Pocas teorías como ésta: el origen y la justificación del derecho de propiedad por John Locke

Creo que hay pocas teorías que pueden recibir una justificación desde distintos ángulos como la que presenta John Locke (1632-1704) respecto al derecho de propiedad. En su famoso segundo tomo del famoso libro “Two Treatises on Civil Government” (1689), Locke, quien fuera profundamente religioso, se aproxima al tema para tratar de responder a una supuesta paradoja. Si, como dicen las Escrituras, Dios creó al mundo para la humanidad, para toda ella, ¿cómo es que encontramos propiedad privada que excluye a los no propietarios del acceso a un recurso? http://oll.libertyfund.org/titles/222

La respuesta que da a esta pregunta ofrece tanto una explicación histórica sobre el origen de la propiedad, una justificación ética y una también basada en la eficiencia económica.

Locke

Empecemos por la primera: ¿cómo se origina el derecho de propiedad? En primer lugar, la primera propiedad que un ser humano posee es la de sí mismo, su cuerpo, su persona. En verdad, entonces, todos los que llamamos ahora “derechos individuales” o “derechos humanos” son una derivación del derecho de propiedad. Porque poseo mi cuerpo tengo derecho de propiedad sobre él y que no sea violentado. Porque ‘poseo’ mi cerebro tengo libertad a usarlo y pensar libremente. Como poseo mi fuerza de trabajo, tengo derecho al resultado de ese esfuerzo. ¿Cómo se extiende la propiedad desde mi persona a las cosas?

Su respuesta es que sucede con la ‘primera posesión’ o ‘posesión original’ y esto ocurre cuando alguien “mezcla su trabajo” con un recurso que no tiene dueño. Pensando en ese momento en el principal recurso sujeto a propiedad, la tierra sería así: alguien llega a un lugar donde no hay ningún ocupante y ‘mezcla su trabajo’, es decir, siembra o cerca para tener su ganado, o da alguna otra señal de ocupación. Así genera la posesión. Propiedad es cuando, luego, los demás reconocen esta posesión y el derecho que tiene el poseedor de ejercerla.

La justificación ética proviene del hecho que tal generación del derecho de propiedad se ha realizado sin violar derechos de otros, ya que se ha ocupado una tierra que no era de nadie. Si luego, esa propiedad original se transmite a través de contratos, cambia de manos sin violar derechos de terceros (compra-venta, herencia, donación).

Por supuesto que la historia muestra que este proceso fue violado en numerosas ocasiones, donde se utilizó la violencia para despojar a poseedores de sus posesiones; despojos realizados sobre todo por gobiernos o “autoridades” de todo tipo.

La justificación basada en la eficiencia es la siguiente: esos recursos disponibles a la humanidad no serían tales si la propiedad no existiera, porque su ausencia genera una “tragedia”, ya que todos buscan usar y consumir los recursos pero nadie protegerlos y reproducirlos.

Imaginemos una sociedad sin propiedad (en verdad no sería una sociedad). ¿Por qué voy a sembrar una tierra o construir una casa si luego cualquiera puede venir a cosechar los frutos o a instalarse en mi casa? Como no tengo un derecho para excluirlos no podría evitar esas circunstancias, por lo que mejor desisto de sembrar o construir y veo de consumir lo que otro haya cosechado o construido. Así, estaríamos de vuelta en un mundo de cazadores-recolectores o menos aun porque ni siquiera podríamos sostener la propiedad sobre otros bienes o herramientas necesarias para ello (armas para cazar, por ejemplo). Ese sería un mundo pobre, que solo podría sostener a un pequeño número de seres humanos, lejos de los siete mil millones de hoy.

Precisamente porque alguien, gracias al derecho de propiedad, puede ‘excluir’ a otros de su uso es que se convierte también en un ‘protector’ que buscará cuidar y multiplicar el recurso. Resulta entonces que pese a que la propiedad ‘excluye’ recursos del acervo global, en verdad los multiplica y los devuelve con creces.

 

Mueren esperando trasplantes de órganos y mientras tanto nos negamos a ponerles precios

Hay temas que son urticantes. Uno de ellos es la compra y venta de órganos humanos. Los economistas han señalado hace tiempo ya, que cuando un bien tiene un precio cero, es decir, es gratis, entonces tendrá una alta demanda y una restringida oferta. Esto parece suceder con los órganos, ya que en todos los países escasean al mismo tiempo que mucha gente se lleva órganos sanos a la tumba. Pero plantear la existencia de un mercado ofende a más de uno.

trasplante

Un trabajo de Julio Elías (Ucema), Nicola Lacetera (Universidad de Toronto) y Mario Macis (John Hopkins University) analiza este tema: “¿Valores sagrados? El efecto de la información sobre las actitudes hacia el pago por órganos humanos”, NBER Working Paper 20866, http://www.nber.org/papers/w20866.pdf

Aquí su resumen:

“Muchas transacciones económicas son prohibidas –aún en ausencia de preocupaciones sobre la salud o la seguridad o externalidades negativas- debido a las preocupaciones éticas que ocasionan estos intercambios, los que son percibidos como ‘repugnantes’ si se realizan a través del mercado. Establecer un sistema de pagos por órganos humanos es un ejemplo particularmente relevante dadas sus implicancias para la salud pública. En casi todos los países estos pagos están prohibidos porque con considerados moralmente inaceptables –una prohibición que las sociedades parecen aceptar a pesar de las largas listas de espera y las altas tasas de mortalidad para las personas que esperan un trasplante. Hemos investigado cuán profundamente se enraízan estas actitudes y, en particular, si proveer información sobre cómo un mecanismo de precios podría aliviar la escasez de órganos puede cambiar la opinión de la gente sobre la legalización de estas transacciones. Realizamos una consulta experimental con 3.147 personas en los Estados Unidos y encontramos que la provisión de información aumenta significativamente el apoyo en favor de pagos por órganos desde una base del 52 al 72%, y este aumento se aplica a los subgrupos más relevantes de la muestra analizada. Otros estudios sobre el apoyo a otras actividades moralmente controversiales muestra que el cambio de actitud en respuestas a la información depende del tipo de actividad en consideración y la interacción con otras creencias.”

Para quienes efectivamente repugnan estas posibles transacciones, el trabajo trae algunos datos:

“Solamente en los Estados Unidos hay más de 120.000 personas en listas de espera para trasplantes de órganos. Cada año se realizan solamente unos 29.000, y unas 10.000 personas mueren esperando un órgano o dejan la lista de espera porque están ya muy enfermos. El período promedio de espera para un trasplante de riñón es de 4,7 años, más de 2,9 más que hace una década. El costo de la escasez de oferta también se muestra en la carga financiera de procedimientos alternativos, tales como la diálisis en el caso de los riñones, que tiene en costo estimado de 250.000 dólares por paciente”.

Muchos se preguntarán cómo podría ser un mercado posible. ¿Acaso los pobres venderían sus órganos para salir de una urgencia económica? Nada de eso. Walter Block señalaba hace tiempo que muy probablemente existiría un sistema de seguros donde la compañía contrataría con sus clientes para que le entregaran sus órganos sanos al morir, sabiendo que también podrían recibirlos en caso de necesidad de otros clientes. Y la empresa no tendría incentivos para matar a sus clientes, la reputación al respecto sería de fundamental importancia para atraerlos en primer lugar. En fin, poco podemos saber sobre cómo desarrollarían los emprendedores un mercado de este tipo, asumiendo una estricta vigencia y respeto del derecho a la vida, la propiedad y los contratos.

 

 

El apartheid hacia las poblaciones indígenas: tienen débiles derechos de propiedad sobre su tierra

Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los problemas de propiedad de los indígenas:

Hernando de Soto, autor del Misterio del capital, fue el año pasado a la selva peruana a recabar información para su próximo libro La Amazonía no es Avatar y se enteró de un árbol de caoba que fue vendido por tres kilos de azúcar (alrededor de 3 dólares). Una pena, indica De Soto, puesto que si el dueño de ese caoba lo hubiese podido vender en Callao (el puerto de Lima) ese árbol hubiese sido comprado hasta por 12.000 dólares. Más frustrante es que en California ese mismo árbol se hubiese vendido en 50.000 dólares.

Ayer se cumplieron 20 años desde el primer levantamiento indígena en Ecuador y lo lamentable es que gran parte de ellos siguen en una situación como la del indígena peruano que vendió un caoba en 3 dólares. Esto en gran parte se debe a políticos oportunistas que prosperan del mito de que los indígenas son como los nativos de Pandora en la película Avatar, mito que De Soto resume así: los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental resulta de la entrega de derechos de propiedad.

Las investigaciones del equipo de De Soto en la Amazonía peruana han revelado que 80 por ciento de los indígenas que todavía viven en la selva no quieren que sus hijos sigan viviendo en comunidades aisladas. 7 de cada 10 indígenas peruanos son pobres y 5 de cada 10 viven en pobreza extrema, siendo la expectativa de vida en las áreas indígenas 20 años menor que en el resto del país. En esas áreas, además, la mortalidad infantil es el doble, 50% de los niños indígenas sufren de malnutrición y 40% de anemia. En casi todas las comunidades se han encontrado mapas, leyes comunales y certificados de posesión emitidos por ellos sobre casas, tierras, áreas de caza y de transacciones comerciales por lo que los indígenas sí parecen querer hacer negocios. La degradación ambiental principalmente se encuentra en zonas sin derechos de propiedad sólidos.

De Soto asevera que las comunidades indígenas no controlan sus territorios a pesar de la titularización de tierras por parte del Estado peruano. Por ejemplo, el Estado peruano en lugar de crear una sola ley para los indígenas de la Amazonía, ha creado alrededor de 5.000 sistemas legales soberanos que no están estandarizados.

“Al no compartir los mismos estándares con otras comunidades, ni con el resto de Perú o del mundo, ellos viven en una especie de apartheid económico estéril”, dice De Soto. Sospecho que la situación de los indígenas en la sierra rural y en la Amazonía ecuatoriana se encuentran en un apartheid similar.

Un apartheid que desde hace mucho tiempo los movimientos indígenas deberían haber demandado que se elimine. En cambio, ayer se cumplieron 20 años de dirigentes políticos que, a nombre de los indígenas, suelen pedir dádivas al Estado. 20 años que nunca se les ocurrió pedirle al Estado derechos de propiedad sólidos para los que dicen representar, incluso sobre los recursos que están en el subsuelo de sus tierras.

 

Los incentivos que genera el derecho de propiedad: juguetes con dueño o sin dueno en Toy Story 3

Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los incentivos de la propiedad privada: “El mensaje de Toy Story 3”:

No he visto hasta ahora una película que explique de manera tan didáctica que la libertad es un valor en sí que no debe ser sacrificado a cambio de otros valores y que ésta es asegurada a través de los derechos de propiedad privada.

En Toy Story 3 los juguetes con dueño pasan a ser obsoletos cuando el dueño crece y por lo tanto son olvidados en alguna bodega o, peor aún, clasificados como basura. Cuando Andy (el dueño) deja de jugar con sus juguetes, estos montan la “Operación vuelta al juego”. Más o menos como cuando un trabajador pierde su trabajo e intenta recuperarlo o busca otro. Lamentablemente ellos concluyen que “ya nadie va a jugar con nosotros” (léase, “ya nadie nos va a contratar”).

Toy Story 3

Frente al prospecto de quedarse en un ático o terminar en el basurero los juguetes consideran que la guardería Sunnyside es el paraíso en la tierra. Ahí parecía que tendrían una oferta ilimitada de niños que siempre jugarían con ellos (siempre habría trabajo). El juguete líder de la guardería, Lotso, les promete que nunca serán abandonados (léase: despedidos) porque en ese mundo los juguetes no dependen de un dueño (es decir, no hay propiedad privada). Lotso les prometió muchas cosas: “Tenemos control de nuestro destino”; “Ya no sufran, ¡pronto tendrán la diversión que tanto han esperado!”

Inmediatamente se identifica la estructura de poder en la guardería. El Ken es la obediente mano derecha de Lotso. El “Bebote” (una muñeca grande y tuerta) es la fuerza detrás del poder del dictador. Hay dos cuartos: el de la clase privilegiada y el de los disidentes. En el primer cuarto de los niños mayores que no destruían a los juguetes solo ingresaban aquellos que obedecían al dictador. En el segundo cuarto de niños menores que eran bruscos con los juguetes iban todos los juguetes que se negaban a obedecer a Lotso.

El contraste es claro: en el mundo de la propiedad privada (la casa de Andy) los juguetes suelen ser cuidados y hay una relación mutuamente beneficiosa entre el dueño y sus juguetes. En el mundo sin propiedad privada (la guardería), los juguetes sin dueño viven bajo la tiranía de un juguete que les prometió el paraíso.

En el mundo con propiedad privada los juguetes tenían libertad de entrar y salir de la casa del dueño. En el mundo sin propiedad no tenían libertad de escapar. Los que se fueron a la guardería sacrificaron libertad a cambio de la seguridad de que nadie los abandonaría. Pronto se vuelve evidente que aquellos que sacrificaron libertad a cambio de seguridad perdieron ambas cosas.

Finalmente, cuando todos los juguetes están a punto de escapar de la guardería Barbie nos da una lección en gobierno citando a John Locke: “¡La autoridad debería derivarse del consentimiento de los gobernados, no de la amenaza del uso de la fuerza!” Si su hijo o hija comprenden a su corta edad este mensaje, el futuro de nuestro país se proyectaría mucho mejor. Lástima que los que compusieron nuestra constitución no lo comprendieron, pero nunca es tarde. Todavía pueden ver Toy Story 3.

La «política cambiaria» o la desgracia de mezclar el tipo de cambio con la política.

Las declaraciones del presidente del Banco Central argentino, en relación a una posible reducción de las prohibiciones y restricciones existentes en el mercado de cambios (http://www.lanacion.com.ar/1753835-el-presidente-del-banco-central-ahora-anticipa-que-habra-una-apertura-gradual-del-cepo-cambiario) ha desatado, como era de esperar, una interesante discusión entre economistas acerca de las posibilidades de hacerlo dadas las restricciones que impone la actual situación y las perspectivas en cuanto a las reservas de la autoridad monetaria.

Como siempre, también, la discusión se centra en cuestiones de coyuntura, las que adquieren prioridad sobre temas de fondo. En general, los economistas son de la opinión que esas prohibiciones y restricciones deben eliminarse pero son tan cuidadosos respecto a la coyuntura que se termina olvidando el objetivo final, si es que en verdad éste existe dentro de tal análisis.

Olvidemos la coyuntura por un momento (aunque después volveremos sobre ella). Veamos la situación en términos de derechos. Si el objetivo final es recuperar la vigencia los derechos de propiedad y la posibilidad de disponer de ellos en la moneda que a uno le parezca mejor, ya que con su propiedad cualquiera puede hacer lo que estime mejor en tanto y en cuanto no dañe la propiedad de otros, alcanzar esa situación será lograr un “tipo de cambio libre”.

¿Hay algún objetivo “colectivo” superior que determine la restricción de tales derechos en aras de algo como el ‘bien común’? Seguramente muchos mencionarán cosas tales como la ‘estabilidad macroeconómica’, pero lo cierto es que la libertad de disponibilidad de la propiedad no es una fuente de inestabilidad, más bien lo contrario. La historia muestra que la inestabilidad macroeconómica es generada por los gobiernos, por sus déficits fiscales, su endeudamiento y su manejo de la emisión monetaria, no porque la gente disponga de sus derechos de propiedad.

Si esto es así, el objetivo final sería restituir esos derechos, situación que, además, recuperaría la vigencia de la Constitución Nacional. En tal sentido, los objetivos serían:

  1. Devolver el derecho de propiedad a los exportadores. Eliminar la obligación de entregar las divisas que obtienen al Banco Central; podrían ingresarlas o no, según su criterio. El efecto económico de esta disposición sería el siguiente: si ingresaran esas divisas contribuirían a la revaluación del peso (con política monetaria neutra) en relación a los ahora más abundantes dólares en el mercado.
  2. Devolver el derecho de propiedad a los importadores. Eliminar las licencias previas y todas las trabas sobre las importaciones. Esa mayor capacidad de importar contribuiría a la devaluación del peso en relación al dólar.
  3. Se removerían todo tipo de restricciones para el ingreso o egreso de divisas por cualquier motivo (inversiones, turismo, ahorro). El ingreso de inversiones, el turismo entrante y el ahorro de extranjeros en pesos tendería a revaluar la moneda local; el flujo de inversiones al exterior, el turismo saliente y el ahorro de locales en moneda extranjera tendería a devaluar la moneda local.

Volvamos ahora a la coyuntura. Si todo esto ocurriera, ¿cuál sería el saldo entre presiones devaluatorias y revaluatorias? En verdad, es muy difícil de decir, habrá muchas otras variables en juego que afectarán las expectativas de todos y determinarán nuestra conducta, aunque está claro que esas tres medidas, si fueran creíbles, generarían mucha más confianza que desconfianza.

Pero buena parte de la discusión actual sobre el relajamiento de los controles se centra en la cantidad de reservas que pueda tener el Banco Central. Puede ser que esa preocupación esté asociada a que no se genere un cambio brusco que altere drásticamente la posición patrimonial de la gente (esto es, una fuerte devaluación o una fuerte revaluación). Pero puede ser también que, en verdad, el objetivo final no sea devolver derechos como se planteara más arriba sino que se está pensando en sostener un determinado tipo de cambio. ¿Ycuál debería ser?

Muchos analistas consideran saberlo. Tal vez tendrían que tener algo de humildad. Pero el meollo de la discusión es que consideran al tipo de cambio como una herramienta de la política económica, no como su resultado.

Hemos tenido muchas décadas ya con políticas económicas que consideran el tipo de cambio como una herramienta. Esto fue así tanto en los 70s, como en los 80s, como en los 90s, como ahora. No pueden decir que haya sido un éxito. Mientras se ocupaban del tipo de cambio cometían un exceso fiscal tras otro. ¿Hubieran sido los costos económicos mayores si el tipo de cambio lo hubieran determinado oferentes y demandantes en lugar de algún experto (sea presidente del Banco Central o ministro de Economía)?

La “política cambiaria” ha demostrado que no hay nada peor que mezclar la “política” con el “tipo de cambio”… O tal vez sí, la “política monetaria”, esto es, mezclar la “política” con la “moneda”.

Hay que respetar la «geometría» de los asentamientos urbanos. Planificarlos es paternalista.

Franco Martín López me hace el honor de citar en su trabajo final para la materia Planeamiento Territorial y Urbano II, junto con Berenice Blanco, mi artículo en La Nación sobre la privatización de la Villa 31: http://www.lanacion.com.ar/1156361-se-puede-privatizar-la-villa-31

Ellos son futuros arquitectos, y ven el tema desde una perspectiva que no puedo ofrecer, pero se diferencian de una visión común en todas las propuestas de solución de las villas: todos tienen en mente lo que creen es la mejor planificación del tejido urbano, no como se ha desarrollado hasta aquí. Esto concluyen los autores en relación al “Barrio de la Sexta”, en la ciudad de Rosario:

Villa 31

“Las aproximaciones convencionales del planeamiento hacia las villas y la remoción de villas son generalmente paternalistas. Para superar al problema de las villas, debemos entender a sus habitantes como personas capaces de entender y actuar en base a su propio interés, alejándonos de los intentos actuales de regentear a las personas. (Jacobs 1961, 270) En este sentido, el ordenamiento físico del espacio urbano y del asentamiento juega un rol fundamental que debe dejarse en manos de los propios vecinos.

Las desventajas de los asentamientos irregulares no son inherentes al propio sistema urbano. Su geometría orgánica es perfectamente sana, sin embargo, es precisamente ese aspecto el que es rechazado con vehemencia. Simplemente no encaja en la imagen estereotipada (y científicamente anticuada) de lo que es un tejido urbano progresista y a lo que debería parecerse – aseado, liso, rectangular, modular y estéril. La geometría orgánica de una favela está vinculada con el acto ilegal de ocupación y con una anarquía generalizada. La geometría en sí representa «un enemigo para el progreso» para una administración. No podemos construir tejido urbano vivo hasta que lleguemos más allá de lo que depara el prejuicio. La favela tiene un mecanismo de auto-sanación ausente en la mayoría de los planes sociales de vivienda realizados de manera verticalista. Irónicamente, la geometría orgánica de la favela está típicamente en contradicción con los imperativos de un Estado moderno dado su interés en dar respuesta a los problemas sociales de una manera que se controle adecuadamente. Parte de ese interés en el control tiene que ver con un interés literal en el tipo de orden administrativo racional que está ligado al control social. Sin embargo, gran parte de ella puede reflejar bien la necesidad del Estado para legitimar sus intervenciones al demostrar su racionalidad, o su necesidad de mantener los rituales burocráticos de la rendición de cuentas en el reparto de los recursos públicos, así como también podría ser una preocupación reformista sincera para elevar el nivel de vida de los pobres de una manera que sea a la vez eficiente y justa, motivada por principios democráticos. (Salingaros, y otros 2006)

Como explica Salingaros, ¨Una geometría ordenada da la impresión de control de inversiones en la entidad que construye. Si esto es intencional (para mostrar la autoridad del Estado) o subconsciente (copiando imágenes de libros de arquitectura), los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales prefieren ver una expresión de su propia «racionalidad» a través de tales construcciones. (…) Los asentamientos ilegales morfológicamente complejos están generalmente fuera del control del gobierno. Una forma de afirmar el control es mover a sus residentes a las viviendas construidas por el gobierno.¨ (Salingaros, y otros 2006)

Para construir un proyecto de vivienda de manera más eficiente, la entidad que dirige quiere tener el máximo control sobre el proceso de la geometría y la construcción. Este requisito práctico significa que la participación del usuario es excluida. El problema consiste en que un casco urbano está compuesto por redes sociales complejas, y requiere de la morfología urbana adecuada de una red. Nunca es mono-funcional, y no es homogénea. No puede construirse de manera verticalista por el gobierno central. (Salingaros, y otros 2006)”.

Los trabajos completos están disponibles aquí: https://drive.google.com/file/d/0B_XO_2NbxLsRM0tmcmZmNkNWb00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_XO_2NbxLsRanZfWGxSd0xzWE0/view?usp=sharing

 

El derecho de propiedad, su origen y la tragedia de su ausencia

Para que los intercambios se realicen es necesario que los participantes “posean” las cosas, es decir, tengan uno de los atributos de la propiedad que es el derecho de su dueño a transferir su posesión a otro. Cualquiera de nosotros sabe bien que si tomáramos a cambio algo que no es propiedad de quien nos lo da, estaríamos recibiendo un problema: con el verdadero dueño, quien se lanzaría a la carga a reclamar lo suyo o, en sociedades organizadas, lo haría por medio de la justicia.

Cuidamos la propiedad, porque significa riqueza. Nos permite disfrutar los ingresos o beneficios que sean provenientes de ella. Propiedad es todo tipo de posesión personal: nuestros animales, libros, relojes, autos, ropa, dinero. Es decir, pueden ser sujetos de propiedad todos los recursos naturales de la tierra (minerales, ríos, etc.), herramientas, máquinas, fábricas, escuelas, casas, calles, mercaderías y más aún, hasta nuestras habilidades y talentos: nuestra habilidad para producir, nuestra capacidad para trabajar o crear son nuestra propiedad .

La propiedad, en realidad, no significa que el propietario disfrute solamente de los beneficios que ésta pueda darle, debe también soportar todas las cargas y responsabilidades de lo que haga con ella. Le toca asumir los costos de su mantenimiento o mejora y hacerse cargo de las pérdidas que generen sus equivocadas decisiones.

La creciente extensión de la propiedad privada, favoreció e impulsó el avance de la civilización en dos sentidos. El primero de ellos es el incentivo al progreso: está claro que pondré mis mayores esfuerzos en cualquier tipo de actividad en la medida que pueda gozar plenamente de los frutos del esfuerzo realizado en el aprovechamiento de mis recursos. En otros términos, si mi único recurso es mi capacidad de trabajo, sólo me esforzaré si tengo la seguridad de que el fruto de mi esfuerzo me pertenece, es mi propiedad. Vano resulta tratar de inducir a las personas a esforzarse al máximo si luego el resultado de esta acción es utilizado por otro, si no ejercen sobre ese esfuerzo su derecho de propiedad.

El segundo aspecto por el cual la extensión de la propiedad privada favoreció el avance de la civilización se refiere a la protección de los recursos, es decir, de las cosas que son objeto de propiedad. El “propietario” es un “protector” ya que recaen sobre él los efectos de sus acciones: si cuida el recurso y lo multiplica se enriquece; si es negligente y permite su deterioro se empobrece. Pensemos esto respecto al lugar donde vivimos. Si cuidamos nuestra casa, la pintamos y reparamos mantendrá su valor, incluso puede aumentarlo si la mejoramos; pero si nos descuidamos y se deteriora recibimos una multa automática a través de la caída de su precio.

Cuando no hay propiedad nos encontramos con una “tragedia” ya que todos pueden utilizar el recurso y así termina depredado, no existe la posibilidad de “excluir” a nadie de su uso como tampoco nadie tiene incentivo para cuidarlo y mejorarlo. La capacidad de “excluir” es fundamental, no ya para la propiedad sino para la existencia misma de la sociedad. Imaginemos una situación en la que no pudiéramos excluir a nadie de ingresar en nuestras casas, sentarse en nuestro sillón, prender nuestro televisor, abrir nuestra heladera. Precisamente porque podemos excluir a quienes no queremos que entren en nuestra casa es que los que sí lo hace son “invitados”. Si cualquier pudiera ingresar y llevarse lo que quisiera la “tragedia” nos llevaría a no tener nada que no podamos consumir en el momento; regresaríamos a la mera subsistencia.

La propiedad estatal es “propiedad” de todos, y cuando el estado que es su formal propietario no cumple adecuadamente ese papel se asemeja a la ausencia de propiedad anterior. Esto lo vemos en los espacios públicos que aparecen abandonados, y depredados. Lo dice el viejo refrán: lo que es de todos no es de nadie. A diferencia de sus propiedades privadas, pocos individuos tienen el tiempo o los recursos para poder informarse de las políticas de manejo de los recursos públicos y menos aún de las operaciones diarias. Tampoco pueden razonablemente influenciar en cada una de las decisiones, por lo que éstas son tomadas por un grupo reducido de individuos: con lo que se separa la autoridad de la responsabilidad. Mientras los deseos de la mayoría se ven así diluidos, en cambio algunos intereses bien organizados pueden dirigir sus claros intentos a orientar el manejo de esos recursos hacia su beneficio, centrando sus esfuerzos en influenciar a los que los manejan.

Por último, la posesión de propiedad es también posesión de poder. En la medida que la propiedad privada permite que la posesión se encuentre dividida entre un gran número de personas propietarias, y no concentrada en un rey o en el estado, distribuye el poder e impide que se concentre y sea controlado por unos pocos. Cuando todo es propiedad del Estado la libertad desaparece.

Tres de los diez principales problemas ambientales: contaminación del aire, agricultura y asentamientos urbanos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora los temas que ese artículo no trata:

Contaminación del aire:

La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme . Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

Asentamientos urbanos:

El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

Los principales diez problemas ambientales. La deforestación de bosques y selvas

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los bosques y selvas:

Para la Fundación:

En un siglo, la Argentina perdió 73 millones de hectáreas de bosques selvas. La última cifra oficial es de 2011: hay 27 millones o menos de hectáreas verdes nativas. Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds), esa pérdida muestra «una aceleración del proceso en las últimas décadas». En varias provincias avanzan con los desmontes más allá de las zonas aprobadas y hay ecorregiones desprotegidas, como la del monte de llanuras y mesetas (desde San Juan hasta Chubut), la espinal (llanura chaco pampeana) o los bosques de caldén (La Pampa) y de los talares (Buenos Aires).

SOLUCIÓN: Hacer cumplir la ley de bosques, respetar el presupuesto del fondo nacional para la conservación de los bosques (se cubre el 10%) y sancionar una ley para que las provincias restauren no menos de 10.000 hectáreas de áreas forestales degradadas, en especial en el Chaco húmedo, el Chaco seco, la selva misionera, la llanura chaco pampeana y el monte de llanuras y mesetas.

Informe ICI 2012:

Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población .

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.

Los diez principales problemas ambientales. El de la minería es un problema de derechos de propiedad

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la minería:

Para la Fundación:

Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos.

Informe ICI 2012:

La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator, los estándares ambientales de la CFI, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres .

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.