Artículo en el diario La Tercera, de Chile, sobre las protestas y la reforma constitucional: ¿Quién los entiende?

Artículo hoy en el diario La Tercera de Santiago de Chile: https://www.latercera.com/opinion/noticia/quien-los-entiende/1009249/

¿QUIÉN LOS ENTIENDE?

Martín Krause

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

En breve estaré presentando el Índice de Calidad Institucional 2020, que publican la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires y la Red Liberal de América Latina (Relial). Desde que lo hacemos, hace unos quince años, Chile ha fluctuado entre 21° y 25° de 190 países, el primero entre los latinoamericanos.

Lo hemos relacionado con todo tipo de variables, encontrando relaciones positivas: crecimiento económico, PIB per cápita, innovación, calidad ambiental, reducción de la pobreza. En todas Chile ha mejorado…, y sin embargo explotó.

Como siempre, ante el primer estallido la izquierda ve su origen en la desigualdad de ingresos. Los datos muestran que se ha reducido. La gente también piensa que ha sido la razón más importante de las manifestaciones, según la Encuesta de Diciembre 2019 del CEP. Sin embargo, en la de Mayo de 2019 del CEP la principal preocupación eran la delincuencia, los asaltos y los robos, con el 51% y la desigualdad fue señalada solamente por el 9%.

Esa encuesta muestra que había una alta preocupación por las pensiones, la salud y la educación y un alto descontento con el gobierno y la dirigencia política, a lo cual se suma una caída estrepitosa de la confianza en las instituciones luego de las protestas. Curiosamente, si bien la gente señala que la causa de las protestas es la desigualdad, cuando se le pregunta, en Diciembre, qué problemas debería solucionar el gobierno, la desigualdad sube solamente del 9 al 18%. ¿?

Trato de entender. ¿Frustraciones? ¿Respecto a qué? Dependerá de las expectativas, que difieren de un país a otro, por eso encontramos masivas protestas en países con la mejor calidad institucional, como en los de la más baja, Bolivia o Venezuela. Y en todos los casos el descontento se dirige hacia gobiernos y políticos. Parece inevitable, han asumido un creciente número de tareas y funciones, han impuesto servicios obligatorios, y ahora la gente los hace responsables de los resultados que se obtienen.

Ellos prometían que en breve Chile ya sería un país desarrollado; que los niveles de vida, la seguridad respecto al futuro y la calidad de los servicios estarían también a esa altura. Parece que no es así. Chile es un país con una de las presiones fiscales más altas de la región, el estado ha crecido mucho en los últimos años, pero la calidad de los servicios no parece ser la de países desarrollados. Otro tanto podría decirse del manejo de la represión de la violencia desatada por los manifestantes. Si lo comparamos con otros de similar posición en el ICI el PIB per cápita en Chile es de u$s 15.923, pero el de Portugal es 23.407; el de España 30.370 y el de Francia 41.463 (2018, Banco Mundial). Es cierto, en 1985 era de u$s 1.444.

La encuesta muestra que la gente está esperanzada con una nueva Constitución (56%) pero el 49% dice que el país necesita un líder fuerte. Los países de alta calidad institucional pueden tener líderes de fuerte “personalidad”, pero de poder limitado por las normas. ¿Qué quieren los chilenos, un líder populista con una constitución que le de poder? Supongo que habrán aprendido algo mirando al otro lado de la Cordillera, tanto en Argentina como en Bolivia.

 

Repasemos un poco las políticas de las últimos gobiernos chilenos para entender mejor lo que ocurrió allí

José Niño escribe en el Mises Wire un interesante análisis sobre los recientes acontecimientos en Chile. Termina haciendo énfasis en la necesidad de descentralización: https://mises.org/es/wire/los-manifestantes-chilenos-podr%C3%ADan-poner-fin-d%C3%A9cadas-de-progreso-en-chile

Desde principios de octubre, los manifestantes han obstruido las calles de Santiago y otras ciudades en contra de las recientes subidas de tarifas del metro, al tiempo que expresan su preocupación por el estancamiento de los salarios y el alto costo de vida. Algunas de estas quejas detrás de estas protestas son válidas. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares que rodea a toda protesta política de masas sí lo es: ¿Cómo resolverán los manifestantes estos problemas?

La respuesta por defecto a la que los manifestantes están recurriendo generalmente implica tener una mayor presencia del Estado en la economía. Las recientes protestas en Chile así lo han indicado. En el 2012, los chilenos protestaron contra el modelo económico de la nación al destacar el sistema educativo de Chile y ridiculizar el control privado de la industria del cobre del país. Como era de esperar, recurrieron a los típicos puntos de discusión de la denuncia de la desigualdad y la búsqueda de beneficios. Para resolver las supuestas injusticias de este sistema, reclamaron la «educación gratuita» y la nacionalización de la industria del cobre en el país.

De hecho, el sistema de educación superior de Chile es heterodoxo en términos de universidades públicas y privadas. Gracias a sus características nominales de mercado, se convirtió rápidamente en uno de los principales sistemas universitarios de América Latina. Entre 1992 y 2012, el número de chilenos que pasaron por la educación secundaria creció de 200.000 a 1,2 millones. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el sistema era injusto y presionaron para que el gobierno ejerciera un mayor control. Si Chile se tomara en serio su ética de mercado, el sistema educativo debería haber sido liberalizado para que los chilenos tengan más opciones educativas -ya sean de lujo o de presupuesto- a su conveniencia.

Cuando Sebastián Piñera fue elegido en 2010 –que marcó la primera vez que Chile tenía un gobierno de derecha elegido democráticamente en décadas– la gente tenía grandes expectativas para su gobierno. Había esperanzas de que Piñera llevara a Chile a los estándares del «Primer Mundo». A pesar de la publicidad, la administración de Piñera fue bastante deslucida. Tuvo algunos momentos brillantes cuando el gobierno de Piñera decidió reducir los tiempos de espera para los estudios de impacto ambiental, reducir la burocracia innecesaria, reducir los aranceles de importación y la cantidad de tiempo para establecer un negocio.

Sin embargo, Piñera elevó los impuestos corporativos de 17 a 20 por ciento en 2013 y trató de aplacar a las hordas de manifestantes estudiantiles garantizando becas para el 60 por ciento más pobre de la población y préstamos con una tasa de interés real del 2 por ciento para todos, excepto para el 10 por ciento más rico. No hubo un esfuerzo real por parte de Piñera para continuar liberalizando la economía. A su favor, Piñera aún mantenía un mínimo de moderación que le permitía a Chile seguir adelante y seguir creciendo. Considerando todas las cosas, la primera administración de Piñera fue una decepción para cualquiera que creyera que podría introducir reformas sustanciales de libre mercado.

Cuando Michelle Bachelet entró en escena, las cosas empezaron a tomar un giro negativo. Su gobierno subió las tasas de impuestos corporativos, trató de socavar el sistema de educación superior de Chile y utilizó la administración pública para empoderar a los sindicatos. Lo más importante, sin embargo, fue su uso del púlpito del matón para cambiar la narrativa general que rodea la economía política de Chile. No sólo condenó el modelo por supuestamente producir altos niveles de desigualdad en la riqueza, sino que lo llevó un paso más allá al sugerir un posible cambio en el orden constitucional a través de la Asamblea Constituyente.

Después de que la economía de Chile se arrastrara durante los años de Bachelet, los votantes decidieron volver a tirar de la palanca por Piñera. Lamentablemente, la economía sigue rezagada y Piñera revierte su promesa de campaña de recortar los mismos impuestos corporativos que su predecesor. Además, está tomando caballos de batalla progresistas como la consagración de los derechos de la mujer en la constitución y el uso de fondos estatales para socavar el sistema de pensiones privatizado de Chile. Para entonces, los simpatizantes del libre mercado se dieron cuenta rápidamente de que Piñera estaba orquestando una repetición de su milésimo primer mandato como presidente.

Con los disturbios generalizados que tiene ante sí, la administración se ve obligada a atravesar aguas desconocidas. Piñera ya está vacilando al prometer un nuevo «contrato social» que incluye aumentos del salario mínimoaumentos de impuestos a los individuos más ricos del país y una mayor participación del Estado en el sistema de pensiones de Chile. Dado lo voraces que se han vuelto los activistas de izquierda en Chile, no estarán satisfechos con las concesiones de Piñera. Con toda probabilidad, Piñera podría ceder a la presión e iniciar una asamblea constituyente, lo que podría traer niveles sin precedentes de inestabilidad institucional a Chile.

De protestas y piquetes

Una alumna ha propuesto un tema interesante, el de las protestas y piquetes en las calles y espacios públicos, haciendo referencia a un artículo que comenta la legislación al respecto en distintos países de América Latina: http://www.infobae.com/2014/04/18/1558157-que-dicen-las-leyes-los-paises-la-region-las-protestas-y-los-piquete .
Quisiera considerar el tema desde la perspectiva de los temas que se tratan en el libro, que no es la única posible, por supuesto.

Piquetes
Nuevamente, estamos ante un problema de derecho de propiedad. Hacer un piquete en una propiedad privada habilitaría al propietario a reclamar por una violación a su derecho de uso y disposición. En general, los piquetes y protestas se realizan en propiedad pública.
Ésta tiene una característica que la puede acercar a la ausencia de propiedad. Es decir, está claro que hay un propietario, el estado, pero si éste no ejerce ese derecho con claridad entonces, “lo que es de todos no es de nadie” y se presenta la reconocida “tragedia de la propiedad común”, donde nadie tiene incentivo a “cuidar” o restringir nuestro consumo y todos tenemos el incentivo a “usar”.
Para evitar esto, el propietario, al igual que tendría que hacerlo cualquier tipo de propiedad privada colectiva (un consorcio, un club, una cooperativa, una sociedad comercial), tendría que establecer ciertas normas y controles para su uso, y para evitar la depredación. Entonces, en este caso, se trata de las normas que establece el estado para el uso de sus propios bienes (las calles, etc.). Esto es lo que está en discusión. Lo que veo es que hay un problema de jurisdicción, ya que se discute sobre leyes nacionales pero las calles serían propiedad de los gobiernos comunales, o tal vez lo sean en forma compartida. El asunto es que no está claro.
En fin, al margen de la discusión sobre la legislación en distintos países que plantea el artículo, y sobre lo que seguramente los alumnos de derecho sabrán opinar, planteo que lo mejor sería dejar esto en manos de los gobiernos locales, unificando propiedad y legislación.
De esta forma, además, recibiríamos los beneficios de la descentralización. Es decir, habría muchas legislaciones diferentes, sería un gran experimento del cual veríamos cuál es la que más funciona, o la que más se adapta a las características locales. Coincidiría, además, con la característica federal del origen institucional de este país.

El federalismo y la descentralización son, en cierta forma, un traslado de la idea de la competencia en el Mercado a la política.