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Políticas públicas que son innovadoras pero estamos lejos siquiera de considerar. Por ejemplo, vouchers

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos los últimos capítulos del libro, donde se consideran distintas políticas públicas, generalmente poco implementadas por esta región. Aquí sobre los pros y los contras de los vouchers, o vales:

A favor y en contra 

Los vouchers han desatado fuertes polémicas en muchos países. Los argumentos en favor de los mismos son los siguientes: 

Los padres pueden elegir el tipo de educación que más se acerca a la que desean para sus hijos. Por ejemplo, escuelas religiosas, con cursos en inglés, etc. 

Permiten que las personas que desean gastar más en su educación puedan hacerlo. Esto permite a personas de menores recursos llevar a sus hijos a un colegio mejor con recursos que antes no eran suficientes. 

La posibilidad de elección lleva a una mayor competencia entre las escuelas por atraer y retener alumnos, lo que a su vez genera mayor eficiencia en ellas. La posibilidad de elección rompe el poder monopólico de las escuelas públicas, que ahora enfrentarán presiones competitivas para actuar de manera más eficiente y de acuerdo con los deseos de los padres. 

Se obtiene un servicio de más calidad a un menor costo. 

 

Las críticas se concretan principalmente en los siguientes argumentos:  

Se sostiene que no favorecen la equidad, porque los vouchers son más utilizados por los más ricos. Los más pobres no acceden a la misma información, ni tienen la capacidad para procesarla y elegir. 

También se argumenta que los pobres tienen menos capacidad para trasladarse y transportar a sus hijos, por lo que sus opciones son más restringidas. 

Se afirma que, si los mejores alumnos se van de las escuelas públicas, disminuirá el rendimiento de los alumnos que se quedan en ellas.  

Los padres no serían los mejores agentes de sus hijos: pueden ser irresponsables o no saber lo que es mejor para ellos, buscando ciertos atributos en las escuelas que poco tienen que ver con la calidad de la educación que entregan. La decisión debería estar a cargo de los expertos que tienen los conocimientos técnicos para llegar a una decisión óptima, y supuestamente estos son los funcionarios públicos del área de educación. 

No habría mejoras en el desempeño académico de los alumnos, tomando en cuenta las diferencias en formación previa y motivación de los padres. 

Los vouchers implican una dependencia de los beneficios. 

Respecto del primer punto, se ha mencionado muchas veces que se considera a los padres capaces de elegir un gobierno, pero no serían capaces de elegir la mejor escuela para sus hijos. El paternalismo termina no siendo consistente, pues atribuye la capacidad de elegir en algunas áreas y no en otras, ya que la de elegir un gobierno, por ejemplo, es mucho más compleja y determinante para una sociedad que la de elegir una escuela. Respecto a que los mejores alumnos dejarían las escuelas públicas y estas verían reducida su calidad, hay que notar que el argumento a favor señalaría que la introducción de la competencia cambiaría también la calidad del servicio de las escuelas públicas. Recordemos que en ese caso su presupuesto depende de su capacidad para atraer alumnos. El cuarto argumento es similar al primero. 

Respecto al quinto, investigadores del Programa sobre Política Educativa y Gobernabilidad (PEPG), de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard, hicieron un estudio comparativo entre alumnos que recibieron vouchers y otros de escuelas públicas en Nueva York, Washington y Dayton, y encontraron que los estudiantes afroamericanos que recibieron becas superaban a los que las solicitaron, pero no las obtuvieron, por cuatro puntos porcentuales en Nueva York, siete en Dayton y nueve en Washington (Walbert 2007, p. 38)220. 

Sin embargo, no es menos importante el último punto, ya que la dependencia del beneficio puede generar presión en pro de un constante crecimiento del programa, tanto porque los padres quieran recibir mayores montos de vouchers, como porque los políticos traten de obtener su apoyo ofreciéndolos. Recordemos que uno de los objetivos de estos programas es alcanzar los objetivos educativos buscados, sin aumentar el gasto público en educación, sino por el contrario, reduciéndolo. 

Milton Friedman y la responsabilidad social empresaria. John Mackey. de Whole Foods, discute

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Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I leyeron a Milton Friedman: “La responsabilidad social de los empresarios es incrementar sus ganancias”.

El artículo, publicado en la revisa del New York Times es claramente desafiante, típico de Friedman. Con un título agresivo busca llamar la atención de los lectores. Así lo comenta una alumna:

“Friedman hace hincapié en su rechazo a la responsabilidad social de la empresa. Friedman establece que no puede hablarse estrictamente sobre RSE ya que, quienes adquieren responsabilidades son las personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son las personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son los empresarios, dueños, o quienes representan a las compañías, es decir, los ejecutivos corporativos. Ahora bien, ¿en qué consiste esa responsabilidad?”

“El ejecutivo corporativo es también una persona en su propio derecho y, como tal, puede que tenga muchas otras responsabilidades que reconozca o asuma de forma voluntaria: para con su familia, su conciencia, sus sentimientos de caridad, su iglesia, sus clubes, su ciudad, su país. Puede que se sienta obligado por dichas responsabilidades a dedicar parte de sus ingresos a causas que considera respetables, a rechazar trabajar para ciertas corporaciones, e incluso a abandonar su trabajo, por ejemplo, para incorporarse al ejército de su país. Si lo deseamos, podemos referirnos a algunas de estas responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Sin embargo, en este sentido el ejecutivo corporativo está actuando como principal y no como agente; está gastando dinero, tiempo o energía, y no el dinero de sus empleadores o el tiempo o la energía que por contrato se comprometido a dedicar a los objetivos de los mismos.”

El tema es tan sensible que muchos no llegan a ver los argumentos de Friedman. No digo estar de acuerdo, sino simplemente entenderlo. Lo mismo debe haber sucedido con muchos de sus lectores.

Pero los alumnos no leen solamente esto, sino también un muy interesante debate organizado por la Reason Foundation donde John Mackey, fundador y presidente de Whole Foods, la exitosa cadena de supermercados naturistas sostiene:

“Estoy muy en desacuerdo. Soy un empresario y un libertario del libre mercado, pero creo que la empresa inteligente debe crear valor para todos sus socios. Desde la perspectiva del inversor, el fin de los negocios es maximizar las ganancias. Pero no es el fin de otros stakeholders –clientes, empleados, proveedores y la comunidad. Cada uno de estos grupos definirá el objetivo de la firma en términos de sus propias necesidades y deseos, y cada perspectiva es válida y legítima.

Mi argumento no debería interpretarse como hostil hacia las ganancias. Creo que conozco algo sobre cómo crear valor para los accionistas. Cuando co-fundé Whole Food Markets hace 27 años comenzamos con $45.000 de capital, tuvimos ventas por $250.000 en nuestro primer año. En los últimos doce meses hemos tenido ventas por más de $4.600 millones, ganancias netas de más de $160 millones y una capitalización de mercado superior a los $8.000 millones

Pero no hemos logrado ese tremendo aumento en el valor de los accionistas haciendo que el valor de las acciones sea nuestro objetivo principal. En mi matrimonio, la felicidad de mi mujer es un fin en sí mismo, no solamente un medio para mi propia felicidad; el amor me lleva a poner la felicidad de mi mujer en primer lugar, pero al hacerlo soy feliz también yo. Igualmente, los negocios más exitosos ponen al cliente en primer lugar, antes que los inversores. En una empresa centrada en las ganancias la felicidad de los clientes es simplemente un medio para un fin: maximizar las ganancias. En una empresa centrada en los clientes, su felicidad es un fin en sí mismo, y será buscado con mayor interés, pasión y empatía de lo que puede hacerlo una empresa centrada en las ganancias.”

En plena discusión sobre el caso Vicentín, vemos el Cap 13: Calidad institucional e inversiones

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Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversiones.

Milton & Rose Friedman sobre el papel de las ideas en la evolución de las sociedades

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Con los alumnos de la materia Historia del Pensamiento Económico I, Económicas, UBA, vemos un artículo breve y simple de Milton y Rose Friedman, pero sobre un tema de fundamental importancia, el papel que cumplen las ideas en la evolución de las sociedades, los ciclos que se generan, los procesos de cambio y las crisis como detonantes de muchos de esos cambios. Es de fundamental importancia en todas nuestras sociedades. Así presentan el tema:

”El objetivo de este ensayo es modesto: presentar una hipótesis que se ha tornado cada vez más razonable para nosotros a medida que pasan los años, ilustrarla con ejemplos de los últimos tres siglos y analizar algunas de sus implicancias. La hipótesis es la siguiente: un cambio importante en la política social y económica está precedido por un cambio en el clima de la opinión intelectual, generado, al menos en parte, por circunstancias sociales, políticas y económicas contemporáneas. Este cambio puede comenzar en un país pero, si es duradero, termina por difundirse en todo el mundo. Al principio tendrá poco efecto en la política social y económica. Después de un intervalo, a veces de décadas, una corriente intelectual “tomada en su punto culminante” se extenderá al principio gradualmente, luego con más rapidez, al público en general y a través de la presión pública sobre el gobierno afectará las medidas económicas, sociales y políticas. A medida que la corriente de acontecimientos alcanza su punto culminante, la corriente intelectual comienza a disminuir, compensada por lo que A. V. Dicey denomina las contracorrientes de opinión, que representan generalmente una reacción a las consecuencias prácticas atribuidas a la corriente intelectual anterior. Las promesas tienden a ser utópicas. Nunca se cumplen, y por lo tanto desilusionan. Los protagonistas iniciales de la corriente de pensamiento desaparecen y la calidad intelectual de sus seguidores y partidarios disminuye en forma inevitable. Hacen falta independencia y coraje intelectuales para iniciar una contracorriente que domine la opinión, y también, aunque en menor medida, para unirse a la causa. Los jóvenes emprendedores, independientes y valientes buscan nuevos territorios para conquistar y ello requiere explorar lo nuevo y lo no probado. Las contracorrientes que juntan sus fuerzas ponen en movimiento la próxima marejada, y el proceso se repite.

No es necesario mencionar que este esquema está demasiado simplificado y excesivamente formalizado. En particular, omite cualquier análisis de una interacción sutil mutua entre la opinión intelectual, la opinión pública y el curso de los acontecimientos. Siempre se dan cambios graduales en las políticas y en los acuerdos institucionales. Sin embargo, los cambios importantes rara vez ocurren, excepto en los tiempos de crisis, cuando, utilizando la frase evocadora de Richard Weaver,”las ideas tienen consecuencias”. La corriente de pensamiento llega al público por medio de intelectuales de diversas profesiones: maestros y predicadores, periodistas de la prensa escrita o de la televisión, eruditos y políticos. El público comienza a reaccionar a esta crisis de acuerdo con las opciones que los intelectuales han explorado, opciones que limitan en forma eficaz las alternativas abiertas a los poderes existentes. En casi toda corriente una crisis se identifica como el catalizador de un cambio importante en la dirección de la política.”

Artículo en InfoBAE, el título original era «Terrible éxito en la negociación de la deuda: otra vez sopa»

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https://www.infobae.com/opinion/2020/05/22/deuda-algunas-ideas-para-evitar-que-la-historia-se-siga-repitiendo/

Deuda: algunas ideas para evitar que la historia se siga repitiendo

Por Martín Krause

22 de mayo de 2020

Estamos por vivir uno de esos sucesos de los que pocos son capaces como este país. Seguramente será todo un éxito. Así lo verá el Gobierno tanto sea que se arregle con los bonistas o se caiga en default. Si es el primer caso, se presentará el éxito de la prudencia y las oportunidades que ahora se abren a este país; si es por el segundo, será la lucha épica contra los capitales financieros y los buitres.

De una u otra forma, historia repetida, y ninguna señal de que nada cambie para que no se llegue a situaciones como estas en el futuro. Desde que comenzó este proceso, el debate se ciñe al acierto o desacierto del proceso de negociación, a la estrategia “académica” que lleva el Gobierno apoyada por Nobels y economistas, si más dura o más negociadora, etcétera. Pero nada más allá.

Y muy probablemente tampoco habrá otras referencias que no sean el comentario sobre el resultado alcanzado y su impacto a corto plazo en la economía argentina. Está bien, no es que eso no sea importante, pero no estaría mal por una vez mirar un poco más allá de los próximos meses o de la próxima elección.

Al respecto, ¿qué podría hacerse para evitar caer en de nuevo en esto? El ideal sería, por supuesto, que tanto políticos como votantes tuviéramos un rapto de lucidez que impusiera un rechazo al elevado gasto público, al déficit fiscal y al endeudamiento tal como ahora se observa, por ejemplo, respecto a las posibilidades tener un gobierno militar. Imaginen si existiera un repudio tan generalizado a la deuda como lo es a la violación de derechos humanos. Esa lección está aprendida, pero la del gasto, déficit y deuda no.

Claro, si eso fuera parte de las profundas convicciones de la gente, se trasladaría a los resultados electorales y no haría falta mucho más, solamente estar alertas para que los votantes no estén distraídos ante intentos políticos de esconder gastos y deudas en cuentas especiales, fuera de presupuesto, etcétera, algo que suele ocurrir.

Para hacer ese control más firme, un consenso de ese tipo podría expresarse en un marco institucional que imponga duros límites al endeudamiento estatal. Estos límites pueden ser de dos tipos. Como en el caso del Tratado de Maastricht, se puede establecer un tope al endeudamiento total, en este caso del 60% del PIB. El otro puede ser como el que existe en los Estados Unidos, donde el Congreso establece un límite sobre el monto total de la deuda permitida —esto es una cantidad de dólares, no un porcentaje sobre el PIB—, techo que, cuando se alcanza, no puede ser superado: el Gobierno no puede emitir más deuda, a menos que sea modificado por el Congreso.

No obstante, la imagen siguiente es bastante clara respecto a la capacidad de este mecanismo para imponer algún tipo de límite, cuando la voluntad política y el control de los votantes no existen:

Otra forma de restringir el endeudamiento se refiere a su proceso de aprobación, por ejemplo, la que demanda que toda emisión de deuda sea aprobada por los votantes en un referéndum o por mayorías parlamentarias especiales, hasta llegar a la prohibición constitucional absoluta. Otra alternativa, aplicada por algunos gobiernos regionales en España, es limitar el plazo del endeudamiento de tal forma que se permita solamente el de corto plazo, lo que significa que la deuda debe ser cancelada dentro del propio ejercicio presupuestario. En los Estados Unidos 21 estados demandan la aprobación por referendo y 12 por mayorías especiales, que pueden estar conformadas por tres quintos o cuatro quintos de los representantes.

No obstante, los gobiernos buscan, y muchas veces encuentran, diversos caminos para eludir esas restricciones, como, por ejemplo, canalizar el endeudamiento por agencias estatales especiales que no están sujetas a ese tipo de control. ¿Sería efectivo un límite a través del voto popular emitido en referendo? Se puede argumentar que los votantes estarían predispuestos a aprobar el endeudamiento, porque disfrutarían del gasto ahora y lo terminarían pagando futuros votantes. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no actúan de esa forma y tienden a rechazar el endeudamiento.

Los Estados que tienen más de un control muestran menores niveles de endeudamiento, siendo el referendo popular mediante el voto el que mayor éxito muestra, junto con la prohibición total.

En el caso argentino parece que habría que acumular todo tipo de controles. No solamente límites al endeudamiento, sino también al aumento del gasto público, al aumento de los impuestos, a la existencia de déficit fiscal. En este campo somos como Anthony Hopkins actuando de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, todo candado o jaula es poco.

Curiosamente, lo que tiene efecto para frenar el endeudamiento en seco es el default. Allí se cierran las canillas de facto. Por supuesto, a un alto costo. Los controles mencionados no son gratuitos, pero las expectativas que generan son exactamente opuestas a las del default. Es la diferencia entre costos que te hunden y costos que podrías pagar con gusto para subir y salir del pozo.

El autor es profesor de Economía en la UBA y UCEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso

Artículo en Clarín: Las contradicciones del populismo proteccionista. Ahora son buenas las importaciones

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https://www.clarin.com/opinion/contradicciones-populismo-proteccionista_0_thW27DuHI.html

Flujo del comercio exterior global en tiempos de coronavirus, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). 19/5/2020

Martin Krause

Martin Krause

 

  • 20/05/2020 – 21:11

Ya sabemos que la pandemia del Covid-19 ha desatado todo tipo de cambios, muchos de los cuales esperamos que sean pasajeros, aunque algunos serán permanentes. La ansiedad de la gente ha llevado a una hiperactividad de los gobiernos, ya sea por ansiedad para ofrecer respuestas, temor al impacto político de un fracaso o aprovechando la oportunidad para concentrar poder.

Con una visión cortoplacista y local, muchos de ellos han reaccionado haciendo eco a un sentimiento dramático. En un estilo tipo “sálvese quien pueda” han dado prioridad a señales de que están haciendo algo importante por los votantes locales, siendo que lo mejor sería exactamente lo contrario. Esto es particularmente notorio en el área del comercio internacional de insumos médicos. Curiosamente, el afán “proteccionista” ahora se ha dado vuelta y los gobiernos imponen barreras a las exportaciones de esos productos y las reducen para las importaciones.

Muchos lo han hecho, no solamente el gobierno argentino, pero éste ya en Marzo decretó que una serie de insumos médicos requerirían autorización para poder ser exportados, la que se amplió hace pocos días (Decreto 405/2020) incorporando otros 39 insumos que ahora necesitarán un permiso especial de exportación del Ministerio de Desarrollo Productivo, con la intervención del Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, el gobierno argentino abrió las importaciones y redujo las barreras para la importación de insumos, en un acelerado aprendizaje de las bondades del libre comercio.

Revirtiendo la tradicional visión mercantilista del populismo, ahora resulta que las exportaciones son malas y las importaciones son buenas. Las razones de este cambio son simples y claras: se quiere evitar el desabastecimiento de esos productos. La realidad es que no se va a evitar ya que todos parecen estar haciendo lo mismo: ¿qué importaciones libres voy a tener si los demás también prohíben sus exportaciones? Y si nos quejamos al respecto nos dirán que eso mismo hacemos nosotros.

Antes que la desacreditada Organización Mundial de la Salud, pareciera que algo más práctico podría hacer la Organización Mundial del Comercio para lograr un acuerdo de urgencia, dadas las circunstancias, y evitar este tipo de medidas que perjudican a todos.

Este es, precisamente, el punto de una reciente declaración firmada por 31 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, “sobre la importancia de la colaboración, la apertura comercial y la innovación en la lucha contra el Covid-19”. Allí se llama a los países a eliminar los aranceles a suministros médicos y medicamentos, a rechazar las prohibiciones a las exportaciones, a reducir los trámites burocráticos aduaneros, a permitir el libre flujo de información sanitaria entre países, a mantener la transparencia en la recolección e intercambios de información epidemiológica, a aumentar la cooperación con otros países para acelerar la aprobación de medicamentos y a apoyar la innovación, incluyendo los derechos de propiedad intelectual.

Respecto a este último punto, el gobierno argentino ha presentado con orgullo un fruto de esa innovación, en el caso del test rápido desarrollado por científicos de institutos y un laboratorio local, pero a los pocos días el ministro de Salud, en sentido contrario, manifestó que la Argentina tendría una “inflexible” postura en la OMS, para que no rijan las patentes en cuanto se descubran algunas vacunas contra la enfermedad. ¿La opinión sería la misma si el laboratorio que la descubriera fuera argentino?

Se sabe que hay más de 140 proyectos de desarrollo de vacunas en todo el mundo y es probable que se obtenga más de una. Seguramente, tanto los laboratorios como los gobiernos de todo el mundo querrán que esas vacunas se difundan masivamente. Es más, los mismos laboratorios que obtengan patentes saben que no tendrán la capacidad productiva para hacer frente a lo que será su demanda, pero también que necesitan recuperar el dinero invertido en su desarrollo.

Salir a pelear con esas empresas, más si no están en el país, es un éxito seguro para quienes ven a la política como nosotros contra otros, pero cambiar las reglas de juego una vez que se ha obtenido el resultado sería el equivalente de decirles a esos mismos políticos que si bien han ganado la última elección, en verdad los cargos van a ser adjudicados por sorteo. ¿Estarían de acuerdo?

A diferencia de toda la actividad gubernamental de corto plazo, la declaración antes mencionada enfatiza un punto muy importante: que esa apertura y cooperación internacional sea permanente, que sea parte de un marco institucional global basado en la cooperación, el intercambio de información, de bienes y de tecnologías. Sin barreras que sirven para alentar el espíritu de tribu, pero nos hacen perder los beneficios de la “aldea global”.

Martín Krause es Profesor de Economía, UBA; Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso.

Artículo en La Prensa: La Sigen descubre la rueda. Sobre los precios máximos y el desabastecimiento

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http://www.laprensa.com.ar/488971-La-Sigen-descubre-la-rueda.note.aspx

La Sindicatura General de la Nación es “el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno”.

Acaba de descubrir la pólvora, esto es, que los controles de precios, en tanto y en cuanto funcionen, lo que consiguen es generar desabastecimiento. Así, en un informe que diera a conocer el 8 de Mayo afirma: “En el marco de la segunda fase del Control de Comercialización Online desarrollado sobre grandes cadenas de supermercados, la Sindicatura General de la Nación relevó faltantes superiores al 49 por ciento sobre una muestra de 234 productos incluidos en el Listado de Precios Máximos.” Continúa: “De este modo, y de acuerdo al primer relevamiento efectuado por Sigen hace dos semanas en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la falta de stock se agrava y alcanza a más productos.”

Concluye el comunicado de la Sigen que el “Síndico General de la Nación Carlos Montero, lamentó «tener que volver a observar abusos que van en detrimento de toda la comunidad, con empresas que comercializan por encima de los precios máximos del Gobierno y, peor aún, ni siquiera reflejan existencia de muchos de estos productos».

En verdad, lo que tendría que haber lamentado el Síndico General es que otras áreas de su gobierno implementen políticas destinadas al fracaso y a los resultados que precisamente ha descubierto.
Existen tres situaciones posibles en cuanto a la implementación de controles de precios.

La primera de ellas es que los precios establecidos sean superiores a los que se encuentran en el mercado. En este caso, la medida no tendría efecto económico, en tanto no hubiera una espiral inflacionaria que modificara esta situación en el futuro.

La segunda es que los precios fijados por resoluciones sean iguales a los que se pueden encontrar en el mercado, en cuyo caso no tendrían ningún efecto, ni tampoco ningún beneficio o daño, siempre con la misma salvedad respecto a la evolución futura de los precios.

La tercera, es que se fijen precios que se encuentran por debajo de los precios de mercado. Ésta, seguramente, sea la situación en que están pensando los dirigentes políticos, y ésta es, precisamente, la que genera los peores resultados, tales como los mencionados en el informe. Porque esos precios generan dos efectos, al menos: por un lado, aumentan la cantidad demandada de los productos, a precios más bajos la gente compra más y/o reemplaza productos sustitutos por estos que están controlados; por otro, restringe la cantidad ofrecida porque su producción no genera rentabilidad sino pérdidas.

El resultado inevitable es una brecha entre la cantidad ofrecida y la demanda que llamamos desabastecimiento.

Tenemos mucha experiencia en esto, ha sucedido con todos los controles de precios en nuestra historia. Y no solamente eso, en un interesante texto (que se puede conseguir porque no tiene un precio controlado), Robert Shuettinger y Eamonn Butler “4000 años de controles de precios y salarios” (varias ediciones, pero hay una de Barbarroja Ediciones en 2016), muestran el mismo resultado en todos los infructuosos intentos realizados en 40 siglos. Aquí ya sabemos que los productos cambian en sus cantidades, en su calidad, y si ninguna de esas cosas es posible, directamente desaparecen.

La resolución de la Secretaría de Comercio Interior que establece el control de precios (100/2020) considera que actúa en virtud del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.”

¿Será esta medida en protección de nuestros intereses económicos? Pero, ¿cómo podemos interpretar que protege nuestros intereses económicos si hace desaparecer a los productos que necesitamos de los comercios? Encuentran sobreprecios en los principales supermercados, pero tanto el desabastecimiento como los precios son mayores en pequeños supermercados o comercios.

La resolución también “intima” a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos…, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida.”

Pero como esto no ha dado resultado lo que parece quedar por delante es aquello que Hayek llamaba “camino de servidumbre”, más controles, regulaciones, eventualmente expropiaciones o, finalmente, la cárcel para aquellos productores que no acaten las normas. O dar marcha atrás y dejar que los productores llenen las góndolas, y entender que quien aumenta los precios es el mismo gobierno emitiendo una moneda que pierde valor día a día. Y eliminar las barreras para una mayor competencia.

En definitiva, tal vez no corresponde decir que la Sigen descubrió la pólvora, dados los años de fracasos de estas políticas, más bien descubrió la rueda.

Artículo en InfoBAE: Ideología y resultados en el comercio internacional. Los beneficios del libre comercio

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Artículo en InfoBAE Económico: https://www.infobae.com/opinion/2020/05/07/los-numeros-que-explican-los-beneficios-del-libre-comercio/

Hay frases que dicen muchas cosas. El canciller Felipe Solá dijo una de esas: “Los que piden tratados de libre comercio del Mercosur con otros países no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino. Su posición es ideológica: el libre comercio siempre será mejor por definición”.

Vamos por partes. Al demandar que se presente, aunque sea, un beneficio del libre comercio el canciller manifiesta que evalúa el tema en relación a sus consecuencias, al resultado. El libre comercio puede defenderse desde otra perspectiva: que se trata de un derecho. Tomemos a esos trabajadores argentinos que menciona en la frase. ¿Tienen derecho a disponer de su ingreso como les parezca apropiado? ¿Pueden decidir si lo van a gastar comprando a alguien del barrio, o de otra provincia, o del Uruguay, o de México, o de Noruega y Finlandia, que tanto le gustan al Presidente?

No es esa la visión del canciller, pero es la que defienden en otros ámbitos. ¿Acaso no plantean también que las personas tienen “derecho” a un cierto ingreso sin tomar en cuenta las consecuencias? Que tienen un derecho a la ayuda del Estado aunque este no tenga recursos, aunque emita para pagarlos, aunque genere más inflación que deteriora esos mismos recursos, aunque desafíe la hiperinflación. Esas parecen ser cuestiones de “derechos”, y no de consecuencias. Entonces, ¿cuándo tomamos en cuenta derechos y cuándo resultados?

Respecto a si el libre comercio siempre será mejor por definición, eso es correcto, pero no es una posición “ideológica”, que implica “sesgada”, sino una posición “científica”. Es lo que señala la ciencia económica desde que David Ricardo desarrollara la teoría de las ventajas comparativas en su famoso texto de 1817. No es una teoría que se haya mantenido inalterada, sin embargo. La “revolución” que implicó considerar al valor como algo subjetivo llevó a la reformulación de esta teoría en base al costo de oportunidad por Gottfried Haberler en 1930 y en las décadas recientes ha avanzado desde analizar las ventajas comparativas de países, a las de industrias y a las de empresas, con aportes, entre otros, de Paul Krugman, que le valieran el premio Nobel, no sus artículos en el New York Times.

Es que esa “ley” económica no es más que parte de la llamada Ley de Asociación, según la cual a cada uno de nosotros nos conviene dedicarnos a algo y luego comprar lo que necesitemos de los demás. Ya Adam Smith señalaba que no nos parecería lógico que un padre de familia intentara producir desde el alimento que le va a dar a sus hijos, pasando por su ropa, sus libros y cuadernos para el colegio hasta sus vacunas o tratamiento dental. Y lo que es razonable para una familia no deja de serlo para un “reino”.

Supongo que el Canciller querrá seguir a quienes han desafiado estas teorías, aceptadas por el 95% de los economistas según encuestas entre ellos. No hace mucho, George Mankiw, director del Departamento de Economía de Harvard, volvía a hacer referencia a esto señalando que “pocas proposiciones logran tanto consenso entre los economistas profesionales como que el comercio global abierto incrementa el crecimiento económico y los estándares de vida”.

Los países que se han abierto al comercio internacional han mejorado consistentemente su nivel de ingresos y diversificado su comercio internacional. Así, por ejemplo, los dos países con menores barreras al comercio son Singapur y Hong Kong. En el primer caso el ingreso per cápita era de 3.503 dólares en 1960, según el Banco Mundial, y ahora es $ 58.247; para Hong Kong de $3.380 a $38.781 en el mismo lapso.

Son muy distintos a Argentina, se dirá. Veamos uno un poco más parecido en cuanto a recursos, Nueva Zelanda, que está en el tercer lugar como economía más abierta. Pasó de $20.973 en 1970, cuando decidió abrir su economía, a $37.797 ahora. Australia es mucho más parecido a nosotros en cuanto a recursos disponibles, se encuentra en el puesto 17° y su ingreso per cápita pasó de $19.378 en 1960 a $ 56.842 ahora. Canadá también tiene recursos parecidos, y está en el puesto 10° de apertura comercial y con un cambio de $16.449 en 1960 a $51.391 ahora. Mientras tanto Argentina está en el puesto 71° de apertura comercial y nuestro ingreso ha crecido de $5.642 en 1960 a $10.043 en 2018.

Nótese que en el caso del país más abierto, Singapur, el ingreso per cápita se multiplicó 16,6 veces; en Hong Kong 11,4 veces; en Australia 2,93 veces; en Canadá 3,12 veces, mientras que en Argentina creció 1,78 veces en el mismo período.

Si queremos tomar algunos ejemplos más cercanos, Chile pasó de un ingreso per cápita de $4.465 en 1983 cuando comenzó a abrir su economía, a $15.130 en 2018, unas 3,38 veces. Como siempre se dirá que fue una dictadura aunque el proceso continuó y se aceleró en gobiernos posteriores. Si no es ese podemos ver el caso de Perú, que inició sus reformas en los 90s, es el primero en la región en cuanto a apertura comercial y vio crecer su ingreso de $2.589 en 1992 a $6.453 en 2018, 2,49 veces en 25 años.

¿Podrán destacarse estos resultados como los “beneficios” que el Canciller dice nadie puede mostrar? No hay ninguna ideología acá, lo que hay es teoría confirmada por los hechos. Ideología puede ser la del Canciller, que le impide ver los resultados.

El autor es profesor de Economía en la UBA y UCEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso

Alberdi y los tratados internacionales como una forma de garantizar la paz y la libertad económica

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Con los alumnos de la UBA Derecho, vemos a Alberdi cuando comenta cómo transmitir confianza a los inversores extranjeros, y a los trabajadores inmigrantes, luego de años de guerras civiles:

Alberdi

“En países como los nuestros, en que la guerra civil es crónica, y en que las guerras con el extranjero tienen su germen inagotable en el odio que el sistema español colonial supo inocularles hacia él, no hay medio más eficaz y serio de asegurar la industria, la persona y la propiedad, que por estipulaciones internacionales, en que el país se obligue a respetar esas garantías, en la paz lo mismo que en la guerra. Esa seguridad dada a los extranjeros es decisiva de la suerte de nuestra riqueza, porque son ellos de ordinario los que ejercen el comercio y la industria, y los que deben dar impulso a nuestra agricultura con sus brazos y capitales poderosos. Este gran medio económico de asegurar la libertad y los resultados del trabajo, en esta América de constante inquietud, pertenece a la Constitución argentina, que por el art. 27 ya citado, declara, que el gobierno federal argentino está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecido en esta Constitución. O más claramente dicho, que sirvan para asegurar los principios del derecho público que establece la Constitución argentina. En efecto, el sistema económico de la Constitución argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser Un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.

No vacilo, según esto, en creer que los tratados de la Confederación, celebrados en julio de 1853 con la Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, son la parte más interesante de la organización argentina, porque son medios orgánicos que convierten en verdad práctica y durable la libertad de navegación y comercio interior para todas las banderas, que encerrada en la Constitución habría quedado siempre expuesta a ser derogada con ella. El día que la Confederación desconozca que esos tratados valen más para su riqueza y prosperidad que la Constitución misma que debe vivir por ellos, puede creer que su suerte será la misma que bajo el yugo de los reyes de España y de los caudillos como Rosas.”

Y luego:

«En efecto, el sistema económico de la Constitución Argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.»

Artículo en InfoBAE Económico: El maldito sector privado al rescate del coronavirus

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Artículo en Infobae Económico:

https://www.infobae.com/economia/2020/04/18/el-maldito-sector-privado-al-rescate-del-coronavirus/

Las viejas películas de Hollywood sobre el Lejano Oeste mostraban, en muchas ocasiones, una caravana de carretas con colonos atacada por los indios. Las carretas se ponían en círculo para protegerse, pero eran asediadas por los indios hasta la llegada salvadora, a último momento, del quinto de caballería. Todo esto sería muy políticamente incorrecto para Hollywood en estos días, pero sirve como una metáfora de lo que nos está ocurriendo.

Como los colonos, estamos rodeados por el coronavirus y no podemos salir, en este caso porque el gobierno ha decretado la cuarentena. Mientras tanto, le echamos la culpa de muchas consecuencias a esos perversos agentes del sector privado: un supermercado, los almacenes chinos, los bancos, etc.

Sin embargo, va a ser el sector privado el que cumplirá el papel de los que vienen al rescate de nuestro encierro. Por un lado, es el que produce la materia prima (caña de azúcar y maíz) necesaria para producir alcohol. No hay problemas de stock allí, y si los hubiera se puede derivar parte de lo que se dedica a producir el componente complementario de las naftas. Hay algunos distribuidores mayoristas que llevan el alcohol 96% a varios laboratorios y fabricantes de alcohol envasado, por lo menos seis. Tres de ellos son grandes, Porta (Bialcohol), Elea Phoenix (Pervicol) y Fradealco (MF). Una de ellas está trabajando 24 horas al día, otra piensa llevar la producción de 20.000 unidades mensuales a 600.000 (La Nación; Alcohol en gel: la cadena desconocida del «oro» en tiempos de pandemia, 26/3). Un laboratorio de las Fuerzas Armadas, también produce alcohol en gel. Hay ciertas demoras en la producción porque se utilizan algunos componentes importados.

La empresa Tecme, que produce respiradores en Córdoba y exportaba el 80% de su producción antes de la crisis, cuadruplicó su producción, completamente volcada al mercado local (Cronista; El mayor fabricante de respiradores produce contrarreloj para cumplir con la demanda, 22/3).

En cuanto a las importaciones, se sufren demoras porque tienen que ser aprobadas por la Anmat (Clarín, Restricciones al comercio exterior: Coronavirus en la Argentina: denuncian trabas y demoras en la importación de reactivos y barbijos, 27/3). Cuando una empresa compra barbijos para sus empleados, el despacho se demora diez días; si son para comercializar, veinte. La importación de reactivos se ve demorada porque el sistema informático de la Aduana no reconoce la autorización de la Anmat. Los respiradores importados también tienen que ser autorizados por esa agencia.

Por último, en el Instituto Leloir están desarrollando un test (InfoTechnology; Argentina, a un paso de lograr tests masivos propios: el descubrimiento que cambiaría las pruebas en el país, 30/3), pero ya sabemos que en el mundo se han desarrollado varios. Hace poco se anunciaba que el Laboratorio Abbott tenía uno que daba el resultado en pocos minutos.

Lo mismo sucede en otros lugares, como Estados Unidos. Eo Products y GoJo industries han multiplicado la producción de alcohol en gel, la primera dieciséis veces. 3M duplicó su producción global de respiradores, a 100 millones por mes en todo el mundo. Ventec Life Systems, Medtronic y Zoll Medical Corporation también lo han hecho. Además de Abbott, Cepheid ha desarrollado un test con resultados en menos de una hora.

Por último, decenas de empresas farmacéuticas y de biotecnología se han lanzado a la carrera para desarrollar tratamientos para la enfermedad, y vacunas. Algunas de ellas en Estados Unidos son Novavax, Pfizer, Gilead Sciences, Heat Biologics, Inovio Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals, Vaxart, Vir Biotechnology, Airway Therapeutics, Altimmune, Tonix Pharmaceuticals, Innovation Pharmaceuticals, CytoDyn, Applied DNA Sciences, Eli Lilly, Arcturus Therapeutics (Cato Institute: American Businesses Help Tackle the Coronavirus, 1/4). Todas correrán por la patente, y por el prestigio, aun cuando si obtienen la primera corran el riesgo que los gobiernos populistas fuercen licencias obligatorias luego de que estos han gastado millones en su desarrollo.

Todos esos desarrollos son perversos, por supuesto, porque están motivados por el lucro, aunque en realidad si bien lo suponemos, no podemos saberlo. Alguno podría estar motivado por contribuir en estas circunstancias, por la fama, por alcanzar el cielo o por cualquier otra cosa. El mercado recoge todo tipo de motivaciones.

Y al final del día, lo que nos importará es que lleguen los productos, los equipos, los tests y las vacunas, pero igual diremos que son unos malditos explotadores.