Se destapa la corrupción en la Aduana: Alberdi dice, además, que no es instrumento de protección

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico referirse al papel que cumple la Aduana:

“La aduana es, sobre todo, el medio que ha mantenido al mundo español desierto y silencioso como una eterna Necrópolis. A la España pertenece la restauración en la Europa moderna de esta máquina de guerra industrial, inventada por el despotismo romano.

Baste observar que la aduana, considerada como impuesto, debe su origen al despotismo de los emperadores de Roma, para reconocer que el comercio y la industria, tan menospreciados por el gobierno de esa época, no merecían la menor atención de la política económica que inventó este impuesto. Las modernas naciones industriales lo han conservado, sin embargo, contra sus intereses por la obra de sus gobiernos, mejor servidos por ese impuesto sordo que la prosperidad de los pueblos ajenos a la dirección de sus destinos.

«A la política de Augusto, dice Flóres Estrada, es debido el establecimiento de las aduanas. Para asegurar su autoridad usurpada y su naciente despotismo, ocultando al pueblo las vejaciones que pagaban, inventó tener a su disposición una. suma considerable, sin necesidad de tener que pedir jamás subsidios a los pueblos. Carlos I de España, fértil en recursos para llevar a cabo sus ideas ambiciosas y tener sometidos a la voluntad sus dominios, hizo revivir este establecimiento olvidado ya en la Europa».

Los Españoles (nos dice el mismo autor) no conocían las aduanas. En los siglos XII, XIII y XIV el comercio que se hacía en toda la península, y particularmente en las provincias de la corona de Aragón, era inmenso. Hasta entonces toda la renta de los reyes se componía de las propiedades de la corona, de algunas obvenciones extraordinarias y de los únicos impuestos de la alcabala y de los cientos, contribución sobre toda mercancía, que primero fue de un cinco por ciento y después de un diez.. Desde fines del siglo XIV hasta mediados del XV, a medida que avanzaban las conquistas de los españoles y cedían el campo sus antiguos vencedores, se hacía sensible la decadencia de España. A Carlos I, el primer monarca de España que organizó metódicamente el despotismo, se debe el bárbaro reglamento de aduanas, estableciendo en 1529, y con él la ruina de la Nación, dice el brillante y sabio economista español.

El hecho es que por resultado de ese sistema aduanero y de otras instituciones económicas, o mejor, anti-económicas de su jaez, sin incluir la pérdida de los dos millones de Arabes expulsados por Felipe III, el resto de la población se halló disminuida en más de una mitad, pues en 1715, según aparece de un censo practicado entonces, no excedía la población de seis millones, al paso que en 1688 todavía constaba de doce millonesb.

El economista español, que acabo de citar, mencionado por Blanqui, del Instituto de Francia, en su Historia de la economía política, como uno de los primeros tratadistas de Europa en ese ramo, Flóres Estrada, opinaba en su libro citado por la abolición absoluta de las aduanas, y aun sin retribución o reciprocidad de otras naciones.

Si tal sistema fuese admisible en la hipótesis de la ciencia, por hoy fuera inaplicable a la República Argentina, que coloca por el art. 4 de su Constitución el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas en el número de las fuentes de su Tesoro nacional. – Por su art. 64 da al Congreso el poder de legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas.

La aduana entra, pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos.

Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución, y poniéndolo en armonía, como interés fiscal, con los propósitos económicos, que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco.

  • V

Carácter económico de la Aduana según la Constitución argentina. Es un impuesto, no un medio proteccionista ni exclusivo. Debe ser bajo el impuesto, y fácil la tramitación para no despoblar.

¿Qué es la aduana en el sentido de la Constitución argentina? Sus palabras textuales lo declaran: Un derecho de importación y exportación es decir, Un impuesto, una contribución, cuyo producto concurre a la formación del Tesoro, destinado al sostenimiento de los gastos de la Nación.(Art. 4 y 64).

Fuera de ese rol y carácter, la aduana no tiene otro en las rentas argentinas.

Luego ninguna ley de aduanas, orgánica de la Constitución en ese punto, puede hacer de la aduana un medio de protección, ni mucho menos de exclusión y prohibición, sin alterar y contravenir al tenor expreso de la Constitución.

Hayek sobre el constante abuso de la prerrogativa estatal de tener un monopolio sobre la moneda

Con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca, luego de haber considerado la historia y las características del patrón-oro, vemos a Hayek sobre la moneda, en «Desnacionalización del Dinero»:

Hayek

EL CONSTANTE ABUSO DE LA PRERROGATIVA ESTATAL

Al estudiar la historia del dinero, uno no puede dejar de preguntarse por qué la gente ha soportado un poder exclusivo ejercido por el Estado durante más de 2.000 años para explotar al pueblo y engañarlo. Esto sólo puede explicarse porque el mito (la necesidad de la prerrogativa estatal) se estableció tan firmemente que ni a los estudiosos profesionales de este tema se les ocurrió ponerlo en duda (incluido durante mucho tiempo el autor de este trabajo). Pero una vez que se duda de la validez de la doctrina establecida, se observa en seguida que su base es frágil.

No conocemos el detalle de las nefastas actividades de los gobernantes al monopolizar el dinero más allá de la época del filósofo griego Diógenes, quien en el siglo IV a. C. dijo que el dinero era el juego de dados de los políticos. Pero desde los romanos hasta el siglo XVII, momento en que el papel moneda empieza a cobrar importancia, la historia de la moneda se compone ininterrumpidamente de adulteraciones o de continuas reducciones del contenido del metal en las monedas y del correspondiente aumento del precio de los bienes.

La historia es en gran parte una serie de inflaciones provocadas por la autoridad

Nadie ha escrito todavía una historia completa de este proceso. Sería un relato monótono y deprimente, pero no creo exagerar si afirmo que la historia casi se reduce a la historia de las inflaciones y normalmente de las que las autoridades generan para su propio provecho —aunque los descubrimientos de oro y plata del siglo XVI tuvieron un efecto similar—. Los historiadores han intentado justificar repetidas veces la inflación sobre la base de que ha hecho posibles los grandes períodos de rápido progreso económico. Se han presentado diversas teorías históricas inflacionistas, que han sido, sin embargo, claramente refutadas por la evidencia: los precios en Inglaterra y en los Estados Unidos estaban, al final del período de su más rápido crecimiento, casi al mismo nivel que doscientos años antes. Pero sus insistentes redescubridores normalmente ignoran las anteriores argumentaciones.

El «papa negro», el jesuita venezolano Sosa Abascal, parece conocer bastante mas que el «papa blanco»

El diario La Nación publica un artículo titulado “El ‘papa negro’ no ve salida a la crisis”, en el cual las declaraciones de Arturo Sosa Abascal, superior general de los Jesuitas, muestran que parece conocer bastante más de economía que nuestro ‘papa blanco’, Francisco. Éste ha planteado los temas desde una perspectiva simplista y repetida: la culpa es de los capitales financieros y su afán de lucro. Sosa Abascal, en cambio (claro, vive en Venezuela, donde las cosas están muy claras y a la vista), presenta algunos comentarios teóricamente mucho más sólidos: http://www.lanacion.com.ar/1948269-el-papa-negro-no-ve-salida-a-la-crisis

Primero van sus comentarios, luego algunos párrafos del libro El Foro y el Bazar sobre la teoría:

«La situación en Venezuela es muy difícil de explicar al que no vive allá y como profesor universitario y analista político siempre tuve que reiterar como una letanía que no se entiende qué pasa en Venezuela si no se recuerda que el país vive de la renta petrolera, que administra con exclusividad el Estado», explicó.

«Entonces sucede algo que pone cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente, el Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado, pero [en el caso de Venezuela], debido a la renta petrolera, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático», indicó.

Ahora la renta petrolera no alcanza y la sociedad venezolana está mal mantenida por un «Estado gigante», algo que provoca «mucho sufrimiento», también dijo. «El modelo político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, basado en un proyecto rentista, ya no se sostiene», afirmó. «Pero algo parecido hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país», agregó.”

Aquí, algo del libro sobre el mismo tema:

Una reconocida causa de “fracaso del Gobierno” es la que resultaría de lo que se ha dado en llamar “la maldición de los recursos naturales”, aludiendo así al caso de países que descubren un importante recurso natural, pero aquello que representaría en otro caso una gran oportunidad termina hundiendo al país en la pobreza e incluso la guerra civil.

El sentido común diría que un país que descubre recursos puede aprovecharlos para crecer, y en verdad así ha sido el caso en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana. Pero en algunas investigaciones empezaron a descubrirse casos donde el crecimiento de países ricos en recursos era menor que aquellos que no los tenían. ¿Cuáles serían las causas de esta maldición?

Una de las primeras explicaciones vinculaba ese fenómeno con la llamada “enfermedad holandesa”: la pérdida de competitividad de una economía derivada de la revaluación de su moneda, a su vez causada por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que llevaba al tipo de cambio del mercado a un nivel muy bajo, para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pudiera competir con las importaciones. El desarrollo de este concepto se atribuye al trabajo de Corden y Neary (1982).

Hasta aquí se trata de explicaciones “económicas” sobre la maldición; luego comenzaron a presentarse otras relacionadas con cuestiones institucionales y en particular “fallas del Gobierno”. Atkinson y Hamilton (2003) analizaron un conjunto de noventa y un países durante dieciséis años y encontraron que los más afectados por la maldición mostraban elevado gasto público y problemas fiscales, habiendo dilapidado las rentas del recurso. Torvik (2002) y Mehlum et al (2006) se centran más enfáticamente en las fallas del Gobierno y señalan que la existencia de la renta de ese recurso desata la competencia por obtenerlas promoviendo esa actividad, en detrimento de la actividad productiva. La búsqueda de rentas se vuelve mucho más rentable. Robinson et al (2006) señalan que al boom generado por el recurso lleva al gobernante a actuar en forma oportunista, tratando de maximizar la posibilidad de su reelección empleando más gente en el sector público. Esto traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo. A esto habría que sumarle más corrupción, compra de votos y clientelismo.

La falla “institucional” lleva a Karl (2007) a señalar que un marco institucional conducente al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es normalmente el resultado de una serie de intercambios de recursos (impuestos) por instituciones. Las limitaciones al poder monopólico otorgado al Gobierno son aceptadas por este, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del Gobierno reciben. Pero si el Gobierno se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir mayores cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo regular de ingresos, los Gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar esos impuestos (el principio de que no habrá impuestos sin representación). Cuando se financian con los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen. En muchos estados petroleros, por ejemplo, la negociación siempre ha sido entre el Gobierno y las empresas petroleras, ya que estas han sido los “contribuyentes”, no entre aquel y los ciudadanos. Esto les da también a estos Gobiernos mucha autonomía respecto al gasto, decidiendo cómo se reparte esta renta. Ross (2001) denomina a este fenómeno “efecto rentístico” y le agrega dos más: el “efecto gasto”, que lleva a un mayor uso de fondos provenientes del recurso en “clientelismo”, y un “efecto sobre la formación de grupos”, ya que el Gobierno utilizará esos fondos para prevenir la formación de grupos sociales independientes del Estado. En conjunto, los tres efectos influyen en el tipo de régimen político y donde predominan generan Gobiernos autoritarios, mientras que aquellos que se financian con impuestos, sobre todo directos, es más probable que sean más democráticos y tengan un mayor control del poder.

En el caso de financiamiento de un Gobierno a base de impuestos, el ciudadano promedio podría estar más alerta respecto al uso de esos fondos, ya que tienen un costo directo sobre su ingreso y patrimonio. En el segundo caso, cuando se financia de la renta del recurso, el ciudadano obtiene el beneficio de una menor presión impositiva directa. Esto también podría generar algún incentivo para imponer algún control, ya que, si el gobernante despilfarra el recurso de la renta, tarde o temprano llegarán los impuestos. No obstante, parecería que este segundo incentivo es más débil que el primero. Es decir: si me cobran impuestos, siento el peso de esa carga directamente, y puede ser que tenga más motivación para controlar el gasto; si no me los cobran y el Gobierno se financia de la renta del recurso, también podría tener un incentivo, ya que podría perder esta baja carga fiscal si el Gobierno despilfarra: pero el primero es un costo directo y actual; el otro una posibilidad futura. El primero es mucho más fuerte que el segundo.

También puede ser que los votantes no piensen en las generaciones siguientes o, conociendo cómo actúan los políticos, quieran obtener la renta ahora y no dejarla en sus manos. Es decir: si ha de haber algún cálculo intergeneracional, los votantes bien pueden pensar que mejor quede en sus manos, y no en las del Gobierno. Así parece que ocurre en Noruega, un país que es un ejemplo de calidad institucional en muchos sentidos, e incluso en el manejo de los recursos naturales. Los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte generaron un efecto como los que aquí han sido comentados, pero el Gobierno de ese país decidió crear un fondo con la renta petrolera, que sería invertido en activos fuera del país, para ser usado por las siguientes generaciones o en situaciones de crisis. El caso es tomado como un ejemplo de que la buena calidad institucional permite un manejo adecuado de un recurso natural y no genera la tan mentada “maldición”. De esta forma, los noruegos no solamente dejan fuera de un determinado Gobierno el atractivo de gastar esa renta, sino que incluso la invierten en el exterior para reducir el impacto del ingreso de divisas; esto es, la “enfermedad holandesa”. No obstante, parece que los noruegos también están insatisfechos con esto; muchos quisieran tener ese dinero en sus manos y ahora (Listhaug 2005), generándose así insatisfacción y un deterioro de la confianza en el sistema político. Lo cierto es que el problema, en un país de alta calidad institucional, muestra las limitaciones que tienen los Gobiernos para saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos y luego actuar de acuerdo con ellas.

El financiamiento mediante las rentas obtenidas de un recurso también significaría un menor incentivo a los votantes para estar informados e incrementaría los problemas de apatía o ignorancia mencionados en el capítulo anterior. Si los votantes no tienen un buen incentivo para informarse y decidir racionalmente, los políticos afrontan incentivos diferentes y les conviene pensar racionalmente cuando las políticas que apoyan o implementan pueden cambiar sus perspectivas electorales. El costo del error puede ser muy alto.

En la época de las mini-series, una breve sobre el salario mínimo y la desigualdad de ingresos

Con los alumnos de la UBA Derecho vimos hoy a Alberdi sobre la distribución de la riqueza, donde plantea  la diferencia entre el derecho a trabajar y el derecho a tener un trabajo, entre el derecho a asociarse (en un gremio, por ejemplo) y la obligación de asociarse o aportar. También vimos sus objeciones sobre el salario mínimo.

Y he aquí que Libertarianism.org, ha producido una corta mini-serie sobre el salario mínimo y la desigualdad de ingresos. Está en inglés, pero se trata de un juicio, ideal para estudiantes de derecho: https://www.libertarianism.org/freedom-on-trial/part-1

Freedom on Trial takes viewers into the heart of the everyday issues that can arise when an employer’s desire to hire more employees runs into the barrier of minimum wage laws, and when the government’s plans to “solve” income inequality only make things worse. These complex problems take center stage in courtroom as both sides passionately make their cases. Quick, witty, dramatic, and empathetic, this series exposes the problems of authority, bureaucracy and centralization, while celebrating the “what ifs” of a life in a freer world.

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Freedom on Trial: Episode 1
Minimum wage laws can have unanticipated effects, as we learn when Philip—a typical small-town, small business owner—gets arrested for underpaying his teenage employee, Thomas.

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Freedom on Trial: Episode 2
Defense lawyers Holly and William take Philip’s case. District Attorney Sam inflates the case from one small business owner breaking a minimum wage law to the broader issue of income inequality. Will Philip be able to get a fair trial?

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Freedom on Trial: Episode 3
What the media’s now calling the “Income Inequality Trial” moves into its final days. Philip violated the minimum wage law, true, but did he really do anything wrong? Did he actually exacerbate income inequality? Or did he instead help a kid get his first job?

Intervencionismo, ¿un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo? Mises lo descarta

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata ahora sobre ese supuesto “tercer camino”. Mises comenta:

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“La idea que existe un tercer sistema – entre el socialismo y el capitalismo – como sus sostenedores dicen, un sistema tan alejado del socialismo como lo está del capitalismo pero que retiene las ventajas y evita las desventajas de cada uno, es puro disparate. La gente que cree en tan mítico sistema puede convertirse en realmente poética cuando  elogian la gloria del intervencionismo. Se puede decir, solamente, que están equivocados.

La interferencia del gobierno, que ellos elogian, provoca condiciones que a ellos mismos les disgustan. Uno de los problemas que trataré más adelante es el proteccionismo. El gobierno trata de aislar el mercado doméstico respecto al mercado mundial. Impone tarifas que elevan el precio doméstico de un producto por sobre el precio en el mercado mundial, haciendo posible a los productores domésticos formar cárteles. Los cárteles entonces son atacados por el gobierno declarando: ‘Bajo estas condiciones, es necesaria una legislación anti – cártel’

Esta es precisamente la situación con la mayoría de los gobiernos europeos. En los EEUU, hay además otras razones para la legislación anti – trust y la campaña del gobierno contra el fantasma del monopolio Es absurdo ver al gobierno – que crea por su propia intervención las condiciones que hacen posible la emergencia de cárteles domésticos – señalar con el dedo a las empresas, diciendo: ‘Hay cárteles, por lo tanto la interferencia del gobierno en los negocios es necesaria’. Sería mucho más simple evitar los cárteles terminando la interferencia del gobierno en el mercado – una interferencia que hace posibles estos cárteles.

La idea de la interferencia del gobierno como una ‘solución’ a los problemas económicos lleva, en cada país, a condiciones que, por lo menos, son bastante insatisfactorias y, a menudo, caóticas. Si el gobierno no se detiene a tiempo, fomentará el socialismo. Sin embargo, la interferencia del gobierno en los negocios es todavía muy popular. Tan pronto como a alguien no le gusta algo que sucede en el mundo, dice: ‘El gobierno debería hacer algo al respecto. ¿Para qué tenemos un gobierno? El gobierno debería hacerlo.’ Y este es un resabio de pensamiento característico de épocas pasadas, de épocas que precedían a la libertad moderna, al moderno gobierno constitucional, antes del gobierno representativo o del republicanismo moderno.

Por siglos existió la doctrina – sostenida y aceptada por todos – que un rey, un rey ungido – era el mensajero de Dios; tenía más sabiduría que sus súbditos; y tenía poderes sobrenaturales. Tan recientemente como a principios del Siglo XIX, la gente que sufría de ciertas enfermedades esperaba ser curada por el toque real, por la mano del rey. Los doctores eran generalmente mejores; sin embargo, hacían que sus pacientes se trataran con el rey.

Esta doctrina de la superioridad del gobierno paternal, de los poderes sobrenaturales y sobrehumanos de los reyes hereditarios, ha desaparecido gradualmente – o por lo menos eso creíamos. Pero apareció nuevamente. Hubo un profesor alemán llamado Werner Sombart (lo conocí muy bien), que era conocido en todo el mundo; era doctor honorario de muchas universidades y miembro honorario de la American Economic Association. Ese profesor escribió un libro que se encuentra disponible en una traducción al inglés, publicada por la Princeton University Press; también existe una traducción al francés, y probablemente exista una versión en español. Y espero que exista porque deseo que verifiquen lo que estoy diciendo. En este libro – publicado en nuestro siglo y no en la Edad Media – Werner Sombart, profesor de Economía, simplemente dice: ‘El Führer, nuestro Führer,’ – desde ya se refiere a Hitler – ‘recibe sus órdenes directamente de Dios, el Führer del Universo’

Antes ya mencioné esta jerarquía de Führers, y en esta jerarquía mencioné a Hitler como el ‘Supremo Führer’… Pero existe, de acuerdo con Werner Sombart, un más alto Führer: Dios, el Führer del Universo. Y Dios, escribió, le da Sus órdenes directamente a Hitler. Desde ya, el Profesor Sombart dijo, bastante modestamente; ‘No sabemos cómo Dios se comunica con el Führer. Pero el hecho no puede negarse’

Ahora, si oyen que dicho libro puede ser publicado en idioma alemán, el idioma de una nación que una vez fue aclamada como ‘la nación de los filósofos y de los poetas’, y ven que puede ser traducido al inglés y al francés, no podrán asombrarse del hecho que un pequeño burócrata se considere a sí mismo mejor y más inteligente que los ciudadanos y desee interferir en todo, aunque sea solamente un pobre minúsculo burócrata, y no el famoso Profesor Werner Sombart, miembro honorario de lo que sea.

¿Existe un remedio contra estas cosas? Yo diría que sí, que hay un remedio. Y este remedio es el poder los ciudadanos; tienen que impedir que se establezca un régimen tan autocrático que se arroga una mayor sabiduría que la del ciudadano común. Esta es la diferencia fundamental entre la libertad y la servidumbre. Las naciones socialistas han usurpado para sí mismas el término democracia. Los rusos llaman a su sistema Democracia Popular, probablemente sostienen que la gente está representada en la persona del dictador. Creo que a un dictador, Juan Perón aquí en la Argentina, se le dio una buena respuesta cuando se lo forzó al exilio en 1955. Esperemos  que otros dictadores, en otras naciones, se les dé una respuesta similar.”

Educación: las políticas Públicas han estado sesgadas siempre hacia la cantidad y no la calidad

El énfasis de las políticas públicas dirigidas hacia la educación ha estado siempre sesgado hacia la cantidad y no la calidad, siendo ésta la realmente importante para la construcción de lo que se denomina “capital humano”. Más que las tasas de cobertura, de asistencia o los años de escolaridad, lo que verdaderamente hay que medir y considerar son los conocimientos y las habilidades incorporadas en el proceso educativo. Eric A. Hanushek, de Stanford University y    Ludger Woessmann, de la Universidad de Munich señalan, por ejemplo, que la diferencia de resultados alcanzados por los países asiáticos respecto a los latinoamericanos se explica más por los niveles de educación alcanzados en lectura y matemática que por los años de asistencia a la escuela (Hanushek & Woessmann, 2015).

La mención a mejoras en la matrícula de la educación preescolar y pre-media se corresponde con los datos oficiales, como se verá más adelante. La ausencia de mención en ese párrafo de la educación primaria se debe a que la matriculación ha caído en este nivel, sobre el cual se reconoce, además, una caída de su calidad:

“Sin embargo, a pesar de importantes avances, Panamá no ha logrado superar las deficiencias en la calidad de la educación primaria. Se requiere particularmente fortalecer la enseñanza de las asignaturas de español y matemáticas, básicas para la adquisición de conocimientos, que son las materias en las cuales los alumnos de primaria muestran las mayores deficiencias” (p. 97).

En cuanto a la Educación Pre-Media y Media dice: “En los niveles de pre-media y media, en el lado positivo vemos que, de acuerdo a la medición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (Informa sobre el Desarrollo Humano 2013), el 62,1% de la población ha completado la escuela secundaria… No obstante, al igual que en el nivel anterior, la calidad de la educación es un problema grave, particularmente en las materias básicas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y es especialmente preocupante el bajo dominio de los estudiantes en los ámbitos de la lectura, la escritura y la comprensión. La baja calidad de la educación impartida en el nivel primario, resulta en una base muy débil para los aprendizajes en este nivel” (p. 98).

El Banco Mundial (2012) confirma esto:

“El importante logro de Panamá en cuanto a años de educación no se refleja en la calidad de los graduados. El logro educativo de Panamá es cercano al promedio de los países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); no obstante, la calidad de la educación en el país según la medición del PISA de 2009 está 150 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Las estimaciones indican que un año de escolaridad debería aumentar el puntaje del PISA en 50 puntos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la calidad, los años de escolaridad en Panamá no estarían cerca de los 11 sino de los 8” (p. 30)[1].

Los síntomas de la educación estatal son evidentes. En el nivel de enseñanza superior, por ejemplo, donde el costo por alumno universitario es el doble del costo promedio por estudiante en los demás niveles, la realidad es que “la mayor parte del presupuesto está destinado a gastos de operación, con menos del 10% disponible para gastos de inversión” (p. 98)[2].

[1] Y más adelante (p. 33): Los resultados en PISA son deficientes, pero una mirada en mayor profundidad muestra que probablemente esa prueba no sea la pertinente en Panamá o debería ser aplicado en un grado superior. Como ya se mencionó, el puntaje de Panamá fue aproximadamente 150 puntos menores al promedio de la OCDE para el PISA. La dificultad del examen para los estudiantes en Panamá está claramente ilustrado por sus tasas de respuesta. Solamente 2 de 35 preguntas fueron respondidas correctamente por más del 50 por ciento de los estudiantes que tomaron la prueba en Panamá, mientras que en Singapur 28 preguntas fueron respondidas correctamente por más del 50 por ciento de los estudiantes”.

[2] Y en la página 101: “Sin embargo, aun cuando el presupuesto destinado al sector educación representa el porcentaje más alto del total nacional, el 77% de este monto se utiliza en gastos de funcionamiento por lo cual restan pocos recursos para invertir en la calidad de la enseñanza y las mejoras en infraestructura y materiales. El gasto por estudiante universitario es casi cuatro veces mayor que el casto por estudiante en otros niveles”.

Más informes Internacionales sobre la educación en Panamá: con problemas comunes a la región

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Un informe más reciente de UNESCO (SERCE es el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, TERCE es el tercer estudio de la misma serie), es comentado por la prensa:

“Persisten las deficiencias en materias como español, matemáticas y ciencias naturales en el sistema educativo panameño. Así lo demuestran los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) de la Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) para América Latina y el Caribe. Este estudio evalúa los logros de aprendizaje en la educación básica en 15 países latinoamericanos. Las pruebas fueron aplicadas a más de 67 mil estudiantes de tercero y sexto grado en las áreas ya mencionadas. El informe, publicado recientemente (9/9/15) de manera parcial por el Ministerio de Educación (Meduca), señala que Panamá no pudo alcanzar los niveles promedios de los países de la región, calculados en 700 puntos en cada una de las materias evaluadas. Por ejemplo, en las pruebas de español se alcanzó 670 puntos y en matemáticas 664 en los terceros grados, mientras que en los sextos grados, en español se obtuvo 650 puntos, en matemáticas 644 y en la de ciencias naturales, aplicada solamente en los sextos grados, se logró un puntaje de 675.”[1]

En el TERCE, cuyos resultados han sido dados a conocer recientemente, Panamá muestra resultados por debajo de la media regional, en este caso toda América Latina, en Lectura de 3º y 6º grados, Matemáticas de 3º y 6º grados y Ciencias Naturales de 6º grado. Solamente se alcanza el promedio regional en Escritura de 3º y 6º grados.

En una situación que es similar a la de muchos otros países, los docentes agremiados han obtenido muchas “conquistas” pero éstas no han generado los incentivos correctos para mejorar su calidad y dedicación. Así lo describe el informe de Unidos por la Educación: “Un educador de primaria que inicia su carrera docente a los 18 años de edad, si es permanente, pudiera laborar por muchos años, sin actualizarse y con el cargo asegurado. La situación es peor en el caso de la Universidad de Panamá, donde gran parte de los profesores al ganarse la cátedra, no tienen mayores incentivos para mejorar sus aprendizajes, actualizarse o desarrollar investigaciones, y lo que es peor, no preparan adecuadamente a los estudiantes”(p. 31).

En verdad, la evaluación y el programa de incentivos de los maestros está basado en el conocido sistema de “puntaje”, que pone énfasis en la adquisición de conocimientos en áreas afines a su especialidad, ubicando al docente en un ‘ranking’ cuya posición le brindará más oportunidades para obtener luego algún cargo. Este tipo de incentivos es utilizado en muchas organizaciones ya que promueve la capacitación y la actualización del personal (si es que los cursos o actividades que realizan efectivamente lo logran), pero como un elemento complementario y no central. Esto es así porque lo importante es medir el desempeño, los resultados obtenidos, en este caso, la formación transmitida a los alumnos. La propia preparación del docente es un elemento indirecto para suponer dicha contribución, ya que un docente bien formado tiene más capacidad para educar, pero no garantiza la dedicación y los esfuerzos necesarios para hacerlo y menos aún la obtención de ciertos resultados. Si tomamos en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación antes mencionadas, pareciera que los incentivos que reciben los docentes no están correctamente alineados con los objetivos de calidad y resultados que se pretenden alcanzar. Por ejemplo, en las evaluaciones realizadas por SINECA (2005), una de las principales variables asociadas a las causas percibidas por los estudiantes sobre los resultados obtenidos es que el docente “no devuelve ejercicios corregidos”. Esto mismo aparece en las demás materias evaluadas. Por ejemplo, en el caso de matemáticas de sexto grado: “Los estudiantes que no reciben los ejercicios calificados tienen una disminución en sus puntajes de 5.3 con respecto a los que sí reciben sus ejercicios calificados” (p. 154).

[1] http://impresa.prensa.com/panorama/Nivel-primario-educacion-deficiente-Unesco_0_4267073317.html

Juan B. Alberdi, y cómo el derecho al trabajo puede ser atacado por las leyes, laborales y reguladoras

Con los alumnos de la UBA Derecho, vemos a Alberdi cuando comenta cómo el derecho al trabajo puede ser atacado por la ley:

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“Son opresoras de la libertad del trabajo y contrarias a la Constitución (artículos 14 y 20) en este punto, las leyes que prohíben ciertos trabajos moralmente lícitos; las leyes que se introducen a determinar cómo deben ejecutarse tales o cuales trabajos, con intención o pretexto de mejorar los procederes industriales; las leyes proteccionistas de ciertas manufacturas con miras de favorecer lo que se llama industria nacional. Esta protección opresora se opera por prohibiciones directas o por concesiones de privilegios y exenciones dirigidas a mejorar tal fabricación o a favorecer tal fabricante.

Las leyes que exigen licencias para ejercer trabajos esencialmente industriales, consagran implícitamente la esclavitud del trabajo, porque la idea de licencia excluye la idea de libertad. Quien pide licencia para ser libre, deja por el hecho mismo de ser libre: pedir licencia, es pedir libertad; la Constitución ha dado la libertad del trabajo, precisamente para no tener que pedirla al gobierno, y para no dejar a éste la facultad de darla, que envuelve la de negarla.

Son derogatorios de la libertad del trabajo todas las leyes y decretos del estilo siguiente: Nadie podrá tener en toda la campaña de la provincia tienda, pulpería (taberna), casa de negocio o trato, sin permiso del gobierno, dice un decreto de Buenos Aires de 18 de abril de 1832.

Un Reglamento de Buenos Aires, para las carretillas del tráfico y abasto, de 7 de enero de 1822, manda que todos los cargadores compongan una sección general, bajo la inspección de un comisario de policía. – Las carretillas del tráfico y de abasto son organizadas en falange o sección, bajo la dirección de la policía política, cuyos comisarios dependen del ministro del interior. Ninguno puede ejercer el oficio de cargador, sin estar matriculado y tener la correspondiente papeleta. Para ser matriculado un cargador, debe rendir información de buenas costumbres ante el comisario de policía.

Otro decreto del gobierno local de Buenos Aires, de 17 de julio de 1823, manda que ningún peón sea conchabado para servicio alguno o faena de campo, sin una contrata formal por escrito, autorizada por el comisario de policía. Por un decreto de 8 de setiembre de ese mismo año, tales contratas deben ser impresas, según un formulario dado por el ministro de gobierno y en papel sellado o fiscal.

Tales leyes y decretos de que está lleno el régimen local de la provincia de Buenos Aires, hacen imposible el trabajo; y alejando la inmigración, contribuyen a mantener despoblado el país. ¿Qué inmigrado europeo dejará los Estados Unidos para venir a enrolarse de trabajador bajo la policía política de Buenos Aires? Exigir información de costumbres para conceder el derecho de trabajar, es condenar a los ociosos a continuar siendo ociosos; exigirla ante la policía, es hacer a ésta árbitra del pan del trabajador. Si no opina como el gobierno, pierde el derecho de trabajar y muere de hambre.

La constitución provincial de Buenos Aires (art. 164) concede la libertad de trabajo en estos términos: – «La libertad del trabajo, industria y comercio es un derecho de todo habitante del Estado, siempre que no ofenda o perjudique la moral pública»,

No hay libertad que no se vuelva ofensiva de la moral desde que degenera en licencia, es decir, desde que deja de ser libertad. La constitución de Buenos Aires no necesitaba decido. Poner esa reserva es anticipar la idea de que el trabajo, la industria, el comercio pueden ser ofensivos a la moral. Eso es manchar el trabajo con la sospecha, en vez de dignificarlo con la confianza. Presumir que el trabajo, es decir, la moral en acción, pueda ser opuesto a la moral misma, es presunción que sólo puede ocurrir en países inveterados en la ociosidad y en el horror a los nobles fastidios del trabajo.

Ninguna libertad debe ser más amplia que la libertad del trabajo, por ser la destinada a atraer la población. Las inmigraciones no se componen de capitalistas, sino de trabajadores pobres; crear dificultades al trabajo, es alejar las poblaciones pobres, que vienen buscándolo como medio de obtener la subsistencia de que carecían en el país natal abandonado.”

¿Es China una economía de mercado? Todos los países discuten eso, sujeto a presiones proteccionistas

En la reciente visita a China del presidente Macri se planteó el tema del reconocimiento de ese país como una “economía de mercado”, lo cual llevaría a tener que darle un trato similar al de otros países miembros de la Organización Mundial de Comercio en cuanto a la apertura para sus productos y servicios exportados. El tema es tratado, en relación a los Estados Unidos, por Pierre Lemieux, de la Universidad de Quebec, en una nota en la revista Regulation, del Cato Institute: http://www.cato.org/regulation/spring-2016

Algunos párrafos:

“Podemos considerar el estatus de ‘mercado’ desde una perspectiva económica, como diferente de una política: ¿es China una economía de mercado? A primera vista, parece que solamente podría afirmarse eso utilizando una definición bien laxa o benévola de lo que es una economía de mercado. Pero, en verdad, cualquier ‘economía de mercado’ actualmente es una mezcla de libertad y dirección gubernamental. El reconocimiento de un país como una economía de mercado es una cuestión de grado en relación a muchas dimensiones. Por lo tanto, es difícil determinar si un país encaja en la categoría o no.

Si usamos los principales índices de libertad económica, que se basan en diferentes indicadores para calcular una nota para cada país, encontramos que China se encuentra bastante bajo en la lista. El informe Economic Freedom of the World: informe Anual 2015, del   Fraser Institute de Canadá, ubica a China en lo más bajo, en el tercer cuarto, lo que significa que tres cuartas partes de los 157 países clasificados tienen más libertad económica. En forma semejante, el Index of Economic Freedom 2015 de la Fundación Heritage, ubica a China cerca del final del cuarto quintil, cuyos miembros son considerado con economías ‘mayormente no libres’.

En el pasado reciente, China ha mostrado una promesa de convertirse en una economía de mercado, como sostuvieron Ronald Coase y Ning Wang en su libro How China became Capitalist. Pero ciertos desarrollos recientes no son alentadores. Los bancos y las empresas del estado siguen siendo grandes jugadores en una economía altamente regulada. Está creciendo la censura. Una bienvenida lucha contra la corrupción puede transformarse como una excusa para amenazar a empresarios. El capitalismo de amigos caracteriza aún hoy a la mayor parte de la economía china.

Sin embargo, la oposición del gobierno norteamericano al estatus de mercado para China está principalmente motivada por el proteccionismo, no por una preocupación sobre la libertad económica. Como muchos gobiernos nacionales en Europa, el gobierno norteamericano está respondiendo a las demandas de los empresarios locales y los lobbies de los sindicatos que temen la competencia de los productores chinos. Las disputas comerciales son, a menudo, ejercicios de capitalismo de amigos, y eso es una cuestión de grado. El proteccionismo está también promovido por los cánticos populistas de los políticos, que han sido especialmente abundantes en este año electoral”.

Acá es similar. Por un lado, desde hace rato que viene mencionando otorgar ese ‘estatus de mercado’:

http://www.lanacion.com.ar/654848-la-argentina-declarara-a-china-como-economia-de-mercado

Pero la Unión Industrial Argentina (UIA), se opone:

http://www.lanacion.com.ar/1932825-antes-del-viaje-de-macri-la-industria-local-advirtio-por-el-comercio-desleal-con-china

Los empresarios chinos piden eso para invertir:

http://www.lanacion.com.ar/1934233-wenbo-xiang-que-no-quieran-reconocernos-el-status-de-economia-de-mercado-es-totalmente-injusto

Poco tiempo después de la Revolución Soviética, Mises decía que el socialismo era imposible

Con los alumnos de Económicas en la UBA leemos a Mises sobre el cálculo económico en el Sistema socialista: http://www.hacer.org/pdf/rev10_vonmises.pdf

Recordemos que en ese Sistema no habría «precios» en el sentido económico ya que estos surgen de intercambios libres de derechos de propiedad, eliminados en el socialismo. Habría unos ciertos números definidos por los planificadores. Mises escribía esto a los pocos años de la Revolución Rusa (1922). Así comenta los problemas que enfrentarían:

Mises1

«Tratemos de imaginar la posición de una comunidad socialista. Habrá cientos de miles de establecimientos que trabajan continuamente. Una minoría de éstos producirá bienes listos para el consumo. La mayoría producirá bienes de capital y productos semimanufacturados. Todos estos establecimientos estarán estrechamente relacionados entre sí. Cada bien pasará por una serie de establecimientos antes de estar listo para el consumo. Sin embargo, la administración económica no tendrá realmente una dirección en medio de la presión de tantos procesos diferentes. No tendrá manera de asegurarse si tal o cual parte del trabajo es realmente necesaria, o si no se estará gastando demasiado material para completar su fabricación. ¿Cómo podría descubrir cuál de los dos procesos es más satisfactorio?

Cuando más, podría comparar la cantidad de productos entregados, pero sólo en contados casos podría comparar los gastos incurridos en su producción. Sabría exactamente, o creería saberlo, qué es lo que está tratando de producir. Por lo tanto, tendría que obtener los resultados deseados con el gasto mínimo. Pero para lograrlo tendría que sacar cálculos, y esos cálculos tendrían que ser cálculos del valor. No podrían ser tan sólo «técnicos», ni podrían ser cálculos sobre el valor-uso de los bienes y servicios. Esto es tan obvio que no necesita pruebas adicionales.

Bajo un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la escala de valores es el resultado de las acciones de cada miembro independiente de la sociedad. Todos hacen un doble papel en ella, primero como consumidores y segundo como productores. Como consumidor, el individuo establece el valor de bienes listos para el consumo. Como productor, orienta los bienes de producción hacia aquellos usos que rendirán más. Es así como los bienes de un orden más elevado también se gradúan en forma apropiada a las condiciones existentes de producción y de la demanda dentro de la sociedad.

El juego de estos dos procesos garantiza que el principio económico sea observado tanto en el consumo como en la producción. Y en esta forma surge el sistema exactamente graduado que permite a todos enmarcar su demanda dentro de las líneas económicas.

Bajo el socialismo, todo esto no ocurre. La administración económica puede establecer exactamente qué bienes son más urgentemente necesarios, pero eso es sólo parte del problema. La otra mitad, la evaluación de los medios de producción, no se soluciona. Puede averiguar exactamente el valor de la totalidad de tales instrumentos. Obviamente, ése es igual al valor de las satisfacciones que pueden darse. Si se calcula la pérdida en que se incurriría al retirarlos, también se podría averiguar el valor de instrumentos únicos de producción. Pero no puede asimilarlos a un denominador común de precios, como podría ser bajo un sistema de libertad económica y de precios en dinero.

No es necesario que el socialismo prescinda totalmente del dinero. Es posible concebir arreglos que permitan el empleo del dinero para el intercambio de bienes de consumo. Pero desde el momento en que los diversos factores de producción (incluyendo el trabajo) no pudieran expresarse en dinero, el dinero no jugaría ningún papel en los cálculos económicos

Supongamos, por ejemplo, que la comunidad de países socialistas estuviera planeando un nuevo ferrocarril. ¿Sería ese nuevo ferrocarril realmente conveniente? Si lo fuera, ¿cuánto terreno debería servir? Bajo el sistema de propiedad privada podríamos decidir esas interrogantes por medio de cálculos en dinero. La nueva red de ferrocarril abarataría el transporte de determinados artículos, y en base a ello podríamos calcular si la diferencia en los cargos de transporte justificaría los gastos de construcción y funcionamiento del ferrocarril. Un cálculo así sólo podría hacerse en dinero. No podríamos hacerlo comparando gastos y ahorros en especies. Es absolutamente imposible reducir a unidades corrientes las cantidades de trabajo especializado y no especializado, el hierro, carbón, materiales de construcción, maquinaria y todas las demás cosas que exige el mantenimiento de un ferrocarril, por lo cual es imposible también reducirlos a unidades de cálculo económico. Sólo podremos trazar planes económicos cuando todo aquello que acabamos de enumerar pueda ser asimilado a dinero. Es cierto que los cálculos de dinero no son completos. Es cierto que presentan grandes deficiencias, pero no contamos con nada mejor para reemplazarlos, y, bajo condiciones monetarias seguras, satisfacen todos los objetivos prácticos. Si los dejamos de lado, el cálculo económico se hace absolutamente imposible.

No queremos decir con esto que la comunidad socialista se encontraría totalmente desorientada. Tomaría decisiones a favor o en contra de la empresa propuesta y dictaría una orden. Pero, en el mejor de los casos, esa decisión se basaría tan sólo en vagas evaluaciones. No podría basarse en cálculos exactos de valor.»