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Importaciones cerradas, cartelización y sobreprecios en computadoras: ¿acaso extraña que se den juntos?

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Una reciente nota en La Nación nos muestra cuáles son los efectos de la competencia para los consumidores. En este caso se trata de las computadoras: http://www.lanacion.com.ar/1974185-por-la-futura-baja-de-los-aranceles-es-mas-barato-comprar-computadoras

Tan sólo el anuncio de la apertura a las importaciones hizo que los precios se desplomaran. Dice la nota:

“En octubre del año pasado, el Gobierno informó que desde este año eliminará los aranceles que se pagan para importar computadoras con el objetivo de abaratar los productos informáticos, que según su criterio afectan toda la marcha de la economía y la innovación productiva, un área que despierta especial interés en el presidente Mauricio Macri y su equipo de trabajo más cercano.

El resultado fue inmediato. Los fabricantes locales de notebooks sostienen que, después de que se publicó esa información, las grandes cadenas de electrodomésticos, como Garbarino, Frávega o Musimundo, les pidieron inmediatamente un descuento sobre los precios de venta para trasladarles el beneficio a los consumidores.

Las compañías, además, no tuvieron argumentos ni deseos de abrir una discusión con los distribuidores para llegar a otro puerto. Fue mayor el temor a quedarse con un stock excesivo de máquinas cuando comience a aplicarse el arancel cero que malvender sus inventarios acumulados, que se incrementaron el año pasado, también por varios motivos.”

Tal vez lo curioso de esta noticia es que si se hiciera una encuesta la mayoría estaría de acuerdo en “proteger” a una supuesta industria nacional que lo único que hace es armar todo un equipo que viene de otro lado, y no vincula esa protección con el hecho de tener que pagar una computadora a más del doble de lo que podría pagarla si se abriera la competencia.

La misma noticia se vincula con otra, que saliera el día siguiente, donde se informa una denuncia de sobreprecios en las computadoras que compra el gobierno para entregar gratuitamente, como parte de un programa existente para extender el acceso esta tecnología: http://www.lanacion.com.ar/1974395-denuncian-sobreprecios-pero-sigue-el-plan-de-netbooks

“Esas empresas también acumulan sospechas de diversas maniobras ilícitas, según surge de los registros oficiales que analizó LA NACION -conseguidos en parte durante los últimos meses tras obtener las respuestas a varios pedidos de acceso a la información pública presentados ante la Anses-. Entre otras, la cartelización.

El primer indicio de ese presunto acuerdo de cotizaciones se registró en la licitación pública 09/13, en la que también participaron las firmas NEC, Exo SA y Air Computers SRL. Todas las firmas cotizaron a entre $ 2617 y $ 2690 por unidad, con una oscilación de $ 73 (o 2,8%) entre la más elevada y la más baja.

Lejos de tratarse de una casualidad única y singular, la misma sintonía de precios se repitió en la licitación 03/2014, según reveló entonces el portal Eliminando Variables.

Y se repitió desde entonces, incluido a mediados de 2016, cuando las empresas cotizaron sus netbooks entre $ 8100 y $ 8600 cada una (entre US$ 500 y US$ 535), luego redujeron todas sus precios entre 20 y 23 por ciento. Para luego volver a bajar sus precios, todos en sintonía otra vez, tras la advertencia oficial.

Ni desde Camoca ni desde Afarte niegan la cartelización, pero sí los sobreprecios. Por el contrario, se negaron a responder la consulta o se limitaron a decir que no podían «ni confirmarla ni desmentirla».

Ahora, y pese a las sospechas de sobreprecios y cartelización, el gobierno de Mauricio Macri optó por mantener a esas proveedoras nacionales durante 2017. Espera que darles el 10% del negocio a los proveedores extranjeros forzará a los locales a bajar aún más sus precios. Eso está por verse.”

¿Algún vínculo, tal vez, entre las dos noticias?

Populismo: el ‘tipo de cambio’ es una variable macroeconómica, no el resultado de intercambios de propiedad

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Décadas de pensamiento populista y mercantilista han generado visiones que aún hoy se encuentran en cualquier lugar o medio, y pasan como ideas comunes o lógicas sin que nadie las cuestione. En el caso argentino, tal vez sea el tipo de cambio el que concentre la mayor cantidad. He aquí un ejemplo. Dice La Nación en una nota de Javier Blanco titulada “Tras el salto del fin del cepo, el dólar subió en el año la mitad que la inflación” al referirse al problema de revaluación de la moneda local que genera el ingreso de dólares por endeudamiento público:

“Para tratar de evitar estos efectos el BCRA tiene previsto avanzar en una nueva serie de flexibilizaciones para dosificar la oferta de divisas. Por caso, en la última reunión de directorio del año, la entidad eliminó la exigencia de ingresar al país las divisas que se obtienen por exportaciones de servicios, sólo la mantiene, con plazos laxos, para los que exportan bienes. Además, evalúa la posibilidad de elevar de 2500 a 5000 o 10.000 dólares, el tope que rige por mes para la compra de divisas en efectivo, además que tiene en estudio un mecanismo para que puedan cancelarse mediante transacciones electrónicas las operaciones inmobiliarias, que suelen pactarse en divisas.”

La nota describe bien el fenómeno y no podemos acusar a las autoridades del Banco Central de sustentar esas ideas populistas antes mencionadas, pero quiero llamar la atención a que tanto en un caso como en el otro, el tema es analizado desde la perspectiva de que el “tipo de cambio” es una variable macroeconómica (que lo es) principalmente, y ninguna mención se realiza a que el tipo de cambio es el resultado de contratos realizados entre partes, por los cuales se transfiere una divisa por otra. Es decir, como en todo contrato, se intercambian derechos de propiedad.

Tal vez nunca, nadie, haya cuestionado porqué el Banco Central tiene que tener el poder de obligar a un propietario de, digamos dólares, a traerlos y entregárselos a esa institución, en lugar de decidir sobre su propiedad como todos pensamos que deberíamos poder decidir con las cosas que nos pertenecen. Veamos esto más fácil: un productor ha invertido, ha trabajado, y ahora tiene una cierta cantidad de, digamos, aceite de oliva en la provincia de San Juan. Si se lo vende a alguien en Rosario y recibe pesos no pasa nada, no tiene mayores restricciones salvo los impuestos y regulaciones existentes. Incluso puede recibir ese pago del rosarino en dólares. Pero si le vende a un uruguayo entonces los dólares que le paguen tienen que pasar por el Banco Central en algún momento. Está obligado a traerlos. ¿Por qué? Si es “su” propiedad, como antes era el aceite de oliva, ahora son esos billetes. ¿Acaso estaba antes obligado a hacer algo con el aceite de oliva? Podría haberlo tirado en la zanja y “estaba en su derecho” aunque no muy cuerdo.

Por supuesto que está muy bien esta noticia arriba comentada por la que las exportaciones de servicios no tienen ahora esa exigencia y es de esperar que desaparezca pronto la misma sobre los bienes, pero el punto que quiero enfatizar aquí es que el Banco Central, o los políticos, los analistas o los jueces, parecen nunca cuestionarse que ese “poder” que posee la entidad sea violatorio del derecho de propiedad de quienes produjeron esos bienes, o servicios. Ni tampoco la justicia parece considerar que eso sea violatorio de este artículo, supuestamente vigente, de la Constitución Nacional:

“Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.”

Están en contra de las ‘low cost’ porque cuidan sus privilegios, que son los ‘high costs’ que pagamos nosotros

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Hace unos días participé en un panel sobre “Economía” organizado por Hacer y Estudiantes por la Libertad, en el cual pude escuchar las acertadas críticas a ciertos aspectos de la política económica argentina, en particular, a la situación fiscal y el gasto público, un problema que, en general, todos los economistas reconocen. El tema, por supuesto, es qué se puede hacer y cuánto se puede avanzar, las que son preguntas políticas más que económicas. Y el carácter político de esas preguntas deriva, en última instancia, en ciertas ideas y valores que predominan en la sociedad.

Y, en muchos aspectos, se sigue mostrando una matriz claramente populista: en un país donde el populista de turno ha otorgado privilegios a tal o cual sector, luego cada intento de reducirlos genera una resistencia que, en algunos casos, hasta puede ser violenta. Nadie quiere resignar nada, y el Estado no da un buen ejemplo porque tampoco resigna nada, y afloja ante la más mínima resistencia.

Ahora, uno de los últimos casos, tiene que ver con el cambio en la presidencia de la compañía aérea estatal, Aerolíneas Argentinas, y las supuestas causas. Hay otras, pero me voy a concentrar en una de ellas: la supuesta resistencia de la presidente ante el posible ingreso de nuevos competidores en el mercado, especialmente algunas ‘low cost’.

Escuchaba a un periodista en la radio alabar a la funcionaria, la que se habría ido en virtud de que quería ‘defender a la empresa estatal’. Hoy, el secretario de la Asociación de Personal Aeronáutico figura diciendo que “decididamente vamos a impedir el arribo de las ‘low cost’.

“Vamos a impedir” no suena muy bien. Más bien, suena a que vamos a violar los derechos de otros. Y esos derechos son los de todos los ‘consumidores’ o ‘pasajeros’ argentinos a quienes se les quiere impedir tener el derecho a elegir, y la posibilidad de poder viajar más barato.

Se da prioridad a tener una “empresa estatal” de bandera, como si fuera un gran orgullo nacional, orgullo que nos costaba 700 millones de dólares al año y ahora, al menos ha costado 300. Y tienen prioridad, por supuesto, los sindicatos: la empresa no es para servir a los ciudadanos que quieran o necesiten viajar, la empresa es para los gremios y los empleados. Y los beneficios que estos tienen los pagarán, por ejemplo, los que viven en Formosa y se tienen que tomar un ómnibus por 24 horas para visitar a alguien en Buenos Aires. Todo eso, por supuesto, en nombre del pueblo y la empresa “nacional y popular”.

Donde más ciegos son es en aferrarse a ese pequeño privilegio, que no solamente perjudica a quienes quieren viajar, sino que a ellos mismos. En todas las desregulaciones que han tenido lugar en los últimos tiempos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, el resultado ha sido una explosión de nuevas empresas, en la cantidad de vuelos y en el número de trabajadores en la industria, sin contar los beneficios de todos los vinculados con el turismo y otros.

Pero no, todo eso se sacrificará en aras de ese pequeño coto de caza que algunos quieren sostener. Estar en contra de las ‘low cost’ significa, de una forma u otra, estar a favor de las ‘high cost’.

Para embarrar el tema lo máximo posible he visto que sostienen que se estarían dando privilegios a Avianca porque habría comprado la empresa que era del padre de Macri. Todo puede ser en este país, pero en tal caso, corresponde que no exista tal privilegio como tampoco los que tienen ahora. Por más que fuera cierta, esa denuncia no hace mella en el argumento en favor de más competencia.

Ahora que el populismo es una amenaza en todo el mundo, lo investigan economistas de todo el mundo

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Ahora que el tema del populismo dejó de ser un fenómeno latinoamericano para presentarse, bajo distintas formas, en países desarrollados, no es de extrañar que los economistas de esos países hayan comenzado a ocuparse del tema.

Por ejemplo: Nicholas Chesterley, de Oxford University y Paolo Roberti, de la Universidad de Bologna, presentan este paper titulado “Populism and Institutional Capture”: http://amsacta.unibo.it/5455/1/WP1086.pdf

Va el resumen y los primeros párrafos (se pueden encontrar las referencias en el paper):

“Este trabajo considera la conducta electoral y la captura institucional cuando los votantes escogen entre un político populista y otro no-populista. Los políticos populistas proveen a los votantes un boom de utilidad seguido de consiguiente colapso, como en Dornbusch y Edwards (The Macroeconomics of Populism in Latin America, University of Chicago Press, 1991).

Los no-populistas proveen un nivel constante de utilidad. Sin embargo, una vez en el poder, políticos de los dos tipos pueden tomar control de las instituciones y asegurarse la reelección. Mostramos aquí que, en equilibrio, los políticos populistas pueden capturar las instituciones y evitar ser reemplazados durante la crisis: pero los no-populistas no. Los votantes, eligen racionalmente a un populista si los votantes descuentan suficientemente el futuro o si es demasiado costoso para el populista tomar control de las instituciones. Desgraciadamente, ambos tipos de políticos pueden preferir instituciones débiles, tanto para permitir su captura o para desalentar la elección del populista. “

…

“Es ampliamente reconocido que el populismo es un fenómeno destacado de comienzos del siglo XXI, aunque resulta difícil de definir. El concepto típicamente incluye a figuras tan dispares como Chávez, Cristina Fernández, Berlusconi y Putin, como también movimiento tales como el Frente Nacional en Francia o el Movimiento 5 Stelle en Italia. Los cientistas políticos suelen analizar al populismo a través del contraste entre un discurso marxista y uno populista (Mudde, 2004), M’eny and Surel (2002). Mientras la retórica marxista hace referencia a la lucha de clases, la retórica populista subraya el contraste entre el pueblo como un todo y una élite corrupta.

Dornbusch & Edwards (1991) analizaron el contenido económico de las propuestas populistas, y concluyeron que el populismo presenta soluciones fáciles a problemas complejos, lo cual puede mejorar el bienestar en el corto plazo, pero resulta costoso en el largo plazo. Esta visión es compartida por Sachs (1989), quien llama a este tipo de dinámica “el ciclo político populista”. Un ejemplo reciente es Venezuela bajo Chávez, donde las políticas redistributivas junto a una conducta fiscal imprudente llevaron luego de varios años a una espiral inflacionaria y pusieron al país el borde del colapso. Argentina experimentó un resultado similar bajo la presidencia de Fernández”.

Los efectos de largo plazo de las políticas populistas son analizados por Dornbusch & Edwards (1991) se contradicen con la persistencia en el poder de líderes populistas durante los últimos años, y sugiere que el uso de alguna forma de ventaja del incumbente los ayuda a perpetuarse en el poder. El principal objetivo de este trabajo es comprender si los políticos populistas tienen más incentivos para mantenerse en el poder a pesar de la voluntad de los votantes, y estudiar los incentivos de los votantes para elegir políticos que puedan intentar esa captura.”

Hayek y el concepto de ‘justicia social’: como si la distribución fuera decidida por una ‘mente’ única

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca, llegamos al final de la materia considerando la obra de algunos de sus autores en otros campos. En este caso, vemos a Hayek discutir el concepto de “justicia social”:

Hayek

“La justicia «social» (o, a veces, justicia «económica») se vio como atributo que debían poseer las «acciones» de la sociedad, o el «tratamiento» que los individuos o los grupos recibían de la misma. Como hace generalmente el pensamiento primitivo cuando observa por primera vez algunos procesos regulares, los resultados del orden espontáneo del mercado han sido interpretados como si estuvieran dirigidos por una mente racional, o como si los beneficios o los daños que las distintas personas recibían de ese orden estuvieran determinados por actos de voluntad y pudieran por tanto ser guiados por reglas morales. Esta concepción de la justicia «social» es, pues, una consecuencia directa de aquel antropomorfismo o personificación con el que el pensamiento primitivo trata de explicar todos los procesos de auto-ordenación. Demuestra nuestra inmadurez el hecho de que aún no hayamos abandonado estos conceptos primitivos, y se exija aún de un proceso impersonal que produce una satisfacción de los deseos humanos mayor que la que pueda obtenerse de cualquier ordenación deliberada que se conforme a los preceptos morales que los hombres han desarrollado como guía de sus acciones individuales.

El uso de la expresión «justicia social» es relativamente reciente, pues parece que se remonta a hace un siglo, poco más o menos. Esta expresión se empleó de vez en cuando en tiempos más antiguos para designar los esfuerzos organizativos destinados a observar las reglas de recta conducta individual; en la actualidad se usa a veces en discusiones eruditas para valorar los efectos de las actuales instituciones de la sociedad, pero el sentido en que hoy suele emplearse, y al que constantemente se recurre en las discusiones públicas y que será analizado en el presente capítulo, es esencialmente el mismo en que durante mucho tiempo se empleó la expresión «justicia distributiva». Según parece, empezó a hacerse habitual en este sentido en el tiempo en que (y acaso en parte porque) John Stuart Mill trató explícitamente ambos términos como equivalentes en afirmaciones como:

la sociedad debería tratar igualmente bien a todos aquellos que lo han merecido igual-mente, es decir, aquellos que lo han merecido igualmente en absoluto. Este es el más alto grado abstracto de justicia social y distributiva, hacia el cual deberían hacerse converger lo más posible todas las instituciones y los esfuerzos de todos los ciudada-nos virtuosos; o bien:

se considera universalmente justo que toda persona obtenga (tanto en el bien, como en el mal) lo que merece; es injusto que tenga que obtener el bien o sufrir el mal quien no lo merece. Tal vez sea ésta la forma más clara y enfática en que puede concebirse la idea de justicia. Puesto que implica la idea de méritos morales, surge la pregunta sobre en qué consisten estos méritos.

Es significativo el hecho de que estas dos citas se encuentren en la descripción de uno de los cinco significados de justicia que Mill distingue, cuatro de los cuales se refieren a las normas de recta conducta individual, mientras que ésta define una situación fáctica que puede pero que no necesita haber sido causada por una decisión humana racional. Parece, pues, que Mill no se percató de la circunstancia de que con este significado se refiere a situaciones completamente distintas de aquellas a las que se aplican los otros cuatro sendos, o de que esta concepción de «justicia social» lleva directamente a un socialismo en plena regla.

Tales afirmaciones, que asocian explícitamente «justicia social y distributiva» al «tratamiento» de los individuos por parte de la sociedad según sus ritos morales, demuestran claramente la diferencia con la simple justicia, y al mismo tiempo la causa de la vacuidad del concepto. La exigencia de «justicia social» se dirige no al individuo sino a la sociedad -pero la sociedad, en sentido estricto, es decir como distinta del aparato de gobierno- es incapaz de obrar por un fin específico, y la exigencia de «justicia social» se convierte por tanto en una exigencia dirigida a los miembros de la sociedad para que se organicen de tal modo que puedan asignar determinadas cuotas de la producción social a los diferentes individuos y grupos. La pregunta fundamental, pues, es la de si existe el deber moral de someterse a un poder que pueda coordinar los esfuerzos de los miembros de la sociedad en orden a obtener un modelo de distribución particular, considerado como justo.

Si la existencia de este poder se da por descontada, la cuestión sobre cómo deberían distribuir los medios disponibles para satisfacer las necesidades se convierte en cuestión de justicia, aunque no sea una pregunta a la que la (264) moral vigente dé una respuesta. Parece, pues, que estaría justificado el presupuesto del que parten la mayoría de los teóricos modernos de la «justicia social», esto es, que sería necesario asignar cuotas iguales a todos a menos que consideraciones particulares exijan no aplicar este principio.26 Sin embargo, el problema principal consiste en establecer si es moral que los hombres estén sujetos a aquellos poderes sobre sus acciones que deberían ejercerse para que los beneficios obtenidos por los individuos puedan definirse significativamente como justos o injustos.”

¿Por qué crece el estado? Gordon Tullock analiza y propone distintas teorías, y pueden ser todas…

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Con los alumnos de Public Choice vimos a Gordon Tullock en un artículo donde se pregunta por qué crece el estado. Analiza distintas teorías:

Tullock
“En primer lugar, se suele creer que de un modo u otro la democracia lleva al desarrollo del gobierno porque los políticos estiman que los gastos son una buena manera de comprar votos. Desde el punto de vista teórico, siempre me ha parecido que esto es un poco difícil de entender, porque parecería que la reducción de los impuestos sería una mejor forma de obtener votos. Sea como fuere, resulta claro que hasta 1930 los políticos no estaban haciendo esto en gran escala.

Puesto que es evidente que los Estados Unidos eran tan democraticos (y sus políticos tan interesados en los sobornos) antes de 1930 como lo fueron después, parecería que hay que descartar esta teoría. A modo de digresión, tal vez debería decir que los gobiernos dictatoriales parecen desarrollarse tan rápido como los democráticos, lo cual también plantea cuestiones acerca de esta teoría en particular.

La segunda teoría, que goza de gran popularidad y que no es coherente con esta serie, es la rachet theory, que sostiene simplemente que cada vez que el gobierno se desarrolla de manera muy acentuada a través de una guerra o, posiblemente, una gran depresión, la disminución de los gastos después de la guerra no es suficiente como para hacer que el nivel básico de gastos retorne a lo normal. Como es obvio, esto no constituye una explicación del largo período de estabilidad a pesar de algunas crisis muy grandes que implicaron importantes aumentos en los gastos gubernamentales. El gobierno sólo mostró signos de desarrollo después de 1930. Incluso entonces, aunque después de la segunda guerra mundial los desembolsos gubernamentales fueron mayores de lo que habían sido antes, y después de la guerra de Corea, mayores que en 1949, la curva ascendente básica no parece haber sido muy afectada por estas dos rachets. Esto continuó después de 1953.

Otra teoría, propuesta a fines del siglo xix por un economista alemán y denominada «ley de Wagner» en su nombre, dice simplemente que la sociedad moderna, la industrialización, la urbanización, etcétera, provocan el desarrollo del gobierno. Si pudiera explicarse así el desarrollo del gobierno alemán en la década de » 1880, habría que deducir a partir de esas cifras que los Estados Unidos en la década de 1920 estaban menos industrializados, adelantados, etc., que Alemania en la de 1880, lo cual es evidentemente absurdo. Y así, nuevamente, tenemos una teoría ampliamente difundida a la que contradicen los datos disponibles. La última teoría general es la de la enfermedad de Baumol. Baumol ha señalado, o por lo menos ha supuesto, que el gobierno es esencialmente una industria de servicios, y que es difícil lograr eficiencia en esas áreas. La mejora de la eficiencia en el resto de la economía significa que los salarios se elevan y que la demanda general de todos los bienes, incluso los del gobierno, crece de tal modo que los gastos de éste aumentan más rápidamente que los del sector privado.”

Luego propone otras: el crecimiento del servicio civil en el estado, Keynes y Bismark. Aquí sobre estos dos últimos:

La segunda posibilidad es lo que podríamos llamar una hipótesis keynesiana, y es que durante el florecimiento de la economía keynesiana, aproximadamente desde 1937 hasta, quizás, unos diez años atrás, el desarrollo gubernamental se vio favorecido por varias corrientes intelectuales. Claro que el problema es que Keynes no estaba particularmente a favor del desarrollo del gobierno. Discutió la necesidad de financiar el déficit en ciertas circunstancias, de ahí el libro Déficits, de Buchanan, Rowley y Tollison, pero no apremió de manera específica a los gobiernos más importantes.

Por supuesto, podría decirse que Keynes, de hecho, sugirió que las varias expansiones experimentadas por el gobierno eran un modo de producir déficit, pero no era éste el tema principal de su argumentación. Sea como fuere, no era más que un estudiante cuando comenzó el desarrollo de Inglaterra (fig. 2).

Una tercera explicación posible es la introducción del impuesto a los réditos en 1914, lo cual supone una demora bastante considerable aunque, por cierto, es posible. Sin embargo, hay una dificultad básica, y es que el desarrollo gubernamental en otros países no puede atribuirse a nuestro régimen impositivo. Más aun, algunos de ellos implementaron muy poco el impuesto a los réditos.

Durante las presentaciones previas de este trabajo, algunos sugirieron que un factor causal podía haber sido el abandono del patrón oro. En los Estados Unidos ocurre mucho más tarde, con la administración Nixon. En otros países se plantea el mismo problema temporal.

La última explicación posible, y que asimismo sólo puede ser puesta a prueba considerando otros países, es el bismarckismo. El príncipe de Bismarck fue el inventor del estado benefactor en Ale-mania, y de allí se extendió a otros países. Desde el punto de vista de la prueba, Alemania es un país poco conveniente, ya que no existen estadísticas comparables durante un lapso suficientemente prolongado. El gobierno central apenas se formó en la década de 1870, y después sufrió cambios drásticos debido a la guerra, la revolución y el régimen nazi.

La tesis bismarckiana resulta particularmente adecuada para explicar el continuado crecimiento del gobierno, puesto que en su mayor parte se debe a transferencias, y no a un aumento estructural.”

Se destapa la corrupción en la Aduana: Alberdi dice, además, que no es instrumento de protección

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico referirse al papel que cumple la Aduana:

“La aduana es, sobre todo, el medio que ha mantenido al mundo español desierto y silencioso como una eterna Necrópolis. A la España pertenece la restauración en la Europa moderna de esta máquina de guerra industrial, inventada por el despotismo romano.

Baste observar que la aduana, considerada como impuesto, debe su origen al despotismo de los emperadores de Roma, para reconocer que el comercio y la industria, tan menospreciados por el gobierno de esa época, no merecían la menor atención de la política económica que inventó este impuesto. Las modernas naciones industriales lo han conservado, sin embargo, contra sus intereses por la obra de sus gobiernos, mejor servidos por ese impuesto sordo que la prosperidad de los pueblos ajenos a la dirección de sus destinos.

«A la política de Augusto, dice Flóres Estrada, es debido el establecimiento de las aduanas. Para asegurar su autoridad usurpada y su naciente despotismo, ocultando al pueblo las vejaciones que pagaban, inventó tener a su disposición una. suma considerable, sin necesidad de tener que pedir jamás subsidios a los pueblos. Carlos I de España, fértil en recursos para llevar a cabo sus ideas ambiciosas y tener sometidos a la voluntad sus dominios, hizo revivir este establecimiento olvidado ya en la Europa».

Los Españoles (nos dice el mismo autor) no conocían las aduanas. En los siglos XII, XIII y XIV el comercio que se hacía en toda la península, y particularmente en las provincias de la corona de Aragón, era inmenso. Hasta entonces toda la renta de los reyes se componía de las propiedades de la corona, de algunas obvenciones extraordinarias y de los únicos impuestos de la alcabala y de los cientos, contribución sobre toda mercancía, que primero fue de un cinco por ciento y después de un diez.. Desde fines del siglo XIV hasta mediados del XV, a medida que avanzaban las conquistas de los españoles y cedían el campo sus antiguos vencedores, se hacía sensible la decadencia de España. A Carlos I, el primer monarca de España que organizó metódicamente el despotismo, se debe el bárbaro reglamento de aduanas, estableciendo en 1529, y con él la ruina de la Nación, dice el brillante y sabio economista español.

El hecho es que por resultado de ese sistema aduanero y de otras instituciones económicas, o mejor, anti-económicas de su jaez, sin incluir la pérdida de los dos millones de Arabes expulsados por Felipe III, el resto de la población se halló disminuida en más de una mitad, pues en 1715, según aparece de un censo practicado entonces, no excedía la población de seis millones, al paso que en 1688 todavía constaba de doce millonesb.

El economista español, que acabo de citar, mencionado por Blanqui, del Instituto de Francia, en su Historia de la economía política, como uno de los primeros tratadistas de Europa en ese ramo, Flóres Estrada, opinaba en su libro citado por la abolición absoluta de las aduanas, y aun sin retribución o reciprocidad de otras naciones.

Si tal sistema fuese admisible en la hipótesis de la ciencia, por hoy fuera inaplicable a la República Argentina, que coloca por el art. 4 de su Constitución el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas en el número de las fuentes de su Tesoro nacional. – Por su art. 64 da al Congreso el poder de legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas.

La aduana entra, pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos.

Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución, y poniéndolo en armonía, como interés fiscal, con los propósitos económicos, que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco.

  • V

Carácter económico de la Aduana según la Constitución argentina. Es un impuesto, no un medio proteccionista ni exclusivo. Debe ser bajo el impuesto, y fácil la tramitación para no despoblar.

¿Qué es la aduana en el sentido de la Constitución argentina? Sus palabras textuales lo declaran: Un derecho de importación y exportación es decir, Un impuesto, una contribución, cuyo producto concurre a la formación del Tesoro, destinado al sostenimiento de los gastos de la Nación.(Art. 4 y 64).

Fuera de ese rol y carácter, la aduana no tiene otro en las rentas argentinas.

Luego ninguna ley de aduanas, orgánica de la Constitución en ese punto, puede hacer de la aduana un medio de protección, ni mucho menos de exclusión y prohibición, sin alterar y contravenir al tenor expreso de la Constitución.

Hayek sobre el constante abuso de la prerrogativa estatal de tener un monopolio sobre la moneda

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Con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca, luego de haber considerado la historia y las características del patrón-oro, vemos a Hayek sobre la moneda, en «Desnacionalización del Dinero»:

Hayek

EL CONSTANTE ABUSO DE LA PRERROGATIVA ESTATAL

Al estudiar la historia del dinero, uno no puede dejar de preguntarse por qué la gente ha soportado un poder exclusivo ejercido por el Estado durante más de 2.000 años para explotar al pueblo y engañarlo. Esto sólo puede explicarse porque el mito (la necesidad de la prerrogativa estatal) se estableció tan firmemente que ni a los estudiosos profesionales de este tema se les ocurrió ponerlo en duda (incluido durante mucho tiempo el autor de este trabajo). Pero una vez que se duda de la validez de la doctrina establecida, se observa en seguida que su base es frágil.

No conocemos el detalle de las nefastas actividades de los gobernantes al monopolizar el dinero más allá de la época del filósofo griego Diógenes, quien en el siglo IV a. C. dijo que el dinero era el juego de dados de los políticos. Pero desde los romanos hasta el siglo XVII, momento en que el papel moneda empieza a cobrar importancia, la historia de la moneda se compone ininterrumpidamente de adulteraciones o de continuas reducciones del contenido del metal en las monedas y del correspondiente aumento del precio de los bienes.

La historia es en gran parte una serie de inflaciones provocadas por la autoridad

Nadie ha escrito todavía una historia completa de este proceso. Sería un relato monótono y deprimente, pero no creo exagerar si afirmo que la historia casi se reduce a la historia de las inflaciones y normalmente de las que las autoridades generan para su propio provecho —aunque los descubrimientos de oro y plata del siglo XVI tuvieron un efecto similar—. Los historiadores han intentado justificar repetidas veces la inflación sobre la base de que ha hecho posibles los grandes períodos de rápido progreso económico. Se han presentado diversas teorías históricas inflacionistas, que han sido, sin embargo, claramente refutadas por la evidencia: los precios en Inglaterra y en los Estados Unidos estaban, al final del período de su más rápido crecimiento, casi al mismo nivel que doscientos años antes. Pero sus insistentes redescubridores normalmente ignoran las anteriores argumentaciones.

El «papa negro», el jesuita venezolano Sosa Abascal, parece conocer bastante mas que el «papa blanco»

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El diario La Nación publica un artículo titulado “El ‘papa negro’ no ve salida a la crisis”, en el cual las declaraciones de Arturo Sosa Abascal, superior general de los Jesuitas, muestran que parece conocer bastante más de economía que nuestro ‘papa blanco’, Francisco. Éste ha planteado los temas desde una perspectiva simplista y repetida: la culpa es de los capitales financieros y su afán de lucro. Sosa Abascal, en cambio (claro, vive en Venezuela, donde las cosas están muy claras y a la vista), presenta algunos comentarios teóricamente mucho más sólidos: http://www.lanacion.com.ar/1948269-el-papa-negro-no-ve-salida-a-la-crisis

Primero van sus comentarios, luego algunos párrafos del libro El Foro y el Bazar sobre la teoría:

«La situación en Venezuela es muy difícil de explicar al que no vive allá y como profesor universitario y analista político siempre tuve que reiterar como una letanía que no se entiende qué pasa en Venezuela si no se recuerda que el país vive de la renta petrolera, que administra con exclusividad el Estado», explicó.

«Entonces sucede algo que pone cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente, el Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado, pero [en el caso de Venezuela], debido a la renta petrolera, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático», indicó.

Ahora la renta petrolera no alcanza y la sociedad venezolana está mal mantenida por un «Estado gigante», algo que provoca «mucho sufrimiento», también dijo. «El modelo político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, basado en un proyecto rentista, ya no se sostiene», afirmó. «Pero algo parecido hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país», agregó.”

Aquí, algo del libro sobre el mismo tema:

Una reconocida causa de “fracaso del Gobierno” es la que resultaría de lo que se ha dado en llamar “la maldición de los recursos naturales”, aludiendo así al caso de países que descubren un importante recurso natural, pero aquello que representaría en otro caso una gran oportunidad termina hundiendo al país en la pobreza e incluso la guerra civil.

El sentido común diría que un país que descubre recursos puede aprovecharlos para crecer, y en verdad así ha sido el caso en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana. Pero en algunas investigaciones empezaron a descubrirse casos donde el crecimiento de países ricos en recursos era menor que aquellos que no los tenían. ¿Cuáles serían las causas de esta maldición?

Una de las primeras explicaciones vinculaba ese fenómeno con la llamada “enfermedad holandesa”: la pérdida de competitividad de una economía derivada de la revaluación de su moneda, a su vez causada por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que llevaba al tipo de cambio del mercado a un nivel muy bajo, para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pudiera competir con las importaciones. El desarrollo de este concepto se atribuye al trabajo de Corden y Neary (1982).

Hasta aquí se trata de explicaciones “económicas” sobre la maldición; luego comenzaron a presentarse otras relacionadas con cuestiones institucionales y en particular “fallas del Gobierno”. Atkinson y Hamilton (2003) analizaron un conjunto de noventa y un países durante dieciséis años y encontraron que los más afectados por la maldición mostraban elevado gasto público y problemas fiscales, habiendo dilapidado las rentas del recurso. Torvik (2002) y Mehlum et al (2006) se centran más enfáticamente en las fallas del Gobierno y señalan que la existencia de la renta de ese recurso desata la competencia por obtenerlas promoviendo esa actividad, en detrimento de la actividad productiva. La búsqueda de rentas se vuelve mucho más rentable. Robinson et al (2006) señalan que al boom generado por el recurso lleva al gobernante a actuar en forma oportunista, tratando de maximizar la posibilidad de su reelección empleando más gente en el sector público. Esto traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo. A esto habría que sumarle más corrupción, compra de votos y clientelismo.

La falla “institucional” lleva a Karl (2007) a señalar que un marco institucional conducente al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es normalmente el resultado de una serie de intercambios de recursos (impuestos) por instituciones. Las limitaciones al poder monopólico otorgado al Gobierno son aceptadas por este, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del Gobierno reciben. Pero si el Gobierno se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir mayores cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo regular de ingresos, los Gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar esos impuestos (el principio de que no habrá impuestos sin representación). Cuando se financian con los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen. En muchos estados petroleros, por ejemplo, la negociación siempre ha sido entre el Gobierno y las empresas petroleras, ya que estas han sido los “contribuyentes”, no entre aquel y los ciudadanos. Esto les da también a estos Gobiernos mucha autonomía respecto al gasto, decidiendo cómo se reparte esta renta. Ross (2001) denomina a este fenómeno “efecto rentístico” y le agrega dos más: el “efecto gasto”, que lleva a un mayor uso de fondos provenientes del recurso en “clientelismo”, y un “efecto sobre la formación de grupos”, ya que el Gobierno utilizará esos fondos para prevenir la formación de grupos sociales independientes del Estado. En conjunto, los tres efectos influyen en el tipo de régimen político y donde predominan generan Gobiernos autoritarios, mientras que aquellos que se financian con impuestos, sobre todo directos, es más probable que sean más democráticos y tengan un mayor control del poder.

En el caso de financiamiento de un Gobierno a base de impuestos, el ciudadano promedio podría estar más alerta respecto al uso de esos fondos, ya que tienen un costo directo sobre su ingreso y patrimonio. En el segundo caso, cuando se financia de la renta del recurso, el ciudadano obtiene el beneficio de una menor presión impositiva directa. Esto también podría generar algún incentivo para imponer algún control, ya que, si el gobernante despilfarra el recurso de la renta, tarde o temprano llegarán los impuestos. No obstante, parecería que este segundo incentivo es más débil que el primero. Es decir: si me cobran impuestos, siento el peso de esa carga directamente, y puede ser que tenga más motivación para controlar el gasto; si no me los cobran y el Gobierno se financia de la renta del recurso, también podría tener un incentivo, ya que podría perder esta baja carga fiscal si el Gobierno despilfarra: pero el primero es un costo directo y actual; el otro una posibilidad futura. El primero es mucho más fuerte que el segundo.

También puede ser que los votantes no piensen en las generaciones siguientes o, conociendo cómo actúan los políticos, quieran obtener la renta ahora y no dejarla en sus manos. Es decir: si ha de haber algún cálculo intergeneracional, los votantes bien pueden pensar que mejor quede en sus manos, y no en las del Gobierno. Así parece que ocurre en Noruega, un país que es un ejemplo de calidad institucional en muchos sentidos, e incluso en el manejo de los recursos naturales. Los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte generaron un efecto como los que aquí han sido comentados, pero el Gobierno de ese país decidió crear un fondo con la renta petrolera, que sería invertido en activos fuera del país, para ser usado por las siguientes generaciones o en situaciones de crisis. El caso es tomado como un ejemplo de que la buena calidad institucional permite un manejo adecuado de un recurso natural y no genera la tan mentada “maldición”. De esta forma, los noruegos no solamente dejan fuera de un determinado Gobierno el atractivo de gastar esa renta, sino que incluso la invierten en el exterior para reducir el impacto del ingreso de divisas; esto es, la “enfermedad holandesa”. No obstante, parece que los noruegos también están insatisfechos con esto; muchos quisieran tener ese dinero en sus manos y ahora (Listhaug 2005), generándose así insatisfacción y un deterioro de la confianza en el sistema político. Lo cierto es que el problema, en un país de alta calidad institucional, muestra las limitaciones que tienen los Gobiernos para saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos y luego actuar de acuerdo con ellas.

El financiamiento mediante las rentas obtenidas de un recurso también significaría un menor incentivo a los votantes para estar informados e incrementaría los problemas de apatía o ignorancia mencionados en el capítulo anterior. Si los votantes no tienen un buen incentivo para informarse y decidir racionalmente, los políticos afrontan incentivos diferentes y les conviene pensar racionalmente cuando las políticas que apoyan o implementan pueden cambiar sus perspectivas electorales. El costo del error puede ser muy alto.

En la época de las mini-series, una breve sobre el salario mínimo y la desigualdad de ingresos

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Con los alumnos de la UBA Derecho vimos hoy a Alberdi sobre la distribución de la riqueza, donde plantea  la diferencia entre el derecho a trabajar y el derecho a tener un trabajo, entre el derecho a asociarse (en un gremio, por ejemplo) y la obligación de asociarse o aportar. También vimos sus objeciones sobre el salario mínimo.

Y he aquí que Libertarianism.org, ha producido una corta mini-serie sobre el salario mínimo y la desigualdad de ingresos. Está en inglés, pero se trata de un juicio, ideal para estudiantes de derecho: https://www.libertarianism.org/freedom-on-trial/part-1

Freedom on Trial takes viewers into the heart of the everyday issues that can arise when an employer’s desire to hire more employees runs into the barrier of minimum wage laws, and when the government’s plans to “solve” income inequality only make things worse. These complex problems take center stage in courtroom as both sides passionately make their cases. Quick, witty, dramatic, and empathetic, this series exposes the problems of authority, bureaucracy and centralization, while celebrating the “what ifs” of a life in a freer world.

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Freedom on Trial: Episode 1
Minimum wage laws can have unanticipated effects, as we learn when Philip—a typical small-town, small business owner—gets arrested for underpaying his teenage employee, Thomas.

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Freedom on Trial: Episode 2
Defense lawyers Holly and William take Philip’s case. District Attorney Sam inflates the case from one small business owner breaking a minimum wage law to the broader issue of income inequality. Will Philip be able to get a fair trial?

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Freedom on Trial: Episode 3
What the media’s now calling the “Income Inequality Trial” moves into its final days. Philip violated the minimum wage law, true, but did he really do anything wrong? Did he actually exacerbate income inequality? Or did he instead help a kid get his first job?