La «política cambiaria» o la desgracia de mezclar el tipo de cambio con la política.

Las declaraciones del presidente del Banco Central argentino, en relación a una posible reducción de las prohibiciones y restricciones existentes en el mercado de cambios (http://www.lanacion.com.ar/1753835-el-presidente-del-banco-central-ahora-anticipa-que-habra-una-apertura-gradual-del-cepo-cambiario) ha desatado, como era de esperar, una interesante discusión entre economistas acerca de las posibilidades de hacerlo dadas las restricciones que impone la actual situación y las perspectivas en cuanto a las reservas de la autoridad monetaria.

Como siempre, también, la discusión se centra en cuestiones de coyuntura, las que adquieren prioridad sobre temas de fondo. En general, los economistas son de la opinión que esas prohibiciones y restricciones deben eliminarse pero son tan cuidadosos respecto a la coyuntura que se termina olvidando el objetivo final, si es que en verdad éste existe dentro de tal análisis.

Olvidemos la coyuntura por un momento (aunque después volveremos sobre ella). Veamos la situación en términos de derechos. Si el objetivo final es recuperar la vigencia los derechos de propiedad y la posibilidad de disponer de ellos en la moneda que a uno le parezca mejor, ya que con su propiedad cualquiera puede hacer lo que estime mejor en tanto y en cuanto no dañe la propiedad de otros, alcanzar esa situación será lograr un “tipo de cambio libre”.

¿Hay algún objetivo “colectivo” superior que determine la restricción de tales derechos en aras de algo como el ‘bien común’? Seguramente muchos mencionarán cosas tales como la ‘estabilidad macroeconómica’, pero lo cierto es que la libertad de disponibilidad de la propiedad no es una fuente de inestabilidad, más bien lo contrario. La historia muestra que la inestabilidad macroeconómica es generada por los gobiernos, por sus déficits fiscales, su endeudamiento y su manejo de la emisión monetaria, no porque la gente disponga de sus derechos de propiedad.

Si esto es así, el objetivo final sería restituir esos derechos, situación que, además, recuperaría la vigencia de la Constitución Nacional. En tal sentido, los objetivos serían:

  1. Devolver el derecho de propiedad a los exportadores. Eliminar la obligación de entregar las divisas que obtienen al Banco Central; podrían ingresarlas o no, según su criterio. El efecto económico de esta disposición sería el siguiente: si ingresaran esas divisas contribuirían a la revaluación del peso (con política monetaria neutra) en relación a los ahora más abundantes dólares en el mercado.
  2. Devolver el derecho de propiedad a los importadores. Eliminar las licencias previas y todas las trabas sobre las importaciones. Esa mayor capacidad de importar contribuiría a la devaluación del peso en relación al dólar.
  3. Se removerían todo tipo de restricciones para el ingreso o egreso de divisas por cualquier motivo (inversiones, turismo, ahorro). El ingreso de inversiones, el turismo entrante y el ahorro de extranjeros en pesos tendería a revaluar la moneda local; el flujo de inversiones al exterior, el turismo saliente y el ahorro de locales en moneda extranjera tendería a devaluar la moneda local.

Volvamos ahora a la coyuntura. Si todo esto ocurriera, ¿cuál sería el saldo entre presiones devaluatorias y revaluatorias? En verdad, es muy difícil de decir, habrá muchas otras variables en juego que afectarán las expectativas de todos y determinarán nuestra conducta, aunque está claro que esas tres medidas, si fueran creíbles, generarían mucha más confianza que desconfianza.

Pero buena parte de la discusión actual sobre el relajamiento de los controles se centra en la cantidad de reservas que pueda tener el Banco Central. Puede ser que esa preocupación esté asociada a que no se genere un cambio brusco que altere drásticamente la posición patrimonial de la gente (esto es, una fuerte devaluación o una fuerte revaluación). Pero puede ser también que, en verdad, el objetivo final no sea devolver derechos como se planteara más arriba sino que se está pensando en sostener un determinado tipo de cambio. ¿Ycuál debería ser?

Muchos analistas consideran saberlo. Tal vez tendrían que tener algo de humildad. Pero el meollo de la discusión es que consideran al tipo de cambio como una herramienta de la política económica, no como su resultado.

Hemos tenido muchas décadas ya con políticas económicas que consideran el tipo de cambio como una herramienta. Esto fue así tanto en los 70s, como en los 80s, como en los 90s, como ahora. No pueden decir que haya sido un éxito. Mientras se ocupaban del tipo de cambio cometían un exceso fiscal tras otro. ¿Hubieran sido los costos económicos mayores si el tipo de cambio lo hubieran determinado oferentes y demandantes en lugar de algún experto (sea presidente del Banco Central o ministro de Economía)?

La “política cambiaria” ha demostrado que no hay nada peor que mezclar la “política” con el “tipo de cambio”… O tal vez sí, la “política monetaria”, esto es, mezclar la “política” con la “moneda”.

Hay que respetar la «geometría» de los asentamientos urbanos. Planificarlos es paternalista.

Franco Martín López me hace el honor de citar en su trabajo final para la materia Planeamiento Territorial y Urbano II, junto con Berenice Blanco, mi artículo en La Nación sobre la privatización de la Villa 31: http://www.lanacion.com.ar/1156361-se-puede-privatizar-la-villa-31

Ellos son futuros arquitectos, y ven el tema desde una perspectiva que no puedo ofrecer, pero se diferencian de una visión común en todas las propuestas de solución de las villas: todos tienen en mente lo que creen es la mejor planificación del tejido urbano, no como se ha desarrollado hasta aquí. Esto concluyen los autores en relación al “Barrio de la Sexta”, en la ciudad de Rosario:

Villa 31

“Las aproximaciones convencionales del planeamiento hacia las villas y la remoción de villas son generalmente paternalistas. Para superar al problema de las villas, debemos entender a sus habitantes como personas capaces de entender y actuar en base a su propio interés, alejándonos de los intentos actuales de regentear a las personas. (Jacobs 1961, 270) En este sentido, el ordenamiento físico del espacio urbano y del asentamiento juega un rol fundamental que debe dejarse en manos de los propios vecinos.

Las desventajas de los asentamientos irregulares no son inherentes al propio sistema urbano. Su geometría orgánica es perfectamente sana, sin embargo, es precisamente ese aspecto el que es rechazado con vehemencia. Simplemente no encaja en la imagen estereotipada (y científicamente anticuada) de lo que es un tejido urbano progresista y a lo que debería parecerse – aseado, liso, rectangular, modular y estéril. La geometría orgánica de una favela está vinculada con el acto ilegal de ocupación y con una anarquía generalizada. La geometría en sí representa «un enemigo para el progreso» para una administración. No podemos construir tejido urbano vivo hasta que lleguemos más allá de lo que depara el prejuicio. La favela tiene un mecanismo de auto-sanación ausente en la mayoría de los planes sociales de vivienda realizados de manera verticalista. Irónicamente, la geometría orgánica de la favela está típicamente en contradicción con los imperativos de un Estado moderno dado su interés en dar respuesta a los problemas sociales de una manera que se controle adecuadamente. Parte de ese interés en el control tiene que ver con un interés literal en el tipo de orden administrativo racional que está ligado al control social. Sin embargo, gran parte de ella puede reflejar bien la necesidad del Estado para legitimar sus intervenciones al demostrar su racionalidad, o su necesidad de mantener los rituales burocráticos de la rendición de cuentas en el reparto de los recursos públicos, así como también podría ser una preocupación reformista sincera para elevar el nivel de vida de los pobres de una manera que sea a la vez eficiente y justa, motivada por principios democráticos. (Salingaros, y otros 2006)

Como explica Salingaros, ¨Una geometría ordenada da la impresión de control de inversiones en la entidad que construye. Si esto es intencional (para mostrar la autoridad del Estado) o subconsciente (copiando imágenes de libros de arquitectura), los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales prefieren ver una expresión de su propia «racionalidad» a través de tales construcciones. (…) Los asentamientos ilegales morfológicamente complejos están generalmente fuera del control del gobierno. Una forma de afirmar el control es mover a sus residentes a las viviendas construidas por el gobierno.¨ (Salingaros, y otros 2006)

Para construir un proyecto de vivienda de manera más eficiente, la entidad que dirige quiere tener el máximo control sobre el proceso de la geometría y la construcción. Este requisito práctico significa que la participación del usuario es excluida. El problema consiste en que un casco urbano está compuesto por redes sociales complejas, y requiere de la morfología urbana adecuada de una red. Nunca es mono-funcional, y no es homogénea. No puede construirse de manera verticalista por el gobierno central. (Salingaros, y otros 2006)”.

Los trabajos completos están disponibles aquí: https://drive.google.com/file/d/0B_XO_2NbxLsRM0tmcmZmNkNWb00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_XO_2NbxLsRanZfWGxSd0xzWE0/view?usp=sharing

 

El derecho de propiedad, su origen y la tragedia de su ausencia

Para que los intercambios se realicen es necesario que los participantes “posean” las cosas, es decir, tengan uno de los atributos de la propiedad que es el derecho de su dueño a transferir su posesión a otro. Cualquiera de nosotros sabe bien que si tomáramos a cambio algo que no es propiedad de quien nos lo da, estaríamos recibiendo un problema: con el verdadero dueño, quien se lanzaría a la carga a reclamar lo suyo o, en sociedades organizadas, lo haría por medio de la justicia.

Cuidamos la propiedad, porque significa riqueza. Nos permite disfrutar los ingresos o beneficios que sean provenientes de ella. Propiedad es todo tipo de posesión personal: nuestros animales, libros, relojes, autos, ropa, dinero. Es decir, pueden ser sujetos de propiedad todos los recursos naturales de la tierra (minerales, ríos, etc.), herramientas, máquinas, fábricas, escuelas, casas, calles, mercaderías y más aún, hasta nuestras habilidades y talentos: nuestra habilidad para producir, nuestra capacidad para trabajar o crear son nuestra propiedad .

La propiedad, en realidad, no significa que el propietario disfrute solamente de los beneficios que ésta pueda darle, debe también soportar todas las cargas y responsabilidades de lo que haga con ella. Le toca asumir los costos de su mantenimiento o mejora y hacerse cargo de las pérdidas que generen sus equivocadas decisiones.

La creciente extensión de la propiedad privada, favoreció e impulsó el avance de la civilización en dos sentidos. El primero de ellos es el incentivo al progreso: está claro que pondré mis mayores esfuerzos en cualquier tipo de actividad en la medida que pueda gozar plenamente de los frutos del esfuerzo realizado en el aprovechamiento de mis recursos. En otros términos, si mi único recurso es mi capacidad de trabajo, sólo me esforzaré si tengo la seguridad de que el fruto de mi esfuerzo me pertenece, es mi propiedad. Vano resulta tratar de inducir a las personas a esforzarse al máximo si luego el resultado de esta acción es utilizado por otro, si no ejercen sobre ese esfuerzo su derecho de propiedad.

El segundo aspecto por el cual la extensión de la propiedad privada favoreció el avance de la civilización se refiere a la protección de los recursos, es decir, de las cosas que son objeto de propiedad. El “propietario” es un “protector” ya que recaen sobre él los efectos de sus acciones: si cuida el recurso y lo multiplica se enriquece; si es negligente y permite su deterioro se empobrece. Pensemos esto respecto al lugar donde vivimos. Si cuidamos nuestra casa, la pintamos y reparamos mantendrá su valor, incluso puede aumentarlo si la mejoramos; pero si nos descuidamos y se deteriora recibimos una multa automática a través de la caída de su precio.

Cuando no hay propiedad nos encontramos con una “tragedia” ya que todos pueden utilizar el recurso y así termina depredado, no existe la posibilidad de “excluir” a nadie de su uso como tampoco nadie tiene incentivo para cuidarlo y mejorarlo. La capacidad de “excluir” es fundamental, no ya para la propiedad sino para la existencia misma de la sociedad. Imaginemos una situación en la que no pudiéramos excluir a nadie de ingresar en nuestras casas, sentarse en nuestro sillón, prender nuestro televisor, abrir nuestra heladera. Precisamente porque podemos excluir a quienes no queremos que entren en nuestra casa es que los que sí lo hace son “invitados”. Si cualquier pudiera ingresar y llevarse lo que quisiera la “tragedia” nos llevaría a no tener nada que no podamos consumir en el momento; regresaríamos a la mera subsistencia.

La propiedad estatal es “propiedad” de todos, y cuando el estado que es su formal propietario no cumple adecuadamente ese papel se asemeja a la ausencia de propiedad anterior. Esto lo vemos en los espacios públicos que aparecen abandonados, y depredados. Lo dice el viejo refrán: lo que es de todos no es de nadie. A diferencia de sus propiedades privadas, pocos individuos tienen el tiempo o los recursos para poder informarse de las políticas de manejo de los recursos públicos y menos aún de las operaciones diarias. Tampoco pueden razonablemente influenciar en cada una de las decisiones, por lo que éstas son tomadas por un grupo reducido de individuos: con lo que se separa la autoridad de la responsabilidad. Mientras los deseos de la mayoría se ven así diluidos, en cambio algunos intereses bien organizados pueden dirigir sus claros intentos a orientar el manejo de esos recursos hacia su beneficio, centrando sus esfuerzos en influenciar a los que los manejan.

Por último, la posesión de propiedad es también posesión de poder. En la medida que la propiedad privada permite que la posesión se encuentre dividida entre un gran número de personas propietarias, y no concentrada en un rey o en el estado, distribuye el poder e impide que se concentre y sea controlado por unos pocos. Cuando todo es propiedad del Estado la libertad desaparece.

Tres de los diez principales problemas ambientales: contaminación del aire, agricultura y asentamientos urbanos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora los temas que ese artículo no trata:

Contaminación del aire:

La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme . Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

Asentamientos urbanos:

El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

Los principales diez problemas ambientales. La deforestación de bosques y selvas

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los bosques y selvas:

Para la Fundación:

En un siglo, la Argentina perdió 73 millones de hectáreas de bosques selvas. La última cifra oficial es de 2011: hay 27 millones o menos de hectáreas verdes nativas. Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds), esa pérdida muestra «una aceleración del proceso en las últimas décadas». En varias provincias avanzan con los desmontes más allá de las zonas aprobadas y hay ecorregiones desprotegidas, como la del monte de llanuras y mesetas (desde San Juan hasta Chubut), la espinal (llanura chaco pampeana) o los bosques de caldén (La Pampa) y de los talares (Buenos Aires).

SOLUCIÓN: Hacer cumplir la ley de bosques, respetar el presupuesto del fondo nacional para la conservación de los bosques (se cubre el 10%) y sancionar una ley para que las provincias restauren no menos de 10.000 hectáreas de áreas forestales degradadas, en especial en el Chaco húmedo, el Chaco seco, la selva misionera, la llanura chaco pampeana y el monte de llanuras y mesetas.

Informe ICI 2012:

Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población .

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.

Los diez principales problemas ambientales. El de la minería es un problema de derechos de propiedad

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la minería:

Para la Fundación:

Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos.

Informe ICI 2012:

La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator, los estándares ambientales de la CFI, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres .

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

Matan a los rinocerontes por los cuernos, pero hay «propietarios» que los cuidan y reproducen

Luego de una serie de posts sobre temas ambientales en América Latina, aquí va un interesante artículo sobre los rinocerontes en Sudáfrica y los derechos de propiedad, por Timothy Taylor, publicado por PERC: http://perc.org/articles/property-rights-and-rhinos

Rinoceronte negro

Algunos párrafos:

En Sudáfrica se encuentra el 75% de la población de rinocerontes negros y el 96% de los blancos. Debe haber algunas lecciones para los conservacionistas detrás de estas estadísticas. Michael ‘t Sas-Rolfes cuenta la historia en “Salvando a los Rinocerontes Africanos: Un éxito del mercado”, publicado como un caso de estudio por PERC (Property and Environment Research Center).

La historia no es solo sobre mercados. En 1900, los rinocerontes blancos habían sido cazados casi hasta ser extinguidos, quedaban unos 20 en una reserva en Sudáfrica. La población se recuperó algo pero lentamente y a mediados del siglo XX había suficientes como para comenzar a relocalizar grupos reproductores en los parques nacionales de Sudáfrica, como también en las reservas privadas de caza. En 1968 se autorizó la primera caza legal del rinoceronte blanco.

En los años 1980s, dice Sas-Rolfes, sucedió algo extraño. En 1982 la Junta de Parques de Natal estableció un precio de lista para el rinoceronte blanco de 1.000 Rands sudafricanos, pero el precio promedio pagado por un cazador ese año era de 6.000 Rands. Las reservas privadas de caza rápidamente aprovecharon esta oportunidad de arbitraje. La Junta de Parques de Natal comenzó a subastar sus rinocerontes. En 1989, los vendía por 49.000 Rands, pero el precio promedio para el cazador había subido a 92.000 Rands. Había serias dudas de que este fuera un buen sistema para criar y cazar rinocerontes desde una perspectiva ambiental amplia.

Pero en 1991 entran en escena los derechos de propiedad.

Antes de ese momento, toda la fauna salvaje de Sudáfrica era considerada por la ley como res nullius o propiedad sin dueño. Para obtener los beneficios de la propiedad de un animal salvaje tenía que ser cazado o domesticado. Esto creó un incentivo para recolectar, no para proteger, valiosas especies salvajes –ya que aun si un productor pagaba por un rinoceronte no podía reclamar compensación si su propiedad la mataba un cazador furtivo. Reconociendo los problemas asociados con el principio de res nullius, la comisión redactó una nueva legislación: La Ley de Robo de Especies de 1991. Esta política permitió la propiedad privada de cualquier animal salvaje que pudiera ser identificado de alguna forma, como una etiqueta. Los efectos combinados de los precios de mercado a través de subastas y la creación de derechos de propiedad más firmes cambiaron los incentivos de los productores privados. Ahora tenía sentido criar rinocerontes más que matarlos apenas los recibían.

Para entender el efecto de los derechos de propiedad en la conservación veamos la diferencia de poblaciones entre rinocerontes negros y blancos. Comparemos la cantidad de rinocerontes blancos con los negros , que viven en países sin fuertes instituciones de mercado y sin derechos de propiedad como Kenia, Tanzania y Zambia. En 1960 había unos 100.000 rinocerontes negros en África, pero a principios de 1990 la caza furtiva los había reducido a 2.500. Los únicos rinocerontes que quedan están en países con fuertes instituciones de mercado, como Sudáfrica o Namibia o en zonas intensamente protegidas.

Existe una fuerte demanda por el cuerno de los rinocerontes y especialmente desde 2008 estos enfrentan el riesgo de la caza furtiva. Así lo describe un experto del grupo Save the Rhino:

“Además de las zonas intensamente protegidas –que implica protectores costosos y no totalmente incorruptibles- y la existencia de reservas privadas de caza, la otra opción es buscar minar el mercado negro del cuerno de rinoceronte con un mercado legal. Otras opciones más controvertidas que discuten en Save the Rhinos incluyen sacarles los cuernos para que sean menos atractivos a los cazadores furtivos y tal vez, permitir la venta legal de estos cuernos, para reducir los precios pagados a los furtivos. Los cuernos están hechos de queratina, sustancia similar a la de las uñas y el pelo, y el cuerno podría sacarse cada año o dos: tal vez más que competir con el mercado ilegal haría más fácil para los furtivos venderlos ilegalmente. En definitiva, dado que Sudáfrica es donde más rinocerontes hay, supongo que tomará una decisión en base a alguna de estas opciones”.

Los diez grandes problemas ambientales. Ahora: la pesca comercial

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la pesca comercial:

Pesca comercial

Para la Fundación:

No se controla el cumplimiento de la veda de pesca de la merluza común, una especie con «síntomas de exceso de explotación», según admite la Sayds. La Merluccius hubbsi, la merluza de cola, la anchoíta y la caballa son las principales especies de pesca comercial (en 2011 se extrajeron 700.000 toneladas y se exportó por 1300 millones de dólares). Salvo la anchoíta, que está subexplotada, las otras especies, más el calamar, el langostino y la vieira, demandan medidas de conservación.

SOLUCIÓN: Elaborar un inventario nacional de las especies de valor comercial, revisar el estado de sus poblaciones, proyectar la captura aceptable por jurisdicciones y prohibir el uso de técnicas de pesca indiscriminada.

Informe ICI 2012:

La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años. En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).

El planeta de los simios. Derechos para los chimpances como «personas no humanas». ¿Porqué no?

Este no es un tema económico, sino de filosofía del derecho, aunque se vincula con los temas que estamos viendo a través del derecho de propiedad. Tiene que ver con la propiedad sobre animales y, en este caso, sobre chimpancés y otros monos. Seguro que los alumnos de Derecho, sobre todo, tendrán mucho para decir, pero les aconsejo ser cautos con el tema, no lanzarse de una vez a favor de los orangutanes y gorilas. Hay que ver el tema con prudencia. En mi caso, me causa simpatía esta causa y esbozaré una opinión al final.

Chimpances

El artículo en La Nación es muy interesante: http://www.lanacion.com.ar/1725226-personas-no-humanas-el-pedido-por-los-chimpances-que-analiza-la-justicia

“Una oleada de inéditos pedidos de hábeas corpus en los tribunales de varios países -entre ellos, los argentinos- salió a cuestionar, con argumentos científicos y jurídicos, el confinamiento en zoológicos de animales con altas capacidades cognitivas y probada inteligencia, como son los chimpancés, y a exigir una actualización en la jurisprudencia para otorgarles estatus jurídico, de manera que se les puedan garantizar tres derechos básicos: a la vida, a la libertad y a no ser maltratados ni física ni psicológicamente.

Los planteos de conservacionistas se orientan a que se cese en el «afán abusivo y arbitrario» de someter y de aislar a seres inteligentes que «mantienen lazos afectivos, razonan, sienten, se frustran con el encierro, toman decisiones, poseen autoconciencia y percepción del tiempo, lloran las pérdidas, aprenden, se comunican y son capaces de transmitir lo aprendido en sistemas culturales complejos como el de los humanos», rezan los planteos -similares en la argumentación- presentados ante la Justicia en Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero y Entre Ríos. El objetivo no es otorgarles plena autonomía ni equipararlos a los humanos -aducen las presentaciones judiciales-, sino que puedan ser trasladados a santuarios para vivir en semilibertad entre sus congéneres, lejos del estrés del confinamiento y de los lugares inadecuados.”

Este es el tema, en esencia, aunque más desarrollado en el artículo. El descubrimiento científico no ha de llamarnos la atención, sobre todo a quienes sustentamos con énfasis las teorías evolutivas, tanto en el ámbito social como en el natural, ya que si todos somos resultado de la evolución, está claro que no hubo un corto seco entre “animal” y “humano” sino un largo proceso entre uno y otro, y los simios son claramente un eslabón de ese proceso.

Hasta ahora se solía argumentar que los derechos son frutos de la razón, y que ésta solamente el ser humano la tiene, pero las nuevas teorías nos dicen que los simios tienen algo, ni tanto ni tan poco. De nuevo, esto es algo de esperar en un proceso evolutivo. Así que este argumento pierde peso.

Pero hay otro que no lo pierde tanto. Todo derecho implica una responsabilidad y esta es la de respetar el mismo derecho en los demás. Esto puede traer algún problema con los animales. Pensemos en un gorila: si yo acepto que tiene derecho a la vida y a no ser maltratado físicamente, ¿estará el también dispuesto no maltratarme a mí, si me encuentra algún día en la selva? El ejemplo parece tonto pero la esencia del problema no la es.

Estas “personas no humanas” como quieren llamarlas pueden tener derechos porque nosotros entendemos que debemos respetarlos, porque también nosotros los tenemos, pero no está claro que ellos hagan lo mismo.

Esto no significa, sin embargo, que los seres humanos tengan derecho a maltratarlos. Tal vez podríamos acercar su tratamiento jurídico como al de los menores. Tienen derechos que no pueden ser violados, pero también tienen “tutores” que son quienes los controlan y asumen la responsabilidad en el caso de que estos hagan algún daño. ¿Podría aplicarse algo así?

Esto hace referencia al tema de la “propiedad”. En una nota complementaria, el constitucionalista Daniel Sabsay, plantea el tema señalando: “El status de los animales como «propiedad» afecta muchas áreas del derecho, y en especial del Derecho Animal”. Pero la propiedad tiene sus grados, y lo peor que le podría pasar a los simios es que no hubiera ninguna, esto los hundiría en la “tragedia de los comunes”. Tendrían muchos cazadores y pocos “protectores”. Tal vez podría haber una figura de propiedad limitada, en el sentido de no poder disponer de su vida, o maltratarlos, pero al mismo tiempo tener incentivos suficientes como para cuidarlos y favorecer su reproducción.

Empresas y grandes generadores se hacen cargo de la disposición de la basura. ¿Y la tasa?

Parece que los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires le pedirán a algunos contribuyentes, entre los mayores generadores de basura, que paguen por su disposición: http://www.lanacion.com.ar/1713140-mas-presion-a-empresas-para-separar-y-acarrear-la-basura

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“La ciudad y la provincia de Buenos Aires avanzan en la instrumentación del plan para hacer que los grandes generadores de basura, como shoppings, supermercados, hoteles y countries, no sólo separen sus residuos, sino también paguen por transportarlos a los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado, Ceamse. Los que no cumplan con las resoluciones de ambos gobiernos, que ya están vigentes, serán sancionados con multas de hasta 120.000 pesos e, incluso, clausuras.”

“Para el tratamiento de los residuos húmedos deberán contratar a una de las 15 empresas que hoy están habilitadas y que serán las encargadas de recoger los desechos y llevarlos a la Ceamse. Enterrar cada tonelada de basura cuesta hoy 432 pesos.”

Estos tendrán que clasificar los residuos y luego contratar a alguna de las cooperativas de cartoneros para que se hagan cargo de su reciclado: “En la provincia, en tanto, como el proceso de separación de residuos para grandes generadores de basura comenzó antes ya hay algunos resultados. En este sentido, 28 cooperativas de cartoneros ya cuentan con la habilitación correspondiente y 15 más ya están completando el proceso de inscripción. Por caso, la cooperativa de trabajo Creando Conciencia realizó un informe en el que detalla que «aumentó 28,52% la recepción de residuos reciclables a partir de los ingresos de los nuevos clientes. Se consiguieron 34.000 kg de material». Entre mayo y junio pasados la cooperativa logró incrementar 30% su cartera de clientes, lo que devino en una suba de su facturación del 10% por servicio prestado. «Cabe aclarar que este porcentaje no incluye el ingreso económico provocado por la valorización de los materiales recuperados», agrega el informe.”

Desde una perspectiva bien podría decirse que, por fin, es un avance hacia la implementación de derechos de propiedad y responsabilidades en el área de la disposición de residuos, por lo que quienes los producen tienen que hacerse cargo de su disposición, seguramente contratando un servicio al respecto, y estos servicios estarían en competencia entre sí generando un mercado de disposición de basura (trato esto en uno de los capítulos del libro).

Es decir, estos generadores de residuos clasifican, luego contratan a quienes se los lleven (cartoneros a reciclar, otras empresas para los húmedos, otras transportadoras para llevar a los rellenos), todo “privadamente”. El principio es: generan residuos, paguen por su disposición.

Pero…, ¿acaso no están pagando una tasa de “Alumbrado, Barrido y Limpieza”? La nota periodística, y parece que la ley, no hacen ninguna mención a esto por lo que es probable que se les está exigiendo que paguen ambas cosas, la disposición y la tasa. O sea, que paguen dos veces, con lo cual la tasa dejaría de ser un pago por un servicio para ser lisa y llanamente un impuesto más.

No solamente sería correcto que les redujera la tasa proporcionalmente, ya que no estarán usando el servicio público, sino que esto abriría la posibilidad de que muchos otros hicieran lo mismo. Esto es, ¿por qué solamente los grandes generadores? Tal vez los vecinos de una cuadra se pondrían de acuerdo y preferirían contratar a un transportista privado y a los recicladores a cambio de una reducción de la tasa de ABL. Muchos más podrían sumarse a ese esfuerzo.

El servicio podría ser más barato, porque el transporte privado lo fuera y porque los cartoneros podrían llevarse el material clasificado gratuitamente, ya que se les está pagando con material que luego venden.

El mercado se puede ocupar de la basura, claro, si dejan que haya uno.