Alberdi: el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco, ‘máquina servil de rentas’

Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina, de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, vemos a Juan Bautista Alberdi en su libro “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”, donde analiza los principios que inspiraran a la Constitución. ¿Cuál es el camino de la riqueza, promover la del fisco o la de los habitantes?  Esto dice:

Alberdi 2

“…detengámonos en la observación de un hecho, que constituye el cambio más profundo y fundamental que la Constitución haya introducido en el derecho económico argentino. Ese hecho consiste en la escala o rango preponderante que la Constitución da a la producción de la riqueza nacional, sobre la formación del Tesoro o riqueza fiscal. ¿Quién creyera que a los cuarenta años de principiada la revolución fundamental fuese esto una novedad en la América antes española?

La Constitución argentina es la primera que distingue la riqueza de la Nación de la riqueza del gobierno; y que, mirando a la última como rama accesoria de la primera halla que el verdadero medio de tener contribuciones abundantes, es hacer rica y opulenta a la Nación.

Y, en efecto, ¿puede haber fisco rico de país desierto y pobre? Enriquecer el país, poblarlo, llenarlo de capitales. ¿Es otra cosa que agrandar el Tesoro fiscal? ¿Hay otro medio de nutrir el brazo, que engordar el cuerpo de que es miembro? ¿O la Nación es hecha para el fisco y no el fisco para la Nación?

Importaba consignar este hecho en el código fundamental de la República, porque él solo constituye casi toda la revolución argentina contra España y su régimen colonial.

Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, somos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar.

El sistema económico de la Constitución argentina hiere a muerte a este principio de nuestro antiguo y moderno aniquilamiento, colocando la Nación primero que el gobierno, la riqueza pública antes que la riqueza fiscal. Pero en economía, más que en otro ramo, es nada consagrar el principio; lo que más importa, lo más arduo es ponerlo en ejecución. No se aniquila un régimen por un decreto, aunque sea constitucional, sino por la acción lenta de otro nuevo, cuya creación cuesta el tiempo mismo que costó la formación del malo, y muchas veces más, porque el destruir y olvidar es otro trabajo anterior. El moderno régimen está en nuestros corazones, pero el colonial en nuestros hábitos, más poderosos de ordinario que el deseo abstracto de lo mejor.”

Límites al oportunismo politico. Otros dos: aprobación electoral de impuestos y que sean explícitos

  1. Aprobación electoral de nuevos impuestos o alícuotas

La limitación para crear nuevos impuestos está en la raíz de la historia de la república moderna y la limitación del poder absoluto del gobernante. Formaba parte de la Carta Magna (1215) aquél famoso principio “no habrá impuestos sin la aprobación de los representantes”. En casi todas las constituciones, los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso, por los representantes de los votantes.

En las democracias modernas esta restricción funciona cuando el poder se encuentra dividido, por ejemplo, cuando el parlamento está controlado por un partido político o coalición diferente al control del poder ejecutivo. Un ejemplo en Estados Unidos es  cuando el presidente es demócrata y el Congreso está controlado por los republicanos. Cuando ambos poderes se encuentran controlados por la misma mayoría el control se diluye o directamente no existe.

Es por eso que se sugiere como mecanismo de control del gasto que cada vez que se quieran crear nuevos impuestos o subir las alícuotas se las someta a la consulta de los votantes por medio de un referéndum. La ventaja de este procedimiento es que los votantes pocas veces están dispuestos a pagar más impuestos a menos que el servicio que a partir de ellos se obtenga sea realmente apreciado y no pueda producirse con los recursos existentes. El problema que puede presentar es que la mayoría abuse de la minoría aprobando impuesto sobre ésta que ella misma no pagaría. No es de extrañar que muchas veces los representantes hayan  incluido a los impuestos dentro de una lista de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular.

  1. Impuestos explícitos

Relacionado con el punto anterior, las dificultades que tiene cada individuo para evaluar el verdadero costo del gasto público le impiden evaluar su verdadero peso. Resulta casi imposible para un individuo determinar cuál es la real carga impositiva que está sufriendo, porque el “precio” resulta borroso. En un intercambio normal de mercado existe un precio directamente visible y el costo resulta claro. Si consideramos en cambio una compra que se realiza mediante una cuota mensual (la cuota de un club, el pago de un seguro) la relación no es tan directa pero aún es fuerte. Sería comparable a que un ciudadano recibiera una factura mensual por todos los servicios que le brindara el Estado.

En cambio, si esos pagos se deducen de su recibo mensual de sueldo, la relación es un poco más débil, ya que no hay un acto de “pago”, no hay que tomar una decisión positiva para realizarlo.

Algo similar sucede con los impuestos: los indirectos son menos obvios y evidentes que los directos, sobre todo si es necesario preparar una declaración anual y pagar un determinado monto. Menos lo son sin esos pagos se deducen directamente del salario. En cuanto a los indirectos, menos evidentes son si aparecen como parte del precio y no en forma separada. Y menos aún si el gasto se financia vía inflación, considerada a menudo como un “impuesto”[1].

Con esas percepciones debilitadas, terminará aceptando niveles de gasto más altos de los que estaría dispuesto a pagar. No extraña que el crecimiento del gasto público haya llegado con la multiplicación de estos modos de esconder su verdadero peso.

Por eso, una alternativa para facilitar la evaluación de costos y beneficios del gasto público es explicitar los impuestos: que el impuesto indirecto aparezca separado del precio del producto o servicio y haga evidente ese pago adicional. Imaginemos un conductor que llena su tanque de combustible y recibe el siguiente mensaje: “$30 de combustible y $ 70 de impuesto”; que el impuesto directo demande un acto explícito de pago; que distintos servicios gubernamentales demanden un pago directo para recibirlos.

[1] “Una persona no recibe un paquete divisible y transferible de servicios gubernamentales. Y no paga un precio “directo” por el acceso o uso de servicios públicos provistos por el gobierno. Tampoco recibe una factura mensual o trimestral como las que recibe de electricidad o teléfono. Los pagos para los servicios provistos públicamente son extraídos de distintas formas. Sus ingresos o ganancias pueden recibir impuestos, los productos que compra pueden estar sujetos a impuestos indirectos; su propiedad puede estar tasada con objetivos fiscales y una cantidad de otras actividades estar sujeta a impuestos. En definitiva, cada persona, por supuesto, deberá entregar algo a cambio de los servicios gubernamentales. Pero este valor total no será independiente de su propia conducta reactiva o de la conducta de otros en la comunidad. Más aún, el individuo nunca recibirá una estimación externa y experta del valor que paga. Debe, a tientas, evaluar ese total, un proceso que será mucho más costoso, y dimensionalmente diferente, del que se requiere para evaluar los precios y el costo de los bienes que compre en mercados privados” (Buchanan & Wagner, 2000, p. 135).

Otro argumento que se utilizó para justificar las retenciones: redistribuir la ‘renta extraordinaria’

Del libro El Foro y el Bazar:

El atractivo económico y la conveniencia política toman como marco de referencia una ideología. El modelo del estado protector de derechos individuales del liberalismo clásico asignaba la función de proteger la libertad y la propiedad. Ya en el siglo XIX dicho modelo fue reemplazado por la función redistributiva del Estado benefactor. Sobre éste, el Estado “regulador” agregó luego nuevas funciones.

En este caso, la ideología genera una visión peculiar del Estado. Por cierto que le incumben las funciones distributivas y regulatorias pero se degrada la protección de la vida y la propiedad al punto que el “crimen” se convierte en una preocupación mayor para los votantes que el desempleo. [1] La redistribución es todo lo que importa, y se espera que también reduzca el crimen. [2] El papel del gobierno es puramente redistributivo, considerando que la riqueza no puede ser “creada”, solamente “distribuida”, a contramano de las lecciones de la economía durante los últimos 250 años.  Desde esta perspectiva el libro de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” no fue nunca publicado. El sector agropecuario, no es de extrañar, tendría que entender que el derecho de propiedad no se extiende al esfuerzo productivo, sino que está sujeto a la decisión del gobierno. Las retenciones, según esta visión, se convierten en un instrumento de “justicia social”, y el gobierno es quien la administra. Y la “justicia social” es necesaria porque las retenciones se apropian de lo que se denomina “rentas extraordinarias” que, supuestamente, sólo los productores agropecuarios reciben.

El término “renta extraordinaria” es un concepto marxista que se deriva del análisis de las ganancias capitalistas. Según Marx y el análisis del equilibrio clásico, la competencia entre capitalistas eventualmente eliminaría toda ganancia extraordinaria y dejaría solamente un retorno igual a la tasa de interés prevaleciente. Este no sería el caso en cuanto a las rentas de la tierra se refiere porque ésta es un recurso limitado que no puede ser reproducido y las distintas parcelas presentan diferentes grados de fertilidad. Como Marx basaba su análisis en la teoría del valor basada en el trabajo y el costo de producción, el precio de los productos agrícolas era formado por la productividad de las tierras menos fértiles, obteniendo las más fértiles una renta extraordinaria que no podía ser erosionada como en la industria debido a que no había más tierras fértiles que se sumaran a la oferta.

En verdad, el valor es transmitido desde el producto final a los factores básicos de producción, incluyendo a la tierra. Es debido a que los precios son suficientemente altos que las tierras menos fértiles son incorporadas a la producción. Por cierto, las mejores tierras obtienen una “renta extraordinaria” pero en esto no es nada diferente a cualquier otro recurso: los mejores cantantes de ópera obtienen más ingresos que los regulares, lo mismo con los mejores jugadores de fútbol, o los mejores escritores. ¿No debería aplicarse un impuesto sobre esas ganancias “extraordinarias”?  Ya existe, es el impuesto a las ganancias. No con un impuesto sobre el precio de venta de sus servicios. ¿Por qué entonces la diferencia?

Por otro lado, es necesario comprender que el precio de un activo está relacionado con sus rendimientos futuros. Es más, su precio actual es la suma del flujo de rendimientos futuros descontados. Si esos rendimientos esperados son “extraordinarios”, también lo es el valor de la tierra hoy. El que ha comprado un campo con rendimientos superiores, ha pagado también un precio superior y lo que ahora obtiene le dará una tasa de retorno que, como porcentaje de la inversión inicial, puede no ser muy diferente del retorno que se obtiene en tierras de menor valor. ¿Cuál es el precio de una hectárea en Pergamino y cuál en el sur de la provincia de Buenos Aires? Su diferencia ya refleja los niveles de rendimiento en uno y otro. La “ganancia extraordinaria” en el primero es simplemente un monto mayor necesario para recuperar un monto mayor invertido.

Finalmente, cuando hablamos de “tierra” estamos considerando todos los recursos naturales provenientes de la tierra, y éstos no son “fijos”. La oferta de tierra agrícola en Argentina se ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas gracias a la tecnología. Las semillas con genética, fertilizantes, irrigación, pesticidas y maquinarias han cambiado el significado de “fertilidad” en la tierra. Lo que significa que cuando existe alguna “renta extraordinaria” el capital y la tecnología fluirán hacia allí poniendo en marcha un proceso equilibrador que llevará eventualmente a obtener una tasa normal de retorno si no fuera que nuevas innovaciones y cambios en las preferencias de los consumidores ponen en movimiento al proceso una y otra vez.

[1] Gaffoglio, Loreley, “El miedo al delito le ganó en el país al desempleo”, La Nación, 6/12/09.

[2] En la ceremonia de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de 2009, Cristina Fernández de Kirchner decía:  “Escuché decir por ahí que yo era una persona a la que gustaba sacarles a unos para darles a otros; la economía -y todos ustedes lo saben- es, precisamente, administrar con los recursos que se tienen y con la contribución que hay. Siempre en economía, lo que se les asigna a unos, es porque se lo está sacando a otros, porque el único que pudo multiplicar los peces y los panes fue Jesucristo, el resto tiene que tomar decisiones en base a los recursos que se tiene”. Fernández de Kirchner, Cristina, Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, 1/3/09:

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5612&Itemid=66

Cómo siquiera explicar que hubo impuestos (retenciones) a las exportaciones por más de diez años

Del libro “El Foro y el Bazar”:

Los gobiernos obtienen un beneficio político de corto plazo con el incremento de los ingresos fiscales que pueden redistribuir a través de todo tipo de subsidios. También tienen el apoyo de los industriales locales y sus organizaciones junto a los poderosos sindicatos industriales. En este último caso una devaluación, al incrementar los precios de los productos locales, impacta directamente en el poder adquisitivo de los salarios, reduciéndolo. Por lo tanto, un impuesto sobre las exportaciones crea un precio local menor para algunos alimentos y un salario real mayor (aunque la soja no es parte del consumo local).

Estos grupos están activos en forma permanente, mientras que los productores agrícolas sólo esporádicamente.[1] Un razonamiento similar utiliza Pedro Isern (2007), argumentando que pese a que los sectores más productivos tienen menores incentivos para desarrollar un lobby eficiente que los sectores menos productivos, la brecha entre la eficiente productividad del sector agrícola y su pobre fuerza política es, en este caso, inusual[2].

Esta puja distributiva toma la forma de un “ciclo populista” que comienza con una política expansionista de “dinero fácil para todos”, generando crecimiento a expensas de las perspectivas a largo plazo de la economía, usualmente no fácilmente visibles, con desequilibrios crecientes (déficits fiscales y de balanza de pagos, fuertes incrementos en costos y demanda, etc.) y creciente inflación. Luego de unos años la economía entra en crisis y requiere medidas severas de estabilización (devaluación, caída de los salarios reales).

Isern introduce cuatro condiciones para explicar el “ciclo populista” de largo plazo en Argentina: una inusualmente alta productividad del sector agrícola que le permite producir y exportar aún con tales impuestos, controles al tipo de cambio y proteccionismo agrícola y subsidios en la mayoría de los países desarrollados; una inusualmente baja capacidad de organización política debido a la dispersión geográfica y la misma productividad que mantiene rentables a las operaciones aún con esas cargas; la elevada organización política del sector urbano-industrial, concentrado en las grandes ciudades (particularmente la capital y el centro de las decisiones, Buenos Aires) y la baja productividad de este sector, siempre requiriendo protección y subsidios y necesitando un sector productivo (el campo) de donde extraer rentas.

No obstante, los cálculos políticos salieron mal, y el gobierno perdió el control del Congreso luego de las elecciones legislativas de Junio de 2009. Como mostró la rebelión fiscal de 2008, los productores agrícolas no eran tan pocos ni estaban tan aislados. Los fideicomisos y los “pools” de siembra mencionados antes comenzaron a unir poblaciones locales en apoyo de la producción: ahora el dentista local o el abogado de una ciudad pequeña de la Pampa tenía sus ahorros invertidos en un fideicomiso produciendo soja; el vendedor local de tractores está directamente ligado a la prosperidad agrícola, los jóvenes graduados se involucran en genética y reproducción animal, un nuevo espíritu emprendedor se expandía por toda la región.

En 2010 un 50/60% de toda la producción agrícola no la realizan los dueños mismos de la tierra sino los fideicomisos y pooles de siembra. Esto significa que el número de personas vinculadas a ella a través de inversiones de capital es mucho mayor que en el pasado, como la extensión de la propiedad accionaria en el capitalismo anglosajón. Un gran número de gente, la mayoría en pueblos y ciudades de la Pampa, son ahora “accionistas” del campo. Son el típico inversor de capital, asumiendo el riesgo no solamente de las condiciones meteorológicas y del mercado sino también el de las políticas públicas. La inversión individual en estos fondos creció  de 320 millones de pesos en 2004/5 a 950 millones en 2008/09 (aunque cayó a $630 en 2009/10). [3]

[1] Adolfo Sturzenegger (2007), considerando los intereses divergentes como parte de un “mercado político” explica: “…se asume que cada lado de ese mercado tiene grados diferentes de acción colectiva. Mientras el lado pro-retenciones se mantiene siempre activo en su acción colectiva, el otro lado sólo se activa fuertemente cuando la rrh [renta real por hectárea] efectiva se ubica por debajo de un nivel que se considera insostenible, por ejemplo, esa rrh o margen bruto, no alcanza para pagar los servicios del financiamiento que se estuviera utilizando, o no alcanza para un nivel de retiros por parte de los propietarios agrícolas aceptable. Cuando, por el contrario, el nivel de la rrh está claramente por encima de aquel nivel insostenible, este lado está de hecho inactivo. En realidad en todo momento parece ejercer acción colectiva en defensa de los intereses del grupo pero la misma es sólo simbólica y figurativa (protestas anuales en la Sociedad Rural, asiduas declaraciones de insatisfacción por parte de todo dirigente rural) que difícilmente alcance para modificar los niveles de discriminación. Por el contrario, cuando no se alcanza la rrh sostenible, el grupo masiva y vigorosamente se activa y, en general, se logra reducir el nivel de discriminación. Estos grandes cambios en los niveles de acción colectiva de grupos de presión integrados por enorme cantidad de miembros y dispersos en el territorio, está bien comprobado en la literatura, Olson (1971), Findlay y Wellisz (1982)”. (p.19)

[2] “La puja distributiva en la Argentina contemporánea ha sido un juego de suma cero. Pero lo que resulta analíticamente relevante de este juego de suma cero no es su existencia (como cuestión de política económica) sino su perdurabilidad en el tiempo. La cuestión es por qué el ‘ciclo populista’ que originó la puja distributiva no puede ser neutralizado luego de las sucesivas crisis que ocasionara” (Isern, 2007).

[3] Bertello, Fernando, “Cayó 30% el aporte de inversores externos al campo”, La Nación, 7/12/09.

Límites al abuso de poder: límites al gasto, endeudamiento e impuestos, y que éstos sean explícitos

Con los alumnos de Applied Economics analizamos distintas limitaciones institucionales al abuso de poder que termina generando todo tipo de crisis económicas. Entre ellas, algunas se refieren a limitaciones en el gasto, en el endeudamiento, y también en los impuestos. Respecto a estos últimos:

La limitación para crear nuevos impuestos está en la raíz de la historia de la república moderna y la limitación del poder absoluto del gobernante. Formaba parte de la Carta Magna (1215) aquél famoso principio “no habrá impuestos sin la aprobación de los representantes”. En casi todas las constituciones, los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso, por los representantes de los votantes.

En las democracias modernas esta restricción funciona cuando el poder se encuentra dividido, por ejemplo, cuando el parlamento está controlado por un partido político o coalición diferente al control del poder ejecutivo. Un ejemplo en Estados Unidos es cuando el presidente es demócrata y el Congreso está controlado por los republicanos. Cuando ambos poderes se encuentran controlados por la misma mayoría el control se diluye o directamente no existe.

Es por eso que se sugiere como mecanismo de control del gasto que cada vez que se quieran crear nuevos impuestos o subir las alícuotas se las someta a la consulta de los votantes por medio de un referéndum. La ventaja de este procedimiento es que los votantes pocas veces están dispuestos a pagar más impuestos a menos que el servicio que a partir de ellos se obtenga sea realmente apreciado y no pueda producirse con los recursos existentes. El problema que puede presentar es que la mayoría abuse de la minoría aprobando impuesto sobre ésta que ella misma no pagaría. No es de extrañar que muchas veces los representantes hayan incluido a los impuestos dentro de una lista de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular.

Relacionado con el punto anterior, las dificultades que tiene cada individuo para evaluar el verdadero costo del gasto público le impiden evaluar su verdadero peso. Resulta casi imposible para un individuo determinar cuál es la real carga impositiva que está sufriendo, porque el “precio” resulta borroso. En un intercambio normal de mercado existe un precio directamente visible y el costo resulta claro. Si consideramos en cambio una compra que se realiza mediante una cuota mensual (la cuota de un club, el pago de un seguro) la relación no es tan directa pero aún es fuerte. Sería comparable a que un ciudadano recibiera una factura mensual por todos los servicios que le brindara el Estado.

En cambio, si esos pagos se deducen de su recibo mensual de sueldo, la relación es un poco más débil, ya que no hay un acto de “pago”, no hay que tomar una decisión positiva para realizarlo.

Algo similar sucede con los impuestos: los indirectos son menos obvios y evidentes que los directos, sobre todo si es necesario preparar una declaración anual y pagar un determinado monto. Menos lo son sin esos pagos se deducen directamente del salario. En cuanto a los indirectos, menos evidentes son si aparecen como parte del precio y no en forma separada. Y menos aún si el gasto se financia vía inflación, considerada a menudo como un “impuesto” .

Con esas percepciones debilitadas, terminará aceptando niveles de gasto más altos de los que estaría dispuesto a pagar. No extraña que el crecimiento del gasto público haya llegado con la multiplicación de estos modos de esconder su verdadero peso.

Por eso, una alternativa para facilitar la evaluación de costos y beneficios del gasto público es explicitar los impuestos: que el impuesto indirecto aparezca separado del precio del producto o servicio y haga evidente ese pago adicional. Imaginemos un conductor que llena su tanque de combustible y recibe el siguiente mensaje: “$30 de combustible y $ 70 de impuesto”; que el impuesto directo demande un acto explícito de pago; que distintos servicios gubernamentales demanden un pago directo para recibirlos.

Mariana, ya en el siglo XVI, tenía clara la relación entre gasto público, emisión monetaria e inflación

Con los alumnos de Económicas de la UBA vemos el artículo de Lucas Beltrán “El Padre Juan de Mariana”: http://www.hacer.org/pdf/Beltran00.pdf . Lucas Beltrán fue un economista español del siglo XX. Se graduó en Derecho en la Universidad de Barcelona y estudió economía en la London School of Economics. Algunos párrafos sobre la emisión de dinero y el gasto público:

Juan de Mariana

“Tal vez el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón ha de ser considerado como el pensamiento maduro y definitivo del autor, pues es uno de los últimos libros que publicó. En él Mariana empieza preguntándose si el rey es dueño de los bienes particulares de sus vasallos y contesta rotundamente que no. El autor acude a su distinción entre rey y tirano, a la que tanta afición manifiesta: “El tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia.”

De aquí deduce que el rey no puede exigir impuestos sin el consentimiento del pueblo, pues el impuesto significa la apropiación de una parte del patrimonio de los súbditos; para que tal apropiación sea legítima es preciso que los súbditos estén de acuerdo con ella. Tampoco puede el rey crear monopolios estatales, que serían un medio disimulado de exigir impuestos; en el lenguaje del autor, “si no es lícito poner pecho, tampoco lo será hacer esta manera de estanques sin voluntad de aquellos en cuyo perjuicio redundan”.

Y tampoco puede el rey obtener ingresos rebajando el contenido metálico de las monedas. Los monarcas de la Casa de Austria acudieron reiteradamente a este antiguo recurso tantas veces utilizado en todos los tiempos y todos los Estados. En España, en tiempo del Padre Mariana, la rebaja se hizo sobre todo en las llamadas monedas de vellón; éstas eran de una aleación de plata y cobre y hasta fines del siglo XV fueron perfectamente respetables; en los siglos XVI, XVII y XVIII su contenido de plata fue reducido reiteradamente hasta que finalmente las monedas de vellón se hicieron sólo de cobre y funcionaron como moneda fraccionaria de las piezas de oro y plata. También el contenido de metal noble de éstas fue reducido en algunas ocasiones, pero menos que en el caso de las monedas de vellón, que constituyen el tema del tratadito de Mariana.

Éste ve la cuestión con tanta claridad como un economista moderno: se da cuenta de que la reducción del contenido de metal noble de las monedas y el aumento de la cantidad de éstas es una forma de inflación (aunque no usa esta palabra, entonces desconocida) y que la inflación produce fatalmente elevación de precios: “que si baja el dinero del valor legal, suben todas las mercadurías sin remedio, a la misma proporción que abajaron la moneda, y todo se sale a una cuenta”.

Mariana ve que la inflación es un impuesto que recae sobre los que antes de ella tenían dinero, que ahora han de comprar las cosas más caras. Al argumento de que esto se puede evitar poniendo precios de tasa a las mercancías, contesta que la experiencia nos muestra que las tasas han sido siempre ineficaces. Siendo la inflación un impuesto, requerirá en todo caso el consentimiento del pueblo, pero aun con este consentimiento será siempre un impuesto dañoso y desorganizador de la vida económica: “este arbitrio nuevo de la moneda de vellón, que si se hace sin acuerdo del reino es ilícito y malo, si con él, lo tengo por errado y en muchas maneras perjudicial”.

¿Cómo se puede evitar el recurso al cómodo expediente de la inflación? Equilibrando el presupuesto por otros procedimientos. Mariana tampoco usa estas expresiones que utilizaríamos nosotros, pero ve el problema con precisión y todas sus propuestas tienden al mencionado equilibrio; es decir, consisten en reducciones de gastos públicos o aumentos de los ingresos. Propone, en primer lugar, gastar menos en la casa real, “que lo moderado, gastado con orden, luce más y representa mayor majestad que lo superfluo sin él”. En segundo lugar, “que el rey se acortase en sus mercedes”, es decir, que no recompense tan generosamente servicios (reales o supuestos) de sus vasallos; “que no hay en el mundo reino que tenga tantos premios públicos, encomiendas, pensiones, beneficios y oficios; con distribuirlos bien y con orden, se podría ahorrar de tocar tanto en la hacienda real o en otros arbitrios de que se podrían sacar ayudas de dineros”. “Veamos, si enviase yo a Roma a uno y le diese dinero para el gasto, ¿sería bien que lo gastase y diese a quien se le antojase o que se mostrase liberal de la hacienda ajena? No puede el rey gastar la hacienda que le da el reino con la libertad que el particular los frutos de su viña o de su heredad.”

Piketty: ¿por qué la diferencia de riqueza (honesta y sin privilegios) es un problema?

Resumamos hasta aquí las críticas a Thomas Piketty, quien visita Argentina, planteadas por David Henderson, en la revisión que hace de su libro en la revista Regulation, del Cato Institute: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/10/regulationv37n3-9_2.pdf#page=10

En el primero de los posts el tema fue que Piketty se concentra en la distribución de la riqueza pero no toma nota de su aumento durante estos dos últimos siglos. La diferencia entre ricos y pobres puede haberse mantenido, o incluso aumentar, pero también que la situación de los más pobres haya mejorado, que es lo que efectivamente ha ocurrido. En el segundo, toca el mismo tema pero enfatiza que Piketty no toma en cuenta la movilidad: los ricos no son siempre los mismos, algunos se incorporan a este grupo (sobre todo emprendedores exitosos, pensemos en Bill Gates o Mark Zuckerberg, entre otros), otros lo dejan (¿seguirán entre los más ricos los dueños de Kodak?). Últimos comentarios:

“Dado su énfasis, y desagrado por, la desigualdad y su conclusión que los dueños del capital tendrán una proporción creciente del producto económico, no es sorprendente que Piketty favorezca impuestos a los ricos mucho más altos. Argumenta brevemente que la tasa superior óptima en los países ricos es “probablemente sobre el 80%”. Sostiene que dicha tasa en ingresos mayores a $500.000 o un millón ‘no aportará mucha recaudación para el gobierno’’ (de acuerdo) sino que reducirá drásticamente la compensación de aquellos altamente remunerados. También sugiere un ‘impuesto global sobre capital’ con tasas crecientes a mayor riqueza. ‘Uno puede imaginar’, escribe, una tasa de 0% para activos netos menos de 1 millón de euros, 1% entre 1 y 5 millones de euros, y 2% por sobre 5 millones’. Uno puede imaginar muchas cosas, lo entiendo, como cada comentarista a favor o en contra lo ha hecho, que Piketty no está solamente ‘imaginando’ esos impuestos, sino que en realidad los propone. Agrego que ‘uno podría preferir’ un impuesto duro de ‘5 o 10% sobre activos sobre los 1.000 millones de euros’.

Pero si hay algo que sabemos en economía es que los incentivos son importantes. Un impuesto anual sobre el capital reducirá los incentivos a crear capital. Con menos capital, la productividad marginal de los trabajadores será menor. Resultado: la propuesta de Piketty de un impuesto sobre el capital perjudicaría a los trabajadores.”

… “Pero Piketty, en más de 600 páginas, no produce una explicación clara sobre porqué el aumento de la desigualdad es un problema en una sociedad donde lo que cada uno tiene en la vida mejora una y otra vez.

Entonces, llenemos ese vacío. ¿Cuán importante es el problema de la desigualdad? En mi opinión, si la gente obtuvo su dinero sin engañar a otros y sin recibir favores especiales del gobierno, entonces no hoy problema en que la gente se vuelva muy rica. Lo que realmente importa es la desigualdad en el consumo y aquí, las diferencias entre los más pobres y los más ricos son probablemente tan bajas como nunca lo han sido. La mayoría de las personas de bajos ingresos en Estados Unidos tienen TV color, celulares, refrigeradores, ropas confortables, y tres comidas al día. Eso no era así hace 60 años. O tomemos una visión más larga. A mediados del siglo XIX, los más pobres en USA eran probablemente esclavos. Sus muy ricos ‘dueños’ los trataban mal si así querían. Y aun si no querían, déjenme repetir que los pobres eran esclavos.

O consideremos más sutiles diferencias entre la clase media y los más ricos. Tendríamos que mirar con mucho detalle –al menos yo debería hacerlo- para ver la diferencia en la calidad de la ropa entre un billonario y alguien que posea, digamos, 100.000 dólares. Ambos pueden viajar en avión, pero el más rico puede llegar más rápido y fácil en su jet privado. Por cierto, el avión privado es más lindo, pero ¿es éste realmente un problema social?.”

Buchanan y Mises sobre el abandono de la austeridad fiscal antes y después de Keynes

James Buchanan y Richard Wagner escribieron un libro titulado “Democracia en déficit: el legado político de Lord Keynes”, publicado en 1977 y disponible gratuitamente acá: http://oll.libertyfund.org/titles/1097

El argumento central del libro es que el análisis y las propuestas de Keynes terminaron de relajar el espíritu “victoriano” de austeridad en la política fiscal y ya nunca más pudo frenarse el crecimiento del gasto público, los déficits y el endeudamiento si no es por el límite que impone el mismo mercado para financiar ese gasto, o en última instancia el colapso fiscal y monetario.

Era una idea compartida por otros autores, entre ellos Mises, quien escribe en “Restoring Europe’s State Finances”, una conferencia que dictara en 1924, señalando que ese cambio se había producido bastante tiempo antes:

“Hubo un tiempo en el que era sabiduría convencional que los impuestos son un mal a ser evitado en cuanto sea posible y que la única virtud de un ministro de finanzas era su frugalidad. En esos días los representantes del pueblo en el parlamento realizaban grandes esfuerzos para reducir las propuestas presupuestarias para ahorrarle a la población una excesiva carga impositiva. Desgraciadamente, este principio fue abandonado en las décadas previas a la guerra [Primera Guerra Mundial]. Una perniciosa doctrina surgió diciendo que había una diferencia fundamental entre el presupuesto público y el de cualquier familia. En los presupuestos familiares, se creía, los gastos estaban basados en el ingreso, mientras que en el presupuesto público eran los gastos los que determinaban los ingresos. Si bien ningún teórico fiscal se atrevió nunca a proclamar este principio abiertamente y sin reservaciones [Keynes entonces puede haber inaugurado la lista], sin embargo ha servido en general como la base de la discusión académica.”

“El principio fue reforzado por una singular interpretación de que solamente los impuestos indirectos sobre artículos de consumo masivo afectan a amplios sectores de la población, mientras que se creía que los impuestos directos castigaban solo a los ricos y a los propietarios, sin pesar sobre la economía en general.”

“Cuando sea que la discusión giraba sobre un gasto nuevo y popular, los representantes del pueblo se inclinaban a aprobarlo en tanto no fuera pagado por nuevos impuestos indirectos sino solamente por nuevos impuestos directos. Algunos de estos, por ejemplo el impuesto a la herencia o el impuesto a las ganancias de capital, se dirigen a la riqueza en la forma de capital como una fuente de ingresos fiscales. En el caso de impuestos sobre los ingresos y las ganancias, la idea original era que cayera solo sobre el ingreso real. Como resultado de la depreciación monetaria y la consiguiente imposición de ganancias “contables”, aun los impuestos sobre los ingresos y las ganancias se han convertido en impuestos a la riqueza. Una porción del capital existente ha sido consumido en impuestos, convertido en bienes de consumo y gastado. Por su misma naturaleza, la política fiscal ha reducido la riqueza de la economía. Pero tan grandes eran las ilusiones sociales y políticas que eso era considerado un rasgo deseable de la imposición directa que recaía sobre el patrimonio del país. Sentimientos de envidia como éste generaron la creencia que el empobrecimiento de los emprendedores y los dueños del capital era beneficioso para le economía. El hecho que la economía en su conjunto, no solo los dueños del capital, se volvía más pobre era totalmente olvidado.”

“El crédito fácil también cumplió un papel importante en la actitud desarrollada hacia un crecimiento del gasto público. En el pasado, aun los ministros de finanzas de estados grandes y ricos tenían serios problemas para tomar créditos aun modestos, y esos intentos muchas veces fracasaban. Esta situación cambió completamente en las décadas anteriores a la guerra.”

¿Una consulta popular para decidir si habrá un casino en nuestro municipio?

Pablo, lector de este blog en Neuquén, plantea un tema interesante para la discusión, y estoy seguro que los alumnos de Derecho, sobre todo, querrán opinar al respecto. Me dice lo siguiente:

“En la ciudad de Centenario, la cual es lindante a la de Neuquén capital se estaría por instalar un casino y diferentes asociaciones plantean juntar firmas y rechazar la instalación del mismo. El argumento que se esgrime es que no es el perfil de ciudad que se busca, porque los casinos fomentan la criminalidad, la prostitución etc, que no dejan o no invierten el dinero en la ciudad y que fomenta la ludopatía y el dispendio. En USA y acá, en Villa la angostura, han llegado a realizar referéndum para elegir si es conveniente tener un casino en la ciudad, sobre todo si esta es chica el peligro que se suele ver es mayor, en algún sentido el miedo se asemeja el existente con la explotación de la minería.”

“Por otro lado uno piensa que un casino no es una actividad ilícita, que la cuestión fiscal está asociada a la capacidad de recaudar del municipio, este tema es difuso por que en algunas ciudades se los acusa de estar en deuda con el fisco. Tampoco creo que es acertada la idea de crear un estado paternalista que vele por las “buenas elecciones de todos”.”

Casino

La noticia puede verse aquí: http://www.rionegro.com.ar/diario/el-casino-magic-se-instalara-en-centenario-4410913-9701-nota.aspx

¿Qué opinar al respecto?

En primer lugar quiero señalar algo positivo: que el tema se defina a nivel local (aunque podría cuestionarse porqué tiene que haber licencias especiales para esta actividad, que no se les pida a otras). Imaginen si fuera el estado nacional el que tuviera la atribución de otorgar las licencias para casinos. De esta forma, puede decidir la comunidad local, y hacerlo de dos formas que se analizan en el libro: la voz y la salida. Según la primera, pueden juntar firmas y llamar a una consulta popular para que los vecinos decidan si mayoritariamente quieren el casino o no. Por la segunda, a quienes les desagrade vivir cerca de un casino podrán moverse a otro municipio donde no los haya, y quienes quieran vivir cerca de uno al revés.

En segundo lugar, no quiero opinar acerca de las bondades de tener un casino cerca o no. Puede que haya algo más de recaudación tributaria para el municipio; también que tiente a la gente a ir a jugar en lugar de producir, etc. Anticipo que habrá opiniones sobre la “bondad” o “maldad” de la actividad para lo cual simplemente voy a señalar que no parece ser una actividad que viole los derechos de nadie. La gente va allí voluntariamente y entrega su dinero (o recibe) de la misma forma. Puede que no nos guste dejar el dinero allí pero tenemos la posibilidad de no hacerlo. No es algo que podamos decir de los impuestos: puede que no nos guste como se despilfarran pero no tengo la misma oportunidad que me da el casino: no pagar. Si repudiamos al casino porque nos incita a dejar nuestro dinero allí, al menos habría que decir algo de los impuestos que nos obligan también a dejarlo, muchas veces para algo que no nos sirve ni interesa.

En tercer lugar, puedo entender que haya gente que no quiera saber nada de tener un casino cerca y para ellos debería haber también “municipios libres de casinos” de la misma forma en que yo quisiera municipios con bajos impuestos y amplias libertades.

Por último, algo que personalmente tendría en cuenta para opinar localmente sobre el tema tiene que ver con los fines de esa mayor recaudación que esto promete. Creo que ése sería el punto central a discutir. Por ejemplo: ¿van a eliminar las tasas municipales y financiaremos al municipio con lo que deje el casino? ¿al menos las reducirán? ¿O es que los políticos locales quieren tener más dinero para gastar más? Y en todo caso, ¿en qué están pensando en gastarlo? ¿En algún servicio importante que aún no tenemos en el municipio, o en la mejora de alguno que hoy no funciona porque el dinero no alcanza?

En fin, creo que la respuesta a esas preguntas definiría mi posición en la consulta.

Hace poco puse un post sobre la tribu de los Seminoles en Florida, quienes son los dueños del Hard Rock Café y varios casinos. También propondría que los distintos grupos aborígenes de la zona pudieran poner casino en sus tierras si es que así lo desean.

Europa se va de vacaciones de verano, luego ya pueden trabajar para sí mismos

El Institute Économique Molinari de Francia presenta la quinta edición de su estudio sobre la carga fiscal en los salarios medios. Ese país, que supuestamente viene llevando adelante un “ajuste” fiscal, en verdad se encuentra en la anteúltima posición en Europa, sólo superado por Bélgica, y este año tomará dos días más que el año pasado para pagar su gasto.

Recién el 28 de Julio un trabajador con un salario medio podría comenzar a trabajar para sí mismo, habiendo recién completado el pago de todos los impuestos. Las fechas para los distintos países de Europa son las siguientes (los nombres están en francés porque los he copiado directamente, aunque se entienden).

 

Julio no solamente es un mes de vacaciones en el continente europeo sino también el mes en el que la mayoría ha completado esos pagos y, tal vez, pueden dedicarse a descansar antes de retomar el resto del año para trabajar para sí mismos.

 

Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août
1 Roumanie
6 Portugal 6 Belgique
7 Danemark
8 Slovénie
10 Estonie
12 Espagne 11 Allemagne
12 Royaume-Uni 13 Croatie
14 Pologne 14 Grèce
18 Bulgarie 18 Lituanie 16 Hongrie
19 Rép. Tchèque
21 Chypre 20 Finlande
20 Lettonie
20 Slovaquie
21 Pays-Bas
23 Suède 25 Autriche
28 Irlande
28 Malte 30 Luxembourg 30 Italie 28 France

El alza más importante tuvo lugar en Grecia, con una tasa de presión fiscal y social que pasó de 45,98% a 53,33% y la baja más importante, que no es mucho, en Italia del 52,12% al 49,55%.