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Una introducción al Análisis Económico de la Política (Public Choice). Las fallas de la política en los Caps 4 y 5

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Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA Madrid, vemos una introducción al Análisis Económico de la Política (Public Choice):

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

Globalización y democracia: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la libertad individual?

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Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos un artículo de Viktor Vanberg titulado “Globalización, democracia y la soberanía del ciudadano: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la democracia?” donde analiza el impacto que la globalización, vista como un aumento de la competencia entre jurisdicciones, pueda tener como una forma de limitar al poder. Pero creo que el tema no debería plantearse como un fortalecimiento de la «democracia», sino como un fortalecimiento de la libertad, o de la república, como democracia limitada. Así comienza:

“La expansión de los mercados conocida como globalización crea nuevas opciones nuevas avenidas para el comercio de bienes y servicios, como así también nuevas oportunidades para las inversiones de capital y la asignación de los recursos productivos que se pueden desplazar. Es una afirmación común, y no respondida, que la globalización y la competencia que de ella resulta entre las distintas jurisdicciones impone restricciones a las acciones libres de los gobiernos nacionales. La competencia es siempre un problema de accesibilidad a opciones alternativas, y, en la misma medida que la globalización de los mercados crea opciones adicionales para los ciudadanos y para aquellos a los que podemos llamar usuarios jurisdiccionales, la competencia entre jurisdicciones restringen el poder que los gobiernos pueden ejercer sobre ellos. Los gobiernos no pueden impunemente ignorar el mayor rango de opciones que ofrece la globalización a sus ciudadanos y usuarios jurisdiccionales.

El punto en discusión es cómo deben evaluarse estas restricciones del poder del gobierno. El argumento de que la competencia entre jurisdicciones puede servir los intereses comunes de los ciudadanos y que es, por lo tanto, una buena consecuencia, es defendido por autores como Geoffrey Brennan y James M. Buchanan (1988:212 sig.) que ven la vulnerabilidad a la búsqueda de privilegios y rentas cómo una debilidad fundamental en el proceso político de toma de decisiones. De acuerdo al punto de vista de estos pensadores la competencia entre gobiernos puede brindar un remedio potencial al limitar el entorno delos gobiernos a otorgar privilegios, y, por lo tanto, se reducen los incentivos para la búsqueda de renta. El contra argumento, de que la competencia entre jurisdicciones obstruye e inclusive puede impedir la realización de los intereses colectivos de los ciudadanos es defendido por autores como Fritz W. Scharpf (1998) o Hans-Werner Sinn (1994, 1996). Ellos enfatizan los efectos potenciales de incentivos negativos de la competencia entre jurisdicciones, y el peligro de que puede llevar a una “competencia ruinosa entre Estados” (Sinn, 1995:241), con consecuencias indeseables para todas las partes involucradas.

El punto de este artículo es sobre un argumento que se escucha frecuentemente dentro de este contexto, fundamentalmente que los desarrollos que se refieren a la globalización representan una amenaza para la democracia, y que existe un conflicto sistemático entre las fuerzas de la competencia del mercado entre jurisdicciones y los principios de la política democrática. Para examinar este argumento, primero es necesario aclarar que se entiende por principios de política democrática, y qué criterios de performance deberían, en consecuencia, usarse para acceder a una política democrática. Esta cuestión debe aclararse antes de que uno pueda proceder a una discusión con sentido acerca de cómo los efectos de la competencia entre jurisdicciones en política deben evaluarse en términos de los criterios que se postulan.”

Y así concluye:

“… la competencia entre jurisdicciones pueden realizar una contribución valiosa a la “mejora de la democracia” haciendo más difícil que los gobiernos implementen esquemas políticos que benefician a ciertos ciudadanos a costa de otros. En la medida que la movilidad de los propios ciudadanos y de los recursos trasladables favorezca a ciertos grupos privilegiados o a los que tienen las riendas del poder para tomar decisiones políticas, la competencia entre jurisdicciones le ofrece a los ciudadanos y a los usuarios de jurisdicciones una protección contra la explotación.

Con respecto a la capacidad de los gobiernos para actuar en defensa de los intereses comunes de los ciudadanos, la competencia entre jurisdicciones pueden ayudar, en su rol como proceso de descubrimiento, a los gobiernos y a los ciudadanos a resolver el difícil problema de determinar qué características y servicios de la jurisdicción puede ser más eficiente. En este sentido, la competencia entre jurisdicciones puede ayudar a mejorar la democracia. Por otro lado, mi discusión acerca del resentimiento contra la competencia entre jurisdicciones intentó demostrar que no existen indicios obvios de que esta competencia impida o limite a los gobiernos de implementar esquemas que realmente beneficien a todos los ciudadanos. Si, en este sentido, los efectos negativos de la competencia existen, uno debería primero analizar si tales efectos pueden atribuirse a la competencia misma, o, en cambio, son el resultado de las ineficiencias constitucionales a nivel nacional o internacional. Las deficiencias constitucionales a nivel nacional pueden surgir del fracaso en impedir problemas de free-riding debido a los incentivos que tienen los recursos trasladables para conseguir beneficios de los servicios de jurisdicción sin pagar por ellos. Los problemas de este tipo de free-riding deben distinguirse estrictamente del punto que está en el corazón de la competencia entre jurisdicciones, principalmente la posibilidad de salida, un punto que tiene que ver con la disposición de los recursos trasladables de pagar el precio solicitado por los servicios de la jurisdicción, o si prefieren renunciar a estos servicios a favor de opciones alternativas. Las deficiencias constitucionales a nivel internacional pueden deberse al fracaso de encuadrar a la competencia entre jurisdicciones dentro de reglas de juego apropiadas. Hasta que no se exploren las posibilidades de eliminar las deficiencias constitucionales en este nivel es inapropiado recomendar soluciones centralistas.”

Gordon Tullock sobre las matemáticas de los sistemas electorales. ¿El resultado electoral es fruto del azar?

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En estos momentos de definiciones de alianzas y candidatos, con los alumnos de la materia Public Choice vemos a Gordon Tullock sobre sistemas electorales y escrutinios de elecciones:

Tullock

“La democracia ha tenido un serio problema desde hace ya un largo período. Un poco antes de la Revolución Francesa, Condorcet, un matemático distinguido y miembro de la Academia Francesa, descubrió un problema matemático en el proceso de votación. Al comienzo de la década de 1950, Keneth Arrow, quien luego se convirtió en Premio Nobel, en parte por este trabajo, formuló una demostración general en orden a que todos los procesos de votación están sujetos a este muy severo problema.

El Imperio Romano fue en general un gobierno muy exitoso, pero tenía lo que hoy consideraríamos una forma muy grotesca para tomar ciertas decisiones importantes. Mataban un buey, observaban detenidamente su hígado y de acuerdo a esta inspección cuidadosa decidían lo que pensaban que los dioses querían que ellos hicieran. Hoy diríamos que no estaban recibiendo orientación de parte de los dioses; pueden haber sido engañados por sus sacerdotes, lo que tal vez ocurrió aun con la mejor de las intenciones. Por otra parte, pueden haber estado recibiendo una serie de resultados al azar.

Las matemáticas, según pronto les explicaré brevemente, plantean la posibilidad real de que el acto de votar, que es la base de toda estructura democrática, sea de la misma índole, ya que no es algo producido por la voluntad del pueblo o que sume las preferencias, sino que es simplemente un generador de sucesos al azar. No estoy diciendo que podamos demostrar que es así, sino que en este momento no hay forma de probar lo contrario; por cierto, el trabajo matemático realizado indica que es así.

Habiendo presentado esta demostración como una especie de advertencia a todos ustedes en contra de poner atención al resto de mi charla, procederé ahora a hablar acerca de problemas prácticos al diseñar una Constitución. Si todos ustedes, una vez escuchada la demostración, se paran y se van, no estaré en posición de reclamar.

Cuadro 1

Votante 1: A B C

Votante 2: B C A

Votante 3: C A B

Déjenme comenzar con el Cuadro 1: tenemos un cuerpo de votantes compuesto por 3 personas que son el señor 1, el señor 2 y el señor 3, y ellos están escogiendo entre las alternativas A, B y C, y cada uno de ellos tiene el orden de preferencia que he mostrado, o sea, el señor 1 prefiere a A sobre B y a B sobre C. Preguntémonos qué pasaría si votaran sobre el asunto. El procedimiento habitual en la mayoría de las legislaturas, cuando hay más de dos alternativas, es agruparlas de a pares. Por ejemplo, pongamos a A contra B y luego a la alternativa ganadora contra C. Al observar este caso, vemos que el señor 1 votaría por A, el señor 2 votaría por B y el señor 3 votaría por A, resultando en que A tiene más votos que B. A continuación se toma el ganador en contra de la alternativa C; en este caso, el señor 1 votará por A, el señor 2 por C y el señor 3 por C; por lo tanto, C le gana a A. Esta es la forma en que característicamente se detiene el proceso en las legislaturas comunes.

Pero supongamos que somos escépticos y en vez de decir que como C gana a A y A gana a B, C le debe ganar a B. Al observar cuidadosamente vemos que el señor 1 votaría por B, el señor 2 votaría por B y el señor 3 votaría por C. En otras palabras, no hay una sola proposición que pueda ganar si las consideramos todas, ya que una de estas tres proposiciones será derrotada por una de las otras. Esto se llama un ciclo de votación.

Cuando se tiene dicho tipo de ordenamiento de las preferencias estamos ante la desafortunada circunstancia de que el resultado queda completamente determinado por el orden de la votación. Desgraciadamente, cualquiera sea el orden por el cual se sometan a votación, el asunto no mejora nada, ya que dicha votación sólo reproduce el mismo problema.

Así no hay salida. Parecería, sin embargo, que estoy recurriendo a mucha simetría en este diagrama, ejemplificando una situación muy improbable. La razón por la que apelo a esta simetría es porque tengo sólo 3 votantes, ya que si se tiene un número grande de votantes no es necesaria tanta simetría. Por ejemplo, si se supone que hay 100 votantes como el señor 1 y 100 votantes como el señor 2, ocurrirá el mismo fenómeno.

Las investigaciones de carácter matemático acerca de la frecuencia de los ciclos en el mundo real han resultado ser extremadamente difíciles. Yo comencé con eso, programando un computador; generé una gran cantidad de individuos en la memoria del equipo, les di órdenes de preferencia, los hice votar y conté los ciclos. Ese método se ha repetido después en una forma mucho más complicada y sofisticada y se han desarrollado numerosas técnicas matemáticas, todas las cuales inducen a creer que los ciclos son en realidad muy comunes. Sin embargo, debo decir que realmente no lo sabemos.”

La democracia como un proceso de descubrimiento: ¿hacia una ‘economía austriaca’ del proceso político?

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Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

El análisis económico de la política: James Buchanan y la política como es, no cómo soñamos que podría ser: sin romanticismos

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Con los alumnos de la materia Public Choice comenzamos a considerar el tema con uno de sus fundadores. James Buchanan en un artículo titulado “Política sin Romanticismos”

Así describe el objetivo de la “teoría de la elección pública” o Public Choice:

“En esta conferencia me propongo resumir la aparición y el contenido de la «Teoría de la Elección Pública», o, alternativamente, la teoría económica de la política, o «la Nueva Economía Política». Esta tarea de investigación únicamente ha llegado a ser importante en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Europa y Japón, la teoría sólo ha llegado a constituir el centro de atención de los estudiosos en los años setenta; los desarrollos en América provienen de los años cincuenta y sesenta. Como espero que mis observaciones sugieran, la Teoría de la Elección Pública no carece de antecedentes, especialmente en el pensamiento europeo de los siglos XVIII y XIX. El Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol y en un sentido auténtico tal pretensión es seguramente correcta, especialmente en las llamadas «ciencias sociales». Sin embargo, en el terreno de las ideas dominantes, la »elección pública» es nueva, y esta subdisciplina, situada a mitad de camino entre la Economía y la Ciencia Política, ha hecho cambiar la forma de pensar de muchas personas. Si se me permite utilizar aquí la manida expresión de Thomas Kuhn, creo que podemos decir que un viejo paradigma ha sido sustituido por otro nuevo. 0, retrocediendo un poco más en el tiempo y utilizando la metáfora de Nietzsche, ahora nosotros miramos algunos aspectos de nuestro mundo, y especialmente nuestro mundo de la política, a través de una ventana diferente.

El título principal que he dado a esta conferencia, «Política sin romanticismos» fue escogido por su precisión descriptiva. La Teoría de la Elección Pública ha sido el vehículo a través del cual un conjunto de ideas románticas e ilusiones sobre el funcionamiento de los Gobiernos y el comportamiento de las personas que gobiernan ha sido sustituido por otro conjunto de ideas que incorpora un mayor escepticismo sobre lo que los Gobiernos pueden hacer y sobre lo que los gobernantes harán, ideas que sin duda son más acordes con la realidad política que todos nosotros podemos observar a nuestro alrededor. He dicho a menudo que la elección pública ofrece una «teoría de los fallos del sector público» que es totalmente comparable a la «teoría de los fallos del mercado» que surgió de la Economía del bienestar de los años treinta y cuarenta. En aquel primer esfuerzo se demostró que el sistema de mercados privados fallaba en ciertos aspectos al ser contrastado con los criterios ideales de eficiencia en la asignación de los recursos y en la distribución de la renta. En el esfuerzo posterior, en la elección pública, se demuestra que el sector público o la organización política falla en ciertos aspectos cuando se la contrasta con la satisfacción de criterios ideales de eficiencia y equidad. Lo que ha ocurrido es que hoy encontramos pocos estudiosos bien preparados que están dispuestos a intentar contrastar los mercados con modelos ideales. Ahora es posible analizar la decisión sector privado-sector público que toda comunidad ha de tomar en términos más significativos, comparando los aspectos organizativos de varias alternativas realistas.

Parece cosa de elemental sentido común comparar las instituciones tal como cabe esperar que de hecho funcionen en lugar de comparar modelos románticos de cómo se podría esperar que tales instituciones funcionen. Pero este criterio tan simple y obvio desapareció de la conciencia culta del hombre occidental durante más de un siglo. Tampoco puede en absoluto decirse que esta idea sea aceptada hoy de forma general. Tenemos que admitir que la mística socialista de que el Estado, la política, consiguen alcanzar de alguna manera el «bien público» trascendente pervive todavía entre nosotros bajo diversas formas. E incluso entre aquellos que rechazan tal mística hay muchos que buscan incesantemente el ideal que resolverá el dilema de la política.”

Caps. 4 y 5: una introducción al análisis económico de la política. Las fallas del Estado pueden ser peores que las supuestas fallas de mercado

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En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

James Buchanan y el análisis económico de la política o teoría de la elección pública: la política sin romanticismo

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, Económicas UBA, vemos al principal autor del llamado “análisis económico de la política”, James Buchanan, en un artículo titulado “Política sin Romanticismos”

Así describe el objetivo de la “teoría de la elección pública” o Public Choice:

“En esta conferencia me propongo resumir la aparición y el contenido de la «Teoría de la Elección Pública», o, alternativamente, la teoría económica de la política, o «la Nueva Economía Política». Esta tarea de investigación únicamente ha llegado a ser importante en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Europa y Japón, la teoría sólo ha llegado a constituir el centro de atención de los estudiosos en los años setenta; los desarrollos en América provienen de los años cincuenta y sesenta. Como espero que mis observaciones sugieran, la Teoría de la Elección Pública no carece de antecedentes, especialmente en el pensamiento europeo de los siglos XVIII y XIX. El Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol y en un sentido auténtico tal pretensión es seguramente correcta, especialmente en las llamadas «ciencias sociales». Sin embargo, en el terreno de las ideas dominantes, la »elección pública» es nueva, y esta subdisciplina, situada a mitad de camino entre la Economía y la Ciencia Política, ha hecho cambiar la forma de pensar de muchas personas. Si se me permite utilizar aquí la manida expresión de Thomas Kuhn, creo que podemos decir que un viejo paradigma ha sido sustituido por otro nuevo. 0, retrocediendo un poco más en el tiempo y utilizando la metáfora de Nietzsche, ahora nosotros miramos algunos aspectos de nuestro mundo, y especialmente nuestro mundo de la política, a través de una ventana diferente.

El título principal que he dado a esta conferencia, «Política sin romanticismos» fue escogido por su precisión descriptiva. La Teoría de la Elección Pública ha sido el vehículo a través del cual un conjunto de ideas románticas e ilusiones sobre el funcionamiento de los Gobiernos y el comportamiento de las personas que gobiernan ha sido sustituido por otro conjunto de ideas que incorpora un mayor escepticismo sobre lo que los Gobiernos pueden hacer y sobre lo que los gobernantes harán, ideas que sin duda son más acordes con la realidad política que todos nosotros podemos observar a nuestro alrededor. He dicho a menudo que la elección pública ofrece una «teoría de los fallos del sector público» que es totalmente comparable a la «teoría de los fallos del mercado» que surgió de la Economía del bienestar de los años treinta y cuarenta. En aquel primer esfuerzo se demostró que el sistema de mercados privados fallaba en ciertos aspectos al ser contrastado con los criterios ideales de eficiencia en la asignación de los recursos y en la distribución de la renta. En el esfuerzo posterior, en la elección pública, se demuestra que el sector público o la organización política falla en ciertos aspectos cuando se la contrasta con la satisfacción de criterios ideales de eficiencia y equidad. Lo que ha ocurrido es que hoy encontramos pocos estudiosos bien preparados que están dispuestos a intentar contrastar los mercados con modelos ideales. Ahora es posible analizar la decisión sector privado-sector público que toda comunidad ha de tomar en términos más significativos, comparando los aspectos organizativos de varias alternativas realistas.

Parece cosa de elemental sentido común comparar las instituciones tal como cabe esperar que de hecho funcionen en lugar de comparar modelos románticos de cómo se podría esperar que tales instituciones funcionen. Pero este criterio tan simple y obvio desapareció de la conciencia culta del hombre occidental durante más de un siglo. Tampoco puede en absoluto decirse que esta idea sea aceptada hoy de forma general. Tenemos que admitir que la mística socialista de que el Estado, la política, consiguen alcanzar de alguna manera el «bien público» trascendente pervive todavía entre nosotros bajo diversas formas. E incluso entre aquellos que rechazan tal mística hay muchos que buscan incesantemente el ideal que resolverá el dilema de la política.”

Public Choice: la política sin romanticismos, los políticos responden a incentivos, el principal acceder y aumentar su poder

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En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

Procesos exitosos de reforma estatal: el caso del desmantelamiento de bases militares en los Estados Unidos

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La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

¿Proceso de reforma? / Los miembros del Congreso entienden que el favoritismo económico es un juego de dilema de prisionero. Y cuando las apuestas han sido lo suficientemente altas, han encontrado formas de cooperar para evitar los costos. Un ejemplo que a menudo se propone como un modelo para una amplia reforma del proceso es el sistema de Realineación y Cierre de Bases (BRAC).

Después del final de la Guerra Fría, se reconoció ampliamente que Estados Unidos tenía un gran y costoso excedente de instalaciones militares domésticas a la luz de las nuevas necesidades de defensa de la nación. Pero era políticamente difícil cerrar esas bases porque los congresistas locales bloquearían la legislación que ponía en peligro sus distritos. En esencia, la defensa nacional se había convertido en un programa de empleo para empleados civiles y contratistas, con pocos beneficios y un costo considerable para el público estadounidense en general.

Para terminar con este estancamiento, el Congreso tomó en gran medida las decisiones de cierre de base de las manos de los legisladores. En virtud de la legislación de 1990, delegaron en una comisión de cierre de bases la tarea políticamente difícil de identificar instalaciones militares que pudieran ser cerradas con poco riesgo para la defensa militar. Decenas de instalaciones fueron posteriormente cerradas como resultado de cuatro rondas BRAC sucesivas.

El éxito aparente del proceso BRAC dependía de dos ingeniosas disposiciones del estatuto autorizante. Primero, la Casa Blanca y el Congreso debían aceptar o rechazar en su totalidad las listas de las instalaciones de la Comisión de cierre de bases. No había oportunidad para los legisladores individuales de salvar «sus» bases. El medicamento tenía que ser tragado entero o no tragado en absoluto, a la vista del público. En segundo lugar, el Congreso podría rechazar la lista completa de los cierres de bases propuestas sólo si aprobaba una resolución de rechazo dentro de los 45 días después de que la Casa Blanca haya aprobado la lista. Debido a que la comisión BRAC recopiló y envió estratégicamente pequeñas listas de bases innecesarias, sólo una pequeña minoría de distritos congresionales se opondría a cada ronda BRAC, mientras que el resto del Congreso y la Casa Blanca se beneficiarían de los ahorros. Como resultado, el Congreso nunca rechazó una lista BRAC.

Desafortunadamente, el proceso BRAC no parece ser adaptable a muchas otras deliberaciones del Congreso, incluyendo la regulación. De hecho, puede ser un éxito único en su tipo. Ha habido otros intentos en tales comisiones independientes, pero el Congreso nunca ha dado a ninguno de ellos el poder que dio a la comisión BRAC. Bajo la mayoría de las circunstancias, el Congreso no cederá tal poder porque hacerlo eliminaría el centro de la vida en el Congreso: logrolling.

E incluso BRAC no ha tenido tanto éxito como sugiere la narración anterior. Aunque el Congreso nunca ha rechazado una lista BRAC, tampoco ha considerado muchas listas. El sistema se desmoronó después de la lista de 1995, porque los miembros de la comisión querían centrar su atención en las muchas bases de Texas y California. Clinton pudo haber sido un halcón del presupuesto que aprobó la lista de cierre de 1995, pero él no quiso poner en peligro sus posibilidades de la reelección en esos estados. Como resultado, inventó maneras de bloquear tener que considerar una lista subsecuente. Desde entonces, los legisladores de Washington también evitaron la compilación de listas que afectarían significativamente a California y Texas, resultando en sólo una ronda adicional de BRAC, en 2005. Más allá de eso, los defensores de mantener las bases abiertas comenzaron a cambiar sus esfuerzos de los legisladores a los miembros del comité BRAC, En esencia, la reinstitución del juego.

Si no se puede evitar el favoritismo económico, tal vez el Congreso podría al menos encontrar una manera menos costosa de distribuir la generosidad a sus beneficiarios. Por ejemplo, en lugar de regular los mercados, el gobierno podría dar subsidios directos a los intereses especiales actualmente favorecidos por la regulación, pero a cambio los economistas diseñarían las subvenciones de una manera que redujera las distorsiones del mercado causadas por la regulación.”

Algo nuevo: «Behavioral Public Choice», ¿cómo llamarlo, tal vez el análisis económico de la conducta política?

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Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos el trabajo de Schnellenbach, Jan; Schubert, Christian sobre un campo nuevo en esta área, “behavioral public choice” o, ¿cómo traducirlo? ¿análisis económico de la conducta política?. El paper se titula “Behavioral public choice: A survey” Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, No. 14/03; Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, No. 14/03 (2014). Disponible en: http://hdl.handle.net/10419/92975 Walter Eucken Institut; ORDO Constitutio in Libertate. Algunos párrafos:

“En el origen de la teoría de Public Choice se encuentra un llamado para alinear los supuestos motivacionales que subyacen en el estudio de la política con los de la economía. Se asume típicamente que la gente maximiza su utilidad subjetiva tanto en el mercado (como productores o consumidores) como en la política (como votantes, políticos, burócratas o lobbystas). Como enfatiza Brenna (2008), sin embargo, esa simetría motivacional no se traslada necesariamente a simetría conductual, dados los débiles incentivos para invertir en una toma de decisiones racional en el campo de las decisiones colectivas. Esto ocurre particularmente con los votantes, cuya conducta perfectamente racional puede llevar a resultados colectivos catastróficos, porque los mecanismos individuales de aprendizaje en la política son mucho más débiles y más indirectos que los del mercado.

Por ello, se espera que los sesgos cognitivos jueguen un papel tan importante en la política como en el mercado. La teoría de Public Choice es, por lo tanto, uno de los campos que muy probablemente se beneficiará de aplicar conceptos de la economía conductual (behavioral economics). Sorprendentemente, estos enfoques son relativamente nuevos en Public Choice. Tal vez se explique porque los académicos de PC se enfocaron originalmente en exportar el enfoque de la elección racional a áreas de no-mercado, y no consideraron modificar sus propios métodos analíticos (Wallerstein, 2004).

Al aplicar enfoques conductistas al Public Choice, afirmando que los individuos son más proclives a sesgos y otros problemas cognitivos cuando entran la arena política no ha de ser el fin de la historia. Más bien, un análisis sistemático de los desvíos del supuesto básico de conducta racional es requerido. Por ello, muchos autores han alentado a los académicos a que se aventuren más allá  de los supuestos básicos de racionalidad y maximización de utilidad (p. ej., Simon 1995; Ostrom 1998; Kliemt 2005).”…

“Hay un cierto número de ancestros del Behavioral Public Choice (BPC). No sorprende que Adam Smith se haya adentrado en este territorio cuando especulaba, primero, que una razón clave para la existencia del gobierno es la protección de la propiedad privada de transgresiones que se alejen de la conducta “razonable” (que, para Smith, implicaba actuar moralmente). Segundo, argumentaba que los individuos racionales van a subinvertir en la calidad de las decisiones políticas: como observara George Stigler, Smith era un pesimista al respecto, en el sentido de que ‘daba un papel más importante a la emoción, el prejuicio y la ignorancia en la vida política de lo que diera alguna vez en los asuntos económicos ordinarios’ (Stigler 1982). Luego de Smith, la creencia que los individuos pierden algo de su capacidad de razonamiento cuando entran en la esfera política puede encontrarse en Mill (1948), quien defendiendo al laissez-faire advertía sobre la conducta de ‘manada’ en la política, la incompetencia debida a la falta de especialización, malos incentivos debido al pequeño interés personal en juego en las decisiones gubernamentales y el peligro que los individuos perdieran su capacidad de contribuir voluntariamente a los bienes públicos si se acostumbraban a delegar más y más competencias en el estado.”