La relación entre calidad institucional, confianza y ahorro. ¿Sorpresa? No, la calidad promueve el ahorro

¿Cuál es la relación entre la calidad institucional, la confianza y los ahorros? Un tema bien importante, sobre todo en algunos de nuestros países latinoamericanos, que es tratado en este artículo del Journal of Institutional Economics , Volume 20 , 2024 , e8. DOI: https://doi.org/10.1017/S1744137423000346

Los autores son François Facchini, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Sophieah Massin, Univ. Lille, CNRS, IESEG School of Management y Kevin Brookes, Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble.

“Este artículo se basa en la macroeconomía, la economía de las instituciones y la economía de la confianza para explicar el ahorro privado a nivel nacional en 33 países de la OCDE (en su mayoría europeos) entre 2002 y 2012. Más específicamente, plantea dos preguntas: (i) ¿es la economía de las instituciones y la economía de la confianza? ¿La calidad de las instituciones o la confianza en las instituciones es lo que impulsa el ahorro privado? (ii) si la confianza es importante, ¿cuál es el nivel institucional apropiado en el que opera? Para responder a estas preguntas, agregamos a las variables explicativas habituales del ahorro privado tres medidas de calidad institucional y seis medidas de confianza institucional, distribuidas entre los siguientes niveles institucionales, presentados en un supuesto orden jerárquico: político, legal, financiero y social. Encontramos que la confianza en las instituciones políticas es el impulsor más importante del ahorro privado. Esto contribuye a que la literatura subraye la importancia de la subjetividad en los fenómenos sociales y económicos y sugiere, para los ahorros de los bancos privados en países que tienen sistemas bancarios altamente regulados, la existencia de una jerarquía de confianza en la que la confianza en las instituciones de más alto rango (políticas y en menor medida, jurídicas (instituciones) actúa como sustituto de la confianza en todas las instituciones de menor rango (instituciones financieras y fideicomisos sociales).”

Como el fertilizante, las buenas instituciones mejoran los rendimientos de la producción agrícola

Como el fertilizante, las buenas instituciones mejoran los rendimientos de la producción agrícola, un tema de mucha importancia no solamente para nuestro país o América Latina sino para todos los países más pobres del planeta. Lo consideran en este paper “INSTITUTIONS AND GLOBAL CROP YIELDS”, por David Wuepper University of Bonn, Haoyu Wang University of Texas at Austin, Wolfram Schlenker Columbia University, Meha Jain University of Michigan y Robert Finger ETH Zurich; Working Paper 31426: http://www.nber.org/papers/w31426

“Estudiamos si los cambios en las instituciones a nivel de país, medidos por el índice de libertad económica del Instituto Fraser, influyen en las discontinuidades fronterizas en los rendimientos medidos por satélites. Las instituciones de mejora brindan una política para mejorar la seguridad alimentaria mundial, mitigar la pobreza y producir suficientes alimentos en las tierras de cultivo existentes para poder salvar los ecosistemas naturales de la conversión a tierras de cultivo. Tres subpuntuaciones vuelven consistentemente significativas y de magnitud considerable. Miden la inflación, la regulación del mercado crediticio y la tasa impositiva del margen superior. Los dos primeros aluden al hecho de que los agricultores enfrentan un problema intertemporal, donde los insumos deben comprarse al comienzo de la temporada de crecimiento y el pago ocurre solo después de la cosecha. Las medidas de los derechos de propiedad son significativas cuando se incluyen como única variable explicativa, pero pierden significado cuando incluimos conjuntamente todos los controles.”

Uruguay entre los mejores en calidad institucional, pero la mayoría de sus economistas son de izquierda

Uruguay es uno de los países con mejor calidad institucional en América Latina según del Índice de Calidad Institucional y se acerca, y hasta lo puede superar, a Chile, junto con Costa Rica. Chile está en la posición 30 y Uruguay en la 31, Costa Rica 34. Si vemos los datos desagregados, Uruguay tiene su principal fortaleza en la calidad de sus instituciones políticas (22), no tanto en las instituciones de mercado (46). Tal vez en esta diferencia tenga algo que ver que la mayoría de los economistas uruguayos parecería ser de izquierda.

Algo así se plantea en este trabajo “Consensos, disensos e ideología: el caso de los economistas en Uruguay” Verónica Amarante – Marisa Bucheli – Cecilia Lara de la Universidad de la República;  Documento No. 03/22 Mayo 2022: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/31716/6/DT%20E%202022%2003.pdf

Así concluyen:

“En términos generales, la presencia de consensos fuertes o sustanciales entre los economistas en Uruguay es algo menor que la detectada entre sus pares de otros países, lo cual puede deberse a las opiniones específicas relevadas. El mayor acuerdo se detecta en las opiniones relativas a la discriminación, coincidiendo a la hora de evaluar la falta de equidad en términos de género y ascendencia racial. También muestran un fuerte acuerdo en relación con proposiciones vinculadas con el cuidado ambiental, aun cuando en este tema la no respuesta y la posición neutral es mayor. Las proposiciones sobre supuestos básicos de la economía y las vinculadas con su estatus como ciencia no generan consensos significativos, con la excepción del desacuerdo en la posibilidad de distinguir entre la economía positiva y normativa y la proposición de que las conclusiones de los economistas no se ven afectadas por su nacionalidad o inclinación política.  También existe consenso en la posición a favor de la intervención gubernamental en los mercados para proteger al consumidor. Pero el consenso decae ante otras proposiciones relativas a soluciones de mercado e intervención del gobierno en los mercados (incluido el laboral).  La prevalencia de altos niveles de desigualdad y la relevancia del rol del Estado al respecto generan consenso. Sin embargo, no hay acuerdos fuertes en relación a las herramientas redistributivas más adecuadas. Tampoco lo hay en lo referido a políticas educativas para el sector terciario.    30La distinción de dos grupos de economistas basada en técnicas de ACM y clusters permitió distinguir un grupo relativamente homogéneo asociado fuertemente con la identificación ideológica de izquierda, la cual a su vez guarda alta correlación con el posicionamiento ideológico de su hogar de origen. El otro grupo muestra mayor heterogeneidad de opiniones en su interior.”

El populismo debilita instituciones y esto perjudica la actividad emprendedora: el de izquierda más aún.

El populismo es la antítesis de las instituciones. No entiende de límites al poder ya que interpreta que representa al “pueblo” en forma directa. Esto genera falta de controles y concentración del poder que, a su vez, implica inestabilidad en las reglas de juego, lo que no favorece la actividad emprendedora. El populismo de izquierda es peor que el de derecha en este caso.

Este tema tratan en un paper titulado “Populist Discourse and Entrepreneurship: The Role of Political Ideology and Institutions”, por Bennett, D.L., Boudreaux, C. & Nikolaev, B. Populist discourse and entrepreneurship: The role of political ideology and institutions. Journal of International Business Studies (2022). https://doi.org/10.1057/s41267-022-00515-9

“Usando la teoría económica institucional como nuestro marco guía, desarrollamos un modelo para describir cómo el discurso populista del líder político de una nación influye en el espíritu empresarial. Nuestra hipótesis es que el discurso populista reduce el espíritu empresarial al crear incertidumbre en el régimen con respecto a la estabilidad futura del entorno institucional, lo que hace que los empresarios anticipen costos de transacción futuros más altos. Nuestro modelo destaca dos factores importantes que moderan la relación. El primero es la fuerza de los controles y equilibrios políticos, que, según nuestra hipótesis, debilita la relación negativa entre el discurso populista y el espíritu empresarial al proporcionar a los empresarios una mayor confianza en que las acciones de un populista se verán limitadas. En segundo lugar, la ideología política del líder modera la relación entre discurso populista y emprendimiento. La retórica anticapitalista del populismo de izquierda creará una mayor incertidumbre de régimen que el populismo de derecha, que a menudo va acompañada de una retórica crítica con el libre comercio y los extranjeros, pero que también apoya los intereses comerciales. El efecto del populismo centrista, que a menudo va acompañado de una combinación de ideas contradictorias y moderadas que dificultan discernir los costos de transacción futuros, tendrá un efecto negativo más débil sobre el espíritu empresarial que el populismo de izquierda o de derecha. Probamos empíricamente nuestro modelo utilizando un diseño multinivel y un conjunto de datos compuesto por más de 780 000 personas en 33 países durante el período 2002-2016. Nuestro análisis apoya en gran medida nuestra teoría sobre el papel moderador de la ideología. Sin embargo, sorprendentemente, nuestros hallazgos sugieren que el efecto negativo del populismo en el espíritu empresarial es mayor en las naciones con controles y equilibrios más fuertes.”

 

Calidad Institucional 2022: pandemia, estados de emergencia y recuperación económica

Este lunes (18hs) se presentarán los resultados del Índice de Calidad Institucional 2022 (www.agrositio.com.ar). Así comienza el informe

En el origen de la pandemia, los gobiernos de la región, y en verdad los de todo el mundo, comenzaron a tomar medidas apresuradas para hacer frente al fenómeno, y no tardaron mucho en declarar “estados de emergencia”, una figura constitucional que, de una u otra forma, está presente en todos los países, pero en referencia a amenazas a la seguridad externa, guerras o desastres naturales, no relacionadas con emergencias a la salud pública. Esas iniciativas fueron recomendadas por organizaciones internacionales como la OMS, pero tuvieron una característica nacional, es decir, cada país tomó sus propias medidas (confinamientos y cuarentenas, control de la distancia social y de los contagios e incluso cierre de fronteras o restricciones a los desplazamientos internos). En todos estos casos, fueron sugeridas y apoyadas por la comunidad científica médica y contaron con el apoyo inicial de la población la que, como sucede con muchas crisis, cuando se enfrenta a una de ellas busca una respuesta en la acción estatal, incluso hasta cuando es ésta la que la haya generado, tal como ocurre con muchas crisis económicas.  

Pero los “estados de emergencia” son fácil presa de la sed de poder y sujeto de potenciales abusos. En muchos casos, los gobiernos han buscado que sean parte de la “nueva normalidad”, sobre todo tras la aparición de nuevas cepas del virus. No todos los países recurrieron al uso de esos poderes: Japón, Bangladesh, el Reino Unido o Alemania no lo han hecho, en un caso por las connotaciones históricas relacionadas con el autoritarismo, en otro por no calificar como una “emergencia” según su ordenamiento constitucional. Pero el autoritarismo puede no necesitar poderes de emergencia. En Dinamarca se modificó la legislación sobre salud pública en doce horas, en el Reino Unido en cuatro días, cuestiones que normalmente hubieran requerido mayor tiempo de discusión y debate.  

Es cierto que pueden darse situaciones que requieran respuestas rápidas y precisas, de hecho, ninguno de los autores que dieron forma al sistema republicano que hoy predomina en muchos de nuestros países negó tal cosa. Macchiavello (The Discourses, Penguin Books, 2003.), Rousseau (The Social Contract, Penguin Books, 1968.); John Locke (Two Treatises of Government (Student Edition), Cambridge University Press, 1988.), Montesquieu (The Spirit of the Laws, Cambridge University Press, 1989.) o Benjamin Constant (Political Writings, Cambridge University Press, 1988.) reconocieron la potencial necesidad de esto, basando su análisis en la figura de la “dictadura” desarrollada en la República romana. En ese entonces la palabra tenía una connotación muy diferente a la actual en la que se le asigna a quienes usurpan el poder. En ese caso, el poder extraordinario les era concedido para hacer frente a una emergencia bélica, pero por un tiempo limitado y bajo el control de los otros órganos de poder y no se extendía a áreas que no estuvieran directamente relacionadas con el suceso que la generara. Terminado el lapso se volvía rápidamente a la normalidad e incluso, en el caso de Inglaterra, el gobernante y todos los funcionarios que hayan actuado haciendo uso de esos poderes quedaban sujetos a demandas judiciales por quienes se hubieran visto afectados por sus medidas (A.V. Dicey: Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Liberty Fund, Inc., 1982). 

No obstante, otra visión prevalece o influencia a los ámbitos del poder, una que no centra todo el uso de ese poder extraordinario en la protección de los derechos individuales de las personas, sino en la protección y supervivencia del Estado, lo que se encontraría por encima de aquellos (Carl Schmitt: Political Theology: Four chapters on the concept of Sovereignty, The University of Chicago Press,1985, 2005.) Esto termina justificando todo tipo de concentración del poder y su continuidad en el tiempo, más allá de la peligrosidad de la pandemia.  

Por cierto, contener y limitar al poder es la esencia de lo que llamamos “instituciones”: la división de poderes, la independencia de la justicia, la libertad de prensa, la independencia de otras agencias del Estado como los estados subnacionales, los bancos centrales o los sistemas de pensiones configuran un reparto del poder que busca evitar su concentración y potencial abuso. Por supuesto que esto no es nada fácil y mucho menos en situaciones de emergencia cuando es la misma gente, aquella cuyos derechos pueden terminar siendo violados, la que demanda acciones rápidas y está dispuesta a entregar ese poder, aunque luego se arrepienta o sufra las consecuencias, o decida desobedecerlo. Los poderes extraordinarios tienen que estar siempre restringidos por el “imperio de la ley” (rule of law) y tener fundamento constitucional. Cualquier medida restrictiva que no incluya una fecha de finalización o que pueda ser extendida en forma continua sin aprobación parlamentaria contradice ese propósito. Esto ha de incluir decretos de “necesidad y urgencia” que se dictan para obtener luego una sanción parlamentaria sin debate ni consideración y tiempo después de haber sido dictados.  

En plena discusión sobre el caso Vicentín, vemos el Cap 13: Calidad institucional e inversiones

Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversiones.

Globalización: calidad institucional y competencia entre jurisdicciones

Con los alumnos de Derecho, UBA vemos los capítulos sobre globalización, competencia y calidad institucional. Aquí una parte del texto:

La economía de mercado es altamente eficiente cuando sus participantes pueden iniciar o terminar relaciones de producción e intercambio entre sí. En otros términos, pueden “entrar” o “salir” de esas relaciones. Si un determinado bien o servicio ofrecido por un productor es considerado “peor” en comparación con otros producidos por otros productores, el consumidor simplemente ejerce su opción de “salida” y elige alguno de los otros proveedores.

Este mecanismo de la competencia, que traslada ganancias a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, garantiza la existencia de los bienes y servicios deseados, y los recursos hacia ese tipo de producción son atraídos por los mayores niveles de ganancia. Los productores se sienten presionados siempre por la competencia para lograr ser más eficientes. Esta es básicamente la lógica del mercado como la desarrolló Adam Smith.

Este enfoque fue ampliado por primera vez por Charles Tiebout (1956) al análisis de la eficiencia de los gobiernos locales, asimilando el consumidor al votante, que de la misma forma que, de acuerdo con sus necesidades, elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio, elige también la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos” (p. 183). Según Tiebout, a nivel del gobierno central, las preferencias del consumidor-votante están dadas y el gobierno trata de ajustarse a ellas; mientras que, en el ámbito de los gobiernos locales, estos tienen sus ingresos y gastos más o menos fijados y el consumidor-votante se traslada al gobierno local que mejor satisfaga su juego de preferencias. Cuanto mayor sea el número de comunidades y mayor la diferencia entre ellas, más se acercará el consumidor a su posición preferida, como sucede en el mercado.

Pero el mismo argumento de Tiebout puede extenderse a la competencia entre distintos estados “nacionales”, en la medida que la migración y el flujo de capitales, ideas y tecnologías sean posibles. Los gobiernos centrales estarían, entonces, sujetos también a la competencia de otros gobiernos nacionales en la provisión de servicios, algo que las corrientes migratorias parecen confirmar.

Así, la opción de “salida” reemplaza a la prueba del mercado de la preferencia para comprar un determinado bien o servicio, lo que garantiza entonces que cada localidad tendría el sistema de ingresos y gastos que refleja los deseos de sus residentes (p. 185). Es decir: como el mercado alcanza la “eficiencia”, la competencia entre gobiernos locales también la alcanza a ese nivel de gobierno. Tiebout parafrasea a Samuelson diciendo que “cada individuo, tratando, como comprador competitivo, de alcanzar los mayores niveles de indiferencia, dados precios e impuestos, será guiado como por una mano invisible a la gran solución del óptimo social”.

Los autores de la Escuela de la Elección Pública (public choice) o la “economía política constitucional”, que ya hemos visto, no suponen el carácter benevolente del gobierno y presentan el mismo argumento de Tiebout, pero con un enfoque diferente. Según ellos, la lógica del análisis de Adam Smith es la misma que la de los Papeles Federalistas. En ambos casos contienen el supuesto de que los individuos, incluyendo a los funcionarios del gobierno, actúan en pos de su propio interés y tratarán de utilizar el poder gubernamental en ese sentido, a no ser que se vean restringidos por la posibilidad de que la gente pueda buscar protección, o preferir a otros funcionarios de otros niveles o regiones.

Así, distintos autores  destacan que, dada la posibilidad que ofrece la opción de “salida”, el proceso de competencia entre los gobiernos locales limitaría las posibilidades de tales gobiernos de abusar de sus ciudadanos y empresas. Y destaca Buchanan que no es necesario que esa opción sea ejercida por una gran parte de la población, sino que los efectos se sentirían igual con que una proporción relativamente pequeña lo hiciera. Incluso los ciudadanos y empresas que nunca considerarían trasladarse serían protegidos por la reconocida existencia de aquellos que marginalmente están dispuestos a hacerlo. En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso e ineficiencia, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales: del primero, porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno; de los segundos, porque existe la posibilidad de movilizarse.

Buchanan señala, además, que incluso si los ciudadanos y las empresas no están dispuestos a ejercer la opción de “salida”, la existencia de pequeñas unidades de jurisdicción gubernamental mejora la otra opción, la de “voz”: es decir expresar su opinión mediante los mecanismos democráticos de gobierno, ya que un voto resulta más decisivo en un electorado de cien que en uno de mil o de un millón. Además, es más fácil organizar un pequeño grupo —que puede resultar en una coalición ganadora— en una jurisdicción pequeña.

Y aunque no se utilizara la opción de “salida”, existiría la de “salida virtual”, que es la observación de cómo se manejan las cosas en otras jurisdicciones y los efectos que esto pueda tener en el proceso político interno. Por ejemplo, en la caída del socialismo, si bien la salida de ciudadanos fue importante, especialmente en el caso de Alemania, la observación de las economías, la cultura y la política en los países occidentales por los ciudadanos de Europa Central y Oriental cumplió un papel destacado en las revoluciones de 1989-1991.

Por otro lado, la “salida” no tendría que ser necesariamente física; no requeriría el traslado físico del individuo o la empresa para garantizar la competencia. Ribstein y Kobayashi (1997) afirman que la existencia de distintos sistemas legales en un estado federal origina una competencia potencial entre ellos, en tanto en cuanto las personas y empresas puedan elegir la jurisdicción legal de su relación contractual. Esto es evidente en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales, donde las partes eligen en muchos casos la autoridad judicial a la que se someterán en caso de disidencias con respecto al cumplimiento del contrato; pero también sucede entre Estados siendo un ejemplo de esto el establecimiento legal de las empresas en los Estados Unidos, las que eligen los estados que les otorgan mejores sistemas legales, no siendo estos los mismos en que tales empresas tienen su sede central y sin siquiera tener operaciones en tales estados.

Artículo en La Nación: La grieta que nos separa del progreso…. políticos de un lado, progreso del otro

Artículo en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/lore-con-verit-ip-ercipla-grieta-que-nos-separa-del-progreso-nid2341567

Sabemos que la grieta política sigue existiendo, pero no es la más importante. Mucho peor es la que nos separa del progreso. Esta es una en la que los dos contendientes de la grieta local se encuentran en buena medida del mismo lado. En la cual encontramos a los políticos de un lado y a las posibilidades de progreso del otro. Estas últimas dependen de la calidad institucional de los países, y estas, a su vez, de las ideas y los valores que predominan en cada sociedad. Según el Índice de Calidad Institucional que publica la Fundación Libertad y Progreso, la Argentina ocupó su peor lugar en 2016: la posición 142. En verdad, dados la forma en que se calcula este indicador y el rezago en los datos, se refiere a la situación en 2015, y en algunos casos hasta un poco antes. A partir de allí, mejoró 30 posiciones, hasta alcanzar el puesto 112 en 2019. El recorrido ascendente refleja cambios tales como una mayor independencia de la Justicia y de los medios en el ámbito de las instituciones políticas, y la eliminación del cepo y la salida del default en el de las instituciones de mercado. Aún no está disponible el ICI 2020, pero es muy probable que ese recorrido se haya cortado y la Argentina vuelva a caer, a partir de muchas medidas que se tomaron desde la crisis de 2018.

Ese camino parece tener una fecha de comienzo: 28 de diciembre de 2017. Fue el día en que el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la modificación de la política de objetivos de inflación aplicada hasta el momento. Es oportuno centrar la atención en el deterioro de la calidad institucional en el ámbito de la moneda, como un reflejo de la mencionada brecha que nos separa del progreso. Al margen de las opiniones que se puedan tener respecto del cambio de política monetaria, la presencia del presidente del Banco Central, sin participar demasiado de los anuncios, mostró la debilidad institucional monetaria, reflejada en la falta de independencia de la autoridad. Tampoco existía antes: Sturzenegger fue nombrado por Macri y no era «independiente» de las preferencias políticas de este, pero hasta ese momento aparecía actuando según su propio criterio y el del directorio del BCRA.

Era una independencia muy débil, más en un país que no la tiene desde hace décadas y cuyo historial reclama acciones mucho más drásticas: cualquiera que haya perdido dieciséis ceros en el valor del producto que vende no solo muestra que está en la quiebra, sino que merece su cierre. Ningún argentino ahorra en su moneda, a menos que le ofrezcan una «bicicleta» tan rentable como riesgosa. El peso es aquel instrumento con el que se licúan los salarios de los trabajadores y las jubilaciones de los retirados.

Por supuesto que la independencia no garantiza evitar el error, el cual ocurre sistemáticamente: los bancos centrales se equivocan emitiendo de más o emitiendo de menos de lo que el mercado demanda, y cuando aciertan muestran también que son superfluos, ya que eso es lo que el mercado habría provisto. Es verdad, las monedas más fuertes del mundo son obra de banqueros centrales que se equivocan menos que los nuestros y que son más independientes como para resistir las presiones políticas.

El segundo punto que genera una relativa mejor calidad institucional monetaria es la sujeción a reglas. Las monedas más fuertes creen no tener necesidad de someterse a ellas, aunque muchas veces lo hacen de facto, tal el caso de la regla de Taylor, que muchos banqueros siguen sin que les sea impuesta. En países con mala calidad institucional monetaria la necesidad de una regla es mucho mayor y se extiende al ámbito fiscal. Poco sirve una regla que restrinja o elimine la política monetaria si a su lado florece el despilfarro fiscal: la convertibilidad no fue suficiente para evitar ese colapso. Incluso una regla fiscal que elimine el déficit operativo (que no elimina todo el déficit) no es suficiente si se logra con un nivel de gasto público y de impuestos que sofoca y mata a quienes producen y generan algo de riqueza. Así es como el problema institucional económico argentino es muy serio. De hecho, el ICI consta de dos subíndices: uno de instituciones políticas y otro de instituciones de mercado. En 2019 ocupamos el puesto 78 en las primeras y el 138 en las segundas, detrás de Níger, Haití y Bolivia.

Pero lo peor de todo son las ideas y los valores que predominan en la política argentina, y tal vez en los votantes, quienes no muestran ninguna intención de llevar adelante cambios que mejoren la calidad institucional. Empecemos de nuevo con la política monetaria. No solamente Guido Sandleris no era «independiente» respecto del gobierno, sino que además renuncia a su mandato cuando va a asumir el nuevo gobierno, «para allanar el camino para que el presidente electo designe a quien considere adecuado», reconociendo que se trata de una tradición argentina. Por supuesto, una tradición que no aportó nada a los argentinos. Además, calidad institucional significa límites al poder, y esto es exactamente lo contrario. No se trata de «allanar» el camino al gobernante, sino de limitarlo. La calidad institucional incluye aspectos básicos como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de mandatos, la libertad de prensa, y si el Estado va a tener una moneda (los argentinos, al menos para sus ahorros han elegido otra), que al menos sea estable y que no se vea sometida a las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Nada de eso pasa por la cabeza de los políticos locales. En definitiva, es lógico: quieren tener las manos libres, el camino allanado, quieren tener el poder. Y como mencionara antes, instituciones significan menos poder para quienquiera que sea el gobernante. Los tres primeros puestos del Índice de Calidad Institucional los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca y Suiza. Probablemente ninguno de los lectores recordará el nombre de su gobernante. Borges decía que tal vez ni siquiera los suizos lo saben. Pero son países que progresan, que ofrecen más y mejores oportunidades a sus ciudadanos. Si vamos al final de la lista, todos sabemos quién es el gobernante de Corea del Norte, y en el caso de América, de Venezuela. Así que, en definitiva, la brecha que nos separa del progreso es una brecha de normas, de reglas de juego y, sobre todo, de limitaciones al poder. Hace rato que lo único que discutimos es quién se hará cargo del poder, nunca discutimos cuál será la dimensión de este. Y así, discutiendo personas, nombres, carismas, dejamos que las instituciones se deterioren y las oportunidades de progreso se cierren.

Los países de mayor apertura comercial son también los de mayor calidad institucional. La apertura limita al poder

Los países de mayor apertura comercial son países de mayor calidad institucional porque esa apertura limita la discrecionalidad de los gobernantes, reduce las presiones para obtener esos u otros privilegios y “protecciones” y empodera a los consumidores, no a los distintos sectores de interés. Una estructura institucional permeable a las presiones desata una carrera por obtener privilegios que termina convirtiendo a la política en una rapiña a obtener a costa de los consumidores, quienes pagan también como ciudadanos ya que el estado desatiende las necesidades generales de la población para convertirse en un instrumento de la distribución de rentas hacia quienes tienen más éxito político o poder de fuerza para presionar.

Mejorar la calidad institucional demanda muchos esfuerzos en distintos frentes, pero el resultado final es más y mejores oportunidades de progreso. El mercantilismo populista nunca ha llevado a esto, todo lo contrario.

La amenaza de retirar a Estados Unidos de las negociaciones para un tratado de libre comercio en el Pacífico, las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de dar marcha atrás con el acuerdo comercial que tiene con México (no está claro si pretende lo mismo con Canadá) y la salida de Inglaterra de la Unión Europea serían pasos negativos, a menos que la alternativa fuera la apertura unilateral tanto sea de Estados Unidos como de Inglaterra, que no parece ser el caso, especialmente en el primero de ellos.

Esos tratados, si bien no brindan los beneficios del libre comercio, cumplen un objetivo “institucional”, ya sea porque fuerzan mejoras institucionales que serían difíciles de implementar a través del sistema político local (México en el TLCAN o NAFTA) o porque consolidan y bloquean reformas ya realizadas (los TLCs firmados por Chile, por ejemplo). En el primer caso, un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) se convierte en un condicionante externo para cambios que resulta difícil alcanzar internamente en países de la baja calidad Institucional y también en una barrera para el deterioro en aquellos de mejor calidad. En el primer caso se lo llama muchas veces “importación de instituciones”. En el segundo, es por el temor a que ese consenso no se obtenga en el futuro, a que políticas puedan deteriorar la calidad institucional, que no funcionen los límites internos, y de esta forma se impone un límite externo que cumple la función de “limite al poder” que la política local no puede alcanzar. Ambos casos implican “atarse las manos”, o tal vez más preciso, comprar límites al poder que la política interna es incapaz de proveer.

En particular, esos tratados (y, por supuesto, más aún el libre comercio unilateral) pueden poner freno a presiones proteccionistas locales, si es que por alguna circunstancia prefieren una limitación a la capacidad de lobby que puedan tener productores locales.

No es casualidad tampoco que los países de mayor calidad institucional sean más abiertos al comercio internacional y tengan más tratados preferenciales firmados. Salir de ellos sería una ventaja solamente si fuera para avanzar hacia el libre comercio, pero los mensajes recientes muestran que la intención es ir en sentido contrario.

El mercantilismo proteccionista no sólo deteriora la calidad institucional, también frena cambios competitivos

El avance del proceso de globalización en las últimas décadas ha generado notables resultados en términos de incremento de los ingresos per cápita, reducción de la pobreza, de la mortalidad, del hambre y hasta de la violencia y las guerras. Esos cambios han impactado negativamente en algunos sectores que pierden competitividad y ven caer su actividad. Algunos líderes populistas, y Donald Trump es un claro ejemplo de esto aunque el populismo estuviera siempre asociado a países de menor calidad institucional y particularmente a los de América Latina, utilizan demagógicamente esta circunstancia prometiendo e imponiendo una supuesta “protección” que sólo puede ofrecer un pequeño alivio a corto plazo pero que termina siempre en estancamiento y condena a los sectores menos competitivos a continuar siéndolo.

Así, las amenazas proteccionistas de Trump, si bien pueden tener éxito en esos sectores, llegan en el momento en que las empresas han realizado ya los ajustes necesarios para recuperar su productividad y competitividad.

Un estudio de la consultora internacional Boston Consulting Group (The Shifting Economics of Global Manufacturing: How Cost Competitiveness is Changing Worldwide, 2014), señala:

“Durante la mayor parte de las tres últimas décadas, un concepto rústico del mundo ha guiado las decisiones de inversión y abastecimiento de las empresas. América Latina, Europa oriental y la mayor parte de Asia han sido consideradas regiones de bajos costos. Los Estados Unidos, Europa y Japón han sido consideradas de costos elevados.

Pero esta visión global está anticuada. Años de cambio constante en los salarios, la productividad, los costos de la energía, los valores de las monedas y otros factores están rediseñando dramáticamente el mapa global de la competitividad en los costos de la industria. El nuevo mapa se parece en forma creciente a un entramado de economías de bajos costos, de costos elevados y muchas en el medio, en todas las regiones.

En algunos casos, los cambios en los costos relativos son asombrosos. ¿Quién hubiera pensado hace una década que Brasil sería uno de los países de altos costos industriales, o que México podría ser más barato que China? Mientras Londres se convierte en uno de los lugares más caros en el mundo para vivir y visitar, el Reino Unido se ha vuelto el productor industrial de más bajos costos en Europa. Los costos en Rusia y buena parte de Europa oriental han casi igualado a los de Estados Unidos”.

Y señala más adelante: “Las estructuras de costos en México y los Estados Unidos han mejorado más que todas las otras 25 economías exportadoras de mayor tamaño” (p. 5).

Esa mejora en la eficiencia productiva fue impulsada por las presiones e incentivos que genera la competencia y el libre comercio (y en el caso de Estados Unidos y México el TLCAN). El mercantilismo que muestra el ahora presidente Trump solamente pondrá freno a este proceso que ya estaba en marcha y dando resultados, que no fueron, obviamente, todavía visibles para los votantes.

El mercantilismo populista amenaza tanto los beneficios del comercio internacional para los consumidores, como la calidad institucional de los países que buscan cerrarse a la competencia. De forma similar a como la presión competitiva mueve a las empresas manufactureras a mejorar su productividad y eficiencia, favoreciendo tanto a quienes trabajan en ella como a los consumidores, la apertura comercial intensifica la competencia institucional que conduce a mejoras en la calidad de las instituciones.