El régimen de subsidio industrial de Tierra del Fuego cuesta 1070 millones de dólares por año/ ¿Para qué?

El IIEP, Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), no es precisamente promercado, pero vean si no es interesante lo que presentan en un seminario a cargo de Juan Carlos Hallak, titulado “Hacia una transformación productiva en Tierra del Fuego”. El seminario ya pasó, pero el tema es presentado así:

“En 2022, el Régimen de Tierra del Fuego cumplió 50 años. El objetivo geopolítico que le dio origen por medio de la Ley 19.640 en 1972 ha sido alcanzado con creces. Hoy el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de 1070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del PBI nacional. Como está diseñado, premia la facturación y no el agregado de valor local, no promueve las exportaciones y no ha logrado generar la autonomía económica que Tierra del Fuego merece para dejar de depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales. ¿Es viable reformular el subrégimen para una transformación productiva en Tierra del Fuego? Fundar se propuso contribuir a este debate a través de una serie de tres documentos que generan evidencia sobre las posibilidades y los acuerdos que este proceso requiere. Diseñó propuestas alternativas de política pública que muestran un camino posible para reducir, gradual pero sustancialmente, en un lapso de 11 años, el costo fiscal de este esquema de promoción, y reorientar los incentivos económicos hacia la innovación y la agregación de valor. Se busca que Tierra del Fuego sea una provincia crecientemente próspera y menos dependiente de las decisiones del gobierno nacional.”

Increíble, la OMC se felicita de llegar a un acuerdo sobre los subsidios a la pesca «ilegal, no informada o no regulada»

Es increíble, la OMC se felicita de haber alcanzado un acuerdo internacional para reducir los subsidios a la pesca “ilegal, no informada o no regulada”. Es decir que los estados incluso subsidiaban una actividad que para ellos mismos era ilegal.

Los burócratas internacionales son una casta en sí misma: tienen altos sueldos, viven y se reúnen en los mejores lugares del planeta y, supuestamente, logran algo. La OMC se vanagloria de haber alcanzado el segundo nuevo acuerdo desde su creación en 1995, uno que busca hacer algo debido a los malos resultados de las políticas públicas estatales en la pesca. Hay dos objetivos que se contradicen: por un lado los estados subsidian a la pesca, por otro dicen proteger los recursos naturales. Pero está claro que si se subsidia la pesca habrá más pesca que si no se lo hiciera y más se arriesgan los recursos comunes en el mar.

Robert Schuman Centre for Advanced Global Governance Programme-488 WORKING PAPER “Managing Externalities in the WTO:  The Agreement on Fisheries Subsidies”, por Bernard M. Hoekman, Petros C. Mavroidis, y Sunayana Sasmal: https://cadmus.eui.eu

“Las conversaciones de la OMC sobre los subsidios a la pesca se remontan a 2001, ya que formaban parte de la Agenda de Desarrollo de Doha.2 La ronda de Doha fracasó en 2008, pero los miembros de la OMC continuaron con las negociaciones sobre los subsidios a la pesca. El AFS refleja una decisión de los ministros de recolectar una “cosecha temprana” sobre un tema en el que hubo consenso: la prohibición de subsidios para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)3 y la captura de poblaciones sobreexplotadas. Resultó imposible en la MC12 acordar disciplinas sobre subsidios que contribuyen a la sobrecapacidad o la sobrepesca.4 Las negociaciones sobre tales subsidios se dejaron para el futuro. Para incentivar a los miembros a completar el trabajo, se incorporó una cláusula de extinción que hace que el AFS sea provisional. Si no se negocian disciplinas integrales en materia de subvenciones en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del AFS, el acuerdo caduca (artículo 12 del AFS). El AFS es importante porque aborda el uso de un instrumento de política que puede tener consecuencias adversas significativas para los bienes comunes globales (Banco Mundial, 2017). Una implicación es el reconocimiento de que los efectos indirectos de las políticas transfronterizas se extienden más allá de las preocupaciones económicas (competitivas) e incluyen efectos ambientales. Alrededor del 60 % de los 35 000 millones de dólares estadounidenses estimados en subvenciones que se proporcionan anualmente a la pesca en todo el mundo estimulan el exceso de capacidad mundial de las flotas y la sobrepesca (Sumaila et al., 2019). Aunque el AFS solo cubre un subconjunto de los subsidios a la pesca dañinos, muchos miembros de la OMC brindan subsidios a las flotas pesqueras que practican la pesca INDNR, a través de medidas como el apoyo a la construcción naval y exenciones de impuestos para el combustible. Los subsidios a la pesca son solo un ejemplo, aunque importante, de una política económica nacional que genera efectos secundarios negativos a nivel internacional. Debido a que el uso de subsidios se ha convertido en una fuente importante de tensiones comerciales, la reforma de las normas de la OMC en esta área es una prioridad para muchos países. Como el primer acuerdo de la OMC posterior a 1995 que trata sobre subsidios5, el AFS proporciona una idea de hasta qué punto los miembros de la OMC están dispuestos a abordar las debilidades del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC).”

 

Nueva (y aparentemente) fundamental función del Estado: subsidiar la compra de juguetes en cuotas

Uno de los temas centrales de la política y la economía es qué funciones corresponde realizar al Estado. Las discusiones van desde preferencias políticas determinadas, hasta sofisticados desarrollos de teoría económica. Algunas argumentaciones son sofisticadas, pero hay algunas aplicaciones simples que cuesta explicar, incluso con los argumentos más serios.

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Por ejemplo, esta noticia muestra que ahora el Estado va a subsidiar la compra de juguetes (¡). ¿Es ésta una función del Estado? ¿Tiene éste tantos recursos que puede darse el lujo de subsidiar esto luego de haber cumplido con tantas otras funciones? ¿Sería el mercado incapaz de ofrecer financiamiento de la compra de juguetes? En fin, parece que ciertas ideas, en particular esas ideas keynesianas que sostienen que es la demanda la que impulsa la economía, llegan ya a extremos bastante absurdos. Veamos la noticia:

“En los tres primeros días de funcionamiento del programa Ahora 12 en la semana previa al Día del Niño, se realizaron más de 5000 operaciones por un monto acumulado de $ 7,4 millones y un ticket promedio de $ 1400, según datos de la Secretaría de Comercio. «La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe concentraron más del 80% del monto vendido», señaló un comunicado oficial.” (La Nación, 19/8/16).

Así es como el Ministerio de Producción justifica este programa:

“AHORA 12 es un Programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional. Con AHORA 12, los argentinos pueden comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. (*)

Porque cuando un argentino consume, muchos sostienen su trabajo.

Más de 100.000 comercios tendrán la posibilidad de adherirse al Programa. Los comercios adheridos deberán colocar el cartel identificatorio de AHORA 12 en sus vidrieras (ver información a comercios adheridos).

Apostar al consumo dinamiza la economía. Con la compra de cada argentino, nos beneficiamos los 40 millones.”

En verdad es el Banco Central es que financia el programa:

“El programa de consumo, que rige de jueves a domingos, establece que los negocios adheridos deben pagar un interés del 10% a las tarjetas de crédito para poder operar. A esta carga se suman los impuestos y un recargo del 3% que aplican las empresas emisoras de plásticos por las operaciones. Además, el dinero de la venta se acredita en las cuentas bancarias de los comerciantes después de 48 o de 72 horas. Para ahorrar costos, los comerciantes también pueden pagar un interés del 8% y cobrar el dinero de la venta en 10 días hábiles. Para que el plan funcione, y para que los negocios puedan financiar en 12 meses sin interés, el Gobierno, mediante el Banco Central, subsidia a las tarjetas y a los bancos con reducciones en las exigencias de los encajes, es decir en las inmovilizaciones de dinero como resguardo.” http://www.lagaceta.com.ar/nota/690235/economia/se-haran-cambios-plan-consumo-ahora-12.html

¿Hace falta decir algo? Dicen que el ministro de Producción pasó por clases donde se explica la economía y cómo su motor es la actividad emprendedora llevando adelante la inversión productiva. Si el consumo dinamiza la economía, salgamos todos a gastar, empezando por el Estado mismo y financien, por favor, las cuotas para las compras de todo, empezando por las del supermercado. Es más, ¿por qué doce cuotas? ¿No dinamizaría más la economía si fueran 120 cuotas? ¿O 1200? ¿Qué es lo frena el afán dinamizador de los funcionarios?

¿Subsidios o exenciones? Terminar con el régimen de Tierra del Fuego,…, o extenderlo a todo el país

El cálculo es demasiado simple y puede ser cuestionado de muchas formas. No proviene de ningún estudio profundo sobre el tema sino de una simple mención en un artículo que poco tiene que ver con el asunto. Se trata de un dato que aparece en una nota publicada en La Nación, dirigida principalmente a explicar la visión que tienen algunos empresarios sobre el futuro de las inversiones y los negocios en Argentina: http://www.lanacion.com.ar/1925442-los-secretos-que-llegan-desde-el-hoyo-19

Pero allí, se menciona esto: “Es justamente en Tierra del Fuego donde el gobierno de Macri decidió continuar con los beneficios impositivos de unos $ 14.000 millones. Se trata de unos 13.000 puestos de trabajo que se generan allí a través de 13 plantas. Sin embargo, la matriz productiva está comenzando a cambiar. Si bien se mantienen los equipos de TV, acondicionadores de aire y celulares producidos localmente, hoy se dejaron de fabricar los decodificadores de TV (se liberó la importación) y los equipos de PC y notebooks van camino a la extinción.”

aire acondicionado

Uno podría interpretar esto como que el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos. Desde esa perspectiva, significa que cada trabajo le cuesta un millón anual aproximadamente (si usamos el resto para tomar en cuenta el sueldo anual complementario), o casi 90.000 pesos por mes por puesto de trabajo creado. Casi 6.000 dólares por mes. Está claro que si hubiera tales sueldos, están muy por encima del promedio del resto del país, donde el salario mínimo de un supervisor es de 7756 pesos, o sea unos 517 dólares, aunque no sea un buen referente del salario promedio en el país.

Además, esto da como resultado que los argentinos terminan pagando celulares u otros equipos electrónicos a precios varias veces superiores a los que se consiguen en el mercado internacional.  En tal sentido, parecería ser un negocio para todos, pagarles un sueldo, que tal vez no sería tan alto y que se queden en su casa. El estado gastaría menos, y los demás compraríamos celulares a precios internacionales.

Claro, se dirá que no hay que contar solamente esos puestos de trabajo, ya que se originan otros como resultado de esta actividad. Pero, veamos, los empleos que se generan a partir del consumo que realizan esos trabajadores serían los mismos: ellos van a gastar en supermercados o ir a peluquerías tanto sea que reciban su ingreso de su trabajo subsidiado o de un cheque por no hacer nada. Quedaría la actividad que las industrias generan por adquirir insumos y otros gastos. Estos no son muchos tampoco porque estas empresas simplemente lo que hacen es armar equipos que vienen de afuera, y en algunos casos arman equipos luego que fueron desarmados para ingresar como partes y piezas.

Pero el tema que quier tratar aquí es otro. Tiene que ver con la frase anterior de que “el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos”. Quiero cuestionar esta interpretación, porque el estado no está “poniendo” si se trata de exenciones impositivas, sino que se está absteniendo de “tomar”, como lo hace en el resto del país.

En tal sentido, el reclamo, tal vez, no debería ser que se acaben estas exenciones, sino que se extiendan a todo el resto del territorio.

Políticas sociales en educación o salud: subsidio a la oferta o subsidio (¿privado?) a la demanda

Del Cap XVII

El subsidio a la oferta es ya tradicional: predomina en la mayoría de los países y se cuenta con una larga experiencia que permite evaluar sus resultados. La lógica de esta alternativa es la siguiente: existen personas que no pueden acceder a servicios básicos de educación, salud o vivienda, por lo que el Estado proveerá esos servicios, en muchos casos de forma gratuita. De esta manera, el Estado construye y administra hospitales, escuelas y viviendas, por ejemplo.

Pero el Estado no suele ser un buen administrador: sus funcionarios no tienen incentivos tan intensos como los del sector privado. En este, tanto las potenciales ganancias como las pérdidas actúan como un gran motivador para alcanzar la eficiencia; el premio puede ser importante, pero también es fuerte el castigo: los malos resultados llevarán a la pérdida del capital. En el ámbito público, es difícil implementar estos incentivos, ya que los funcionarios públicos no suelen ser remunerados con base a resultados, entre otras cosas por la dificultad de evaluar resultados cuando los servicios provistos no se “venden” y, por ende, no tienen precios que permitan el cálculo económico.

Por otra parte, con los objetivos de brindar un buen servicio en forma eficiente suelen mezclarse objetivos de otro tipo —políticos, por ejemplo—, que enturbian la tarea de los más eficientes profesionales a cargo de la gestión. El Estado termina entonces administrando grandes estructuras, muy poco ágiles y resistentes al cambio.

Por ejemplo, la educación pública universitaria es en Argentina tan costosa que le cuesta mucho más al Estado un graduado de lo que hubiera costado pagarle toda la carrera en una universidad privada, incluso entre las mejores del exterior. Si se divide el presupuesto universitario por la cantidad de graduados que habrá en el 2012 la cifra es de 52,386 dólares. Si se la divide, en cambio, por los inscritos, la suma es de 3,083 dólares, señalando los efectos de una política permisiva para el ingreso, que permite un influjo masivo en alumnos que luego desertan en una alta proporción (La Nación, 9/10/2011).

Existe una alternativa, que es esta: en vez de subsidiar a la oferta, subsidiar a la demanda. En lugar de administrar esas grandes estructuras burocráticas, administrar simplemente un sistema de subsidios a la compra de esos servicios en forma competitiva. Es decir: si los más necesitados no pueden acceder a salud, educación o vivienda, no se debe montar toda una estructura para ofrecer esos servicios, sino permitir que los usuarios los adquieran eligiendo entre distintos proveedores.

Veamos esto en un área tan fundamental para el progreso de los países como es la educación. Se presentan al respecto las alternativas de provisión de educación, que se muestran en el siguiente cuadro:

 

Cuadro 1: Alternativas de provisión de educación
Operadas por el gobierno →  

 

NO

Financiadas por el gobierno ↓
Escuelas públicas Escuelas charter
NO -.- Escuelas privadas

Autoeducación-tutores

Educación en la casa

 

Las escuelas públicas, como ya lo hemos comentado, se enfrentan a un serio problema de incentivos y, por lo tanto, no alcanzan a ser eficientes por más que se ensayen todo tipo de reformas. Los fracasos de la educación pública para los pobres están realmente bien documentados. Por ejemplo, un informe del organismo británico de ayuda al exterior, Oxfam, señala que “no se puede dudar del atroz estándar de la provisión de educación pública en todo el mundo en desarrollo” (The Probe Team 1999, p. 47). La Unesco informa que en ciertos lugares de África “los puntajes educativos basados en pruebas de elección múltiple son tan bajos que son casi al azar, lo que indica que asistir a la escuela tiene poco o ningún valor. En estas circunstancias, no es difícil ver por qué muchos hogares pobres consideran el gasto en educación [pública] como un mal uso de los escasos recursos” (Unesco 2005, p. 18).

El ausentismo docente es uno de los principales problemas. Una encuesta sobre los recursos disponibles en materia de educación en cuatro estados del norte de India tuvo resultados, al menos curiosos. Cuando los investigadores llegaron, sin anunciarse, a una gran muestra tomada al azar en escuelas gubernamentales, solo en la mitad de ellas había alguna “actividad docente” en marcha. En un tercio de las mismas, el director estaba ausente (World Development Report 2004, p. 24).

Y esto no ocurre solamente en India. En la edición 2005 de EFA Global Monitoring Report, de la Unesco se informa: “Encuestas al azar confirman en muchos países que el ausentismo docente sigue siendo un problema constante. La necesidad de tener un segundo trabajo, los estándares profesionales relajados y la falta de apoyo de las autoridades educativas son causas comunes”.

Si le sumamos al ausentismo el problema de la corrupción y los sobornos dentro de los sistemas estatales, la falta de compromiso y de preparación de los maestros, y la malversación de recursos, resulta fácil ver por qué a los expertos en desarrollo no les extraña encontrar opiniones similares sobre los problemas de la educación estatal para los pobres. En su edición 2004 de World Development Report, el Banco Mundial lo llama “fracaso del gobierno”, con “servicios tan deficientes que sus costos de oportunidad sobrepasan los beneficios para la mayor parte de la gente pobre” (p. 113).

Sin embargo, los mismos expertos en desarrollo expresan que la única manera de progresar consiste en brindar más educación estatal, apoyada con miles de millones más de ayuda internacional. La edición 2004 de World Development Report concluye el hecho de que “los recursos de que se dispone en materia de educación han fracasado en la creación de una educación efectiva y al alcance de todos, no implica que la solución sea un enfoque radicalmente diferente” (p. 18).

Dadas estas circunstancias, parece razonable considerar otras alternativas para proveer educación. Es a las que se encuentran en los otros cuadrantes del gráfico anterior a las que se les ha prestado mayor atención en los últimos tiempos.

El ‘fracaso’ de los gobiernos: las consecuencias no deseadas de las regulaciones y los subsidios

En un interesante informe publicado por Cato, Chris Edwards plantea el tema de porqué fracasa el gobierno. Viejo tema, por supuesto, donde analiza los problemas básicos de falta de conocimiento y de débiles o desviados incentivos para alcanzar la eficiencia, por lo que el gobierno norteamericano, como otros, se destaca por ser incompetente y despilfarrador. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa777.pdf

Pero, al margen del análisis específico que trae el trabajo, quisiera presentar aquí los simples argumentos del análisis acerca de esa eficiencia, tanto sea de los impuestos que el estado cobra, como de los subsidios que otorga. Así, dice Edwards:

“Los mercados permiten a millones de personas y empresas que coordinar sus actividades. Los precios son la clave para que los mercados realicen dos funciones. En primer lugar, los precios agregan y comunican información en constante cambio acerca de los recursos, los gustos y la tecnología. En segundo lugar, los precios crean incentivos para producir y consumir de manera eficiente. Si un recurso se espera que sea escaso, por ejemplo, el precio sube y la gente comienza la reducción de su uso de ella mientras se cambia a otros productos.

Grandes cantidades de dichos ajustes se hacen de forma continua, dirigiendo la economía hacia niveles más altos de producción e ingresos. Los inversores y los empresarios dirigen sus recursos para las industrias más prometedoras. Los trabajadores descubren dónde utilizar mejor sus habilidades y añadir valor. Las empresas se esfuerzan por mantener su producción y a sus clientes felices. Hay un montón de errores, pero los precios continuamente ajustan para mantener todo en camino y en movimiento.

Consecuencias no deseadas

Cuando el gobierno federal interviene en la economía con subsidios y regulaciones, arroja una traba en el mecanismo de los precios. Si apoya los precios de la agricultura, por ejemplo, ayuda a los agricultores, pero también los motiva a la sobreproducción de cultivos subvencionados y a producir una cantidad insuficiente de otros, más valiosos. Las leyes de salario mínimo están destinadas a ayudar a los trabajadores, pero elevan el costo de la contratación de los trabajadores de baja calificación las empresas contratan a menos de ellos.

Al igual que con los impuestos, subsidios y regulaciones hacen que las personas cambien sus esfuerzos productivos, lo que impone pérdidas de eficiencia en la economía. Considere la posibilidad de un programa social. Los aumentos de los impuestos necesarios para financiar el programa inducen a los contribuyentes a trabajar menos, mientras que el gasto inducirá a los receptores de asistencia social a trabajar menos. El difunto senador Daniel Patrick Moynihan de Nueva York, dijo: «No puede afirmarse con demasiada frecuencia que la cuestión del bienestar no es lo que cuesta a aquellos que la proporcionan, sino lo que le cuesta a los que la reciben.» En realidad, son ambos efectos a la vez.

Subsidios

La Figura 3 ilustra las pérdidas de eficiencia creadas por un programa de subsidios agrícolas. Se plantea la hipótesis de un mercado donde las personas sin subsidio compran 100 millones de mazorcas de maíz por 50 centavos cada una. Dado que los mercados son voluntarios, sabemos que los clientes valoran las mazorcas a 50 centavos la pieza o más, y sabemos que el costo de producir la mazorca es de 50 centavos la pieza o menos. Supongamos ahora que el gobierno subvenciona a los agricultores 10 centavos por mazorca. Los agricultores cultivarán más maíz y reducirán sus inversiones en otras actividades.

En la figura, las mazorcas adicionales costarán más para producir de 50 centavos de dólar, pero sería valorado por los consumidores en menos de 50 centavos. Por tanto, la subvención ha destruido valor porque la producción cuesta más de lo vale la pena. La cantidad de valor destruido es la pérdida de peso muerto, que se muestra en la figura como el triángulo gris.

Podríamos hacer diagramas similares para cientos de los programas de subsidios y regulaciones federales. los legisladores federales tienen la intención de ayudar a la gente, pero sus intervenciones inducen a la gente a cambiar su comportamiento en formas que socavan la economía.

Agua: precios, regulaciones y lobby. El fracaso del Estado en un elemento esencial para la vida

Tal vez uno de los ejemplos más evidentes de fracaso de las regulaciones estatales, donde predominan los criterios políticos sobre los económicos, sea el caso del agua. El precio “político” del agua termina promoviendo su despilfarro, como veremos, tanto en el sur, como en el norte.

Drop in water

En un podcast reciente de EconTalk, Russ Roberts conversa con David Zetland, profesor de la Universidad de Leiden en Holanda: http://www.econtalk.org/archives/2015/03/david_zetland_o.html

Abre la conversación con lo que los alumnos de Derecho pensarán que es el tema central, el “derecho al agua”:

“Russ: Nuestro tema hoy es el agua, la materia de la vida, y lo que la economía tiene que decir al respecto. Estaremos hablando de su nuevo libro, “Living with Water Scarcity”, disponible gratis en Internet. Mucha gente sostiene que el agua es un derecho, una necesidad, y nadie debería pagar por ella. ¿Qué responde a ello?

Zetland: Hay tres respuestas. La primera es que el agua puede que sea un derecho, pero llevar el agua hasta tu casa o tu canilla o tu campo si eres campesino, va a costar algo en términos de energía, infraestructura y otras cosas. Segundo, si el agua es un derecho –y, por ejemplo, si la vas a dar gratis- entonces la gente va a usar mucha agua en base a ese precio. Y eso puede generar un problema de escasez porque la demanda es mayor que la oferta. Tercero, lo que surge en las discusiones sobre el agua como un derecho humano es que tan sólo que lo hagas un derecho no significa que el gobierno vaya a entregarte el agua. Parece una falacia que desvía la atención, porque la gente se distrae con leyes y derechos en lugar de temas más importantes como la de un régimen sobre el manejo del agua.”

Daniel Shapiro comenta sobre el tema en el blog “Bleeding Heart Libertarians”: http://bleedingheartlibertarians.com/2015/04/pricing-water/

“Es una práctica muy común poner un precio más bajo –a veces mucho más bajo- que su precio de mercado, lo que significa, por supuesto, que la demanda excede a la oferta. Las consecuencias de esto en los países rico como los Estados Unidos incluyen daño ambiental –en parte de California los acuíferos se están vaciando en forma insostenible, también río y lagos enteros, fomento de la urbanización ya que las nuevas comunidades no pagan el costo de su demanda adicional.

Lo que encontré más sorprendente fueron las consecuencias para los países más pobres, donde el subsidio al agua es más pronunciado. Dice Zetland: ‘Una situación típica en la India, por ejemplo, es que el precio es muy bajo. Entonces, no hay ganancias para la empresa. Proveerán agua solamente al centro urbano, no a la periferia o los barrios marginales. Y además la proveen durante ciertas horas del día. Es un escenario típico de país pobre. Lo que sucede entonces es que la gente tendrá que conseguir agua de tanques cisterna, bombear todo lo que encuentren. Esto tiende a generar presión negativa, hace fluir los derrames de las cloacas, si es que éstas existen. Entonces tienen contaminación y todo tipo de problemas en la oferta. Y esto tiene directamente que ver con un gobierno que pone un precio fijo sobre el agua porque creen que es la forma adecuada de ayudar a los pobres.”

“Los controles de precios a menudo dañan a la misma gente que se quiere ayudar. Algo que aprendí de este podcast es que los controles de precios sobre el agua son una de las formas más perniciosas de control, particularmente en países pobres. O, para ponerlo en forma más positiva, un precio adecuado del agua es una reforma que traería enormes beneficios a la gente más vulnerable del planeta.”

Ryan McMaken comenta sobre el problema en California y la influencia del ‘lobby’ agrícola: http://mises.org/library/drought-and-failure-big-government-california

“El gobernador de California, Jerry Brown, anunció que los ciudadanos y pequeños negocios –entre otros- verán restringido su uso de agua, que será monitoreado y sujeto a duras penas si los agentes estatales determinan que se ha utilizado mucha agua. Notablemente ausente de esta lista de aquellos sujetos a restricciones están los mayores usuarios de agua: los granjeros.

La agricultura es el 80% del consumo de agua del estado, pero 2% de su economía. Para ponerlo más claro: bajo el nuevo plan de agua de Jerry Brown, se puede usar un galón de agua subsidiada para producir una sola almendra en el desierto, pero si te das una ducha muy larga debes prepararte para una multa de 500 dólares por día.”

¿Una aerolínea estatal que pierde dinero o un Mercado competitivo, incluso con aerolíneas extranjeras?

La discusión en Argentina sobre la aerolínea estatal se concentra en si ésta gana o pierde dinero. Con todo lo importante que ese tema es, no es el más importante, ya que lo es más tener la posibilidad de viajar con buenos servicios a precios competitivos. Y esto no depende de una mejor o peor gestión de la empresa, sino del marco regulatorio del sector. Si éste, como ocurre, impide la competencia, entonces hay pocas opciones; si los precios son regulados no podemos esperar buenas ofertas.

Aerolineas

En muchos países, por el contrario (Estados Unidos, Europa), los mercados fueron desregulados, abiertos a la competencia, con resultados espectaculares. Aun así, todavía quedan cosas por hacer. Comenta al respecto Kenneth Button en un artículo publicado en la revista Regulation del Cato Institute (“Really Opening Up the American Skies”): http://www.cato.org/regulation/spring-2014

“Desde que se eliminaron la mayor parte de los controles económicos a fines de los 70s, el volumen de tráfico se ha multiplicado varias veces, las tarifas ajustadas por inflación han caído, la computarización a revolucionado la forma en que compran los pasajes, las millas de viajeros frecuentes se han convertido en una segunda moneda, el rango de rutas disponibles –siempre que estés dispuesto a cambiar de avión- ha aumentado a un nivel irreconocible y las empresas de bajos costos llegaron, y algunas, se fueron. La mayor parte de las aerolíneas ya no nos cobra por las valijas que otros llevan o la comida que no queremos aun en los raros casos en que era buena. Por cierto, la naturaleza del servicio ha cambiado, con menos espacio para las piernas y menos refrescos, cargos por valijas chequeadas, filas para subir al avión y, Dios lo permita, un pasajero al lado. Volar ahora es transporte, no una experiencia, se ha vuelto un producto.”

“Las ganancias fueron de distinto tipo, incluyendo tarifas más bajas, más servicios, más opciones de rutas, dando como resultado que la cantidad de pasajeros transportados creció de 250 millones en 1978 a 815 millones en 2012. Según la Asociación Americana de Transporte Aéreo las tarifas cayeron un 67% en relación a las del período regulado. Y si bien el número de vuelos a ciudades pequeñas se redujo un 25% entre 1970 y 1975 la competencia llevó a que muchas más de ellas recibieran vuelos directos en 1983 de los que recibían en 1978. La cantidad de trabajadores en la industria aumentó en 30.000 a los dos años de la desregulación.”

Pero como la regulación cierra la entrada a la competencia extranjera, el mercado se ha ido concentrando en unas pocas aerolíneas grandes: American (21,1%), Delta (16,3%), United (16%, Southwest (15,1%).

El artículo menciona que si bien la desregulación abrió el mercado a la competencia, no lo abrió a la competencia internacional. El mercado local sigue protegido: una línea aérea extranjera puede realizar vuelos internacionales hacia y desde los Estados Unidos pero no puede ofrecer vuelos locales. Si esa barrera cayera la competencia se multiplicaría en forma casi inmediata. No hay barreras “técnicas” de entrada porque las aerolíneas extranjeras ya tienen la capacidad como para ingresar al mercado: una línea aérea podría hacer un vuelo Frankfurt-Nueva York-San Francisco y subir pasajeros en NY hasta SF, algo que ahora no puede hacer porque ese en un vuelo de “cabotaje”.

Imaginemos ahora si en Argentina, Air Europa pudiera hacer un vuelo Madrid-Buenos Aires-Mendoza, y pudiera ofrecer el tramo Buenos Aires-Mendoza. O TAM hiciera un vuelo San Pablo-Córdoba-Bariloche y también ofreciera el tramo Córdoba-Bariloche.

Y no solo eso, imaginemos si Avianca o Copa o Lufthansa pudieran ofrecer, no ya un tramo de un vuelo internacional sino directamente vuelos locales: Rosario-Tucumán o Buenos Aires-Salta, o Córdoba-Misiones, o lo que fuera. ¿Los pasajeros se verían perjudicados? Siguiendo los resultados de la desregulación mencionados antes, las tarifas caerían, los vuelos se multiplicarían y hasta habría más empleos en la industria.

O sea que no son solamente las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, sino todos los beneficios que los consumidores pierden.

 

Los chinos subsidian la producción de paneles solares. Bienvenidos sean.

Cuando otros gobiernos subsidian ciertos productos para que éstos tengan precios más bajos en el mercado internacional, algunos productores locales pueden verse perjudicados. Esta es la historia que normalmente se ve, ya que estos productores protestarán vívidamente contra este “dumping” y solicitarán algún tipo de barrera que los proteja.

Lo que este argumento no deja ver es que todos, como consumidores, nos beneficiamos de los precios más bajos de estos productos. Pierre Lemieux, en un artículo en la revista Regulation, plantea el caso de los paneles solares producidos en China y exportados a los Estados Unidos, y un efecto adicional: si se promueven medidas “anti-dumping” contra estos paneles se potencia el problema del calentamiento global: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/10/regulationv37n3-8_1.pdf#page=4

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“El argumento oficial a favor de esas tarifas anti-dumping es que los productores locales de paneles solares y componentes son perjudicados por la competencia desleal de competidores chinos subsidiados por su gobierno. Pero, ¿por qué tendrían que importarnos los subsidios? ¿Por qué deberían rechazar los consumidores el consumo de bienes subsidiados por gobiernos extranjeros cuando ellos mismos aman a los que son subsidiados por el gobierno local? Pensemos en el transporte, la educación, o incluso todo el campo de la ciencia y la tecnología. Algunas estimaciones dicen que la proporción de investigación aplicada financiada por distintos niveles de gobierno es del 40%. Las energías renovables son subsidiadas. El desarrollo solar ha sido subsidiado por gobiernos norteamericanos aunque, en verdad, menos (o menos directamente) de lo que el gobierno chino subsidia a sus productores. En 2012, los fabricantes de paneles solares Solyndra y Abound quebraron, y le costaron cientos de millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos en garantías de préstamos.”

“En síntesis, los norteamericanos deberían estar encantados de que los desafortunados contribuyentes chinos paguen parte del costo de los paneles solares. Y la Tierra debería sonreír también”.

“¿Quién se beneficiará de esta última ronda de protección arancelaria? Respuesta: los productores locales de paneles solares y componentes. Un arancel generalmente aumenta en su total magnitud no solamente el precio del bien importado, sino también el del productos equivalente producido localmente porque los productores locales tomarán ventaja de este precio mayor y producirán más del bien a un costo marginal más alto. Y productores submarginales, quienes no podían ser rentables al precio más bajo, entran al mercado (o no lo dejan).”

“Hay dos casos cuando el precio local puede no subir por el monto total del arancel: el primero es cuando el arancel es tan alto que permite a los productores locales satisfacer toda la demanda interna, matando a las importaciones; en tal caso el arancel es prohibitivo. El segundo caso es cuando el país donde se impone el arancel provee una parte significativa de la demanda mundial, en cuyo caso el precio local subirá solamente una cierta proporción del arancel, dependiendo de la importancia de la demanda local respecto a la global.”

“Es una demostración común en la teoría del comercio internacional que un arancel casi siempre cuesta a los consumidores más de lo que ganan los productores y contribuyentes (los contribuyentes indirectamente ganan los aranceles pagados por los importadores). Y el “casi siempre” se vuelve “siempre” si se considera el beneficio de los consumidores y productores de todo el mundo, esto es, si se asume que el beneficio de un norteamericano no cuenta más que el de un extranjero. Un arancel resulta un costo neto local porque artificialmente empuja al precio del bien protegido, reduce su consumo (y el excedente del consumidor) y motiva a las empresas locales a producir algo que sería menos costoso importar.”

“No es claro si el arancel en los paneles solares genera más empleos entre los productores protegidos de los que se pierden en los que instalan paneles. Pero esto no importa, no importa el empleo sino el beneficio de los consumidores. Se podrían crear muchos empleos prohibiendo tecnología –digamos, prohibiendo las motosierras-. Estos “empleos artificiales”, sin embargo, serían una pérdida porque estaríamos trabajando más para obtener menos. Si los contribuyentes chinos nos mandan regalos, los escasos recursos que se liberan podrían usarse para producir otros bienes y servicios deseados. El argumento de los empleos no es válido.”

Subsidian a unos, benefician a algunos, perjudican a otros, y lo terminan pagando todos

Los subsidios son la aplicación de fondos obtenidos por medio de impuestos u otros ingresos fiscales para favorecer ciertas actividades. Como tales, está claro que se benefician quienes los reciben y se perjudican quienes los pagan (los contribuyentes). Pero el perjuicio no es solamente para quienes los pagan con sus impuestos también para quienes compiten con los receptores y, a su vez, no los reciben. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se subsidian exportaciones.

Daniel Ikenson plantea este tema en “The Export-Import Bank and its Victims” (Policy Analysis 756, Cato Institute): http://www.cato.org/blog/export-import-bank-its-victims-which-industries-bear-brunt

Según su análisis los subsidios del llamado “Ex-Im Bank” genera costos en 189 de 237 categorías industriales por un monto de $2.800 millones por año. Entre las industrias más perjudicadas se encuentran las de fabricación de chasis de automotores, elementos de almacenamiento digital y equipos fotográficos y fotocopiadoras. Las industrias más perjudicadas son las de equipos eléctricos, muebles, alimentos, productos no metálicos y químicos. Las cinco industrias más afectadas representan el 50% o más del PBI en siete estados y las 10 principales víctimas producen dos tercios del PBI industrial en 22 estados.

Comenta el autor:

“El financiamiento del Ex Im ayuda a dos grupos de empresas (en el corto plazo): las empresas norteamericanas cuyos precios de exportación resultan subsidiados por tasas de financiación más bajas que las del mercado y las empresas extranjeras que compran esas exportaciones subsidiadas. Es claro entonces, que estas transacciones pueden imponer costos en otros dos grupos de empresas: empresas norteamericanas compitiendo en la misma industria y que no reciben el apoyo del Ex Im, y empresas norteamericanas cuya competencia externa ahora se beneficia de menores costos de capital, cortesía de los subsidios del gobierno.”

“Pero hay al menos tres costos que son esenciales para determinar los beneficios netos del Ex Im:

1) el “costo de oportunidad”, representado por el crecimiento de las exportaciones que hubiera ocurrido si los recursos del Ex Im se hubieran invertido en el sector privado

2) el “costo intra-industrial”, representado por la desventaja del costo relativo impuesto sobre otras empresas en la misma industria y,

3) el “costo de la cadena de valor”, representado por la relativa desventaja de costo impuesta sobre los competidores el ahora subsidiado cliente externo”.

Delta

“Para dar un claro ejemplo. Delta Airlines se ha quejado mucho porque el Ex Im Bank facilita las ventas de aviones Boeing a aerolíneas extranjeras, tales como Air India. Delta, con razón se queja que el gobierno de los Estados Unidos tiene una política de subsidiar a la competencia externa de Delta reduciendo los costos de capital de Air India. Esa reducción de costos le permite a Air India ofrecer precios más bajos en su competencia por pasajeros, lo cual tiene un impacto directo en los resultados de Delta.”