestas al interés de la riqueza argentina.”

La Escuela de Salamanca: impensados precursores en teoría del valor y en la teoría cuantitativa del dinero

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, Económicas, Universidad de Buenos Aires, vemos a los autores de la Escuela de Salamanca y sus aportes a la teoría económica, generalmente poco o nada considerados en los textos de historia del pensamiento, como si todo hubiera comenzado con los mercantilistas y los fisiócratas. Leemos el artículo de Raymond de Roover, Economía Escolástica. El texto es discutido por algunos amigos expertos en estos autores, pero es un buen resumen de los aportes y los problemas de esta escuela, aunque increíblemente no hace mención a Juan de Mariana, al que veremos en forma separada. Dice de Roover:

“Al igual que los autores de la antigüedad, los escolásticos medievales no consideraban a la economía política como disciplina independiente, sino que como un apéndice de la ética y las leyes.

Esta situación persistía aún en el siglo dieciocho cuando Adam Smith tomó a su cargo la cátedra de Filosofía Moral en Glasgow College. Los cursos de su predecesor, Francis Hutcheson (1694-1746), y su contemporáneo en Edimburgo, Adam Ferguson (1723-1816), están a disposición en imprenta. Según estas fuentes, los temas de un curso en Filosofía moral en el siglo dieciocho y en la Escocia presbiteriana aún correspondían, en gran medida, a la descripción de las materias tratadas en el siglo trece por Tomás de Aquino en sus comentarios a la ética de Aristóteles. Economía, en el sentido moderno, ocupaba una posición muy subordinada y todavía se consideraba un asunto ético y legal que implicaba la aplicación de la ley natural a los contratos civiles.

En lo que realmente estaban interesados los doctores medievales era determinar las reglas de justicia que dirigen las relaciones sociales. Seeún Tomás de Aquino, ellos distinguían dos tipos de justicia: justicia distributiva, la que regulaba la distribución de la riqueza y el ingreso, de acuerdo a la posición del individuo en la sociedad, y justicia conmutativa, que se aplicaba a los acuerdos recíprocos entre individuos, esto es, al intercambio de bienes y servicios6. En otras palabras, los asuntos económicos concernían a la justicia, no a la caridad, como puede ser fácilmente comprobado al repasar el índice de la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino.

Al tratar asuntos de justicia, inevitablemente los doctores se encontraron con asuntos económicos y estaban forzados a tomarlos en consideración. Al principio su investigación estaba limitada al precio justo y la usura, pero luego se ramificó para incluir un montón de otras cuestiones, incluyendo el salario justo, el envilecimiento de la moneda (inflación), la justicia del sistema impositivo, las deudas públicas, el monopolio, el cambio internacional, sociedades y todos los contratos que podían implicar cualquier mácula de usura.

La mentalidad medieval era legalista y, bajo la influencia del Derecho Romano, se le daba mucha importancia a los contratos. El principal problema era siempre determinar si un contrato era lícito o no. Este énfasis tendió a limitar el ámbito de la economía al estudio de la naturaleza legal de los contratos y sus implicaciones éticas, tendencia que se reflejaba incluso en el título v organización de los tratados escolásticos. Uno puede estar seguro de encontrar discusiones sobre materias económicas —junto con otros tópicos, por supuesto— en cualquier tratado de teología moral que lleve como título De contractibus (Sobre los contratos) o De justicia et jure (Sobre la justicia y la ley).

Casi invariablemente los asuntos económicos se mencionaban en guías para confesores, aunque la exposición, en trabajos de este tipo, probablemente es menos sistemática y analítica y más casuística. De hecho, la palabra «casuística» deriva de la preocupación sobre casos de conciencia que tenían los últimos escritores escolásticos.”

Más allá de la Sociedad de Beneficencia, florecía la ayuda social voluntaria. No es cierto que el Estado benefactor vino a llenar un vacío

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Hemos visto en forma general las actividades que realizaba la Sociedad de Beneficencia.

No obstante, la Sociedad de Beneficencia no era un ejemplo puro de beneficencia privada, y al ser creada por el estado y siendo parcialmente financiada por éste, todas sus buenas obras de auténtica caridad antes mencionadas quedaban sujetas a la voluntad política.

Pero no fue la única, por supuesto. Además de la Sociedad de Beneficencia de Buenos ayuda Aires surgieron otras en las provincias (Mendoza 1857, Rosario 1854, San Juan 1858, San Luis 1857, Tucumán 1852, Corrientes 1858, Santa Fe 1860).

Por otro lado, la actividad de la Sociedad Conferencia de San Vicente de Paul en todo el país mostraba en el año 1940 la existencia de 207 establecimientos entre los que encontramos 32 colegios y escuelas, 4 “platos de sopa”, 56 casas de pobres, 5 casas de viudas, 40 casas de ancianos, 3 asilos de mendigos, 12 hospitales, 20 consultorios, 7 farmacias, 2 dispensarios, 1 sala de primeros auxilios, 8 botiquines, 1 lazareto, 3 casas cuna, 3 “gotas de leche”, 7 talleres, 1 barrio obrero, 1 casa del canillita y 1 correccional.

En el año 1909 María del Carmen Coni funda la Sociedad de Asistencia a domicilio de enfermos pobres en la preocupación de la situación de los pobres ante las enfermedades. Dicha sociedad, creada y mantenida con recursos privados, tenía como finalidad asistir a los enfermos pobres en su propio domicilio prestando ayuda material y espiritual a través de profundas convicciones religiosas. En sus memorias correspondientes a los años 1911 y 1912 se reflejan los objetivos de la institución.

“He aquí el triple objeto de esta sociedad, consolidar, aliviar y endulzar al pobre en sus enfermedades. Velar por la salud individual y pública, mediante la asistencia “persona” del enfermo en su propio domicilio, para evitar la agravación de las enfermedades y el contagio de las infecciones, y traer al corazón dolorido las dulcísimas insustituibles fuerzas de la  religión.”[1]. Otras instituciones destacadas de la época incluían la Sociedad de Patronato y de Repatriación, la Sociedad Española de Beneficencia, la Sociedad Filantrópica Francesa del Río de la Plata, la Sociedad Italiana de Beneficencia, la Deutscher Krankenverein, The British Philantropic Society, todas ellas además responsables de la construcción y administración de los hospitales, Español, Francés, Italiano, Alemán y Británico.

El espíritu solidario aún se encuentra vigente, aunque debilitado. Las restricciones a la libertad, particularmente la económica, redujeron los niveles de riqueza alcanzados generando menos ricos con capacidad para dar y más pobres con necesidades. Varias décadas de economías reguladas, alto gasto público e incontables programas sociales han desplazado a la solidaridad voluntaria y ha incrementado la pobreza, en lugar de reducirla.

[1]  “Sociedad Asistencia a domicilio de enfermos pobres: Memoria correspondiente a los años 1911-1912”, (Buenos Aires, Imprenta La Leonesa, 1912), pag.5.

Colombia en camino a la OCDE. Los problemas de que enfrenta (por ejemplo, propiedad intelectual), son los que esperan a Argentina

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El actual gobierno argentino se propuesto que el país vuelva a ser parte de la comunidad internacional de naciones. Es necesario recordar que gobiernos anteriores hicieron todo lo posible en el sentido contrario: declararon el default de la deuda soberana, repudiaron el cumplimiento de tratados bilaterales de inversión, acumularon demandas por incumplimiento de las reglas de la OMC y buscaron aliados entre los peores vecinos del planeta, como Venezuela o Irán.

Este retorno es claramente aprobado por la población argentina, la que no quiere sentirse como un pendenciero global, sino que pretende ser al menos un ciudadano global correcto. Lo que no parece muy claro es si están al tanto de los costos que esto implicará, de los esfuerzos que el país deberá realizar para alcanzar ese objetivo.

He aquí un ejemplo: Argentina quiere pertenecer a la OCDE, que es algo así como un club de países desarrollados para compartir políticas públicas y reducir barreras o compatibilizar regulaciones relacionadas con inversiones, servicios, intercambios y otras normas que puedan afectar las relaciones entre los países miembros.

Pero como en muchos clubes, el ingreso tiene un costo; muchas veces hay que pagar o es necesario ser presentado por algunos que ya son miembros o hay que acreditar una determinada condición. Da la sensación de que en Argentina se avala la intención de pertenecer a grupos como éste, pero hay poca discusión sobre los requisitos necesarios para la membresía.

En estos días, algunas noticias por otra parte del continente dan una muestra de lo que esto puede significar. Un caso interesante para seguir es el de Colombia, país que también quiere ser miembro de la OCDE y ha iniciado el proceso de admisión un poco antes. Colombia se encuentra varios escalones por encima de Argentina en cuanto a libertad económica se refiere y le lleva a Argentina 34 puestos en el Índice de Calidad Institucional, ha mejorado 145 posiciones desde 2007. En el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation se encuentra en el puesto 42, mientras que Argentina está 144.

No obstante, Colombia no tiene el camino fácil. Por un lado, ha estatizado alguna empresa de  servicios públicos, enfrenta demandas en la OMC por los requisitos de certificación de origen de los productos importados que sean catalogados como de riesgo “medio” o “alto” y, en algo que Argentina aún está peor, ha sido señalado como un país que no tiene una protección de la propiedad intelectual apropiada: http://thehill.com/opinion/international/359996-colombia-must-enact-reforms-before-joining-rest-of-world-on-the-economy

No hay un control de la piratería y hay ciertas intervenciones en el mercado de productos farmacéuticos que parecen no cumplir con las normas internacionales. El documento que presenta el camino para el acceso de a la OCDE (Roadmap for the Accession of Colombia to the OECD Convention) del año 2013, reclama el seguimiento de las mejores prácticas en políticas de ciencia y tecnología, lo que incluye la protección de los derechos de propiedad intelectual, desarrolladas por el Comité respectivo.

La OECD tiene además un consejo consultivo empresario que se llama The Business and Industry Advisory Committee, que presenta recomendaciones a la organización y, al respecto, llama la atención que si bien ha mejorado algo las normas sobre la declaración de interés público de un determinado producto farmacéutico, que sería el primer paso para el otorgamiento de una licencia compulsiva (que elimina el efecto de una patente y permite copiar un producto patentado), con lo que el Ministerio de Salud buscaría reducir precios en el mercado, otras normas todavía mantienen abierta la posibilidad de intervenir en los precios de los productos. Al mismo tiempo, alguna agencia gubernamental (INVIMA) ha negado la protección de los datos que sustentan las investigaciones y pruebas de productos patentados, motivo por el cual el país está recibiendo reclamos de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en los tratados sobre la materia (TRIPS).

En fin, se trata solamente de un ejemplo, de lo que puede esperar más adelante a la Argentina en este mismo camino que Colombia ya está recorriendo, partiendo de una situación que es peor a la de ese país en algunos aspectos. Y dadas las resistencias que aquí se generan cuando se afectan los intereses de algunos grupos locales que han crecido al amparo de alguna protección o privilegio, más vale que, si persisten en el objetivo de integrarse a la OECD, vayan removiendo los obstáculos que ya están allí delante.

Alberdi sobre las escuelas económicas y a cuál pertenece la Constitución. Luego cambiaron la escuela, así nos fue

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Con los alumnos de la UBA Derecho comenzamos a ver el libro de Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”. En su introducción, Alberdi analiza las distintas escuelas económicas y a cual pertenece la Constitución:

Alberdi 3

“Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas:

1° Las fuerzas o agentes productores, que son el trabajo, la tierra y el capital.

2° El modo de aplicación de esas fuerzas, que tienen tres fases, la agricultura, el comercio y la industria fabril.

3° Y, por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas.

Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión, que ha dividido los sistemas económicos: – En e1 interés de la sociedad, ¿vale más la libertad que la regla, o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo a su entera libertad, o vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diere gana, o conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio, o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres, o algunos deben ser excluidos y prohibidos, con miras protectoras?

He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad.

Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.

La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.

A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.

Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.

Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.

La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.

En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. «Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.» Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.

A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.”

Más ejemplos de las donaciones privadas a la Sociedad de Beneficencia, su paso a Fundación Eva Perón, y su fin

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  • Más ejemplos de las donaciones que recibía la Sociedad de Beneficencia:
  • “Finalmente, el pabellón Concepción Orgeira de San Martín, antes de terminar ese año [1908], aumentaba con 65 camas la capacidad del Hospital de Niños; y, sin contar otras conquistas menores, con donativos de las señoras Dolores Pizarro de Olivera, Isabel Eguren Guerrico y Laura Atucha de los Santos, y señores Alejandro y Ricardo Cernadas, se daba comienzo a la construcción de los denominados ‘Mercedes de Lasala y Riglos’ y ‘Estanislada Cossio de Gutiérrez’.” (P. 256.)
  • “Al altruismo de don Federico Garrigós, de don Juan Ravenna, de don Enrique Martínez y de su esposa, doña Josefa Sáez, debe el establecimiento sus primeras y notables instalaciones [Hospital Nacional de Alienadas en General Rodríguez]. Más tarde, en 1921, la señorita Victoria Aguirre, ejemplar benefactora de necesitados, dotó al Hospital López y Planes de la única Maternidad para tuberculosas existente en el país.” (P. 262.)
  • “En 1916, gracias al desprendimiento del ingeniero don Rómulo Otamendi, se logra instalar en pleno campo, en el hermoso “Asilo Estela Matilde Otamendi”, situado en el pueblo de San Fernando, alrededor de 200 niñas de 3 a 7 años de edad, facilitándose con ello, y en inmejorables condiciones, la ardua cuestión de alojar en viviendas higiénicas, y fuera del radio urbano, a los pequeños expósitos, después del período de la crianza” (p. 273).
  • “[…] la señora María Unzué de Alvear donó, en la provincia de Buenos Aires, cerca de la Estación Don Torcuato, 716 hectáreas de magníficas tierras, y la suma de 500.000 pesos para las construcciones indispensables en una colonia agrícola-modelo-.”(p. 275).
  • “Al año siguiente, un nuevo legado, esta vez de la señora de Stewart, permite inaugurar en el Asilo General Martín Rodríguez, el pabellón María Pérez de Arroyo.” (p. 276.)
  • “Con el legado de doña Cornelia Pizarro, cuya liquidación excedió de 580.000 pesos, fue erigido el ‘Instituto José María Pizarro y Monje’ para la enseñanza y adiestramiento de 250 niños huérfanos […].” (p. 281.)

 

Estas experiencias no agotan la invalorable tarea de la entidad pero resultan ilustrativas para esclarecer el papel de la caridad privada y la ayuda voluntaria en una economía de mercado. La Sociedad de Beneficencia, si bien había tenido un origen mandatorio, en forma creciente se había desarrollado como una entidad de alto contenido propiamente filantrópico. El libre mercado creaba prosperidad y ésta hacía posible la caridad. Era tradición que se ofreciera la presidencia honoraria a la esposa del que fuera presidente. Cuando asume Perón ese cargo, Eva su esposa se reúne con los directivos y éstos le negaron el cargo con la excusa de su juventud. Perón dispuso la clausura y disolución de la Sociedad, todos sus activos pasaron a manos del Estado y luego a la Fundación Eva Perón, la que empezó a recibir aportes que compulsivamente se obtenían de los trabajadores. Con la caída de éste pasaron a manos del Estado.

Más sobre la historia de la Sociedad de Beneficencia: cuando el país se enriquecía, las donaciones se multiplicaban

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Más sobre la historia de la Sociedad de Beneficencia:

Merecen un párrafo aparte el caso de donaciones provenientes de instituciones sociales privadas de distinto tipo, entre las cuales sobresalen el Jockey Club y el Museo Social Argentino, el Consejo Nacional de Mujeres, la Liga Social Argentina y la Cruz Roja Argentina.

Con el crecimiento del país y el aumento de la riqueza, la sociedad comienza a incrementar sus actividades basándose en las donaciones voluntarias de los ciudadanos. Se hace tangible el correlato entre libertad, progreso y caridad. El marco desregulado que se vivía permitía el florecimiento de actividades productivas, lo cual a su turno originaba donaciones privadas de enorme importancia. Algunos ejemplos que Correa Luna cita en su libro conviene rememorarlos:

  • “Contemporáneamente, para aliviar los males de las inundaciones del Uruguay y de San Juan, lo mismo que para socorrer a los inmigrantes sin recursos, o a las familias arruinadas en la catástrofe ferroviaria de Bancalari, o a los infelices indios de la Tierra del Fuego, la Sociedad desarrolló, con ayuda de la prensa, ingeniosas campañas filantrópicas que produjeron inmejorables resultados” (p. 220).
  • Comenta Correa Luna (1923, p. 222) : «Fue el primero, para la cura de pequeños convalecientes, el famoso sanatorio Marítimo de Mar del Plata, que planeado en enero de 1893 por los doctores Antonio Arraga, del Hospital de Niños, y su colega Juan M. Bosch, de la Casa de Expósitos, llegó a inaugurarse el 14 de septiembre con 49 asilados, siendo lo más original de su primitiva historia, que ni los 18.000 pesos de la adquisición del edificio, ni los muchos más empleados en agrandarlo y mantenerlo, salieron del peculio oficial, sino, íntegramente, de cuantiosos donativos particulares hechos a la institución con tal objeto. En 1896, en 1901 y en 1904, gracias a la generosidad de los señores Roverano, Ernesto Tornquist y señora Ana K. de Fahy, no sólo aumentó considerablemente la extensión territorial del sanatorio, sino su superficie cubierta, hasta superar el cuádruplo, cuando menos, de la antigua capacidad. Por último, el transporte de enfermos, gratuitamente efectuado entre Buenos Aires y el balneario, por la empresa Ferro-Carril del Sud, contribuye no poco, desde hace treinta años, al feliz funcionamiento de este Asilo, verdadero lugar de salvación para la infancia desamparada y enfermiza».
  • “En 1891 la Sociedad inicia los consultorios externos en el Hospital Rivadavia con servicios de maternidad, ginecología, cirugía general, clínica médica, piel y sífilis, oftalmología, otorrinolaringología, odontología y vacunas. El sistema es extendido a los demás hospitales. En 1904, un grupo de admiradores del malogrado doctor Francisco Ayerza enriquecía el Hospital con el pabellón de su nombre. Teníase ya, también recientemente edificado, un pabellón para diftéricos; y en breve, con el legado de la señora Isabel Millán y las donaciones de la señora Hortensia Aguirre de Leloir y del señor y señora de Balcarce, levantáronse dos más, uno para enfermos de tiña y otro para escarlatinosos” (p. 247).
  • “En 1907, gracias al noble desprendimiento de la señorita Victoria Aguirre y a la ayuda del Jockey Club, consiguióse levantar en la Casa de Expósitos el grandioso pabellón «Carlos Pellegrini» con capacidad de 96 cunas y 48 camas. Poco antes, los herederos de las señoras Juana Areco de Viera y Eloísa Frías de Martínez de Hoz dotaron de modernas incubadoras a la casa” (p. 254).
  • “Dos meses después, por donación de los hermanos Manuel J., Héctor, César, Luis y Clara Cobo de Anchorena, la Sociedad inauguraba en el Hospital Rivadavia el magnífico pabellón que lleva él nombre de aquella familia” (p. 255).

Cuando la ayuda social, incluso con fondos públicos, no era politizada ni se demandaba en las calles: la Sociedad de Beneficencia

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A fines de 1855 establece una casa correccional de mujeres. En 1871 la Sociedad funda el Asilo de Huérfanos debido a los estragos que causó la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires. El 7 de febrero de 1873 abre el Asilo de la Pobreza y el Trabajo que estaba destinado a “la instrucción y mejora de las huérfanas indigentes de más de doce años, y de las adultas condenadas por el juez correccional”.

“Para establecerlo -decían las damas de la comisión fundadora, señoras De Sacriste, Elortondo, Lavalle y Castro- apelamos al auxilio del público, recolectando donativos en la ciudad y en varios pueblos de campaña, levantando suscripciones, organizando rifas, y consiguiendo así algunos fondos aumentados por el producto de una función teatral. Todo ello dio muy cerca de 450.000 pesos moneda corriente, de los cuales 230.000 se invirtieron en refaccionar una casa alquilada en Almagro, y en adquirir -agregan las señoras- sesenta camas completas, cincuenta y tres mesas de noche, cuatro grandes mesas de comedor, ocho bancos, sillas, ropas, calzado, loza, cubiertos, lámparas de kerosene, cocina económica, y batería suficiente para ciento cincuenta personas, máquinas de lavar, de coser y otros objetos.” (Correa Luna, 1923, p. 205)

El 19 de abril de 1875 se instala el Hospital de Niños, que luego en el año 1896 fuera trasladado y ampliado en el terreno que ocupa actualmente (hoy Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez), luego una escuela para ciegos en el Asilo de Huérfanos y gracias a las donaciones de Videla Dorna y Drysdale, se inaugura el Hospital de Mujeres, llamado Hospital Rivadavia. En 1888 organizan el primer corso de Carnaval para recaudar fondos para el Hospital de Niños.

Desde 1880 hasta mediado del siglo XX, la Sociedad de Beneficencia continuará desarrollando una vasta obra, tratando de ubicarse siempre de manera ventajosa en relación con el financiamiento estatal pero controlando privadamente el destino de los fondos.

A pesar del financiamiento estatal, la Sociedad de Beneficencia contó con el apoyo de donaciones privadas, legados, y organizó actividades de recaudación de fondos. Aunque el aporte privado fue, en términos relativos, inferior al público, no por ello puede decirse que fuera escaso. Incluso en algunos casos (1907, 1911), los primeros fueron mayores que los segundos. Cabe señalar la dificultad en la estimación de los aportes privados, debida que las donaciones privadas contempladas en el presupuesto de la Sociedad se referían solamente a las realizadas en efectivo. Según diversas fuentes, la Sociedad de Beneficencia recibió también importantes tierras, campos y otros inmuebles de manos privadas.

Los aportes privados se canalizaron a través de distintas formas. Por una parte, de las familias tradicionales a partir de legados o donaciones que contribuyen a diversas obras de la sociedad, generalmente entregando su aporte con un propósito específico (el equipamiento de un hospital, la construcción de un asilo, etc.). Como ejemplo de esto Passanante (1995, p. 26) señala:

“… Gath & Chaves Ltda. remitió desde el año 1927 vales y víveres para repartir entre los pobres que socorre la Sociedad; Harrod’s Ltda. hace la misma donación. La sociedad anónima de la confitería El Águila, en 1934 donó golf miniatura para el Asilo de huérfanos y la librería católica Noel entrega una biblioteca movible con 230 volúmenes con destino al Instituto de la Maternidad…”.

Afirma la autora que existen registros de donaciones de honorarios efectuadas por hombres de destacada actuación pública y política. Cabe citar como ejemplo el caso de Leandro N. Alem, quien donó sus dietas de diputado en 1879; Lucio V. López, quien hace lo mismo en 1880; el presidente Juárez Celman en 1884; Hipólito Yrigoyen de 1884 a 1902 dona su sueldo de profesor normal y entre 1916 y 1922 sus emolumentos presidenciales.

Las campañas de recaudación de fondos fueron de lo más novedosas: obras de teatro y conciertos a beneficio, campañas de recolección, loterías, donaciones empresarias e incluso la instalación de alcancías de hierro en los tranvías y coches de ferrocarriles que circulan por Buenos Aires.[1]

[1] El 14 de abril de 1892, el Diario La Prensa publicó que “se ha indicado a la Sociedad de Beneficencia la conveniencia de invitar a las empresas de tranways y de algunos ferrocarriles que llegan y entran a la Capital a instalar en los coches alcancías de hierro con el fin de recibir las donaciones con que se quisiera ayudar al fondo no siempre suficiente con que aquella dignísima asociación sostiene tantos y tan útiles establecimientos de caridad”. Passanante, María Inés, (1995), p. 28.

Calidad institucional y límites al oportunismo político: límites al déficit fiscal, al endeudamiento, al crecimiento del gasto

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Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

Límites al endeudamiento

Estos límites pueden ser de dos tipos. Como en el caso del Tratado de Maastricht, se puede establecer un tope al endeudamiento total, en este caso del 60% del PIB. Tendrá que incluir, por supuesto, algún mecanismo de control y sanciones por incumplimiento. El otro puede ser como el que existe en los Estados Unidos, donde el Congreso establece un límite sobre el monto total de la deuda permitida —esto es una cantidad de dólares, no un porcentaje sobre el PIB—, techo que, cuando se alcanza, no puede ser superado: el Gobierno no puede emitir más deuda, a menos que sea modificado por el Congreso.

No obstante, la imagen siguiente es bastante clara respecto a la capacidad de este mecanismo para imponer algún tipo de límite, cuando la voluntad política y el control de los votantes no existen (Boaz 2011):

 

Otra forma de restringir el endeudamiento se refiere a su proceso de aprobación, entre los que se encuentra la que demanda que toda emisión de deuda sea aprobada por los votantes en un referéndum o por mayorías parlamentarias especiales, hasta llegar a la prohibición constitucional absoluta (Kiewiet y Szakaly 1996). Otra alternativa, aplicada por algunos gobiernos regionales en España, es limitar el plazo del endeudamiento de tal forma que se permita solamente el de corto plazo, lo que significa que la deuda debe ser cancelada dentro del propio ejercicio presupuestario. Kiewiet y Szakaly (1996), consideran que entre los estados en los Estados Unidos, veintiuno demandan la aprobación por referendo y doce por mayorías especiales, que pueden estar conformadas por tres quintos o cuatro quintos de los representantes.

No obstante, estos autores estiman que los gobiernos buscan, y muchas veces encuentran, diversos caminos para eludir esas restricciones, como, por ejemplo canalizar el endeudamiento por agencias estatales especiales que no están sujetas a ese tipo de control. ¿Sería efectivo un límite a través del voto popular emitido en referendo? Se puede argumentar que los votantes estarían predispuestos a aprobar el endeudamiento, porque disfrutarían del gasto ahora y lo terminarían pagando futuros votantes. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no actúan de esa forma y tienden a rechazar el endeudamiento.

Los Estados que tienen más de un control muestran menores niveles de endeudamiento, siendo el referendo popular mediante el voto el que mayor éxito muestra, junto con la prohibición total.