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Los países con mejor calidad institucional: ¿tienen economías socialistas o mercados abiertos?

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Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos el Índice de Calidad Institucional 2016. Desde que comenzamos a hacerlo hay cuatro países que siempre han ocupado las primeras cuatro posiciones, aunque intercambiando entre sí: Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Suele pensarse que estos son países que tienen «socialismos de Mercado». ¿Es asi?

Vale la pena señalar, sin embargo, que todos ellos también ocupan destacadas posiciones en cuanto a las instituciones de mercado se refiere. Así, Noruega, que encabeza la lista en cuando a instituciones políticas ocupa la posición 18º en cuanto a las de mercado se refiere; Finlandia, segunda en este caso, está 13º en las de mercado; el tercer lugar de Suecia es con el puesto 17º en instituciones de mercado y el cuarto, Dinamarca, en el 9º. La relación es apropiada para disipar una visión existente que considera a esos países nórdicos como economías cuasi-socialistas. En verdad, son países con fuertes estados benefactores y altas tasas impositivas, pero con una apertura comercial y a las inversiones y una protección del derecho de propiedad y la libertad contractual como poco se encuentran en muchos otros países. Por otro lado, dos consideraciones son importantes en este caso: las elevadas tasas impositivas no lo son tanto y recaen sobre todo sobre los individuos, no las empresas. Por ejemplo, en el caso de Suecia, la tasa del impuesto a las ganancias corporativas es del 22%, mientras que en Suazilandia es el 27,5% y en Túnez o Tanzania del 30%. En Brasil es del 34%, en México 30%. En Noruega es del 34%, Finlandia 20% y Dinamarca 23,5%.

En cuanto a los impuestos a las personas en Suecia van desde el 31% al 60%; en  Noruega desde 0% al 47% (incluyendo un 8,2% de contribución a las pensiones); en Finlandia del 7,71% al 62% (incluyendo el impuesto nacional, el municipal y la contribución a las pensiones) y en Dinamarca del 30% al 48%. En cuanto a algunos países latinoamericanos en Argentina van del 9 al 35%; en Brasil del 0 al 27,5%; en Colombia del 0 al 33%, en Perú del 0 al 30%. Aunque siempre, por supuesto, resulta muy difícil hacer comparaciones debido a las distintas bases y deducciones vigentes en los distintos países, por un lado, y por otro, por las contraprestaciones que se reciben a cambio. En los países nórdicos las tasas impositivas a las ganancias empresarias son más bajas; las tasas a las personas más altas pero ellas reciben, a su vez, servicios de salud o educación gratuitos de calidad muy superior a los que obtiene un ciudadano latinoamericano aunque pague tasas menores. Y, además, en algunos casos como el de Suecia, los contribuyentes reciben ‘vouchers’ que les permiten un cierto grado de elección entre escuelas y hospitales privados o públicos.

Por otra parte, es más que destacable el desempeño de Suiza. No solamente encabeza el ICI por segundo año consecutivo sino que presenta el resultado más parejo, con un sexto puesto en las instituciones políticas y un cuarto en las de mercado. Suiza, además, ha logrado esto en un país con diversas culturas, idiomas y religiones, aprovechando las ventajas de la descentralización y las limitaciones al poder. La combinación de democracia representativa y democracia directa en los niveles federal, cantonal y municipal, un gobierno colegiado con rotación en los principales cargos ejecutivos y competencia fiscal entre los cantones ha logrado niveles de institucionalización destacados.

Escenarios para la economía global en 2050. Ninguno piensa en el colapso del estado benefactor

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Con los alumnos de International Business, Swiss Management Center, vemos un informe de Deutsche Post donde se plantean diferentes escenarios para la economía global en el año 2050: http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2012/the_world_in_2050.html

Y sí, hay gente que tiene que estar pensando en el 2050, mientras muchos apenas sabemos lo que va a pasar el año que viene. La falta de una moneda sólida en el mundo y de crecientes endeudamientos en los principales países del planeta debería alertarnos ya que habrá turbulencias. La crisis del 2008 va quedando atrás pero nada se ha hecho para evitar la próxima. Las políticas monetarias de los bancos centrales “generan” los ciclos económicos de auge y caíd

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos el capítulo “Competencia institucional y globalización” donde analizamos cómo la movilidad de los recursos genera una competencia entre jurisdicciones donde pesa la calidad de las instituciones:

El proceso competitivo del mercado es eficiente, porque obliga a los proveedores a prestar atención a los consumidores y a sus necesidades. Esto es así porque los primeros necesitan la aprobación voluntaria de los últimos en un intercambio que tiene que ser mutuamente beneficioso para realizarse. En el ámbito de las acciones del Estado eso no sucede, porque quien ofrece los servicios no requiere tal aprobación, al menos directamente. Esta desvinculación entre prestación y pago está en la raíz del problema, y mientras exista el problema de la ineficiencia del monopolio y el abuso de poder subsistirá.

En tal sentido, el proceso de competencia intra-, inter- y extra-jurisdiccional actúa como un mecanismo adicional de control, ya que establece límites a lo que se puede realizar sin el consentimiento explícito de los ciudadanos. En la medida que la movilidad de los factores ejerce presiones positivas y negativas, introduce un mecanismo de premios y castigos que fuerzan al gobernante a prestar atención a esos movimientos y actuar en consecuencia.

Pero estamos hablando de monopolios territoriales, con una imperfecta (aunque creciente) movilidad por parte de los ciudadanos y con imperfecta información respecto a los costos y beneficios provenientes de las distintas jurisdicciones, debido a la ausencia de precios en estos servicios. Por eso la competencia genera mejores condiciones mientras el individuo puede trasladarse, pero, al mismo tiempo, estamos lejos del grado de competencia que existe cuando, sin necesidad de hacerlo, puede optar entre un producto o servicio y otro. Un caso similar al comentado sería el existente en algunos países en relación con las concesiones de servicios telefónicos en redes donde existen distintos proveedores, pero cada uno de ellos con un monopolio regional: el individuo puede ejercer su poder de opción trasladándose de una región a otra, pero no dentro de una de ellas.

No obstante, como hemos visto, ese traslado existe y se hace más intenso a medida que se reduce el tamaño de la jurisdicción a cargo de la provisión del servicio . De ahí que las bondades de la descentralización vayan más allá que el conocimiento de las condiciones específicas de tiempo y lugar, al permitir un incremento proporcional de la movilidad y, por ende, de la competencia.

Las semanas previas a un acto electoral nos muestran una intensa actividad, que bien podríamos denominar “competencia”: los candidatos, al menos durante ese breve periodo, compiten entre sí. ¿Es esa la única competencia en el ámbito de la política? Después de todo, la definición de un “gobierno” es la de poseer el “monopolio” de la coerción y la palabra monopolio sugiere todo lo opuesto a competencia.

No obstante, el análisis económico de la política ha señalado dos formas en las que la competencia “entre gobiernos” se manifiesta. A una de ellas podríamos llamarla “competencia por comparación”: es aquella desde que la gente observa lo que pasa en el gobierno de al lado y demanda políticamente algo similar. Para eso no hace falta que la gente o los recursos se muevan de donde están. La otra forma de competencia es, precisamente, la que genera esa posibilidad de trasladarse de una jurisdicción a otra.

Que los capitales pueden trasladarse resulta claro, pero ¿son también móviles otros recursos? En concreto, ¿se traslada la gente comparando condiciones según un gobierno u otro? La respuesta es, por supuesto, afirmativa. Basta recordar las recientes noticias sobre los africanos que querían ingresar a Europa por Ceuta y Melilla o al ocasional balsero cubano. Suele decirse que, a nivel intergubernamental, la gente “vota con los pies”, y para tener una idea de la calidad institucional en cada caso solo hace falta observar de dónde quiere salir la gente y a dónde quiere entrar.

Los gobiernos están preocupados por esta competencia: la existente entre aquellos que pierden recursos, precisamente porque se les escapa su “base imponible”, y aquellos que los reciben, porque, se sostiene, en un mundo en competencia para atraerlos hay que reducir constantemente las tasas impositivas. Ahora bien, esta es una cuestión mucho más acotada que la anterior: ¿compara la gente distintas presiones impositivas y decide mudarse de un lado a otro cuando solamente hay diferencias en los impuestos?

a, no los suavizan. Sin embargo, nada de esto se menciona en el análisis del futuro de este reporte. ¿Y cuáles son los escenarios que encuentran?

Escenario 1: Una economía sin control, con colapso a la vista. Pero curiosamente a ese destino se llegaría por “un materialismo y consumo sin límites, alimentado por el paradigma del crecimiento cuantitativo y el rechazo el desarrollo sustentable.” EL comercio mundial ha florecido por la eliminación de las barreras comerciales, Asia es el centro de la economía y una super-red de transpote global asegura rápidos intercambios entre los centros de consumo. Pero el cambio climático lleva a desastres naturales.

Escenario 2: Mega-eficiencia y mega-ciudades. Un mundo en el que las ciudades son los grandes motores del progreso y el estado nacional queda en un segundo plano. Las ciudades se benefician del crecimiento “verde”. Para superar problemas como la congestión y las emisiones se han convertido en campeonas de la colaboración. Los consumidores cambiaron sus hábitos, los productos ya no tanto se compran sino que se alquilan.

Escenario 3: Estilos personalizados. La individualización y el consumo personalizado se han extendido por doquier. Los consumidores pueden diseñar y crear sus propios productos, con impresoras 3D. Esto se complementa con una infraestructura energética descentralizada.

Escenario 4: Proteccionismo paralizante. A partir de las crisis económicas, el nacionalismo excesivo y las barreras proteccionistas, la globalización se ha revertido. El desarrollo tecnológico es lento. Los altos precios de la energía y la escasez de su oferta llevan a conflictos internacionales sobre los recursos.

Escenario 5: Resistencia global, adaptación local. Describe un mundo caracterizado por un alto nivel de consumo gracias a la producción automatizada y barata. Pero el acelerado cambio climático y las frecuentes catástrofes naturales quiebran las cadenas de suministro global y se producen constantes fallas en la oferta. El paradigma económico cambia de la maximización de la eficiencia a la mitigación de la vulnerabilidad. Esto lleva a duplicar sistemas para superar esos inconvenientes aunque la eficiencia termina sacrificada.

En fin, puede ser que alguno o más de uno de los escenarios descriptos se produzca: el auge de las ciudades, la personalización del consumo. Pero tal vez el escenario más importante será el que determinará las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos ya que si hay una amenaza en el planeta actualmente es que tienen las manos libres para hacer lo que quieran, sin mayores controles y lo que quieren suele ser gastar y emitir. Todo, por supuesto, con los mejores argumentos acerca del impulso de la “demanda agregada” y las terribles amenazas de la deflación.

Tal vez haya que incorporar un escenario que describa el colapso del estado benefactor, hundido en un mar de deuda y emisión monetaria. ¿Y después?

Los ocupantes informales revelan aplicar, intuitivamente, una idea lockeana sobre la propiedad

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Del Cap 7: Soluciones Institucionales

Los ocupantes tienen una visión “lockeana” sobre el origen de los derechos de propiedad: posesión por ocupación. Cravino (2006, p. 160) informa sobre las siguientes formas para obtener una vivienda informal:

Ocupando o tomando un “lote” y construyendo la propia vivienda.

Accediendo a un pedazo de terreno o construyendo la vivienda detrás o sobre la vivienda de algún pariente.

Mediante el “allegamiento”: compartiendo la vivienda con un pariente o amigo, sobre todo por un periodo breve, mientras el recién llegado encuentra un lugar.

Viviendo en una casa prestada por algún pariente, vecino o amigo. Cravino (2009, p. 16) comenta la ambigüedad entre “cuidar” y “quedarse” en una casa. Incluso si es prestada, con el tiempo quienes tienen la custodia de la misma considerarán que han adquirido un derecho sobre ella, especialmente si han hecho trabajos de mantenimiento o mejoras.

Ocupación de viviendas deshabitadas (el dueño ha regresado a su país de origen, o está preso o prófugo). Normalmente esto requiere la aprobación de una organización comunitaria, un delegado o una iglesia.

En algunos casos —pocos— obtienen la vivienda del gobierno local.

Chávez Molina (2010) considera que ocurre lo mismo con la asignación de puestos en la feria informal de Francisco Solano. Este suburbio del sur de Buenos Aires es la sede de una de las ferias comerciales más grandes de la ciudad, que funciona los miércoles y sábados con más de mil seiscientos puestos, en los que se ofrecen alimentos, calzado, ropa  y todo tipo de productos falsificados. Aunque la feria como tal ha sido aprobada y es regulada por el gobierno local, el mismo solo ha autorizado seiscientos puestos y no hay control sobre los productos que se venden. De hecho existen como dos ferias dentro de la misma área: una más formal y la “cola”, como la llaman, completamente informal.

La existencia de estos mercados informales es visible en cualquier país no desarrollado e incluso en algunos que lo son. Lo que resulta relevante para nuestro propósito aquí es que no existe una regulación formal sobre el lugar que debe ocupar cada comerciante. Todos los entrevistados por Chávez Molina (2010, p. 153) dijeron que se habían “ganado” el lugar a través de la participación constante en la feria y las relaciones con otros comerciantes. Cualquiera puede instalarse en ella, comenzando en la “cola”, que es al final de la feria o en las calles laterales; y solo después de una participación constante y de cultivar las relaciones personales con los comerciantes ya establecidos se podrán mover a una mejor ubicación, cuando los lugares estén disponibles. Si un comerciante no se presenta por un mes, nadie cuestionará si otro ocupa su lugar, aunque se consideran situaciones de ausencia por enfermedad.

Una nota aparte, de interés para los economistas austríacos, deriva de la importancia de la primera posesión y se relaciona con la necesidad de un derecho de propiedad formal. La mayoría de los economistas austríacos enfatizarían la importancia de derechos de propiedad bien definidos, pero ¿demanda esto un título “formal” o la “percepción de estabilidad de la posesión”? De hecho, eso es lo que aporta el título formal, y las ventajas de un buen sistema de registro y titulación han sido reconocidas por los austríacos y subrayadas en el posterior libro de Hernando de Soto (2002), señalando en este caso la necesidad de un título para acceder al crédito hipotecario. Estudios empíricos han mostrado también el impacto de la titulación en la inversión (Galiani y Shcargrodsky 2005), y asimismo en la calidad, tamaño y estructura de las casas, en los resultados educativos de los niños, y en la formación de ideas sobre la propiedad y los mercados.

Otros autores cuestionan si se necesita un título formal para asegurar la posesión y proteger las inversiones, o existirían otros procesos para lograr resultados similares. Por ejemplo, van Gelder (2010) comenta:

“Factores tales como el reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores que pueden fortalecer de facto la seguridad de la posesión fueron considerados más fundamentales que tener un documento legal sobre un terreno (e. g., Gilbert 2002).

Respecto al acceso al crédito, los poseedores de títulos no obtuvieron préstamos más frecuentemente que los residentes que no los tenían. En El Tala solamente tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamos hipotecario en los cinco años anteriores, contra dos en la sección no titulada del asentamiento. Más gente —ocho en la zona titulada y cinco en la no titulada— habían obtenido préstamos en instituciones financieras que cobran altos intereses y no demandan la propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus viviendas como garantía para obtener préstamos” (p. 15).

Ostuni y van Gelder (2008, p. 205) apelan a una “construcción subjetiva” o percepción de seguridad, que ciertamente provendría de un título, pero también de la buena voluntad de funcionarios gubernamentales, una política de laissez faire en relación con los asentamientos o con la provisión de servicios básicos. Baltrusis (2009, p. 71) informa que los precios en las “favelas” informales de Guarulhos, cerca de San Pablo, tienen un precio promedio de R$3,700 en Sao Rafael, mientras las de Cabucú, un barrio recientemente ocupado, solo cuestan R$600.

Al margen de la forma que tome, la percepción de seguridad es determinante y las decisiones de adjudicación de mediadores o jueces informales tenderían, por lo tanto, a fortalecerla. Esto debilita el análisis de costo/beneficio en tales decisiones, ya que volver a la asignación de derechos, dependiente de la evaluación de un juez sobre un resultado neto, volvería a generar inestabilidad, un punto este planteado por Block (1995), aunque también mencionado por Coase.

Los contratos de arrendamiento parecen regirse por un principio estricto de propiedad: si el arrendatario no paga, debe abandonar el cuarto o la casa inmediatamente. No hay mucha flexibilidad y las renegociaciones son poco normales. Pocos arrendatarios se resisten al desalojo (Cravino 2006, p. 206).

Acciones voluntarias contra la pobreza y las diferencias de ingresos: ¿la pobreza o la desigualdad?

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Del Capítulo 16:

En verdad, pobreza y desigualdad de ingresos son dos cosas muy distintas. La primera se relaciona con la falta de ciertos recursos básicos para la vida; la segunda tiene que ver con un análisis comparativo entre lo que tienen unos y lo que tienen otros. La importancia de esta diferencia no es menor, ya que debemos preguntarnos qué es lo que nos preocupa: si la pobreza o la diferencia de ingresos.

La pobreza se está reduciendo y esta reducción ha sido enorme en los últimos años. La brecha entre ricos y pobres también se ha reducido (Chotikapanich et al 2007; Sala-i-Martin 2002), aunque su medición a nivel global es muy complicada. Asimismo, la medición de los ingresos no refleja el fenómeno en toda su magnitud. Los pobres tienen hoy acceso a bienes que no podían imaginar los ricos de hace doscientos años, pero además la diferencia de calidad entre lo que compran los ricos y lo que compran los pobres se ha reducido. Por ejemplo: los ricos compran más productos alimenticios y de mayor calidad, pero en muchos casos son de la misma calidad de los que compran los pobres, algo que no sucedía entonces.

Otro ejemplo: podría darse el caso de que aumente la diferencia de ingresos, pero la situación de los más pobres también será mejor. Es más: esto es lo que suele ocurrir al inicio de un proceso de crecimiento económico acelerado. En este caso, vamos a suponer dos individuos representativos, de los cuales uno es pobre y el otro rico. Veamos:

SITUACIÓN A (ingreso anual) García: USD50,000 Pérez: USD5,000

SITUACIÓN B (ingreso anual) García: USD250,000 Pérez: USD15,000

La brecha ha aumentado notablemente: García multiplicó sus ingresos por cinco, mientras Pérez lo hizo por tres. Pero lo cierto es que Pérez está mejor. Es más: está mucho mejor. Vamos a suponer aquí que —dado que los individuos somos distintos y tenemos atributos diferentes— la diferencia de ingresos es inevitable y que lo que nos preocupa es la situación de los que están peor. No obstante, en el ámbito de las políticas públicas, se proponen políticas de “redistribución”, más preocupadas por la diferencia de los ingresos, y en algunos casos estas políticas terminan empeorando la situación de los más pobres. Mientras esas políticas terminen frenando el crecimiento económico y desalentando la inversión, perjudicarán a los más pobres: quizá se termine con una sociedad más igualitaria, pero en la que todos son más pobres. Lo ilustraremos con la siguiente situación:

SITUACIÓN C (ingreso anual) García: USD20,000 Pérez: USD4,000

Nos encontramos además con el problema de que, una vez se ha creado el aparato redistribuidor, este redistribuye para cualquier parte. Lo imaginamos como distribuyendo a lo “Robin Hood”, pero también puede redistribuir a lo “Hood Robin”, o en diagonal, dentro de un mismo grupo de unos a otros; en definitiva, en cualquier dirección. En medio de todo este proceso, el Estado no deja de crecer.

Tullock (2004) sostiene que en el ámbito de la democracia mayoritaria podríamos encontrar una coalición dominante del 51% de los votantes con menores ingresos, que decidiría redistribuir en su favor los ingresos del 49% restante. Pero, si suponemos que el 10 o 20% de la población son los pobres, esto hace que los pobres sean solo el 20 o el 40% de los miembros de la coalición dominante aproximadamente. Con esos porcentajes no pueden controlar esa coalición, por lo que los miembros de mayores ingresos dentro de ella terminarán recibiendo también ingresos redistribuidos, e incluso hasta puede ocurrir que reciban más. Pensemos, por ejemplo, en el 2% de más altos ingresos en la coalición dominante. Para los miembros del 49% minoritario, que pierden ingresos con la redistribución, resulta conveniente ofrecer a esos miembros mayores beneficios, convencerlos así de que se sumen al 49% y generar una nueva coalición mayoritaria. Esto sería más barato para el 49%. Para que esto no suceda y la coalición del 51% se mantenga, hay que ofrecerle a esos individuos un trato suficientemente atractivo como para que se pasen de lado, con lo que terminan recibiendo un trato tal vez superior al de los más pobres.

Pero los ricos podrían hacer algo que sería incluso menos costoso para ellos, y es no ya tentar al 2% más rico entre la coalición mayoritaria para que cambie de lado, sino a un porcentaje de los más pobres. Según Tullock, esta coalición es difícil de encontrar, porque los pobres creen que sus intereses son claramente incompatibles con los de los más ricos, pero no lo ven así con los que se encuentran entre el 20 y el 51% en términos de la escala de ingresos.

Sin embargo, Tullock sostiene que lo que se observa en la realidad es que las transferencias se realizan entre grupos que no se definen por su nivel de ingresos, sino por su nivel de organización y poder. Así, por ejemplo, agricultores subsidiados en Estados Unidos, Europa o Japón, estudiantes universitarios, intelectuales, artistas, industriales nacionales o sindicalistas están entre los principales receptores de transferencias, pero no son los más pobres. Si esto es así, y siendo que los pobres no se encuentran muchas veces bien organizados, no podemos esperar que la redistribución los termine beneficiando[1].

No obstante esto, ¿por qué la gente sigue prefiriendo la redistribución a través de la política y el Estado? La respuesta sería que no es lo mismo sacar la billetera y aportar $100 que votar por una opción por la que todos reciban un impuesto de $100. El costo de la primera opción es directamente $100, pero el costo de la segunda es también $100, descontada mi estimación de la influencia que pueda tener en el resultado final, como vimos ya en el capítulo 4. Es decir: este segundo acto satisface también mi preocupación respecto a hacer algo por los pobres, pero a un costo mucho menor.

[1]. “Casi todas las discusiones estándar sobre la redistribución asumen que es normalmente de ricos a pobres. Algo de esto hay, pero es un fenómeno trivial comparado con la redistribución que se produce dentro de la clase media”. (Tullock 2004, p. 270).

 

Calidad institucional e inversiones: y una vez alguien dijo que la Seguridad jurídica era una estupidez

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Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversions.

Vemos los capítulos 2 y 3. Fallas de Mercado y un tema nuevo:¿existen los bienes Públicos globales?

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El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el mundo, plantea, para algunos autores, no solo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo, y que sus beneficios sean “cuasi universales” en términos de países —cubriendo más de un grupo de países—, pueblos —llegando a varios, preferiblemente todos—, grupos poblacionales y generaciones —extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras, o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales, sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras—. En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros y públicos impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplo la paz, ya que, “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes el grado de colectividad de la defensa; ahora se suman también en esta categoría la provisión de la ley y el orden, y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros, serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas: es decir, son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul y otros plantean el caso del consumo de una comida nutritiva, que a primera vista parece ser un bien privado, pero que también brinda beneficios públicos, ya que mejora la salud y con ella la posibilidad de adquirir habilidades para desempeñar un trabajo productivo, lo cual beneficiaría no solamente a la familia, sino también a la sociedad en su conjunto, pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad, parece que esto es inevitable. La discusión no es que produzcan o no produzcan algún tipo de impacto, sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo, siendo que las valoraciones son subjetivas, y si el Estado es el único capaz de proporcionar determinados bienes. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos, incluyendo, según Kaul y otros, las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas, y también del incremento de actividades riesgosas, como el abuso de las drogas y el tabaquismo.

Un programa para aliviar la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población contribuyera también a prevenir conflictos, o a fortalecer la paz internacional, o a reducir el deterioro ambiental, o a mejorar las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONG internacionales serían las que proporcionan este tipo de bienes públicos globales (Martin 1999).

Pero si se pudiera justificar la existencia de cualquier bien o servicio con efectos para terceros por el hecho de ser proporcionado por el Estado, o a través de organismos internacionales financiados por los Estados, o en última instancia por contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, como en el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a ser proporcionados mediante decisiones políticas, y no por la decisión de los consumidores tomadas en el mercado.

Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que, una vez producidas, su costo de reproducción es mas bien bajo. Esto lleva a dicho autor a pensar que serán “subproducidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido: una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el mismo, desde Adam Smith en La riqueza de las naciones hasta una gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso, si luego, cuando un país se desarrolla —siguiendo, por ejemplo, las enseñanzas de Adam Smith— este o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos: una vez que dicen cómo se desarrolla un país, nadie parece que les va a pagar por ello; entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proporcionarlas.

Nada de eso sucede en la realidad, sino todo lo contrario: hay un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico; un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas, si luego no pueden cobrar por ellas? Existe una gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje por las ventas de sus libros; es invitado a conferencias donde recibe honorarios, viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el Premio Nobel, que, además de ser un premio suculento, le garantiza un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como sabe muy bien el mismo Stiglitz, que lo ha recibido[1].

[1]. “Gran parte del conocimiento que se necesita para el desarrollo exitoso no es patentable; no es el conocimiento que subyace en nuevos productos o procesos. Más bien, es conocimiento fundamental: cómo organizar empresas, cómo organizar sociedades, cómo vivir vidas más saludables de forma que ayudan al medio ambiente. Es conocimiento que afecta la fertilidad y el conocimiento acerca del diseño de políticas económicas que promueven el crecimiento económico” (Stiglitz 1999, p. 318). “Las ideas presentadas hasta aquí dejan en claro que ese conocimiento es un bien público, y sin un apoyo público activo, habrá una sub-provisión de ese bien. Las instituciones internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumplen un papel especial en la producción y diseminación de este conocimiento” (p. 319).

 

Evolución de la calidad institucional: Argentina perdió 98 posiciones, sobre todo desde 2001

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En el Capítulo 12 del libro analizo la calidad institucional y la elaboración del índice para realizar un análsis comparative. Aquí van los datos para este año:

Algunos países muestran dramáticas caídas en su calidad institucional. En el Informe de presentación del Índice de Calidad Institucional, evaluamos distintos períodos, que no se ajustan a los eventos políticos de cada país. Aquellos que más posiciones han perdido en los últimos 21 años son Bolivia (100 posiciones) y Argentina (98), aunque sus caídas comenzaran en distintos momentos de ese período. En el caso argentine, esto claramente comienza con la crisis del 2001. Dice el Informe:

En cuanto a la evolución de sus desempeños, estos son los resultados en relación a 1996, a los últimos diez años, y al año pasado:

21 años 10 años 1 año
Antigua y Barbuda -26 -13
Argentina -98 -45 -5
Bahamas -28 -22 -6
Barbados -14 -12 -1
Belice -58 -48 -13
Bolivia -100 -37 -1
Brasil 3 -22 -2
Canada 1 3 1
Chile 0 -1 0
Colombia 18 5 3
Costa Rica -7 13 6
Cuba -29 -22 2
Dominica 3 9
Ecuador -74 -22 7
El Salvador -17 -10 18
Estados Unidos -4 -7 0
Grenada -35 -8
Guatemala -31 1 1
Guyana -42 -23 0
Haití -43 -8 3
Honduras -55 -20 -1
Jamaica -17 -5 9
México -6 -19 0
Nicaragua -40 -37 -11
Panamá -26 -4 10
Paraguay -56 7 5
Perú 15 5 -5
República Dominicana -24 -7 5
San Kitts y Nevis -19 0
San Vicente y las Granadinas -9 2
Santa Lucía -8 4
Suriname -18 -35 -1
Trinidad y Tobago -35 -13 8
Uruguay 1 11 3
Venezuela, RB -74 -30 1

 

Otros resultados positivos son los de Panamá (+10), Jamaica (+9), Dominica (+9), Trinidad y Tobago (+8), Ecuador (+7), Costa Rica (+6), República Dominicana (+5) y  Paraguay (+5). Los más negativos han sido Antigua y Barbuda (-13), Belice (-13), Nicaragua (-11), Grenada (-8), Bahamas (-6), Argentina (-5). En una perspectiva de más largo plazo ya hemos visto que los que más han caído han sido Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guyana y Nicaragua, lo cual denota el deterioro institucional que acompaña, en general, a los proyectos políticos del populismo de tipo bolivariano. Mejoras no hay muchas para señalar, salvo los casos de Colombia (+18) y Perú (+15), que han mostrado también características del tipo de las señaladas en Chile o Uruguay en relación a haber alcanzado un consenso básico sobre la importancia de ciertas instituciones.

 

La expansion internacional de los negocios y cómo evaluar y dedicir sobre la estrategia apropiada

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Con los alumnos de ‘International Business’, SMC, vemos el capítulo 8 del libro de Mason & Dunung.

Muchos alumnos se preocupan por el peso y la influencia de las grandes empresas en la economía. Por supuesto que hay que preocuparse, pero cuando se trata de sus relaciones y vínculos con la política y el estado, ya que ahí pueden buscar algún tipo de favor o privilegio. Pero no es lo mismo en el mercado, donde los consumidores tienen en cuenta la calidad y el precio de los productos y servicios. Allí no es necesario “sobornar” a funcionarios sino “seducir” a los clientes. En el libro de Carpenter Mason and Sanjyot P. Dunung (2011), International Business, se presenta un caso de “grandes” y “multinacionales” que pierden con más pequeños y locales, e incluso luego éstos tienen éxito en otros mercados:

“La cadena minorista JCPenney entró en Chile en 1995 abriendo dos locales. La francesa Carrefour ingresó en 1998. Ninguna de ellas lo hizo a través de una alianza con una empresa minorista local. Ambas se vieron forzadas a cerrar sus operaciones chilenas debido a las pérdidas ocasionadas. Un análisis de la Universidad Adolfo Ibañez explicó las razones detrás de estos fracasos: los administradores de estas empresas no lograron conectarse con el mercado local, ni comprendieron las variables que afectan a los negocios en Chile. Específicamente, el mercado minorista chileno era avanzado, y también era muy competitivo. Los nuevos ingresantes (JCPenney y Carrefour) no llegaron a comprender que los principales minoristas existentes tenían sus propios bancos y ofrecían servicios bancarios en sus locales minoristas, lo cual era una de las principales razones de su rentabilidad. Los recién llegados asumían que la rentabilidad en este sector se basaba solamente en las ventas minoristas. No vieron la importancia de los vínculos bancarios. Otro error típico que las compañías cometieron es asumir que un nuevo mercado no tiene competencia porque los competidores tradicionales no estaban en él.

Pero continuemos con el ejemplo y veamos cómo los minoristas chilenos ingresaron en un mercado nuevo para ellos: Perú. Estos minoristas eran exitosos en su propio mercado pero querían expandirse más allá de sus fronteras para obtener clientes en nuevos mercados. Eligieron Perú.

El mercado minorista peruano no era muy desarrollado, y no se ofrecía crédito a sus clientes. Los chilenos entraron en el mercado a través de una asociación con firmas peruanas, e introdujeron el concepto de tarjetas de crédito, que era una innovación en el poco desarrollado mercado peruano. Ingresar con un socio local los ayudó porque eliminó la hostilidad y facilitó el proceso de inversión. La oferta de tarjetas de crédito distinguió a los minoristas chilenos y les dio una ventaja sobre la oferta local.”

Un estudio de CEPAL llega a las mismas conclusiones: “Las empresas chilenas de comercio minorista han logrado construir sólidas ventajas competitivas. Estas se sustentan en un modelo de negocios que aprovecha las sinergias obtenidas de la operación conjunta de una serie de actividades relacionadas. El desarrollo de esta fórmula de comercio minorista integrado surgió directamente de la intensa competencia en un mercado chileno que, por su tamaño limitado, hacía muy difícil ser rentable en un solo segmento de la industria del comercio minorista. La clave del éxito ha sido la combinación de las mejores prácticas de los líderes internacionales con el conocimiento local, una oferta diversificada que incluye servicios bancarios y la capacidad de supervivencia en un mercado altamente competitivo. En este contexto, las compañías de comercio minorista han visto en la expansión internacional la mejor opción para iniciar una trayectoria de crecimiento sustentable”: http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/4/27644/P27644.xml&xsl=/revista/tpl/p39f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt

Artículo en La Nación sobre la inflación. Aunque no está preciso el título, en fin, vale el contenido

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Aunque no me gusta el título con el que finalmente salió, va el artículo publicado en La Nación. Y no me gusta porque no es correcto que «mientras haya deficit, habrá inflación», porque puede haber deficit financiado por deuda. En fin, acá está el artículo: http://www.lanacion.com.ar/1901436-mientras-haya-deficit-habra-inflacion

Y acá el texto:

Muchos argentinos decidieron dejar de lado el relato de los últimos doce años y cambiar. Con el regreso a la actividad política de la ex presidenta, muchos se han preguntado de qué magnitud ha sido ese cambio y cómo es que algunos siguen atados a tal relato pese a las noticias, sobre todo judiciales, que leemos a diario.

En efecto, en algunos temas el relato estatista y populista sigue tan vivo como siempre, entre otras cosas porque presenta explicaciones simples que apelan más a las pasiones que a las razones. Esto se refleja en una cuestión tan acuciante como la inflación. Desde el escolástico de la Escuela de Salamanca Juan de Mariana o el escocés David Hume, la ciencia económica ha comprendido la relación que existe entre el crecimiento de la oferta de dinero más allá de su demanda y el aumento generalizado de los precios. Mariana observaba entonces el fenómeno debido al ingreso a España de metales provenientes de América.

El relato populista sostiene que la causa de la inflación no es la emisión monetaria, sino la «puja distributiva»: distintos sectores de la sociedad pujan por subir sus ingresos vía mejoras de sus precios y esto desata una espiral inflacionaria. Los empresarios aumentan sus precios, luego los sindicatos buscan aumentar los salarios y así sucesivamente. El Estado se ve forzado a convalidar esos nuevos precios con una mayor cantidad de moneda para que se realicen todas las transacciones y no caiga la actividad económica. A la luz de lo que ocurrió estos últimos meses, esta explicación pareciera tener cierto sentido.

Esta explicación cae como anillo al dedo a la visión estatista porque, según ella, el Estado no es el causante de la inflación. Es más: debe intervenir en ese proceso a través de una «política de ingresos» para intermediar en la puja o para aplacarla. Y le permite también echar la culpa de la inflación a otros. Y conviene echársela a los empresarios o, en particular, a los supermercados, ya que son pocos en comparación con los votos que pueden obtenerse de los asalariados y el conjunto de los consumidores.

Sin embargo, es falsa. Si cuando los empresarios suben sus precios el Estado no emitiera más moneda, los consumidores no tendrían con qué pagarlos y los precios bajarían. Es decir, aun si hubiera tal puja, sin emisión monetaria, si unos precios suben otros han de bajar: no hay moneda para todos. Otras cuestiones serían: ¿y en todos los países donde no hay inflación acaso no hay puja distributiva? O ¿qué es lo que tienen todos los bienes y servicios en común para que todos aumenten al mismo tiempo, en lugar de algo más normal, como que unos suban y otros bajen? Respuesta: la moneda; es ésta la que está perdiendo valor.

Los estatistas contraatacarían: «Vean Estados Unidos, han emitido grandes cantidades y no hay inflación». Correcto. Pero es necesario afinar el análisis. No hay un vínculo directo entre la cantidad de moneda emitida y todos los precios. Por un lado, tenemos la demanda de dinero: puede haber situaciones donde la autoridad monetaria emita pero aumente la demanda de dinero, o aumente la producción de bienes y servicios cuyas transacciones requieren utilizar más dinero. Por otro lado, no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Lo que sucede en Estados Unidos es que ese aumento de la oferta monetaria ha terminado en un aumento de las reservas de los bancos, reacios a prestar luego de la crisis (es decir, aumento de la demanda de dinero) y, por otro, que el índice de precios al que normalmente suponemos mide la inflación no mide los precios de todos los bienes. Tal vez los que están en el índice no aumenten pero otros sí lo hagan (a esto le llamamos «burbujas»). O tal vez los precios deberían estar cayendo y la emisión monetaria genere inflación porque impide que caigan.

Lo cierto es que la inflación es claramente un fenómeno monetario. Y en el caso argentino su explicación es relativamente simple: el Estado gasta de más (aquí sí podemos hablar de puja o «piñata» distributiva, porque todos los sectores quieren más gastos, subsidios, etc.), luego emite para pagar sus gastos, ese dinero sale a la calle a través de los pagos que el Estado realiza y quienes los reciben salen a su vez a gastar o, tal vez, alguno ahorre o compre dólares.

Tan simple como eso, o no tanto. Los argentinos hemos vivido con grandes déficits fiscales, alta inflación y hasta hiperinflación durante décadas. La mayoría hemos nacido y vivido en tiempos inflacionarios. Y así y todo nos cuesta entenderlo. Hemos dicho «basta de dictaduras», «basta de violaciones de derechos humanos», pero no logramos comprender las causas para decir «basta de déficit fiscal» y, por ende, basta de inflación. No le saltamos a la yugular de un gobierno cuando tiene déficit de la misma forma en que lo haríamos si descubriéramos que es corrupto o que hace fraude.

Tan fuerte es nuestra creencia en la versión popular de la teoría de la puja distributiva que demandamos permanentemente que el gobierno haga algo para detener la suba de los precios. Hace poco, un funcionario era entrevistado en un programa de televisión y la periodista le preguntaba: «¿Están tomando alguna medida concreta para detener la suba de los precios?». El funcionario comenzaba a argumentar que se buscaba arreglar el tema de los holdouts para poder tomar deuda y cubrir el déficit, así reducir la emisión monetaria y, por lo tanto… Y la periodista insistía: «Pero, dígame una medida concreta para hacer frente a la inflación». Y así más de una vez.

Obviamente, o la periodista quiere reflejar la opinión popular al respecto o no sabe nada de la relación entre emisión monetaria y precios. Entonces, si tenemos votantes que compran la versión barata de la teoría (la culpa es del carnicero) y eventualmente pueden llegar a votar en consecuencia, el Gobierno responde a eso. Se vuelve supermercadista: vamos a crear unos 50 mercados que tendrán precios «cuidados», no descuidados, confirmando entonces que la versión populista de la inflación ha de tener razón, o algo, aunque estén actuando desde la otra perspectiva. Vamos a multiplicar estos planes sociales, etc. ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso, teniendo en cuenta que el mismo gobierno ha señalado que hereda un déficit fiscal de más de 5 puntos del PBI? No niego la necesidad coyuntural de alguna de estas acciones, pero tampoco hay que negar que ese mayor gasto o se cubre con más emisión y, por ende, más inflación, o se cubre con más deuda.

La emisión monetaria y la deuda son dos cosas poco visibles para el votante. Éste observa los precios, que afectan directamente su presupuesto. La emisión y la deuda son cosas algo lejanas. Y los gobiernos argentinos oscilan entre una y otra cosa, llevándonos ya sea a la híper o al default, o moviéndonos en la dirección de uno o el otro.

Así seguiremos, en tanto no se derrumbe el mito del Estado paternalista al que le pedimos de todo, para luego desentendernos de cómo se paga. No me cobren impuestos porque no me gusta, pero adelante con la emisión o la deuda, que no noto que las pague a menos que genere una crisis. El populismo argentino ha alimentado las dos variantes.

Estamos saliendo de la versión inflacionista, ¿para reingresar en la versión deudora? ¿O será esto algo pasajero para salir del mal momento heredado? No hay límites institucionales, o legales, ni para uno ni para otro caso. En definitiva, dependerá de los argentinos y cuán dispuestos estemos a dejar atrás un relato que lleva ya varias décadas.

Las tasas de interés negativas que impulsan los bancos centrales: ¿cómo van a salir de eso luego?

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El Institute Économique Molinari, de Francia, reproduce un artículo publicado en el diario Le Monde, sobre las tasas de interés negativas como resultado de las políticas monetarias aplicadas por algunos de los principales bancos centrales del mundo: http://www.institutmolinari.org/l-economie-manque-de-demande-pas,2544.html

“La banalización de las tasas de interés negativas despierta sorpresa en los mercados. Hoy en día, el 40% de la deuda soberana europea tiene una tasa de interés por debajo de cero. Algunas grandes empresas, tales como Nestlé, también emiten deuda a tasas negativas. Que quede claro: una tasa de interés del -1% significa que un préstamo de 1.000 euros será pagado con 990 euros. Por lo tanto, el prestatario ha ganado 10 euros, mientras que el prestamista habrá perdido 10 euros! ¿Pueden estas tasas excepcionalmente bajas permitirse el lujo de impulsar el crecimiento y la inversión? Tal es el objetivo fijado por los bancos centrales. Este razonamiento, sin embargo, parece dudoso. De hecho, las tasas negativas duraderas pueden ser desestabilizadoras para el sistema financiero.

¿Por qué el numerosas tasas son negativas? Este es el resultado de una fuerte demanda de activos seguros, en particular de obligaciones soberanas. La lógica es simple: una obligación promete una serie de rentas fijas. Cuando la demanda de un bono aumenta, su precio aumenta. Al comprar activos cada vez más caros y cuyos ingresos son fijos, los inversores aceptan un rendimiento más y más bajo, y los rendimientos caen.

La actual política monetaria contribuye de manera significativa a apoyar la demanda de activos seguros, reduciendo así las tasas. En primer lugar, el Banco Central Europeo (BCE) fijó una tasa negativa para el exceso de reservas de los bancos, mientras presta a cero interés. Por lo tanto, es barato para los bancos pedir prestado, pero es caro no invertir. En lugar de mantener las reservas, prefieren mantener activos seguros. Mientras tanto, las compras masivas de valores por parte del BCE y la Reserva Federal de Estados Unidos, como parte de los programas de «alivio cuantitativo», ayudan a sostener la demanda. El efecto combinado de estas fuerzas empujó la tasa a territorio negativo.

Al actuar presionando a la baja sobre las tasas, el BCE espera revivir la economía real mediante la reducción del costo del crédito para las empresas y los hogares. La eficacia de este mecanismo, sin embargo, depende fundamentalmente de la existencia de una demanda insatisfecha de crédito. En otras palabras, esto supone que las empresas tienen proyectos de inversión rentables que no logran financiar debido a problemas internos en el sector bancario, como fue el caso en 2008. Este argumento parece, sin embargo, no ser totalmente convincente. De hecho, los bancos tienen exceso de liquidez abundante y están mejor capitalizados que antes. Por lo tanto, no tienen ninguna razón, a priori, para no financiar proyectos rentables. Por el contrario, el crédito débil parece indicar una debilidad de la demanda como consecuencia de la renuencia de las empresas a invertir en el entorno actual. Como prueba de ello, muchas empresas toman deuda a tasas bajas no para invertir, sino para pagar dividendos o recomprar sus propias acciones. En este contexto, el BCE parece ser limitado.

Lejos de ayudar a la economía, la tasa negativa puede sin embargo ser una amenaza importante. En un mercado saludable, el precio de un activo financiero debe reflejar su riesgo. Con tasas de interés artificialmente bajas, los precios de los activos ya no reflejan su riesgo real, lo que puede contribuir a burbujas de activos. Por otra parte, con las tasas actuales permanentemente bajas, el BCE pone a los gobiernos y las empresas en una situación de dependencia. Los Estados no tienen ningún incentivo para reducir su deuda, mientras que las empresas se acostumbran a precios que no reflejan su riesgo real. En última instancia, el sistema financiero puede ser debilitado en su conjunto, por lo que sea difícil o imposible una salida de tasas bajas o negativas.

Christophe Pérignon y Guillaume Vuillemey son profesores de finanzas en la HEC de París.