Milton Friedman y la responsabilidad social empresaria. John Mackey. de Whole Foods, discute

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Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I leyeron a Milton Friedman: “La responsabilidad social de los empresarios es incrementar sus ganancias”.

El artículo, publicado en la revisa del New York Times es claramente desafiante, típico de Friedman. Con un título agresivo busca llamar la atención de los lectores. Así lo comenta una alumna:

“Friedman hace hincapié en su rechazo a la responsabilidad social de la empresa. Friedman establece que no puede hablarse estrictamente sobre RSE ya que, quienes adquieren responsabilidades son las personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son las personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son los empresarios, dueños, o quienes representan a las compañías, es decir, los ejecutivos corporativos. Ahora bien, ¿en qué consiste esa responsabilidad?”

“El ejecutivo corporativo es también una persona en su propio derecho y, como tal, puede que tenga muchas otras responsabilidades que reconozca o asuma de forma voluntaria: para con su familia, su conciencia, sus sentimientos de caridad, su iglesia, sus clubes, su ciudad, su país. Puede que se sienta obligado por dichas responsabilidades a dedicar parte de sus ingresos a causas que considera respetables, a rechazar trabajar para ciertas corporaciones, e incluso a abandonar su trabajo, por ejemplo, para incorporarse al ejército de su país. Si lo deseamos, podemos referirnos a algunas de estas responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Sin embargo, en este sentido el ejecutivo corporativo está actuando como principal y no como agente; está gastando dinero, tiempo o energía, y no el dinero de sus empleadores o el tiempo o la energía que por contrato se comprometido a dedicar a los objetivos de los mismos.”

El tema es tan sensible que muchos no llegan a ver los argumentos de Friedman. No digo estar de acuerdo, sino simplemente entenderlo. Lo mismo debe haber sucedido con muchos de sus lectores.

Pero los alumnos no leen solamente esto, sino también un muy interesante debate organizado por la Reason Foundation donde John Mackey, fundador y presidente de Whole Foods, la exitosa cadena de supermercados naturistas sostiene:

“Estoy muy en desacuerdo. Soy un empresario y un libertario del libre mercado, pero creo que la empresa inteligente debe crear valor para todos sus socios. Desde la perspectiva del inversor, el fin de los negocios es maximizar las ganancias. Pero no es el fin de otros stakeholders –clientes, empleados, proveedores y la comunidad. Cada uno de estos grupos definirá el objetivo de la firma en términos de sus propias necesidades y deseos, y cada perspectiva es válida y legítima.

Mi argumento no debería interpretarse como hostil hacia las ganancias. Creo que conozco algo sobre cómo crear valor para los accionistas. Cuando co-fundé Whole Food Markets hace 27 años comenzamos con $45.000 de capital, tuvimos ventas por $250.000 en nuestro primer año. En los últimos doce meses hemos tenido ventas por más de $4.600 millones, ganancias netas de más de $160 millones y una capitalización de mercado superior a los $8.000 millones

Pero no hemos logrado ese tremendo aumento en el valor de los accionistas haciendo que el valor de las acciones sea nuestro objetivo principal. En mi matrimonio, la felicidad de mi mujer es un fin en sí mismo, no solamente un medio para mi propia felicidad; el amor me lleva a poner la felicidad de mi mujer en primer lugar, pero al hacerlo soy feliz también yo. Igualmente, los negocios más exitosos ponen al cliente en primer lugar, antes que los inversores. En una empresa centrada en las ganancias la felicidad de los clientes es simplemente un medio para un fin: maximizar las ganancias. En una empresa centrada en los clientes, su felicidad es un fin en sí mismo, y será buscado con mayor interés, pasión y empatía de lo que puede hacerlo una empresa centrada en las ganancias.”

En plena discusión sobre el caso Vicentín, vemos el Cap 13: Calidad institucional e inversiones

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Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversiones.

Milton & Rose Friedman sobre el papel de las ideas en la evolución de las sociedades

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Con los alumnos de la materia Historia del Pensamiento Económico I, Económicas, UBA, vemos un artículo breve y simple de Milton y Rose Friedman, pero sobre un tema de fundamental importancia, el papel que cumplen las ideas en la evolución de las sociedades, los ciclos que se generan, los procesos de cambio y las crisis como detonantes de muchos de esos cambios. Es de fundamental importancia en todas nuestras sociedades. Así presentan el tema:

”El objetivo de este ensayo es modesto: presentar una hipótesis que se ha tornado cada vez más razonable para nosotros a medida que pasan los años, ilustrarla con ejemplos de los últimos tres siglos y analizar algunas de sus implicancias. La hipótesis es la siguiente: un cambio importante en la política social y económica está precedido por un cambio en el clima de la opinión intelectual, generado, al menos en parte, por circunstancias sociales, políticas y económicas contemporáneas. Este cambio puede comenzar en un país pero, si es duradero, termina por difundirse en todo el mundo. Al principio tendrá poco efecto en la política social y económica. Después de un intervalo, a veces de décadas, una corriente intelectual “tomada en su punto culminante” se extenderá al principio gradualmente, luego con más rapidez, al público en general y a través de la presión pública sobre el gobierno afectará las medidas económicas, sociales y políticas. A medida que la corriente de acontecimientos alcanza su punto culminante, la corriente intelectual comienza a disminuir, compensada por lo que A. V. Dicey denomina las contracorrientes de opinión, que representan generalmente una reacción a las consecuencias prácticas atribuidas a la corriente intelectual anterior. Las promesas tienden a ser utópicas. Nunca se cumplen, y por lo tanto desilusionan. Los protagonistas iniciales de la corriente de pensamiento desaparecen y la calidad intelectual de sus seguidores y partidarios disminuye en forma inevitable. Hacen falta independencia y coraje intelectuales para iniciar una contracorriente que domine la opinión, y también, aunque en menor medida, para unirse a la causa. Los jóvenes emprendedores, independientes y valientes buscan nuevos territorios para conquistar y ello requiere explorar lo nuevo y lo no probado. Las contracorrientes que juntan sus fuerzas ponen en movimiento la próxima marejada, y el proceso se repite.

No es necesario mencionar que este esquema está demasiado simplificado y excesivamente formalizado. En particular, omite cualquier análisis de una interacción sutil mutua entre la opinión intelectual, la opinión pública y el curso de los acontecimientos. Siempre se dan cambios graduales en las políticas y en los acuerdos institucionales. Sin embargo, los cambios importantes rara vez ocurren, excepto en los tiempos de crisis, cuando, utilizando la frase evocadora de Richard Weaver,”las ideas tienen consecuencias”. La corriente de pensamiento llega al público por medio de intelectuales de diversas profesiones: maestros y predicadores, periodistas de la prensa escrita o de la televisión, eruditos y políticos. El público comienza a reaccionar a esta crisis de acuerdo con las opciones que los intelectuales han explorado, opciones que limitan en forma eficaz las alternativas abiertas a los poderes existentes. En casi toda corriente una crisis se identifica como el catalizador de un cambio importante en la dirección de la política.”

Milton Friedman, la inflación es pura y exclusivamente un fenómeno monetario. Otros aportes

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, Ciencias Económicas, UBA, vemos un artículo de Antonio Argandoña sobre el pensamiento económico de Milton Friedman.

Es difícil seleccionar un texto de Friedman para la lectura ya que ha hecho aportes en muy distintas áreas, y tanto en áreas de desarrollo teórico, estadístico como también trabajos de divulgación (es muy conocido su libro “Libre para Elegir”, sobre el cual se hizo también una serie de TV que tuvo alto impacto).

A su llegada a la Universidad de Chicago se encuentra con los orígenes de lo que luego se llamaría una Escuela con ese nombre, en base a los aportes de Frank Knight, Henry Simons y Jacob Viner, sumándose en ese momento a los aportes de W. Allen Wallis, Aaron Director, Henry Schultz y luego George Stigler. Dictaba allí un curso sobre Teoría de los Precios y uno de sus aportes iniciales, y también de los más conocidos se refiere a su teoría del consumo y la renta permanente, donde contrapone la teoría keynesiana del consumo y su efecto multiplicador señalando que el consumo no es una función de la renta corriente de las familias sino de su renta permanente, es decir, tomando en cuenta las rentas futuras esperadas.

Los datos luego mostrarían que la propensión al consumo es menor a la esperada por la visión keynesiana, por lo que el efecto multiplicador también lo es.

Luego, sus principales aportes se relacionan con la teoría monetaria y con una revaluación de la teoría cuantitativa del dinero. La crítica keynesiana parecía haber noqueado a esta tradicional teoría, ya presente en forma primitiva en los escolásticos como Juan de Mariana, y luego en John Locke o David Hume. Según la versión keynesiana como la demanda de dinero no es estable, no se podría decir nada sobre los efectos de cambios en la cantidad de dinero y de allí que descartaran esta teoría.

Friedman realizó extensos estudios sobre la demanda de dinero mostrando su estabilidad, por lo que si ésta es una función estable, excesos de oferta de dinero impactan en las restantes variables y el dinero, entonces es una variable relevante con efectos sobre la renta real y los precios. Para Friedman, la inflación es únicamente un fenómeno monetario, con lo cual vuelve a una visión clásica sobre el tema. Y los efectos del aumento de la cantidad de dinero pueden afectar la producción en el corto plazo, pero no en el largo, por lo que el dinero es “neutro” en relación a la actividad económica.

De allí se deriva que los ciclos económicos tienen un origen monetario y la actividad económica fluctúa, con rezago. De allí se deriva su propuesta de política monetaria, planteando fijar el crecimiento de los agregados monetarios en un nivel que sea compatible con el crecimiento de la economía a largo plazo y abandonando la discrecionalidad de las autoridades monetarias. A la larga no hay una relación entre inflación y desempleo y la curva de Phillips termina siendo vertical, incrementos en la oferta de dinero impactan en los precios y no en la producción.

Si la política fiscal es poco eficaz para reducir el desempleo a largo plazo y la política monetaria tiene impacto en el corto plazo, pero no el largo, la recomendación para reducir el desempleo es la realizar reformas estructurales o institucionales, en particular, aquellas que afectan la inversión y el correcto funcionamiento del mercado de trabajo.

Milton Friedman fue también un crítico de los tipos de cambio fijos establecidos en Bretton Woods y partidario de la libre flotación. Sus propuestas de reforma llegaron hasta la educación, donde se convirtió en uno de los principales propulsores de las políticas de «vouchers».

Finalmente, Friedman fue un activo defensor del libre mercado. Respondió a la invitación de F. A. Hayek de participar en una reunión de pensadores liberales que dio como resultado la creación de la Mont Pelerin Society, en la cual estuvo muy involucrado hasta su muerte. Participaron de esta asociación, y participan aún,  buena parte de los principales pensadores de la llamada “Escuela de Chicago”.

Bienes públicos. Rothbard sobre la ley, los derechos de propiedad y el caso de la contaminación del aire

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico, UBA, vemos el tema de los bienes públicos y como lectura adicional un artículo de Murray Rothbard titulado “Ley, derechos de propiedad y contaminación del aire”. Algunos párrafos:

Hemos intentado exponer una serie de principios libertarios con los que estimar y reconstruir la ley. Hemos concluido que todos deberían poder hacer lo que quieran, excepto si comete un acto abierto de agresión contra la persona y propiedades de otro. Solo ese acto debería ser ilegal y debería ser perseguible solo en los tribunales bajo la ley de agravios, con la víctima o sus herederos o representantes presentando el caso contra el supuesto agresor. Por tanto, ninguna norma o regla administrativa que cree acciones ilegales debería permitirse. Y como no es permisible ninguna persecución en nombre de la “sociedad” o el “estado”, la ley penal debería integrarse en una ley de agravios reconstituida, incorporando el castigo y parte de la ley de tentativas.

El agraviante o delincuente sería estrictamente responsable por su agresión, sin permitir eludir la responsabilidad basándose en las teorías de la “negligencia” o de la “razonabilidad”; Sin embargo la responsabilidad debe probarse basándose en la causalidad estricta de la acción del acusado contra el demandante y debe probarse por el demandante más allá de cualquier duda razonable.

El agresor y solo el agresor debería ser responsable y no el empleador de un agresor, siempre, por supuesto, que el agravio no se cometa pro indicación del empleador. El actual sistema de responsabilidad indirecta del empresario es un residuo de las relaciones amo/siervo precapitalistas y es básicamente un método injusto de encontrar bolsillos profundos que saquear.

Estos principios deberían aplicarse a todos los agravios, incluyendo la contaminación del aire. La contaminación del aire es una molestia privada generada en la propiedad de una persona que pasa a otra y es una invasión del espacio aéreo correspondiente y a menudo de la persona del terrateniente. El concepto de la ocupación, en el que el primer ocupante y usuario de un recurso lo convierte en propiedad suya, es básico para la teoría libertaria de los derechos de propiedad. Por tanto, cuando un “contaminador” ha producido primero la contaminación y ha precedido al propietario del terreno al emitir contaminación al aire o ruido excesivo a una territorio vacío, ha ocupado así una servidumbre de contaminación o ruido excesivo.

Una servidumbre así se convierte en su legítimo derecho de propiedad en lugar del posterior terrateniente adyacente. Luego la contaminación del aire no es un agravio sino solamente el derecho ineluctable de contaminante si está simplemente ejecutando una servidumbre de ocupación. Pero cuando no exista servidumbre y la contaminación sea evidente a los sentidos, la contaminación es un agravio por sí misma porque interfiere con la posesión y el uso del aire de otro. El cruce de límites (por ejemplo por ondas de radio o radiación de bajo nivel) no puede considerarse agresión porque no interfiere con el uso y disfrute del propietario de su persona o propiedad. Solo si el cruce de ese límite genera un daño demostrable (de acuerdo con los principios de la causalidad estricta y más allá de cualquier duda razonable) puede considerarse un agravio y estar sujeto a responsabilidad y mandato judicial.

Un pleito conjunto, en el que los acusados se ven obligados a defenderse juntos, debería aplicarse solo sido todos actuaron de común acuerdo. Cuando sus acciones son separadas, también las demandas deben ser separadas y la responsabilidad dividida de f orma separada. Los demandantes deberían poder unir sus demandas contra un acusado solo si sus casos tienen un elemento común que predomine sobre los intereses separados e individuales. Las demandas de acción popular no son permisibles más allá de una unión voluntaria de los demandantes, porque presumen actuar en nombre de y obligar a miembros de una clase que no han aceptado unirse a la demanda.

Finalmente, debemos renunciar a la práctica común de escritores de derecho medioambiental de actuar como demandantes especiales en demandas de contaminación del aire, lamentando siempre que no se permita que los demandantes se lleven por delante a los acusados. Los f actores fundamentales en el derecho de contaminación del aire, como en otras partes del derecho, deberían ser los principios libertarios y los derechos de propiedad en lugar de la comodidad o los intereses especiales de una serie de concursantes.”

Globalización: calidad institucional y competencia entre jurisdicciones

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Con los alumnos de Derecho, UBA vemos los capítulos sobre globalización, competencia y calidad institucional. Aquí una parte del texto:

La economía de mercado es altamente eficiente cuando sus participantes pueden iniciar o terminar relaciones de producción e intercambio entre sí. En otros términos, pueden “entrar” o “salir” de esas relaciones. Si un determinado bien o servicio ofrecido por un productor es considerado “peor” en comparación con otros producidos por otros productores, el consumidor simplemente ejerce su opción de “salida” y elige alguno de los otros proveedores.

Este mecanismo de la competencia, que traslada ganancias a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, garantiza la existencia de los bienes y servicios deseados, y los recursos hacia ese tipo de producción son atraídos por los mayores niveles de ganancia. Los productores se sienten presionados siempre por la competencia para lograr ser más eficientes. Esta es básicamente la lógica del mercado como la desarrolló Adam Smith.

Este enfoque fue ampliado por primera vez por Charles Tiebout (1956) al análisis de la eficiencia de los gobiernos locales, asimilando el consumidor al votante, que de la misma forma que, de acuerdo con sus necesidades, elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio, elige también la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos” (p. 183). Según Tiebout, a nivel del gobierno central, las preferencias del consumidor-votante están dadas y el gobierno trata de ajustarse a ellas; mientras que, en el ámbito de los gobiernos locales, estos tienen sus ingresos y gastos más o menos fijados y el consumidor-votante se traslada al gobierno local que mejor satisfaga su juego de preferencias. Cuanto mayor sea el número de comunidades y mayor la diferencia entre ellas, más se acercará el consumidor a su posición preferida, como sucede en el mercado.

Pero el mismo argumento de Tiebout puede extenderse a la competencia entre distintos estados “nacionales”, en la medida que la migración y el flujo de capitales, ideas y tecnologías sean posibles. Los gobiernos centrales estarían, entonces, sujetos también a la competencia de otros gobiernos nacionales en la provisión de servicios, algo que las corrientes migratorias parecen confirmar.

Así, la opción de “salida” reemplaza a la prueba del mercado de la preferencia para comprar un determinado bien o servicio, lo que garantiza entonces que cada localidad tendría el sistema de ingresos y gastos que refleja los deseos de sus residentes (p. 185). Es decir: como el mercado alcanza la “eficiencia”, la competencia entre gobiernos locales también la alcanza a ese nivel de gobierno. Tiebout parafrasea a Samuelson diciendo que “cada individuo, tratando, como comprador competitivo, de alcanzar los mayores niveles de indiferencia, dados precios e impuestos, será guiado como por una mano invisible a la gran solución del óptimo social”.

Los autores de la Escuela de la Elección Pública (public choice) o la “economía política constitucional”, que ya hemos visto, no suponen el carácter benevolente del gobierno y presentan el mismo argumento de Tiebout, pero con un enfoque diferente. Según ellos, la lógica del análisis de Adam Smith es la misma que la de los Papeles Federalistas. En ambos casos contienen el supuesto de que los individuos, incluyendo a los funcionarios del gobierno, actúan en pos de su propio interés y tratarán de utilizar el poder gubernamental en ese sentido, a no ser que se vean restringidos por la posibilidad de que la gente pueda buscar protección, o preferir a otros funcionarios de otros niveles o regiones.

Así, distintos autores  destacan que, dada la posibilidad que ofrece la opción de “salida”, el proceso de competencia entre los gobiernos locales limitaría las posibilidades de tales gobiernos de abusar de sus ciudadanos y empresas. Y destaca Buchanan que no es necesario que esa opción sea ejercida por una gran parte de la población, sino que los efectos se sentirían igual con que una proporción relativamente pequeña lo hiciera. Incluso los ciudadanos y empresas que nunca considerarían trasladarse serían protegidos por la reconocida existencia de aquellos que marginalmente están dispuestos a hacerlo. En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso e ineficiencia, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales: del primero, porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno; de los segundos, porque existe la posibilidad de movilizarse.

Buchanan señala, además, que incluso si los ciudadanos y las empresas no están dispuestos a ejercer la opción de “salida”, la existencia de pequeñas unidades de jurisdicción gubernamental mejora la otra opción, la de “voz”: es decir expresar su opinión mediante los mecanismos democráticos de gobierno, ya que un voto resulta más decisivo en un electorado de cien que en uno de mil o de un millón. Además, es más fácil organizar un pequeño grupo —que puede resultar en una coalición ganadora— en una jurisdicción pequeña.

Y aunque no se utilizara la opción de “salida”, existiría la de “salida virtual”, que es la observación de cómo se manejan las cosas en otras jurisdicciones y los efectos que esto pueda tener en el proceso político interno. Por ejemplo, en la caída del socialismo, si bien la salida de ciudadanos fue importante, especialmente en el caso de Alemania, la observación de las economías, la cultura y la política en los países occidentales por los ciudadanos de Europa Central y Oriental cumplió un papel destacado en las revoluciones de 1989-1991.

Por otro lado, la “salida” no tendría que ser necesariamente física; no requeriría el traslado físico del individuo o la empresa para garantizar la competencia. Ribstein y Kobayashi (1997) afirman que la existencia de distintos sistemas legales en un estado federal origina una competencia potencial entre ellos, en tanto en cuanto las personas y empresas puedan elegir la jurisdicción legal de su relación contractual. Esto es evidente en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales, donde las partes eligen en muchos casos la autoridad judicial a la que se someterán en caso de disidencias con respecto al cumplimiento del contrato; pero también sucede entre Estados siendo un ejemplo de esto el establecimiento legal de las empresas en los Estados Unidos, las que eligen los estados que les otorgan mejores sistemas legales, no siendo estos los mismos en que tales empresas tienen su sede central y sin siquiera tener operaciones en tales estados.

Parece un debate simple sobre los faros, pero es un debate esencial sobre las funciones del estado

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Con los alumnos de la UBA Económicas, vemos a Samuelson y a Coase en un debate central. Es sobre los faros, pero en verdad sobre los bienes públicos y el papel del Estado.

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .

Cambio institucional:¿fruto del diseño o de la evolución? ¿Acción humana o designio humano?

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos el capítulo 10 sobre cambio institucional:

¿En qué medida son las instituciones resultado de la “evolución espontánea”? ¿Acaso no se necesita la “mano visible” del político o del legislador para modificar las instituciones? Es decir: el concepto de “espontáneo” puede interpretarse a veces como algo “que sucede” sin que nadie haga necesariamente nada. Por supuesto que esto no es así: la evolución espontánea, en palabras de Adam Ferguson, es resultado de la “acción humana, no del designio humano”. En otras palabras, es el resultado no esperado o no buscado de las acciones humanas. Por ejemplo: cuando nuestros antecesores comenzaron a utilizar ciertos bienes como medios de intercambio, no tenían idea de que estuvieran creando la “moneda”, pero el resultado de sus acciones fue precisamente ese. Los primeros hombres de negocios que se asociaron y formalizaron los primeros acuerdos y contratos —que dieron origen a las “sociedades comerciales”— simplemente querían resolver las cuestiones vinculadas con su negocio en particular, y no se planteaban crear una nueva figura jurídica, difundida hoy por todo el planeta.

La idea del orden espontáneo, que emerge como resultado de las acciones voluntarias de los individuos y no de las decisiones de un gobierno, es clave en la economía y fue desarrollada principalmente por quienes fueron al mismo tiempo precursores de esta ciencia. Esta visión fue luego abandonada en las ciencias sociales, debido al predominio del constructivismo positivista del siglo XIX, con una confianza ciega en la razón y en la capacidad del hombre de generar el tipo de sociedad perfecta, o el tipo de política económica perfecta. Esto resultó especialmente dañino en el ámbito de la economía, donde los intentos de dirigir y planificar los mercados fracasaron repetidamente. La concepción evolutiva, sin embargo, se trasladó a las ciencias naturales y floreció a partir de los aportes de Charles Darwin.

La teoría de los órdenes espontáneos se ocupa en analizar aquellas regularidades que encontramos en la sociedad, que no se originan en acciones deliberadas ni son fenómenos naturales que ocurren independientemente de las acciones humanas. Estos patrones de conducta originan órdenes que parecieran ser el resultado de alguna “mano visible”, pero son realmente una consecuencia no buscada; son procesos del tipo “la mano invisible”.

Si bien algunos autores encuentran antecedentes de esta visión en los escolásticos de la Escuela de Salamanca, fue Bernard de Mandeville (1670-1733) quien más impacto causó en los principales autores del “iluminismo escocés”. En su libro La fábula de las abejas: o vicios privados, beneficios públicos presentó una osada idea por ese entonces, demostrando los beneficios sociales que se obtenían de las motivaciones interesadas y la preferencia por ciertos “vicios” como el lujo, el pecado, la corrupción. Aunque presentada en forma agresiva —y aunque le discutieran porque tenía que considerarse un vicio cualquier consumo por encima de las necesidades más básicas de alimento, vivienda o abrigo—, la importancia del argumento de Mandeville consistió en que presentaba las pasiones del ser humano como no dañinas y en que podía existir un orden sin necesidad de reprimir los instintos humanos más básicos. Un orden era posible, a pesar de las limitaciones de los seres humanos reales y sin necesidad de que todos llegaran a actuar desinteresadamente.

Precisamente la famosa frase de la “mano invisible” de Adam Smith hace referencia a eso: a que los individuos persiguen su propio interés y al hacerlo terminan contribuyendo al bienestar común, incluso más que si se hubieran puesto el mismo como propósito. No es de extrañar que Hume —siendo tan escéptico respecto a los fundamentos del conocimiento humano y la posibilidad de alumbrar principios morales a través de la razón— descreyera de la posibilidad de que individuos razonables alcanzaran un contrato social y pusieran el énfasis sobre el origen espontáneo de las normas.

La división del trabajo no es resultado de ningún designio particular, sino de esa propensión natural del ser humano a mejorar su condición a través de intercambios y comercio, que, según la sicología evolutiva, formaría ya parte de nuestra herencia biológica, como vimos en el capítulo 6.

La recuperación de las teorías evolutivas para las ciencias sociales, si bien estaba presente en Frederic Bastiat y Herbert Spencer, se debe a Carl Menger (1840-1921), fundador de la Escuela Austríaca, reconocido como uno de los autores de la teoría subjetiva del valor basada en la utilidad marginal decreciente. Menger quería refutar al historicismo alemán, que negaba el individualismo metodológico y la existencia de leyes económicas asociadas a regularidades de conducta, y las vinculaba con entes agregados como la nación, buscando regularidades inducidas a partir de eventos históricos.

Menger sostenía que las ciencias sociales debían explicar ciertos fenómenos evolutivos como el origen del dinero, el lenguaje, los mercados y la ley. En uno de sus trabajos más interesantes (1985), descarta que el origen de las monedas sea una convención o un ley, ya que “presupone el origen pragmático del dinero y de la selección de esos metales, y esa presuposición no es histórica” (p. 212). Considera necesario tomar en cuenta el grado de “liquidez” de los bienes; es decir, la regularidad o facilidad con la que puede recurrirse a su venta. Y suelen elegirse aquellos productos que sean de fácil colocación, por un lado, y que mantengan el valor por el cual han sido comprados en el momento de su venta; esto es, que no presenten diferencias entre un precio de “comprador” y otro de “vendedor”[1].

[1]. “El hombre que va al mercado con sus productos, en general intenta desprenderse de ellos pero de ningún modo a un precio cualquiera, sino a aquel que se corresponda con la situación económica general. Si hemos de indagar los diferentes grados de liquidez de los bienes de modo tal de demostrar el peso que tienen en la vida práctica, sólo podemos hacerlo estudiando la mayor o menor facilidad con la que resulta posible desprenderse de ellos a precios que se correspondan con la situación económica general, es decir, a precios económicos. Una mercancía es más o menos líquida si podemos, con mayor o menor perspectiva de éxito, desprendernos de ella a precios compatibles con la situación económica general, a precios económicos”. (p. 217).

 

¿Por qué existen las empresas? Parece una pregunta con respuesta obvia. Coase muestra que no.

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, de Económicas, UBA vemos la primer gran contribución de Ronald Coase, “La Naturaleza de la firma”:

¿Por qué existen las empresas?

Fuera de la empresa, los movimientos de precios dirigen la producción directa, que es coordinada a través de una serie de transacciones en el mercado. Dentro de una empresa, estas transacciones de mercado son eliminadas, y en lugar de la estructura de mercado complicada con las operaciones de cambio se sustituye el espíritu empresarial coordinador, que dirige la producción. Está claro que estos son métodos alternativos de coordinación de la producción. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que si la producción está regulada por los movimientos de precios, la producción podría llevarse a cabo sin ninguna organización en absoluto, nos podríamos preguntar: ¿Por qué hay alguna organización?…

En vista del hecho de que mientras que los economistas tratan el mecanismo de precios como instrumento de coordinación, también admiten la función de coordinación del «empresario», sin duda es importante preguntar por qué la coordinación es el trabajo del mecanismo de precios en un caso y del empresario en otro. El propósito de este trabajo es salvar lo que parece ser una brecha en la teoría económica entre el supuesto (hecho para algunos propósitos) que se asignen recursos por medio del mecanismo de precios y la hipótesis (hecha para otros fines) que esta asignación es dependiente del empresario-coordinador. Tenemos que explicar la base sobre la cual, en la práctica, esta elección entre las alternativas se efectúa ….

La razón principal por la que es rentable establecer una firma parece ser que hay un coste de utilización del mecanismo de precios. El costo más evidente de «organizar» la producción a través del mecanismo de precios es el de descubrir cuáles son los precios correspondientes. El costo se puede reducir pero no será eliminado por la aparición de especialistas que van a vender esta información. Los costes de negociación y la celebración de un contrato separado para cada transacción de intercambio que tiene lugar en un mercado también deben tenerse en cuenta. Una vez más, en algunos mercados, por ejemplo, intercambios de productos, se ha ideado una técnica para minimizar estos costos del contrato; pero no se eliminan. Es cierto que los contratos no se eliminan cuando hay una firma pero que se reducen considerablemente. Un factor de producción (o el propietario del mismo) no tiene que hacer una serie de contratos con los factores con los que está cooperando dentro de la empresa, como sería necesario, por supuesto, si esta cooperación fueron el resultado directo de la acción del mecanismo de precios….

Podemos resumir esta sección del argumento diciendo que el funcionamiento de un mercado cuesta algo y mediante la formación de una organización que permite una cierta autoridad (un «empresario») para dirigir los recursos, ciertos costos de comercialización se ahorran. El empresario tiene que llevar a cabo su función a costes menores, teniendo en cuenta el hecho de que pueda obtener factores de producción a un precio inferior al de las transacciones de mercado que remplaza, porque siempre es posible volver al mercado abierto si él deja de hacer esto. ■

– «La naturaleza de la empresa,» 388-92

Ronald Coase y el problema del costo social, o más bien, de las externalidades negativas

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Coase fue Premio Nobel de Economía 1991. Comenzó su carrera académica como Profesor en la London School of Economics en Gran Bretaña y en las Universidades de Buffalo y Virginia en Estados Unidos. Desde 1964 se desempeñó en la Universidad de Chicago, específicamente en la Escuela de Derecho, de la cual fue Profesor Emérito en la cátedra Clifton R. Musser.

1. El problema a examinar

Este trabajo se refiere a las actividades de una empresa que tienen efectos perjudiciales en otras. El ejemplo más común es el del humo de una fábrica que provoca efectos nocivos en los que ocupan las propiedades vecinas. El análisis económico de tal situación se ha realizado usualmente en términos de una divergencia entre el producto privado y social de la fábrica, siguiendo el tratamiento de Pigou en The Economics of Welfare. La conclusión a la que parece haber conducido este tipo de análisis a la mayoría de los economistas es que sería deseable responsabilizar al dueño de la fábrica por el daño causado a los afectados por el humo, o, alternativamente, fijar un impuesto variable al propietario de la fábrica según la cantidad de humo producido, equivalente en términos monetarios al daño que causa, o, finalmente, excluir a las fábricas de los distritos residenciales (y presumiblemente de otras zonas en las que el humo tendría efectos perjudiciales).

Mi opinión es que los cursos de acción sugeridos son inadecuados porque llevan a resultados que no son necesariamente deseables.”

Y Concluye:

Si los factores productivos son considerados como derechos, se hace más fácil comprender que el derecho a hacer algo que tenga un efecto dañino (tal como la creación de humo, ruido, olor, etc.) es también un factor de producción. Así como podemos usar un pedazo de tierra de forma tal que evite que alguien cruce por ella, o estacione su auto, o construya su casa, también podemos usarla de forma tal que le neguemos a ese alguien un panorama, o la quietud, o el aire puro. El costo de ejercitar un derecho (de usar un factor de producción) es siempre la pérdida que sufre la otra parte como consecuencia del ejercicio de ese derecho: la incapacidad para cruzar la tierra, estacionar el auto, construir una casa, disfrutar de un paisaje, tener paz y quietud, o respirar aire puro.

Sería deseable que las únicas acciones desarrolladas fueran aquellas en que lo que se ganase tuviere un mayor valor que lo que se perdiese. Pero al elegir entre ordenamientos sociales, en el contexto en el que las decisiones individuales son tomadas, debemos tener en mente que un cambio del sistema existente que conduzca a un mejoramiento en algunas decisiones puede muy bien conducir a un empeoramiento de otras. Además, debemos considerar los costos involucrados en operar los distintos ordenamientos sociales (ya sea el funcionamiento de un mercado o de un departamento de Gobierno), como también los costos que demandará la adopción de un nuevo sistema. Al diseñar y elegir entre ordenamientos sociales debemos considerar el efecto total. Este es el cambio de enfoque que estoy proponiendo.