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Preocupaba a Alberdi que las leyes derogaran los principios de la Constitución: eso fue lo que pasó

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Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de Derecho, UBA, vemos El Sistema Económico y Rentístico, de Juan Bautista Alberdi. Al autor le preocupaba que los principios de libertad de la Constitución fueran alterados por las leyes que reglamentaran su ejercicio (lo que efectivamente sucedió). Esto dice al respecto:

Alberdi

“La libertad declarada no es la libertad puesta en obra.

Consignar la libertad económica en la Constitución es apenas escribirla, es declararla como principio y nada más; trasladarla de allí a las leyes orgánicas, a los decretos, reglamentos y ordenanzas de la administración práctica, es ponerla en ejecución: y no hay más medio de convertir la libertad escrita en libertad de hecho.

Ninguna Constitución se basta a sí misma, ninguna se ejecuta por sí sola. Generalmente es un simple código de los principios que deben ser bases de otras leyes destinadas a poner en ejecución esos principios. A este propósito ha dicho Rossi, con su profunda razón habitual, que las disposiciones de una Constitución son otras tantas cabezas de capítulos del derecho administrativo.

Nuestra Constitución misma reconoce esta distinción. Los principios, garantías y derechos reconocidos (dice el art. 28) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. – El artículo 64, inciso 28, da al Congreso el poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.

Según esto, poseer la libertad económica escrita en la Constitución, es adquisición preciosa sin la menor duda: pero es tener la idea, no el hecho; la semilla, no el árbol de la libertad. La libertad adquiere cuerpo y vida desde que entra en el terreno de las leyes orgánicas, es decir, de las leyes de acción y de ejecución; de las leyes que hacen lo que la Constitución dice o declara solamente.

A los tiranos se imputa de ordinario la causa de que la libertad escrita en la Constitución no descienda a los hechos. Mucha parte tendrán en ello: pero conviene no olvidar que la peor tiranía es la que reside en nuestros hábitos de opresión económica, robustecidos por tres siglos de existencia; en los errores económicos, que nos vienen por herencia de ocho generaciones consecutivas; y, sobre todo en nuestras leyes políticas, administrativas y civiles, anteriores a la revolución de América, que son simples medios orgánicos de poner en ejercicio los principios de nuestro antiguo sistema de gobierno colonial, calificado por la ciencia actual como la expresión más completa del sistema prohibitivo y restrictivo en economía política. Somos la obra de esos antecedentes reales, no de las proclamas escritas de la revolución.

Esas costumbres, esas nociones, esas leyes, son armas de opresión que todavía existen y que harán renacer la tiranía económica porque han sido hechas justamente para consolidarla y sostenerla.

Es necesario destruirlas y reemplazarlas por hábitos, nociones y leyes, que sean otros tantos medios de poner en ejecución la libertad proclamada en materias económicas. Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de principios.

Mientras dejéis que nuestros gobernadores y presidentes republicanos administren los intereses económicos de la República según las leyes y ordenanzas que debemos a aquellos furibundos enemigos de la libertad de comercio y de industria, ¿qué resultará en la verdad de los hechos? – Que tendremos el sistema colonial en materias económicas, viviendo de hecho al lado de la libertad escrita en la Constitución republicana.

En efecto, todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo dejar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nuevos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos y fiscales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.”

Castro Videla y Maqueda: Un estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción

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Muy gentilmente, Santiago Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade, me han regalado un ejemplar de su libro “Tratado de la regulación para el abastecimiento: estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción”, publicado por la Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. No es solamente un libro sobre la Ley de Abastecimiento sino mucho más, es un libro sobre las regulaciones y, en particular, los controles de precios, desde una perspectiva filosófica, económica y jurídica.

Así comienza la Introducción:

“En uno de sus viajes a París, el gran pensador francés Frédéric BASTIAT (1801-1850) se maravillaba de que hubiera allí millones de seres humanos que, de no poder acceder diariamente a provisiones de todo tipo, morirían en cuestión de días . Lo que más le sorprendía era que no existiera ningún planificador central responsable por ese abastecimiento, sino que éste ocurriera espontáneamente. “¿Cómo es que cada día se asegura traer a este gigante mercado justo lo que es necesario, ni más ni menos?” , se preguntaba. Pero inmediatamente se respondía: son los libres intercambios, guiados por el propio interés, los que constituyen el “secreto poder que gobierna la sorprendente regularidad de tan complicados movimientos, una regularidad en la que todos tienen una fe implícita, aunque su prosperidad y su misma vida dependa de ella” . Esta idea económica fundamental –de que el propio interés de las personas, reflejado en los intercambios voluntarios de derechos de propiedad, es lo que garantiza el abastecimiento de los bienes a toda la sociedad– ya había sido enunciada por el escocés Adam SMITH (1723-1790) en su famosa frase: “no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero, o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de su propio interés” .

El reconocimiento de este fenómeno de la libre cooperación social, unido a una mayor conciencia de la libertad y dignidad individual, fue lo que llevó a que el constitucionalismo moderno consagrara una amplia protección de los derechos de propiedad y las libertades económicas. Fue también aquella la filosofía que inspiró la Constitución nacional de 1853 y permitió que esta fuese un instrumento jurídico excepcional para la consolidación y prosperidad del país. En efecto, teniendo como fin “promover el bienestar general” y “asegurar los beneficios de la libertad” , la Constitución otorgó una amplísima protección a las libertades económicas y las distintas formas de propiedad, a la vez que prohibió a los gobiernos intervenir en acciones que no ofendieran el orden, la moral pública y los derechos de terceros . Y los beneficios de esas libertades no se harían esperar: en cuestión de décadas, la República Argentina pasaría a ser uno de los países con mayor riqueza por habitante del mundo .

Sin embargo, iniciado el siglo XX surgirían en el mundo diversas doctrinas políticas que diferían de la adoptada por nuestra Constitución. Comunismos, fascismos, nazismos y otras variaciones del socialismo se proponían en distintos países como formas de lograr una mayor riqueza y su justa distribución social. Y ello siempre con una nota común: que las decisiones económicas de las personas, especialmente aquellas relacionadas con la producción, el ahorro y la inversión, fuesen tomadas coercitivamente por órganos estatales centralizados. La Primera Guerra Mundial y la depresión de la década de los años 30, esta última fomentada por las manipulaciones estatales en el mercado monetario y financiero, darían un motivo adicional para que los gobiernos empezaran, con mayor o menor intensidad, a intervenir en la toma de decisiones económicas, estableciendo nuevas y mayores regulaciones económicas.”

Alberdi: el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco, ‘máquina servil de rentas’

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Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina, de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, vemos a Juan Bautista Alberdi en su libro “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”, donde analiza los principios que inspiraran a la Constitución. ¿Cuál es el camino de la riqueza, promover la del fisco o la de los habitantes?  Esto dice:

Alberdi 2

“…detengámonos en la observación de un hecho, que constituye el cambio más profundo y fundamental que la Constitución haya introducido en el derecho económico argentino. Ese hecho consiste en la escala o rango preponderante que la Constitución da a la producción de la riqueza nacional, sobre la formación del Tesoro o riqueza fiscal. ¿Quién creyera que a los cuarenta años de principiada la revolución fundamental fuese esto una novedad en la América antes española?

La Constitución argentina es la primera que distingue la riqueza de la Nación de la riqueza del gobierno; y que, mirando a la última como rama accesoria de la primera halla que el verdadero medio de tener contribuciones abundantes, es hacer rica y opulenta a la Nación.

Y, en efecto, ¿puede haber fisco rico de país desierto y pobre? Enriquecer el país, poblarlo, llenarlo de capitales. ¿Es otra cosa que agrandar el Tesoro fiscal? ¿Hay otro medio de nutrir el brazo, que engordar el cuerpo de que es miembro? ¿O la Nación es hecha para el fisco y no el fisco para la Nación?

Importaba consignar este hecho en el código fundamental de la República, porque él solo constituye casi toda la revolución argentina contra España y su régimen colonial.

Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, somos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar.

El sistema económico de la Constitución argentina hiere a muerte a este principio de nuestro antiguo y moderno aniquilamiento, colocando la Nación primero que el gobierno, la riqueza pública antes que la riqueza fiscal. Pero en economía, más que en otro ramo, es nada consagrar el principio; lo que más importa, lo más arduo es ponerlo en ejecución. No se aniquila un régimen por un decreto, aunque sea constitucional, sino por la acción lenta de otro nuevo, cuya creación cuesta el tiempo mismo que costó la formación del malo, y muchas veces más, porque el destruir y olvidar es otro trabajo anterior. El moderno régimen está en nuestros corazones, pero el colonial en nuestros hábitos, más poderosos de ordinario que el deseo abstracto de lo mejor.”

El ‘fracaso’ de los gobiernos: las consecuencias no deseadas de las regulaciones y los subsidios

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En un interesante informe publicado por Cato, Chris Edwards plantea el tema de porqué fracasa el gobierno. Viejo tema, por supuesto, donde analiza los problemas básicos de falta de conocimiento y de débiles o desviados incentivos para alcanzar la eficiencia, por lo que el gobierno norteamericano, como otros, se destaca por ser incompetente y despilfarrador. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa777.pdf

Pero, al margen del análisis específico que trae el trabajo, quisiera presentar aquí los simples argumentos del análisis acerca de esa eficiencia, tanto sea de los impuestos que el estado cobra, como de los subsidios que otorga. Así, dice Edwards:

“Los mercados permiten a millones de personas y empresas que coordinar sus actividades. Los precios son la clave para que los mercados realicen dos funciones. En primer lugar, los precios agregan y comunican información en constante cambio acerca de los recursos, los gustos y la tecnología. En segundo lugar, los precios crean incentivos para producir y consumir de manera eficiente. Si un recurso se espera que sea escaso, por ejemplo, el precio sube y la gente comienza la reducción de su uso de ella mientras se cambia a otros productos.

Grandes cantidades de dichos ajustes se hacen de forma continua, dirigiendo la economía hacia niveles más altos de producción e ingresos. Los inversores y los empresarios dirigen sus recursos para las industrias más prometedoras. Los trabajadores descubren dónde utilizar mejor sus habilidades y añadir valor. Las empresas se esfuerzan por mantener su producción y a sus clientes felices. Hay un montón de errores, pero los precios continuamente ajustan para mantener todo en camino y en movimiento.

Consecuencias no deseadas

Cuando el gobierno federal interviene en la economía con subsidios y regulaciones, arroja una traba en el mecanismo de los precios. Si apoya los precios de la agricultura, por ejemplo, ayuda a los agricultores, pero también los motiva a la sobreproducción de cultivos subvencionados y a producir una cantidad insuficiente de otros, más valiosos. Las leyes de salario mínimo están destinadas a ayudar a los trabajadores, pero elevan el costo de la contratación de los trabajadores de baja calificación las empresas contratan a menos de ellos.

Al igual que con los impuestos, subsidios y regulaciones hacen que las personas cambien sus esfuerzos productivos, lo que impone pérdidas de eficiencia en la economía. Considere la posibilidad de un programa social. Los aumentos de los impuestos necesarios para financiar el programa inducen a los contribuyentes a trabajar menos, mientras que el gasto inducirá a los receptores de asistencia social a trabajar menos. El difunto senador Daniel Patrick Moynihan de Nueva York, dijo: «No puede afirmarse con demasiada frecuencia que la cuestión del bienestar no es lo que cuesta a aquellos que la proporcionan, sino lo que le cuesta a los que la reciben.» En realidad, son ambos efectos a la vez.

Subsidios

La Figura 3 ilustra las pérdidas de eficiencia creadas por un programa de subsidios agrícolas. Se plantea la hipótesis de un mercado donde las personas sin subsidio compran 100 millones de mazorcas de maíz por 50 centavos cada una. Dado que los mercados son voluntarios, sabemos que los clientes valoran las mazorcas a 50 centavos la pieza o más, y sabemos que el costo de producir la mazorca es de 50 centavos la pieza o menos. Supongamos ahora que el gobierno subvenciona a los agricultores 10 centavos por mazorca. Los agricultores cultivarán más maíz y reducirán sus inversiones en otras actividades.

En la figura, las mazorcas adicionales costarán más para producir de 50 centavos de dólar, pero sería valorado por los consumidores en menos de 50 centavos. Por tanto, la subvención ha destruido valor porque la producción cuesta más de lo vale la pena. La cantidad de valor destruido es la pérdida de peso muerto, que se muestra en la figura como el triángulo gris.

Podríamos hacer diagramas similares para cientos de los programas de subsidios y regulaciones federales. los legisladores federales tienen la intención de ayudar a la gente, pero sus intervenciones inducen a la gente a cambiar su comportamiento en formas que socavan la economía.

El «fracaso» de los gobiernos: evaluar solamente los gastos de un programa no cubre todos los costos

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En un interesante informe publicado por Cato, Chris Edwards plantea el tema de porqué fracasa el gobierno. Viejo tema, por supuesto, donde analiza los problemas básicos de falta de conocimiento y de débiles o desviados incentivos para alcanzar la eficiencia, por lo que el gobierno norteamericano, como otros, se destaca por ser incompetente y despilfarrador. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa777.pdf

Pero, al margen del análisis específico que trae el trabajo, quisiera presentar aquí los simples argumentos del análisis acerca de esa eficiencia, tanto sea de los impuestos que el estado cobra, como de los subsidios que otorga. Así, dice Edwards:

“Al evaluar los programas de gasto, los políticos debe tener en cuenta todos los costes de su financiación. El coste directo de cualquier programa son los ingresos fiscales que el gobierno tendrá que extraer desde el sector privado. Sin embargo, otro costo es creado por el proceso de extracción en sí mismo. Dado que los impuestos son obligatorios, inducen a la gente para tratar de evitarlos cambiando sus decisiones de trabajo, inversión y consumos. Tales respuestas dañan la economía, un daño llamado «pérdida de peso muerto» (deadweight loss).

Supongamos que el gobierno impone un nuevo impuesto sobre el vino. Los bebedores de vino se verían perjudicados porque parte de su dinero sería confiscada. Sin embargo, un costo adicional, la pérdida de peso muerto, se crearía cuando la gente hace recortes en su consumo de vino. Debido a los impuestos, la gente consumirá menos vino y se perderá una cierta cantidad de bienestar o felicidad.

Impuestos

La Figura 2 ilustra el daño causado por un impuesto sobre el vino de $ 1 por botella. Antes de imponer el impuesto, las personas consumieron 100 millones de botellas a $ 10 por botella. Con el impuesto, el precio se eleva y las personas van a reducir su consumo a 90 millones de botellas. El área rectangular muestra la cantidad de ingresos recaudados por el gobierno. El área triangular es la pérdida del peso muerto, que es causada por la reducción que la gente hace de su consumo en 10 millones de bottles.

Mientras que la cantidad de ingresos de impuestos representa una pérdida para el sector privado y una ganancia para el gobierno, la pérdida de peso muerto es una pérdida para la sociedad como un todo. El gobierno ha bloqueado el intercambio de 10 millones de botellas que hubieran beneficiado a ambas partes. Todo impuesto federal hace que este tipo de daños al obstaculizar intercambios en el mercado. Los impuestos sobre la renta, por ejemplo, reducen los esfuerzos de millones familias y empresas que trabajan y que invierten.

¿De qué tamaño son las pérdidas de eficiencia de los impuestos del gobierno federal? Varían en función de la tasa de impuestos, el tipo de impuesto, y otros factores. Pero para el caso de impuestos federales, los estudios han encontrado que, en promedio, la pérdida de eficiencia de un aumento de los impuestos de un dólar es más o menos 50 centavos. Sobre la base de su trabajo pionero, Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, piensa que la pérdida puede ser más alta, tal vez cercana o igual a «un dólar por cada dólar de ingresos fiscales, por lo que el costo de un mayor gasto gubernamental  sería más de dos dólares por cada dólar de los gastos del gobierno.  Otras estimaciones son, sin embargo, menores a la de Feldstein.

Supongamos que el Congreso está considerando un gasto de $ 10 millones de dólares en un programa de subsidio de energía. Dejando de lado si el programa es ético o constitucional, ¿tiene el  programa algún sentido económico? Los beneficios del programa tendrían tiene que ser mayores que el coste total de alrededor de $ 15 mil millones, que incluye los $ 10 mil millones de costo directo para los contribuyentes más otros $ 5 mil millones en pérdidas de peso muerto.

Actualmente, los legisladores federales no tienen en cuenta esas pérdidas de peso muerto cuando toman decisiones de gasto, pero deberían. El contador del Congreso, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), por lo general no incluye el peso muerto en sus análisis. Las agencias federales en general no tienen en cuenta las pérdidas de peso muerto, a pesar de que la Oficina de Administración y Presupuesto ha recomendado que sean incluidas en las evaluaciones sobre los programas.

La ausencia de información de la pérdida de peso muerto sesga los políticos a favor de aprobar programas. Considere el debate sobre la a la Salud del 2010. El investigador en salud, Chris Conover estima que la ley generó impuestos crearían de cerca de $ 500 millones de dólares de pérdidas de eficiencia durante la pimera década, además del costo oficial de alrededor de $ 1 billón. Si dicha estimación se hubiera presentado al Congreso en 2010, podría haber cambiado el debate sobre la legislación.

Para ver por qué las pérdidas de eficiencia pueden resultar en el fracaso del gobierno, vamos a comparar un proyecto solidario privado a un programa de gobierno. Supongamos que un filántropo crea un proyecto de $ 10 millones para ayudar a personas desfavorecidas, y el programa genera $ 12 millones en beneficios. Sería un éxito. Supongamos ahora un programa similar dirigido por el gobierno. Sería un fracaso porque utilizaría financiación de impuestos y por lo tanto generan pérdidas de eficiencia. El programa de gobierno cuesta $ 10 millones de dólares directamente más otros $ 5 millones en pérdidas de eficiencia, con un coste total que supera los beneficios. Puesto que los proyectos del gobierno son financiados por contribuciones forzosas, son más costosos que los proyectos privados. La coerción no es gratuita.”

 

Política industrial e innovación: el papel de las universidades privadas y estatales en competencia (II)

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El tema del papel del estado en el desarrollo de la industria ha estado en discusión por décadas. Ahora, Alberto Mignardi discute en el Cato Journal la visión de Mariana Mazzucato, autora del libro “The Entrepreneurial State”, http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2015/9/cj-v35n3-7.pdf . Allí, entre otros casos, Mignardi plantea una pregunta que ya es un mito: ¿creó el gobierno a Internet? Esto dice:

“El historiador Fishback Price (2007: 516) admite que «nadie puede negar las enormes repercusiones de las actividades motivadas militarmente «en el desarrollo de la Internet. Él continua señalando: «El papel militar era con claridad suficiente para desarrollar las primeras tecnologías, pero podría decirse que no era necesario. El mérito de estas tecnologías debe ir a las personas reales que realizaron la investigación «(521). La pregunta relevante es, pues, si el desarrollo de la Internet se llevó a cabo como el resultado de alguna «direccionalidad orientada a las misiones» por parte del gobierno, o si es mejor visto como una mera externalidad positiva de la intervención pública.

De acuerdo con Fishback (2007: 519), » La financiación militar contribuyó beneficios indirectos para el desarrollo comercial de Internet «al no tratar de controlar de cerca los proyectos, mediante el fomento de una amplia difusión de los resultados de la investigación, y la financiación de las pequeñas empresas. Esto sugiere que había poco «direccionalidad orientada a las misiones» detrás la creación de Internet.

Por otra parte, en la defensa de DARPA y reclamando que el gobierno inventó, efectivamente, Internet, Mazzucato da la impresión de que ella ve universidades de Estados Unidos como algo homogéneo y listo para marchar a las órdenes del gobierno. Esto podría estar más cerca de la verdad en la medida en que el sistema universitario europeo continental se refiere, pero no es una forma precisa para caracterizar las universidades americanas.

Al igual que Mazzucato, Nathan Rosenberg (2000) señala el importante papel desempeñado por las universidades de Estados Unidos en el desarrollo de prototipos, y más generalmente en la investigación básica. Sin embargo, a diferencia de Mazzucato, reconoce que son muy sensibles a las necesidades de la economía y de la sociedad en general mostrando una mayor flexibilidad, que sus homólogos europeos. El «entorno competitivo» en el que operan las universidades de EE.UU. (Rosenberg 2000: 38) podría ser una explicación de su alta productividad en investigación. Sin duda, es importante señalar que la financiación del gobierno se canaliza a través de las instituciones que compiten entre sí para atraer capital (ya sean subvenciones públicas o donaciones privadas), así como para atraer a los mejores factores de producción (profesores), y también para ganar clientes (estudiantes).

Aquí, como tantas veces en su libro, Mazzucato simplemente asume que si algo sale bien, el gobierno debe ser responsable. Pero en el mundo real, la mera existencia de dinero del gobierno no tiene en cuenta los diferentes matices de las instituciones. El dinero del gobierno que se canalizó a través de un entorno competitivo puede tener efectos muy diferentes que el dinero del gobierno transferido a una estrictamente jerárquica, lógica de arriba abajo”.

Los ricos son cada vez más ricos:,… en realidad es al revés, los ricos no pueden mantenerse ricos

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Mas sobre los ricos que son más ricos y los pobres que son más pobres. Ahora un artículo publicado en el Cato Journal, “The Myth of Dynastic Wealth: The RIch get Poorer”, por Arnott, Bernstein & Wu: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2015/9/cj-v35n3-1_0.pdf

“El libro ‘El capital en el siglo XXI’ de Thomas Piketty explotó en los primeros puestos de los libros más leídos en cuanto fue publicado en 2013, y allí estuvo por meses. Si bien es un logro destacable para un pesado volumen de economía, no es un misterio porqué ha creado tal sensación: está bien articulado, es accesible para el no-economista y contiene muchas observaciones históricas.

Creemos que el argumento principal de Piketty es probablemente errado en varios niveles, como resultado de errores fundamentales y evitables en sus supuestos básicos. Comienza con la sensata presunción de que el retorno sobre el capital invertido, r, excede el crecimiento macroeconómico, g, como debe ser en cualquier economía saludable. Pero desde esta casi tautología, avanza para presumir que las familias ricas van a ser cada vez más ricas en las generaciones futuras, llevando hacia una sociedad dominada por la riqueza hereditaria, no ganada.

Ahora bien, esta lógica resulta cierta solamente si los ricos nunca disipan su riqueza a través del gasto, las donaciones caritativas, los impuestos, malas inversiones, y la división de la propiedad entre muchos herederos. Como individuos, y como familias, los ricos generalmente no son más ricos; después que se construye una fortuna, generalmente los ricos se vuelven lenta e inexorablemente más pobres.

La evidencia que usa Piketty en apoyo de su tesis es básicamente anecdótica, sacada de novelas de Austen y Balzac, y de las fortunas actuales de Bill Gates y Liliane Bettencourt. Si Piketty está en lo cierto, ¿dónde están ahora los actuales descendientes hiper-ricos de las dinastías empresariales del pasado: los Astors, los Vanderbilts, Carnegies, Rockefellers, Mellons y Gettys? Casi todos ellos están fuera de las listas de los super-afluentes. Nuestra evidencia –presentada para refutar el argumento de Piketty- es empírica, resultado de la alta rotación entre los rangos de los super-ricos de la revista Forbes 400, y sugiere que en cualquier determinado momento, la mitad o más de la riqueza conjunta de los hiper-ricos es riqueza generada por esa primera generación, no heredada.

Los que originan grandes riquezas son genios que se encuentran uno en un millón: su innovación, inventiva, y su focalización en el esfuerzo empresarial crean cantidad de empleos y mejoras de productividad para toda la sociedad. Ellos crean riqueza para la sociedad, de la que extraen riqueza para sí mismos. En contraste, los descendientes de los hiper-ricos rara vez poseen ese genio de uno en un millón. Bettencourt, citada por Piketty, es una excepción. Típicamente, encontramos que los herederos reducen esa riqueza a la mitad –en relación al crecimiento del PIB- cada 20 años o menos, sin ninguna asistencia adicional de las recetas redistributivas de Piketty.

La acumulación dinástica de riqueza es simplemente un mito. La realidad es que cada generación  produce sus propios emprendedores que crean vastas sumas de riqueza totalmente nueva, y disfrutan una parte de ella, desplazando a muchos de los emprendedores que crearon riqueza en generaciones anteriores. Hoy, las enormes fortunas del siglo XIX se ha prácticamente vaciado y casi todas las fortunas generadas medio siglo atrás también se han ido. ¿Realmente queremos frenar la empresarialidad, la invención y la innovación en un esfuerzo para acelerar el ya rápido proceso de redistribución de la riqueza?”

Política industrial e innovación tecnológica: ¿fue el gobierno Americano el que creó a Internet? (I)

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El tema del papel del estado en el desarrollo de la industria ha estado en discusión por décadas. Ahora, Alberto Mignardi discute en el Cato Journal la visión de Mariana Mazzucato, autora del libro “The Entrepreneurial State”, http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2015/9/cj-v35n3-7.pdf . Allí, entre otros casos, Mignardi plantea una pregunta que ya es un mito: ¿creó el gobierno a Internet? Esto dice:

“Con el fin de argumentar que los Estados Unidos tiene un estado emprendedor, Mazzucato presenta cuatro supuestos casos de éxito del gobierno: la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), el programa de investigación e Innovación en la pequeña empresa (SBIR), los medicamentos “huérfanos”  y las nanotecnologías. Lo que estos ejemplos comparten, de acuerdo con Mazzucato, es «un enfoque proactivo del Estado para dar forma a un mercado con el fin de impulsar la innovación «(Mazzucato 2013: 73).

La idea es que las agencias gubernamentales prevén la innovación, y a continuación, se realiza. Las empresas privadas, a lo sumo, agarraron al fruto que colgaba bajo más adelante. Es un hecho que, después de la Segunda Guerra Mundial, la investigación básica en los Estados Unidos fue nacionalizada en gran medida, de una manera consistente con la «los esfuerzos de guerra permanente» que absorbieron la atención del país durante la guerra fría. Para Mazzucato, después el Proyecto Manhattan «se convirtió en el negocio del gobierno para entender qué tecnologías proporcionaban posibles aplicaciones para fines militares, así como uso comercial «(Mazzucato 2013: 75). A este respecto, DARPA no solamente financió la investigación sino que «financió la formación de departamentos de informática en empresas de nueva creación, con el apoyo de primeras investigaciones, contribuyó a la investigación de  semiconductores y el apoyo a la investigación de interfaces humanas con la computadora, y supervisó las primeras etapas de la Internet «(Mazzucato 2013: 76). Mazzucato ve a DARPA como modelo de eficiencia. Tenía una «estructura dinámica y flexible,. . . aumentó el flujo de conocimientos a través de grupos de investigación en competencia,. . . [y] funcionarios de DARPA se involucraron en los negocios y la intermediación tecnológica » (Mazzucato 2013: 77). Pero ¿cómo ocurrieron esos éxitos notables?

Mazzucato es más parsimoniosa con detalles administrativos y de organización y no explica por qué los criterios de distribución de subvenciones eran, qué tipo de asistencia de DARPA realmente implicaba, o cómo las oficinas se organizaron. Ella pretende convencernos de que «la clave es que el Estado empresario sirve como un líder «(Mazzucato 2013: 79), pero esto es señalado pero no explicado.

El argumento principal para tal afirmación parece estar en que DARPA es ampliamente reconocida como «inventora» de la Internet. La cuestión clave aquí, radica en la intencionalidad detrás de las innovaciones. ¿Imaginó el gobierno americano alguna vez algo similar a lo que resultó ser la Internet comercial?

No se puede negar que el gobierno federal apoyó a universidades para desarrollar las ideas y el hardware de que se formaron los componentes básicos de Internet, tales como el (protocolo de transferencia de archivos FTP) y estándares TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). La idea fundamental detrás de la Internet es la de «Conmutación de paquetes», un método de comunicaciones de redes digitales en que se transmiten datos en bloques de tamaño adecuado, llamados paquetes. Este concepto fue desarrollado por dos investigadores del MIT, Joseph Carl Robnett Licklider y Leonard Kleinrock, quienes finalmente trabajaron en ARPANET, la red que se convirtió en la base de la Internet. Desde la perspectiva actual, tal vez DARPA simplemente escogió a las personas adecuadas para el trabajo (Chandler 2005: 170).

También vale la pena recordar que el router TCI/IP fue desarrollado (para ARPANET) por una empresa privada, Cisco (Chandler 2005:172), mientras que las fibras ópticas que hicieron posible que Internet llegara a millones de casas fueron desarrollados por Corning Glass Works, otra empresa privada. Otros dos puntos que no deben pasarse por alto:las subvenciones del gobierno que supuestamente llevaron a la invención de la Internet eran esencialmente los gastos de defensa, y las subvenciones fueron canalizados a través del sistema universitario de EE.UU.”

La demanda y la oferta de salud pública: donde se mezclan ‘paternalismo’ y ‘parentalismo’

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En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

La oferta y la demanda de la salud pública

Si las leyes de salud pública y regulaciones existen, debe haber una demanda de ellas. En el lado de la demanda, encontramos intereses organizados, que son (como siempre) sobre-representados en el proceso político. Los profesionales de la salud pública constituyen una gran parte de estos intereses organizados. Reciben subsidios y puestos de trabajo desde el gobierno, que utilizan en parte para presionar por más intervención de salud pública. Los intereses corporativos incluyen organizaciones sin fines de lucro, como universidades y la llamada » industria de la pobreza», así como las corporaciones con fines de lucro. Desde la década de 1990, las ciencias biomédicas y el Instituto Nacional de Salud han sido los principales receptores de financiación de la ciencia y tecnología del gobierno federal.

Los intereses organizados sólo explican parte de la demanda de salud pública. Por sí mismos, podría no haber vencido  a los grupos de presión en el otro lado corporativo — fabricantes de tabaco, cadenas de comida rápida, productores de alcohol, etc., pero han encontrado aliados en los miembros del público que quieren imponer su estilo de vida recomendado a otros. El teorema del votante mediano probablemente entra en juego aquí.

Consideremos nuevamente el ejemplo del tabaco. El hábito se encuentra ahora principalmente entre los segmentos pobres de la población. Una vez que el votante mediano ya no fuma y se obsesiona sobre su «completo estado físico, mental y social,» tendrá la tentación de pedir gobierno que impida la competencia de estilos de vida que le molestan, por ejemplo, prohibir a lugares privados que atiendan a los fumadores. Las prohibiciones de fumar se combinan con las normas de zonificación para excluir a los pobres de los lugares donde el votante mediano va. Y pueden ser los mismos lugares que expertos en salud pública también visitan.

Estas exigencias de estilo de vida son la versión contemporánea del movimiento de moderación que creció después de la Guerra Civil. Algunos estilos de vida despreciados se identifican ahora como epidemias no contagiosas.

En una sociedad que carece de una fuerte preocupación por la libertad individual, una demanda generalizada de seguridad también se dirigirá al estado. Una gran proporción de la gente va a querer que su salud — en el sentido general de la OMS- sea atendida. Quieren que se le garantice «un estado de completo bienestar físico, mental y social». James Buchanan, el Premio Nobel en economía 1986, lo llama «parentalismo», este deseo de la gente a ser atendidos como niños por el Estado. El paternalismo encuentra entonces el consentimiento de las víctimas.

El paternalismo de la «salud pública» termina justificándose en la difusa idea de la «justicia social»

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En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Paternalismo

Una línea relacionada de ataque sobre las preferencias y opciones individuales es que algunas personas tienen mejor conocimiento de la salud que otros. Si los consumidores no saben lo que es bueno para ellos, alguien que «sabe mejor» debe decidir en su lugar. Este enfoque es llamado paternalismo y sirve para justificar las intervenciones coercitivas.

Pero, ¿quiénes son estos paternalistas sabios que saben mejor que el individuo cómo maximizar su bienestar? El Historiador británico del siglo XIX Thomas Macaulay describió el problema: “Y decir que la sociedad debería regirse por la opinión de los más sabios y mejores, aunque es cierto, es inútil. ¿Quién decidirá quiénes son los más sabios y mejores?”

En la práctica, activistas y expertos en salud pública se asemejan a los reyes filósofos de Platón. Reinan, subvencionados, en universidades e instituciones de salud del gobierno, aparentemente sabiendo lo que es bueno para la sociedad y dispuestos a imponerlo por la fuerza. Expertos en salud pública niegan esto y afirman que son meramente quienes aplican lo que la sociedad quiere. Turnock habla del valor de actividades de salud pública «en los ojos de la sociedad.» El Instituto de de Medicina define la salud pública como «lo que nosotros, como sociedad, hacemos colectivamente para asegurar las condiciones en las que personas pueden ser saludables.»

Abhay Indrayan, ahora retirado profesor de Bioestadística en la Universidad de ciencias médicas de Delhi, invoca tales preferencias sociales:

“Si tienes recursos para salvar solamente una vida, ¿elegiría a alguien con 25 o con 70 años de edad? Ha sido observado que la mayoría de las sociedades valora la vida entre 15 a 40 años más que la edad más joven o más viejo. Tenga en cuenta que estamos hablando de preferencias sociales y no de opciones individuales.”

Esta mención a la preferencia es un disparate científico, más allá de sus preocupantes implicaciones políticas. Un resultado bien conocido de la teoría de elección social y economía del bienestar es que simplemente las «preferencias sociales» no existen si, por esto, nos referimos a una democrática y coherente agregación de todas las preferencias individuales. El término «sociales», que no tiene ningún significado científico comprobable, puede ser simplemente un término para evitar la metodología científica utilizada por economistas de bienestar en el debate sobre el bienestar social y las preferencias sociales. Anteriormente en estas páginas (verano 2003), expliqué que las llamadas «preferencias sociales» son incompatibles (como vemos a menudo en los resultados electorales) o dictatoriales en el sentido que algunas personas buscan imponer sus preferencias a los demás.

 La noción contradictoria que los estúpidos consumidores también son sabios votantes que eligen a los políticos iluminados que contratan filósofos reyes paternalistas para dirigir la sanidad pública puede explicar por qué la justicia social debe venir al rescate. La justicia social determinará lo que sucede en salud pública, cómo deben ser la compensaciones, qué estado  «físico, mental y social bienestar» debe ser favorecido, y quién va a pagar por ello. Pero tenga en cuenta que sólo hemos retrocedido al círculo de los Reyes filósofos, ya que la justicia social es un concepto filosófico (y económico) complejo al que sólo pueden dar contenido los filósofos, que han debatido esto durante siglos.

La justicia social es un espejismo que nunca puede ser alcanzado porque siempre encontrará algunas personas que no obtienen lo suficiente de él, y la solución será más justicia social. (Véase Friedrich Hayek y Anthony de Jasay sobre este tema.) En el campo de la salud pública, los valores o preferencias utilizados serán los de los expertos a cargo o sus amos políticos. (En este contexto, los valores son simplemente preferencias sobre estados de la sociedad recomendados).