Mientras discuten la intervención a la AFSCA, veamos si no es mejor tener derechos de propiedad (II)

La intervención de la AFSCA ha generado un debate acerca del método y la supuesta autonomía de la agencia. Pero no se discute el fondo: ¿debería existir? En el post anterior vimos los argumentos que se presentan para justificar la propiedad estatal de las frecuencias. Ahora comenzaremos a ver las que justifican la propiedad privada:

«Esta ha sido la justificación para la intervención estatal y el control del gobierno sobre el espectro electromagnético. Se pensaba que el mercado iba a llevar al caos, ya que los emisores se superpondrían, y era necesario poner “orden”. Esto también se basa en la experiencia de los primeros años de la radio, donde los TAF eran “propiedad común”, es decir, de nadie en particular, y los usuarios se lanzaban no sólo a emitir sino a interferir en las señales de sus competidores.

Sin embargo, lo que sucedía no era el “caos” del mercado, sino que no se había permitido la evolución de los derechos de propiedad sobre las unidades TAF, de tal manera que sus propietarios pudieran hacer valer sus derechos ante la justicia, así como el propietario de un inmueble puede hacerlo ante su invasión. El uso simultáneo de una unidad TAF no era diferente de los problemas que se plantean para el uso simultáneo de cualquier otro recurso[1].

Como todo recurso escaso, debe ser administrado su uso, ya que si fuera de acceso abierto nos encontraríamos nuevamente en presencia de la “tragedia de los comunes”, la que en este caso adquiriría la forma de interferencia entre las señales de unos y otros, entre los intentos de comunicarse de las distintas personas.

Nuevamente, como hemos visto antes, tenemos dos alternativas principales: la que hace uso de esa institución “evolutiva” que es el derecho de propiedad, tan utilizado para resolver otras “tragedias de los comunes”, el que termina definiendo el uso del recurso en forma descentralizada y con múltiples ensayos; o podemos intentar hacerlo a través de la regulación centralizada y la decisión de alguna agencia regulatoria.

La experiencia con este segundo método no es muy alentadora (Coase, 1959). La Federal Communications Commision es el organismo regulador del espectro de frecuencias en los Estados Unidos. La FCC, por ejemplo, se manejó con extrema lentitud para evaluar una propuesta para reducir la separación que existe entre las frecuencias de radio AM de 10 kHz a 9 kHz, lo cual hubiera significado el nacimiento de unas 1.000 estaciones de radio nuevas. Otro tanto ha sucedido con el desarrollo de la AM estéreo. En ambos casos, la lentitud se ocasiona por cuestiones “políticas”, en el sentido de que los licenciatarios de frecuencias AM se oponen al ingreso de nuevos oferentes, mientras que quienes tienen licencias de FM se oponen al desarrollo de la AM estéreo, en ambos casos para impedir una mayor competencia.

Otro ejemplo se relaciona con la LPTV (“Low Power TV”), conocida también como sistema MMDS o microondas[2].     A la FCC le llevó diez años finalizar los criterios de asignación de la TV convencional y otros 30 años modificarlos para permitir la aparición de la LPTV. También se demoró tres años en resolver una disputa entre la radio FM y la televisión VHF sobre ciertas frecuencias y diez años en reasignar ciertas frecuencias de la televisión UHF a los teléfonos celulares.

Una historia ya legendaria sobre el manejo político de la autoridad regulatoria se refiere al origen de la FM y al destino de su creador, Edwin Armstrong. Con la determinación de convencer sobre las bondades de la FM, Armstrong solicitó a la FCC frecuencias y un permiso para crear su estación de radio FM. En 1940 la FCC otorgó a la FM el uso de las frecuencias de 40 a 52 MHz. Para fines de la guerra, en 1945, existían ya más de 50 estaciones de FM y unos 500.000 receptores.

No obstante ello, la FCC cambió las asignaciones, trasladando a FM a las actuales bandas de 88-108 MHz y otorgando a la televisión las frecuencias 44-88 MHz (canales 1 a 6) y 174-216 MHz (canales 7-13). Las FM fueron así liquidadas, ya que los usuarios se encontraron con equipos receptores no aptos para captar las transmisiones en las nuevas frecuencias asignadas. Por supuesto que nadie los indemnizó por ello.

Por último, le costó a la empresa de comunicaciones a larga distancia MCI cerca de 2 millones de dólares y 7 meses de trabajo construir sus torres de microondas pero unos 7 años y 12 millones de dólares en costos legales y regulatorios hasta obtener la licencia. [3]

Según han observado muchos investigadores, las agencias regulatorias comienzan su vida como reguladores agresivos de la industria pero, con el transcurso del tiempo, son capturadas por los mismos regulados y terminan compartiendo sus puntos de vista e intereses.

[1] “La interferencia creada por el uso simultáneo de la misma unidad del espectro por dos o más usuarios no es diferente de la interferencia entre usos simultáneos competitivos de cualquier otro recurso. Una porción de tierra no puede utilizarse para cultivar trigo y como parque al mismo tiempo sin interferir un uso con el otro. Un ómnibus no puede transportar cargas desde A hasta B y pasajeros desde A hasta C al mismo tiempo. Los mismos cinco minutos de tiempo de una secretaria no pueden utilizarse para escribir a máquina o para hacer llamadas telefónicas sin cierta degradación de cada función”. (Fountain, John, 1989, p. 135).

[2] “El atractivo de la LPTV no es difícil de entender. Autorizando la construcción de alternativas de baja energía a las estaciones dominantes actualmente en el aire, la FCC no sólo abría una puerta a unas 8.000 estaciones transmisoras nuevas, sino también al relativamente exclusivo mundo capital-intensivo de la transmisión de TV a un nuevo grupo de emprendedores. La FCC empezó a investigar la LPTV hace varios años como una solución casi perfecta al problema de la escasez que había estado en el centro de muchas de sus decisiones regulatorias y que había guiado el otorgamiento de licencias por más de medio siglo. En teoría, otorgándole a una estación de LPTV suficiente energía para transmitir su señal, digamos, de 5 a lo millas, se resolvería el problema de utilización del espectro, que era la razón técnica para limitar las licencias en determinado lugar”.

“Pero la FCC, como otros proponentes de la LPTV, también vio un segundo impacto interesante: el bajo costo relativo de los equipos necesarios -una fracción del equipamiento de toda una estación de televisión- daría acceso a la LPTV a minorías, grupos comunitarios y otros que durante años han luchado mucho, tanto ante la FCC como en las cortes, para tener mayor acceso a la transmisión de TV regular.»

«Después de abrir la puerta a la LPTV, la comisión fue inundada con 6.500 solicitudes, creándose tal desorden administrativo -literalmente una montaña de papeles con pocos lineamientos para decidir quién recibiría los 3.000 a 4.000 lugares disponibles- que congeló el proceso en forma temporaria. Esto demoró la llegada de la LPTV al mercado mientras la cantidad de papel crecía; la montaña creció hasta contener 12.000 solicitudes.» (Diamond, et al, 1983, p. 26).

[3] Confirmando lo anterior, comenta el Dr. John Fountain con respecto a Nueva Zelanda (1989, p. 18): “La vulnerabilidad a los grupos de presión no se elimina con procedimientos de salvaguardia. En verdad, éstos pueden inhibir la eficiencia económica al ser incorporados a los juegos estratégicos de los participantes en la actividad. Más aun, no importa cuán bien dirigidas estén, las agencias regulatorias inevitablemente se hallan limitadas en la sabiduría de sus decisiones por el flujo de información de que disponen”.

“Los grupos de interés que aparecen ante las agencias regulatorias proveen mucha información y análisis que a sus funcionarios les sería imposible o muy costoso obtener en forma independiente. Naturalmente, cada grupo presenta su evidencia de tal manera que sea favorable para su propio caso. Dada la legalidad y formalidad de los procesos, o la falta de acceso a influencias con costos reducidos, la participación en los procesos regulatorios por parte de gran número de consumidores es simplemente muy costosa. Como resultado, es extremadamente difícil -tal vez imposible- que las agencias regulatorias tomen decisiones que sean económicamente eficientes.”

Mientras discuten la intervención a la AFSCA, veamos mejor si esta agencia debería existir (I)

Mientras se discute la intervención de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) presentaré parte del contenido del libro El Foro y el Bazar sobre uno de los aspectos que administra y regula esta agencia, las frecuencias electromagnéticas:

                «Uno de los temas más controvertidos en materia de telecomunicaciones es el del manejo del espectro de frecuencias radioeléctricas, tal vez porque se trata de un tema con alto contenido técnico que parece fuera del alcance de quien no tenga conocimientos avanzados en ingeniería.

                Sin embargo, como trataremos de explicar aquí, no se diferencia de cualquier otro recurso como la tierra, las maquinarias, los minerales o los bosques. No obstante ello, los derechos de propiedad sobre el espectro electromagnético no se han desarrollado por haber quedado bajo el mandato de instituciones de planificación centralizada, tanto a nivel nacional como, a través de tratados e instituciones, internacional.

                ¿Qué es, específicamente, el espectro electromagnético? La energía electromagnética se traslada en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Lo que se denomina “frecuencia” es el nivel de oscilaciones que se mide en unidades de ciclos por segundo, o hertzios. El espectro de frecuencias varía desde 0 Hz hasta los rayos cósmicos, con una frecuencia de 1025 (diez a la veinticinco). Lo que normalmente se denomina frecuencias de radio son las que sirven para las telecomunicaciones, desde 10 kHz hasta 300.000 MHz.

                La transmisión se origina cuando se produce energía en una frecuencia específica en un transmisor, y se carga en ella un mensaje codificado controlando cuidadosamente las características físicas de la energía (modulando). Esa codificación se realiza como variaciones en el modelo de oscilación de la frecuencia. Toda fuente de energía emite estas señales; los transmisores, las manchas solares, el encendido de un auto, etcétera. La energía ya codificada con un mensaje es lanzada por una antena y es interceptada y seleccionada por un receptor que la decodifica.

                Distintos tipos de transmisión requieren distintos anchos de bandas de frecuencias. Así, por ejemplo, una estación de radio FM ocupa unos 240 kHz, una llamada telefónica entre 12,5 kHz para los celulares, 25 kHz utilizando “banda ciudadana” y 36 kHz con modulación FM, un programa de televisión utiliza entre 5.000 y 7.000 kHz y unas diez veces más cuando es transmitido desde un satélite.

                Existen algunos principios que es necesario tener en cuenta:

1.            La potencia de la señal decrece a medida que uno se aleja de la fuente emisora (algo que cualquiera comprueba claramente cuando viaja en automóvil).

2.            Las señales emitidas no pueden limitarse exactamente a la frecuencia señalada sino que generan cierta energía en otras bandas. Esto se debe a un problema de costos y tecnología para evitar esta “externalidad”, es decir, el perjuicio impuesto por los actuales transmisores a otras bandas es menor que el costo que significaría desarrollar nuevos equipos que eliminen el problema, aunque el avance tecnológico con el tiempo lo hará posible.

3.            El comportamiento de la señal emitida no puede predecirse exactamente, ya que, por ejemplo, su alcance depende de ciertos factores como los edificios, las maquinarias y otros de carácter didáctico, como las condiciones atmosféricas, así como de las irregularidades del terreno, de la actividad solar, etcétera.

4.            Lo que interesa es la potencia relativa de la señal, esto es, en cl caso de una radio, que la emisión en una frecuencia determinada supere y “ahogue” la externalidad mencionada en el punto 2. Cuanto más se acerque la relación señal-interferencia a la unidad, mayor será la interferencia y los receptores no podrán diferenciar entre las dos señales que reciben. Si la señal es lo suficientemente superior y puede filtrarse la interferencia, se elimina el problema.

                La necesidad de asignar frecuencias a usos y usuarios específicos se debe a la capacidad limitada de los receptores de diferenciar señales. Por esa razón, si dos transmisores coinciden en la frecuencia de sus mensajes, en el tiempo y en el espacio geográfico, se interfieren entre sí. Debe conseguirse diferenciar entre por lo menos una de las variables antes mencionadas. Esto es, o las transmisiones se realizan en tiempos diferentes (unas por la tarde, otras por la noche, por ejemplo) en las mismas frecuencias y zona geográfica; o se realizan en distintas frecuencias, pudiendo coincidir en el tiempo y en la zona geográfica (como las distintas radios AM y FM en una ciudad ); o deben estar suficientemente separadas para que la potencia de ambas no interfiera entre sí (un radio de una ciudad y de otra) para lo cual existen dos formas de separarlas, sea asignando a un emisor una zona geográfica determinada (por ejemplo, Buenos Aires y un radio de 50 km.) o una potencia de emisión determinada (lo que es lo mismo, pues se calcula que con esa potencia se cubre cierta área geográfica).

                Estas dimensiones componen lo que se conoce como TAF (tiempo/área/frecuencia), que sirve como unidad para definir una unidad de recurso. No puede haber dos usos simultáneos en cada unidad TAF, pues si no se genera interferencia.

La política económica de Macri es ‘neokeynesiana’, ‘supply side’, o todavía una mezcla de todo eso (I)

El nuevo gobierno argentino ha comenzado a tomar medidas en el ámbito económico, entre las que se destaca por el momento la eliminación del cepo cambiario y de casi todos los impuestos a las exportaciones. Falta todavía conocer su política monetaria y fiscal, elementos fundamentales de todo programa de política económica. Pero ya ha comenzado a discutirse cuál es la visión que lo define. Así, por ejemplo, el diario El Cronista, reproduce un artículo de Martín Tetaz originalmente publicado en el semanario El Economista, titulado “Macri, el neokeynesiano”: http://www.cronista.com/3dias/Macri-el-neokeynesiano-20151224-0055.html

El artículo comienza señalando un elemento central de la cosmovisión keynesiana:

“Uno de los aportes más disruptivos de la «Teoría General» de John Maynard Keynes fue el planteo de que, al contrario de la Ley de Say, que sostenía que toda oferta generaba su propia demanda, era la demanda agregada la que determinaba la oferta.”

Que ésta fue la visión de Keynes es absolutamente correcto. Que haya interpretado correctamente a Say es otra cosa. Es que así simplificada, la Ley de Say parece absurda; pero lo que Say decía no es tan difícil de entender. Supongamos una economía de trueque: para obtener algo que necesito o quiero poseer, ofrezco algo a cambio. Es decir, tengo que tener algo para ofrecer, tengo que haber producido algo, para luego poder demandar. La producción es primero. Sucede también a nivel personal: no salgo a la calle y por el hecho de gastar se me genera un ingreso; primero trabajo, produzco, obtengo un ingreso, y luego estoy en capacidad de consumir. Eso es lo que decía Say. Si agregamos el dinero, es simplemente un medio de intercambio para facilitar mi oferta y mi demanda.

Ahora vienen los neokeynesianos: “La novedad de los pensadores neokeynesianos como Pierangelo Garegnani, Franklin Serrano y Anthony Thirlwall es que, además de subirse a la idea que ya había planteado Michael Kaleki en el sentido de que la inversión era endógena en el ingreso, dando lugar a un supermultiplicador, pusieron en debate el poder de la demanda efectiva para empujar el ingreso más allá de las fluctuaciones cíclicas de corto plazo, abriendo una teoría neokeynesiana no ya de las crisis sino del desarrollo.”

Si ahora incluyo a la inversión del lado de la demanda, he demostrado que ésta es el motor de la economía básicamente porque no he dejado casi nada del otro lado. ¿Qué queda del lado de la oferta? En fin, lo que se venía produciendo antes. Como le he quitado todos los elementos dinámicos que podrán impulsarla, no queda otra que el impulso venga de otro lado, de la demanda.

Esto parece algo así como analizar las cosas al revés: todo lo que promueva el crecimiento económico será llamado “impulso de la demanda”. Pero no creo que nos ayude a entender lo que realmente sucede. Son bien distintas las decisiones del consumidor y las del que invierte para aumentar la producción, aunque para hacerla efectiva ‘demande’ bienes de producción o insumos.

En particular, lo visto hasta ahora por parte del gobierno de Macri parece calificar algo, tal vez, más cerca de la Ley de Say que de políticas keynesianas o neo. De hecho, la liberación del cepo, de las retenciones a las exportaciones y el aumento de las tasas de interés tendrán dos efectos iniciales: reducir el consumo y aumentar el ahorro y la inversión. Las economías regionales comienzan a activarse, al igual que la producción agrícola y otras. Eventualmente los mayores ingresos generados por esa mayor inversión, por el aumento de la producción (inversión en nuevos equipos o en bienes intermedios para la producción) aumentarán el consumo. Algo similar ocurrió con la devaluación del 2002, cuando se reactivó la producción primero y algo después el consumo. Esto es más ‘supply side’.

Por otro lado, la disminución de las cargas impositivas sobre los salarios y el aumento de la Asignación Universal calificarían como impulso de la demanda. Dentro de un repertorio ‘keynesiano’ habría que incluir también el proteccionismo a través de la extensión de posiciones arancelarias alcanzadas ahora por licencias no automáticas, aunque es cierto que reemplazan a un sistema peor o, al menos, más discrecional.

En definitiva, parece haber una mezcla, y tal vez siga siempre así. La etiqueta está por definirse.

Mejor es comer productos alimenticios naturales en Navidad. Pero, ¿qué es un alimento «natural»?

En Navidad solemos comer muchas cosas, aparentemente no muy saludables. Es mucho mejor comer alimentos ‘naturales’, y así es cómo las regulaciones en el mundo en forma creciente apuntan a lograr ese objetivo. Ahora bien, ¿qué es ‘natural’? Henry Miller, Robert Weson Fellow in Scientific Philosophy and Public Policy, Hoover Institution, Stanford University; y Drew Kershen, Earl Sneed Centennial Professor of Law (emeritus), University of Oklahoma College of Law, analizan el tema en relación a las regulaciones sobre el contenido de las etiquetas de los alimentos en la revista Regulation del Cato Institute: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/3/regulation-v38n1-7.pdf

Allimentos

El tema no es menor por estos lares, más allá de la cuestión específica de las fiestas de fin de año, ya que el uso de semillas genéticamente modificadas en la producción de soja, por ejemplo, o en la genética animal plantea también la discusión respecto a la característica ‘natural’ o ‘artificial’ de estos productos

Además de tratar sobre esas regulaciones, los autores consideran el tema más general acerca de qué es ‘natural’, parte de la discusión fundamental sobre los productos genéticamente modificados. Dicen:

“… también somos escépticos respecto al intento de la Food and Drug Administration de definir alimentos ‘naturales’. Ese intento es desviar la atención hacia una falacia. En un mundo donde la genética de prácticamente todo organismo que se comercializa ha sido formada en alguna medida por la mano del hombre, ¿puede tener sentido el término ‘natural’?

En la última década, se han presentado numerosos juicios masivos contra las empresas de alimentos solicitando pagos por daños por falsa propaganda cuando la compañía colocaba la frase ‘todo natural’ o ‘100% natural’ en las etiquetas de los productos alimenticios. A pesar de muchos pedidos – algunos realizados por jueces federales- la FDA no ha querido definir el término ‘natural’, la última vez en Enero de 2014. La agencia gubernamental sostiene que tiene prioridades más importantes para su tiempo y sus recursos que meterse en este enredo filosófico e ideológico que lleva años. A lo sumo, este ejercicio poco tendría que ver con la salubridad o la calidad de los alimentos; en efecto, sería el equivalente regulatorio de tratar de determinar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler.”

Planes sociales y la relación entre los beneficios recibidos y el incentivo para conseguir un trabajo

Un tema que inevitablemente se viene en la Argentina es el de los planes sociales y si estos generan incentivos para buscar trabajo, el verdadero ‘plan’ que permite salir de la pobreza en forma digna. El Cato Institute publicó un análisis sobre este tema, comparando a los Estados Unidos y Europa, por Michael Tanner y Charles Hughes, titulado “The Work versus Welfare Trade-Off: Europe”: http://www.cato.org/publications/policy-analysis/work-versus-welfare-trade-europe

Aquí el resumen de su análisis y conclusiones:

“Si los beneficios sociales se vuelven demasiado generosos, pueden crear un importante incentivo que alienta a los receptores a depender de ellos más que a buscar empleo. En los países de la Unión Europea esos beneficios varían mucho según el país, pero en la mayoría son altos en relación a lo que una persona podría esperar obtener en un empleo con bajo sueldo o de principiante. Por ejemplo, para un padre o madre solo, con dos hijos, en 2013:

  • Los beneficios sociales en nueve países de la UE superaban los 15.000 euros (unos 18.200 dólares por año). En seis países, los beneficios superaban los 20.000 euros. Dinamarca ofrece el paquete más generoso, por un total de 31.709 euros (38.558 dólares en momentos que se publicó el trabajo).
  • En nueve países los beneficios exceden al salario mínimo.
  • Los beneficios en once países superan a la mitad del ingreso neto de alguien que gane el salario promedio en tal país, y en seis países excede el 60% del promedio neto de ingreso salarial
  • En Austria, Croacia y Dinamarca, la tasa impositiva marginal efectiva para quien deja un plan social para ir a un trabajo es casi del 100%, lo que significa que una persona no ganaría prácticamente ningún ingreso adicional por trabajar. En otros 16 países, las personas se encuentran con una tasa impositiva marginal efectiva superior al 50%.
  • Los beneficios en los Estados Unidos son similares a los de los principales estados benefactores. Excluyendo Medicaid, Estados Unidos se ubicaría décimo entre los países de la UE analizados, más generoso que Francia y algo menos que Suecia. Treinta y cinco estados ofrecen un paquete más generoso que el paquete de beneficios medio en los países europeos analizados.

Muchos países europeos han reconocido el problema y han comenzado a reformar sus sistemas  sociales para generar una mejor transición de esos planes a puestos de trabajo. De hecho, los Estados Unidos están quedando atrás de algunos países europeos en relación a estos planes.

Los países que seriamente quieren reducir la dependencia de los planes sociales y recompensar el trabajo deberían considerar fortalecer los requisitos de trabajo, estableciendo un tiempo límite en la participación en los planes, y endurecer los requisitos para calificar. Tal vez más importante, los países deberían examinar los niveles de beneficios disponibles y las tasas impositivas marginales efectivas que sus planes sociales crean, con vistas a reducir los desincentivos y alentar el trabajo.”

McCloskey: las causas que originaron y sostuvieron el crecimiento fueron éticas, no materiales

¿Qué pasó con Piketty? ¿Fue tan sólo una estrella fugaz, que apenas pudo poner en duda por un breve tiempo el avance de los mercados? ¿O lo que ya había desarrollado la teoría económica hace décadas? Dreidre McCloskey, Distinguished Professor of Economics and History en la University of Illinois at Chicago y autora del libro “Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital, Enriched the World”,: http://www.cato.org/policy-report/julyaugust-2015/how-piketty-misses-point  , considera que las causas del progreso tienen que ver con la adopción de ciertas normas morales:

“El problema fundamental del libro de Pikkety es que se pierde el acto principal. AL enfocarse solamente en la distribución del ingreso, se pierde el evento más sorprendente de la historia: el Gran Enriquecimiento del individuo promedio en el planeta por un factor de diez y en los países ricos por un factor de treinta. Muchos seres humanos están hoy increíblemente mejor que sus ancestros. Esto incluye una mejora gigantesca de los más pobres –tus ancestros y los míos. Al aumentar dramáticamente el tamaño de la torta, los pobres han alcanzado hasta el 90 o 95 de la sostenibilidad y dignidad, contra 10 o 5 por ciento alcanzable por medio de una redistribución sin aumentar el tamaño de la torta.

¿Qué causó el Gran Enriquecimiento? No puede explicarse por la acumulación de capital, como la misma palabra ‘capitalismo’ implica. Nuestras riquezas no resultaron de apilar ladrillo sobre ladrillo, diploma de bachiller sobre diploma de bachiller, saldo de la cuenta bancaria sobre saldo. Los ladrillos, diplomas y saldos bancarios fueron, por supuesto, necesarios. Hace falta oxígeno para que haya fuego. Pero sería poco esclarecedor explicar el incendio de Chicago en 1871 por la presencia de oxígeno en la atmósfera.

Las causas originales y sostenedoras del mundo moderno fueron, en realidad, éticas, no materiales. Fueron la adopción general  de dos ideas nuevas: la idea económica liberal de la libertad para la gente común, y la idea social democrática de su dignidad. Esto, a su vez, libró la creatividad humana de sus antiguos cepos. La destrucción creativa acumuló ideas nuevas radicalmente, como el ferrocarril destruyó creativamente el caminar o los carros a caballo, la electricidad destruyó creativamente a la iluminación con kerosene y el lavado a mano de la ropa, o las universidades destruyeron creativamente la ignorancia literaria y la baja productividad de la agricultura. EL Gran Enriquecimiento no solamente requiere de acumulación de capital o la explotación de los trabajadores sino lo que denomino el “Acuerdo Burgués”. En la lotería de la historia la idea de una libertad igualadora  y la dignidad eran un boleto ganador, y la burguesía lo tenía.

Que aun en el largo plazo quede alguna gente pobre no significa que el sistema no esté trabajando para los pobres, en tanto su condición continúe mejorando, como está ocurriendo,  y en tanto el porcentaje de los desesperadamente pobres se dirija a ser cero, como está ocurriendo. Que la gente a veces muere en hospitales no significa que la medicina debe ser reemplazada por brujos, en tanto las tasas de mortalidad caigan y en tanto estas también no caerían con los brujos.

Es un valiente libro el que ha escrito Pikkety. Pero está equivocado.”

Otro argumento que se utilizó para justificar las retenciones: redistribuir la ‘renta extraordinaria’

Del libro El Foro y el Bazar:

El atractivo económico y la conveniencia política toman como marco de referencia una ideología. El modelo del estado protector de derechos individuales del liberalismo clásico asignaba la función de proteger la libertad y la propiedad. Ya en el siglo XIX dicho modelo fue reemplazado por la función redistributiva del Estado benefactor. Sobre éste, el Estado “regulador” agregó luego nuevas funciones.

En este caso, la ideología genera una visión peculiar del Estado. Por cierto que le incumben las funciones distributivas y regulatorias pero se degrada la protección de la vida y la propiedad al punto que el “crimen” se convierte en una preocupación mayor para los votantes que el desempleo. [1] La redistribución es todo lo que importa, y se espera que también reduzca el crimen. [2] El papel del gobierno es puramente redistributivo, considerando que la riqueza no puede ser “creada”, solamente “distribuida”, a contramano de las lecciones de la economía durante los últimos 250 años.  Desde esta perspectiva el libro de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” no fue nunca publicado. El sector agropecuario, no es de extrañar, tendría que entender que el derecho de propiedad no se extiende al esfuerzo productivo, sino que está sujeto a la decisión del gobierno. Las retenciones, según esta visión, se convierten en un instrumento de “justicia social”, y el gobierno es quien la administra. Y la “justicia social” es necesaria porque las retenciones se apropian de lo que se denomina “rentas extraordinarias” que, supuestamente, sólo los productores agropecuarios reciben.

El término “renta extraordinaria” es un concepto marxista que se deriva del análisis de las ganancias capitalistas. Según Marx y el análisis del equilibrio clásico, la competencia entre capitalistas eventualmente eliminaría toda ganancia extraordinaria y dejaría solamente un retorno igual a la tasa de interés prevaleciente. Este no sería el caso en cuanto a las rentas de la tierra se refiere porque ésta es un recurso limitado que no puede ser reproducido y las distintas parcelas presentan diferentes grados de fertilidad. Como Marx basaba su análisis en la teoría del valor basada en el trabajo y el costo de producción, el precio de los productos agrícolas era formado por la productividad de las tierras menos fértiles, obteniendo las más fértiles una renta extraordinaria que no podía ser erosionada como en la industria debido a que no había más tierras fértiles que se sumaran a la oferta.

En verdad, el valor es transmitido desde el producto final a los factores básicos de producción, incluyendo a la tierra. Es debido a que los precios son suficientemente altos que las tierras menos fértiles son incorporadas a la producción. Por cierto, las mejores tierras obtienen una “renta extraordinaria” pero en esto no es nada diferente a cualquier otro recurso: los mejores cantantes de ópera obtienen más ingresos que los regulares, lo mismo con los mejores jugadores de fútbol, o los mejores escritores. ¿No debería aplicarse un impuesto sobre esas ganancias “extraordinarias”?  Ya existe, es el impuesto a las ganancias. No con un impuesto sobre el precio de venta de sus servicios. ¿Por qué entonces la diferencia?

Por otro lado, es necesario comprender que el precio de un activo está relacionado con sus rendimientos futuros. Es más, su precio actual es la suma del flujo de rendimientos futuros descontados. Si esos rendimientos esperados son “extraordinarios”, también lo es el valor de la tierra hoy. El que ha comprado un campo con rendimientos superiores, ha pagado también un precio superior y lo que ahora obtiene le dará una tasa de retorno que, como porcentaje de la inversión inicial, puede no ser muy diferente del retorno que se obtiene en tierras de menor valor. ¿Cuál es el precio de una hectárea en Pergamino y cuál en el sur de la provincia de Buenos Aires? Su diferencia ya refleja los niveles de rendimiento en uno y otro. La “ganancia extraordinaria” en el primero es simplemente un monto mayor necesario para recuperar un monto mayor invertido.

Finalmente, cuando hablamos de “tierra” estamos considerando todos los recursos naturales provenientes de la tierra, y éstos no son “fijos”. La oferta de tierra agrícola en Argentina se ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas gracias a la tecnología. Las semillas con genética, fertilizantes, irrigación, pesticidas y maquinarias han cambiado el significado de “fertilidad” en la tierra. Lo que significa que cuando existe alguna “renta extraordinaria” el capital y la tecnología fluirán hacia allí poniendo en marcha un proceso equilibrador que llevará eventualmente a obtener una tasa normal de retorno si no fuera que nuevas innovaciones y cambios en las preferencias de los consumidores ponen en movimiento al proceso una y otra vez.

[1] Gaffoglio, Loreley, “El miedo al delito le ganó en el país al desempleo”, La Nación, 6/12/09.

[2] En la ceremonia de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de 2009, Cristina Fernández de Kirchner decía:  “Escuché decir por ahí que yo era una persona a la que gustaba sacarles a unos para darles a otros; la economía -y todos ustedes lo saben- es, precisamente, administrar con los recursos que se tienen y con la contribución que hay. Siempre en economía, lo que se les asigna a unos, es porque se lo está sacando a otros, porque el único que pudo multiplicar los peces y los panes fue Jesucristo, el resto tiene que tomar decisiones en base a los recursos que se tiene”. Fernández de Kirchner, Cristina, Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, 1/3/09:

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5612&Itemid=66

Quisieron maximizar votos imponiendo retenciones: una mala teoría distorsiona la realidad, y se paga

Del libro El Foro y el Bazar

Ideas erróneas, malas políticas, peores efectos

Las ideas que sostuvieron estas políticas agrícolas son, al menos, cuestionables. El problema de la “Enfermedad Holandesa” existe solamente para quienes consideran que el tipo de cambio es un instrumento de política y no el resultado de la interrelación entre compradores y vendedores en el mercado reflejando las ventajas comparativas de un país, quienes también piensan que es el “único” instrumento disponible para promover la competitividad.

Argentina no exporta solamente “commodities” y podría agregar valor para convertirse en un gran exportador de alimentos elaborados. ¿Por qué no puede competir en estos otros campos? Básicamente porque sus costos son elevados. Los analistas de la “Enfermedad Holandesa” sostienen que son altos porque el tipo de cambio refleja la competitividad de la producción agrícola a bajo costo. Pero nunca mira a un responsable más directo: elevados impuestos, barreras comerciales y regulaciones. Regulaciones laborales costosas, insumos caros protegidos por altos derechos de importación, servicios públicos deficientes, un sistema judicial kafkiano, una moneda poco confiable, débil sustento de los derechos de propiedad y los contratos impiden que muchas emprendimientos sean competitivos.

Si, como la teoría de la “Enfermedad Holandesa” proclama, la eficiencia del sector agrícola y sus voluminosas exportaciones revalúan la moneda local y vuelve no competitiva la producción local de otras actividades, también debería considerarse que dicho tipo de cambio vuelve más baratas las importaciones de bienes de capital, y la producción local más eficiente. Asimismo, la competitividad de este sector podría ser mejorada con menores regulaciones e impuestos, sólo que éstos son, precisamente, los instrumentos del clientelismo político y la redistribución.

El interés personal en la política

La política agrícola argentina de la primera década del siglo XXI tiene su “lógica” y puede ser explicada en términos de una teoría económica, un cálculo político y una ideología que tiñen la visión de quienes la aplican, persiguiendo su propio interés, que en el caso de la política es la conquista y retención del poder por medio de obtener el apoyo de la mayoría de los votantes. Fue  “irracional” en cuanto a sus resultados económicos se refiere: no permitió al país aprovechar las nuevas oportunidades en los mercados mundiales de commodities, reduce el crecimiento y destruye riqueza. Eventualmente también puede haber sido fatal para quienes la veían como una forma de acumular poder y ser reelectos. Supuestamente su objetivo es maximizar votos, pero ese velo ideológico refleja la realidad con cierta óptica que influye en el cálculo político.

La “Enfermedad Holandesa” no era un efecto temporal. Se basaba en reformas de largo plazo en Asia y otras regiones que incrementaron su consumo de commodities. Estos cambios sin duda impactaron en la estructura económica argentina, pero siendo más una oportunidad que un problema. El episodio no duró mucho en Holanda: el gas natural comenzó a fluir desde el Mar del Norte a fines de los años 1950 y redujo las exportaciones de productos no gasíferos durante el comienzo de los años 1960, pero hacia fines de esa década las exportaciones se habían incrementado del 40 al 60% del PBI y los temores de desindustrialización nunca se materializaron (Gylfason, 2001). Noruega es el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudita, y todavía no ha mostrado los efectos de la enfermedad.

En el caso de Argentina, la preocupación del gobierno por evitar los efectos del crecimiento de la demanda de commodities llevó a poner en riesgo las posibilidades del sector agropecuario para relanzar una nueva era de crecimiento económico. Tomando en cuenta la preocupación del gobierno por redistribuir rentas de estas actividades, no percibió la nueva configuración de los mercados de capitales en la producción agropecuaria. La distribución de dichas rentas ya era extendida, no concentrada, a través del impacto de otras actividades laterales y la participación de pequeños inversores en los fideicomisos. Dicha distribución era eficiente y no politizada y había ayudado al país a salir de su peor depresión. Ignorando los efectos redistributivos, el gobierno alienó a los productores, los comerciantes en actividades relacionadas y las clases medias urbanas.

El supuesto de la maximización de votos se sostiene, solo que puede llevar a un fracaso si está distorsionado por teorías y evaluaciones equivocadas.

Otro argumento que se utilizó para justificar las retenciones: la ‘enfermedad holandesa’

Del libro El Foro y el Bazar

La teoría económica hace referencia a lo que se denomina el problema de la “enfermedad holandesa” [1]. El ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de commodities revalúa a la moneda local y empuja al tipo de cambio al nivel de rentabilidad de la producción de esos commodities, el que no es suficiente para que otros sectores de la economía puedan competir, particularmente la industria. La moneda revaluada perjudica las exportaciones de otros bienes comercializables y vuelve competitivas a las importaciones contra la producción local.

[1] El modelo teórico fue desarrollado básicamente por Corden & Neary (1982), Corden (1984) and van Wijnbergen (1984).

Los commodities agrícolas y las carnes siempre han sido el principal componente de las exportaciones argentinas. Esto significa que la Enfermedad Holandesa debe haber cumplido un papel tanto en tiempos de boom de commodities como de depresión. Además, otros países, como la misma Holanda, Noruega con los ingresos del petróleo, Australia con la minería y Chile con el cobre, o los Estados Unidos y Canadá, no sólo han podido desarrollar una economia diversificada sino también logrado ser competitivos en otras industrias también. En 1913, Estados Unidos era el productor dominante de casi todos los minerales industriales de ese momento (Wright & Czelusta, 2004). El descubrimiento de oro, primero, y petróleo después, no impidieron que California desarrollara una economía sofisticada.

Y en  relación al acontecimiento específico en Holanda, las exportaciones de bienes y servicios se han incrementado desde menos del 40% del PBI a fines de los años 1960 hasta el 70% hoy, una proporción elevada a estándares mundiales. No parece haber un proceso de “desindustrialización”.

Parece que más que buscar la Enfermedad Holandesa debería estar mirando en otro lado para encontrar una respuesta a estos desempeños. Un lugar podría ser la calidad de las instituciones, un tema que desarrollaremos en capítulos posteriores. Países ricos en petróleo como Angola, Nigeria, Sudán y Venezuela; ricos en diamantes como Sierra Leona, Liberia y Congo, pero institucionalmente débiles han tenido un desempeño muy diferente del de Noruega, Chile, Brasil, Australia o Botsuana, y no se puede decir que tanto Chile o Botsuana ya fueran países industriales.[1]

Y si la Enfermedad Holandesa proviene de un repentino boom de recursos parece que el resultado depende críticamente del punto de partida: si las instituciones son buenas y el número de agentes ocupados en actividades emprendedoras es grande un incremento de los recursos de la economía incrementaría la empresarialidad y, por lo tanto, el ingreso; pero si la calidad institucional es débil y un gran número de individuos se ocupan de la búsqueda de rentas en el momento del boom, éste generará un incremento en las actividades de búsqueda de rentas y el ingreso incluso puede reducirse (Baland & Francois, 2000).

Además, un impuesto a las exportaciones (retención) es un impuesto torpe e injusto:

  1. Reduce la capitalización y los incentivos de los productores agrícolas y ganaderos.
  2. Se impone sobre otros impuestos tales como a los ingresos, IVA, ventas brutas, activos personales.
  3. Recae en cualquier productor sin importar si están ganando dinero o no.
  4. Los productores no reciben a cambio servicios del gobierno como buenas rutas o ferrocarriles para transportar sus productos.
  5. Junto a los aranceles a la importación, los impuestos a las exportaciones multiplican el aislamiento de la economía local del comercio internacional.
  6. Castigan a la eficiencia.
  7. Tienen una dudosa legalidad constitucional ya que se implementaron por el Poder Ejecutivo a través de una delegación de poderes del Congreso, que no estaría permitida según la Constitución.

[1] Mehlum et al (2005) sostiene que si bien todas las formas de búsqueda de rentas son dañinas, no lo son en el mismo grado:  “La búsqueda de rentas fuera de la economía productiva rinde cuando las instituciones son malas: las democracias disfuncionales invitan a la apropiación de rentas; la baja transparencia invita a la corrupción burocrática; la débil protección de derechos de propiedad invita a los negociados, tomas de empresas injustas y prácticas venales; un débil imperio de la ley invita al crimen, las extorsiones o las actividades mafiosas; un estado débil invita al caudillismo. Todas estas formas de toma directa de riqueza son posibles por las malas instituciones – o instituciones que permiten esa apropiación. Cuando las instituciones son así, existe una desventaja en ser un productor en competencia por rentas de un recurso natural. En ese caso, la producción y la búsqueda de rentas son actividades en competencia” (p.6).

Primer paso: eliminar el cepo cambiario. Segundo: ¿eliminar la ‘política cambiaria’? ¿Y la ‘monetaria’?

La eliminación del cepo cambiario permite ahora el funcionamiento del mercado en ese ámbito. Aunque resulta osado decirlo, podría ser el primer paso para eliminar la “política cambiaria” primero y la «monetaria» después. Al fin y al cabo, nunca se han obtenido Buenos resultados de mezclar la «política» con el dinero. Esto comenta Hayek al respecto en su libro “Desnacionalización del dinero”:

“Deberíamos haber aprendido que la política monetaria es, probablemente, más que el remedio, la causa de las depresiones, ya que es mucho más fácil, cediendo a las demandas de dinero barato, provocar los errores de la producción que hacen inevitable una posterior reacción que ayudar a la economía a desembarazarse de las consecuencias de un superdesarrollo en una dirección particular. La pasada inestabilidad de la economía de mercado es consecuencia de no haber sometido al proceso de mercado el dinero, que constituye el más importante regulador del mecanismo del mercado.

Hayek

Una única institución estatal monopolista no puede poseer la información que gobierna la oferta de dinero ni tampoco, aunque supiera cómo debía actuar en interés general, estaría en situación de hacerlo. De hecho, si, como creo, la principal ventaja del orden de mercado es que los precios suministran a los individuos la información necesaria, únicamente la constante observación del curso que siguen los precios de determinados bienes puede ofrecer información sobre la dirección en que se debe gastar más o menos dinero. El dinero no es un instrumento de política con el que se pueda conseguir determinados resultados previsibles mediante un control de su cantidad. Pero habría de formar parte del mecanismo auto-dirigido que induce a los individuos a ajustar sus actividades a circunstancias que sólo pueden conocer a través de las señales abstractas de los precios. Debería ser una conexión útil en el proceso que comunica los efectos de acontecimientos que nadie conoce en su totalidad e indispensable para mantener un orden en el que se combinan los planes de las personas que participan en dicho proceso.

El gobierno no puede actuar en interés general

Incluso si suponemos que el gobierno sabe cómo manejar el dinero en interés general, es altamente improbable que consiga alcanzar su objetivo. Como el profesor Eckstein —impulsado por su experiencia como consejero de varios gobierno— expuso en el artículo citado anteriormente: «Los gobiernos no pueden cumplir las reglas, aunque adoptaran la filosofía de ofrecer un marco estable».

Cuando se concede a un gobierno el poder de favorecer a determinados grupos o sectores de la población, los mecanismos del gobierno mayoritario le fuerzan a utilizar tal poder al objeto de obtener el respaldo del número suficiente para alcanzar la mayoría.

La tentación constante de solucionar la insatisfacción local o sectorial manipulando la cantidad de dinero, de forma que se pueda gastar más en servicios para aquellos que piden ayuda, será frecuentemente irresistible. Tal gasto no es un remedio adecuado y necesariamente trastorna el correcto funcionamiento del mercado.

En una situación de emergencia real, como la guerra, los gobiernos pueden imponer a la gente  bonos u otros pedazos de papel para pagos inevitables que no se pueden extraer de los ingresos del momento. Los préstamos obligatorios y similares serían mucho más compatibles con el necesario reajuste rápido de la industria a las circunstancias radicalmente distintas que una inflación que suspende el funcionamiento efectivo del mecanismo de los precios.

Desaparición de los problemas de la balanza de pagos

Con la desaparición de las distintas monedas territoriales se suprimirían también los llamados «problemas de balanza de pagos» que, se cree, causan intensas dificultades a las políticas monetarias actuales.

Necesariamente, habría continuas redistribuciones de las cantidades de moneda relativas y absolutas en las distintas regiones a medida que éstas se enriquecieran y empobrecieran relativamente. Pero ello no crearía más dificultades que las que causa el mismo proceso hoy en día en los grandes pises. La gente que se enriqueciera tendría más dinero y la que se empobreciera, menos. No existirían ya las especiales dificultades que causa el hecho de que, según el orden existente, la reducción del circulante determinado de un país requiere una contracción de toda la superestructura de crédito erigida sobre él.

De manera similar, desaparecerían también las más estrechas relaciones de la estructura de precios predominante en un país en relación con la de los países vecinos y con ello la ilusión estadística del movimiento relativo de niveles de precios nacionales determinados.

De hecho, se descubriría que «los problemas de balanza de pagos» son un efecto bastante innecesario de la existencia de monedas específicamente nacionales, que es la causa de la indeseable mayor coherencia interna de los precios nacionales que de los internacionales.

Desde el punto de vista de un orden económico internacional deseable, los «problemas de balanza de pagos» son un falso problema del que nadie se debe preocupar, excepto el monopolista de la emisión de moneda en un territorio determinado. Y una ventaja no menor de la desaparición de las distintas monedas nacionales sería que podríamos volver a los felices días de la inocencia estadística en los que nadie podía saber cuál era la balanza de pagos de su país o región y, por tanto, nadie se ocupaba o preocupaba de ella.”