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Las cuotas de género: ¿y por qué no las miles o millones de otras cuotas a las que pertenecemos?

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Hay ciertos temas que son políticamente muy correctos, aunque plantean serias dudas sobre su solidez. Uno de ellos es el de las ‘cuotas femeninas’ para ciertos cargos electivos. La cuestión ha sido presentada en estos días en un artículo de Lorena Moscovich, politóloga y profesora de la Universidad de San Andrés, con el título “Cuotas de género” ¿y si discutimos con evidencias?: http://www.lanacion.com.ar/1933735-cuotas-de-genero-y-si-discutimos-con-evidencias

Al respecto dice: “… .la discusión sobre la posible ampliación de la cuota de género en el Congreso está mostrando que aquello está lejos de ser obvio para mucha gente. Periodistas, académicos y legisladores, formadores de opinión rechazan la ampliación de esa cuota sin dar razones claras para hacerlo.”

Borges

Tratemos de ofrecer una.

Los seres humanos, tanto hombres como mujeres, dada nuestra característica ‘social’, pertenecemos a todo tipo de grupos. El problema que se presenta con la cuotificación femenina es determinar si esa clasificación de grupo es más importante que las casi infinitas otras que existen.

Por ejemplo, supongo, aunque no conozco, que la autora pertenece también al grupo de las/los profesores universitarios, también al de las/los profesores de universidades privadas, obviamente al de cientistas políticos, y, tal vez, al de casadas o solteras, madres o tías, hinchas de RIver o de Boca, altas o bajas, y así sucesivamente. ¿Cuántos de todos esos distintos grupos merecerían tener una representación proporcional en el Congreso?

Porque. Incluso si de sexo se trata, el tema no para en la representación de las mujeres. ¿Deberían también tener un cupo los gays y lesbianas? ¿Y otro los transexuales? ¿Por qué no?

El problema es insoluble. Ya lo había planteado Jorge Luis Borges en “El Congreso”:

“Twirl, cuya inteligencia era lúcida, observó que el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los pensadores. Sugirió que, sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe podía representar a los hacendados, pero también a los orientales y también a los grandes precursores y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora Erfjord era noruega. ¿Representaría a las secretarias, a las noruegas o simplemente a todas las mujeres hermosas? ¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros, incluso los de Nueva Zelanda?”

Jorge Luis Borges, El libro de Arena, Obras Completas, Tomo III, (Barcelona: Emecé Editores, 1996), p. 24.

Después del fallo de la Corte sobre tarifas, Alberdi recuerda a qué escuela pertenece la Constitución

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Con los alumnos de la UBA Derecho comenzamos a ver el libro de Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”. En su introducción, Alberdi analiza las distintas escuelas económicas y a cual pertenece la Constitución:

Alberdi 3

“Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas:

1° Las fuerzas o agentes productores, que son el trabajo, la tierra y el capital.

2° El modo de aplicación de esas fuerzas, que tienen tres fases, la agricultura, el comercio y la industria fabril.

3° Y, por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas.

Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión, que ha dividido los sistemas económicos: – En e1 interés de la sociedad, ¿vale más la libertad que la regla, o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo a su entera libertad, o vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diere gana, o conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio, o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres, o algunos deben ser excluidos y prohibidos, con miras protectoras?

He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad.

Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.

La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.

A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.

Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.

Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.

La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.

En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. «Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.» Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.

A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.”

Preocupado por sus preocupaciones: se deterioran las instituciones que deberían proteger libertades

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Estoy en Chile participando de un seminario para jóvenes organizado por la Fundación para el Progreso de este país. Además de interesantes conferencias, FPP ha realizado un estudio jungo con GfK Adimark que titula “Barómetro de la Libertad”. Aquí está disponible el resumen y el informe completo: http://fppchile.org/es/barometro-de-la-libertad-fpp-adimark-2/

Mi impresión, al margen de los comentarios que el estudio presenta, es que encuentro a los chilenos deprimidos y preocupados por el futuro. EL informe, realizado en base a una encuesta, sostiene que “los chilenos sienten que se ha avanzado en: poder organizar manifestaciones, decidir plenamente sobre embarazarse y/o tener hijos, poder formar grupos u organizaciones y decidir sobre cómo y con quién formar pareja y/o casarse”. Por cierto, todas libertades individuales muy importantes. Pero es notable la preocupación sobre la calidad de las instituciones, aquellas que, en definitiva, son necesarias para proteger esas libertades. Así, sienten que han retrocedido en: ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta; decidir la forma de criar y educar a sus hijos, que existan elecciones con un sistema transparente y libre, que los tribunales de justicia actúen de manera independiente, que existan instituciones independientes que controlen a las autoridades.

Son importantes los avances, pero muy preocupantes… las preocupaciones…

“Estudio revela que un 84% de la población considera “muy importante” la libertad para la toma de decisiones. Mientras que un 85% de los chilenos siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de sus libertades.

¿Cuán libres se sienten los chilenos? ¿En qué ámbitos se ejerce la libertad? ¿Quiénes se sienten más y menos libres en el país? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el primer “Barómetro de la Libertad”, elaborado por Fundación para el  Progreso y GfK Adimark.

El estudio, lanzado este miércoles 7 de octubre en las oficinas de la Fundación para el Progreso,  mide cómo los chilenos perciben y valoran el rol que cumple la libertad en distintos ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como privada. Este tendrá una periodicidad anual, pues el objetivo es generar indicadores y cuadros comparativos en el tiempo.

En su primera edición 2015, el estudio muestra que la libertad es ampliamente valorada por los chilenos. Un 84% de la población la considera “muy importante” para la toma de decisiones.

Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark añade que “un 60% de los chilenos se siente hoy mayoritariamente libre, una buena noticia que contrasta con el 40% que percibe que existen restricciones o vulneraciones a su capacidad de control sobre sus vidas”.

Por otro lado, un 85% de los chilenos tiene una percepción de restricción de alguna de sus libertades, es decir  siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de éstas. La dimensión “Limitación del poder político, independencia judicial y democracia” es el ámbito relativo a la libertad peor percibida. Los chilenos tienen menos confianza en las instituciones que fiscalizan a las autoridades y mayoritariamente consideran que los tribunales de justicia no actúan de manera independiente del gobierno y el parlamento.

“Esto no sólo denota la importancia que asignan los chilenos a las instituciones y su buen funcionamiento, también  debiera ser materia de preocupación, pues claramente las instituciones están viéndose debilitadas”, explica Armando Holzapfel, Gerente de la Fundación para el Progreso.

En términos de relevancia en relación con el desarrollo del país, lo más valorado por los chilenos es: que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas (9,2%); decidir la forma de criar y educar a los hijos (9,1%) y ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta (7,4%).

Los aspectos en que se perciben mejoras en el último tiempo son los derechos relacionados a la libertad de expresión y de manifestar puntos de vista.  También se aprecia un progreso en las libertades relacionadas con la vida sexual, relaciones de pareja y reproducción.”

Aunque evaluamos la calidad institucional en términos relativos, en el mundo ha mejorado

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 Como dijimos antes, no tenemos un parámetro absoluto sobre la calidad de las instituciones contra el cual evaluar el desempeño de todos los países. Sabemos cuáles tienen mejores instituciones que otros, pero esa falta nos limita la posibilidad de analizar si el mundo, y nuestra región, están mejorando o empeorando en calidad institucional. Es decir, no podemos ver la tendencia general.

Nuestra evaluación tiene que ser necesariamente cualitativa. Y es desde esta perspectiva que podría tal vez decirse que la calidad institucional ha estado mejorando en las últimas décadas en el mundo, un proceso favorecido y presionado por la competencia institucional que genera la globalización. La caída de los regímenes comunistas, ocurrida antes que comenzáramos a producir este índice, ha dado como resultado la mejora institucional de casi todos los países que abandonaran ese modelo. Algunos de ellos, como Estonia, han alcanzado destacadas posiciones; otros como Turkmenistán han cambiado de régimen pero sin que esto significara una mejora institucional, sigue estando entre los peores.

El avance de los países asiáticos y ahora algunos países de África también nos brinda señales de mejora institucional. Y en el caso latinoamericano hubo una gran mejora a partir de los años 80s con el abandono de las dictaduras militares que pisotearan las democracias, los derechos humanos y en muchos casos hicieran también estragos económicos. Algunos países de la región  mejoraron sus instituciones de mercado durante los años 90s, y alguno entre ellos dieron marcha atrás y volvieron a los años 70s o peor aún. ¿Tal vez un rechazo de esas sociedades a los desafíos e inseguridades que plantea un nuevo mundo globalizado? Puede ser, pero lo cierto es que ese rechazo llevó a una caída fuerte de la calidad institucional en la región que ahora podría haberse detenido e insinuar un regreso al camino de la mejora. El nuevo gobierno argentino y el nuevo Congreso venezolano parecen ser fuertes señales de que los latinoamericanos quieren dejar atrás el populismo chavista que destruye las instituciones. Habrá que ver si esto es así y si refleja una tendencia que pueda presentarse en el resto de la región. Y habrá que ver también si esa tendencia perdura y se alcanzan esos consensos institucionales que algunos pocos países de la región han logrado alcanzar, permitiendo obtener resultados bien superiores al resto, generando más oportunidades de progreso para sus habitantes.

Puntos fuertes y débiles de la calidad institucional en América Latina: ¿dónde fallamos?

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A continuación veremos el desempeño relativo que ha tenido cada país de la región en cada uno de los indicadores que son tomados en cuenta en nuestro análisis. En negrita aparece el país con la mejor posición entre todos los de América; en negrita e itálica, el de mejor posición entre los latinoamericanos; en rojo el que muestra la peor posición:

2016 Rule of Law Voice & Acc. Freedom Press Corrupción Global Comp Heritage Fraser Doing Business
País
Antigua y Barbuda 0,4928 0,6814 0,6281 0,4550
Argentina 0,1866 0,5882 0,4673 0,3690 0,2500 0,0562 0,0407 0,3651
Bahamas 0,7464 0,8088 0,8643 0,8315 0,3902 0,4444
Barbados 0,8182 0,9167 0,8945 0,7528 0,3821 0,3757
Belice 0,2488 0,6618 0,8492 0,3483 0,2927 0,3704
Bolivia 0,1292 0,4853 0,5477 0,4167 0,1714 0,1067 0,3089 0,1746
Brasil 0,5550 0,6078 0,5528 0,5536 0,4714 0,3258 0,2520 0,3915
Canadá 0,9474 0,9559 0,8945 0,9524 0,9143 0,9719 0,9512 0,9312
Chile 0,8804 0,8039 0,6834 0,8690 0,7571 0,9663 0,9106 0,7513
Colombia 0,4258 0,4608 0,4121 0,5119 0,5714 0,8258 0,2439 0,7196
Costa Rica 0,7129 0,8382 0,9146 0,7679 0,6357 0,7303 0,8699 0,6984
Cuba 0,3254 0,0686 0,0352 0,6726 0,0112
Dominica 0,6890 0,8235 0,7990 0,7022 0,5238
Ecuador 0,1388 0,3971 0,3015 0,3690 0,4643 0,1124 0,1463 0,3862
El Salvador 0,3589 0,5245 0,6131 0,5774 0,3286 0,6517 0,7398 0,5503
Estados Unidos 0,8995 0,7990 0,8492 0,9107 0,9857 0,9438 0,8943 0,9683
Grenada 0,5024 0,7402 0,8291 0,2910
Guatemala 0,1483 0,3529 0,3367 0,2738 0,4500 0,5449 0,6829 0,5767
Guyana 0,3206 0,5441 0,6533 0,2976 0,1429 0,2921 0,3252 0,2804
Haití 0,0813 0,2549 0,4874 0,0655 0,0500 0,1685 0,5935 0,0423
Honduras 0,1531 0,3382 0,2412 0,3393 0,3786 0,3708 0,4797 0,4233
El de 0,4450 0,6569 0,9146 0,5952 0,3929 0,7416 0,7317 0,6667
México 0,3828 0,4804 0,3065 0,4405 0,6000 0,6573 0,4309 0,7989
Nicaragua 0,2919 0,3578 0,4472 0,2321 0,2357 0,3933 0,4959 0,3439
Panamá 0,5502 0,6324 0,5176 0,5774 0,6500 0,6348 0,6667 0,6402
Paraguay 0,2823 0,4314 0,3668 0,2321 0,1643 0,5393 0,4228 0,4762
Perú 0,3349 0,5147 0,5477 0,4821 0,5143 0,7247 0,6179 0,7407
República Dominicana 0,4067 0,5392 0,5829 0,3929 0,3071 0,5112 0,5203 0,5132
San Kitts y Nevis 0,6172 0,8480 0,8693 0,3492
San Vicente y las Granadinas 0,7225 0,8627 0,9146 0,7809 0,4180
Santa Lucía 0,7177 0,8725 0,9497 0,7921 0,5979
Suriname 0,4976 0,6422 0,7186 0,4821 0,2528 0,1799
Trinidad y Tobago 0,5311 0,6275 0,7638 0,5774 0,3714 0,5955 0,5041 0,5344
Uruguay 0,7608 0,8284 0,8141 0,8810 0,4857 0,7753 0,5285 0,5185
Venezuela, RB 0,0096 0,1912 0,1206 0,0655 0,0643 0,0169 0,0081 0,0212

 

Como puede observarse en términos de Respeto a la Ley, el primer lugar es para Canadá y para Chile entre los latinoamericanos y el peor para Venezuela. En cuanto al funcionamiento de la democracia (Voz y Rendición de Cuentas), el liderazgo recae también en Canadá, pero ahora corresponde a Costa Rica entre los latinoamericanos y a Cuba la última posición. En cuanto a Libertad de Prensa encabeza toda la zona Santa Lucía, con Costa Rica entre los latinos y Cuba también en el último lugar. Por último, entre los indicadores políticos, el país con menos corrupción en toda la región sería Canadá, Uruguay entre los latinoamericanos y Venezuela en el final de la tabla.

Tomando en cuenta ahora los indicadores de mercado Estados Unidos se lleva el primer puesto, Chile entre los latinos y Haití el último; el de Libertad Económica de Heritage muestra a Canadá primero, Chile entre los latinoamericanos y Cuba en la última posición. El otro indicador de libertad económica en el mundo, del Fraser Institute, ubica también a Canadá a la cabeza en la zona y a Chile entre los latinoamericanos pero muestra a Venezuela en la última posición (no evalúa a Cuba). Y finalmente, el de Haciendo Negocios nos muestra que el país donde habría más facilidades para ello sería Estados Unidos, y que entre los latinoamericanos ahora estaría México en lugar de Chile, un cambio que habrá que seguir de vista en el futuro; y Venezuela también en el último lugar.

Calidad Institucional en América: Canadá el primero; Chile y Costa Rica entre los latinoamericanos

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El cambio institucional se produce lentamente y, además, el ICI lo refleja con cierto rezago. Esto se debe a que estamos tomando en consideración indicadores que se publicaron en 2015 los que, a su vez, en muchos casos han tomado datos de 2014, o incluso en algún caso antes. Los lectores de Argentina, por ejemplo, estarán una mejorando una mejora con los cambios ocurridos tras el cambio de gobierno; pero lo cierto es que eso no lo refleja el ICI 2016 sino, por el contrario, sigue mostrando la caída sufrida desde fines de los años 90s, acelerada a partir de la crisis de 2001/2002 y profundizada en los últimos años. Este año muestra a la Argentina perdiendo otros cinco puestos para caer hasta el 142º.

Pero, en verdad, comenzaremos considerando los resultados respecto a toda América, no solamente América Latina. Esto ha sido así desde el comienzo del ICI. SI bien es cierto que existen diferencias culturales entre los países latinos y no latinos de la región, por cierto es que tanto unos como otros se incorporaron (o fueron incorporados) al resto del mundo en momentos similares. También han tenido peso las diferencias de origen legal, con la mayoría de países latinoamericanos heredando los sistemas legales codificados continentales y los otros recibiendo, en general, el common law inglés. Estas causas, y otras que hemos analizado en ediciones anteriores de este Índice pueden explicar las diferencias de desempeño en la región. Veamos los resultados:

2016 ICI 2016 Política 2016 Mercado
6 Canadá 0,9398 9 Canadá 0,9375 6 Estados Unidos 0,9480
13 Estados Unidos 0,9063 18 Barbados 0,8764 7 Canadá 0,9422
22 Chile 0,8278 20 Estados Unidos 0,8646 21 Chile 0,8463
32 Costa Rica 0,7710 22 Santa Lucía 0,8467 39 Costa Rica 0,7336
33 Santa Lucía 0,7708 25 San Vicente y las Granadinas 0,8333 43 Santa Lucía 0,6950
38 San Vicente y las Granadinas 0,7164 27 Uruguay 0,8211 54 Perú 0,6494
40 Uruguay 0,6990 29 Chile 0,8092 55 Panamá 0,6479
41 Dominica 0,6918 30 Costa Rica 0,8084 60 Jamaica 0,6332
42 Barbados 0,6900 32 Bahamas 0,8065 64 México 0,6218
45 Bahamas 0,6810 37 San Kitts y Nevis 0,7782 65 Dominica 0,6130
53 Jamaica 0,6431 39 Dominica 0,7705 66 San Vicente y las Granadinas 0,5994
60 Panamá 0,6087 52 Grenada 0,6906 68 Colombia 0,5902
66 San Kitts y Nevis 0,5637 60 Jamaica 0,6529 69 Uruguay 0,5770
67 Trinidad y Tobago 0,5631 62 Trinidad y Tobago 0,6249 71 El Salvador 0,5676
68 Perú 0,5596 67 Antigua y Barbuda 0,6008 74 Guatemala 0,5636
74 El Salvador 0,5430 70 Belice 0,5866 77 Bahamas 0,5554
77 Antigua y Barbuda 0,5279 71 Suriname 0,5851 84 Barbados 0,5035
79 Colombia 0,5214 76 Panamá 0,5694 85 Trinidad y Tobago 0,5013
88 México 0,5122 77 Brasil 0,5673 94 República Dominicana 0,4630
94 Grenada 0,4908 86 El Salvador 0,5185 95 Antigua y Barbuda 0,4550
96 República Dominicana 0,4717 96 República Dominicana 0,4804 104 Honduras 0,4131
98 Brasil 0,4638 98 Perú 0,4699 107 Paraguay 0,4006
100 Belice 0,4619 100 Guyana 0,4539 110 Nicaragua 0,3672
106 Guatemala 0,4208 101 Colombia 0,4526 113 Brasil 0,3602
112 Suriname 0,4007 111 Argentina 0,4028 115 San Kitts y Nevis 0,3492
119 Paraguay 0,3644 112 México 0,4025 119 Belice 0,3371
122 Guyana 0,3570 114 Bolivia 0,3947 130 Grenada 0,2910
125 Nicaragua 0,3497 129 Nicaragua 0,3323 134 Ecuador 0,2773
131 Honduras 0,3405 131 Paraguay 0,3282 136 Guyana 0,2602
140 Bolivia 0,2926 141 Ecuador 0,3016 147 Suriname 0,2164
142 Argentina 0,2904 145 Guatemala 0,2779 149 Haití 0,2136
144 Ecuador 0,2895 146 Cuba 0,2754 160 Bolivia 0,1904
162 Haití 0,2179 147 Honduras 0,2680 161 Argentina 0,1780
171 Cuba 0,1433 157 Haití 0,2223 185 Venezuela, RB 0,0276
183 Venezuela, RB 0,0622 182 Venezuela, RB 0,0967 188 Cuba 0,0112

Calidad Institucional: los peores países del mundo. Por ahora, Corea del Norte no tiene rivales

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Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos los resultados del Índice de Calidad Institucional 2016. Antes vimos los países con mejor calidad, ahora los peores:

Corea del Norte tiene el destacable logro negativo de aparecer en la última posición tanto en el indicador general como en los dos subíndices. La zona está poblada de países de África y aquellos de Asia que no han sabido acompañar o imitar a los otros países exitosos de la región. En cuadro también llama la atención acerca de la presencia de dos países latinoamericanos: Cuba en la posición 171º y Venezuela en la 183º. ¿Cuba mejor que Venezuela? Es discutible, aunque ciertos avances recientes en la isla y tantos retrocesos en Venezuela podrían estar justificando esto. También puede ser resultado una determinación metodológica que afecta el resultado. Se refiere esto a cuál es el criterio para incluir a un país dentro del ICI si no aparece en los ocho indicadores que se toman en cuenta. Tomar solamente a los que aparecen en los ocho hubiera sido muy restrictivo, por lo que se decidió que se considerarían a los países que aparecieran al menos en cuatro de ellos, y al menos también, con uno en alguno de los dos subíndices. Es decir que un país puede aparecer en el ICI si a su vez aparece en, digamos, tres indicadores sobre las instituciones políticas y uno de las de mercado. Algo así es el caso de Cuba, como se verá más adelante, y al no aparecer en algunos indicadores de mercado puede esto mejorar su posición relativa en relación a Venezuela. Nótese que Cuba aparece por debajo de Venezuela en cuanto a esas instituciones se refiere.

Esto refiere, inevitablemente, a si existe un cierto grado de discrecionalidad en la conformación del ICI, y la respuesta es afirmativa. Y es también, inevitable. Por ejemplo, los subíndices de instituciones políticas y de mercado reciben la misma ponderación: ambos aportan el 50% del ICI cada uno. ¿Es así como debería ser, o debería tener uno mayor ponderación que el otro? Podríamos discutir décadas sobre esto, y otra asignación sería tan discutible como ésta. El criterio para asignarle la misma ponderación (y también la misma a cada uno de los ocho indicadores considerados) es que la libertad es una sola que se refleja tanto en las acciones políticas como económicas y dada la importancia de las decisiones que tomamos en uno u otro ámbito, resulta entonces conveniente esa asignación. Por otro lado, la misma ponderación similar a cada índice plantea el dilema que ciertas cuestiones están siendo consideradas en más de un indicador. No solamente hay dos índices de libertad económica (aunque no son lo mismo y presentan resultados relativamente diferentes) sino que ciertos componentes aparecen en unos y otros, dándoles entonces una mayor ponderación de facto. Por ejemplo, la protección del derecho de propiedad aparece en el índice del respeto a la Ley, y también en los de libertad económica. Pero no solamente no sería posible eliminarlo de alguno de los indicadores mencionados sino que su misma presencia en ellos sería una señal clara de su importancia y, por ende, merecer una ponderación mayor.

Ahora bien, ¿cuáles son las peores tragedias en materia de calidad institucional? Desde ya se ha señalado a aquellos países que consistentemente ocupan los últimos lugares desde el inicio de este ejercicio evaluativo. Dos décadas en las peores circunstancias institucionales no ofrecen resultados recomendables para nadie. Pero también pueden ser tragedias, tal vez menos intensas que esas otras, aquellos países que han perdido la mayor cantidad de posiciones. Así, por ejemplo, desde 1996, Bolivia ha perdido 100 puestos, Argentina 99, Ecuador y Venezuela 74, señalando un particular deterioro en América Latina bajo la influencia del “socialismo del siglo XXI”, la nueva vertiente populista que trajo el nuevo siglo. Por supuesto que la magnitud de la caída tiene que ver también con la posición de partida. Bolivia y Argentina pierden más porque comenzaron de más arriba que Ecuador y Venezuela, aunque este último país haya llegado más abajo que todos ellos.

Otras ‘tragedias’ en el período han sido Zimbabwe (-66), Líbano (-61), Papúa Nueva Guinea y Djibouti (-59), Belice (-58). De todos estos, sin embargo, Ecuador y Zimbabwe han mejorado su posición en el último, siete y seis posiciones respectivamente, y Venezuela una, aunque es probable se deba más al deterioro de otro país que estuviera arriba suyo que a una mejora que no parece haber ocurrido, ni siquiera en esa magnitud.

Final de la Copa América: tal vez gana Argentina, pero en calidad institucional hace años gana Chile

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Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos el Índice de Calidad Institucional 2016. Respecto a América:

Canadá y Estados Unidos mantienen, como siempre, las primeras posiciones; Chile y Costa las primeras entre los países latinoamericanos y Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas entre las islas caribeñas. Es claramente destacable el desempeño de Canadá, que ha alcanzado estas posiciones a partir de las reformas económicas que ordenaron su economía allá por los años 90s y recuperado algunas posiciones que había cedido entre los años 2003 y 2007. También lo es el caso de Chile, con uno de los resultados más estables que se puedan encontrar en todo el ICI, ya que no registra cambios en su posición respecto a la que tenía 21 años atrás, diez años atrás o el 2015. Esta es una de las características de los países de sólida calidad institucional; los gobiernos cambian por un signo u otro pero parece existir un consenso básico y fundamental en relación al respeto de cierto marco institucional que se sostiene en el tiempo. Este consenso en sí mismo, es de un valor institucional fundamental, ya que se convierte en la columna central de lo que llamaríamos “seguridad jurídica”. Más que el dictado de norma o constitución alguna. El inversor puede pensar en el largo plazo reduciendo al menos el riesgo político institucional a un mínimo, aunque, por supuesto, no eliminándolo del todo. Esta solidez institucional parece también poner límite a cualquier intento  de modificar ese rumbo institucional en forma negativa, aunque ahora parece que los chilenos están queriendo alterar esto en cierta medida sin considerar, tal vez, el costo que puede tener el debilitamiento del consenso mencionado. Por último, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas representan la posibilidad, y tal vez la necesidad, que los países isleños y pequeños tienen de contar con instituciones de calidad. Su tamaño no les permite cerrarse sobre sí mismos y deben estar abiertos al mundo, sobre todo comercial y financieramente. Esta inevitable apertura los somete a una mayor competencia institucional a la cual deben responder con condiciones institucionales y jurídicas que les permitan competir en un entorno altamente competitivo. Por otro lado, son ejemplos también que reafirmarían la hipótesis de quienes sostienen que la herencia del sistema legal del common law determina luego la existencia de instituciones más amistosas con el respeto a las libertades, el derecho de propiedad y los contratos.

Como siempre, encontraremos diferentes desempeños en las dos áreas que cubre el ICI. Son varios los países que han logrado mejorar su desempeño en las instituciones de mercado pero han quedado rezagados o han descendido en las instituciones políticas: Panamá, Guatemala, México, Paraguay, Nicaragua; y otros que, al revés están rezagados en las de mercado en relación a las políticas: San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Bahamas, St. Kitts y Nevis, Belice.

Los países con mejor calidad institucional: ¿tienen economías socialistas o mercados abiertos?

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Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos el Índice de Calidad Institucional 2016. Desde que comenzamos a hacerlo hay cuatro países que siempre han ocupado las primeras cuatro posiciones, aunque intercambiando entre sí: Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Suele pensarse que estos son países que tienen «socialismos de Mercado». ¿Es asi?

Vale la pena señalar, sin embargo, que todos ellos también ocupan destacadas posiciones en cuanto a las instituciones de mercado se refiere. Así, Noruega, que encabeza la lista en cuando a instituciones políticas ocupa la posición 18º en cuanto a las de mercado se refiere; Finlandia, segunda en este caso, está 13º en las de mercado; el tercer lugar de Suecia es con el puesto 17º en instituciones de mercado y el cuarto, Dinamarca, en el 9º. La relación es apropiada para disipar una visión existente que considera a esos países nórdicos como economías cuasi-socialistas. En verdad, son países con fuertes estados benefactores y altas tasas impositivas, pero con una apertura comercial y a las inversiones y una protección del derecho de propiedad y la libertad contractual como poco se encuentran en muchos otros países. Por otro lado, dos consideraciones son importantes en este caso: las elevadas tasas impositivas no lo son tanto y recaen sobre todo sobre los individuos, no las empresas. Por ejemplo, en el caso de Suecia, la tasa del impuesto a las ganancias corporativas es del 22%, mientras que en Suazilandia es el 27,5% y en Túnez o Tanzania del 30%. En Brasil es del 34%, en México 30%. En Noruega es del 34%, Finlandia 20% y Dinamarca 23,5%.

En cuanto a los impuestos a las personas en Suecia van desde el 31% al 60%; en  Noruega desde 0% al 47% (incluyendo un 8,2% de contribución a las pensiones); en Finlandia del 7,71% al 62% (incluyendo el impuesto nacional, el municipal y la contribución a las pensiones) y en Dinamarca del 30% al 48%. En cuanto a algunos países latinoamericanos en Argentina van del 9 al 35%; en Brasil del 0 al 27,5%; en Colombia del 0 al 33%, en Perú del 0 al 30%. Aunque siempre, por supuesto, resulta muy difícil hacer comparaciones debido a las distintas bases y deducciones vigentes en los distintos países, por un lado, y por otro, por las contraprestaciones que se reciben a cambio. En los países nórdicos las tasas impositivas a las ganancias empresarias son más bajas; las tasas a las personas más altas pero ellas reciben, a su vez, servicios de salud o educación gratuitos de calidad muy superior a los que obtiene un ciudadano latinoamericano aunque pague tasas menores. Y, además, en algunos casos como el de Suecia, los contribuyentes reciben ‘vouchers’ que les permiten un cierto grado de elección entre escuelas y hospitales privados o públicos.

Por otra parte, es más que destacable el desempeño de Suiza. No solamente encabeza el ICI por segundo año consecutivo sino que presenta el resultado más parejo, con un sexto puesto en las instituciones políticas y un cuarto en las de mercado. Suiza, además, ha logrado esto en un país con diversas culturas, idiomas y religiones, aprovechando las ventajas de la descentralización y las limitaciones al poder. La combinación de democracia representativa y democracia directa en los niveles federal, cantonal y municipal, un gobierno colegiado con rotación en los principales cargos ejecutivos y competencia fiscal entre los cantones ha logrado niveles de institucionalización destacados.

Una teoría ‘austriaca’ sobre economía ambiental: derechos de propiedad, pero algo distintos a Coase

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Con los alumnos de la materia Law & Economics del Master en Environmental Entrepreneurship de la UFM, vemos un artículo de ROY CORDATO titulado TOWARD AN AUSTRIAN THEORY OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Sus conclusiones:

“El propósito, y unos espera que también sea la contribución, de este trabajo, ha sido restituir tanto la economía positiva como normativa de la economía ambiental, desde la base, utilizando el método praxeológico de la Escuela Austriaca. Como se destacara al comienzo, el ejercicio es más el de unir distintas piezas que están separadas en la literatura Austriaca que el de elaborar un nuevo material. Persiguiendo ese objetivo hemos integrado el foco austriaco en el marco de medios y fines del actor, incluyendo su énfasis en la naturaleza subjetiva del valor y, por lo tanto de los costos, con la definición de lo que constituye un problema ambiental. Definiendo los problemas en estos términos, tanto la naturaleza de la polución y la definición de contaminador asumen un nuevo significado. Los problemas ambientales son presentados como planteando el corazón del problema de la eficiencia como la ven los Austriacos, esto es, generan un conflicto humano y distorsionan la formulación de planes inter e intrapersonales. Esto es diferente a la economía Pigouviana o Coasiana, que define a los problemas ambientales en términos de la asignación de recursos.

También se demuestra que el enfoque basado en los derechos de propiedad para el análisis de las políticas de Mises y Rothbard no solo es conceptualmente diferente del enfoque de Coase, sino que es una derivación natural, y emana directamente de sus raíces praxeológicas. El papel de los derechos de propiedad en el análisis ambiental es integrado con el que le otorga Menger más generalmente. Para Menger, el propósito social de la propiedad privada es resolver conflictos interpersonales y permitir la convivencia pacífica de distintos planes. Siguiendo este enfoque, la discusión austriaca moderna es considerada como un continuo histórico, que comienza en Menger.

La confusión actual que rodea la formulación de políticas ambientales es una derivación de la teoría de la economía ambiental que es fundamentalmente errónea. El enfoque estándar se basa en conceptos indefinibles del costo social y el equilibrio general e implica políticas que no pueden implementarse en el mundo real. A la luz de esto la mayoría de los economistas han aceptado la idea de que su rol es diseñar métodos eficientes para lograr ciertos objetivos políticamente determinados como objetivos de emisión. Como notara Lloyd Orr, los economistas ha propuesto impuestos por efluentes como medio para alcanzar estándares determinados políticamente a un menor costo. La solución propuesta estabiliza… la estructura de cargas requerida para alcanzar ciertos estándares (orr, 1981, p. 57).

Son los políticos quienes determinan qué es y qué no es polución y cuáles son los límites apropiados. El economista llega entonces para aconsejarles cómo desarrollar un impuesto o un sistema de derechos de emisión que se base en la ‘eficiencia’ de incentivos de mercado para alcanzar esos objetivos políticos. (Cordato, 1997).

Los austriacos pueden ofrecer un enfoque alternativo que no depende en definir o medir lo que es conceptualmente indefinible o medible. Esto no significa sugerir que una clara definición de derechos de propiedad sea sencilla en todas las situaciones. No lo es. Pero, mientras el enfoque austriaco para la resolución de problemas ambientales puede encontrarse con algunos problemas marginales, con algunos casos ‘difíciles’, la definición y aplicación de derechos de propiedad ya es una parte fundamental de la forma en que se evitan todo tipo de conflictos interpersonales. El en foque es claramente operacional ya que ha estado vigente, de una forma u otra, a través de la historia humana. El desafío para los austriacos es explicar cómo aplicar la teoría en algunos casos complicados, no explicar cómo si es que pueden ser aplicados”.