Derechos de los hijos y deberes de los padres: ¿tienen éstos la obligación legal de cuidarlos? (II)

¿Qué derechos tienen los padres sobre sus hijos? Toda filosofía política y jurídica busca ofrecer respuestas a todas las preguntas sobre derechos. También la libertaria, que, como otras, no está exenta de discusiones. Steven Horwitz, Charles A. Dana Professor of Economics at St. Lawrence University discute a un reconocido Libertario como Murray Rothbard, en su artículo “A Hayekian Theory of Parental Rights”: http://www.cato.org/policy-report/septemberoctober-2015/hayekian-theory-parental-rights

“El argumento de Rothbard se basa en la centralidad del consentimiento en la tradición liberal clásica como justificación de los derechos y responsabilidades. El ejemplo paradigmático de consentimiento es el que expresamente vemos en un contrato escrito asociado a un intercambio voluntario. Sin embargo, como ha sostenido el jurista Tom W. Bell, esa forma de consentimiento se encuentra en un extremo de la escala de consentimientos y rechazos cuya capacidad de justificar la validez de una acción variará. La escala de Bell va desde el ‘consentimiento expreso’ pasando por el implícito, hipotético y luego el expreso rechazo. Como el lenguaje contractual que indica el acuerdo de las partes a realizar determinadas acciones es la forma más fuerte de consentimiento, también lo es el lenguaje contractual expreso que indica la no-voluntad de aceptar acciones específicas como parte del no-consentimiento.

El enfoque de Bell sobre la gradualidad del consentimiento no da un camino para considerar el proceso por el cual los padres aceptan los derechos y responsabilidades de la paternidad. La adopción tiene muchas de las características del consentimiento expreso, ya que los padres toman pasos legales específicos para adquirir los derechos de la paternidad. En cambio, concebir un hijo y llevarlo a casa desde el hospital no muestra un consentimiento expreso similar. Como señala Bell, el consentimiento expreso sigue siendo el estándar para evaluar el consentimiento, y las otras formas con más fuertes cuanto más cerca estén del consentimiento expreso. Aunque los padres naturales nunca realizan un acto expreso de consentimiento, la decisión expresa de intentar concebir un hijo, junto con la decisión expresa de continuar el embarazo y la decisión expresa de mantener al hijo en la casa después de su nacimiento, todas suman una forma muy fuerte de consentimiento explícito que se acerca al consentimiento expreso, pese a que no haya un momento específico en que los padres acuerden sus obligaciones legales como padres.

El enfoque del consentimiento gradual también nos permite evitar la conclusión, lógicamente consistente pero ofensiva, de Rothbard de que los padres podrían legalmente descuidar a sus hijos. Una vez que reconocemos que el consentimiento no es una opción binaria entre consentimiento expreso y no consentimiento, podemos construir una visión de las obligaciones parentales hacia los niños que se deriva del consentimiento expreso o el consenso implícito de sus responsabilidades vía una variedad de formas de acción que realizan para afirmar sus derechos. Habiendo asumido responsabilidades a través de formas de consentimiento que son fuertemente justificadas, la falta de atención tendría una base para la acción legal.”

Sin embargo, no necesariamente Horwitz piensa que el estado tiene que intervenir en caso de descuido:

“Podemos preguntarnos si en el caso de descuido de los padres existen otras instituciones en la sociedad civil, no estatales, que podrían ayudar a los padres a actuar de mejor forma (Instituciones religiosas, grupos de vecinos, parientes, etc.)…

Derechos de los hijos y deberes de los padres: ¿tienen éstos la obligación legal de cuidarlos? (I)

¿Qué derechos tienen los padres sobre sus hijos? Toda filosofía política y jurídica busca ofrecer respuestas a todas las preguntas sobre derechos. También la libertaria, que, como otras, no está exenta de discusiones. Steven Horwitz, Charles A. Dana Professor of Economics at St. Lawrence University discute a un reconocido Libertario como Murray Rothbard, en su artículo “A Hayekian Theory of Parental Rights”: http://www.cato.org/policy-report/septemberoctober-2015/hayekian-theory-parental-rights

“Uno de los más completos y tristemente célebres discusiones sobre los derechos parentales se encuentra en el libro de Murray Rothbard: “Ética de la Libertad”. Rothbard correctamente sostiene que los niños tienen un derecho a la auto-propiedad en virtud de ser adultos potenciales. Esto impide que sean tratados estrictamente como propiedad de los padres. Sin embargo, Rothbard también argumenta que, aunque el derecho a la auto-propiedad de los niños prohíbe a cualquiera, incluyendo sus padres, agredirlos, ese derecho no crea ‘una obligación legal de alimentarlos, vestirlos o educarlos’. “La ley, por lo tanto no puede forzar a los padres a alimentar a un hijo para mantenerlo vivo”. En otras palabras, los padres no pueden abusar de sus hijos, pero pueden descuidarlos. Sus acciones pueden ser inmorales, pero no pueden propiamente ser consideradas ilegales.

La principal premisa en el argumento de Rothbard es que si la paternidad implicara una obligación de alimentar o vestir, significaría que los padres son coercionados para realizar ‘actos positivos…, privando a los padres de sus derechos. Como la versión libertaria de Rothbard se basa en derechos naturales y comienza con lo que llama “axioma de la no agresión”, cualquier situación en la que el estado fuerce a una persona (que no ha iniciado la fuerza) a actuar de una cierta forma, constituye una violación del derecho fundamental a no ser agredido. La respuesta natural es que los padres han aceptado voluntariamente esa obligación de cuidado en primer lugar, al haber creado al hijo, por lo que tener un hijo constituye una forma de obligación contractual de los padres. Si es así, asegurar que los padres no descuidan a los hijos no es un tema de coerción, sino un legítimo cumplimiento de un contrato.

La respuesta de Rothbard a esta crítica es presentar una serie de contra-ejemplos que buscan mostrar el absurdo de lo que llama “argumento creacionista”. Correctamente se pregunta si esto puede ser así en el caso de un hijo concebido en una violación. Pero también se pregunta cómo puede ser legítima la adopción o custodia si esa gente no participó en crear al niño. Lo que parece olvidar en la discusión es la idea que la obligación de cuidar a un niño no proviene de un acto sexual de creación per se, sino de asumir derechos legales asociados con convertir a un niño en ‘su hijo’. En la mayoría de los casos, la creación sexual y la asunción de derechos coinciden, cuando al nacer los padres cumplen ciertos pasos para establecer que desean mantener al niño y consienten con la obligación que lo acompaña. Sin embargo, padres adoptivos, tal vez aún más claramente que los padres naturales, tiene que cumplir ciertos pasos afirmativos en el sistema legal para obtener derechos paternales, lo que hace más claro que han consentido respecto a sus obligaciones con el niño que llega con esos derechos.

Las obligaciones parentales surgen cuando los padres realizan el acto positivo de tratar a los niños como de ellos, afirmando sus derechos paternales, y aceptando, por ende, sus correspondientes obligaciones. En este sentido, llevar a un niño a casa desde el hospital es análogo a ocupar una tierra sin dueño (homesteading): los padres están declarando a los demás que el niño es suyo, y que por lo tanto aceptan las responsabilidades de cuidarlos que vienen con el ejercicio de derechos paternales. Si alguien trae un niño al mundo y no quiere ocuparse, tiene la obligación de arreglar su cuidado encontrando alguien que lo haga y quiera asumir sus derechos y responsabilidades.

Los niños deben ser cuidados, y no pueden consentir quienes serán sus cuidadores. Por ello, el acuerdo que asumen cuando asumen derechos y responsabilidades paternales no es con el niño directamente. En cambio, es un acuerdo implícito “con todos los demás”, que surge cuando los padres ejercen de facto derechos paternales que crean obligaciones de jure para ocuparse del cuidado de los niños. Y esta es la razón por la que toda forma de abuso o crueldad, una forma extrema de descuido, debe ser demandable en un mundo libertario. Aceptar derechos paternales pero rechazar las correspondientes obligaciones de cuidado es una forma de incumplimiento de contrato. De nuevo, el contrato implícito en cuestión no es con el niño, sino con ‘todos los demás’. Dada la incapacidad de los niños, alguien tiene que proveer su cuidado, y aquellos que actúan de forma que ejercitan derechos paternales están simultáneamente anunciando su voluntad para aceptar la obligación de cuidarlos. A través de la historia, hemos visto distintas tradiciones religiosas capturar la idea a través de ceremonias como el bautismo. Se han mantenido debido a la importancia de la declaración de la adquisición de derechos parentales y la aceptación de sus obligaciones.”

Entiendo el argumento porque el de Rothbard parece muy duro, aunque señala claramente la diferencia entre una condena moral a padres que no se ocupen de sus hijos y una legal, negando la segunda y aprobando la primera, pero me pregunto, qué otros ‘contratos con los demás’ tenemos?, y quién los ha firmado? Esto nos llevaría nuevamente al tema del contrato social…., sobre lo que ya se ha escrito bastante aquí.

Sigue…

Bootlegers and Baptists; Atorrantes e inocentes colaboran para obtener regulaciones favorables

En muchas políticas regulatorias confluyen intereses diversos para promoverlas. Dwight Lee escribe un artículo al respecto en la revista Regulation del Cato Institute, con el título: ”¿Necesita la libertad de ‘contrabandistas’? http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/6/regulation-v38n2-3.pdf

Toma para ello el título que pusiera a su investigación y libro, Bruce Yandle, en inglés: “Bootlegers and Baptists”, algo así como decir “atorrantes e inocentes”. Esto explica Lee:

“El profesor de Clemson University (ahora afiliado el Mercatus Center de George Mason University), Bruce Yandle introdujo primero la metáfora de Bootlegers and Baptists, para explicar cómo distintas motivaciones se complementan entre sí para obtener la aprobación de ciertas regulaciones gubernamentales. Bootlegers y Baptists representan a grupos que explícita o implícitamente  trabajan juntos para obtener legislación que ambos favorecen, pese a tener muy diferentes motivos.

Bootlegers

 

La terminología de Yandle se basa en reales Contrabandistas y Bautistas, quienes trabajaron juntos para que se prohíba la venta de alcohol los días Domingo. La motivación de los Contrabandistas era reducir la competencia de la oferta legal de alcohol, mientras que la de los Bautistas era lo que consideraban un pecaminoso consumo de alcohol el día del Señor. En general, los Contrabandistas tienen un fuerte interés financiero en la aprobación de esa legislación, mientras que los Bautistas la favorecen por lo que entienden son razones nobles que se extienden más allá del interés propio.

La importancia para los Contrabandistas resulta de estar organizados alrededor de un interés particular que puede ser aumentado influyendo en el proceso legislativo. Así, son persistentes y enfocados en la acción política donde típicamente superan a los Bautistas, quienes normalmente están menos organizados y más ocupados con intenciones nobles más que detalles legislativos. Mientras que la persistencia y concentración de los Contrabandistas es importante para que la legislación sea aprobada, son más exitosos cuando su estrecho interés particular se esconde detrás de lo que se ve como una plausible preocupación por el interés público. Los Bautistas proveen esa preocupación.

Si bien es posible que se apruebe legislación sólo con la influencia política de los Contrabandistas, o de los Bautistas, es menos probable. Pero si un grupo debe ir sólo, los Contrabandistas probablemente serán más exitosos que los Bautistas. Como Yandle y su nieto, el economista de Johnson & Wales University, Adam Smith (sic!), explican en su libro Bootlegers and Baptists de 2014: “Las apelaciones morales a través del proceso político, sin que sean acompañadas de beneficiarios financieros escondidos,  son con un barco a vela sin viento”.

Joseph Stiglitz, ya con su premio Nobel, redescubre la rueda: el ser humano no es un ‘homo-economicus’. Bienvenido

Algunos economistas, incluyendo como en este caso con premio Nobel y todo, parecen descubrir la rueda cada tanto. Uno se pregunta dónde estaban hasta ahora. Este parece ser el caso de Joseph Stiglitz, quien acaba de publicar en NBER un artículo junto a Karla Hoff, titulado: “Striving for balance in Economics: Towards a Theory of the Social Determination of Behavior”: http://www.nber.org/papers/w21823.pdf

El resumen dice así:

“Este artículo es un intento de ampliar el discurso económico estándar importando conceptos a la conducta humana no solo de la sicología, sino también de la sociología  y la antropología. Mientras que el concepto de que el tomador de decisiones es el actor racional en la economía estándar y en los primeros trabajos de la economía de la conducta lo es el actor cuasi-racional influenciado por el contexto en el momento que toma la decisión, en algunos trabajos recientes de la economía de la conducta el tomador de decisiones podría ser llamado “el actor culturalizado”. El conocimiento y las preferencias de este actor están sujetas a dos influencias sociales profundas: (a) los contextos sociales a los que ha estado expuesto y, especialmente, acostumbrado; y (b) los modelos mentales culturales –incluyendo categorías, identidades, narrativas y visiones del mundo- que utiliza para procesar información. Consideramos ahora cómo esos factores forman la conducta individual a través de la determinación endógena tanto de las preferencias como de los lentes a través de los cuales los individuos ven el mundo –su percepción, categorización e interpretación de situaciones. Ofrecemos una taxonomía tentativa de los determinantes sociales de la conducta y describimos los resultados de experimentos controlados y naturales que solamente una visión más amplia de los determinantes sociales de la conducta pueden plausiblemente explicar. La perspectiva sugiere nuevas herramientas para promover el bienestar y el desarrollo económico”.

Bienvenido Stiglitz a una visión “clásica” y “austríaca” del individuo y la acción humana.

Mises, por ejemplo, dice en La Acción Humana: “no podemos acercarnos a nuestro sujeto si no consideramos el significado que la persona asigna a su situación”. Y Hayek en “La Contra-revolución de la Ciencia”: “…a menos que podamos entender lo que la gente interpreta en sus acciones, cualquier intento de explicarlas va a fracasar”.

Dice Mises, nuevamente, en La Acción Humana:

“Las teorías que dirigen la acción son a menudo imperfectas e insatisfactorias. Pueden ser contradictorias y no apropiadas para construir un sistema coherente y comprehensivo.

Si consideramos todos los teoremas y las teorías que guían la conducta de ciertos individuos y grupos como un complejo coherente y tratamos de organizarlas, tanto como sea posible, en un sistema, un sistema comprehensivo de conocimiento, podemos considerarlo una visión del mundo. Esta es, como teoría, una interpretación de todas las cosas, y como un precepto para la acción, una opinión relacionada con los mejores medios para remover la insatisfacción cuanto sea posible. Una visión del mundo es, así, por un lado una explicación de todos los fenómenos, y por otro, una tecnología, tomando estos dos términos en su sentido más amplio. La religión, la metafísica y la filosofía buscan proveernos una visión del mundo. Interpretan el universo y aconsejan al hombre cómo actuar.”

En fin, enhorabuena que un economista como Stiglitz se acerque a estos temas. Tiene mucho para leer al respecto en los clásicos y en los austríacos. Esperemos que lo haga.

La evolución de la distribución de ingresos: el papel de la educación, para crear desigualdad o reducirla

El último premio Nobel en Economía, Angus Deaton, comenta en su libro The Great Escape, las causas de la desigualdad de ingresos y el papel de una educación “flexible”:

“La distribución del ingreso no puede reducirse a un solo mecanismo, tal como la oferta y la demanda en el mercado laboral, ni puede ser medida por un simple indicador como el coeficiente de Gini. Es el resultado de muchos procesos actuando en conjunto, como la historia, el mercado, la política, y la demografía.

Deaton

Jan Tinbergen, uno de los dos economistas que compartió el primer Premio Nobel en Economía, vio a la evolución de la distribución del ingreso no como podría haberse visto en el pasado, como una batalla entre el trabajo y el capital, sino como una carrera entre el desarrollo tecnológico y el avance en la educación… La tecnología utilizada en el trabajo requiere habilidades y entrenamiento o tal vez solo la adaptabilidad que llega con una buena educación general. Si la educación de los trabajadores se queda atrás de lo que pide el mercado, el precio de la educación subirá, y la desigualdad aumenta. Cuando la educación va adelante, por ejemplo cuando la Guerra de Vietnam llevó a muchos jóvenes a la universidad que de otra forma no hubieran ido –la oferta de habilidades aumentó y su precio, la prima por educación universitaria, cayó, reduciendo la desigualdad de salarios.

Durante casi todo el siglo pasado, los norteamericanos han estado adquiriendo más educación, por lo que la oferta de habilidades en el mercado laboral ha aumentado. Si nada más ocurriera, esta cadena de eventos habría reducido el valor de la educación y la brecha entre quienes tienen un título y quienes no. Sin embargo, la brecha ha aumentado, particularmente rápido desde fines de los 70s. Cuando el precio de algo sube pese a que su oferta aumentó, sabemos que la demanda ha de estar aumentando más rápido. Los economistas atribuyen este aumento al continuo aumento de las habilidades requeridas en el trabajo por las nuevas tecnologías de la información. Creen que la aceleración del progreso basado en la tecnología en los últimos treinta años es el principal motor de la creciente desigualdad en los ingresos. La creciente prima de una educación universitaria es la forma con que el mercado le dice a la gente joven la cambiante tecnología hace más y más valioso ir a la universidad, y el crecimiento en el nivel promedio de la educación muestra que la gente ha estado prestando atención.

Los rápidos cambios en la forma en que se usan las computadoras, Internet, y la rápida disponibilidad de información han creado una demanda acelerada de aquellos que pueden usar esa información en la toma de decisiones y en los negocios, y, al menos desde fines de los 70s, la educación no ha respondido lo suficiente. Por supuesto, esta tendencia puede no continuar para siempre. Si el sistema educativo se vuelve lo suficientemente flexible para producir las nuevas habilidades tan rápido como su necesidad crece, el aumento de la desigualdad eventualmente llegará a su fin.”

Fallas de Mercado, competencia imperfecta, captura de los reguladores e imposibilidad del cálculo

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos el Cap. 3 de El Foro y El Bazar donde se analizan las distintas políticas públicas sugeridas para resolver problemas de ‘fallas de mercado’. Consideramos allí los aportes de la “teoría de la regulación’, y la extensión a ese campo del fracaso del cálculo económico en el socialismo:

 Y pese a lo interesante de todas estas teorías, que describen los procesos políticos que llevan a la implementación de regulaciones y al “control” del ente regulador por los mismos intereses que supuestamente han de ser regulados, lo cierto es que existe un problema todavía mayor: la posibilidad misma de que el regulador pueda cumplir con la tarea que se le ha encomendado.

Pese a la relativa novedad de todas estas cuestiones (los trabajos de Stigler, Peltzman y Posner pertenecen a la década de los años 70), lo cierto es que la cuestión básica por considerar ya había sido tratada en la década del 20 cuando Ludwig von Mises (1881-1973) demostró la imposibilidad teórica de realizar la planificación en una economía socialista. Y si bien los argumentos de Mises se refieren a la planificación socialista y no a la regulación, se pueden extender  a esta misma circunstancia con las salvedades del caso.

Para von Mises (1949), el elemento fundamental del socialismo era la propiedad colectiva de los medios de producción; de esto se desprende que no existe un mercado para esos factores, ya que sin propiedad privada no puede haber intercambios entre sus legítimos propietarios, y sin intercambios no puede haber relaciones relativas entre factores, esto es, precios. Ésta es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la propiedad del espectro electromagnético, las frecuencias por las que se transmiten señales de radio, televisión o telefonía celular entre otras cosas. Este es un «medio de producción» de propiedad estatal. Mises señaló, en su momento, la dificultad intrínseca de la planificación, ya que ante la ausencia de precios los planificadores no tienen términos de referencia sobre la importancia económica relativa de cada bien o servicio para un uso alternativo. En nuestro caso, el uso de una frecuencia radioeléctrica para transmisión de radio FM o telefonía celular no puede ser valorado económicamente porque no existen precios como para poder hacerlo.

Según Mises, los planificadores socialistas no pueden saber si la asignación de un recurso para un determinado fin es más o menos deseable que la de otro. No es de extrañar que en la realidad los funcionarios de los burós planificadores en los países socialistas tomaran como referencia los precios de las economías de mercado. No obstante ello, como los precios varían constantemente reflejando las preferencias de los consumidores o las disponibilidades de la oferta, la planificación nunca podía modificarse para copiar la modificación instantánea que el mercado provee. Finalmente, las malasignaciones explican el colapso del sistema. En el caso de las regulaciones, el planificador utilizará otros criterios para la asignación, muchas veces “políticos” y, por cierto, conflictivos. 

El proceso competitivo del mercado es necesario, por un lado, para movilizar el conocimiento disponible, y por otro, para generar el descubrimiento de nuevas oportunidades que hasta entonces no se hayan descubierto. La intervención gubernamental, entonces, interfiere en este proceso de descubrimiento. 

 

En definitiva, la acción del ente regulador interfiere con el proceso de mercado, y como no le es posible obtener la información necesaria para cumplir su tarea, debe depender para ello de lo que le provean los mismos sectores regulados. Termina así siendo cautivo de sus propios intereses. Por otro lado, desvía la atención de los emprendedores hacia su propio interés e impide el descubrimiento de nuevas oportunidades en beneficio de los consumidores.

Tomemos el caso del monopolio natural. Si en determinado momento hay un solo proveedor de servicios de comunicaciones y no existen restricciones para el ingreso de competidores, esto significa que el mencionado proveedor satisface las necesidades de la mejor forma posible. El mecanismo de descubrimiento de nuevas oportunidades (nuevas tecnologías, nuevos servicios) se encuentra en funcionamiento y cualquier descuido del proveedor al ofrecer la última tecnología o precios adecuados será aprovechado por otros para hacerlo y minar así su condición monopólica.

Se arguye contra ello que los costos de ingreso son muy elevados en este sector. Pero lo cierto es que estos costos existen en todas las actividades, y esto no ha frenado la competencia en ellas. Por el contrario, los mismos costos de ingreso elevados desatan la creatividad para estudiar su reducción. Por otra parte, con el avance tecnológico y la eliminación de las áreas monopólicas, la competencia puede ser inmediata.

Bienes públicos que justifican la provisión estatal, ahora «globales». Con Star Wars llegarían los «galácticos».

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos el Cap. 2 del libro El Foro y el Bazar, sobre la teoría de las fallas de mercado. Luego de presentar brevemente las imperfecciones de la competencia, externalidades y bienes públicos, vemos algo sobre “bienes públicos globales”:

                El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el planeta plantea, para algunos autores, no sólo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al, 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo y que sus beneficios sean “cuasi universales en términos de países (cubriendo más de un grupo de países), pueblos (llegando a varios, preferiblemente todos, grupos poblacionales) y generaciones (extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras). En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

                Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros e impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplos la paz, ya que “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes sobre el grado de colectividad de la defensa, ahora se suman también en esta categoría la provisión de ley y orden y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas, es decir son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul et al, plantean el caso del consumo de una comida nutritiva que a primera vista parece ser un bien privado pero que también brinda beneficios públicos ya que mejora la salud y ésta la posibilidad de adquirir habilidades que permitan un trabajo productivo, lo que beneficiaría no solamente a la familia sino a la sociedad en su conjunto pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

                Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno               que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad parece que esto fuera inevitable. La discusión no es que tengan o no tengan algún tipo de impacto sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo siendo que las valoraciones son subjetivas y si el estado es el único capaz de proveerlos. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos incluyendo, según Kaul et al,  las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas y también de la extensión de actividades riesgosas como el abuso de drogas y el tabaquismo.

                Un programa de alivio de la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población también contribuyera a la prevención de conflictos o la paz internacional o redujera el deterioro ambiental o mejorara las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONGs internacionales serían las que proveen este tipo de bienes públicos globales (Martin, 1999).

                Pero si todo bien o servicio que tenga efectos hacia terceros justificara con esa circunstancia su provisión estatal o a través de organismos internacionales financiados por estados y, en última instancia, contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, tal el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a la provisión vía decisiones políticas y no de los consumidores en los mercados.

                Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que una vez producida su costo de reproducción es mas bien bajo, y esto lleva a este autor a pensar que serán “sub-producidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido, una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el tema desde Adam Smith en “La Riqueza de las Naciones” hasta la gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso si luego cuando un país se desarrolla, por ejemplo siguiendo las enseñanzas de Adam Smith, éste o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos, una vez que dicen cómo se desarrolla un país nadie parece que les va a pagar por eso, entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proveerlas.

                En verdad, nada de eso sucede en la realidad. Todo lo contrario, existe un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico, un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas sin luego no pueden cobrar por ellas? Es que existen gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje de las ventas de sus libros, es invitado a conferencias donde recibe honorarios y viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el premio Nobel lo que le garantiza no solamente un premio suculento sino un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como debería saber el mismo Stiglitz que lo ha recibido. 

El problema de la obesidad, los incentivos y los ‘leves empujones’ de los diseñadores de decisiones (II)

En buena parte del mundo el hambre ya no es un problema, lo es la obesidad. Michael Marlow, profesor de Economía de California Polytechnic State University y académico senior adjunto del Mercatus Center en George Mason University, analiza el tema en la revista Regulation, del Cato Institute, en relación a lo que se llama ‘behavioral economics’:  http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/12/regulation-v37n4-1.pdf

Comenta que esos ‘leves empujones’ (nudges) pueden ser también de ‘mercado’:
“No es secreto que a muchos nos preocupa nuestro peso. Una reciente encuesta de Gallup encontró que el 51% de los norteamericanos adultos quieren bajar de peso, aunque solamente el 25% trabaja hacia ese objetivo. La gente ya comía en platos más pequeños, evitaba los buffets y los postres muchos años antes que surgiera la behavioral economics. Aparentemente, los norteamericanos están reduciendo su ingesta de calorías; el Departamento de Agricultura informa que la ingesta diaria ha caído en 118 calorías (un 5%) entre 2006 y 2009 entre los adultos.

Los mercados ‘empujan’ todo el tiempo. Thaler y Sunstein reconocen esto en su libro del 2008, aunque aparecen favoreciendo mucho los del gobierno más que los del mercado cuando sostienen que ‘los mercados proveen fuertes incentivos a las empresas para atender las demandas de los consumidores, y compiten por ellos, sea que esas demandas sean las más inteligentes o no”. Más aún, dicen que “el punto clave es que por todas sus virtudes, los mercados dan a menudo fuertes incentivos a las empresas para atender las debilidades humanas más que para tratar de erradicarlas o minimizar sus efectos”.

“Esta visión sugiere que ofrecer productos ‘no saludables’ es la opción más rentable. Una visión alternativa es que los vendedores pueden obtener ganancias cuando ofrecen productos ‘más saludables’ para los clientes interesados en controlar su dieta. Que el 51% de los norteamericanos quiera bajar de peso indica que hay muchos consumidores potenciales buscando productos que los ayuden en eso. Los negocios de alimentos y restaurantes han aumentado sus experimentos con platos más pequeños y productos para satisfacer la demanda de control de peso. La demanda de platos pequeños y porciones pequeñas ha crecido 32% desde 2009. Por supuesto, pocos clientes indicaron que las calorías era el único atributo de su interés. Son uno de ellos, junto con el precio, el sabor, la conveniencia, la apariencia, el tamaño, su almacenamiento y otros. Aplican una táctica de mejorar la salud sin decirlo porque los consumidores suelen conectar “saludable” con “menos sabor”, especialmente cuando el alimento suele ser considerado una indulgencia. De otra forma, las empresas rápidamente muestran las mejoras en los alimentos para los consumidores preocupados por la salud.”

“Un estudio ampliamente citado, de Shu Ng y Barry Popkin concluye que 16 de las principales empresas de alimentación del país vendieron 6,4 billones de calorías menos en 2012 de lo que vendieron en 2007. Estas empresas se han comprometido a reducir las calorías y han excedido su objetivo para 2015 en más del 400%. Sin embargo, no resulta claro el efecto que esta reducción de calorías tiene en el peso de la población. Los consumidores pueden substituir unos productos por otros y alterar su conducta de forma tal que las predicciones sean al menos ambiguas.

La conclusión de Marlow es simple: puede haber ‘empujones’ (nudges) tanto en el mercado como en las políticas públicas, aunque en el caso del mercado no habría que llamarlos así ya que son una respuesta a las demandas de los consumidores por alimentos más saludables y que reduzcan el peso. Para que eso mejore es necesario que haya mucha experimentación, y eso es lo que el mercado ofrece: muchos experimentos motivados por el afán de los emprendedores de ofrecer a los consumidores lo que estén buscando. La política tiene muchas menos probabilidades de experimentar innovaciones, e incentivos mucho más débiles para hacerlo. Concluye:

“La experimentación es la clave para superar las imperfecciones de los ‘arquitectos de incentivos’, incluyendo errores en las decisiones, basar esos empujones en mitos sobre la reducción de peso y la incapacidad de conocer las preferencias individuales. Los ‘arquitectos de incentivos’ en los mercados tienen muchas ventajas sobre los del gobierno para superar esas imperfecciones. A diferencia de éstos, confrontan ‘pruebas de mercado’ en un mundo donde los consumidores rechazan los productos que no generan valor. Los mercados tienen también la ventaja que apelan al carácter no coercitivo de la teoría de los ‘nudges’”.

Artículo en el diario La Nación: ¿La libertad por decreto? Forma y contenido en las instituciones

Salió publicado un artículo mío en el diario La Nación del martes 12 de Enero: http://www.lanacion.com.ar/1861384-por-decreto-pero-en-favor-de-la-libertad

Imagine el lector una situación en la cual, siendo la libertad su valor fundamental, tuviera la oportunidad de imponerla mediante un decreto que derogara todas las restricciones existentes. ¿Lo haría? ¿O, conociendo que la libertad solamente florece dentro de un cierto marco institucional, buscaría fortalecerlo para que la libertad pudiera resurgir y avanzar en el futuro?

En el primer caso puede alcanzar su objetivo, pero con un instrumento que el día de mañana cualquier otro puede utilizar para volver a imponer las restricciones existentes e, incluso más, profundizar un modelo autoritario. No hay garantía de que eso no vaya a suceder, ya que, al utilizar ese instrumento, aquellos que defienden la libertad (quienes la denigran ya lo habían hecho) le dan legitimidad y poco podrán hacer para oponerse. La libertad conseguida puede resultar un beneficio temporal.

La nación

Sin embargo, tal vez eso sea mejor que respetar el estricto funcionamiento formal de las instituciones existentes, en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles, no se puede avanzar mucho y la libertad continúa languideciendo.

Una cosa es la forma y otra el contenido. Tuvimos un gobierno que durante doce años avasalló la libertad en su contenido y muchas veces en su forma. Es decir, obtuvo poder y control a través de medios formalmente legales y otras veces no. El contenido fue, casi siempre, contrario a la libertad, aunque puedan rescatarse algunos avances en términos de derechos civiles.

Ahora, el nuevo gobierno ha tomado algunas medidas que tienen como objetivo fortalecer la libertad, pero utilizando un instrumento que debilita la calidad institucional. El nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la intervención a la Afsca son dos ejemplos, aunque en uno se haya dado luego marcha atrás, al menos por el momento. El contenido no era objetable en sí: el Gobierno no buscaba nombrar a sus militantes en la Corte, sino a prestigiosos abogados con los que parece no tener vínculo; la política de medios de comunicación busca eliminar el impulso sectario que tiñó a la gestión anterior, que buscó controlar a los medios para apuntalar el relato.

La libertad y la calidad institucional parecen contraponerse en esta instancia: es una o es la otra. Una difícil elección para todo el que valore la libertad y las instituciones que la garantizan.

El Gobierno parece haber elegido la primera opción. No quiso verse en una situación en la cual cumplía con todos los requisitos formales pero no lograba resultados y sólo le quedaba el honor de haber respetado los procedimientos, como debería suceder en todo país serio. Éste es un dilema político que se presenta a todos los gobiernos que quieren llevar cambios adelante: he recibido un enorme poder; ¿debo utilizarlo como un «dictador benevolente» (según lo llamamos en economía) para conseguir la libertad y luego tratar de reducirlo para que quienes me sucedan no tengan ese instrumento poderoso o debo reducirlo primero para dar el ejemplo?

Esta segunda opción tiene pocas chances en la política; para los políticos, sería como hacerse el harakiri. Persiguiendo los políticos sus propios intereses, como cualquier otro, va a ser muy difícil que acepten recortar su propio poder.

Por otro lado, las medidas liberalizadoras ya de por sí reducen el poder del gobernante y mejoran la calidad institucional, que no se refiere sólo a la calidad de las instituciones políticas y judiciales, sino también a las que permiten las acciones a realizar en los mercados: el respeto al derecho de propiedad, la mayor libertad para realizar contratos, para establecer precios, para importar o exportar, para elegir la moneda en que se realizarán los intercambios.

En el análisis institucional que realizan los juristas o los politólogos suelen reflejarse nada más que las instituciones políticas o jurídicas tales como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de los mandatos, el respeto a los derechos civiles. Es muy correcto, pero deja afuera toda un área de suma importancia para los individuos. Todos tenemos, en verdad, dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades: uno de ellos es el gobierno, por supuesto, del cual buscamos obtener seguridad, resolución de disputas, protección de ciertos derechos; pero tal vez la mayoría de nuestras necesidades se resuelven a través de los mercados: trabajamos o producimos y luego, con el ingreso obtenido, aprovechamos la división del trabajo para conseguir todo lo demás. Al negar este aspecto de nuestro proceder, el análisis institucional jurídico/político lo menosprecia.

El levantamiento del cepo cambiario deja en mayor proporción que antes la decisión acerca del uso de la moneda en manos de las personas, no de los funcionarios. Por supuesto, los exportadores están todavía obligados a entregar sus dólares al Banco Central, aunque éste ahora no los castiga además después. Pero al menos la gente ya no tiene que esconderse para tomar decisiones respecto de su propiedad, en este caso, de dinero. La reducción y eliminación de las retenciones a ciertas exportaciones devuelven nuevamente a los productores parte de la propiedad que les había sido expropiada a través de ese impuesto. Estaría por cesar la discrecionalidad existente en las importaciones a través del otorgamiento de licencias DJAI, pero se mantienen otras no discrecionales en muchos rubros; cesaron también las licencias para exportar (ROE) que se utilizaban para autorizar o negar las operaciones, pero se mantienen como «registro».

Esas medidas amplían algo la libertad de acción de los argentinos, aunque se podría también plantear el mismo problema que generan los otros cambios a través de decretos: el control se modera, pero el instrumento persiste. Hoy la licencia de importación puede ser utilizada nada más que estadísticamente, pero lo cierto es que está ahí para que cualquiera pueda después utilizarla como control. Lo mismo puede decirse sobre las leyes de lealtad comercial o de terrorismo económico. Es como guardar el revólver en el sótano, pero todos sabemos que sigue existiendo.

En definitiva, la elección es difícil, las alternativas son imperfectas. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse si no es posible algún camino que busque conciliar la libertad y la calidad institucional. Uno de ellos parece que sería explorado: es obtener consenso sobre esas medidas a posteriori.

Sin embargo, si se va a instalar todo un debate institucional respecto de cierto tipo de medidas, tal vez sería mejor apelar a la población para alguna reforma «institucional» más profunda, que respete las formas para alcanzar un cambio más profundo en los contenidos.

Tomemos el caso de la Afsca. Se interviene, se desplaza a alguien que tenía mandato por un par de años más (aunque no para hacer lo que hacía). Se creará una nueva agencia. Pero quienquiera que sea nombrado en esa agencia estará sujeto al mismo antecedente por más que se lo nombre de por vida. Otro futuro gobierno podrá «intervenirlo». La cuestión que tenemos que plantearnos es si no resulta peligroso tener agencias de ese tipo. Tal vez mejorar la calidad institucional es desistir de que exista ninguna ley y ninguna agencia para controlar los medios (o los recursos de los que el Estado se ha apropiado, como las frecuencias). La experiencia de estos controles no ha sido buena. Además, hemos vivido décadas sin leyes de medios o agencias de control. Y en el mundo de hoy accedemos a los medios de todo el mundo: la competencia nos protege más que nadie.

Es cierto, esto no quiere decir que el día de mañana no venga otro gobierno y vuelva a crear la agencia de cero. Y eso dependerá, en definitiva, de los valores que quieran promover los argentinos: si valoran la libertad o están dispuestos a entregarla. Si ahora dieron una señal de que quieren el cambio, tal vez quieran también dar una señal de que quieren ser más libres.

Profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires

Nunca hubo un ‘estado de naturaleza’, las normas de conducta existieron ya antes que el ser humano

Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA Madrid, vemos el primer capítulo de El Foro y el Bazar. Aquí, sobre el origen de las nornas:

La convivencia pacífica en sociedad es posible porque seguimos ciertas normas, formales e informales, que nos permiten determinar cuál va a ser la conducta de los demás. En ausencia de ellas, la vida en sociedad sería difícil. El filósofo inglés Thomas Hobbes pensaba que se asemejaría al “estado de naturaleza” donde rigen la “ley de la selva” y el “sálvese quien pueda”.

No obstante, parece que nunca ha existido tal cosa como un “estado de naturaleza” donde el ser humano viviera sin normas pues éstas serían anteriores al hombre mismo. Y éste nunca vivió en un paraíso de independencia individual sino que siempre, desde su origen, formó parte de grupos. Los estudios antropológicos muestran que los derechos de propiedad existieron mucho antes que el desarrollo de la agricultura hace unos diez mil años, lapso que es tan sólo un breve momento en la historia del ser humano quien ha cazado y producido herramientas en pequeños grupos de familias o tribus por unos dos millones y medio de años. El origen del comercio se remonta a unos cien mil años atrás.

Nuestros esquemas de normas éticas habrían surgido, no como el fruto del uso de la razón, sino al compás con su desarrollo.[1] Ciertas visiones enfatizan la necesidad de un acto formal que de origen a la norma. Por ejemplo, Buchanan (2009, p. 26) plantea este ejemplo: Robin Hood y el Pequeño Juan se encuentran frente a frente en un puente donde solamente pasa uno de ellos. No habría ninguna regla “natural” que se pudiera invocar para quien sigue y quien se retira[2]. Sin embargo, esto es muy dudoso, a esa altura de la evolución es más que probable que existiera ya una norma que es generalmente reconocida como tal: la establecida por el propietario del puente, o por quien lo construyera, la del que llega primero al comienzo del puente, la del que viene del Norte, o de Sur, la del que va a la ciudad, o el que regresa, etc.

Las normas fueron desplazando a nuestras respuestas instintivas porque los individuos comenzaron a ver los resultados positivos que obtenían respetándolas. De la misma forma en que los animales comenzaron a desarrollar sus propios instintos de “posesión” o “territorio”, los seres humanos desarrollaron tempranas normas de propiedad, muy probablemente en relación a sus propios “territorios” o a sus herramientas y utensilios. Las bandas de cazadores no tenían desarrollado un concepto de propiedad sobre la tierra, pero sin duda respetaban distintos territorios y sabían muy bien de quién era cada herramienta y el derecho que tenía para usarla.[3]

[1] Dice Hayek (1990, p. 55):“La capacidad de aprender es más el fundamento que el logro de nuestra razón o de nuestro entendimiento. El hombre no viene al mundo dotado de sabiduría, racionalidad y bondad: es preciso enseñárselas, debe aprenderlas. No es la moral fruto de la razón, sino que fueron más bien esos procesos de interacción humana propiciadores del correspondiente ordenamiento moral los que facilitaron al hombre la paulatina aparición no sólo de la razón sino también de ese conjunto de facultades con las que solemos asociarla. El hombre devino inteligente porque dispuso previamente de ciertas tradiciones –que ciertamente hay que emplazar entre el instinto y la razón- a las que pudo ajustar su conducta. A su vez, ese conjunto de tradiciones no derivan de la capacidad humana de racionalizar la realidad, sino de hábitos de respuesta. Más que ayudarle a prever, se limitan a orientarle en cuanto a lo que en determinadas situaciones reales debe o no debe hacer.”

[2] Una vez que salimos de las actividades que son en gran medida (si no completamente) internas de las personas, estrictamente privadas en el sentido real de éste término, hay pocos límites ‘naturales’ que puedan lograr de manera convincente un acuerdo general”. “En ausencia de fronteras ‘naturales’ entre individuos en las actividades que puedan emprender, surge la necesidad de una estructura definitoria, una imputación entre personas, en sí misma, sea arbitraria”. (Buchanan 2009, p. 27).

[3] Comenta Vernon Smith (2004, p. 124): “La clave para entender nuestra vieja “propensión al trueque e intercambio” se encuentra, creo, en nuestra capacidad para la re­ciprocidad, que fue seleccionada evolucionariamente y que cons­tituye la base del intercambio social, mucho antes que hubiera co­mercio en el sentido económico convencional. Todos los humanos, en todas las culturas, intercambian favores. Aunque la forma en que se expresa culturalmente la reciprocidad es infinita­mente variable, desde un punto de vista funcional, la reciprocacidad es universal. Hacemos cosas beneficiosas para nuestros amigos e implícitamente esperamos que nuestros amigos hagan cosas bene­ficiosas para nosotros. Es más, esta condición define esencialmen­te la diferencia entre amigos y enemigos. Evitamos relacionarnos con aquellos que no reciprocan. Tú me invitas a comer y dos me­ses después yo te invito a comer. Te presto mi auto cuando el tu­yo está en el garage y luego tú me ofreces tus entradas para el fút­bol cuando estás de viaje. Las amistades no necesariamente están conscientes de “llevar cuentas” de sus reciprocidades mutuas y el hecho que estemos en una relación de intercambio es tan natural como inconsciente, por lo que, en la práctica, la damos por senta­da. Sin embargo, una vez que dos amigos toman conciencia de una asimetría en la reciprocidad, la amistad se ve amenazada. Más aún, a las personas que persistentemente tienen problemas en es­tablecer o mantener amistades se les califica de sociópatas subclí­nicos (personalidad antisocial), que no poseen la capacidad in­consciente y la intuición para la reciprocidad”.