En plena discusión sobre el caso Vicentín, vemos el Cap 13: Calidad institucional e inversiones

Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversiones.

Globalización: calidad institucional y competencia entre jurisdicciones

Con los alumnos de Derecho, UBA vemos los capítulos sobre globalización, competencia y calidad institucional. Aquí una parte del texto:

La economía de mercado es altamente eficiente cuando sus participantes pueden iniciar o terminar relaciones de producción e intercambio entre sí. En otros términos, pueden “entrar” o “salir” de esas relaciones. Si un determinado bien o servicio ofrecido por un productor es considerado “peor” en comparación con otros producidos por otros productores, el consumidor simplemente ejerce su opción de “salida” y elige alguno de los otros proveedores.

Este mecanismo de la competencia, que traslada ganancias a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, garantiza la existencia de los bienes y servicios deseados, y los recursos hacia ese tipo de producción son atraídos por los mayores niveles de ganancia. Los productores se sienten presionados siempre por la competencia para lograr ser más eficientes. Esta es básicamente la lógica del mercado como la desarrolló Adam Smith.

Este enfoque fue ampliado por primera vez por Charles Tiebout (1956) al análisis de la eficiencia de los gobiernos locales, asimilando el consumidor al votante, que de la misma forma que, de acuerdo con sus necesidades, elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio, elige también la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos” (p. 183). Según Tiebout, a nivel del gobierno central, las preferencias del consumidor-votante están dadas y el gobierno trata de ajustarse a ellas; mientras que, en el ámbito de los gobiernos locales, estos tienen sus ingresos y gastos más o menos fijados y el consumidor-votante se traslada al gobierno local que mejor satisfaga su juego de preferencias. Cuanto mayor sea el número de comunidades y mayor la diferencia entre ellas, más se acercará el consumidor a su posición preferida, como sucede en el mercado.

Pero el mismo argumento de Tiebout puede extenderse a la competencia entre distintos estados “nacionales”, en la medida que la migración y el flujo de capitales, ideas y tecnologías sean posibles. Los gobiernos centrales estarían, entonces, sujetos también a la competencia de otros gobiernos nacionales en la provisión de servicios, algo que las corrientes migratorias parecen confirmar.

Así, la opción de “salida” reemplaza a la prueba del mercado de la preferencia para comprar un determinado bien o servicio, lo que garantiza entonces que cada localidad tendría el sistema de ingresos y gastos que refleja los deseos de sus residentes (p. 185). Es decir: como el mercado alcanza la “eficiencia”, la competencia entre gobiernos locales también la alcanza a ese nivel de gobierno. Tiebout parafrasea a Samuelson diciendo que “cada individuo, tratando, como comprador competitivo, de alcanzar los mayores niveles de indiferencia, dados precios e impuestos, será guiado como por una mano invisible a la gran solución del óptimo social”.

Los autores de la Escuela de la Elección Pública (public choice) o la “economía política constitucional”, que ya hemos visto, no suponen el carácter benevolente del gobierno y presentan el mismo argumento de Tiebout, pero con un enfoque diferente. Según ellos, la lógica del análisis de Adam Smith es la misma que la de los Papeles Federalistas. En ambos casos contienen el supuesto de que los individuos, incluyendo a los funcionarios del gobierno, actúan en pos de su propio interés y tratarán de utilizar el poder gubernamental en ese sentido, a no ser que se vean restringidos por la posibilidad de que la gente pueda buscar protección, o preferir a otros funcionarios de otros niveles o regiones.

Así, distintos autores  destacan que, dada la posibilidad que ofrece la opción de “salida”, el proceso de competencia entre los gobiernos locales limitaría las posibilidades de tales gobiernos de abusar de sus ciudadanos y empresas. Y destaca Buchanan que no es necesario que esa opción sea ejercida por una gran parte de la población, sino que los efectos se sentirían igual con que una proporción relativamente pequeña lo hiciera. Incluso los ciudadanos y empresas que nunca considerarían trasladarse serían protegidos por la reconocida existencia de aquellos que marginalmente están dispuestos a hacerlo. En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso e ineficiencia, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales: del primero, porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno; de los segundos, porque existe la posibilidad de movilizarse.

Buchanan señala, además, que incluso si los ciudadanos y las empresas no están dispuestos a ejercer la opción de “salida”, la existencia de pequeñas unidades de jurisdicción gubernamental mejora la otra opción, la de “voz”: es decir expresar su opinión mediante los mecanismos democráticos de gobierno, ya que un voto resulta más decisivo en un electorado de cien que en uno de mil o de un millón. Además, es más fácil organizar un pequeño grupo —que puede resultar en una coalición ganadora— en una jurisdicción pequeña.

Y aunque no se utilizara la opción de “salida”, existiría la de “salida virtual”, que es la observación de cómo se manejan las cosas en otras jurisdicciones y los efectos que esto pueda tener en el proceso político interno. Por ejemplo, en la caída del socialismo, si bien la salida de ciudadanos fue importante, especialmente en el caso de Alemania, la observación de las economías, la cultura y la política en los países occidentales por los ciudadanos de Europa Central y Oriental cumplió un papel destacado en las revoluciones de 1989-1991.

Por otro lado, la “salida” no tendría que ser necesariamente física; no requeriría el traslado físico del individuo o la empresa para garantizar la competencia. Ribstein y Kobayashi (1997) afirman que la existencia de distintos sistemas legales en un estado federal origina una competencia potencial entre ellos, en tanto en cuanto las personas y empresas puedan elegir la jurisdicción legal de su relación contractual. Esto es evidente en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales, donde las partes eligen en muchos casos la autoridad judicial a la que se someterán en caso de disidencias con respecto al cumplimiento del contrato; pero también sucede entre Estados siendo un ejemplo de esto el establecimiento legal de las empresas en los Estados Unidos, las que eligen los estados que les otorgan mejores sistemas legales, no siendo estos los mismos en que tales empresas tienen su sede central y sin siquiera tener operaciones en tales estados.

Artículo en La Nación: La grieta que nos separa del progreso…. políticos de un lado, progreso del otro

Artículo en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/lore-con-verit-ip-ercipla-grieta-que-nos-separa-del-progreso-nid2341567

Sabemos que la grieta política sigue existiendo, pero no es la más importante. Mucho peor es la que nos separa del progreso. Esta es una en la que los dos contendientes de la grieta local se encuentran en buena medida del mismo lado. En la cual encontramos a los políticos de un lado y a las posibilidades de progreso del otro. Estas últimas dependen de la calidad institucional de los países, y estas, a su vez, de las ideas y los valores que predominan en cada sociedad. Según el Índice de Calidad Institucional que publica la Fundación Libertad y Progreso, la Argentina ocupó su peor lugar en 2016: la posición 142. En verdad, dados la forma en que se calcula este indicador y el rezago en los datos, se refiere a la situación en 2015, y en algunos casos hasta un poco antes. A partir de allí, mejoró 30 posiciones, hasta alcanzar el puesto 112 en 2019. El recorrido ascendente refleja cambios tales como una mayor independencia de la Justicia y de los medios en el ámbito de las instituciones políticas, y la eliminación del cepo y la salida del default en el de las instituciones de mercado. Aún no está disponible el ICI 2020, pero es muy probable que ese recorrido se haya cortado y la Argentina vuelva a caer, a partir de muchas medidas que se tomaron desde la crisis de 2018.

Ese camino parece tener una fecha de comienzo: 28 de diciembre de 2017. Fue el día en que el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la modificación de la política de objetivos de inflación aplicada hasta el momento. Es oportuno centrar la atención en el deterioro de la calidad institucional en el ámbito de la moneda, como un reflejo de la mencionada brecha que nos separa del progreso. Al margen de las opiniones que se puedan tener respecto del cambio de política monetaria, la presencia del presidente del Banco Central, sin participar demasiado de los anuncios, mostró la debilidad institucional monetaria, reflejada en la falta de independencia de la autoridad. Tampoco existía antes: Sturzenegger fue nombrado por Macri y no era «independiente» de las preferencias políticas de este, pero hasta ese momento aparecía actuando según su propio criterio y el del directorio del BCRA.

Era una independencia muy débil, más en un país que no la tiene desde hace décadas y cuyo historial reclama acciones mucho más drásticas: cualquiera que haya perdido dieciséis ceros en el valor del producto que vende no solo muestra que está en la quiebra, sino que merece su cierre. Ningún argentino ahorra en su moneda, a menos que le ofrezcan una «bicicleta» tan rentable como riesgosa. El peso es aquel instrumento con el que se licúan los salarios de los trabajadores y las jubilaciones de los retirados.

Por supuesto que la independencia no garantiza evitar el error, el cual ocurre sistemáticamente: los bancos centrales se equivocan emitiendo de más o emitiendo de menos de lo que el mercado demanda, y cuando aciertan muestran también que son superfluos, ya que eso es lo que el mercado habría provisto. Es verdad, las monedas más fuertes del mundo son obra de banqueros centrales que se equivocan menos que los nuestros y que son más independientes como para resistir las presiones políticas.

El segundo punto que genera una relativa mejor calidad institucional monetaria es la sujeción a reglas. Las monedas más fuertes creen no tener necesidad de someterse a ellas, aunque muchas veces lo hacen de facto, tal el caso de la regla de Taylor, que muchos banqueros siguen sin que les sea impuesta. En países con mala calidad institucional monetaria la necesidad de una regla es mucho mayor y se extiende al ámbito fiscal. Poco sirve una regla que restrinja o elimine la política monetaria si a su lado florece el despilfarro fiscal: la convertibilidad no fue suficiente para evitar ese colapso. Incluso una regla fiscal que elimine el déficit operativo (que no elimina todo el déficit) no es suficiente si se logra con un nivel de gasto público y de impuestos que sofoca y mata a quienes producen y generan algo de riqueza. Así es como el problema institucional económico argentino es muy serio. De hecho, el ICI consta de dos subíndices: uno de instituciones políticas y otro de instituciones de mercado. En 2019 ocupamos el puesto 78 en las primeras y el 138 en las segundas, detrás de Níger, Haití y Bolivia.

Pero lo peor de todo son las ideas y los valores que predominan en la política argentina, y tal vez en los votantes, quienes no muestran ninguna intención de llevar adelante cambios que mejoren la calidad institucional. Empecemos de nuevo con la política monetaria. No solamente Guido Sandleris no era «independiente» respecto del gobierno, sino que además renuncia a su mandato cuando va a asumir el nuevo gobierno, «para allanar el camino para que el presidente electo designe a quien considere adecuado», reconociendo que se trata de una tradición argentina. Por supuesto, una tradición que no aportó nada a los argentinos. Además, calidad institucional significa límites al poder, y esto es exactamente lo contrario. No se trata de «allanar» el camino al gobernante, sino de limitarlo. La calidad institucional incluye aspectos básicos como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de mandatos, la libertad de prensa, y si el Estado va a tener una moneda (los argentinos, al menos para sus ahorros han elegido otra), que al menos sea estable y que no se vea sometida a las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Nada de eso pasa por la cabeza de los políticos locales. En definitiva, es lógico: quieren tener las manos libres, el camino allanado, quieren tener el poder. Y como mencionara antes, instituciones significan menos poder para quienquiera que sea el gobernante. Los tres primeros puestos del Índice de Calidad Institucional los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca y Suiza. Probablemente ninguno de los lectores recordará el nombre de su gobernante. Borges decía que tal vez ni siquiera los suizos lo saben. Pero son países que progresan, que ofrecen más y mejores oportunidades a sus ciudadanos. Si vamos al final de la lista, todos sabemos quién es el gobernante de Corea del Norte, y en el caso de América, de Venezuela. Así que, en definitiva, la brecha que nos separa del progreso es una brecha de normas, de reglas de juego y, sobre todo, de limitaciones al poder. Hace rato que lo único que discutimos es quién se hará cargo del poder, nunca discutimos cuál será la dimensión de este. Y así, discutiendo personas, nombres, carismas, dejamos que las instituciones se deterioren y las oportunidades de progreso se cierren.

Los países de mayor apertura comercial son también los de mayor calidad institucional. La apertura limita al poder

Los países de mayor apertura comercial son países de mayor calidad institucional porque esa apertura limita la discrecionalidad de los gobernantes, reduce las presiones para obtener esos u otros privilegios y “protecciones” y empodera a los consumidores, no a los distintos sectores de interés. Una estructura institucional permeable a las presiones desata una carrera por obtener privilegios que termina convirtiendo a la política en una rapiña a obtener a costa de los consumidores, quienes pagan también como ciudadanos ya que el estado desatiende las necesidades generales de la población para convertirse en un instrumento de la distribución de rentas hacia quienes tienen más éxito político o poder de fuerza para presionar.

Mejorar la calidad institucional demanda muchos esfuerzos en distintos frentes, pero el resultado final es más y mejores oportunidades de progreso. El mercantilismo populista nunca ha llevado a esto, todo lo contrario.

La amenaza de retirar a Estados Unidos de las negociaciones para un tratado de libre comercio en el Pacífico, las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de dar marcha atrás con el acuerdo comercial que tiene con México (no está claro si pretende lo mismo con Canadá) y la salida de Inglaterra de la Unión Europea serían pasos negativos, a menos que la alternativa fuera la apertura unilateral tanto sea de Estados Unidos como de Inglaterra, que no parece ser el caso, especialmente en el primero de ellos.

Esos tratados, si bien no brindan los beneficios del libre comercio, cumplen un objetivo “institucional”, ya sea porque fuerzan mejoras institucionales que serían difíciles de implementar a través del sistema político local (México en el TLCAN o NAFTA) o porque consolidan y bloquean reformas ya realizadas (los TLCs firmados por Chile, por ejemplo). En el primer caso, un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) se convierte en un condicionante externo para cambios que resulta difícil alcanzar internamente en países de la baja calidad Institucional y también en una barrera para el deterioro en aquellos de mejor calidad. En el primer caso se lo llama muchas veces “importación de instituciones”. En el segundo, es por el temor a que ese consenso no se obtenga en el futuro, a que políticas puedan deteriorar la calidad institucional, que no funcionen los límites internos, y de esta forma se impone un límite externo que cumple la función de “limite al poder” que la política local no puede alcanzar. Ambos casos implican “atarse las manos”, o tal vez más preciso, comprar límites al poder que la política interna es incapaz de proveer.

En particular, esos tratados (y, por supuesto, más aún el libre comercio unilateral) pueden poner freno a presiones proteccionistas locales, si es que por alguna circunstancia prefieren una limitación a la capacidad de lobby que puedan tener productores locales.

No es casualidad tampoco que los países de mayor calidad institucional sean más abiertos al comercio internacional y tengan más tratados preferenciales firmados. Salir de ellos sería una ventaja solamente si fuera para avanzar hacia el libre comercio, pero los mensajes recientes muestran que la intención es ir en sentido contrario.

El mercantilismo proteccionista no sólo deteriora la calidad institucional, también frena cambios competitivos

El avance del proceso de globalización en las últimas décadas ha generado notables resultados en términos de incremento de los ingresos per cápita, reducción de la pobreza, de la mortalidad, del hambre y hasta de la violencia y las guerras. Esos cambios han impactado negativamente en algunos sectores que pierden competitividad y ven caer su actividad. Algunos líderes populistas, y Donald Trump es un claro ejemplo de esto aunque el populismo estuviera siempre asociado a países de menor calidad institucional y particularmente a los de América Latina, utilizan demagógicamente esta circunstancia prometiendo e imponiendo una supuesta “protección” que sólo puede ofrecer un pequeño alivio a corto plazo pero que termina siempre en estancamiento y condena a los sectores menos competitivos a continuar siéndolo.

Así, las amenazas proteccionistas de Trump, si bien pueden tener éxito en esos sectores, llegan en el momento en que las empresas han realizado ya los ajustes necesarios para recuperar su productividad y competitividad.

Un estudio de la consultora internacional Boston Consulting Group (The Shifting Economics of Global Manufacturing: How Cost Competitiveness is Changing Worldwide, 2014), señala:

“Durante la mayor parte de las tres últimas décadas, un concepto rústico del mundo ha guiado las decisiones de inversión y abastecimiento de las empresas. América Latina, Europa oriental y la mayor parte de Asia han sido consideradas regiones de bajos costos. Los Estados Unidos, Europa y Japón han sido consideradas de costos elevados.

Pero esta visión global está anticuada. Años de cambio constante en los salarios, la productividad, los costos de la energía, los valores de las monedas y otros factores están rediseñando dramáticamente el mapa global de la competitividad en los costos de la industria. El nuevo mapa se parece en forma creciente a un entramado de economías de bajos costos, de costos elevados y muchas en el medio, en todas las regiones.

En algunos casos, los cambios en los costos relativos son asombrosos. ¿Quién hubiera pensado hace una década que Brasil sería uno de los países de altos costos industriales, o que México podría ser más barato que China? Mientras Londres se convierte en uno de los lugares más caros en el mundo para vivir y visitar, el Reino Unido se ha vuelto el productor industrial de más bajos costos en Europa. Los costos en Rusia y buena parte de Europa oriental han casi igualado a los de Estados Unidos”.

Y señala más adelante: “Las estructuras de costos en México y los Estados Unidos han mejorado más que todas las otras 25 economías exportadoras de mayor tamaño” (p. 5).

Esa mejora en la eficiencia productiva fue impulsada por las presiones e incentivos que genera la competencia y el libre comercio (y en el caso de Estados Unidos y México el TLCAN). El mercantilismo que muestra el ahora presidente Trump solamente pondrá freno a este proceso que ya estaba en marcha y dando resultados, que no fueron, obviamente, todavía visibles para los votantes.

El mercantilismo populista amenaza tanto los beneficios del comercio internacional para los consumidores, como la calidad institucional de los países que buscan cerrarse a la competencia. De forma similar a como la presión competitiva mueve a las empresas manufactureras a mejorar su productividad y eficiencia, favoreciendo tanto a quienes trabajan en ella como a los consumidores, la apertura comercial intensifica la competencia institucional que conduce a mejoras en la calidad de las instituciones.

Calidad institucional en América: Chile, que lidera las posiciones entre los latinoamericanos, ¿puede cambiar de rumbo?

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Conclusión

El panorama institucional en América Latina y en los países de mayor calidad muestra una situación de alguna forma contrapuesta. América Latina parece abrir las puertas a una mejora en su calidad luego del agotamiento de modelos populistas. Por otro lado, el marco institucional de los países de mayor calidad se ve amenazada por el avance del populismo que América Latina busca dejar.

Curiosamente, Chile, el país de mejor calidad institucional en América Latina, muestra señales similares a la de los países con los que comparte la tabla; las presiones populistas son fuertes y luego de años de estabilidad ha comenzado a caer, aunque poco por el momento. Es de esperar que no exista un movimiento de confluencia por el cual los países que están ahora más abajo suban, y los que están arriba caigan, acercándose todos en el medio, ya que beneficia a todos que la mejora sea general.

Calidad de las instituciones políticas y de mercado en América: hay diferencias, pero los buenos, son buenos en ambas

Los diferentes desempeños en cuanto a las instituciones políticas y de mercado se muestran en la siguiente tabla:

País Política País Mercado
9 Canadá 0,9398 6 Estados Unidos 0,9495
18 Estados Unidos 0,8708 8 Canadá 0,9274
19 Barbados 0,8607 23 Chile 0,8392
23 Santa Lucía 0,8326 42 Costa Rica 0,7109
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 48 Panamá 0,6852
26 Uruguay 0,8158 49 Santa Lucía 0,6724
28 Bahamas 0,8102 50 Perú 0,6597
29 Costa Rica 0,8021 59 Bahamas 0,6285
30 Chile 0,8003 62 México 0,6194
38 Dominica 0,7813 64 Jamaica 0,6093
40 San Kitts y Nevis 0,7687 66 Colombia 0,5953
50 Grenada 0,6971 67 Dominica 0,5908
56 Antigua y Barbuda 0,6669 71 Uruguay 0,5815
61 Jamaica 0,6390 72 Guatemala 0,5804
66 Surinam 0,6154 74 San Vicente y las Granadinas 0,5641
69 Belice 0,5938 83 El Salvador 0,5332
71 Trinidad y Tobago 0,5815 88 Barbados 0,4950
76 Panamá 0,5588 89 República Dominicana 0,4923
78 Brasil 0,5482 96 Trinidad y Tobago 0,4560
88 Guyana 0,4868 98 Honduras 0,4474
94 El Salvador 0,4735 106 Nicaragua 0,4202
98 Perú 0,4595 108 Antigua y Barbuda 0,4105
100 República Dominicana 0,4490 112 Paraguay 0,3982
102 Colombia 0,4465 117 Brasil 0,3312
104 Argentina 0,4358 118 Belice 0,3304
121 Bolivia 0,3587 125 San Kitts y Nevis 0,3000
126 México 0,3437 132 Grenada 0,2789
127 Paraguay 0,3396 134 Surinam 0,2721
135 Nicaragua 0,3026 137 Guyana 0,2652
143 Ecuador 0,2769 141 Ecuador 0,2447
148 Guatemala 0,2670 145 Haití 0,2333
149 Cuba 0,2644 159 Argentina 0,1806
151 Honduras 0,2517 160 Bolivia 0,1727
157 Haití 0,2227 185 Venezuela, RB 0,0274
180 Venezuela, RB 0,0942 189 Cuba 0,0112

 

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Cambios en la calidad institucional en América Latina: durante 2016 el caso más destacado fue el de Argentina

La región parece estar perdiendo un par de posiciones en relación al resto, ya que, si observamos la columna con los cambios en relación al año anterior, surge claramente que la mayoría de los cambios son negativos. Claro, este retroceso puede tener dos fuentes: tanto que estos países han deteriorado su calidad institucional como que otros en otras regiones la han mejorado y, por lo tanto, los superan en la clasificación final. De una forma u otra, el resultado es que la región está perdiendo posiciones en la competencia institucional que se ha intensificado con el proceso de globalización.

No obstante, hay algunos cambios positivos, tal el caso de Guyana (+10), Antigua & Barbuda (+6), Panamá y Surinam (+5), y Argentina (+4). En particular, parece destacable el avance de Panamá que continúa una tendencia de dos años y Argentina, que presenta una mejora por segunda vez desde 2002, luego de una leve en 2011.

De todos ellos, el caso más destacado parece ser el de Argentina, ya que todo parece mostrar que comienza a revertir una tendencia de catorce años, y que esta mejora no sería circunstancial sino un primer paso en una tendencia de mejora que podría afirmarse en el futuro. De hecho, la mejora de este año no captura todavía todos los cambios que han ocurrido en el país durante 2016, los que comenzará seguramente a notarse más el próximo año, dada la demora con que los datos básicos del ICI se producen. Además, lo ocurrido en ese país, y teniendo en cuenta su tamaño y peso político relativo, podría estar señalando una tendencia que podría inclinar la balanza entre los dos modelos que han estado en pugna durante estos últimos años, entre países que buscan consolidar sus instituciones y en mayor o menor medida su apertura económica y aquellos otros más cercanos al proyecto del “socialismo del siglo XXI”.

Con un poco más detalle, si analizamos el desempeño argentino en cada uno de los indicadores vemos que ha mejorado, aunque levemente, en casi todos ellos, salvo los de libertad económica que tardan más en recolectar sus datos y, en el caso de Fraser se refiere a 2014 (mostrando una caída).

Argentina 2016 2017 Cambio
Rule of Law 171 163 +8
Voz y rendición de cuentas 85 84 +1
Libertad de prensa 107 104 +3
Corrupción 107 95 +12
Competividad global 106 103 +3
Libertad Econ -Heritage 169 169 0
Libertad Econ – Fraser 149 156 -7
Haciendo negocios 121 116 +5

 

La principal mejora se dio en el índice de Percepción de la Corrupción, por un lado, por los avances observados en 2016, también porque es el índice que se dio a conocer más recientemente. La otra mejora importante es en Rule of Law, seguido de Haciendo Negocios.

Cuando consideramos los retrocesos hay caídas puntuales, pero es más impresionante observar lo ocurrido desde 1996 o desde 2007. En el primer caso nos encontramos con todos los países de “espíritu bolivariano”, que muestran caídas de 105 posiciones en el caso de Bolivia, o 94 para Argentina, 78 Ecuador o 75 Venezuela. Y siendo lo dramático que todo esto es, como nos muestran las noticias diarias sobre Venezuela, tal vez sea peor el caso de Haití, que perdió 42 puestos o Cuba, 29, con pocas menores modificaciones porque siempre estuvieron al final de la tabla.

La calidad institucional en toda América destaca a Canadá, y en América Latina a Chile, Costa Rica y Uruguay

Analizar la situación institucional por continente plantea algunos problemas, ya que una división geográfica poco dice de la configuración política, económica o cultural, pero, en definitiva, toda clasificación tendrá algo de arbitrario. Ateniéndonos a la tradición división geográfica, el primer lugar en calidad institucional corresponde a Europa (con un promedio ICI de 0,7270, seguida de Oceanía con 0,5499, luego y cerca América con 0,5142, Asia con 0,4296 y finalmente África con 0,2845, mostrando ser el continente de mayor debilidad institucional.

En el caso de América, si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, su promedio supera claramente al resto de la región: 0,9219 para los primeros y 0,4895 para el resto. América Latina presenta un promedio de 0,4426. Y algo similar ocurre en Oceanía, ya que si separamos a Nueva Zelanda y Australia, su promedio de 0,9405 sería el más alto en el mundo.

América

Siempre hemos presentado a los países del “hemisferio occidental” por entender que comparten una historia original común, aunque siguieran luego caminos distintos. De todas formas, también consideramos en forma separada a los países latinoamericanos. En cuanto al conjunto de la región, estas son las posiciones:

2017 1996/2017 2007/2017 1 año
Canada 8 -1 3 -3
Estados Unidos 13 -4 0 0
Chile 24 -2 -2 -2
Costa Rica 35 -10 19 -3
Santa Lucía 36 -11 -5
Bahamas 39 -22 -16 -1
Uruguay 41 0 9 -2
Dominica 45 -1 0
Barbados 47 -19 -15 -4
Jamaica 55 -19 3 1
Panamá 56 -22 12 5
Perú 67 16 13 -5
Antigua y Barbuda 73 -22 6
San Kitts y Nevis 75 -28 -9
Colombia 82 15 18 -5
Trinidad y Tobago 83 -51 -20 -16
El Salvador 89 -32 -24 -9
Grenada 92 -33 2
México 93 -11 -18 -7
República Dominicana 97 -25 17 1
Belice 100 -58 -44 -7
Suriname 102 -8 -5 5
Brasil 104 -3 -14 -5
Guatemala 108 -33 1 -2
Guyana 117 -37 -6 10
Paraguay 120 -57 8 -1
Nicaragua 124 -39 -29 -10
Honduras 127 -51 -14 -5
Argentina 138 -94 -45 4
Bolivia 145 -105 -27 -6
Ecuador 148 -78 -15 -8
Haití 161 -42 4 4
Cuba 171 -29 -7 0
Venezuela, RB 184 -75 -23 0

Los países de peor calidad institucional. Tan sólo considerando las noticias diarias no extraña que Venezuela esté allí

Las malas noticias, por otro lado, vienen del final de la tabla (aunque dado el carácter relativo del ICI siempre habrá 25 posiciones debajo de la lista). Estas son:

Calidad Institucional                       Instituciones Políticas             Instituciones de mercado

167 Irán, República Islámica del 0,1802 167 Lao, República Democrática 0,1663 167 Guinea 0,1443
168 Guinea 0,1736 168 Myanmar 0,1543 168 Kiribati 0,1420
169 Guinea-Bissau 0,1726 169 Gambia 0,1496 169 Mauritania 0,1412
170 Burundi 0,1399 170 Afganistán 0,1395 170 Iraq 0,1368
171 Cuba 0,1378 171 Angola 0,1382 171 Sudán 0,1211
172 Myanmar 0,1278 172 Zimbabwe 0,1332 172 Timor-Leste 0,1197
173 Iraq 0,1247 173 Irán, República Islámica del 0,1277 173 Yemen, República de 0,1178
174 Congo, República del 0,1202 174 Chad 0,1191 174 Myanmar 0,1013
175 Zimbabwe 0,1096 175 Burundi 0,1176 175 República Árabe Siria 0,0914
176 Angola 0,1048 176 Tayikistán 0,1159 176 Zimbabwe 0,0859
177 Yemen, República de 0,0948 177 Iraq 0,1125 177 Angola 0,0714
178 Afganistán 0,0908 178 Congo, República Democrática 0,1069 178 Congo, República Democrática 0,0702
179 Sudán 0,0897 179 República Centroafricana 0,1049 179 Guinea Ecuatorial 0,0595
180 Congo, República Democrática 0,0886 180 Venezuela, RB 0,0942 180 Chad 0,0536
181 Chad 0,0863 181 Sudán del Sur 0,0892 181 Congo, República del 0,0440
182 República Centroafricana 0,0733 182 Libia 0,0822 182 Afganistán 0,0421
183 República Árabe Siria 0,0644 183 Yemen, República de 0,0719 183 República Centroafricana 0,0416
184 Venezuela, RB 0,0608 184 Uzbekistán 0,0705 184 Turkmenistán 0,0281
185 Sudán del Sur 0,0578 185 Sudán 0,0583 185 Venezuela, RB 0,0274
186 Guinea Ecuatorial 0,0484 186 Turkmenistán 0,0507 186 Sudán del Sur 0,0263
187 Libia 0,0482 187 Somalía 0,0422 187 Eritrea 0,0221
188 Turkmenistán 0,0394 188 Eritrea 0,0389 188 Libia 0,0142
189 Eritrea 0,0305 189 República Árabe Siria 0,0374 189 Cuba 0,0112
190 Somalía 0,0237 190 Guinea Ecuatorial 0,0372 190 Corea del Norte 0,0056
191 Corea del Norte 0,0110 191 Corea del Norte 0,0163 191 Somalía 0,0053

 

Corea del Norte tiene el lamentable privilegio de ocupar la última posición desde el inicio del ICI. Y si bien el continente asiático ha brindado muchos casos de notables mejoras institucionales, sigue dando también este lamentable desastre. No es el único asiático en la lista pero el resto son países africanos principalmente y entre los americanos Venezuela y Cuba, socios en la política y también en la opresión y la pobreza.