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Las «big tech»: ¿monopolios anti-competitivos? ¿sería mejor que estuvieran regulados?

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El notable crecimiento de las “big tech” en las últimas décadas ha desatado una discusión acerca de sus posiciones supuestamente monopólicas e intentos en distintos países de regular sus actividades. Ahora bien, una cosa es tener una posición “monopólica” y otra es tener acciones discriminatorias que abusan de esa posición en detrimento de competidores. Estas nuevas big tech tienen ciertas características que no son compatibles con la conducta de una empresa monopolista: por ejemplo, son gratuitas, mientras que un monopolista tradicional aprovecharía esa circunstancia para subir su precios; por otro son muy innovadoras (Microsoft, Amazon y Facebook invirtieron 71.000 millones de dólares en I&D en 2017, sólo detrás de las farmacéuticas), algo que no encontraríamos en un monopolio que no se preocupa de la competencia.

El Institute of Economic Affairs de Londres ha publicado una serie de conferencias sobre el tema con el título The Meaning of Competition in the  Digital Age, https://iea.org.uk/publications/the-meaning-of-competition-in-the-digital-age/

Una de esas conferencias es de Cento Veljanovski con el título “Hayek on Competition and AntiTrust in the Digital Age”, donde analiza las posiciones que tuviera el economista austriaco en relación a la competencia, la información y el conocimiento. En general, el autor cree que Hayek no estaría de acuerdo con una regulación estatal de estas empresas, pero luego comenta:

“Lo que puede haber dado motivo de preocupación a Hayek es la integración vertical de algunas grandes plataformas en línea, como Google y Facebook, que brindan la infraestructura básica de comercio y redes sociales y, al mismo tiempo, compiten directamente con quienes usan su plataforma. Esto provoca un conflicto de intereses fundamental, ya que la plataforma puede favorecer su servicio mientras recopila datos sobre las ventas, los servicios y los usuarios del negocio de su competidor intermedio. Google, por ejemplo, opera el motor de búsqueda a la vez que es un importante proveedor de espacios publicitarios en línea y servicios de búsqueda especializados, como la comparación de compras. Esto crea inevitablemente un conflicto de intereses ya que la plataforma actúa como «árbitro y jugador».”

¿Y si eso fuera así, la solución sería la regulación gubernamental? En el mismo texto Philip Booth presenta distintos casos de regulación privada, tales como las que generan las bolsas de comercio, la Asociación de Swaps y Derivados, las normas contables y hasta Uber, que si bien es una empresa establece regulaciones para la competencia entre los conductores.

El tema, como siempre, no es que esos problemas y conductas no existan, sino si el remedio termina siendo peor que la enfermedad, y convirtiendo “monopolios” privados en monopolios “legales’ contra los que no se puede competir, salvo a beneficio de la política.

¿Por qué la gente apoya el control de los alquileres si sabemos que no funcionan? 

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Daniel Müller, de la Universidad de Munich y Elisabeth Gsottbauer, de la Universidad de Innsbruck se plantean esa pregunta en un paper titulado “Why Do People Demand Rent Control?».  

“Realizamos un experimento de encuesta representativo en Alemania para comprender por qué la gente apoya políticas ineficientes. En particular, medimos las creencias y preferencias sobre el control de los alquileres, una política que los expertos consideran perjudicial en general. Fuera de los mecanismos causales, proporcionamos a subconjuntos de participantes seleccionados al azar estimaciones empíricas sobre los efectos del control de los alquileres en los precios de los alquileres y la oferta de vivienda e información sobre el consenso entre economistas en contra del control de rentas. Encontramos que la gente actualiza sus creencias y que esto lleve a una menor demanda de control de alquileres. Los izquierdistas actualizan sus creencias con más fuerza, lo que reduce la brecha ideológica en apoyo para el control de alquileres en aproximadamente un tercio. Proporcionar información sobre economistas, conduce a mayor rechazo de esta política. Sin embargo, el principal factor que impulsa el apoyo al control de los alquileres son consideraciones de equidad y motivos de lucro. El estudio también destaca la importancia de la confianza en el asesoramiento de expertos, ya que los efectos del experimento son consistentemente más grandes entre aquellos que manifiestan confianza en el asesoramiento de expertos. Finalmente, una encuesta de seguimiento confusa realizada tres semanas después revela que los efectos, tanto en el apoyo al control de la renta y en las creencias, persisten sólo para aquellos que confían.” https://www2.uibk.ac.at/downloads/c4041030/wpaper/2021-20.pdf  

Prohíben el plástico, pero parece que no ayuda a mejorar la calidad del ambiente

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No importa donde estemos, seguramente el gobierno ha implementado alguna restricción para el uso de plásticos, con el propuesto objetivo de reducir la contaminación que genera su disposición. Sin embargo, no parece que estemos contribuyendo mucho al cuidado del ambiente. En este interesante artículo de John Tierney se analizan los supuestos beneficios. Vale la pena leerlo entero, no puedo resumir todo lo que allí se plantea:

https://www.city-journal.org/needless-panic-over-disposable-plastic

 

Comienza así:

El pánico plástico nunca ha tenido ningún sentido, y se está intensificando incluso a medida que aumenta la evidencia de que no solo es un desperdicio de dinero, sino también perjudicial para el medio ambiente, sin mencionar a los humanos. Ha sido un movimiento en busca de una justificación durante medio siglo. Durante la década de 1970, los ambientalistas como Barry Commoner querían que el gobierno restringiera el uso de plástico porque estaba hecho de petróleo, lo que necesitábamos atesorar porque pronto nos quedaríamos sin él. Cuando la «crisis energética» resultó ser una falsa alarma, los ambientalistas buscaron nuevas razones para entrar en pánico.

 

Denunciaron el plástico por no ser biodegradable en los vertederos. Lo culparon por ensuciar el paisaje, obstruir los desagües de las alcantarillas y contribuir al calentamiento global. El plástico de nuestra «sociedad de descarte» estaba matando a un gran número de criaturas marinas, según Blue Planet II, una serie documental de la BBC de 2017 que se convirtió en un éxito internacional. Sus representaciones de tortugas marinas, delfines y ballenas en peligro llevaron a la Reina Isabel II a prohibir las pajitas y botellas de plástico de las propiedades reales, y el documental ha galvanizado a muchos otros líderes que los verdes celebran el «Efecto Planeta Azul».

 

Más de 100 países ahora restringen las bolsas de plástico de un solo uso, y el Papa Francisco ha pedido la regulación global del plástico. El parlamento de la Unión Europea votó a favor de prohibir las pajitas, platos y cubiertos de plástico de un solo uso en todo el continente el próximo año. En los Estados Unidos, cientos de municipios y ocho estados han prohibido o regulado las bolsas de plástico de un solo uso. Nueva York y otras ciudades han prohibido los envases de alimentos de espuma plástica, y se están preparando más edictos radicales. Los verdes en California están impulsando un referéndum para exigir que todos los envases de plástico y los alimentos de un solo uso en el estado sean reciclables, y la UE ha presentado un plan similar. Las celebridades y los políticos fotografiados con el envase de bebidas o la pajilla equivocados ahora sufren en línea «vergüenza plástica».

 

Algunos reformadores tienen buenas intenciones, pero están perjudicando su propia causa. Si desea proteger a los delfines y las tortugas marinas, debe tener especial cuidado al colocar su plástico en la basura, no en la papelera de reciclaje. Y si le preocupa el cambio climático, apreciará esas bolsas de supermercado una vez que conozca los hechos sobre el plástico.

Alberdi sobre las regulaciones de la Colonia y su reemplazo por otras nuevas y Códigos de Comercio

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi sobre la legislación y regulaciones heredadas de la colonia y su reemplazo por nuevas regulaciones y por Códigos de comercio:

«La ley escrita, para ser sabia, ha de ser expresión fiel de la ley natural, que gobierna el desenvolvimiento de esos tres órdenes de hechos. Cuando esos hechos no son bien conocidos en sus leyes normales, las leyes escritas no pueden ser expresión fiel de leyes desconocidas. No pueden menos de ser desconocidas las leyes naturales de hechos que empiezan a existir o no han empezado a existir. En este caso, el deber de la ley escrita es abstenerse, no estatuir ni. reglar lo que no conoce. Tal es el caso en que se encuentran los hechos económicos, especialmente de los tres órdenes de hechos que forman el estado social de la República Argentina, y en general de toda la América del Sud. – Me ceñiré a ellos, porque ellos son el objeto de esta obra.

Dar leyes reglamentarias de nuestros hechos económicos, es legislar lo desconocido, es reglar hechos que empiezan a existir, y muchos otros que ni a existir han empezado. Nadie conoce el rumbo ni ley en cuyo sentido marchan a desenvolverse los intereses económicos de la América del Sud. Sólo sabemos que las antiguas leyes coloniales y españolas propenden a gobernarlos en sentido contrario; y de ahí la lucha entre las necesidades sociales, entre los instintos y los deseos de la sociedad y la legislación presente. En este estado de cosas, el principal deber de la ley nueva es remover la ley vieja, es decir, el obstáculo, y dejar a los hechos su libre desarrollo, en el sentido de las leyes normales que les son inherentes. De aquí el axioma que pide al Estado: -Dejar hacer, no intervenir.

Si en cada ley suelta existe el peligro de legislar lo desconocido y de poner obstáculos a la libertad, ¿qué no sucedería respecto de los códigos, compuestos de millares de leyes, en que por exigencias de lógica, por no dejar vacíos y con la mira de legislar sobre todos los puntos legislables, se reglan y organizan hechos infinitos, que no han empezado a existir, en pueblos que la España dejó embrionarios y a medio formarse?

He aquí el peligro de los códigos de comercio en Sud América, y de todos los códigos en general, porque no hay uno que tenga por objeto las cosas, los bienes, la fortuna y riqueza, sea que pertenezca al Estado, o a las familias, o a las ocupaciones del comercio, de la agricultura y de la industria fabril.

Sólo son cabales y completos los códigos, cuando son expresión social de los pueblos que se acercan a su fin. Ejemplo de esta verdad son los códigos de los emperadores romanos después de la venida del Cristianismo, cuando el imperio se reasumía en esos códigos para desaparecer dejando en ellos la última palabra de su existencia de siglos.

Para pueblos que empiezan, los códigos son simples programas embarazosos, siempre incompletos y siempre refutados por la experiencia del día siguiente. Ejemplo de ello los códigos franceses, rehechos después de su sanción reciente en sus más importantes libros; y protestados, reconvenidos por las necesidades económicas de la Francia nueva en los libros que quedan intactos. Díganlo sino las infinitas obras sobre la reforma hipotecaria, sobre la organización del crédito, sobre la organización del trabajo, sobre la venta pública de inmuebles: cambios escritos en el programa de todos los partidos, que se estrellan contra la codificación precoz con que el imperio de Napoleón I encadenó la prosperidad material de la Francia al interés de la unidad política de ese país y a la gloria de su nombre personal.

Si nuestras leyes sueltas, que se dan bajo el dictado de una necesidad sentida, pero mal comprendida, se reforman y revisan tan pronto como se sancionan, porque la experiencia de hoy no tarda en demostrar el error de la copia de ayer, ¿ qué sucederá con los códigos que, por ser códigos, tendrán necesidad de reglar infinitos hechos, sobre los cuales no tenemos el menor aviso de la experiencia? Sucederá uno de dos males a cual mayor: o habrá que reformarlos cada día, porque cada día deja de ser nuestra sociedad naciente lo que fue ayer; o habrá que mantenerlos a viva fuerza en nombre del principio conservador, lo cual será tener en guerra perpetua al país con la ley, que estorba sus adelantos y progresos.»

¿Qué explica la mayor o menor informalidad en las economías? ¿No es acaso el mayor nivel de impuestos y de regulaciones?

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Los niveles de informalidad económica varían, por supuesto, según cada país. ¿Cómo se explican estas diferencias? Hay distintas teorías, como lo analiza un artículo titulado ”Explaining cross-country variations in the prevalence of informal sector competitors: lessons from the World Bank Enterprise Survey, de Colin C. Williams & Abbi M. Kedir, Universidad de Sheffield, UK.

Una que parece obvia, los autores la descartan: aquella que dice que cuando más intervención estatal hay, más economía informal encontraremos. Parece obvio, pero ellos se inclinan por otra, que plantea que se debe a que las regulaciones no coinciden con las normas y costumbres sociales no escritas. Tal vez sea así, sobre todo teniendo en cuenta cómo se mide, porque la hipótesis de la intervención estatal mide el gasto público y el nivel de impuestos y eso por cierto que genera informalidad, pero tal vez genera más aún al caudal de normas regulatorias que no aparecen medidas como porcentaje del PIB. En fin, acá el resumen del trabajo:

“Para avanzar en la comprensión del espíritu empresarial del sector informal, el objetivo de este el documento es evaluar y explicar las variaciones entre países en la prevalencia de la informalidad competidores del sector. Para hacerlo, se informan los datos de la Encuesta de Empresas del Banco Mundial (WBES) de 142 países. Esto revela que el 27% de las empresas formales ven la competencia del sector informal como una limitación importante en sus operaciones, aunque esto varía del 72% de empresas formales en Chad a ninguna empresa formal en El Salvador.

Para explicar estos países variaciones, se evalúan cuatro teorías competidoras que ven de manera diversa la informalidad. El emprendimiento y la empresa del sector prevalecerán cuando exista: economía subdesarrollada (teoría de la modernización); altos impuestos y sobreinterferencia estatal (teoría neoliberal); muy poca intervención estatal (teoría de la economía política) o una asimetría entre las leyes y regulaciones de las instituciones formales y las no escritas socialmente compartidas reglas de las instituciones informales (teoría institucional).

Un análisis de regresión probit multinivel confirma la modernización y las teorías institucionales, pero no las políticas neoliberales y políticas teorías Más allá del subdesarrollo económico, por lo tanto, no es demasiado o muy poco intervención estatal que está asociada con la prevalencia de la competencia del sector informal pero más bien, si las leyes y regulaciones desarrolladas por los gobiernos están en simetría con Las normas, valores y creencias de los emprendedores. El documento concluye discutiendo el implicaciones teóricas y políticas de estos hallazgos.”

Artículo en La Nación: Economía del conocimiento, otra vez el juego de la perinola. Acá hasta la unanimidad es inestable

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¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si cada cambio de gobierno (o de ministro) modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro, que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.

Los gustos de los consumidores pueden cambiar (fíjese si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas), pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculo económico en base a un valor relativamente previsible varios años hacia adelante.

Por último, mínimamente hay que saber cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución de los salarios, los costos sobre la mano de obra, el acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables. También recursos, pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza sino con capacidad, educación, iniciativa, empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.

Nos hemos cansado de escuchar que Argentina tiene muchos de esos recursos y últimamente también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera, o esperaba, que estas industrias alcanzaran a ser la segunda o tercera exportación, detrás de los productos del agro.

Unanimidad y consenso

El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que pasó por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente esto refleja un elevado grado de consenso y sería una señal de estabilidad en las reglas de juego para que los inversores desplieguen todos sus proyectos.

En nuestro caso, sin embargo, eso no es así. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación y ya se anuncian importantes cambios que han de modificar el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la “estabilidad” duró unos pocos meses.

¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso, o que se refiere a otra cosa. Ahora el Congreso va a reformar la ley, y probablemente lo haga también con unanimidad. ¿Quién se anima a votar “contra” la tecnología, el progreso, la innovación? Todo eso es “políticamente correcto” en estos tiempos.

Pero es una “unanimidad” que no genera seguridad. Refleja que el único consenso que existe es el que dice: ayer te apoyé cuando beneficiaste a A, B y C; ahora ustedes me apoyan cuando beneficio a X, Y y Z. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos (“entraban hasta cervecerías artesanales”); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego. El consenso es sobre la calesita.

Gobierno y oposición son responsables, porque disfrazan como “políticas de Estado” la delegación de funciones al ejecutivo, y el acuerdo de que ayer repartí yo, ahora te toca a vos. En el medio de todo eso, la confianza para las inversiones cae, o más bien se acorta a invertir en lo que se espera que dure el presente “consenso”, hasta que llegue el próximo.

Pesticidas químicos: uno de los grandes villanos modernos en verdad salvó a muchos de las hambrunas

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Tom Morley explica en Human Progress el papel de los pesticidas, sobre los que actúa más la pasión que la razón:

Cultivar los cultivos y criar a los animales que alimentan a la civilización es una batalla incesante contra el deterioro provocado por las plagas. La agricultura produce una generosa cantidad de calorías, almacenadas en una sola ubicación: un tesoro demasiado tentador para muchas plagas. Los humanos han estado luchando contra las causas del deterioro y pérdida de cultivos durante más de diez mil años. Sin embargo, solo en los últimos cientos de años la ciencia y la tecnología agrícolas han podido inclinar la balanza en la lucha contra el deterioro sustancialmente a favor del ser humano. Los anales de la historia están repletos de ejemplos de deterioro de cultivos inducidos por plagas y pérdida de cultivos, que a menudo dan como resultado una hambruna generalizada e inmunización.

Entre 1845 y 1850, por ejemplo, un virulento moho de tizón tardío se apoderó de los campos de papa de Irlanda, destruyendo rápidamente casi todo el cultivo. El hambre fue inmediata, y sin acceso a una red comercial amplia y variada de alimentos y una fuente más variada de alimentos disponibles en el hogar, la hambruna se produjo rápidamente. El tizón tardío que devastó Irlanda a mediados del siglo XIX causó más de un millón de muertes. Entre el 20 y el 25 por ciento de la población pereció en la hambruna o emigró a los Estados Unidos u otros países. La aplicación de fungicidas modernos en los campos de Irlanda habría evitado por completo la hambruna. Desafortunadamente, pasarían otros cien años antes de que se inventaran tales fungicidas.

Los pesticidas son una gama extremadamente amplia de compuestos químicos, tanto naturales como sintéticos, que los humanos utilizan para controlar plantas infecciosas o destructivas, insectos, animales, hongos, bacterias y una amplia gama de microbios. El advenimiento de la experimentación con pesticidas y herbicidas naturales comenzó modestamente en 2000 a. C. en el sur de Mesopotamia, con la aplicación de azufre en polvo a los cultivos de hortalizas. Para 1550, se usaban varios plaguicidas de origen natural pero altamente tóxicos en toda Europa, incluidos el arsénico, el mercurio y el plomo. Estos pesticidas químicos de origen natural se usaron ampliamente hasta que se desarrollaron los primeros pesticidas sintetizados en laboratorio, a partir de la década de 1940.

Desde la década de 1950 en adelante, se desarrollaron y probaron pesticidas sintéticos nuevos e innovadores con un enfoque progresivamente creciente en la reducción de la toxicidad química, el volumen de pesticida requerido para lograr un efecto dado y el costo total para el agricultor. Los tres indicadores de rendimiento de conducción ayudaron a los agricultores a producir más cultivos y alimentar a más personas y animales a un costo menor, lo que condujo a una menor limpieza de tierras.

La aplicación de pesticidas a los cultivos agrícolas ha sido transformadora para los agricultores y para quienes compran productos cultivados por igual. Los rendimientos dramáticamente mejorados han mantenido el costo real de los alimentos significativamente más bajo de lo que sería posible sin el uso de pesticidas. El uso moderno de fungicidas en los Estados Unidos, por ejemplo, previene entre el 50 y el 90 por ciento de la pérdida de cultivos entre frutas y verduras. A nivel mundial, el uso responsable de los herbicidas, insecticidas y fungicidas modernos previene una pérdida anual de cultivo promedio de aproximadamente el 50 por ciento. En 2005, la aplicación global de pesticidas ayudó a prevenir una pérdida de cultivos por un total de casi medio billón de dólares. Junto con los modernos fertilizantes y equipos industriales, los pesticidas han sido y seguirán siendo una parte integral de la alimentación de una civilización humana en crecimiento.

Texto completo: https://humanprogress.org/article.php?p=2277

Alberdi en Sistema Económico y Rentístico sobre la libertad de trabajo y las trabas que imponen las licencias y permisos

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico sobre la libertad de trabajo, las barreras que imponen las licencias y permisos:

«Son opresoras de la libertad del trabajo y contrarias a la Constitución (artículos 14 y 20) en este punto, las leyes que prohíben ciertos trabajos moralmente lícitos; las leyes que se introducen a determinar cómo deben ejecutarse tales o cuales trabajos, con intención o pretexto de mejorar los procederes industriales; las leyes proteccionistas de ciertas manufacturas con miras de favorecer lo que se llama industria nacional. Esta protección opresora se opera por prohibiciones directas o por concesiones de privilegios y exenciones dirigidas a mejorar tal fabricación o a favorecer tal fabricante.

Las leyes que exigen licencias para ejercer trabajos esencialmente industriales, consagran implícitamente la esclavitud del trabajo, porque la idea de licencia excluye la idea de libertad. Quien pide licencia para ser libre, deja por el hecho mismo de ser libre: pedir licencia, es pedir libertad; la Constitución ha dado la libertad del trabajo, precisamente para no tener que pedirla al gobierno, y para no dejar a éste la facultad de darla, que envuelve la de negarla.

Son derogatorios de la libertad del trabajo todas las leyes y decretos del estilo siguiente: Nadie podrá tener en toda la campaña de la provincia tienda, pulpería (taberna), casa de negocio o trato, sin permiso del gobierno, dice un decreto de Buenos Aires de 18 de abril de 1832.

Un Reglamento de Buenos Aires, para las carretillas del tráfico y abasto, de 7 de enero de 1822, manda que todos los cargadores compongan una sección general, bajo la inspección de un comisario de policía. – Las carretillas del tráfico y de abasto son organizadas en falange o sección, bajo la dirección de la policía política, cuyos comisarios dependen del ministro del interior. Ninguno puede ejercer el oficio de cargador, sin estar matriculado y tener la correspondiente papeleta. Para ser matriculado un cargador, debe rendir información de buenas costumbres ante el comisario de policía.

Otro decreto del gobierno local de Buenos Aires, de 17 de julio de 1823, manda que ningún peón sea conchabado para servicio alguno o faena de campo, sin una contrata formal por escrito, autorizada por el comisario de policía. Por un decreto de 8 de setiembre de ese mismo año, tales contratas deben ser impresas, según un formulario dado por el ministro de gobierno y en papel sellado o fiscal.

Tales leyes y decretos de que está lleno el régimen local de la provincia de Buenos Aires, hacen imposible el trabajo; y alejando la inmigración, contribuyen a mantener despoblado el país. ¿Qué inmigrado europeo dejará los Estados Unidos para venir a enrolarse de trabajador bajo la policía política de Buenos Aires? Exigir información de costumbres para conceder el derecho de trabajar, es condenar a los ociosos a continuar siendo ociosos; exigirla ante la policía, es hacer a ésta árbitra del pan del trabajador. Si no opina como el gobierno, pierde el derecho de trabajar y muere de hambre.

La constitución provincial de Buenos Aires (art. 164) concede la libertad de trabajo en estos términos: – «La libertad del trabajo, industria y comercio es un derecho de todo habitante del Estado, siempre que no ofenda o perjudique la moral pública»,

No hay libertad que no se vuelva ofensiva de la moral desde que degenera en licencia, es decir, desde que deja de ser libertad. La constitución de Buenos Aires no necesitaba decido. Poner esa reserva es anticipar la idea de que el trabajo, la industria, el comercio pueden ser ofensivos a la moral. Eso es manchar el trabajo con la sospecha, en vez de dignificarlo con la confianza. Presumir que el trabajo, es decir, la moral en acción, pueda ser opuesto a la moral misma, es presunción que sólo puede ocurrir en países inveterados en la ociosidad y en el horror a los nobles fastidios del trabajo.

Ninguna libertad debe ser más amplia que la libertad del trabajo, por ser la destinada a atraer la población. Las inmigraciones no se componen de capitalistas, sino de trabajadores pobres; crear dificultades al trabajo, es alejar las poblaciones pobres, que vienen buscándolo como medio de obtener la subsistencia de que carecían en el país natal abandonado.»

La búsqueda de privilegios por grandes empresas a través de las regulaciones. El complejo industrial-regulador

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Interesante artículo de Lu Rockwell, fundador del Mises Institute, sobre el lobby regulatorio en los Estados Unidos, parecido al que existe en cualquier otro país. O cómo es que grandes empresas buscan privilegios a través de las regulaciones. Algunos párrafos:

El complejo industrial-regulador

05/17/2019Llewellyn H. Rockwell Jr.

Los socialistas quieren el socialismo para todos los demás, pero el capitalismo para sí mismos, mientras que los capitalistas quieren el capitalismo para todos los demás, pero el socialismo para sí mismos.

Ni Ted Kennedy ni Jane Fonda hacen voto de pobreza, ni llevan a ninguna persona sin hogar a sus mansiones, mientras que demasiadas compañías grandes tratan de cortocircuitar el mercado con privilegios gubernamentales. Y una manera de hacerlo es a través de las agencias reguladoras que acaban con el acné en Washington, DC.

Si se me permite hacer una confesión pública (contando con la caridad de los lectores del Mises Daily): Solía trabajar para el Congreso de los Estados Unidos. Desde entonces he seguido adelante, por supuesto, pero la experiencia tuvo su valor, tanto como el futuro criminólogo podría beneficiarse de servir con la Pandilla James.

Por un lado, estar en el Capitolio me mostró que, a diferencia de la visión de la república de los Padres Fundadores, nuestro Leviatán de DC existe sólo para extraer dinero y poder del pueblo para sí mismo y para los intereses especiales.

Ludwig von Mises llamó a esto un inevitable «conflicto de castas». No puede haber un conflicto de clases natural en la sociedad, mostró Mises, ya que el libre mercado armoniza todos los intereses económicos, pero en un sistema de privilegios otorgados por el gobierno, debe haber una lucha entre los que viven del gobierno y el resto de nosotros. Es una lucha disfrazada, por supuesto, ya que la verdad amenaza el botín.

Cuando trabajé en el Capitolio, Jimmy Carter balbuceaba por la crisis energética y prometía castigar a los grandes petroleros con un «impuesto a las ganancias inesperadas». Pero vi que los cabilderos que presionaban por el impuesto eran de las grandes compañías petroleras.

Y, después de pensarlo un momento, fue fácil darse cuenta de por qué. No había ningún impuesto a las ganancias inesperadas en Arabia Saudita, pero cayó fuertemente sobre Oklahoma. Y como estaba previsto, el impuesto ayudó a las grandes empresas que importaban petróleo castigando a sus competidores, empresas más pequeñas e independientes.

El artículo completo en: https://mises.org/es/library/el-complejo-industrial-regulador

No somos los únicos con estúpidas regulaciones contra Uber u otras empresas de la economía compartida. Violan nuestra libertad de elegir.

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Interesante artículo de John McGlothlin sobre las regulaciones a servicios como el de UBER, que violan nuestra libertad de elección, con el descarado objetivo de favorecer a algún grupo en particular:

“De todos los cambios que llegaron con el advenimiento de la «economía compartida», tal vez ninguno haya sido tan perturbador como compartir viajes. Los automóviles tienen la extraña distinción de ser el bien más caro para el consumidor que la mayoría de los estadounidenses comprarán, sin embargo, los vehículos permanecen sin uso el 95 por ciento de las veces. ¿Por qué pagar tanto por algo tan a menudo ocioso?

Compartir el viaje prometió una respuesta a esa pregunta desde ambos extremos del espectro de propiedad. Los servicios como Uber generan ingresos para los propietarios de automóviles con tiempo libre, al tiempo que ofrecen opciones para quienes no son propietarios o para cualquier persona con necesidades de transporte limitadas o impredecibles. Como cualquier innovación, estos servicios no están exentos de problemas, desde la creciente congestión hasta dar a las personas peligrosas (ya sea como conductores o pasajeros) la oportunidad de victimizar a alguien. Sin embargo, estos problemas se pueden abordar mediante mayores requisitos de seguridad y trabajando para integrar los servicios de viajes compartidos en los planes urbanos que se diseñaron e implementaron mucho antes de que existieran dichos servicios.

Desafortunadamente, no todas las respuestas gubernamentales a los viajes compartidos tienen sentido. Algunas ideas malas, como la regla de Barcelona que requiere una espera de 15 minutos antes de que los autos de viaje compartidos puedan responder a una solicitud, están diseñadas para favorecer a los grupos locales existentes con influencia política. (Los taxistas de la ciudad, durante las protestas que incluyeron el bloqueo de calles y la violencia ocasional, originalmente exigieron una hora de retraso). Esas restricciones se deben esperar cada vez que surja una nueva competencia, pero se desgastan cuando el apoyo local para compartir viajes comienza a rivalizar con el local. Influencia de las empresas de taxis.

Legislación de represalia

Sin embargo, otro tipo de mala idea es más peligroso: bloquear la competencia basada en la geografía al requerir una licencia de conducir del estado para recoger a cualquier pasajero, incluso uno que se encuentre a unos pocos pies sobre la línea en un estado vecino. A diferencia de las reglas que privilegian a los taxis sobre los conductores de Uber o Lyft, estas restricciones tienen pocos oponentes naturales, ya que el daño que crean se difunde a través de una amplia base de clientes o se desvía a los forasteros sin influencia política. Además, como estas reglas afectan a las áreas vecinas, es mucho más probable que se propaguen de un lugar a otro.

Connecticut demostró este potencial para el avance regulatorio el mes pasado cuando el líder de su senado estatal propuso a S.B. 12. El proyecto de ley de un solo párrafo tiene un propósito simple: obligar a cada conductor de viajes compartidos en el estado a «poseer una licencia de operador de vehículos de motor de Connecticut».

La pregunta inmediata que se debe hacer aquí es: ¿qué problema está tratando de resolver este proyecto de ley? ¿Fueron los temerarios de Rhode Island desgarrando las calles de Hartford? No. Resulta que esta mala idea de Connecticut fue impulsada por una idea igualmente mala implementada previamente en la vecina Nueva York. En una audiencia posterior a la propuesta del proyecto de ley de Connecticut, el senador estatal patrocinador señaló que, para poder recoger a un pasajero en Nueva York en nombre de una compañía de viajes compartidos,

“debe tener una licencia de conducir del estado de Nueva York. Nueva York no permitirá que los conductores con licencia de Connecticut inicien viajes en su estado. Y, sin embargo, a los conductores con licencia del estado de Nueva York se les permite recoger y dejar pasajeros en cualquier lugar de Connecticut. Un conductor con licencia de Connecticut llevará a un pasajero a uno de los aeropuertos de la ciudad de Nueva York. El conductor debe pagar la gasolina y los peajes para llegar allí. Pero no pueden traer a nadie de regreso a Connecticut desde esos aeropuertos. Todavía tienen que pagar por la gasolina y los peajes para volver a Connecticut, pero no pueden compensar este costo con otro viaje. ¿Cómo es esto justo? No lo es.”

El legislador tiene toda la razón, esto no es justo en absoluto. Pero S.B. 12 solo amplificaría la injusticia en lugar de resolverla. Para su crédito, el patrocinador del proyecto de ley lo reconoció, señalando que «este proyecto de ley no resuelve el problema por completo». Sin embargo, «tal vez resulte en que el Estado de Nueva York rescinda [su] ley injusta».

«Tal vez» es una esperanza bastante delgada, especialmente dadas las posibles consecuencias de S.B. 12. Privar a los conductores de Nueva York de la capacidad de realizar viajes de ida y vuelta a Connecticut interrumpirá el tráfico de viaje compartido a través de la frontera, lo que limitará aún más la capacidad de los ciudadanos de Connecticut para viajar. Esto elevaría los precios para todos los involucrados al limitar el número de conductores disponibles y la libertad de los conductores de Connecticut para decidir cuándo y dónde valen la pena las tarifas de ida a Nueva York.

El texto completo en: https://www.lawliberty.org/2019/04/23/how-one-bad-regulation-creates-another/