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Repasemos un poco las políticas de las últimos gobiernos chilenos para entender mejor lo que ocurrió allí

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José Niño escribe en el Mises Wire un interesante análisis sobre los recientes acontecimientos en Chile. Termina haciendo énfasis en la necesidad de descentralización: https://mises.org/es/wire/los-manifestantes-chilenos-podr%C3%ADan-poner-fin-d%C3%A9cadas-de-progreso-en-chile

Desde principios de octubre, los manifestantes han obstruido las calles de Santiago y otras ciudades en contra de las recientes subidas de tarifas del metro, al tiempo que expresan su preocupación por el estancamiento de los salarios y el alto costo de vida. Algunas de estas quejas detrás de estas protestas son válidas. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares que rodea a toda protesta política de masas sí lo es: ¿Cómo resolverán los manifestantes estos problemas?

La respuesta por defecto a la que los manifestantes están recurriendo generalmente implica tener una mayor presencia del Estado en la economía. Las recientes protestas en Chile así lo han indicado. En el 2012, los chilenos protestaron contra el modelo económico de la nación al destacar el sistema educativo de Chile y ridiculizar el control privado de la industria del cobre del país. Como era de esperar, recurrieron a los típicos puntos de discusión de la denuncia de la desigualdad y la búsqueda de beneficios. Para resolver las supuestas injusticias de este sistema, reclamaron la «educación gratuita» y la nacionalización de la industria del cobre en el país.

De hecho, el sistema de educación superior de Chile es heterodoxo en términos de universidades públicas y privadas. Gracias a sus características nominales de mercado, se convirtió rápidamente en uno de los principales sistemas universitarios de América Latina. Entre 1992 y 2012, el número de chilenos que pasaron por la educación secundaria creció de 200.000 a 1,2 millones. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el sistema era injusto y presionaron para que el gobierno ejerciera un mayor control. Si Chile se tomara en serio su ética de mercado, el sistema educativo debería haber sido liberalizado para que los chilenos tengan más opciones educativas -ya sean de lujo o de presupuesto- a su conveniencia.

Cuando Sebastián Piñera fue elegido en 2010 –que marcó la primera vez que Chile tenía un gobierno de derecha elegido democráticamente en décadas– la gente tenía grandes expectativas para su gobierno. Había esperanzas de que Piñera llevara a Chile a los estándares del «Primer Mundo». A pesar de la publicidad, la administración de Piñera fue bastante deslucida. Tuvo algunos momentos brillantes cuando el gobierno de Piñera decidió reducir los tiempos de espera para los estudios de impacto ambiental, reducir la burocracia innecesaria, reducir los aranceles de importación y la cantidad de tiempo para establecer un negocio.

Sin embargo, Piñera elevó los impuestos corporativos de 17 a 20 por ciento en 2013 y trató de aplacar a las hordas de manifestantes estudiantiles garantizando becas para el 60 por ciento más pobre de la población y préstamos con una tasa de interés real del 2 por ciento para todos, excepto para el 10 por ciento más rico. No hubo un esfuerzo real por parte de Piñera para continuar liberalizando la economía. A su favor, Piñera aún mantenía un mínimo de moderación que le permitía a Chile seguir adelante y seguir creciendo. Considerando todas las cosas, la primera administración de Piñera fue una decepción para cualquiera que creyera que podría introducir reformas sustanciales de libre mercado.

Cuando Michelle Bachelet entró en escena, las cosas empezaron a tomar un giro negativo. Su gobierno subió las tasas de impuestos corporativos, trató de socavar el sistema de educación superior de Chile y utilizó la administración pública para empoderar a los sindicatos. Lo más importante, sin embargo, fue su uso del púlpito del matón para cambiar la narrativa general que rodea la economía política de Chile. No sólo condenó el modelo por supuestamente producir altos niveles de desigualdad en la riqueza, sino que lo llevó un paso más allá al sugerir un posible cambio en el orden constitucional a través de la Asamblea Constituyente.

Después de que la economía de Chile se arrastrara durante los años de Bachelet, los votantes decidieron volver a tirar de la palanca por Piñera. Lamentablemente, la economía sigue rezagada y Piñera revierte su promesa de campaña de recortar los mismos impuestos corporativos que su predecesor. Además, está tomando caballos de batalla progresistas como la consagración de los derechos de la mujer en la constitución y el uso de fondos estatales para socavar el sistema de pensiones privatizado de Chile. Para entonces, los simpatizantes del libre mercado se dieron cuenta rápidamente de que Piñera estaba orquestando una repetición de su milésimo primer mandato como presidente.

Con los disturbios generalizados que tiene ante sí, la administración se ve obligada a atravesar aguas desconocidas. Piñera ya está vacilando al prometer un nuevo «contrato social» que incluye aumentos del salario mínimo, aumentos de impuestos a los individuos más ricos del país y una mayor participación del Estado en el sistema de pensiones de Chile. Dado lo voraces que se han vuelto los activistas de izquierda en Chile, no estarán satisfechos con las concesiones de Piñera. Con toda probabilidad, Piñera podría ceder a la presión e iniciar una asamblea constituyente, lo que podría traer niveles sin precedentes de inestabilidad institucional a Chile.

Primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile: análisis de Libertad y Desarrollo

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Análisis de Libertad y Desarrollo:

 Tras las elecciones del 19 de noviembre se ha producido un reordenamiento político. A pesar de la clara mayoría de Sebastián Piñera, quien llega con la primera opción de triunfo a la segunda vuelta, los resultados muestran que se abre un cuadro de una elección competitiva, donde el desafío de movilización y diversificación de las bases de apoyo será trascendental en el resultado.

 En el terreno parlamentario, no caben dos lecturas en relación al positivo resultado de Chile Vamos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. No obstante, preocupa la fragmentación de la izquierda en la medida que desplaza el eje programático ordenador hacia posiciones más próximas a las de una izquierda maximalista.

 En este nuevo escenario, parece importante indagar en las causas de la mayor polarización y del impulso de renovación que se observa a la luz de una lectura de los resultados, teniendo en cuenta los efectos en la gobernabilidad que producirán en el mediano y largo plazo estas nuevas dinámicas y la forma de comprensión de lo político.

“Los resultados de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales celebradas el pasado domingo arrojaron sorpresas, pero también ratificaron ciertas tendencias previas. A nivel presidencial, Sebastián Piñera obtuvo una clara primera mayoría, con el 36,64% de las preferencias, no obstante obtener una votación por debajo de la expectativas generadas por los sondeos de opinión pública en la antesala de la elección.

Pero el resultado es alentador en la medida que Piñera logra imponerse en todas las regiones del territorio nacional y en el 88% de las 345 comunas. Con una distancia respecto de su más cercano contendor, Alejandro Guillier, de 14 puntos porcentuales. Por su parte, las elecciones reflejan de manera consistente una clara derrota de la Nueva Mayoría, quien de la mano de Alejandro Guillier pierde un 50% de la votación obtenida por Michelle Bachelet en la primera vuelta de 2013 y experimenta el mayor retroceso en el ámbito parlamentario desde 1989 a la fecha, pasando desde un 55,80% a un 36,10% de la representación de la Cámara de Diputados y de un 55,3% a un 46,5% de los escaños en el caso del Senado.

Pero la gran novedad de la elección ha sido la irrupción del Frente Amplio, que de la mano de la votación de un 20,27% de Beatriz Sánchez logró también proyectar una relevante bancada parlamentaria con 20 diputados y 1 senador, capitalizando directamente el retroceso electoral del oficialismo.

Así las cosas el panorama político se re baraja con posterioridad a los comicios de primera vuelta. El principal hito de la elección del 19 de noviembre es haber dado forma a una segunda vuelta competitiva, que demandará tanto un esfuerzo adicional de movilización como de diversificación de apoyos para que la centro derecha vuelva al gobierno. Mientras en el plano legislativo, la mayor fragmentación de la izquierda y el peso específico del Frente Amplio dentro de esa correlación de fuerzas orientará el eje ideológico del parlamento hacia posiciones más radicales, con repercusiones para la futura gobernabilidad que ofrezca la administración entrante.”

¿Impulsa el gasto público al crecimiento de la economía? Un estudio de Libertad y Desarrollo dice que no

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La idea que el gasto público puede impulsar el crecimiento de la economía es muy común. El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica un estudio al respecto, disponible aquí: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1303GASTOFISCALYCRECIMIENTODELPIB.pdf

Algunas de sus conclusiones:

“EFECTOS DEL GASTO FISCAL EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO: EVIDENCIA

Hay una serie de trabajos que analizan el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico. Al realizar una recopilación de estudios empíricos recientes se observa que la mayor parte ellos se basan en la experiencia de países desarrollados, debido principalmente a la mayor disponibilidad de información. Sin embargo, se encontró también evidencia para países en desarrollo, dando cuenta que, por las diferentes características de los mismos, el impacto del gasto fiscal podría tener diferentes resultados en términos de dirección y magnitud.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan cuenta que el efecto de un incremento del gasto fiscal depende de varios factores: en primer lugar, existe una diferencia de efectos en economías desarrolladas versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría ser negativo. En segundo lugar, es importante el régimen cambiario, puesto que aquellas economías con tipo de cambio flexible no presentan efectos en el producto. Tercero, la apertura comercial también determina el efecto en el crecimiento del producto de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar negativamente, al menos en tramos de deuda mayores al 60% del PIB.

Chile es un país en vías de desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran apertura comercial y con un nivel de deuda que está creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, podría generar precisamente el efecto contrario.

Veamos qué dice la evidencia local al respecto. El trabajo de Cerda et. al (2005) utiliza la metodología de VAR estructural (SVAR) con datos para Chile para el período 1986-2001. Sus estimaciones muestran que un shock de gasto fiscal tiene un efecto negativo en el PIB sólo durante el primer trimestre, con una magnitud pequeña (-0,3%). Luego, los efectos sobre el PIB no son significativos. Es decir, no se registra evidencia que la política fiscal expansiva sea reactivadora del crecimiento económico. Siguiendo el trabajo de Cerda (2005), realizamos una nueva estimación, con datos que cubren entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 2016. A partir del modelo SVAR estimado, el siguiente gráfico presenta la función impulso respuesta para un incremento (shock) del crecimiento del gasto público de 1 punto porcentual.

El resultado salta a la vista: el impacto del incremento del gasto fiscal es cero en el crecimiento del producto, lo que refuta la idea que podría ayudar a reimpulsar el aletargado dinamismo que exhibe actualmente nuestra economía.”

El impacto de la Escuela de Chicago en Chile. Sí, empezó con Pinochet, pero abarcó incluso a opositores

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Con los alumnos del curso sobre Ideas Políticas y Económicas en América Latina vemos un artículo de Francisco Rosende donde comenta el impacto de las ideas de la Escuela de Chicago en Chile, y en otros países de la región. http://fppchile.org/wp-content/uploads/2015/12/ideas-instituciones-y-lideres_poirtada.pdf

Aquí su introducción:

“A partir de mediados de los 70 se inició en la economía chilena un profundo proceso de transformaciones, el que dio impulso a un progreso sostenido de ésta en las décadas posteriores. Este proceso de reformas tuvo lugar en el contexto de un prolongado y severo estancamiento de la actividad productiva, junto con importantes desequilibrios fiscales, los que amenazaban con desatar una hiperinflación. El papel protagónico que alcanzó en el diseño e implementación de dichas reformas un importante grupo de economistas, que realizó estudios de postgrado en la Universidad de Chicago, ha llevado a una frecuente asociación del proceso de reformas y estabilización aplicado en Chile, con las lecciones que emergen de la investigación y planteamientos de quienes han sido las principales figuras del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago en las últimas décadas, los que se han identificado como la “Escuela de Chicago”3.

De la experiencia de transformación económica iniciada en Chile a partir de mediados de los 70 surgen una serie de temas e interrogantes, los que le otorgan un especial atractivo a ésta. Por un lado, es interesante examinar cuáles fueron los factores que llevaron a una presencia tan marcada de economistas entrenados en la Universidad de Chicago en el diseño e implementación de las políticas que cambiaron radicalmente el rumbo de la economía chilena. En particular, es razonable esperar que para observadores externos de dicho episodio sea en alguna medida contradictorio, o al menos sorprendente, el comprobar que un gobierno militar estuviese dispuesto a implementar y sostener un conjunto de políticas dirigidas a liberalizar la economía, tras décadas de creciente intervención del Estado en ésta. Esto nos lleva a examinar cómo se gestó la influencia de los economistas de Chicago y en qué medida esta ha persistido tras el término del gobierno militar, ocurrido en marzo de 1990.

Por otro lado, es interesante recordar que la presencia protagónica de economistas entrenados en la Universidad de Chicago no se limitó al caso chileno en los 70. En efecto, en Argentina y Uruguay se iniciaron en dicho período procesos dirigidos a resolver importantes desequilibrios macroeconómicos y promover una mayor apertura de las correspondientes economías. Si bien la extensión y claridad de la agenda de liberalización de dichas economías fue bastante más acotada que lo que se planteó en Chile, parece razonable sostener que la dirección de dichos procesos era parecida. Sin embargo, tras la crisis de la deuda externa de comienzos de los 80, la que golpeó con fuerza a las economías latinoamericanas- en su mayoría expuestas a una peligrosa combinación de alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y fijación del nivel (o trayectoria) del tipo de cambio- los movimientos hacia una mayor liberalización y apertura impulsada en Argentina y Uruguay fueron abandonados, mientras que en Chile – tras un breve período, en el que se designaron autoridades económicas con una visión fuertemente crítica del proceso de reformas iniciado en la década  previa – finalmente se terminó intensificando la agenda de política económica asociada con el “Enfoque de Chicago”. Las diferencias en la trayectoria seguida por las economías mencionadas es ciertamente un aspecto interesante de analizar. En especial, en lo que se refiere a la identificación de las causas que llevaron a distintos grados de influencia de los economistas de Chicago en cada caso. Si bien el análisis de las particularidades de cada economía excede el propósito del presente documento, aventuraremos alguna interpretación para las causas que hicieron más resistente el proceso chileno en relación a lo observado en Argentina y Uruguay.”

Lecciones que no se aprenden: Chile camina hacia el populismo sin mirar al otro lado de la Cordillera

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Me pidieron, y he publicado, un artículo en el diario La Tercera, de Chile, sobre el avance de nuestro vecino hacia el populismo: http://diario.latercera.com/2016/10/22/01/contenido/opinion/11-225514-9-cambia-la-vista-desde-la-cordillera.shtml

Cambia la vista desde la cordillera

ALGO RARO está sucediendo en la cordillera. Antes, quienes están a Occidente miraban con preocupación a sus vecinos de Oriente, ahora la preocupación comienza a ir en sentido contrario. Desde el Aconcagua, se ve con más optimismo lo que ocurre en Argentina que lo que está pasando en Chile.

En estos días, el diario La Nación (del cual me honra también ser columnista), tal vez el más importante de Argentina, publicó un editorial reflejando esta preocupación con el título “Chile, una tardía regresión populista” (14/10/16). Allí describe la calamitosa situación chilena al final del mandato de Salvador Allende y las notables reformas que llevaron a Chile al primer puesto en la región en términos de PIB per cápita o en la calidad de sus instituciones. También comenta el notable consenso que estas reformas alcanzaron, ya que fueron continuadas, y en algunos casos profundizadas, por sucesivos gobiernos tanto de centroizquierda como de centroderecha.

Parecía entonces que los chilenos habían aprendido algunas lecciones. Tenían, además, tan solo que mirar al otro lado de la cordillera para observar allí las consecuencias del populismo.

Pero parece que no; que, pese a todo eso, no se aprende. ¿Será necesario repetir el ciclo?

El problema es que estos aprendizajes son muy costosos. Tomemos el caso de Argentina. Está claro que se ha aprendido a fuego y sangre una lección: no habrá más golpes militares ni violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, Argentina tuvo hiperinflación en 1989 y una generación después aceptaba altos niveles de gasto público y emisión monetaria que generaban creciente inflación sin comprender sus causas y sin anticipar sus efectos, que hoy estamos pagando.

Desde este lado de la cordillera nos preguntamos si, luego de 12 años de furor populista kirchnerista, hemos aprendido esa lección tan básica para tener una razonable república que nos permita aprovechar las oportunidades que siempre tuvimos. No puedo decir si eso ocurrirá, pero se ha abierto una posibilidad.

Y mirando hacia nuestros vecinos, los vemos comenzar un camino que nosotros ya hemos recorrido, y lo hicimos hasta el final. ¿Cómo puede ser que una sociedad en las puertas del progreso decida cometer un suicidio colectivo? Bueno, ¿acaso nosotros no hicimos lo mismo en el siglo XX?

En el caso argentino, la explicación de esa decadencia es muy compleja. A riesgo de simplificar, arriesgo una sobre el caso chileno. Una que he planteado muchas veces a mis amigos “Chicago boys”, pero no aceptan. Es así: las muy exitosas reformas económicas chilenas fueron justificadas en términos de eficiencia, sus beneficios eran mayores que sus costos. No se justificaron en términos de derechos, de libertades. Por ejemplo: el sistema de pensiones privadas es más eficiente que el sistema estatal.

El argumento, por supuesto, es correcto, pero cae de bruces ante una crítica basada en la justicia. La respuesta que recibe es: será eficiente, pero es injusto. Y allí se acabó el debate. Nunca se justificaron las reformas en términos de derechos: los contratos laborales deben ser libres, no porque sean más eficientes, que lo son, sino porque tengo un derecho de propiedad sobre mi fuerza de trabajo. Y así sucesivamente.

Si éste es el punto débil del exitoso modelo chileno, no es que esté perdido, pero será necesario brindarle una base moral y principista que hoy es débil. No hace falta un presidente que diga “voy a manejar el país como una empresa” (los accionistas tampoco salen a la calle), hace falta un movimiento de gente que considere la libertad como valor supremo.

Preocupado por sus preocupaciones: se deterioran las instituciones que deberían proteger libertades

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Estoy en Chile participando de un seminario para jóvenes organizado por la Fundación para el Progreso de este país. Además de interesantes conferencias, FPP ha realizado un estudio jungo con GfK Adimark que titula “Barómetro de la Libertad”. Aquí está disponible el resumen y el informe completo: http://fppchile.org/es/barometro-de-la-libertad-fpp-adimark-2/

Mi impresión, al margen de los comentarios que el estudio presenta, es que encuentro a los chilenos deprimidos y preocupados por el futuro. EL informe, realizado en base a una encuesta, sostiene que “los chilenos sienten que se ha avanzado en: poder organizar manifestaciones, decidir plenamente sobre embarazarse y/o tener hijos, poder formar grupos u organizaciones y decidir sobre cómo y con quién formar pareja y/o casarse”. Por cierto, todas libertades individuales muy importantes. Pero es notable la preocupación sobre la calidad de las instituciones, aquellas que, en definitiva, son necesarias para proteger esas libertades. Así, sienten que han retrocedido en: ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta; decidir la forma de criar y educar a sus hijos, que existan elecciones con un sistema transparente y libre, que los tribunales de justicia actúen de manera independiente, que existan instituciones independientes que controlen a las autoridades.

Son importantes los avances, pero muy preocupantes… las preocupaciones…

“Estudio revela que un 84% de la población considera “muy importante” la libertad para la toma de decisiones. Mientras que un 85% de los chilenos siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de sus libertades.

¿Cuán libres se sienten los chilenos? ¿En qué ámbitos se ejerce la libertad? ¿Quiénes se sienten más y menos libres en el país? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el primer “Barómetro de la Libertad”, elaborado por Fundación para el  Progreso y GfK Adimark.

El estudio, lanzado este miércoles 7 de octubre en las oficinas de la Fundación para el Progreso,  mide cómo los chilenos perciben y valoran el rol que cumple la libertad en distintos ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como privada. Este tendrá una periodicidad anual, pues el objetivo es generar indicadores y cuadros comparativos en el tiempo.

En su primera edición 2015, el estudio muestra que la libertad es ampliamente valorada por los chilenos. Un 84% de la población la considera “muy importante” para la toma de decisiones.

Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark añade que “un 60% de los chilenos se siente hoy mayoritariamente libre, una buena noticia que contrasta con el 40% que percibe que existen restricciones o vulneraciones a su capacidad de control sobre sus vidas”.

Por otro lado, un 85% de los chilenos tiene una percepción de restricción de alguna de sus libertades, es decir  siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de éstas. La dimensión “Limitación del poder político, independencia judicial y democracia” es el ámbito relativo a la libertad peor percibida. Los chilenos tienen menos confianza en las instituciones que fiscalizan a las autoridades y mayoritariamente consideran que los tribunales de justicia no actúan de manera independiente del gobierno y el parlamento.

“Esto no sólo denota la importancia que asignan los chilenos a las instituciones y su buen funcionamiento, también  debiera ser materia de preocupación, pues claramente las instituciones están viéndose debilitadas”, explica Armando Holzapfel, Gerente de la Fundación para el Progreso.

En términos de relevancia en relación con el desarrollo del país, lo más valorado por los chilenos es: que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas (9,2%); decidir la forma de criar y educar a los hijos (9,1%) y ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta (7,4%).

Los aspectos en que se perciben mejoras en el último tiempo son los derechos relacionados a la libertad de expresión y de manifestar puntos de vista.  También se aprecia un progreso en las libertades relacionadas con la vida sexual, relaciones de pareja y reproducción.”

Cuando las reformas económicas se justifican por su ‘eficiencia’ y no por la libertad y los derechos

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Siempre he admirado, o al menos respetado, algunas de las reformas que realizaron en Chile y permitieron a ese país años de progreso. Reformas que, si bien comenzaron en épocas de un gobierno militar, fueron sostenidas y ampliadas en los gobiernos democráticos siguientes. Pero siempre pensé también, que esas reformas tenían bases débiles, en el fondo porque se sostenían en un análisis utilitarista acerca de su ‘eficiencia’ y nunca en una visión más general basada en la libertad de elección y los derechos individuales.

Ahora que se reabre el debate sobre las pensiones, encuentro este artículo de Francisco Belmar, de la Fundación para el Progreso de ese país, con una opinión similar, que comparto: http://fppchile.org/es/el-fracaso-ideologico-de-jose-pinera/

EL FRACASO IDEOLÓGICO DE JOSÉ PIÑERA

Causó furor —para bien o para mal— la reaparición de José Piñera en el debate público chileno. Esta llegada estuvo acompañada de una especie de campaña publicitaria, puesto que él mismo reconoció que jamás se ha ido de Chile. Aun así, se publicitó como un regreso, una especie de repatriación del creador del sistema de AFP. Una imagen que el mismo Juan Manuel Astorga intentó contraponer a la de Hernán Büchi viajando a Suiza.

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Piñera llega en un momento complicado. Su llegada se debe también a eso: nuestra economía está lenta y no solo se puede culpar de eso al devenir de la economía internacional. Es conocida su oposición a las políticas del gobierno de Michelle Bachelet y es de esperar que tenga miedo de que el sistema que ayudó a crear caiga en el campo de influencia de la fiebre reformista (algunos dirían populista o revolucionaria) del gobierno. Esa amenaza ya se ha vuelto realidad, sobre todo porque los detractores del sistema han hecho un trabajo de relojería en términos ideológicos. Por lo mismo, la discusión hoy ya no está solo en el plano de las políticas públicas, sino eminentemente de la política. Esto también lo mencionó Astorga, y Piñera, como es esperable en nuestra derecha, lo negó rotundamente.

¿Cuál es el alcance de la aparición de Pepe Piñera? ¿Es útil? ¿Servirá para algo? ¿Logrará salvar la obra por la que se le conoce en todo el mundo? La verdad es que su panorama se ve bastante oscuro y el origen de esa oscuridad es, precisamente, cierta desidia intelectual y una tozudez política y discursiva tremenda. Esta porfía aporta, quién podría dudarlo, una polémica que eleva un debate público que se encuentra dominado por lo estratégico y políticamente correcto. Aun así, también aporta una pobreza argumental que más parece tapada de oídos que discusión racional.

Cuando los civiles del régimen de Pinochet lograron instalar una serie de reformas modernizadoras (entre ellas la capitalización individual), tuvieron que luchar con un poder militar que creía bastante en el poder del Estado. De ahí que, aunque la mayoría de las personas comenzaron a tener AFP para administrar sus ahorros, las Fuerzas Armadas continuaron con un sistema de reparto que les aseguraba buenas pensiones, pero que dilapidaban los recursos del fisco. Cuando la Concertación llegó al poder, quizás prudente al recordar los hechos de los años 60 y 70, se decidió a no tocar el sistema de las Fuerzas Armadas. Los economistas no hicieron nada, no dijeron nada y jamás se insistió en cuán relevante era traspasar a los uniformados al sistema privado. Fuera como fuera, era necesario mantener la igualdad de todos los ciudadanos. Bastó que el caso Andrade se hiciera público para hacer explotar la bomba. Ahora todos piden que se profundice un sistema que el mismo Andrade demostró que solo trae aparejado injusticia y corrupción.

Por eso José Piñera, creo, llegó atrasado. La encuesta Cadem lo demostró hace poco. Que un altísimo porcentaje de la población crea que los fondos de pensiones le pertenecen o a la AFP o al Estado solo nos dice que vivimos en un país que cree que no hay diferencia entre el sistema de reparto y el actual, excepto porque “la caja” sería privada. Lo que Piñera nunca entendió es que nuestra mentalidad sobre las pensiones está anclada en el antiguo sistema y que nunca se adaptó a las características y beneficios de uno de capitalización individual. El cosismo, esa enfermedad que tiene a la derecha con cáncer terminal en las universidades y en la política nacional, está desbaratando todas las reformas que ellos mismos llevaron a cabo. Su ingenuo pensamiento tecnocrático y despolitizador está llevando a término su época de influencia. Algún día tendrán que entender que las batallas no son solo por las políticas públicas, sino también por ideas y que los relatos alrededor de ellas —las ideologías— no son necesariamente sinónimos de totalitarismo y represión. Mal que mal, sus propias reformas fueron posibles gracias al contexto autoritario de la época.

Lo anterior es especialmente notorio cuando vemos el contexto en que las AFP aparecieron. Inicialmente, el modelo estaba pensado para personas que tenían trabajos estables y podían trabajar 40 años. El problema es que, al mismo tiempo, se trataba de instalar un discurso de flexibilidad laboral. En Chile nunca se pudo avanzar en esa línea, así que la adaptación surgió de forma espontánea. El mismo Estado fomentó la contratación a honorarios, muchas veces de forma irregular, para evitar los altos costos de los trabajadores. Los empleados, por su parte, comenzaron a trabajar en este contexto que les impedía cotizar de forma individual. ¿Cuándo se discutió esto? ¿Cómo se podía hacer converger el discurso de la capitalización individual con el de una flexibilidad informal creciente y con el del riesgo que implica el emprendimiento? La posibilidad de las lagunas jamás fue tema, pues siempre se les consideró fruto de la irresponsabilidad. Quienes idearon sistemas como el que tenemos actualmente, no consideraron fundamental crear relatos y discursos unificadores que los explicaran y dieran sentido. La mirada de Piñera, entonces, por correcta que sea, es sumamente esquemática.

Si de verdad se quiere un país de emprendedores, será necesario pensar en el sistema de pensiones desde esa perspectiva. Querámoslo o no, lo que tenemos hoy está pensado más bien para el trabajador asalariado. He ahí el error de discurso, pues, en la sociedad del riesgo, emprender no necesariamente es sinónimo de éxito. No basta ahora con hablar de la perfectibilidad del sistema, sino que es necesario pensar bien en su actualización. Esto porque, hasta ahora, lo único que se ha visto es que se busca convertir a la sociedad chilena en una aún más pasiva, algo que cualquier liberal criticaría sin dudar.

Sistema jubilatorio en Chile: ¿para qué crecer y progresar si nos podría ir realmente mal a todos? (II)

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Continúa el análisis de Libertad y Desarrollo sobre la idea de modificar el sistema jubilatorio chileno, pero con argumentos débiles, creo yo, y sin ninguna mención a la libertad de disponer de la propiedad, ahorrarla o gastarla, invertirla o consumirla, etc:

¿COMPARACIÓN JUSTA?

Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. Al menos es la sensación que queda al mirar los promedios de pensión que entrega la Superintendencia de Pensiones para ambos sistemas. Al mirar las últimas cifras oficialesv, la pensión entregada por el IPS para quienes estaban en el sistema antiguo es aproximadamente 5,5% mayor que la de las AFPvi,vii. Sin embargo, dicha comparación se presta para confusión por varias razones. En primer lugar, esta comparación olvida que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportesviii, lo cual de acuerdo a información del IPS, corresponde a cerca del 50% de sus imponentes. En simple, 50% de los cotizantes del sistema antiguo no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Tal como vemos en la Tabla N° 1, al corregir sólo por este hecho (pues en el sistema de cotización individual todos reciben sus aportes con la rentabilidad acumulada), las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente.

En segundo lugar, mientras la tasa de cotización del sistema de capitalización individual es cercana al 13% (incluyendo la comisión de la administradora y el seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo al empleador)ix, la tasa de cotización vigente para los que siguen cotizando en el sistema antiguo es de aproximadamente 20% (sin incluir salud para hacer ambas cifras comparables)x. Con dicha cotización, las pensiones promedio del sistema de capitalización individual serían aún mayores que las que hoy muestra el sistema.

Existe un tercer aspecto a destacar de la tabla anterior que incrementa la brecha de las pensiones de vejez a favor del sistema de capitalización individual: éste otorga pensión de vejez a sus afiliados sin importar la densidad de cotizaciones del trabajador. Por ende, el promedio de pensión de $ 227.400 muestra la pensión promedio de vejez obtenida por quienes presentan una gran varianza de densidad de cotizaciónxi y no sólo de aquellos que cotizaron por al menos 10 años como en el caso del sistema antiguo. De hecho, dicho promedio no refleja la pensión que entregaría el sistema de capitalización individual para quienes sí cotizaron en el sistema un tiempo razonable y de manera sostenida.

Cálculos recientesxii señalan que si en el sistema de reparto la cotización fuere del 10% y se le exigiera entregar pensión a todos sus imponentes, las pensiones promedio variarían entre un cuarto y un tercio de las pensiones que entrega el sistema de capitalización individual.

SISTEMAS DE REPARTO Y SOSTENIBILIDAD DE LARGO PLAZO

Un sistema de reparto por definición financia el pago de sus pensiones con el ahorro de los trabajadores activos. Esto es insostenible en un país como el nuestro, donde el envejecimiento de la población, cada vez más acelerado, está provocando un incremento en la relación entre población pasiva y activa. De hecho, así lo respalda el mismo estudio citado anteriormentexiii, el que utilizando proyecciones de población y distintos supuestos de crecimiento en el gasto en pensiones y la evolución de las remuneraciones, estima la tasa de cotización que hasta el año 2100 necesitaría un sistema de reparto para financiar los actuales niveles de pensiones del sistema de capitalización individual.

Sus resultados concluyen que si bien en lo inmediato se podrían financiar los niveles actuales de pensiones, e incluso mejorarlos a través de la expropiación del ahorro acumulado en los fondos de pensiones, en el largo plazo el sistema sería financieramente inviable, por cuanto se requeriría duplicar e incluso llegar a tasas por sobre el 50% para mantener los beneficios constantes. Lo anterior, como resultado tanto del factor demográfico como de la significativa contribución que hace a las pensiones el retorno del capital acumulado a través del tiempo, la cual desaparece bajo un sistema de reparto.

¿HACIA DÓNDE DEBIÉSEMOS AVANZAR?

En suma, existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones del actual sistema, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población. En lo esencial, deberíamos propender a eliminar barreras que nos impidan ahorrar más (en frecuencia y nivel) y por más tiempo. Esto implica no sólo revisar al alza el nivel de la tasa de cotización con aportes adicionales del empleador o del trabajador (procurando no generar informalidad que puede terminar jugando en contra del objetivo último), sino también buscar mecanismos que incentiven a que ciertos grupos de la población (mujeres, jóvenes y adultos mayores) puedan encontrar un empleo formal que se acomode a sus necesidades de tiempo y flexibilidad.

Asimismo, se deberían incorporar gradualmente los aportes de los trabajadores independientes al sistema, además de (en línea con lo realizado en países desarrollados) aumentar la edad legal de cotización (sobre todo en el caso de mujeres), y ajustar cambios futuros de dicho umbral en base a nuevos potenciales cambios en las expectativas de vida de la población.

Estas soluciones sólo tendrán un impacto en el largo plazo en el monto de las pensiones, por lo que adicionalmente a lo anterior, deberíamos buscar mecanismos que, sin poner en riesgo nuestras arcas fiscales, nos permitan mejorar gradualmente la contribución que el Estado realiza hoy a los pensionados más necesitados a través de un fortalecimiento gradual del Pilar Solidario.

 

v Disponibles para mayo de 2016 en http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles11024_recurso_1.pdf vi Este promedio incluye pensión de vejez y pensión de vejez anticipada, que considera al 67% de los pensionados del sistema de AFP y a 50% de los pensionados por el IPS. En ambos casos, el resto de los pensionados corresponde a pensiones de invalidez y sobrevivencia. vii Esta diferencia alcanza 8,2% cuando consideramos, adicional a la pensión autofinanciada, el Pilar Solidario. viii En el Servicio de Seguro Social (SSS) se requieren como mínimo 10 años de imposiciones para las mujeres y 20 años para los hombres, mientras que en CANAEMPU y EMPART son 10 años como mínimo, para hombres y mujeres; además de tener la calidad de imponente activo al momento de solicitar la jubilación. ix http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php x http://www.ips.gob.cl/pensiones-y-tramites-96642/134-tasas-ex-cajas-regimen-antiguo xi Por ejemplo, incluye la pensión de las mujeres que sólo cotizaron por una vez de tal modo de obtener el Bono por Hijo creado en la Reforma Previsional de 2008.  xii Titze, M. (Noviembre 2015). “¿Se sostiene un sistema de reparto?”. Serie de Informe Económico N° 253, Libertad y Desarrollo. Disponible en http://lyd.org/wp-content/uploads/2015/12/SIE-253-Se-sostiene-unsistema-de-reparto-MTitze-Noviembre2015.pdf                                                                                                                                                                                 xiii Titze, M. (Noviembre 2015).

Chile y el sistema jubilatorio: ¿para qué vamos a crecer y progresar si nos podría ir muy mal a todos? (I)

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Chile ha realizado muchas reformas en las últimas décadas y muchas de ellas han dado resultado, llevando a ese país a tener el PIB per cápita más alto de América Latina, un logro no menor. Sin embargo, parece que los pueblos se empecinan en destruir aquello que les permitió el éxito, o no entienden las causas del mismo, o se lanzan a redistribuir todo lo que pueda expropiarse a través del estado.

El sistema jubilatorio chileno cumplió un papel importante en eso, En primer lugar, quitando estos fondos de las manos de estado, que los había vaciado; luego permitiendo que financiaran la inversión del capital y por ende, el crecimiento económico. Es cierto que no otorgó un derecho de propiedad completo sobre esos fondos, porque los aportantes no eran libres de aportar o no, o de decidir qué hacer con ese dinero, pero digamos que era un gran avance sobre el sistema anterior.

Ahora, en un impulso de suicidio colectivo, muchos chilenos quisieran ir para atrás. Así lo analiza el Libertad y Desarrollo de ese país (aunque diría que con argumentos contundentes y sin mención alguna a la violación de la propiedad que el estado realiza cuando fuerza un sistema por sobre las preferencias de los individuos:

La marcha del domingo pasado es el reflejo de un descontento por parte de la ciudadanía frente al nivel de las pensiones que entrega nuestro sistema previsional con respecto a lo esperado. Esta insatisfacción se vio acrecentada al darse a conocer la situación de Myriam Olate, quien se benefició con una pensión de más de $5 millones, lo cual llevó a muchos a mirar los sistemas de reparto como una alternativa. Sin embargo,  estamos comparando con un sistema insostenible en el mediano y largo plazo.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

Vale la pena recordar por estos días que nuestro sistema de capitalización nació en 1981 buscando superar las ineficiencias del antiguo sistema. Este último era un sistema atomizado, operado por más de treinta cajas, cada una con normativa propia, por lo que sus principales parámetros (edad de retiro, requisitos para pensionarse y nivel de la pensión) dependían de la caja a la que le correspondiera a cada trabajador acceder de acuerdo a la ley, en general asociado al sector económico donde se desempeñaba. Está ampliamente documentado que los beneficios, tanto en términos de monto de pensión como exigencias, dependían de la presión que ejerciese cada gremio respecto de su propia cajai.

  • Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto de que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. • Sin embargo, es necesario recordar que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportes, por lo que el 50% de los cotizantes no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Sólo con esta corrección, las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente. • Existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones actuales, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población.

Las ineficiencias iban más allá de estas evidentes injusticias. A inicios de los ’70, sólo el 60% del pago de pensiones se financiaba con las cotizaciones del trabajador, el 40% restante correspondía a aporte estatalii. Y a principios de los 80 el déficit era de tal magnitud que las opciones eran o aumentar aún más el aporte fiscal o subir la tasa de cotización, que incluso en algunos casos llegaba a más de 50% de la remuneración imponible, después de haber sido 5% en su origen. Evidentemente el sistema, con un proceso de envejecimiento de la población como el nuestro, iba directo a la quiebra.

En este contexto nació el sistema de capitalización individual, el cual estableció derechos de propiedad sobre los aportes durante la vida laboral de los cotizantes, y relacionó directamente cotizaciones (y por ende esfuerzo individual) con beneficios a recibir, eliminando los privilegios, y generando una estructura financiera que contribuyera a la sustentabilidad macroeconómica de largo plazo tanto de él mismo como del país. El Estado, por su parte, garantizaba una pensión mínima a quienes, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de cotización, no pudiesen autofinanciarla, y una pensión asistencial (PASIS) a los adultos mayores de menores ingresos, hubiesen cotizado o no.

En 2008 se reforma el sistema sustituyendo las pensiones estatales señaladas por un Pilar Solidario al cual pudieron acceder  los adultos mayores pertenecientes al 60% de los hogares más pobres, hayan cotizado o no. Consiste en una Pensión Básica Solidaria (PBS) a quienes nunca cotizaron y un Aporte Previsional Solidario (APS) complementario a su pensión autofinanciada para el resto, que es decreciente según el monto de esta últimaiii. Este aporte se financia con impuestos generales, lo que no castiga el empleo formal. Hoy se destinan cerca de 0,7 puntos del PIB al Pilar Solidario, para beneficiar sólo por concepto de vejez a cerca de 1.100.000 adultos mayores (cerca de 400 mil por PBS y 700 mil por APS)iv.

i En una reciente columna, Hernán Cheyre da cuenta de una ilustrativa revisión de estos privilegios. Más detalles en «Sistema de reparto, ¿jubilación justa?», El Mercurio 20/07/2016, disponible en http://www.udd.cl/medios-y-prensa/sistema-reparto-jubilacion-justa/ ii Gaete, M. E., & Matthei, E. (1988). La privatización de la previsión social en Chile. Puntos de Referencia, 32. iii El APS llega a cero cuando la pensión autofinanciada es igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS). La PBS y PMAS alcanzan el 1 de julio de 2016, $ 93.543 y $ 304.062, respectivamente, mientras que el APS de vejez promedio bordea los $ 56.000. iv Los beneficiados por el Pilar Solidario de Invalidez corresponden a cerca de 250 mil pensionados más.

Un conflicto con creciente violencia del que se habla y conoce poco por aquí: los mapuches en Chile

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Poco se sabe y se comenta en las noticias argentinas, o tal vez en el resto de América Latina, acerca del problema de los mapuches en Chile. El Instituto Libertad y Desarrollo presenta un panorama y comenta las medidas propuestas por el gobierno chileno aquí: http://www.lyd.org/temaspublicos/editora/TP1248INSTITUCIONALIDADINDIGENA.pdf

Algunos párrafos:

INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA EN TIEMPOS DE VIOLENCIA

El conflicto en la zona de La Araucanía y sus alrededores se agudiza, develando no sólo una crisis en términos del deterioro del Estado de Derecho, sino que también distorsiones en la representación política de la zona. Grupos radicalizados que monopolizan el discurso público en lo que respecta a la naturaleza reivindicativa de las demandas incurren en la legitimación de la violencia como recurso político, con cierta efectividad, imponiendo la disruptividad de las condiciones de paz social en la zona. Se trata de una voz minoritaria, pero influyente en los espacios de representación, situación que refleja la profunda disociación existente entre la voz real del pueblo mapuche, pacífica y que demanda soluciones alejadas del metarelato reivindicativo para mejorar sus condiciones de vida y la de grupos extremistas que instrumentalizan el carácter de la causa indígena.

Este problema objetivo de representación se agudiza en presencia de una frágil institucionalidad indígena que permite una fácil cooptación de los espacios políticos por parte de aquellas corrientes minoritarias y radicalizadas. Un buen ejemplo de lo anterior fueron las últimas elecciones para conformar el cuerpo de Consejeros Nacionales de la CONADI, proceso no exento de cuestionamientos debido a la baja participación y anomalías en el proceso electoral (al respecto, es necesario mencionar que sólo votaron 24.713 personas de un total de 200.000 inscritos, es decir, un 12%. Dicha cifra representa una disminución del 20% de los votos con respecto a la elección pasada, a pesar de que el padrón aumentó en 30.000 personas este año. Las principales denuncias se relacionan con la falta de información sobre el día de la elección e irregularidades en el padrón electoral).

Consciente -en parte- de esta fragilidad institucional, es que el Ejecutivo ingresó dos mensajes presidenciales que crean un Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín 10.526-06) y un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín 10.525-06). Sin embargo, se trata de proyectos que, a pesar de contener avances marginales, reproducen muchas de las falencias en materia de representación al no estar acompañados de un cambio de paradigma en cuanto a política indígena.”

CONCLUSIÓN

“La profundización de la violencia en la zona sur del país ha generado una brecha de representación política y una erosión del Estado de Derecho. Esta situación es en parte generada por la disociación entre el discurso radicalizado de una minoría y los reales anhelos del pueblo mapuche. La respuesta del Gobierno ha sido el establecimiento de un nuevo orden institucional que contempla la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Las encuestas nos permiten dilucidar que las necesidades de los mapuches no son radicalmente distintas del resto de los chilenos. De este modo, es necesario que este nuevo orden institucional se haga cargo de un cambio de paradigma, el cual implica poner énfasis en un desarrollo integral de dichos pueblos, otorgándoles herramientas con las que puedan afrontar de mejor manera los desafíos de la sociedad actual.”