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Alberdi define el Sistema económico de la Constitución y pregunta: ¿la riqueza la crea el Estado?

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Con los alumnos de la UBA Derecho vemos el texto de Juan Bautista Alberdi “El Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina” donde el autor, quien inspirara nuestra Constitución, explica cuál es su contenido económico.

Alberdi 3

En principio, afirma que esta Constitución contiene un “sistema de política económica”. Tan sólo observar superficialmente la historia argentina nos da cuenta que este sistema no se sostuvo, aunque aún rige la Constitución con algunos cambios. Y así nos fue…

“La Constitución Federal Argentina contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción del trabajo, del capital, y de la tierra, como principales agentes de la producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al fenómeno de la distribución de la riqueza, y encierra en límites discretos y justos los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos. Toda la materia económica se halla comprendida en estas tres grandes divisiones de los hechos que la constituyen.”

Luego comenta las distintas escuelas económicas. La mercantilista y la socialista no ‘pertenecen’ a este texto, y no tanto la fisiócrata. Distinto es la ‘industrial’:

“En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. «Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.» Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.

A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución”.

El país se encuentra, según Alberdi, en la pobreza. ¿Cómo y quién podrán sacarla de esa situación?

“En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza.

La riqueza, es hija del trabajo, del capital y de la tierra; y como estas fuerzas, consideradas como instrumentos de producción, no son más que facultades que el hombre pone en ejercicio para crear los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza, la riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades de que se halla dotado para llenar su destino en el mundo.

En este sentido, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro; que no le haga sombra. Asegurar una entera libertad al uso de las facultades productivas del hombre; no excluir de esa libertad a ninguno, lo que constituye la igualdad civil a de todos los habitantes; proteger y asegurar a cada uno los resultados y frutos de su industria: he ahí toda la obra de la ley en la creación de la riqueza. Toda la gloria de Adam Smith, el Hornero de la verdadera economía, descansa en haber demostrado lo que otros habían sentido, – que el trabajo libre es el principio vital de las riquezas.

La libertad del trabajo, en este sentido, envuelve la de sus medios de acción, la tierra y el capital y todo el círculo de su triple empleo -la agricultura, el comercio, las manufacturas,- que no son más que variedades del trabajo.

Según esto, organizar el trabajo no es más que organizar la libertad; organizarlo en todos sus ramos, es organizar la libertad agrícola, la libertad de comercio, la libertad fabril. Esta organización es negativa en su mayor parte; consiste en la abstención reducida a sistema, en decretos paralelos de los del viejo sistema prohibitivo que lleven el precepto de dejar hacer a todos los puntos en que los otros hacían por sí, o impedían hacer.”

 

Dos interpretaciones sobre el ‘teorema de Coase’: ¿análisis institucional o costos y beneficios?

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El libro tiene un Capítulo 7 que no estaba en la edición original, donde se trata específicamente sobre el llamado «Teorema de Coase». Algunos párrafos:

«Hay dos interpretaciones que pueden hacerse de este teorema. En la primera de ellas, se critica a quienes ponen énfasis solamente en que en un mundo de costos de transacción igual a cero la distribución inicial de derechos de propiedad sería una cuestión irrelevante para la eficiencia de la solución alcanzada, ya que los recursos serían canalizados hacia sus usos más valorados. Una interpretación “benigna” de Coase diría que esa no fue simplemente su posición, sino que el sentido del teorema sería destacar que la existencia real de costos de transacción pone relevancia en el papel que las instituciones cumplen en la economía. Según esta interpretación, el modelo “costos de transacción cero” sería similar a lo que se planteó antes respecto al “imaginario estado de equilibrio”: una construcción ideal que nos permitiría comprender el mundo real, donde los costos de transacción se encuentran siempre presentes, e iniciar así un programa de investigación sobre el desarrollo de instituciones que permitan economizarlos[1].

Coase. jpg

Este interés por el papel que cumplen las instituciones en el funcionamiento de la economía y cómo las mismas nacen y evolucionan ha sido una preocupación de larga data. Esta fue manifestada por los filósofos escoceses y economistas clásicos (David Hume, Bernard de Mandeville, Adam Ferguson y Adam Smith). La explicación gradual y evolutiva del desarrollo de las instituciones fue retomada especialmente por Hayek (1978, 1988), en relación con el funcionamiento de los mercados y la evolución de las normas e instituciones sociales en general.

Hayek distingue tres niveles de evolución: la genética, la de las ideas y, la cultural operando entre el instinto y la razón. La cultura no sería determinada por la genética ni tampoco diseñada racionalmente; o según aquella frase de Ferguson, que Hayek cita con frecuencia: “el resultado de la acción humana, no del designio humano”. El resultado de una tradición de pautas de conducta aprendidas, cuyo papel es poco entendido aun incluso por aquellos que se sujetan a ellas, y que son transmitidas por un proceso “ciego”, en el sentido de que no es conscientemente planificado o controlado.

Qué normas surgen es una cuestión de accidente histórico, incluso haciendo lugar para el mejor diseño que la mente humana pueda crear, y otra cosa es cuáles sobreviven. Las últimas son determinadas por un proceso de selección que se encuentra en la evolución cultural; un proceso que opera en grupos que comparten las mismas pautas de conducta. Aquellos grupos que tienen éxito en desarrollar las pautas que mejor permiten las interacciones en la sociedad crecerán y desplazarán a otros grupos, o estos aprenderán de los anteriores copiándolas.

Como vemos, todo esto se acerca mucho al análisis que actualmente se hace en el marco de la “teoría de los juegos”, sobre todo a partir de las conclusiones obtenidas de los juegos repetidos del tipo “dilema del prisionero”, como vimos en el capítulo anterior (Axelrod 1984).

La segunda interpretación del teorema también acepta que, en un mundo de costos de transacción igual a cero, la distribución inicial de derechos de propiedad sería una cuestión irrelevante para la “eficiencia” de la solución alcanzada, ya que los recursos serían canalizados hacia sus usos más valorados. Pero la crítica ya no resulta “benigna” con Coase, ya que él puede no haber estado de acuerdo con la posición “eficientista” de Posner, pero dejó la puerta abierta para la misma. Dice Coase (1960, p. 37), refiriéndose a un caso de daños ocasionados por conejos a las plantaciones de maíz de su vecino (el caso Boulston, 1597): “… no es que el hombre que cría conejos sea el único responsable del daño; aquel cuyas cosechas son dañadas es igualmente responsable”[2].

Todo esto habría cambiado cuando se otorgó la prioridad a la eficiencia en la delimitación de derechos de propiedad, ya que los jueces debían decidir ahora quién tenía derecho a qué con base en cuál era la asignación más eficiente. Debían dejar de lado una larga tradición, basada en el derecho de propiedad, y utilizar cómo criterio de decisión solamente la maximización de la riqueza total[3]. El subjetivismo en las valoraciones y la imposibilidad de hacer comparaciones interpersonales de utilidad tornaría a la decisión judicial de maximizar la riqueza económica en algo complicado, si no imposible de realizar.

¿Qué se puede hacer entonces? Las enseñanzas del teorema de Coase señalan que una política para reducir los efectos de externalidades negativas sería delimitar claramente los derechos de propiedad, de tal forma que las partes puedan luego resolver esos problemas por medio de negociaciones. La definición de tales derechos reduciría los costos de transacción entre las partes, ampliando las posibilidades de estas soluciones voluntarias. Esto significa lograr una definición clara tanto de la asignación de la propiedad como de las limitaciones para su uso y disposición. En relación con los ejemplos mencionados, esto significa definir, por ejemplo: ¿cuál es el nivel de ruido, humos u otro tipo de emanaciones que puedo realizar, por encima del cual la situación se convierte en una externalidad que viola el derecho de mi vecino?

Por supuesto que, si bien es esta una solución “voluntaria” entre las partes, demanda que el mecanismo de gobernabilidad funcione. Esa definición de derechos puede obtenerse por la vía de las decisiones judiciales (particularmente en los sistemas de common law), o por la vía legislativa (normalmente resoluciones de gobiernos locales). En ambos casos, estos mecanismos deben funcionar adecuadamente

[1].      Así, Boettke (1997, p. 52), señala: “Tal vez en la mejor biografía intelectual de Coase hasta el momento, Steven Medema (1994) sostiene que Coase estaba interesado en examinar las consecuencias de distintos arreglos legales sobre el desempeño económico, más que en utilizar técnicas económicas para examinar la ley. Esta diferencia en énfasis explica la falta de interés de Coase por el enfoque de la ley y la economía de Posner, un movimiento más preocupado por examinar la eficiencia de distintos arreglos legales. Coase no solamente sugirió un programa alternativo de instituciones comparadas, sino que cuestionó profundamente la coherencia lógica de la economía neoclásica dominante. Parte del ejercicio de equilibrio que ocupó a Coase fue mostrar que perseguir la lógica de la maximización en un entorno de costos de transacción cero llevaba a conclusiones diferentes de las sugeridas por la economía del bienestar pigouviana. Si los costos de transacción fueran cero, los actores económicos negociarían para resolver el conflicto; si los costos de transacción (incluyendo costos de información) fueran positivos, ¿sabrían las autoridades cuál es el nivel correcto de impuesto o subsidio para corregir la situación? El programa de investigación de Coase era tanto una crítica de la práctica prevaleciente y un programa positivo alternativo que está emergiendo ahora en la Nueva Economía Institucional, de la cual Coase es aún el principal representante”.

[2].      Comenta Block: “Previamente, la visión de la profesión [económica] respecto a invasiones contra otra persona o su propiedad era la liberal clásica de causa y efecto. A era el perpetrador, B la víctima”. “Asimismo, en una perspectiva más tradicional, la maximización de riqueza era el subproducto de los derechos a la propiedad privada, no su progenitora. En otras palabras: las consideraciones económicas eran la cola y los derechos de propiedad el perro. Locke, por ejemplo, no se preguntaba si el homesteader era quien utilizaba más eficientemente el territorio virgen. Para este filósofo, era suficiente que una persona fuera la primera en ‘mezclar su trabajo con la tierra’; esto, y solamente esto, era suficiente para convertirlo en el legítimo propietario”. Walter Block, “Ethics, Efficiency, Coasian Property Rights, and Psychic Income: A Reply to Demsetz”, Review of Austrian Economics 8, no. 2 (1995): pp. 61-125.

[3].      “¿Y cuál es el consejo a los jueces que emana de este nuevo enfoque? Estos deben decidir de tal forma que se maximice el valor de la actividad económica. Bajo un régimen de costos de transacción cero, en verdad no importaría —en cuanto se refiere a la asignación de recursos— cuál de las dos partes en disputa recibió el derecho en cuestión. Si este era otorgado a la persona que más lo valorara, bien. Si no, el perdedor podría pagar al ganador para disfrutar de su uso. Pero en el mundo real con costos de transacción significativos, por el contrario, la decisión judicial es absolutamente crucial. Lo que el juez decida permanecerá; no habría oportunidad para intercambios mutuamente beneficios ex post”. (Block 1995, p. 63).

¿Qué es el «bienestar general»? ¿Es el ‘óptimo de Pareto’? ¿TIene éxito el estado donde el Mercado falla?

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Los alumnos de la materia “Applied Economics” de SMC leen los dos primeros capítulos del libro “El Foro y el Bazar”. Claro, la materia es “economía aplicada” pero se encuentran allí con un problema que es, en verdad, de naturaleza casi filosófica.

Se trata de definir qué es una “sociedad” y si puede hablarse de algo como el “bienestar común”, que guíe la toma de decisiones colectivas. En ese sentido, me parece que el Derecho ha avanzado poco y presenta definiciones muy poco precisas. En un post reciente, una alumna presentaba una definición de “servicio público” así: “un servicio se considera público cuando su finalidad es atender una necesidad de la sociedad en su conjunto”. Parecería de allí derivarse una definición de “bienestar común” como aquél en que la sociedad mejor satisface sus necesidades en conjunto.

Pero es inevitable preguntar: ¿qué significa satisfacer una necesidad en conjunto? La “sociedad” no existe como un ser aparte de los miembros que la componen, por lo que se hace necesario definir qué significa eso de “en conjunto”. ¿Quiere decir todos, una cierta mayoría? ¿Y cómo sabemos cuál es esa necesidad de la sociedad en su conjunto? En general, veo que los alumnos de Derecho llegan con una visión “normativa” del asunto: es lo que el Estado “debería” hacer, claro, si los políticos fueran ángeles. Pero no hay una pregunta profunda y una explicación concreta de lo que “es” tal como el bienestar general.

En ese sentido, la economía parece haber avanzado un poco más y, al menos, haber presentado una definición que permite avanzar algo en la discusión. Se trata del “óptimo de Pareto”. En términos simples, una situación es más ‘eficiente’ que otra si algunos han podido mejorar su situación, sin que empeore la situación de los demás. Y se alcanzaría un óptimo cuando ya no puedan algunos mejorar su situación, sin empeorar la situación de los demás. Ese óptimo podría ser el “bienestar general” del que hablan los alumnos de Derecho.

No parece una definición muy precisa pero, al menos, los economistas han precisado algo: que ese óptimo se alcanza en el punto de equilibrio, donde se cruzan las curvas de oferta y de demanda, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Dicho de otra forma: cuando se ha agotado todas las oportunidades de intercambio, los bienes o servicios han quedado en manos de quienes más los valoran y se ha alcanzado el máximo de superávit de los demandantes y de los oferentes. Ambas partes en los intercambios han ganado…, sin que empeore la situación de los demás.

Ahora bien, a partir de esta definición la economía ha seguido dos caminos que llevan luego a conclusiones “aplicadas” bien distintas: por un lado, la mayoría de los economistas entiende que los mercados no alcanzan ese punto óptimo debido a la existencia de todo tipo de “fallas”, y de allí saltan a proponer que el Estado y la política sean los que van a superarlas, acercando la posición al óptimo. Por otro, autores como Mises o Hayek quienes señalan que el modelo ideal de los mercados en equilibrio es útil solamente para entender cómo la realidad no es, para remover de a poco algunos de sus supuestos y acercarnos al funcionamiento real de los mercados. Uno de ellos es el supuesto del conocimiento perfecto por parte de todos los participantes en el mercado, que es imperfecto y se encuentra disperso entre todos sus participantes. Desde ese punto de vista, el mercado por cierto que es imperfecto porque no hay nada “perfecto” en un mundo de limitaciones pero el mercado es un extraordinario mecanismo para transmitir y aprovechar ese conocimiento limitado y disperso y, en todo caso, hay que remover las barreras para que pueda cumplir esa función adecuadamente.

Por último, que las llamadas “fallas de mercado” (competencia imperfecta, externalidades, bienes públicos, información asimétrica, etc.) existan no implica que la política las vaya a solucionar mejor de los arreglos institucionales que las mismas sociedades desarrollan para hacerles frente. Es decir, no hay una única solución (política) sino que nos encontramos en un entorno de análisis comparativo de marcos institucionales diferentes, donde pocas veces la política supera a los arreglos de tipo voluntario, comunitario o cooperativo.

 

Calidad Institucional: Argentina, uno de los que más ha caído. Primero: Suiza, en América: Canadá

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Presentamos ayer con la Fundacion Libertad y Progreso el Índice de Calidad Institucional 2015. Disponible aquí:

Español: http://www.libertadyprogresonline.org/wp-content/uploads/2015/04/ICI-SPA_2.pdf

Inglés: http://www.libertadyprogresonline.org/wp-content/uploads/2015/04/ICI-2015EN-_2.pdf
El ICI evalía la calidad instiucional de 192 países del mundo. La Fundacion Libertad y Progreso enfatiza en su comunicado, por supuesto, la situación argentina. Pero en el texto puede verse la situación de todos esos países. Aquí lo que dice LyP:

Según el Indice de Calidad Institucional 2015, presentado ayer por la Fundación Libertad y Progreso vía Agrositio.com; la Argentina está peor que Líbano, Rusia y Uganda en calidad de instituciones, ocupando el lugar 137 en una lista de 193. “Desde 2005, Argentina es el país que más deterioro tuvo en todo el mundo en instituciones como libertad de prensa, vigencia del estado de derecho o libertad económica. Estamos, en cuanto a calidad de instituciones, en niveles comparables a los de Mozambique, Ucrania y Gabón”, explicó el académico Martín Krause, encargado de presentar el Indice ayer junto a los economistas Diana Mondino y Aldo Abram, en un panel moderado por el periodista Ricardo Bindi.

De acuerdo a Krause, el deterioro argentino en instituciones no es un dato menor, ya que afecta directamente y palpablemente la posibilidad de desarrollo de los argentinos y las empresas. “Los países que cuidan la calidad de sus instituciones tienen mucho mayor porcentaje de inversión extranjera directa, y eso es una herramienta central para el desarrollo”, dijo Krause. “Los países bien rankeados en la tabla, que protegen la inversión y la actividad emprendedora muestran un mejor desempeño económico y, con ello, ofrecen más oportunidades de progreso a sus habitantes. Como contraparte, la violación de los derechos de propiedad, la libertad contractual, la libertad de precios, el exceso de regulaciones y trabas al funcionamiento de los mercados afectan la inversión y se pagan con un menor crecimiento y mucho menos oportunidades y calidad de vida para los ciudadanos”, destacó Krause.
Seguidamente, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, habló de cómo recuperar el liderazgo en instituciones que Argentina supo tener a principios de siglo XX. “Va a haber que tomar medidas difíciles, pero no hay muchas opciones para el candidato que viene. La diferencia entre los candidatos va a ser si toman esas medidas en forma gradual o de shock. Hay que parar el desmadre fiscal, ajustar el tipo de cambio, y cambiar la lógica del asistencialismo por herramientas que permitan capacitar a las personas y que recuperen su dignididad y sus capacidades. Los candidatos no lo pueden decir porque dicen que pierden votos, por eso los que no somos candidatos tenemos que concientizar a la gente de que se van a tener que tomar medidas difíciles pero es la única forma de salir adelante”, explicó Abram.
El economista coincidió en que el deterioro de la calidad institucional no es menor, y tiene consecuencias reales. “No es casualidad de que Argentina es uno de los países del mundo adonde mas se han fugado capitales, por arriba de 150 mil millones de dólares. Y todo tiene que ver la falta de confianza en la moneda y en lo que hacen los Gobiernos con las reservas del Central”, destacó.
A su turno, Diana Mondino destacó la importante función que tiene el “Agribusiness” en la Argentina como posible salida del estancamiento. “La capacidad del país de crecer en el segmento de agronegocios es quizás la más alta entre todos los países del mundo. Producir telefonitos es una tontería, lo que tiene que hacer el país si apostar a agroindustria, a la producción de biotecnología, combustibles verdes, metalmecánica, y que con la agroindustria de norte se fijen las políticas de educación, infraestructura, etc, para fortalecer ese potencial”, destacó Mondino. “Argentina tiene posibilidades enormes y muy diversas en las industrias agro y biológicas, y somos muy competitivos en eso. Tenemos que orientar las políticas a ese sector. No es que hay que abandonar lo industrial, pero hay que apostar a lo que tiene chances de mejorar”, explicó Mondino.
“Finalmente otro tema es el de la carga fiscal, si se sacan o no retenciones por ejemplo. Y lo que hay que entender es que, si se sacan retenciones, no es que deja de entrar plata al país, sino que en vez de entrar todo ese dinero al Estado, se va a redistribuir entre el productor, el transportista, el que cosecha y el almacenero del pueblo”, finalizó.
Un récord para olvidar
En 2015, la Argentina se convirtió en el país que más cayó en los últimos diez años en el Indice de Calidad Institucional que elabora la Fundación Libertad y Progreso desde 2007, llegando al puesto 137 de 193 países.
Ademas, de acuerdo a este Indice, Argentina es uno de los países que más calidad institucional perdió desde 1996, cayendo 93 puestos. Le acompañan en la caída Bolivia (cayó 99 puestos en calidad institucional), Seychelles (cayó 94), Ecuador (cayó 81), Venezuela (cayó 75), Zimbabwe (cayó 72), Mali (cayó 62), Paraguay (cayó 61) y Madagascar (cayó 60 puestos).
En tanto, entre los países líderes en cuanto a sus instituciones políticas y de mercado, lideran la tabla Suiza, Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca. Aún en los países que estaban bajo la Cortina de Hierro hasta 1989 la mejora es destacable en la mayoría de los casos en los últimos años. Así, entre los que más han mejorado su calidad institucional en los últimos veinte años se pueden destacar a Georgia (subió 81 lugares en calidad institucional), Rumania (trepó 49), Croacia (trepó 45), Bulgaria (trepó 40), Lituania (trepó 37), Armenia (subió 34), Letonia (subió 29), Albania (subió 26) y Bosnia Herzegovina (subió 25). Rusia, por otro lado, no ha registrado mejoras. Lo había hecho luego de la caída del régimen comunista pero desde 1996 retrocedió 18 posiciones. Finalmente Ruanda, un país que supo sufrir fuertes conflictos, logró escalar 60 posiciones en este ranking desde 2006.
En lo que se refiere al continente americano, las principales mejoras desde 1996 corresponden a Perú (subió 20 lugares en el Índice), Colombia (creció 15 puestos) y Brasil (creció 5) y los peores desempeños a Bolivia (descendió 99 puestos), Argentina (descendió 93), Ecuador (cayó 81), Venezuela (cayó 75), Paraguay (bajó 61 lugares) y Honduras (cayó 54). Por otro lado, desde 2006, las principales mejoras de la región corresponden a Perú (subió 10 puestos), Uruguay (subió 8), Costa Rica (trepó 7), Colombia, Canadá y Paraguay (treparon 2 lugares cada uno).

El Indice de Calidad Institucional, elaborado por el académico Martín Krause para la Fundación Libertad y Progreso, cuenta con el apoyo de la Fundación Naumann y Relial. El Indice se calcula tomando ocho indicadores elaborados por organismos internacionales y promediándolos (los índices internacionales “Vigencia del estado de derecho”, “Voz y Rendición de Cuentas”, “Libertad de Prensa” y “Percepción de Corrupción”, “Competitividad Global”, “Libertad Económica” (Heritage), “Libertad Económica” (Fraser) y “Haciendo Negocios” (Doing Busisness, del Banco Mundial).

 

¿Igualdad de derechos o de resultados? Se buscan iguales resultados en la economía, no en la política

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En un post anterior encabezado por la pregunta si unos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados, la cita del autor terminaba planteando que si no es posible ni conveniente obtener los mismos resultados, había que garantizar el mismo trato bajo la ley.

Creo encontrar en las respuestas y comentarios de los alumnos a éste y otros posts una visión que trata a los derechos y libertades políticas en forma diferente que los derechos y libertades económicas. No importa quién los haya escrito pero tomo dos de esos comentarios para considerarlos:

“En mi opinión, no nacieron unos para gobernar y dirigir y el resto de para ser gobernados y dirigidos. Todos tenemos el derecho de gobernar. Algunos nacen con la facilidad de afrontar proyectos, tomar decisiones y “ponerse al hombro” un grupo de personas y otros se sienten más cómodos siguiendo a la persona con que se identifican por su forma de pensar o ser.

Todas las personas nacen con un talento a explotar; venimos al mundo a actuar, y tenemos la posibilidad desde nuestro lugar de “cooperar con otros para alcanzar los objetivos que ningún individuo solo podría alcanzar”. Queda en cada uno ver en que momento lo exterioriza y si tiene la oportunidad de hacerlo; esto tiene que ver con la personalidad de cada uno. Pero sin dudas, todos tenemos derecho a gobernar, siempre desde un lugar responsable y debidamente formados para el desafío que implica el gobernar a otros.”

Lo que se plantea aquí es que todos tenemos el derecho a participar o no de la competencia política. Podemos hacerlo o no; recibimos el mismo trato bajo la ley y el sistema político; no hay ninguna demanda de trato diferencial para igualar las posibilidades políticas de los distintos ciudadanos. Ahora presento otro:

“Evidentemente, los derechos de los ciudadanos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con esto me refiero a que se han introducido aquellos que no eran considerados en décadas pasadas, protegiendo por ejemplo la figura del niño y la mujer con tratados internacionales. Pero creo que aún hoy, no podemos hablar de igualdad en cuanto a derechos; no todos los habitantes de una misma Nación cuentan con las mismas posibilidades de acceder a ellos. Si bien en la Argentina, considero que se ha avanzado con la incorporación del matrimonio igualitario por ejemplo, todavía nos encontramos con muchas trabas para que determinados sectores tengan libre acceso a sus derechos. Asimismo, pienso que no podemos hablar de igualdad de derechos cuando un niño en el norte del país no puede acceder a la misma educación que uno que vive en cualquier ciudad de otra provincia. Llevándolo a nivel mundial, por supuesto que este tema es mucho mas complejo, pero hablando a nivel país, pienso que falta mucho para decir que todos los habitantes cuentan con los mismos derechos.”

Esta visión hace hincapié en el resultado (‘no podemos hablar de igualdad de derechos cuando un niño…).

Me parece ver que muchos estudiantes aceptan sin mayor duda una visión “negativa” de los derechos políticos (somos libres de participar o no, si queremos, pero no tenemos ‘derecho’ a ningún resultado en particular, esto es, por ejemplo, a ser electos) pero una visión “positiva” de derechos relacionados con resultados, en general económicos, (se debe obtener un cierto resultado).

¿Existe una contradicción? ¿Si hay simplemente un derecho a participar de la política debería extenderse esa idea al resto de nuestras acciones? Es decir, tenemos derecho a participar o no de las actividades económicas pero no tenemos derecho a ningún resultado en particular.

O deberían, al igual que proponen igualdad de resultados económicos, garantizar la igualdad de resultados políticos? Algo de eso hay, porque hay, por ejemplo, una cuota ‘femenina’ en muchos congresos. ¿Estarían dispuestos también a proponer una cuota para pobres o la asignación de sitios en el Congreso según los niveles de ingreso per cápita? Por ejemplo, 20 escaños para los votantes de tanto a tanto ingreso anual, otro 20% para los otro tanto ingreso anual y así?

Me parece que no les gustaría la idea, pero me pregunto por qué no tienen problema en aceptarla en cuanto a los resultados económicos se refiere.

Argentina dio marcha atrás con la reforma de las pensiones. ¿Se perdió el tren en el andén otra vez?

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Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre las reformas a los sistemas de pensiones en Latinoamérica:

Las principales economías del mundo desarrollado se esmeran en ilustrar el fracaso de los sistemas previsionales de reparto, aproximándose a su bancarrota. Un estudio publicado en 2009 estimaba que la deuda pública implícita promedio —esto es, la deuda pública más las obligaciones no financiadas de los sistemas de seguridad social— para 25 países de la Unión Europea era de 434% de su PIB1 y según un estudio de 2011 la deuda implícita de EE.UU. era de 412% del PIB (esta última cifra incluye también obligaciones no financiadas de programas como Medicare y Medicaid). De no realizarse una reforma integral de los sistemas de seguridad social, sus gobiernos tendrán que incumplir las promesas, ya sea recortando beneficios, prolongando forzosamente la vida laboral de sus trabajadores, o una combinación de estas y otras medidas.

Mientras tanto, durante las últimas tres décadas cuatro países latinoamericanos —Chile, Colombia, México y Perú— han realizado profundas reformas a sus sistemas, transitando desde un sistema de reparto hacia uno de capitalización individual. Un estudio reciente2 analiza el impacto estas reformas sobre el desarrollo económico de estos países.

Respecto al mercado laboral, el estudio muestra que los derechos de propiedad de los trabajadores sobre sus cuentas individuales para su jubilación y la directa relación entre sus aportes y beneficios resultó en que los trabajadores dejen de percibir al ahorro para su jubilación como un impuesto, estimulándolos a ahorrar. El mayor ahorro permitió que se incrementen las inversiones en hipotecas y proyectos de infraestructura.

El crecimiento de los fondos de pensiones profundizó los mercados de capitales en estos países. La profundización financiera, medida con algunas variantes según la economía, aumentó en Chile desde 46% en 1981 a 276% del PIB en 2011; en Colombia, de 45% a mediados de los 90 a 137% del PIB en 2010; en México, de 42,6% en 2001 a 64,8% del PIB en 2012; y en Perú, de 26% en 1993 a 99% del PIB en 2009. Este progreso no se puede atribuir exclusivamente a la reforma de pensiones, pero el hecho de que los fondos de pensiones son los principales inversores en los bonos de empresas indica que sí han contribuido de manera importante.

El estudio calcula que la reforma de pensiones agregó 0,37% al crecimiento anual del PIB chileno entre 1981-2011; 0,58% al colombiano entre 2006-2010; 0,31% al mexicano entre 1998-2012; y 0,33% al peruano entre 1993-2011.

Chile, el país pionero en esta reforma, puede jactarse de un sistema de pensiones que entre 1981 y 2012 logró un retorno sobre sus inversiones de 8,6% (por encima de la inflación y a pesar de la crisis financiera de 2008-2009).3 Además, este sistema logró una tasa de reemplazo —esto es, la pensión como porcentaje del salario promedio durante los 10 últimos años de la vida laboral— de 87% para los hombres y 58% para las mujeres que cotizaban al menos 10 años (esta oscila alrededor del 69% en los países de la OCDE).4 Es importante notar que 73% del ahorro acumulado en estos 32 años se debe a la rentabilidad de las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones.5

Aquí, como en otras partes del mundo desarrollado, seguimos asumiendo que los políticos cuidarán mejor de los ahorros de los trabajadores que los mismos trabajadores.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 15 de noviembre de 2013.

Referencias:

  1. Gokhale, Jagadeesh. “Measuring The Unfunded Obligations of European Countries”. National Center for Policy Analysis. Policy Analysis No. 319. Enero de 2009.
  2. “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica: Experiencias de Colombia, México, Chile y Perú”. Estudio realizado por SURA Asset Management y publicado por la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP). Agosto de 2013.
  3. Errázuriz, Guillermo Arthur. “El sistema de pensiones en Chile a 32 años de su creación”. Presentación preparada para seminario sobre pensiones organizado por Fundación Vidanova Fondo de Pensiones en octubre de 2013.
  4. “AFP: Estudio ubica tasas de reemplazo en 87% para los hombres y 58% para las mujeres”. La Tercera. 2 de septiembre de 2013.
  5. Errázuriz, Guillermo Arthur. “El sistema de pensiones en Chile a 32 años de su creación”.

El Estado es una institución predatoria y, aun así, ¿también fue un avance para los saqueados?

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En memoria del fiscal Alberto Nisman.

Tom Palmer es Académico Titular del Cato Institute, aquí algunos párrafos interesantes de su conferencia titulada “Los orígenes del Estado y del gobierno”: http://www.elcato.org/los-or-genes-del-estado-y-del-gobierno

“¿Qué es un Estado exactamente? La definición canónica proviene de Max Weber, quién definió al Estado como “esa comunidad humana que (exitosamente) proclama el monopolio de la violencia física legítima dentro de determinado territorio”.

De hecho, no puede ser el caso que toda la riqueza es atribuible al Estado. Históricamente, la existencia de un aparato estatal requirió de un excedente previo para mantenerlo en primer lugar. El Estado, en otras palabras, no existiría sin que la riqueza hubiese sido producida antes de su emergencia. Exploremos esto un poco más.

¿Por qué la gente tiene riqueza? Charles Dunoyer, uno de los primeros sociólogos liberales, explicó que “existen en el mundo solo dos grandes actores; quiénes prefieren vivir del producto de su trabajo o de su propiedad, y quienes prefieren vivir del trabajo o de la propiedad de otros”. Dicho de manera sencilla, los productores generan riqueza mientras que los tomadores se apropian de ella.

En su importante libro El Estado (The State), el sociólogo Franz Oppenheimer distinguió entre lo que él denominaba los medios económicos y los medios políticos de obtener riqueza, esto es, entre “el trabajo y el robo”. “El Estado”, concluyó él, “es una organización de los medios políticos”.

Los medios económicos deben preceder a los medios políticos. Sin embargo, no todo tipo de trabajo produce excedentes suficientes como para sostener un Estado. No encontrará Estados entre los cazadores-recolectores, por ejemplo, porque ellos no generan un excedente suficiente como para mantener a una clase predatoria. Lo mismo es cierto de las sociedades primitivas agrícolas. Lo que se necesita es una agricultura establecida, que genere suficiente excedente como para atraer la atención de predadores y mantenerlos. Este tipo de sociedades tradicionalmente son conquistadas por nómadas —especialmente aquellos con caballos, quienes fueron capaces de dominar a los agricultores sedentarios. Vemos cómo esto sucedió una y otra vez después de los pueblos nómadas estallaron en Asia Central hace mucho tiempo.”

…

“La formación del Estado representa la transformación de “bandidos ambulantes” en “bandidos estacionarios”. Cómo escribió el economista Mancur Olson, “Si el líder de una banda de bandidos ambulantes que solo encuentra pequeñas ganancias es lo suficientemente fuerte como para tomar control de determinado territorio y de mantener fuera a los otros bandidos, él puede monopolizar el crimen en esa zona —se puede convertir en un bandido estacionario”. Esa es una observación importante acerca del desarrollo de las asociaciones políticas humanas.

El Estado es, en su esencia, una institución predatoria. No obstante, de alguna forma, también representa un avance, incluso para aquellos que están siendo saqueados. Cuando hay que escoger entre bandidos ambulantes —quienes roban, pelean, queman lo que no pueden robarse y luego volver el próximo año— y los bandidos estacionarios —quienes se asientan y roban poco a poco durante todo el año— la opción es clara. Es menos probable que los bandidos estacionarios maten y destruyan conforme lo saquean y mantienen fuera a los bandidos rivales. Esa es una forma de progreso —incluso desde la perspectiva de quienes están siendo saqueados.”

 

¿La democracia como proceso de descubrimiento? Una visión ‘austriaca’ de la política

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Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

Los límites al poder. El año que viene se cumplen 800 años de la firma de la Carta Magna

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¿Por qué es necesario limitar al poder? Después de todo, ¿no es la democracia el gobierno del pueblo? ¿Y para qué se va a limitar el pueblo a sí mismo? Estas preguntas, por supuesto, han sido tratadas por siglos en el ámbito de la filosofía política. ¿Qué puede agregar la economía al respecto?

Dados los problemas de incentivos e información que enfrenta la política y el potencial de abuso que significa el monopolio de la coerción en manos del estado, particularmente evidente en gobiernos totalitarios, se hace necesario limitar ese poder y tratar que su estructura institucional conste de incentivos para perseguir el bien común (si es que de alguna forma podemos definirlo), o al menos para minimizar el potencial daño si persigue políticas que llevan a peligrosas crisis futuras o que benefician a grupos específicos de la sociedad. Tal vez eso sea simplemente el bien común, la minimización del daño que nos podemos hacer unos a otros.

Un elemento importante para alcanzar este objetivo son los valores e ideas que predominan en una sociedad en determinado momento histórico. Son el determinante último de la existencia o ausencia de limitaciones al poder. Ninguna constitución o norma detendrá la concentración y abuso del poder si los miembros de una sociedad lo toleran y no lo resisten. Se atribuye al escritor y político irlandés Edmund Burke aquella frase “para que triunfe el mal, sólo hace falta que los buenos no hagan nada”. Y cuando vimos (en el libro) los incentivos que tenemos para estar informados en la política, es probable que no hagamos nada porque ni siquiera nos informamos sobre el abuso que pueda estar ocurriendo o porque creemos que no lo es, o porque no nos importa.

Esas ideas y valores determinan también, en última instancia, el tipo de normas constitucionales que una sociedad tendrá, y éstas pueden proteger las libertades individuales mejor o peor, al mismo tiempo que pueden ser más fácilmente modificadas o no. Entre otros instrumentos, se buscó limitar esos abusos con “cartas de derechos”. Una de las primeras fue la Carta Magna (1215). Aquí algunos de sus artículos:

 

Por ejemplo: “39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. 40) No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia. 41) Todos los mercaderes podrán entrar en Inglaterra y salir de ella sin sufrir daño y sin temor, y podrán permanecer en el reino y viajar dentro de él, por vía terrestre o acuática, para el ejercicio del comercio, y libres de toda exacción ilegal, con arreglo a los usos antiguos y legítimos. Sin embargo, no se aplicará lo anterior en época de guerra a los mercaderes de un territorio que esté en guerra con nosotros. Todos los mercaderes de ese territorio hallados en nuestro reino al comenzar la guerra serán detenidos, sin que sufran daño en su persona o en sus bienes, hasta que Nos o nuestro Justicia Mayor hayamos descubierto como se trata a nuestros comerciantes en el territorio que esté en guerra con nosotros, y si nuestros comerciantes no han sufrido perjuicio, tampoco lo sufrirán aquéllos. 42) En lo sucesivo todo hombre podrá dejar nuestro reino y volver a él sin sufrir daño y sin temor, por tierra o por mar, si bien manteniendo su vínculo de fidelidad con Nos, excepto en época de guerra, por un breve lapso y para el bien común del Reino. Quedarán exceptuadas de esta norma las personas que hayan sido encarceladas o puestas fuera de la ley con arreglo a la ley del reino, las personas de territorios que estén en guerra con Nos y los mercaderes–que serán tratados del modo indicado anteriormente. Carta Magna, traducción disponible en: http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/carta_magna.html

 

El estado es un monopolio: ¿hay competencia de otros estados o por la licencia exclusiva?

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Los Estados son monopólicos por definición. Así los describe Max Weber (1919):

“…debemos decir, sin embargo, que un estado es una comunidad humana que (exitosamente) reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un cierto territorio”.

Max Weber

No obstante, de la misma forma que podemos afirmar que un monopolio en el mercado sería “ineficiente” en la medida que la falta de competencia podría permitirle cobrar “precios de monopolio” por productos o servicios que serían de cuestionable calidad, lo mismo puede suceder en el caso de un Estado. No sólo eso, en el mercado puede darse la situación de que en un momento determinado exista un solo oferente, quien ha alcanzado esa posición por ser más eficiente que los demás, pero no podría cobrar “precios de monopolio” porque eso alentaría el ingreso de competidores y el desvío de las decisiones de los consumidores hacia ellos, pero el monopolio del Estado, por ser el monopolio del uso de la fuerza, por definición impide el ingreso de otro competidor. Y cuando sucede lo llamamos “guerra” o “sedición interna”.

Sin embargo, aun cuando los gobiernos son organizaciones monopólicas y no están expuestas a la competencia, se encuentran compitiendo con otros estados en el ámbito internacional, ya que los recursos productivos tienen movilidad y cierta capacidad de decidir dónde instalarse. Incluso un cierto grado de competencia se daría a nivel interno entre los distintos niveles de gobierno, particularmente en los estados de carácter federal.

La competencia es un proceso, no un estado final. En ese proceso competitivo se demuestran en el mercado las preferencias de los consumidores y se moviliza el accionar de los oferentes para satisfacerlas. Es un proceso que genera alta creatividad e innovación.

La competencia en la política, no obstante, es diferente de la competencia en el mercado por el carácter monopólico del estado. Por ello, se trata de una competencia por el monopolio, en la cual el ganador se lleva todo por un determinado período de tiempo. En el mercado pueden obtener el producto o servicio de su preferencia tanto aquellos que compran “A”, como los que prefieren “B” o “C”. En la política, inevitablemente, todos obtendrán “A” si es el que ha obtenido la mayor cantidad de votos. Pero existe, por supuesto, competencia para ser el elegido.

Gordon Tullock (1965) ha sido el primero en presentar a la competencia política como algo similar a las subastas periódicas que se realizan para otorgar una licencia exclusiva, en particular con aquellos servicios que se cree poseen un monopolio natural. La “licitación” periódica de ese monopolio (elecciones) permitiría limitar algunos abusos del gobierno.     La competencia en este caso no es “en el campo de juego”, sino “por el campo de juego”.

La competencia política tendría estas similitudes respecto a las licitaciones por un monopolio: estaría basada en declaraciones de promesas sobre un desempeño futuro, realizadas por potenciales productores, uno de los cuales obtiene el derecho exclusivo de proveer ciertos bienes y servicios por un determinado período de tiempo.

No obstante, Wohlgemuth (2000, p. 278), señala diferencias con el modelo de la licitación porque existen problemas para evaluar la calidad y la eficiencia de los contendientes, luego para asegurar eso una vez que hayan ganado y para que las ofertas sean suficientemente competitivas. Estas licitaciones se vuelven muy complejas debido a que el futuro es incierto y el servicio que se contrata es muy complejo. Es muy difícil especificar las condiciones de lo que se está licitando, y esto lo es más en el ámbito de la política donde estamos hablando de todos los servicios del Estado, no ya de uno solo. Los que tienen que decidir entre diferentes “paquetes” propuestos por distintos proveedores son los votantes, y hemos visto antes los problemas existentes de racionalidad y conocimiento para tomar tales decisiones. En el caso de las licitaciones de servicios públicos se podría reducir la cotización simplemente a un precio, pero esto exige una definición casi perfecta de lo que se licita. Si esto no es así, se introducen criterios cualitativos que abren la puerta a la manipulación del resultado por parte de los expertos llamados a seleccionar la mejor oferta, problemas generados por la falta de conocimiento o directamente por la corrupción.

En el caso de la política, es prácticamente imposible llegar a ese “precio”. ¿Cuál sería, la tasa de un determinado impuesto? ¿O la presión impositiva como porcentaje del PIB? Ya esta segunda hace más difícil al votante evaluar el impacto personal de las distintas propuestas. ¿Será mejor para mí una propuesta de 22%/PIB que otra de 18%/PIB? ¿Y cuál será la calidad del servicio que finalmente obtendré de uno u otro? En verdad, de “los servicios” ya que estamos eligiendo por un gran paquete. Tampoco las ofertas se harán sobre un lote determinado de servicios, ya que muchos políticos prometen nuevos, o eliminar otros.

La “licencia” es un contrato incompleto, y en el caso de la política no solamente sería incompleto, sino además implícito o hasta inexistente (Wohlgemuth, 2000, p. 279). Y pese a todas las connotaciones negativas que sugiere esta ausencia de un “contrato” que comprometa al agente a cumplir con el mandato del principal, es esa misma latitud la que permite al “emprendedor político” realizar innovaciones que los votantes ni siquiera imaginaron y que incluso no hubieran aprobado de conocerlas. Por cierto que éstas pueden terminar bien o mal, o esas innovaciones pueden dirigirse a satisfacer el interés del político y no del votante.