Hay más de 240 millones de migrantes en el mundo, de los cuales unos 20 millones son refugiados

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Migrations

Las noticias no pueden ser más dramáticas, y su impacto se ve amplificado por la facilidad con que recibimos sus crudas imágenes: niños pequeños ahogados en una playa como resultado del intento de sus padres de obtener tanto sea refugio como mejor oportunidades laborales en otro territorio; cientos o miles de personas viviendo en campamentos provisorios esperando un permiso para poder trasladarse; otros cientos siendo rechazados y deportados a sus lugares de origen donde los espera la violencia, la represión o el hambre; muros que se levantan, en algunos casos para evitar la salida, en otros la entrada. Comenta la revista The Economist (2016): “Los refugiados son gente razonable en circunstancias desesperadas. La vida, para muchos de los más de un millón que buscan asilo en Europa huyendo desde Siria, Afganistán y otros países devastados por la guerra, se ha vuelto intolerable”.

En nuestra región también se ha generado una crisis aunque, por supuesto, no es de la magnitud de la que acontece ahora en Medio Oriente y Europa. Curiosamente, los primeros pasos para normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, han desatado una fuerte corriente migratoria con destino a este último país. Es que muchos cubanos sospechan que esa normalización de relaciones puede dar fin a la Ley de Ajuste Cubano, que permite ingresar a ese país a todo cubano con “pies secos”, es decir, que haya llegado y se encuentre en territorio norteamericano, ya que si es interceptado en el agua es devuelto a su país de origen. Entonces se trata de llegar antes que la ley pueda eliminarse. Y los cubanos han logrado ahora la posibilidad de salir sin tener que obtener permiso del gobierno. Como resultado de esto, muchos cubanos han estado volando hacia distintos destinos, desde Ecuador hacia el norte, y desde allí se dirigen por tierra tratando de llegar al norte, utilizando los llamados ‘coyotes’ que venden sus servicios para cruzar esas zonas desérticas que limitan uno u otro país, y ocasionando todo tipo de polémicas en los países por donde transitan. Hay cientos o miles de cubanos varados en algunas fronteras centroamericanas.

El tema de las migraciones ha estado entre las principales noticias de los últimos años y plantea algunas cuestiones estrechamente relacionadas con la calidad de las instituciones. También, por supuesto, con cuestiones ética y económicas que serán consideradas aquí. La hipótesis que vamos a considerar aquí es simple: aquellos países con mejor calidad institucional tienden a atraer inmigrantes, a punto tal que algunos de ellos erigen barreras tanto físicas como regulatorias; mientras que aquellos países con peor calidad institucional tienden a generar emigrantes y en algunos casos extremos construyen muros para prohibir su salida.

Según Naciones Unidas, a mediados de 2015 había un total de 243.700.236 migrantes en el mundo (el 8% son refugiados, unos 19,5 millones). Los países con mayor número de migrantes son Estados Unidos (46,6 millones), Alemania (12 millones), la Federación Rusa (11,6 millones), Arabia Saudita (10,2 millones), Reino Unido (8,5 millones), Emiratos Árabes Unidos (8,1), Canadá (7,8 millones), Francia (7,8), Australia (6,7), España (5,8). En América Latina, son Argentina (2 millones), Venezuela (1,4), México (1,2), Brasil (0,7). 

Aunque evaluamos la calidad institucional en términos relativos, en el mundo ha mejorado

 Como dijimos antes, no tenemos un parámetro absoluto sobre la calidad de las instituciones contra el cual evaluar el desempeño de todos los países. Sabemos cuáles tienen mejores instituciones que otros, pero esa falta nos limita la posibilidad de analizar si el mundo, y nuestra región, están mejorando o empeorando en calidad institucional. Es decir, no podemos ver la tendencia general.

Nuestra evaluación tiene que ser necesariamente cualitativa. Y es desde esta perspectiva que podría tal vez decirse que la calidad institucional ha estado mejorando en las últimas décadas en el mundo, un proceso favorecido y presionado por la competencia institucional que genera la globalización. La caída de los regímenes comunistas, ocurrida antes que comenzáramos a producir este índice, ha dado como resultado la mejora institucional de casi todos los países que abandonaran ese modelo. Algunos de ellos, como Estonia, han alcanzado destacadas posiciones; otros como Turkmenistán han cambiado de régimen pero sin que esto significara una mejora institucional, sigue estando entre los peores.

El avance de los países asiáticos y ahora algunos países de África también nos brinda señales de mejora institucional. Y en el caso latinoamericano hubo una gran mejora a partir de los años 80s con el abandono de las dictaduras militares que pisotearan las democracias, los derechos humanos y en muchos casos hicieran también estragos económicos. Algunos países de la región  mejoraron sus instituciones de mercado durante los años 90s, y alguno entre ellos dieron marcha atrás y volvieron a los años 70s o peor aún. ¿Tal vez un rechazo de esas sociedades a los desafíos e inseguridades que plantea un nuevo mundo globalizado? Puede ser, pero lo cierto es que ese rechazo llevó a una caída fuerte de la calidad institucional en la región que ahora podría haberse detenido e insinuar un regreso al camino de la mejora. El nuevo gobierno argentino y el nuevo Congreso venezolano parecen ser fuertes señales de que los latinoamericanos quieren dejar atrás el populismo chavista que destruye las instituciones. Habrá que ver si esto es así y si refleja una tendencia que pueda presentarse en el resto de la región. Y habrá que ver también si esa tendencia perdura y se alcanzan esos consensos institucionales que algunos pocos países de la región han logrado alcanzar, permitiendo obtener resultados bien superiores al resto, generando más oportunidades de progreso para sus habitantes.

Puntos fuertes y débiles de la calidad institucional en América Latina: ¿dónde fallamos?

A continuación veremos el desempeño relativo que ha tenido cada país de la región en cada uno de los indicadores que son tomados en cuenta en nuestro análisis. En negrita aparece el país con la mejor posición entre todos los de América; en negrita e itálica, el de mejor posición entre los latinoamericanos; en rojo el que muestra la peor posición:

2016 Rule of Law Voice & Acc. Freedom Press Corrupción Global Comp Heritage Fraser Doing Business
País
Antigua y Barbuda 0,4928 0,6814 0,6281 0,4550
Argentina 0,1866 0,5882 0,4673 0,3690 0,2500 0,0562 0,0407 0,3651
Bahamas 0,7464 0,8088 0,8643 0,8315 0,3902 0,4444
Barbados 0,8182 0,9167 0,8945 0,7528 0,3821 0,3757
Belice 0,2488 0,6618 0,8492 0,3483 0,2927 0,3704
Bolivia 0,1292 0,4853 0,5477 0,4167 0,1714 0,1067 0,3089 0,1746
Brasil 0,5550 0,6078 0,5528 0,5536 0,4714 0,3258 0,2520 0,3915
Canadá 0,9474 0,9559 0,8945 0,9524 0,9143 0,9719 0,9512 0,9312
Chile 0,8804 0,8039 0,6834 0,8690 0,7571 0,9663 0,9106 0,7513
Colombia 0,4258 0,4608 0,4121 0,5119 0,5714 0,8258 0,2439 0,7196
Costa Rica 0,7129 0,8382 0,9146 0,7679 0,6357 0,7303 0,8699 0,6984
Cuba 0,3254 0,0686 0,0352 0,6726 0,0112
Dominica 0,6890 0,8235 0,7990 0,7022 0,5238
Ecuador 0,1388 0,3971 0,3015 0,3690 0,4643 0,1124 0,1463 0,3862
El Salvador 0,3589 0,5245 0,6131 0,5774 0,3286 0,6517 0,7398 0,5503
Estados Unidos 0,8995 0,7990 0,8492 0,9107 0,9857 0,9438 0,8943 0,9683
Grenada 0,5024 0,7402 0,8291 0,2910
Guatemala 0,1483 0,3529 0,3367 0,2738 0,4500 0,5449 0,6829 0,5767
Guyana 0,3206 0,5441 0,6533 0,2976 0,1429 0,2921 0,3252 0,2804
Haití 0,0813 0,2549 0,4874 0,0655 0,0500 0,1685 0,5935 0,0423
Honduras 0,1531 0,3382 0,2412 0,3393 0,3786 0,3708 0,4797 0,4233
El de 0,4450 0,6569 0,9146 0,5952 0,3929 0,7416 0,7317 0,6667
México 0,3828 0,4804 0,3065 0,4405 0,6000 0,6573 0,4309 0,7989
Nicaragua 0,2919 0,3578 0,4472 0,2321 0,2357 0,3933 0,4959 0,3439
Panamá 0,5502 0,6324 0,5176 0,5774 0,6500 0,6348 0,6667 0,6402
Paraguay 0,2823 0,4314 0,3668 0,2321 0,1643 0,5393 0,4228 0,4762
Perú 0,3349 0,5147 0,5477 0,4821 0,5143 0,7247 0,6179 0,7407
República Dominicana 0,4067 0,5392 0,5829 0,3929 0,3071 0,5112 0,5203 0,5132
San Kitts y Nevis 0,6172 0,8480 0,8693 0,3492
San Vicente y las Granadinas 0,7225 0,8627 0,9146 0,7809 0,4180
Santa Lucía 0,7177 0,8725 0,9497 0,7921 0,5979
Suriname 0,4976 0,6422 0,7186 0,4821 0,2528 0,1799
Trinidad y Tobago 0,5311 0,6275 0,7638 0,5774 0,3714 0,5955 0,5041 0,5344
Uruguay 0,7608 0,8284 0,8141 0,8810 0,4857 0,7753 0,5285 0,5185
Venezuela, RB 0,0096 0,1912 0,1206 0,0655 0,0643 0,0169 0,0081 0,0212

 

Como puede observarse en términos de Respeto a la Ley, el primer lugar es para Canadá y para Chile entre los latinoamericanos y el peor para Venezuela. En cuanto al funcionamiento de la democracia (Voz y Rendición de Cuentas), el liderazgo recae también en Canadá, pero ahora corresponde a Costa Rica entre los latinoamericanos y a Cuba la última posición. En cuanto a Libertad de Prensa encabeza toda la zona Santa Lucía, con Costa Rica entre los latinos y Cuba también en el último lugar. Por último, entre los indicadores políticos, el país con menos corrupción en toda la región sería Canadá, Uruguay entre los latinoamericanos y Venezuela en el final de la tabla.

Tomando en cuenta ahora los indicadores de mercado Estados Unidos se lleva el primer puesto, Chile entre los latinos y Haití el último; el de Libertad Económica de Heritage muestra a Canadá primero, Chile entre los latinoamericanos y Cuba en la última posición. El otro indicador de libertad económica en el mundo, del Fraser Institute, ubica también a Canadá a la cabeza en la zona y a Chile entre los latinoamericanos pero muestra a Venezuela en la última posición (no evalúa a Cuba). Y finalmente, el de Haciendo Negocios nos muestra que el país donde habría más facilidades para ello sería Estados Unidos, y que entre los latinoamericanos ahora estaría México en lugar de Chile, un cambio que habrá que seguir de vista en el futuro; y Venezuela también en el último lugar.

Los países con mejor calidad institucional: ¿tienen economías socialistas o mercados abiertos?

Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos el Índice de Calidad Institucional 2016. Desde que comenzamos a hacerlo hay cuatro países que siempre han ocupado las primeras cuatro posiciones, aunque intercambiando entre sí: Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Suele pensarse que estos son países que tienen «socialismos de Mercado». ¿Es asi?

Vale la pena señalar, sin embargo, que todos ellos también ocupan destacadas posiciones en cuanto a las instituciones de mercado se refiere. Así, Noruega, que encabeza la lista en cuando a instituciones políticas ocupa la posición 18º en cuanto a las de mercado se refiere; Finlandia, segunda en este caso, está 13º en las de mercado; el tercer lugar de Suecia es con el puesto 17º en instituciones de mercado y el cuarto, Dinamarca, en el 9º. La relación es apropiada para disipar una visión existente que considera a esos países nórdicos como economías cuasi-socialistas. En verdad, son países con fuertes estados benefactores y altas tasas impositivas, pero con una apertura comercial y a las inversiones y una protección del derecho de propiedad y la libertad contractual como poco se encuentran en muchos otros países. Por otro lado, dos consideraciones son importantes en este caso: las elevadas tasas impositivas no lo son tanto y recaen sobre todo sobre los individuos, no las empresas. Por ejemplo, en el caso de Suecia, la tasa del impuesto a las ganancias corporativas es del 22%, mientras que en Suazilandia es el 27,5% y en Túnez o Tanzania del 30%. En Brasil es del 34%, en México 30%. En Noruega es del 34%, Finlandia 20% y Dinamarca 23,5%.

En cuanto a los impuestos a las personas en Suecia van desde el 31% al 60%; en  Noruega desde 0% al 47% (incluyendo un 8,2% de contribución a las pensiones); en Finlandia del 7,71% al 62% (incluyendo el impuesto nacional, el municipal y la contribución a las pensiones) y en Dinamarca del 30% al 48%. En cuanto a algunos países latinoamericanos en Argentina van del 9 al 35%; en Brasil del 0 al 27,5%; en Colombia del 0 al 33%, en Perú del 0 al 30%. Aunque siempre, por supuesto, resulta muy difícil hacer comparaciones debido a las distintas bases y deducciones vigentes en los distintos países, por un lado, y por otro, por las contraprestaciones que se reciben a cambio. En los países nórdicos las tasas impositivas a las ganancias empresarias son más bajas; las tasas a las personas más altas pero ellas reciben, a su vez, servicios de salud o educación gratuitos de calidad muy superior a los que obtiene un ciudadano latinoamericano aunque pague tasas menores. Y, además, en algunos casos como el de Suecia, los contribuyentes reciben ‘vouchers’ que les permiten un cierto grado de elección entre escuelas y hospitales privados o públicos.

Por otra parte, es más que destacable el desempeño de Suiza. No solamente encabeza el ICI por segundo año consecutivo sino que presenta el resultado más parejo, con un sexto puesto en las instituciones políticas y un cuarto en las de mercado. Suiza, además, ha logrado esto en un país con diversas culturas, idiomas y religiones, aprovechando las ventajas de la descentralización y las limitaciones al poder. La combinación de democracia representativa y democracia directa en los niveles federal, cantonal y municipal, un gobierno colegiado con rotación en los principales cargos ejecutivos y competencia fiscal entre los cantones ha logrado niveles de institucionalización destacados.

Escenarios para la economía global en 2050. Ninguno piensa en el colapso del estado benefactor

Con los alumnos de International Business, Swiss Management Center, vemos un informe de Deutsche Post donde se plantean diferentes escenarios para la economía global en el año 2050: http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2012/the_world_in_2050.html

Y sí, hay gente que tiene que estar pensando en el 2050, mientras muchos apenas sabemos lo que va a pasar el año que viene. La falta de una moneda sólida en el mundo y de crecientes endeudamientos en los principales países del planeta debería alertarnos ya que habrá turbulencias. La crisis del 2008 va quedando atrás pero nada se ha hecho para evitar la próxima. Las políticas monetarias de los bancos centrales “generan” los ciclos económicos de auge y caíd

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos el capítulo “Competencia institucional y globalización” donde analizamos cómo la movilidad de los recursos genera una competencia entre jurisdicciones donde pesa la calidad de las instituciones:

El proceso competitivo del mercado es eficiente, porque obliga a los proveedores a prestar atención a los consumidores y a sus necesidades. Esto es así porque los primeros necesitan la aprobación voluntaria de los últimos en un intercambio que tiene que ser mutuamente beneficioso para realizarse. En el ámbito de las acciones del Estado eso no sucede, porque quien ofrece los servicios no requiere tal aprobación, al menos directamente. Esta desvinculación entre prestación y pago está en la raíz del problema, y mientras exista el problema de la ineficiencia del monopolio y el abuso de poder subsistirá.

En tal sentido, el proceso de competencia intra-, inter- y extra-jurisdiccional actúa como un mecanismo adicional de control, ya que establece límites a lo que se puede realizar sin el consentimiento explícito de los ciudadanos. En la medida que la movilidad de los factores ejerce presiones positivas y negativas, introduce un mecanismo de premios y castigos que fuerzan al gobernante a prestar atención a esos movimientos y actuar en consecuencia.

Pero estamos hablando de monopolios territoriales, con una imperfecta (aunque creciente) movilidad por parte de los ciudadanos y con imperfecta información respecto a los costos y beneficios provenientes de las distintas jurisdicciones, debido a la ausencia de precios en estos servicios. Por eso la competencia genera mejores condiciones mientras el individuo puede trasladarse, pero, al mismo tiempo, estamos lejos del grado de competencia que existe cuando, sin necesidad de hacerlo, puede optar entre un producto o servicio y otro. Un caso similar al comentado sería el existente en algunos países en relación con las concesiones de servicios telefónicos en redes donde existen distintos proveedores, pero cada uno de ellos con un monopolio regional: el individuo puede ejercer su poder de opción trasladándose de una región a otra, pero no dentro de una de ellas.

No obstante, como hemos visto, ese traslado existe y se hace más intenso a medida que se reduce el tamaño de la jurisdicción a cargo de la provisión del servicio . De ahí que las bondades de la descentralización vayan más allá que el conocimiento de las condiciones específicas de tiempo y lugar, al permitir un incremento proporcional de la movilidad y, por ende, de la competencia.

Las semanas previas a un acto electoral nos muestran una intensa actividad, que bien podríamos denominar “competencia”: los candidatos, al menos durante ese breve periodo, compiten entre sí. ¿Es esa la única competencia en el ámbito de la política? Después de todo, la definición de un “gobierno” es la de poseer el “monopolio” de la coerción y la palabra monopolio sugiere todo lo opuesto a competencia.

No obstante, el análisis económico de la política ha señalado dos formas en las que la competencia “entre gobiernos” se manifiesta. A una de ellas podríamos llamarla “competencia por comparación”: es aquella desde que la gente observa lo que pasa en el gobierno de al lado y demanda políticamente algo similar. Para eso no hace falta que la gente o los recursos se muevan de donde están. La otra forma de competencia es, precisamente, la que genera esa posibilidad de trasladarse de una jurisdicción a otra.

Que los capitales pueden trasladarse resulta claro, pero ¿son también móviles otros recursos? En concreto, ¿se traslada la gente comparando condiciones según un gobierno u otro? La respuesta es, por supuesto, afirmativa. Basta recordar las recientes noticias sobre los africanos que querían ingresar a Europa por Ceuta y Melilla o al ocasional balsero cubano. Suele decirse que, a nivel intergubernamental, la gente “vota con los pies”, y para tener una idea de la calidad institucional en cada caso solo hace falta observar de dónde quiere salir la gente y a dónde quiere entrar.

Los gobiernos están preocupados por esta competencia: la existente entre aquellos que pierden recursos, precisamente porque se les escapa su “base imponible”, y aquellos que los reciben, porque, se sostiene, en un mundo en competencia para atraerlos hay que reducir constantemente las tasas impositivas. Ahora bien, esta es una cuestión mucho más acotada que la anterior: ¿compara la gente distintas presiones impositivas y decide mudarse de un lado a otro cuando solamente hay diferencias en los impuestos?

a, no los suavizan. Sin embargo, nada de esto se menciona en el análisis del futuro de este reporte. ¿Y cuáles son los escenarios que encuentran?

Escenario 1: Una economía sin control, con colapso a la vista. Pero curiosamente a ese destino se llegaría por “un materialismo y consumo sin límites, alimentado por el paradigma del crecimiento cuantitativo y el rechazo el desarrollo sustentable.” EL comercio mundial ha florecido por la eliminación de las barreras comerciales, Asia es el centro de la economía y una super-red de transpote global asegura rápidos intercambios entre los centros de consumo. Pero el cambio climático lleva a desastres naturales.

Escenario 2: Mega-eficiencia y mega-ciudades. Un mundo en el que las ciudades son los grandes motores del progreso y el estado nacional queda en un segundo plano. Las ciudades se benefician del crecimiento “verde”. Para superar problemas como la congestión y las emisiones se han convertido en campeonas de la colaboración. Los consumidores cambiaron sus hábitos, los productos ya no tanto se compran sino que se alquilan.

Escenario 3: Estilos personalizados. La individualización y el consumo personalizado se han extendido por doquier. Los consumidores pueden diseñar y crear sus propios productos, con impresoras 3D. Esto se complementa con una infraestructura energética descentralizada.

Escenario 4: Proteccionismo paralizante. A partir de las crisis económicas, el nacionalismo excesivo y las barreras proteccionistas, la globalización se ha revertido. El desarrollo tecnológico es lento. Los altos precios de la energía y la escasez de su oferta llevan a conflictos internacionales sobre los recursos.

Escenario 5: Resistencia global, adaptación local. Describe un mundo caracterizado por un alto nivel de consumo gracias a la producción automatizada y barata. Pero el acelerado cambio climático y las frecuentes catástrofes naturales quiebran las cadenas de suministro global y se producen constantes fallas en la oferta. El paradigma económico cambia de la maximización de la eficiencia a la mitigación de la vulnerabilidad. Esto lleva a duplicar sistemas para superar esos inconvenientes aunque la eficiencia termina sacrificada.

En fin, puede ser que alguno o más de uno de los escenarios descriptos se produzca: el auge de las ciudades, la personalización del consumo. Pero tal vez el escenario más importante será el que determinará las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos ya que si hay una amenaza en el planeta actualmente es que tienen las manos libres para hacer lo que quieran, sin mayores controles y lo que quieren suele ser gastar y emitir. Todo, por supuesto, con los mejores argumentos acerca del impulso de la “demanda agregada” y las terribles amenazas de la deflación.

Tal vez haya que incorporar un escenario que describa el colapso del estado benefactor, hundido en un mar de deuda y emisión monetaria. ¿Y después?

Los ocupantes informales revelan aplicar, intuitivamente, una idea lockeana sobre la propiedad

Del Cap 7: Soluciones Institucionales

Los ocupantes tienen una visión “lockeana” sobre el origen de los derechos de propiedad: posesión por ocupación. Cravino (2006, p. 160) informa sobre las siguientes formas para obtener una vivienda informal:

Ocupando o tomando un “lote” y construyendo la propia vivienda.

Accediendo a un pedazo de terreno o construyendo la vivienda detrás o sobre la vivienda de algún pariente.

Mediante el “allegamiento”: compartiendo la vivienda con un pariente o amigo, sobre todo por un periodo breve, mientras el recién llegado encuentra un lugar.

Viviendo en una casa prestada por algún pariente, vecino o amigo. Cravino (2009, p. 16) comenta la ambigüedad entre “cuidar” y “quedarse” en una casa. Incluso si es prestada, con el tiempo quienes tienen la custodia de la misma considerarán que han adquirido un derecho sobre ella, especialmente si han hecho trabajos de mantenimiento o mejoras.

Ocupación de viviendas deshabitadas (el dueño ha regresado a su país de origen, o está preso o prófugo). Normalmente esto requiere la aprobación de una organización comunitaria, un delegado o una iglesia.

En algunos casos —pocos— obtienen la vivienda del gobierno local.

Chávez Molina (2010) considera que ocurre lo mismo con la asignación de puestos en la feria informal de Francisco Solano. Este suburbio del sur de Buenos Aires es la sede de una de las ferias comerciales más grandes de la ciudad, que funciona los miércoles y sábados con más de mil seiscientos puestos, en los que se ofrecen alimentos, calzado, ropa  y todo tipo de productos falsificados. Aunque la feria como tal ha sido aprobada y es regulada por el gobierno local, el mismo solo ha autorizado seiscientos puestos y no hay control sobre los productos que se venden. De hecho existen como dos ferias dentro de la misma área: una más formal y la “cola”, como la llaman, completamente informal.

La existencia de estos mercados informales es visible en cualquier país no desarrollado e incluso en algunos que lo son. Lo que resulta relevante para nuestro propósito aquí es que no existe una regulación formal sobre el lugar que debe ocupar cada comerciante. Todos los entrevistados por Chávez Molina (2010, p. 153) dijeron que se habían “ganado” el lugar a través de la participación constante en la feria y las relaciones con otros comerciantes. Cualquiera puede instalarse en ella, comenzando en la “cola”, que es al final de la feria o en las calles laterales; y solo después de una participación constante y de cultivar las relaciones personales con los comerciantes ya establecidos se podrán mover a una mejor ubicación, cuando los lugares estén disponibles. Si un comerciante no se presenta por un mes, nadie cuestionará si otro ocupa su lugar, aunque se consideran situaciones de ausencia por enfermedad.

Una nota aparte, de interés para los economistas austríacos, deriva de la importancia de la primera posesión y se relaciona con la necesidad de un derecho de propiedad formal. La mayoría de los economistas austríacos enfatizarían la importancia de derechos de propiedad bien definidos, pero ¿demanda esto un título “formal” o la “percepción de estabilidad de la posesión”? De hecho, eso es lo que aporta el título formal, y las ventajas de un buen sistema de registro y titulación han sido reconocidas por los austríacos y subrayadas en el posterior libro de Hernando de Soto (2002), señalando en este caso la necesidad de un título para acceder al crédito hipotecario. Estudios empíricos han mostrado también el impacto de la titulación en la inversión (Galiani y Shcargrodsky 2005), y asimismo en la calidad, tamaño y estructura de las casas, en los resultados educativos de los niños, y en la formación de ideas sobre la propiedad y los mercados.

Otros autores cuestionan si se necesita un título formal para asegurar la posesión y proteger las inversiones, o existirían otros procesos para lograr resultados similares. Por ejemplo, van Gelder (2010) comenta:

“Factores tales como el reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores que pueden fortalecer de facto la seguridad de la posesión fueron considerados más fundamentales que tener un documento legal sobre un terreno (e. g., Gilbert 2002).

Respecto al acceso al crédito, los poseedores de títulos no obtuvieron préstamos más frecuentemente que los residentes que no los tenían. En El Tala solamente tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamos hipotecario en los cinco años anteriores, contra dos en la sección no titulada del asentamiento. Más gente —ocho en la zona titulada y cinco en la no titulada— habían obtenido préstamos en instituciones financieras que cobran altos intereses y no demandan la propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus viviendas como garantía para obtener préstamos” (p. 15).

Ostuni y van Gelder (2008, p. 205) apelan a una “construcción subjetiva” o percepción de seguridad, que ciertamente provendría de un título, pero también de la buena voluntad de funcionarios gubernamentales, una política de laissez faire en relación con los asentamientos o con la provisión de servicios básicos. Baltrusis (2009, p. 71) informa que los precios en las “favelas” informales de Guarulhos, cerca de San Pablo, tienen un precio promedio de R$3,700 en Sao Rafael, mientras las de Cabucú, un barrio recientemente ocupado, solo cuestan R$600.

Al margen de la forma que tome, la percepción de seguridad es determinante y las decisiones de adjudicación de mediadores o jueces informales tenderían, por lo tanto, a fortalecerla. Esto debilita el análisis de costo/beneficio en tales decisiones, ya que volver a la asignación de derechos, dependiente de la evaluación de un juez sobre un resultado neto, volvería a generar inestabilidad, un punto este planteado por Block (1995), aunque también mencionado por Coase.

Los contratos de arrendamiento parecen regirse por un principio estricto de propiedad: si el arrendatario no paga, debe abandonar el cuarto o la casa inmediatamente. No hay mucha flexibilidad y las renegociaciones son poco normales. Pocos arrendatarios se resisten al desalojo (Cravino 2006, p. 206).

Acciones voluntarias contra la pobreza y las diferencias de ingresos: ¿la pobreza o la desigualdad?

Del Capítulo 16:

En verdad, pobreza y desigualdad de ingresos son dos cosas muy distintas. La primera se relaciona con la falta de ciertos recursos básicos para la vida; la segunda tiene que ver con un análisis comparativo entre lo que tienen unos y lo que tienen otros. La importancia de esta diferencia no es menor, ya que debemos preguntarnos qué es lo que nos preocupa: si la pobreza o la diferencia de ingresos.

La pobreza se está reduciendo y esta reducción ha sido enorme en los últimos años. La brecha entre ricos y pobres también se ha reducido (Chotikapanich et al 2007; Sala-i-Martin 2002), aunque su medición a nivel global es muy complicada. Asimismo, la medición de los ingresos no refleja el fenómeno en toda su magnitud. Los pobres tienen hoy acceso a bienes que no podían imaginar los ricos de hace doscientos años, pero además la diferencia de calidad entre lo que compran los ricos y lo que compran los pobres se ha reducido. Por ejemplo: los ricos compran más productos alimenticios y de mayor calidad, pero en muchos casos son de la misma calidad de los que compran los pobres, algo que no sucedía entonces.

Otro ejemplo: podría darse el caso de que aumente la diferencia de ingresos, pero la situación de los más pobres también será mejor. Es más: esto es lo que suele ocurrir al inicio de un proceso de crecimiento económico acelerado. En este caso, vamos a suponer dos individuos representativos, de los cuales uno es pobre y el otro rico. Veamos:

SITUACIÓN A (ingreso anual) García: USD50,000 Pérez: USD5,000

SITUACIÓN B (ingreso anual) García: USD250,000 Pérez: USD15,000

La brecha ha aumentado notablemente: García multiplicó sus ingresos por cinco, mientras Pérez lo hizo por tres. Pero lo cierto es que Pérez está mejor. Es más: está mucho mejor. Vamos a suponer aquí que —dado que los individuos somos distintos y tenemos atributos diferentes— la diferencia de ingresos es inevitable y que lo que nos preocupa es la situación de los que están peor. No obstante, en el ámbito de las políticas públicas, se proponen políticas de “redistribución”, más preocupadas por la diferencia de los ingresos, y en algunos casos estas políticas terminan empeorando la situación de los más pobres. Mientras esas políticas terminen frenando el crecimiento económico y desalentando la inversión, perjudicarán a los más pobres: quizá se termine con una sociedad más igualitaria, pero en la que todos son más pobres. Lo ilustraremos con la siguiente situación:

SITUACIÓN C (ingreso anual) García: USD20,000 Pérez: USD4,000

Nos encontramos además con el problema de que, una vez se ha creado el aparato redistribuidor, este redistribuye para cualquier parte. Lo imaginamos como distribuyendo a lo “Robin Hood”, pero también puede redistribuir a lo “Hood Robin”, o en diagonal, dentro de un mismo grupo de unos a otros; en definitiva, en cualquier dirección. En medio de todo este proceso, el Estado no deja de crecer.

Tullock (2004) sostiene que en el ámbito de la democracia mayoritaria podríamos encontrar una coalición dominante del 51% de los votantes con menores ingresos, que decidiría redistribuir en su favor los ingresos del 49% restante. Pero, si suponemos que el 10 o 20% de la población son los pobres, esto hace que los pobres sean solo el 20 o el 40% de los miembros de la coalición dominante aproximadamente. Con esos porcentajes no pueden controlar esa coalición, por lo que los miembros de mayores ingresos dentro de ella terminarán recibiendo también ingresos redistribuidos, e incluso hasta puede ocurrir que reciban más. Pensemos, por ejemplo, en el 2% de más altos ingresos en la coalición dominante. Para los miembros del 49% minoritario, que pierden ingresos con la redistribución, resulta conveniente ofrecer a esos miembros mayores beneficios, convencerlos así de que se sumen al 49% y generar una nueva coalición mayoritaria. Esto sería más barato para el 49%. Para que esto no suceda y la coalición del 51% se mantenga, hay que ofrecerle a esos individuos un trato suficientemente atractivo como para que se pasen de lado, con lo que terminan recibiendo un trato tal vez superior al de los más pobres.

Pero los ricos podrían hacer algo que sería incluso menos costoso para ellos, y es no ya tentar al 2% más rico entre la coalición mayoritaria para que cambie de lado, sino a un porcentaje de los más pobres. Según Tullock, esta coalición es difícil de encontrar, porque los pobres creen que sus intereses son claramente incompatibles con los de los más ricos, pero no lo ven así con los que se encuentran entre el 20 y el 51% en términos de la escala de ingresos.

Sin embargo, Tullock sostiene que lo que se observa en la realidad es que las transferencias se realizan entre grupos que no se definen por su nivel de ingresos, sino por su nivel de organización y poder. Así, por ejemplo, agricultores subsidiados en Estados Unidos, Europa o Japón, estudiantes universitarios, intelectuales, artistas, industriales nacionales o sindicalistas están entre los principales receptores de transferencias, pero no son los más pobres. Si esto es así, y siendo que los pobres no se encuentran muchas veces bien organizados, no podemos esperar que la redistribución los termine beneficiando[1].

No obstante esto, ¿por qué la gente sigue prefiriendo la redistribución a través de la política y el Estado? La respuesta sería que no es lo mismo sacar la billetera y aportar $100 que votar por una opción por la que todos reciban un impuesto de $100. El costo de la primera opción es directamente $100, pero el costo de la segunda es también $100, descontada mi estimación de la influencia que pueda tener en el resultado final, como vimos ya en el capítulo 4. Es decir: este segundo acto satisface también mi preocupación respecto a hacer algo por los pobres, pero a un costo mucho menor.

[1]. “Casi todas las discusiones estándar sobre la redistribución asumen que es normalmente de ricos a pobres. Algo de esto hay, pero es un fenómeno trivial comparado con la redistribución que se produce dentro de la clase media”. (Tullock 2004, p. 270).

 

Calidad institucional e inversiones: y una vez alguien dijo que la Seguridad jurídica era una estupidez

Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversions.

Vemos los capítulos 2 y 3. Fallas de Mercado y un tema nuevo:¿existen los bienes Públicos globales?

El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el mundo, plantea, para algunos autores, no solo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo, y que sus beneficios sean “cuasi universales” en términos de países —cubriendo más de un grupo de países—, pueblos —llegando a varios, preferiblemente todos—, grupos poblacionales y generaciones —extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras, o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales, sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras—. En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros y públicos impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplo la paz, ya que, “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes el grado de colectividad de la defensa; ahora se suman también en esta categoría la provisión de la ley y el orden, y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros, serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas: es decir, son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul y otros plantean el caso del consumo de una comida nutritiva, que a primera vista parece ser un bien privado, pero que también brinda beneficios públicos, ya que mejora la salud y con ella la posibilidad de adquirir habilidades para desempeñar un trabajo productivo, lo cual beneficiaría no solamente a la familia, sino también a la sociedad en su conjunto, pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad, parece que esto es inevitable. La discusión no es que produzcan o no produzcan algún tipo de impacto, sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo, siendo que las valoraciones son subjetivas, y si el Estado es el único capaz de proporcionar determinados bienes. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos, incluyendo, según Kaul y otros, las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas, y también del incremento de actividades riesgosas, como el abuso de las drogas y el tabaquismo.

Un programa para aliviar la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población contribuyera también a prevenir conflictos, o a fortalecer la paz internacional, o a reducir el deterioro ambiental, o a mejorar las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONG internacionales serían las que proporcionan este tipo de bienes públicos globales (Martin 1999).

Pero si se pudiera justificar la existencia de cualquier bien o servicio con efectos para terceros por el hecho de ser proporcionado por el Estado, o a través de organismos internacionales financiados por los Estados, o en última instancia por contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, como en el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a ser proporcionados mediante decisiones políticas, y no por la decisión de los consumidores tomadas en el mercado.

Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que, una vez producidas, su costo de reproducción es mas bien bajo. Esto lleva a dicho autor a pensar que serán “subproducidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido: una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el mismo, desde Adam Smith en La riqueza de las naciones hasta una gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso, si luego, cuando un país se desarrolla —siguiendo, por ejemplo, las enseñanzas de Adam Smith— este o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos: una vez que dicen cómo se desarrolla un país, nadie parece que les va a pagar por ello; entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proporcionarlas.

Nada de eso sucede en la realidad, sino todo lo contrario: hay un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico; un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas, si luego no pueden cobrar por ellas? Existe una gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje por las ventas de sus libros; es invitado a conferencias donde recibe honorarios, viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el Premio Nobel, que, además de ser un premio suculento, le garantiza un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como sabe muy bien el mismo Stiglitz, que lo ha recibido[1].

[1]. “Gran parte del conocimiento que se necesita para el desarrollo exitoso no es patentable; no es el conocimiento que subyace en nuevos productos o procesos. Más bien, es conocimiento fundamental: cómo organizar empresas, cómo organizar sociedades, cómo vivir vidas más saludables de forma que ayudan al medio ambiente. Es conocimiento que afecta la fertilidad y el conocimiento acerca del diseño de políticas económicas que promueven el crecimiento económico” (Stiglitz 1999, p. 318). “Las ideas presentadas hasta aquí dejan en claro que ese conocimiento es un bien público, y sin un apoyo público activo, habrá una sub-provisión de ese bien. Las instituciones internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumplen un papel especial en la producción y diseminación de este conocimiento” (p. 319).

 

Evolución de la calidad institucional: Argentina perdió 98 posiciones, sobre todo desde 2001

En el Capítulo 12 del libro analizo la calidad institucional y la elaboración del índice para realizar un análsis comparative. Aquí van los datos para este año:

Algunos países muestran dramáticas caídas en su calidad institucional. En el Informe de presentación del Índice de Calidad Institucional, evaluamos distintos períodos, que no se ajustan a los eventos políticos de cada país. Aquellos que más posiciones han perdido en los últimos 21 años son Bolivia (100 posiciones) y Argentina (98), aunque sus caídas comenzaran en distintos momentos de ese período. En el caso argentine, esto claramente comienza con la crisis del 2001. Dice el Informe:

En cuanto a la evolución de sus desempeños, estos son los resultados en relación a 1996, a los últimos diez años, y al año pasado:

21 años 10 años 1 año
Antigua y Barbuda -26 -13
Argentina -98 -45 -5
Bahamas -28 -22 -6
Barbados -14 -12 -1
Belice -58 -48 -13
Bolivia -100 -37 -1
Brasil 3 -22 -2
Canada 1 3 1
Chile 0 -1 0
Colombia 18 5 3
Costa Rica -7 13 6
Cuba -29 -22 2
Dominica 3 9
Ecuador -74 -22 7
El Salvador -17 -10 18
Estados Unidos -4 -7 0
Grenada -35 -8
Guatemala -31 1 1
Guyana -42 -23 0
Haití -43 -8 3
Honduras -55 -20 -1
Jamaica -17 -5 9
México -6 -19 0
Nicaragua -40 -37 -11
Panamá -26 -4 10
Paraguay -56 7 5
Perú 15 5 -5
República Dominicana -24 -7 5
San Kitts y Nevis -19 0
San Vicente y las Granadinas -9 2
Santa Lucía -8 4
Suriname -18 -35 -1
Trinidad y Tobago -35 -13 8
Uruguay 1 11 3
Venezuela, RB -74 -30 1

 

Otros resultados positivos son los de Panamá (+10), Jamaica (+9), Dominica (+9), Trinidad y Tobago (+8), Ecuador (+7), Costa Rica (+6), República Dominicana (+5) y  Paraguay (+5). Los más negativos han sido Antigua y Barbuda (-13), Belice (-13), Nicaragua (-11), Grenada (-8), Bahamas (-6), Argentina (-5). En una perspectiva de más largo plazo ya hemos visto que los que más han caído han sido Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guyana y Nicaragua, lo cual denota el deterioro institucional que acompaña, en general, a los proyectos políticos del populismo de tipo bolivariano. Mejoras no hay muchas para señalar, salvo los casos de Colombia (+18) y Perú (+15), que han mostrado también características del tipo de las señaladas en Chile o Uruguay en relación a haber alcanzado un consenso básico sobre la importancia de ciertas instituciones.